El documento resume la novela El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde y analiza problemas de sostenibilidad en la industria minera global y su efecto en las políticas y gestión pública. Indica que la rentabilidad de la minería ha disminuido en los últimos años debido a la caída de precios y el aumento de costos. También señala que varios proyectos mineros importantes en Perú y Chile están detenidos o retrasados por conflictos sociales, lo que suma más de $25 mil millones en inversiones paralizadas.

1. Políticas públicas,
Minería y Gestión
Pública: Problemas
de Senescencia.
mayo 22
2015
El titulo responde a una controvertida novela del irlandés Oscar Wilde,
inicialmente publicada en 1890, considerada una de las últimas obras clásicas
de la novela de terror gótica con fuerte temática faustiana. Wilde indaga sobre
el mito de la eterna juventud, al recrear el tema de un pacto diabólico para
conservar la belleza y permanecer eternamente joven. Un pintor fascinado por
la extraordinaria hermosura de Dorian, su joven modelo, declara que sería
dichoso si este pudiese permanecer para siempre exactamente como es. Tal
deseo se traduce en un pacto que lleva a Dorian a cometer todo tipo de
atrocidades, hasta el crimen. “Con frecuencia, al volver a su casa después de
alguna de aquellas prolongadas y misteriosas ausencias que provocaran tan
extrañas conjeturas entre sus amigos -o que por tales se tenían- subía a paso
de lobo la escalera hasta la cerrada habitación, abría la puerta con la llave
que nunca le abandonaba, y allí, en pie frente al retrato obra del pintor Basil
Hallward, con un espejo en la mano, miraba alternativamente el rostro
perverso y envejecido del lienzo y la faz joven y hermosa que le sonreía
desde el cristal. La misma violencia del contraste avivaba su deleite. Cada día
se sentía más enamorado de su propia belleza, más interesado en la
corrupción de su alma”. Los Gobiernos, como el tenebroso Gray, demasiado a
menudo se deleitan en la “continuidad” que implica certidumbre y asegura su
“atractivo” frente a las inversiones, no pocas veces mostrando similar
contraste citado en la novela, y con un Estado que, como el pintor Hallward,
considera su obra (Política Pública) perfecta, aunque los actos de su Agente,
sean de terror. Bajo esta ironía, abordamos el tema de la minería global y su
efecto en Políticas Públicas y Gestión Pública.
Articulo 60

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Políticas Públicas, Minería y Gestión Pública: Problemas de Senescencia.
Por Mag. Econ. Alfredo Espinal
El Retrato de Dorian Gray.
El titulo responde a una controvertida novela del irlandés Oscar Wilde, inicialmente publicada en 1890, considerada una
de las últimas obras clásicas de la novela de terror gótica con fuerte temática faustiana. Wilde indaga sobre el mito de la
eterna juventud, al recrear el tema de un pacto diabólico para conservar la belleza y permanecer eternamente joven. Un
pintor fascinado por la extraordinaria hermosura de Dorian, su joven modelo, declara que sería dichoso si este pudiese
permanecer para siempre exactamente como es. Tal deseo se traduce en un pacto que lleva a Dorian a cometer todo
tipo de atrocidades, hasta el crimen. “Con frecuencia, al volver a su casa después de alguna de aquellas prolongadas y
misteriosas ausencias que provocaran tan extrañas conjeturas entre sus amigos -o que por tales se tenían- subía a
paso de lobo la escalera hasta la cerrada habitación, abría la puerta con la llave que nunca le abandonaba, y allí, en pie
frente al retrato obra del pintor Basil Hallward, con un espejo en la mano, miraba alternativamente el rostro perverso y
envejecido del lienzo y la faz joven y hermosa que le sonreía desde el cristal. La misma violencia del contraste avivaba
su deleite. Cada día se sentía más enamorado de su propia belleza, más interesado en la corrupción de su alma”.
Los Gobiernos, como el tenebroso Gray, demasiado a menudo se deleitan en la “continuidad” que implica certidumbre y
asegura su “atractivo” frente a las inversiones, no pocas veces mostrando similar contraste citado en la novela, y con un
Estado que, como el pintor Hallward, considera su obra (Política Pública) perfecta, aunque los actos de su Agente, sean
de terror. Bajo esta ironía, abordamos el tema de la minería global y su efecto en Políticas Públicas y Gestión Pública.
I. Minería: Una apuesta que paga menos.
Una noticia de Ecosistemas, organización no gubernamental chilena de defensa ambiental –ecológica y socio cultural–
preocupada por temas críticos relacionados con el agua, la protección de los ríos e impactos ambientales y sociales de
mega proyectos industriales e hidroeléctricos, en base a un artículo del Diario Financiero1 cita: “Un empeoramiento en el
rendimiento de la minería se ha evidenciado en los últimos doce años. Mientras entre 2003 y 2013, la rentabilidad de
estas firmas a nivel mundial fue 13%, superior al 8% del resto del mercado, esto comenzó a disminuir los últimos años.
