La Presidencia de la República ha declarado públicamente que ha extraviado la información del período comprendido entre los años 2009 a 2014, relativa a viajes del ex Presidente y la ex Primera Dama, así como detalles sobre la atención a funcionarios internacionales que visitaron el país en esos años. Por lo anterior, a pesar de haber entregado alguna información requerida, no cumplió con la orden girada por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que le impuso esta medida cautelar en un proceso de amparo contra una resolución del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

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La Presidencia de la República ha declarado públicamente que ha extraviado la información del período
comprendido entre los años 2009 a 2014, relativa a viajes del ex Presidente y la ex Primera Dama, así como
detalles sobre la atención a funcionarios internacionales que visitaron el país en esos años. Por lo anterior, a
pesar de haber entregado alguna información requerida, no cumplió con la orden girada por la Sala de lo
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que le impuso esta medida cautelar en un proceso de
amparo contra una resolución del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
La búsqueda del acceso a esta información inició en junio de 2014, con la solicitud al IAIP de desclasificarla y
retirarla del Índice de Información Reservada de la Presidencia de la República, ya que, según la Ley de
Acceso a la Información Pública (LAIP), esta es de carácter oficiosa. Después de una serie de audiencias
ante el IAIP, el caso llegó hasta la Sala de lo Constitucional.
La interpretación de los alcances del derecho a saber por parte del IAIP en este caso fue restrictiva, pero
confiamos que la Sala de lo Constitucional, que ha reconocido como “oxígeno de la democracia” al derecho
de acceso a la información pública, consecuentemente hará prevalecer el criterio de publicidad frente a la
resistencia que ofrece el secretismo estatal.
El Grupo Promotor considera inadmisible que información que ha sido reservada y, por tanto, está sujeta a
un régimen de resguardo especial, haya desaparecido. En diciembre de 2014, el oficial de información de la
Presidencia, aseguró que se había resguardado y que se había realizado una copia de seguridad de esta
información. Ahora, la Presidencia de la República ha señalado como responsables de su desaparición a
exfuncionarios, incluso presentando un aviso a la Fiscalía General de la República. Esto es muy grave y
muestra el nivel de desorganización y negligencia de los funcionarios en el resguardo de la información bajo
su custodia.
La LAIP determina sanciones en el caso de que se oculte, sustraiga o destruya información. El Código Penal
tipifica como delitos destruir u ocultar documentos públicos. Ante estos hechos, el Fiscal General de la
República debe investigar para deducir responsabilidades y, por su parte, el IAIP deberá seguir un proceso
sancionatorio por la posible destrucción de archivos presidenciales.
Asimismo, en base a la jurisprudencia del IAIP, la Presidencia de la República debe reconstruir la
información desaparecida, con base en los archivos disponibles en el Ministerio de Relaciones Exteriores,
Aeronáutica Civil, Ministerio de la Defensa Nacional, etc.
La ciudadanía merece respeto y no puede aceptar que haya impunidad ante la desaparición de información
pública. La información está en custodia de las entidades públicas pero nos pertenece a todos.
San Salvador, 8 de marzo de 2016