1. Lecciones del proceso electoral de octubre del 2007*
Documento preparado para CORDEPAZ,
Villavicencio, Meta, diciembre de 2007
Presentación
Terminado el baile de octubre, vale la pena preguntarle a los
partidos y movimientos políticos si fueron lo suficientemente
cuidadosos y responsables en el otorgamiento de avales; si
estudiaron debidamente los antecedentes y condiciones de
quienes aspiraron a ocupar cargos de elección popular bajo el
amparo de sus organizaciones; y si están dispuestos a
responsabilizarse por quienes actuarán en su nombre a partir de
Enero del 2008.
En los próximos años el tiempo dirá si los avales otorgados por
los partidos y movimientos políticos se enmarcaron dentro de
un proceso serio, riguroso y responsable, o si por el contrario,
desde las mismas organizaciones políticas se abrió la puerta
para el ingreso a la vida de pública de intereses ilegítimos.
De otra parte existen varios puntos de reflexión que se
desprenden del ejercicio realizado en el departamento del Meta
en los últimos meses como parte del proceso electoral para la
elección de gobernador, alcaldes, diputados y concejales.
El propósito de estas notas es revisar varios aspectos del debate
para que sus lecciones se tengan en cuenta en las próximas
elecciones; por lo tanto su contenido solo es responsabilidad de
quien escribe el texto y no comprometen a la entidad a la cual
presta sus servicios profesionales.
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2. Como anuncia cualquier coplero en parrando, “ahora van
cuatro temitas “: la información de resultados para los
electores, el acomodo de los centros de poder, la experiencia
parapolítica y los lugares comunes de la campaña.
1. ¿Existe información para los electores
resultados en las entidades territoriales?
sobre
A pesar de los notorios avances en la gestión pública todavía las
entidades territoriales (departamento y municipios) están lejos
de ofrecer a la ciudadanía un enfoque de gestión orientada hacia
resultados en el cual se indique claramente cuál era la situación
inicial y cuáles los logros alcanzados en cada una de las
competencias a su cargo. Esta situación hace que sea muy difícil
para los electores de ruana o poncho tener un conocimiento
medianamente razonable sobre el verdadero alcance de la
gestión de un alcalde o gobernador. Con frecuencia en sus
informes de gestión y en sus ejercicios de rendición de cuentas
(que la mayoría de veces algunos mandatarios no presentan) es
común que se presente una enorme lista de realizaciones en
cuanto a productos y obras realizadas, pero ningún dato en
concreto sobre el mejoramiento de las condiciones de vida o la
reducción de la pobreza de sus habitantes. Por ejemplo, se
ofrece información (con las fotos del mandatario y su
primerísima) sobre el mantenimiento o dotación de las escuelas,
o sobre la construcción de vías, pero ningún dato sobre la
cobertura o la calidad educativa, o sobre la reducción en los
tiempos de viaje o en los costos de transporte de carga. Esto
ocurre incluso en las poblaciones mayores del Meta donde a
pesar de los grandes avances que es preciso reconocer, todavía
los planes de desarrollo y los presupuestos tienen muchos más
indicadores de acciones que de resultados.
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3. Para votar bien es necesario solicitar a los candidatos que se
presenten sus compromisos con referencia a metas con
indicadores concretos. Esto no es nada novedoso pero
desafortunadamente no se pone en práctica. En cada uno de los
sectores y competencias principales ya existen indicadores para
verificar los compromisos y los resultados, hace falta es usarlos.
En concreto, ¿qué debería pedirse a un candidato? Que se
refiera a indicadores como los siguientes:
Educación:
*Tasa de cobertura de la educación básica y media.
*Calidad según pruebas del ICFES y pruebas saber.
Salud:
*Tasa de cobertura de la afiliación al régimen subsidiado.
*Razón de mortalidad materna.
*Razón de mortalidad infantil.
Agua potable:
*Tasa de cobertura de acueducto.
*Tasa de cobertura de alcantarillado.
*Tasa de cobertura del servicio de aseo.
Infraestructura vial:
* Proporción de vías pavimentadas.
*Tiempos de viaje.
Estos son tan sólo algunos ejemplos pero en cada uno de los
sectores a cargo de los municipios y departamentos existen o es
posible construir indicadores que reflejen la situación actual y
sirvan para conocer las metas que se fijan los candidatos. Según
las disposiciones legales vigentes en estos sectores, todos los
municipios y departamentos deben recopilar y organizar
estadísticas sobre su desempeño que sirvan para que la
ciudadanía pueda evaluar su gestión.