Las buenas perspectivas que trajo el alto precio del cobre en esos años, comenzaron a decaer en el último trienio,
explicó el presidente ejecutivo de Collahuasi, Jorge Gómez. Al medir el período 2010-2013 hubo índice de Retorno Total
del Accionistas (RTA) negativo de 20% anual y en 2014 el retroceso fue de 14%, leve mejora que se explica, según
comentó Gómez, en Cesco Week, por los esfuerzos que hicieron las compañías en el tema de los costos. El RTA
corresponde a un indicador que mide la valorización propia de la acción más los dividendos de 42 compañías del
mundo, de distintos commodities, donde un 50% está en América. "La caída entre 2010-2013 se dio fundamentalmente
por una baja del precio, y un alza en los costos", dijo Gómez. En Chile, el costo subió 14% al medir 2010 y 2013,
mientras en Estados Unidos subió 4%, en Australia 10% y en Perú 12%. Según explicó el ejecutivo de la tercera
productora nacional de cobre, aunque esto responde en parte a la caída de las leyes de mineral, lo fundamental es que
hay una baja en la eficiencia. Gómez dijo que el escenario para la minería es desafiante con temas ambientales,
energéticos, de disponibilidad de recursos hídricos, relaciones con comunidades y trabajadores. (…) Mientras la
productividad laboral en la minería subió 116% entre 1990 y 2004, asociado a un sostenido aumento de la elaboración
de cobre en el país, entre 2004 y 2013 este indicador bajó 43%, pese a que en los dos períodos analizados hubo
inversiones similares, en torno a los US$ 40.000 millones. El presidente ejecutivo de Antofagasta plc, Diego Hernández,
explicó que en este segundo período hubo un deterioro en la productividad, lo que se tradujo en que en el 2004 un
trabajador producía 61,6 toneladas de cobre, mientras en 2013 aportó 34,9 toneladas. Según su análisis durante la
Conferencia Mundial del Cobre, explicó que al mirar todos los factores que influyen en este fenómeno, como que la ley
del mineral cayó 30% o el movimiento de mineral en la mina subió 49% en el período, la fuerza de trabajo es la que
mayor variación tuvo, con un aumento de 74%. Otro ítem que evidencia una baja son las horas trabajadas. En 1990 la
dotación propia trabajaba 211 horas al mes y en 2013 fue de 172 horas. En la planta de contratistas pasó de 216 horas
a 160 horas”. Cabe señalar que la industria minera en Chile, como señalan las revistas especializadas y analistas de la
industria, vino aplicando un plan de reducción de costo y mejora tecnológica por la reducción de la ley de minerales y las
limitaciones de nuevas explotaciones mineras de nivel, que mejoren su liderazgo a nivel mundial.
Desde la “intimidad” de las cifras del Gremio2 a nivel Perú, al cierre del año 2013, se señala: ”Durante el 2013 la minería
peruana registro una triple caída en la producción, ventas y exportaciones, pero subieron las inversiones mineras de
US$ 8.503 millones a el 2012 a US$ 9.724 el año 2013. En el lado productivo, en el 2013 se incrementó la producción
1 http://www.ecosistemas.cl/2015/05/04/retornos-para-accionistas-de-mineras-retroceden-14-pese-a-mejora-en-costos/
2 Perú: Ranking Minero 2013; http://issuu.com/mineriadp/docs/ranking_minero_2014

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de cobre, plomo, plata, zinc y molibdeno, y descendió la producción de oro, hierro y estaño según reporte del Ministerio
de Energía y Minas. En el rubro de ventas y exportaciones, los envíos al exterior totalizaron US$ 23.030 millones, un
descenso del 12,5% frente a las ventas del 2012 (US$ 26.308 millones). En el sector inversiones, en el 2013 se batió
record de inversión minera: US$ 9.724 millones (US$ 8.503 millones el 2012). La inversión en exploración minera cayó
14,5% desde US$ 905 millones el 2012 a US$ 774 millones el 2013. Las minas que tuvieron el mejor desempeño el
2013 fueron Antapaccay, Cerro Lindo, Antamina, Milpo y Southern, según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y
Energía”.
Dando alcance a tales cifras, el Diario La República señala parálisis de inversiones en un artículo3 indicando que “La
conflictividad minera es innegable en nuestro país y últimamente se ha puesto al tapete por el caso Tía María y aunque
el gobierno está buscando las formas de darle una solución al empresario y a la población, existen otras inversiones del
sector que siguen irresueltas y que involucran más de US $ 25 mil millones. En total son 20 los proyectos mineros que a
la fecha se encuentran detenidos o en situación de retraso por motivos sociales, e incluso, decisiones empresariales
netas. Minas Conga, ubicado en Cajamarca y operado por Yanacocha, es uno de los casos más emblemáticos que
implica una inversión de US$ 4.800 millones. Se trata de un proyecto de oro y cobre paralizado por razones sociales.
Otro proyecto cuprífero parado es, precisamente, Tía María de Southern, en Arequipa con inversiones estimadas en
US$ 1.000 millones. Este proyecto de cobre está paralizado por conflictos sociales. Aunque se debe precisar que Tía
María no está dentro de los estimados del crecimiento económico inmediato, tal como lo demuestra el Marco
Macroeconómico Multianual revisado 2015-2017. Por temas sociales también están paralizados los proyectos Santa
Ana (Puno) de Bear Creek, con una inversión de US$ 70 millones, así como el proyecto Cañariaco (Lambayeque) de
Copper Perú que demandaría una inversión de US$ 1.599 millones. La conflictividad social generó también retrasos en
proyectos que estaban por salir como Río Blanco (Piura) de Minera China Río Blanco Copper con una inversión
aproximada de US$ 1.500 millones. En Cajamarca también están los proyectos Galeno de Minmetals, que compromete
una inversión de US$ 2.500 millones, y el proyecto La Granja de la minera Río Tinto con una inversión de US$ 1.000
millones. Sobre el proyecto cuprífero Michiquillay, en donde Anglo American rescindió contrato con el Estado peruano,
se pudo conocer que esto se debió a la caída de precios internacionales de los metales, así como de la conflictividad en
la región. Existe otro paquete de proyectos que a la fecha se encuentra con retraso por problemas con las comunidades
como Las Bambas (Apurímac), lo que habría provocado que MMG postergue el proyecto, de US$ 2.500 millones, hasta
el 2016. En esa similar situación se encuentra el proyecto Constancia, en el Cusco, de Hudbay, cuya inversión asciende
a US$ 1.790 millones. En cuanto al retraso del proyecto Toromocho de Chinalco está motivado por problemas técnicos
de calidad del mineral, pero se estima que esté próximo a entrar en un 100% de producción. El financiamiento y la
decisión empresarial también han paralizado proyectos como Quellaveco (Moquegua) de Anglo American con
inversiones de US$ 3.300 millones o el proyecto Haquira (Apurímac) en donde Minera Antares tiene estimado invertir
US$ 2.800 millones. Asimismo, están los proyectos Pampa del Pongo (Arequipa) de Jinzhao por US$ 3.280 millones y el
proyecto Corani, de Bear Creek en Puno, por US$ 750 millones. La cartera del sector, según el Ministerio de Energía y
Minas (MEM), está compuesta por 54 principales proyectos que suman US$ 63.928 millones y la mayoría de ellos se
encuentran en etapa de exploración (39%) o con EIA aprobado (45%). Rómulo Mucho, ex viceministro de Minas, hace la
siguiente precisión, que el CAPEX o costo de construcción de los proyectos mineros sube cada día, si por ejemplo Río
Blanco costaba US$ 1.440 millones en 2005, actualmente este proyecto debe valer más de US$ 3.500 millones. "Así
sucede con otros proyectos paralizados. Esto quiere decir que la cartera de más de US$ 60 mil millones que maneja el
MEM ya es mucho mayor, y es probable que fácilmente llega a los US$ 70 mil millones", estimó. No obstante esta
preocupante radiografía del sector, el MEM prevé que este año las inversiones mineras alcancen los 9 mil millones,
comprometido en su mayoría en la construcción de proyectos como Las Bambas, Constancia, Inmaculada y Cerro
Verde”. Sin cifras de cierre financiero de empresas peruanas más actuales4, pero teniendo en consideración las cifras
del estadístico del Ministerio de Energía y Minas, que toma la publicación indicada, especialmente al relacionar las cifras
de la exploración y producción, resulta apropiado una mirada prospectiva al cierre del año 2015 en curso.
