Urge la aprobación del presupuesto de elecciones 2018 presentado por el Tribunal Supremo Electoral

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Posición institucional
M a r z o d e 2 0 1 7
FUSADES/Departamento de Estudios Políticos
Urge la aprobación del presupuesto de elecciones 2018
presentado por el Tribunal Supremo Electoral
complicaron esa estratégica atribución de las
JRV. El trabajo de escrutinio realizado en las
mesas y el posterior llenado de actas, son las
acciones que permiten transformar los votos
de los ciudadanos en escaños, distribuyendo
el poder político entre los contendientes.
Esta atribución, junto con la capacitación
de las personas que conforman las JRV, el
procesamiento y la transmisión de resultados
electorales preliminares, se convierten así,
en el “núcleo” del proceso y bajo ninguna
circunstancia deben limitarse los recursos
necesarios para que se ejecuten de la manera
más eficiente posible.
El empleo de tecnología para las tareas
del conteo de los votos, el llenado de
actas, el procesamiento y la transmisión
de resultados electorales preliminares y
definitivos, no debe sujetarse a condiciones
ni a recortes de presupuesto. De no contar
con un servicio adecuado, prestado por una
empresa de amplia y reconocida trayectoria
y experiencia, que debe identificarse a través
de un proceso de licitación pública, para el
cumplimiento de las atribuciones señaladas,
nuevamente podrían enfrentarse errores e
inconsistencias en las actas y, por tanto, serias
dudas sobre quiénes son los funcionarios
que en realidad surgieron electos de las
urnas. Ante la evolución del sistema electoral
salvadoreño, principalmente en los comicios
legislativos, las aplicaciones tecnológicas se
A un año que se realicen las elecciones de
diputados y concejos municipales de 2018,
el Tribunal Supremo Electoral (TSE) aún no
cuenta con los fondos necesarios para iniciar
la ejecución del Plan General de Elecciones
(PLAGEL). El TSE, como máxima autoridad
en material electoral, ha definido que para
ejecutar un proceso eficiente y que supere
los problemas presentados en 2015, necesita
US$39.9 millones, cifra que tiene riesgo de ser
recortada, repitiéndose la mala práctica del
Ejecutivo, específicamente del Ministerio de
Hacienda (MH), y de la Asamblea Legislativa.
El Código Electoral establece que el MH hará
los trámites necesarios para la aprobación
del presupuesto, sin modificaciones, en el
Órgano Legislativo1
.
Los inconvenientes de las elecciones de 2015
representaron un serio peligro para la calidad
de la democracia y para la legitimidad de los
funcionarios electos. Los principales errores
ocurrieron durante el conteo de los votos
y de las marcas en las mesas y cuando se
consignaron esos datos en las respectivas
actas, ante la falta de conocimiento por parte
dequienesintegrabanlasJuntasReceptorasde
Votos (JRV) debido, en parte, a la capacitación
tardía que recibieron sus miembros. Esa
omisión de los partidos y del TSE, junto con la
carencia de un adecuado sistema tecnológico
que contribuyera a realizar aquellas labores,
1
Artículo 274 del Código Electoral.

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vuelven indispensables. Su práctica evitará
el retraso en la divulgación de los resultados
electorales preliminares en la misma noche de
los comicios, como efectivamente ocurrió en
2015, generando ansiedad y especulaciones
innecesarias entre los candidatos y los
mismos ciudadanos. También impedirá que
los miembros de las JRV trabajen de forma
continua por más de 24 horas, situación que
se sumó a las causas que provocaron los
errores en el proceso electoral de 2015, a los
que ya se hizo referencia.
Por otra parte, el factor tiempo es decisivo
para la implementación del PLAGEL. La
transparencia que se pide a las instituciones
públicas en el manejo de los fondos se
complica con un presupuesto no aprobado
oportunamente. Los bienes y servicios que
el TSE utilizará para las elecciones deben
someterse a procesos de licitación. Este
mecanismo de compra implica el desarrollo
de determinadas etapas establecidas en la
Ley de Adquisiciones y Contrataciones de
la Administración Pública (LACAP) y si
no se cuenta con los fondos necesarios, en
el momento correcto, el Tribunal se verá
obligado a prescindir de los procedimientos
ordinarios y tendrá que utilizar aquellos en
los que la competencia y los filtros para evitar
malos manejos de los fondos se perciben
disminuidos.
El calendario avanza y sin el presupuesto
que la autoridad electoral ha determinado
como necesario, los errores de 2015
podrían amplificarse en 2018. Un recorte
al presupuesto atentaría contra la buena
organización de las elecciones. Tanto el
Ejecutivo como el Legislativo deben respetar
la autoridad y autonomía del TSE en términos
del costo financiero de las elecciones. Serán
las instituciones de control las encargadas
de velar por la transparencia en el uso de los
fondos.
Adicionalmente, es necesario aclarar que
la cifra ejecutada para la organización del
proceso de marzo de 2015 no es un parámetro
para determinar el costo del próximo evento
electoral. Con US$22.6 millones ejecutados,
no se conocieron resultados preliminares el
día de las elecciones, se registraron varias
actas con inconsistencias, se dio una jornada
de trabajo extenuante para los miembros
de las JRV, se debió realizar un recuento
de votos para la circunscripción de San
Salvador y se limitó tanto la capacitación de
los miembros de las JRV como la campaña
de educación cívica y las orientadas a
incentivar a los jóvenes a obtener su DUI;
es decir, se generó un caos sin precedente
alguno desde la firma del Acuerdo de
Paz. Si bien la demora en la entrega de los
fondos y el recorte de los mismos no pueden
explicar completamente lo sucedido en las
anteriores elecciones legislativas, sí fueron
circunstancias decisivas que generaron los
problemas a los que se hace referencia en
esta posición institucional.
La democracia tiene un costo y le permite a
los ciudadanos auditar el comportamiento
y el cumplimiento de las promesas de los
funcionarios. Por tanto, el financiamiento de
las elecciones no debería estar en juego ni en
discusión. Si no se aprueban y desembolsan
los fondos en los próximos días, difícilmente
podrá pensarse en un escenario distinto
al vivido en 2015; por el contrario, las
consecuencias podrían ser catastróficas.
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