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4. 1.1. El papel del gobierno nacional para un mejor voto
territorial
El gobierno nacional puede contribuir enormemente a mejorar
la calidad de la votación territorial ofreciendo información
comparativa sobre el desempeño de los municipios y
departamentos. De este modo un ciudadano podría verificar
cómo se encuentra su municipio en cobertura de acueducto en
comparación con municipios similares y tener elementos de
juicio para tomar su decisión con respecto a los candidatos. Sin
embargo, la nación no está cumpliendo adecuadamente con sus
obligaciones legales en esta materia. Veamos algunos ejemplos.
La ley 617 de 2000 determinó en su artículo 79 que el
Departamento Nacional de Planeación se encargaría de divulgar
por lo menos una vez al año los resultados de la evaluación de la
gestión territorial, con el fin de facilitar el control social. El DNP
ha venido elaborando y divulgando el indicador de desempeño
fiscal, lo cual es un insumo muy valioso y es preciso reconocer el
esfuerzo realizado en este campo. Sin embargo, a la fecha, no ha
publicado el primer informe sobre el desempeño integral de las
entidades territoriales, que permita a los ciudadanos comparar
la situación de sus municipios y departamentos.
En parte esto se debe a que el DNP solo recientemente inició la
recopilación de información para construir este indicador; sin
embargo, actualmente cuenta con la información para los años
2004 y 2005 y está procesando los datos para 2006, pero no los
divulga a la opinión pública. Tenemos de este modo que uno de
los bienes públicos por excelencia termina siendo apropiado y
utilizado solamente por unos cuantos funcionarios y se le niega
a la ciudadanía el derecho a información útil para controlar la
gestión territorial y para ejercer en forma más responsable su
derecho al voto.
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5. De otra parte, la ley 715 de 2001, en su artículo 93 , ordenó la
creación de un sistema de información territorial, coordinado
por el DNP, la participación de los Ministerios con mayores
recursos en el sistema general de participaciones y el apoyo del
DANE y el Ministerio de Hacienda. A la fecha, tal sistema no
existe, aunque cada sector y Ministerio ha venido haciendo
esfuerzos particulares. Sin embargo, estas entidades no ofrecen
a la ciudadanía información de fácil consulta que les permita
comparar la situación de su municipio con otros municipios en
materia de coberturas en educación, salud o agua potable. Por
tanto, tenemos una situación en la cual el Gobierno Nacional no
cumple con los mandatos legales en materia de información
territorial y priva a la opinión pública de uno de los insumos
principales para orientar su participación política y ciudadana.
2. ¿Aprendieron en el Meta los partidos y movimientos
políticos de la experiencia de la parapolítica?
El escándalo desatado por la revelación de los nexos entre
políticos y paramilitares, y que hoy tiene en la cárcel a un
número considerable de congresistas, alcaldes y gobernadores,
contribuyó a profundizar la crisis por la que ya venían
atravesando los partidos y movimientos políticos colombianos.
El fenómeno de la parapolítica incrementó la desconfianza
ciudadana en las organizaciones políticas y produjo una
desilusión generalizada frente al sistema de representación,
causando daños irreparables en la esencia misma de la
democracia colombiana.
Considerando que la ley 130 de 1994 facultó a los partidos y
movimientos políticos con personería jurídica a “postular
candidatos a cualquier cargo de elección popular sin requisito
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6. adicional alguno”, resulta evidente que parte importante en la
tarea de prevenir la infiltración de intereses delincuenciales en
las corporaciones públicas y en los cargos de elección popular,
está en manos de las mismas organizaciones políticas.
Si bien la ciudadanía tiene el deber de ejercer su derecho al voto
de manera consiente y responsable, los ciudadanos carecemos
de información suficiente sobre el perfil de todos y cada uno de
los candidatos que aspiran a ocupar cargos de elección popular
y, por tanto, confiamos a los partidos y movimientos políticos, a
quienes suponemos más y mejor informados, la labor de evaluar
las cualidades y condiciones de quienes aspiran a detentar el
poder en los distintos niveles del Estado.
Si los partidos y movimientos políticos, como dice nuestra
legislación, son instituciones que contribuyen a la formación y
manifestación de la voluntad popular, se presume que dichas
organizaciones tomaron las medidas necesarias para asegurar
que sus candidatos gestionarán con responsabilidad los asuntos
públicos y reunirán las condiciones que los hagan acreedores de
la confianza ciudadana.