Al efecto, Deloitte Touche Tohmatsu, en “Tendencias de 2015”, señala: “(…) El panorama de múltiples commodities
también está mejorando, incluyendo el níquel, el aluminio, el zinc y el plomo. Al mismo tiempo, parece que el sector está
3 “Inversiones mineras paralizadas suman más de US$ 25 mil millones”, La Republica, Edición Lunes, 20 de abril de 2015.
4 Citamos como referente la nota informativa de Semana Económica (10/02/2015): “La situación sigue siendo la misma. El retroceso de los precios de
los metales jugó en contra sobre todo de las mineras de cobre y zinc, según Credicorp y Kallpa. Solo para tener una idea, el cobre retrocedió 5.7% en
el periodo, mientras que el zinc cayó 5.2% y la plata un 8.6%. Ello sobre todo habría jugado en contra de mineras como Volcan (que acaba de sufrir un
downgrade), Cerro Verde y Milpo. En el caso de Cerro Verde, además, las menores leyes (ratio metal/piedra) vienen afectando su producción,
mientras se preparan para la ampliación del proyecto minero. Southern Copper, cuyo reporte financiero ya fue publicado, registró una caída de 14%
en el trimestre, y una caída de 17.6% interanual en su utilidad neta. Según un análisis de Intéligo, el mayor volumen exportado mitigó (sólo en parte)
los menores precios de los metales. Sin embargo, lo que aumentó sus costos fueron los mayores gastos administrativos. La empresa, no obstante, se
está viendo beneficiada por la devaluación de la moneda local, el menor precio del petróleo y un plan agresivo de crecimiento. La única excepción
para este trimestre sería Buenaventura. En el 2013, los activos de Yanacocha se depreciaron fuertemente, lo que llevó a pérdidas en la empresa. En
el 2014, ello no ocurrió, por lo que la variación fue positiva y se espera que haya ganancias”. http://semanaeconomica.com/article/finanzas/banca-y-
finanzas/153777-resultados-financieros-como-les-fue-a-las-empresas-peruanas-en-el-cuarto-trimestre/

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volviendo a ser favorecido por los inversionistas, con evaluaciones de la industria, capitalizaciones mineras y retornos
totales que muestran señales de recuperación. Estos indicadores no niegan los desafíos que todavía enfrentan grandes
áreas del sector, incluyendo a productores de carbón, mineras Junior, exploradores y proveedores de servicios mineros.
No obstante, ellos recalcan que la industria minera siempre ha estado sujeta a ciclos. En un mundo donde la volatilidad
se ha convertido en la regla, la clave del éxito futuro no radica en determinar cómo remontar las olas típicas del sector,
sino cómo acelerar el repunte después de un ciclo negativo. En la mayoría de los casos, las compañías mineras están
superando este desafío por medio del fortalecimiento de sus prácticas de reducción de costos y asignación de capital.
Aun cuando estos pasos iniciales son adecuados, todavía falta más por hacer. A fin de posicionarse para lograr un
crecimiento a largo plazo, las compañías necesitan la agilidad para moverse en direcciones no anticipadas. Esto exige
una planeación de escenarios más sensible, análisis de datos más sofisticados y una administración de riesgos más
inteligente. Mayor disciplina en la administración del capital ha reemplazado la inversión en proyectos, con empresas
mineras que simplificaron sus portafolios, desinvirtieron en activos que no son núcleo del negocio, renegociaron sus
deudas y clausuraron operaciones marginales. Ahora, están volcando su atención en obtener mayor productividad de
sus organizaciones mediante un enfoque orientado hacia la excelencia operativa. Las restricciones de infraestructura no
representan un tema nuevo en el sector minero pero cuando se trata del suministro de energía, la escasez se torna más
pronunciada. La industria minera de Chile, por ejemplo, incrementó su consumo de energía en 59% entre el 2001 y el
2011.En comparación con otros países, los proyectos mineros chilenos consumen un promedio de 25 horas megawatt
(MWh) de energía por tonelada de material procesado, 10% más que el promedio mundial. Otros países, sin embargo,
parecen determinados a emparejarlos. En toda Sudamérica, las minas situadas a gran altitud están visualizando
mayores gastos debido al incremento en los costos de energía para bombear agua a montañas de mayor altura. En la
última década, las minas de Australia experimentaron un incremento del 60% en el uso de energía. La demanda anual
de electricidad en Zimbabue de 2,200 MW excede ampliamente su producción actual de 1,200 MW. Zambia también
sufre una seria escasez de electricidad, mientras los costos de energía siguen elevándose. Los precios mundiales de
diésel han ido incrementándose de 10% a 15% cada año hasta el punto de que el 30% de los costos operativos mineros
provienen ahora de la energía”.
Tres elementos destacan como explicación de las rigideces establecidas en las noticias comentadas: a. Un mercado
internacional que se desenvuelve globalmente a la baja (en términos del ciclo de los precios de minerales con mayor
transacción, de la cantidad producida y transada –aunque no se ha establecido con precisión el efecto de los stocks que
en el caso de diversos minerales y mercados específicos, juegan un rol regulatorio en la franja de precios de referencia
y de cotización por tramos– y ley5 del mineral); b. Nivel de costos de la industria que a consecuencia de mayor esfuerzo
en la fase de operación y de ciertos factores (energía, agua y energía, y costos laborales) de la operación y exploración,
no permiten incrementos de productividad que colaboren en la reducción de costos a los nuevos niveles de precios y los
puntos de equilibrio de la industria; y, c. Problemas sociales en zonas territoriales de ampliación de nuevos yacimientos
que permitan mejorar la ley del mineral explotado, que afectan asimétricamente a los segmentos de la industria (senior
en mejor condición que Juniors, integración vertical o procesos especializados, etc.) en los países líderes
Los proyectos mineros en Perú, desde el cambio (1992) del modelo político de la participación estatal empresarial y la
consecuente privatización de sus empresas, han recortado los periodos de ejecución de sus inversiones, aunque no
obstante, ordenes de esa magnitud (de US$$ 0,5 a más de 1,5 miles de millones) igualmente demoran entre 6-9 años, y
demandan por ello una Política Pública que refleje la postura del Estado, más allá de la de los Gobiernos, ya que estos y
las Administraciones Sectoriales no pocas veces caen en la “Trampa de Babel”.
Para ello veamos dos casos de “competidores”: Colombia y Chile.
En “Minería. Política Pública de Desarrollo Minero6” se cita: “(…) Reforma institucional. Desde la Ley 38 del 1887, por
el cual se adoptó el Código de Minas del Estado de Antioquia, junto con la promulgación de las Leyes 60 del 1967 y 20
del 1969, y el Decreto 1275 del 1970, se concibe la política minera como una herramienta para la industrialización del
país, fomentando el desarrollo de las industrias metalúrgicas, la transformación de todo tipo de minerales, atendiendo
las necesidades nacionales en materia primas de origen mineral, incrementando la producción de artículos elaborados,
semielaborados y terminados, sustituir importaciones y aumentar exportaciones. A lo largo de este periodo se desarrolla
el principio que otorga a la Nación la propiedad de los recursos naturales no renovables del suelo y subsuelo y se
propicia un modelo contractual denominado aporte minero en el cual el Estado participa directamente en la extracción
del recurso pero mantiene el control y seguimiento de la operación a cargo del concesionario. Con la promulgación de la
Ley 685 del 2001, se modificó radicalmente el modelo de desarrollo minero vigente, el cual coincidió con la reforma
5 Ore Grade, en inglés, se refiere a la concentración de oro, plata, cobre, estaño, etc., presente en las rocas y material mineralizado de un yacimiento.
Se usa para determinar la viabilidad económica de una explotación minera: el costo de extraer recursos naturales desde su yacimiento se relaciona
directamente con su concentración. De allí que el costo de extracción debe ser menor que el valor comercial del material extraído para que la
operación sea económicamente factible.
6 Septiembre 2014, Contraloría General de Colombia”, Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 - “Prosperidad para todos”, Periodo 2010-2013.

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estructural de la economía y su articulación al mercado internacional. Se destaca de esta Ley la flexibilización de las
normas con el fin de atraer grandes capitales, reduce el papel del estado a la regulación, promoción y fiscalización.
Formaliza el principio “primero en el tiempo primero en el derecho” para acceder a los títulos mineros y declara al sector
como de utilidad pública e interés social en todas sus ramas y fases. No obstante, esta norma generó una gran cantidad
de solicitudes de títulos mineros, que desbordaron la capacidad institucional para otorgar, controlar y fiscalizar, lo que
obligó al Ministerio de Minas y Energía a delegar su función de autoridad minera en otras instituciones y en algunas
Gobernaciones; y por otra parte, propició conflictos del orden social y ambiental, que se trataron de solucionar mediante
la promulgación de la Ley 1382 del 2010, la cual fue declarada inexequible por la Corte Constitucional, y en virtud a que
el Gobierno nacional no logró dar trámite a un nuevo proyecto de ley que subsanara los motivos de inconstitucionalidad,
la Ley 685 del 2001 vuelve a cobrar vigencia en toda su extensión. Bajo este escenario, la Ley 1450 del 2011, determina
que el sector Minero Energético, será uno de los ejes centrales de la economía colombiana, basado en la inmensa
riqueza minera del país, especialmente carbonífera. La ley del PND trata de revivir aspectos de la derogada Ley 1382,
tales como exclusión de la minería en paramos y humedales y la ampliación de la etapa exploración hasta 11 años.