Los partidos y movimientos políticos al otorgar avales certifican
la honorabilidad de sus candidatos, la coherencia de sus
propuestas políticas, y sus capacidades para ejercer dignamente
la función pública. Por ello, cuando se producen fenómenos
como el uso (o abuso) del poder público para satisfacer
intereses particulares legales o ilegales, gran parte de la
responsabilidad es atribuible al partido que avaló la integridad y
seriedad del elegido.
Mientras algunos partidos adoptaron e hicieron públicas
medidas para prevenir que a sus filas ingresaran candidatos
cuya integridad pudiera ser cuestionada en el futuro, otras
organizaciones políticas se mostraron más laxas frente a las
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7. condiciones para expedir avales, llegando incluso a ofrecerlos
mediante vallas y anuncios radiales y televisivos. Así las cosas,
no sorprende que haya candidatos que ya fueron elegidos para
los próximos años 2008-2011 que se encuentran inhabilitados
para ejercer cargos públicos, y aun así, recibieron el aval de
distintas organizaciones políticas. Amanecerá y veremos,
dijo el ciego y amaneció y no vio nada.
Este es tan sólo un ejemplo de la escasez de medias preventivas
que impera al interior de las organizaciones políticas, y que
ratifica la necesidad de que partidos y movimientos políticos se
conviertan en guardianes de la honorabilidad de sus candidatos
y actúen como “filtro” para evitar el ingreso a la vida política de
aquellos que, lejos de querer representar el interés ciudadano,
pretenden atentar contra las instituciones y los valores
democráticos.
3. El acomodo
corrupción
de
las
élites
regionales
con
la
Al analizar las primeras fases de irrupción del paramilitarismo
en los años 80, se halla que las formas adquiridas por estas
organizaciones variaban de acuerdo a quienes las conformaron,
los intereses que buscaban proteger y el tipo de amenaza que
combatían. Las autodefensas de Puerto Boyacá fueron las más
famosas, pero no las únicas que surgieron en ese entonces.
Otros grupos en otras regiones del país también se encargaron
de enfrentarse a la subversión y, al mismo tiempo, sentaron las
bases para una competencia por el poder regional y por imponer
un estilo propio de sociedad.
Una clasificación de las organizaciones paramilitares que
surgieron en los 80 estaría dada por cuatro orígenes y
motivaciones. Los primeros, fueron aquellos escuadrones de la
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8. muerte formados por las fuerzas de seguridad estatales, que se
encargaban de eliminar a indeseables, políticos opositores y
delincuentes comunes. Desde guerrilleros en la clandestinidad y
activistas de grupos de izquierda hasta abigeos, violadores y
asesinos comunes fueron dados de baja para agilizar la solución
de los problemas de seguridad locales.
Los segundos, fueron aquellos aparatos armados de las élites
tradicionales en las regiones (terratenientes, gamonales,
caciques políticos, comerciantes, etc.) que se encargaban de
proteger su integridad y propiedad de las guerrillas cuando a
finales de los 70 los grupos insurgentes comenzaron a irrumpir
desde zonas aisladas hasta los alrededores de ciudades y
municipios dependientes de economías agrícolas. El propósito
de estos grupos fue exclusivamente la protección de las
propiedades, los intereses económicos directos y los miembros
de las élites regionales, más que involucrar al resto de la
sociedad en la defensa antisubversiva.
Los terceros, estuvieron conformados por campesinos de lo
local –principalmente ganaderos de clase media con fuertes
vínculos sociales– que habían logrado un incipiente proceso de
acumulación. Estos grupos surgían en medio de una relación
más estrecha con las comunidades y su respuesta antisubversiva
involucraba no sólo la protección de sus propiedades, sino
también la supervivencia y el bienestar de los miembros de las
redes clientelistas y de parentesco asociadas a su proyecto.
Finalmente, estaban los narcotraficantes, quienes terminarían
en una guerra a muerte con la guerrilla. La razón de la guerra
tenía que ver con la amenaza de la subversión contra los
enormes capitales que ellos acumulaban. El caso del secuestro y
asesinato del padre de los Castaño resume el desafío que
enfrentaban los narcos con el arribo de un grupo armado que
destruía las bases de su acumulación capitalista.