Además, declara la lucha integral contra la explotación ilícita de minerales. Con el objeto de promover la locomotora
minera, el PND estableció era necesario estimular la inversión nacional y extranjera en el sector, consolidar el desarrollo
de clústers basados en bienes y servicios de alto valor agregado en torno a los recursos minero-energéticos y diseñar e
implementar políticas para enfrentar los retos del auge minero, entre ellos: manejo ambiental, la gestión y el buen uso de
los recursos. A su vez, consideró como eje primordial del desarrollo minero, adelantar una reforma institucional y
funcional del sector, tarea que empezó a materializarse el 2011, mediante Decretos 4130, 4131, 4134, por medio de los
cuales el MME reasigna alguna de sus funciones a sus entidades adscritas: UPME7 e Ingeominas; cambia la naturaleza
jurídica del Ingeominas; y crea la Agencia Nacional de Minería, respectivamente. Además realizó una reestructuración
de su estructura transformando la antigua Dirección de Minería en el Viceministerio de Minas con las Direcciones de
Minería Empresarial y Formalización Minera, mediante el Decreto 381 del 2012. Tras su creación, la Agencia Nacional
Minera – ANM asume un gran volumen de trabajo inconcluso y con bastantes problemas de gestión en las áreas de
registro minero, titulación y fiscalización entre otros, y comienza a efectuar su ejecución presupuestal a partir del 2013.
A partir del Decreto 4131 del 2011, el Servicio Geológico Colombiano – SGC funciona como instituto científico y técnico
el cual hace parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI). Este ente es el encargado de
aportar el conocimiento del sector en lo referente a la parte geológica del país. En la actualidad aún se encuentra
conformando su planta operativa, la infraestructura del laboratorio y realizando los traspasos del conocimiento sobre
hidrocarburos, tales como la Litoteca, adaptando sus manuales de contratación dada su nueva naturaleza jurídica y en
la formalización de trámites para la gestión y divulgación de la información y del conocimiento geocientífico que genera.
Mediante el Decreto 4130 del 2011, se reasignan algunas funciones del MME en la UPME: i) Desarrollar y mantener un
sistema adecuado de información sectorial para el uso de las autoridades y del público en general. ii) Fijar los precios de
diferentes minerales para efectos de liquidación de regalías. No obstante, su reestructuración se realiza mediante el
Decreto 1258 del 2013, en donde se establece como una de sus funciones la de elaborar y actualizar los Planes
Nacionales de Desarrollo Minero. La reforma institucional para el fortalecimiento del sector minero fue llevada a cabo
por el gobierno Nacional, sin embargo su reglamentación e implementación abarcó gran parte del periodo del PND.
Solamente a partir del 2013, puede asumirse la entrada en funcionamiento del nuevo esquema institucional y funcional,
aunado a que las nuevas entidades como la ANM, entra en operación recibiendo como herencia un sin número de
problemas, acumulados en los años y por distintas entidades, tales como el registro minero, atención de solicitudes de
títulos mineros y de los titulares mineros, resolución de superposiciones de áreas y fiscalización, entre otros”. La
apuesta Colombiana (el sector Minería comprende otros sectores concurrentes dentro de una estrategia de largo plazo y
consenso político social establecida en el Plan Nacional de Desarrollo-PND) se sostiene en identificar donde se hace
Minería (reduciendo disensos y conflictos), establecer procesos de actividades especializadas articuladas sectorialmente
y transversales a otras especialidades (ciencia aplicada, medioambiente, inversión sustancialmente foránea) y claridad
en la participación del financiamiento derivado de la actividad minera.
Veamos el caso de Chile.
Un documento de CESCO8 señala “(…) Los recursos mineros pertenecen al Estado de Chile, lo que está consagrado en
la Constitución política. El país ha definido un modelo de explotación de estos recursos que contempla, por un lado, la
mantención de una empresa pública para la explotación de los yacimientos de cobre nacionalizados a comienzos de la
década del setenta, y por otro, la entrega del derecho a explotar sus otros recursos mineros a agentes privados, a través
de un régimen de concesión plena, también de rango constitucional. Chile cuenta por ende con un “modelo mixto” donde
coexiste la explotación minera pública y privada. La Gran Minería del cobre se convirtió en ícono de las reivindicaciones
7 Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), es la Unidad Administrativa Especial del orden Nacional, de carácter técnico, adscrita al Ministerio
de Minas y Energía, regida por la Ley 143 de 1994 y por el Decreto número 1258 de Junio 17 de 2013, cuya misión es planear de manera integral el
desarrollo minero energético, apoyar la formulación de política pública y coordinar la información sectorial con los agentes y partes interesadas.
8
“La Minería como plataforma para el desarrollo: Hacia una relación integral y sustentable de la industria minera en Chile”, Centro de Estudios del
Cobre y la Minería - Diciembre 2013

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sociales y políticas de Chile durante el siglo XX. El concepto del “sueldo de Chile” sintetizó las altas aspiraciones de
contar con los beneficios de esta actividad económica. Por lo anterior es que la nacionalización creó una herencia de
gran profundidad en la sociedad chilena reflejada en la alta valoración que existe en el país de Codelco, quien
contribuye, a su vez, a dar mayor legitimidad en la sociedad chilena a toda la actividad minera privada que se realiza en
el país. Por otro lado, la minería privada ha permitido desarrollar vastos recursos mineros que Codelco por sí solo no
hubiera podido explotar. De esta forma, la suma de la producción pública y privada permite al país contar con una mayor
producción total que aumenta no solo la generación de renta sino también la base productiva sobre la cual podría
desarrollarse exitosamente una industria de bienes y servicios que diversifique y amplíe el efecto de la minería en la
economía del país. El modelo mixto ofrece por tanto la ventaja de una mayor escala que amplifica las oportunidades de
desarrollo de una industria de proveedores respecto de la opción de explotar los recursos solo a través de compañías
privadas o de compañías estatales. Además, la coexistencia de minería pública y privada aumenta la legitimidad de la
actividad minera en el país y establece una comparación implícita de la gestión de las compañías y del aporte que
realizan al país. Corresponde al Estado velar permanentemente para que la generación de renta a partir de sus recursos
sea hecha siempre de la manera más eficiente posible, tanto con un adecuado nivel de tributación a la minería privada
como con una eficiente operación de su empresa estatal. La nacionalización de la Gran Minería del cobre en los años
setenta respondió a un contexto económico y político tanto en Chile como internacional, muy particular que es imposible
comparar con el momento actual, y que haría extremadamente complejo plantear una nacionalización como una
solución para los problemas del país hoy. La nacionalización de las grandes compañías mineras privadas implicaría el
pago de enormes compensaciones en valor presente, según lo que establece la ley vigente, que debilitarían la posición
fiscal del país y no lograrían cumplir el objetivo de financiar el gasto social que se busca alcanzar. Una decisión de esta
naturaleza es contraria a las políticas económicas y de relaciones exteriores que se ha fijado el país en las últimas
décadas y dañaría por ende de manera más general las relaciones políticas y económicas de Chile. Además, con esta
decisión, Chile comprometería por muchos años su credibilidad en materia de inversión minera que costó muchos años
reconstruir y que llevó en su momento a generar un marco de inversión extranjera altamente favorable al inversionista.
Se requeriría además generar y organizar en el marco del Estado, capacidades para administrar un volumen de
operaciones mineras muy superiores al actual, lo que reviste significativos desafíos de gestión. En Chile la exploración
es desarrollada principalmente por compañías major a diferencia del resto del mundo donde son las compañías junior
las que la impulsan, lo que redunda en un sesgo hacia mayor actividad de exploración en torno a yacimientos conocidos
y menor actividad orientada a nuevos descubrimientos. Cambios responsables en el Código de Minería junto a una
modernización en el sistema de administración, información y fiscalización sobre la propiedad minera serían pasos
fundamentales para mejorar la actividad de exploración en Chile. En Chile se han registrado algunos avances como la
creación de “Comisión Calificadora de Competencias de Recursos y Reservas Mineras” (Ley N° 20.235), sin embargo
se requiere contar con más y mejor información geológica básica, para lo cual se requiere la aplicación efectiva del
artículo 21 del código de minería. Esto permitiría que la institución competente (Sernageomin) disponga de información
geológica básica obtenida como resultado de las exploraciones realizadas en Chile. También se necesita una mayor
integración de la minería con el mercado financiero local, para lo cual parece oportuno considerar la introducción de
beneficios tributarios a los inversionistas de compañías de exploración minera en Chile, que les permitan descontar los
gastos realizados en estas inversiones altamente riesgosas y con retornos a muy largo plazo”. A su vez el Ministerio de
Minería9 señala “El desarrollo de la minería en Chile enfrenta muy importantes desafíos en los próximos años. A factores
externos como la desaceleración de la economía de los países BRIC —Brasil, Rusia, India y China— y en particular de
China, que presiona a la baja el precio del cobre, se agrega el incremento de costos por energía y agua, la baja
disponibilidad de fuerza de trabajo calificada, y el cambio en el ciclo político que se refleja en un incremento de las
exigencias de la ciudadanía ante el impacto de los proyectos mineros en el entorno y en las comunidades, que eleva las
exigencias y en muchos casos han conducido a un cuestionamiento de la actividad. Nuestro desafío es no perder de
vista la importancia de la minería para nuestro desarrollo, por lo que requerimos mantener un importante ritmo de
inversión. Ello supone mejorar la relación de la minería con la comunidad y el medio ambiente. Una institucionalidad
ambiental que cautele el medio y lo preserve para las futuras generaciones, no debe constituir barreras insalvables al
desarrollo de la minería en Chile, y debe ir acompañada de vínculos profundos con las comunidades que acogen la
actividad minera. (…) Más minería es, por tanto, más proyectos mineros operando en el país, pero también incremento
de calidad en la cadena de valor, con proveedores capaces de salir a ofertar servicios al mundo y una mayor diversidad
de empresas. Ello permitirá allegar oportunidades de participación en los beneficios del desarrollo del país a
comunidades alejadas de las capitales regionales, que hoy muestran rezago respecto de otros puntos del país. Más
minería también representa la mantención del ritmo de inversión. No solo en presentación de proyectos, sino en su
concreción. Para ello, es preciso incentivar y facilitar la exploración minera y romper con barreras que limitan la
actividad. Contar con normativas que incentiven la exploración y explotación de minerales, al mismo tiempo que
cautelan el interés público, es una forma de disminuir barreras para el desarrollo de la inversión. También representa la
diferenciación apropiada de trato normativo a minerías de distinto tamaño. Debemos enfrentar las limitaciones de
recursos críticos al desarrollo de la actividad, que se han venido constituyendo en barreras. Apoyaremos activamente la
9 Políticas Ministeriales, http://www.21demayo.gob.cl/pdf/2014_sectorial_ministerio-mineria.pdf

7. Página6
generación de políticas de tratamiento integral del déficit hídrico en el norte del país y al desarrollo de una matriz
energética que atienda a las necesidades del sector y del país en general. Asimismo, el ritmo de inversión observado y
el que requerimos en el futuro, incrementaran la demanda de mano de obra calificada, lo que ampliará la brecha de
capital humano entre la disponibilidad de fuerza de trabajo y la demanda agregada, tanto en fase de construcción como
de explotación de los proyectos mineros. Apoyaremos activamente el desarrollo de sistemas de formación permanente,
que atiendan a las necesidades del sector minero en todos los niveles de cualificación demandados. Nos asiste la
convicción de que esta será una de las vías para incrementar el impacto positivo de las actividades mineras en el medio
que las rodea. Es una prioridad distribuir oportunidades de formación y reconocimiento de los saberes, con particular
énfasis en la formación de técnicos, independiente de la forma en que las personas los adquieren y la empresa en que
se desempeñen. Más minería también es elevar el aporte fiscal de la actividad. Sabemos que de ello depende en
medida importante la posibilidad de desarrollo de políticas sociales inclusiva, necesaria para construir un Chile para
todos. Por ello, propenderemos a que se cumpla con justicia lo que las leyes mandatan, fortaleciendo la capacidad
fiscalizadora del Estado. Mejor minería representa el mejoramiento de la productividad y el incremento de la innovación,
de modo de consolidar la clase mundial de la gran minería y extenderla a otros minerales y a la industria proveedora.