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9. En el transcurso de las décadas siguientes, quedaría claro que ni
los escuadrones de la muerte de las fuerzas de seguridad ni las
bandas paramilitares de las élites regionales fueron capaces de
imponer su modelo de contención a la subversión. Se
acomodarían, más bien, al nuevo orden planteado por los
grupos armados de campesinos medios y narcotraficantes, los
cuales se narcotizarían aún más por la lógica de la guerra y el
negocio. De hecho, algunos de los miembros de las élites
regionales optarían por ingresar en estos grupos en vez de
mantener las organizaciones paramilitares pequeñas dedicadas
exclusivamente a proteger sus propiedades e intereses
económicos.
Y de fondo, la formación de los bloques de las AUC como
resultado final del proceso histórico del paramilitarismo, es una
evidencia que las élites regionales no fueron capaces de
construir un proyecto de sociedad acorde con sus principios y
métodos.
Tuvieron que asociarse al narcotráfico y la corrupción para
contener a las guerrillas, pero más importante: para poder
sobrevivir en un contexto social donde se habían rezagado como
principales fuerzas de la economía, la política y el prestigio
social
4. Los lugares comunes en la campaña política del
2007
Después de escuchar con detenimiento a los candidatos a la
Gobernación y a los candidatos a alcaldías de diferentes
municipios del Meta en la exposición de sus propuestas en caso
de ser elegidos, las respuestas de los candidatos arrojan un
panorama preocupante dado que la mayoría de ellas, con
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10. contadas excepciones en aspectos particulares, son lugares
comunes. De hecho, lo que dicen los candidatos prácticamente
se podría utilizar en el programa de gobierno de cualquier otro
departamento o municipio del país. Dado que se trata de
ciudades y gobernaciones de mayor tamaño y desarrollo esta
situación es aún más alarmante.
Es innegable que muchas entidades territoriales han avanzado
sustancialmente y que como consecuencia del proceso de
descentralización ha mejorado notablemente, aunque con
grandes diferencias, la capacidad de gestión, el liderazgo y la
administración en las entidades territoriales. Sin embargo, falta
mucho todavía para que se consolide un enfoque de gestión
orientada a resultados en el cual gobernadores y alcaldes se
comprometan claramente con el logro de impactos concretos en
las condiciones de vida de sus territorios.
Todavía se continúa haciendo mucho énfasis en ofrecer un
conjunto de acciones sin una clara articulación con los
resultados de dichas acciones. Así como en el sector privado las
múltiples acciones de gestión se deben traducir en resultados
concretos en cuanto a incremento de las utilidades, rentabilidad
sobre los activos o aumento en la participación en el mercado,
en el sector público territorial es necesario que la guía de la
gestión sean los resultados sociales: reducción de la pobreza,
mejoramiento de los indicadores de calidad de vida, reducción
de la tasa de desempleo, aumento de los ingresos, reducción de
la tasa de homicidios y otros delitos.
Estos resultados son los que interesan a los ciudadanos y sobre
los cuales debería estructurarse las propuestas de los
candidatos; las estrategias y programas deben explicar la
manera en la cual se obtendrán estos resultados.
Desafortunadamente, casi ninguno de los candidatos ofreció
metas concretas a alcanzar con lo cual resulta muy difícil juzgar
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11. las acciones propuestas; igualmente, prácticamente ninguno
señaló los costos de los programas ni indicó palmariamente la
forma en la cual se financiaría.
En conclusión, los candidatos no ofrecen suficientes elementos
de juicio a sus electores. La mayoría de las respuestas, con
contadas excepciones, corresponden a lugares comunes y parece
que las respuestas hayan sido respondidas por los asesores de
los diferentes candidatos.
Una de las cosas que llevó a Gandhi a ser uno de los principales
líderes mundiales fue precisamente su coherencia, porque la
gente cuando escuchaba a Gandhi o leía sus documentos
siempre coincidía que lo que él decía era igual a lo que pensaba.
Por eso mediante un proceso tranquilo y sereno pero
contundente logró ganarse la confianza de su gente y liberó a su
país del yugo inglés. Eso mismo deberían poder lograr los
candidatos a cargos públicos para el 2011-2014: la confianza de
los ciudadanos. Así podremos volver a fortalecer la política.
Emilio García Gutiérrez
Villavicencio, diciembre de 2007
*Lectura recobrada para los estudiantes de la Especialización
en Gestion para el Desarrollo Urbano y Regional. ESAP, San
José del Guaviare, Guaviare. Enero de 2014.
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