Ello exige revisar y profundizar la estrategia de clúster, potenciando los eslabones de la cadena de valor, en particular
los distintos servicios asociados con potencial exportador. Es importante considerar la experiencia acumulada a través
del clúster minero de Antofagasta, al procurar una línea de proveedores de alta competitividad. Apoyamos esta
iniciativa, e impulsaremos su extensión al conjunto de las actividades relacionadas y su reproducción en otras regiones.
Impulsar la investigación y el desarrollo, y propender a la reducción de costos producto del desarrollo de nuevos
métodos de operación y explotación, debe ir acompañado de esfuerzos de innovación que emerjan del trabajo creativo
de los miembros de la industria, trabajadores, ejecutivos y directivos. Necesitamos contener costos hoy, para mañana
seguir siendo competitivos”. La postura oficial del Gobierno resulta clara, por lo que no abundamos en ella.
II. Senescencia de una Política Pública: Caso de análisis.
Con Senescencia se designa los cambios relacionales entre elementos de un sistema debido al paso del tiempo (de una
forma tiempo-dependiente). Este adjetivo, que procede del vocablo latino senescens, hace referencia a quien comienza
a envejecer. Ese es el caso de la “vieja política de atracción de inversiones” de Chile, que ante el agotamiento del super
ciclo de precios de los commodities y las condiciones propias de su industria minera (costos, exploración, productividad,
Ley del mineral) ha decidido un cambio de Políticas.
Bajo esta orientación exploraremos el “rejuvenecimiento” de una Política Pública, referida al impulso a las inversiones en
Chile, que como señala el Comité de Ministros del Área Económica del Poder Ejecutivo de ese país, da cuenta que “El 1
de septiembre de 2014 se anunció el Plan de Reforzamiento de la Inversión, con el objetivo de entregar un impulso a la
inversión, en pos de retomar el dinamismo del crecimiento económico. Este plan contenía una serie ejes tendientes a
dinamizar la inversión y el crecimiento de la economía. Uno de estos ejes consistía en el estímulo a la concreción de
proyectos de inversión del sector privado, que contenía dos líneas de acción. La primera de ellas buscaba agilizar
trámites administrativos en el gobierno central de manera de dar celeridad a proyectos de inversión que, habiendo
cumplido con la normativa, estuviesen demorados. La segunda línea de acción consistió en el mandato de la Presidenta
de la República al Comité de Ministros del Área Económica para que en un lapso de 60 días entregara una propuesta de
medidas para mejorar materias normativas y de gestión de manera de agilizar los proyectos de inversión privada”.
Ese Plan referido por el Comité, lo explica el Gobierno Chileno en su portal10: “El plan contempla una inversión de 500
millones de dólares adicionales para invertir entre septiembre y diciembre de este año (2014) y se guiará por 6 ejes
principales: 1. Reforzar y acelerar los planes de inversión pública 2014; 2. Empresas públicas capitalizadas para
dinamizar la economía; 3. Plan de concesiones en infraestructura; 4. Estímulo a la concreción de proyectos e
inversiones del sector privado; 5. Planes de reconstrucción de Arica, Iquique y Valparaíso; y, 6. Potenciar exportaciones
con énfasis en Pymes. Entre las medidas que cubrirá la inversión se incluyen:
Subsidios
-Recursos para materializar 16.000 subsidios en 2014
Beneficios para agricultores
1. Programa extraordinario para enfrentar la emergencia hídrica.
2. Condonación de deudas de pequeños agricultores.
3. Aumento del financiamiento de INDAP para producción y obras de riego.
4. Subsidios para agricultores que han perdido sus cosechas.
Emprendimiento e innovación
-Sercotec dispondrá de un nuevo monto por 1.350 millones de pesos para financiar proyectos de pequeños y micro
empresarios a contar de septiembre de 2014
10 http://www.gob.cl/2014/09/01/asi-es-el-plan-de-reforzamiento-de-la-inversion-2014/

8. Página7
-Corfo contará con 8.650 millones de pesos para capital semilla, desarrollo regional, innovación y capital humano a partir
de septiembre de 2014.
Infraestructura concesionada
-Desarrollaremos inversiones por 1.100 millones de dólares entre septiembre de 2014 y marzo de 2015.
-A marzo de 2016 habremos materializado contratos por 1.500 millones de dólares.
-En los próximos 7 años, impulsaremos inversiones en proyectos de infraestructura pública por un total de 9.900
millones de dólares.
Ferroviario
-En octubre de 2014 comenzarán los trabajos para la extensión del tren desde Concepción hasta Coronel, lo que
implicará: 80 millones de dólares de inversión y nuevos empleos en la Región del Biobío.
Planes de reconstrucción
-Inversiones por 69 millones de dólares en la Región de Arica y Parinacota.
-245 millones de dólares en la Región de Tarapacá que se materializarán entre 2014 y 2015.
-En Valparaíso se invertirán 510 millones de dólares de los cuales 100 millones de dólares se ejecutarán entre 2014 y
2015.
Adicionalmente:
-Se invertirán 2.000 millones de pesos para fomentar el turismo en regiones y reforzar los programas para tercera edad,
giras de estudio y vacaciones familiares.
-Codelco dispondrá de 4.000 millones de dólares para financiar su plan de desarrollo, mejorar su competitividad y
generar más empleos.
-BancoEstado abrirá una línea especial de crédito hipotecario para familias de clase media por 1.000 millones de
dólares a diciembre de 2014.
-Para el financiamiento de Pymes se destinarán 350 millones de dólares adicionales entre septiembre y diciembre de
2014”.
En cumplimiento del encargo, el Comité de Ministros a los efectos de dar cumplimiento a la segunda línea de acción y al
plazo de 60 días para entregar una propuesta de medidas de mejoras normativas y de gestión con finalidad de agilizar
los proyectos de inversión privada, estableció trabas específicas y transversales que dificultan los proyectos de inversión
y restan certeza al inversionista, proponiéndose 27 medidas para mejorar los procesos y gestión de trámites requeridos
para llevar a cabo proyectos de inversión, conjunto de medidas que se presentara a la Presidenta de la República el 3
de noviembre de 2014, quién a su vez instruyó al Comité de Ministros del Área Económica para que en un plazo de
cinco meses diera cumplimiento a las mismas.
En el caso del Perú, debe recordarse que en el año 2014 se propusieron (y aprobaron o solicitaron aprobar o se aprobó
cono recortes o mediante disposiciones colaterales desde el Ejecutivo) hasta 5 Conjuntos de medidas, estableciendo el
Primer paquete la agilización de permisos para proyectos de gran envergadura y la priorización de medidas correctivas
por parte de las entidades fiscalizadoras, principalmente en el ámbito ambiental; El Segundo paquete facilito dotar de
mayor liquidez a los consumidores reduciendo la intangibilidad de la CTS y otras medidas aliadas. El Tercer paquete
dispuso cambios tributarios para generar mayor liquidez a las empresas, particularmente en el sector construcción. El
Cuarto paquete comprendió agilizar e incrementar tanto el gasto como la inversión pública a través de un aguinaldo para
empleados del Estado e identificar algunos proyectos de inversión pública viables en el mediano plazo. Y el Quinto
paquete propuso una flexibilización notoria de los regímenes tributario y laboral. En el primer caso, disminuyendo el
Impuesto a la Renta de tercera, cuarta y quinta categoría. En el segundo, creando un nuevo régimen laboral para los
jóvenes de 18 a 24 años y reduciendo algunos costos asociados al despido de trabajadores. Este último régimen (la Ley
llamada Pulpin) ha atraído gran oposición de los jóvenes, por lo que el Ejecutivo lo dejo sin efecto.
Retornando al encargo para implementar las medidas propuestas a la Presidencia por el Comité de Ministros, la prensa
chilena, en este caso Diario Financiero11, comentó la entrega de las medidas (para envidia, en el plazo establecido!) de
la siguiente manera: “Finalmente, y como se había planteado al constituirse, el comité de ministros del área económica
entregó el pasado 31 de marzo a la presidenta de la República, Michelle Bachelet, el informe de cumplimiento de las 27
medidas para agilizar proyectos de inversión, identificados a mediados de noviembre y que buscó destrabar inversiones
por unos US$ 6.000 millones. La instancia, que contó con el coordinador macroeconómico de Hacienda, Claudio Soto,
como secretario ejecutivo e integrantes a los titulares de los ministerios de Hacienda, Economía, Trabajo, Minería,
Obras Públicas, Transportes, Agricultura, Energía y Medio Ambiente, evacuó a Palacio un informe de ocho páginas en
el cual resume los principales detalles de las medidas dadas a conocer a fines de 2014. Tras recibir el visto bueno de la
jefa de Estado, las propuestas deberán ser implementadas por el comité pro inversión, instancia liderada por el asesor
de Modernización del Estado de Hacienda, Patricio Tapia, y conformada por funcionarios de las carteras de Interior,
Defensa, Hacienda, Secretaría General de la Presidencia, Economía, Educación, Trabajo y Previsión Social, Obras
11
“Plan pro inversión gobierno matiza cambios y delinea nueva institucionalidad en concesiones mineras”, Diario Financiero de Chile, 27/04/2015.

9. Página8
Públicas, Agricultura, Minería, Transportes y Telecomunicaciones, Bienes Nacionales, Energía y Medio Ambiente. Y si
bien la mayoría de las acciones se atuvieron al plan delineado en noviembre, dos ligadas a cambios al Código Minero
brillaron por su ausencia en el informe final. En el borrador entregado en dicha fecha, en las medidas de gestión 10 y 11,
se contemplaban modificaciones a la normativa, por un lado, para cambiar la institucionalidad del amparo minero,
aumentando los montos de las patentes y estableciendo un pago progresivo cuando no se utilizaran las concesiones.
Por otro, se buscaba ajustar el Código para establecer las causales "reales" de caducidad en las concesiones "a fin de
evitar especuladores". Dichas novedades generaron la oposición del sector privado, principalmente del Consejo Minero,
que planteó abiertamente que reducía la certeza jurídica para la inversión en el país, a lo que se le agregaba la
eliminación del Decreto Ley (DL) 600 que regía la inversión extranjera en el país tras la aprobación de la reforma
tributaria. El diagnóstico inicial del gobierno -principalmente del Ministerio de Minería- apuntaría en la dirección de evitar
el "abuso" de la solicitud de patentes para exploración y explotación minera, con fines distintos al de trabajar el mineral.
Según trascendió en su momento, la inclusión de esta medida habría generado roces entre Minería y Hacienda, en
momentos en que la secretaría de Estado liderada por Alberto Arenas buscaba reducir la incertidumbre en el sector
privado luego de aprobar la reforma tributaria y adentrarse en la tramitación de la reforma laboral. Los "reemplazos": Al
tachar estas dos medidas del catastro final, el grupo de trabajo propuso dos de alguna manera compensatorias. La
primera fue la elaboración de un informe -presumiblemente de parte de Sernageomin- sobre el estado actual de las
concesiones mineras, el cual fue entregado al comité en enero de 2015. "Este estudio servirá de base para la
modernización de la política minera, dándole un impulso a la inversión en este sector", consigna el escrito. Fuentes del
mercado interpretan la medida como un "matiz importante" respecto a la propuesta original, la cual era más "directa" en
apuntar a eventuales distorsiones en el mundo de las concesiones mineras. Por otra parte, en marzo se entregó a los
ministros del comité un estudio para modificar la institución de la denuncia de obra nueva, el cual concluyó con una
propuesta de modificación legal que busque abordar la "problemática" del ejercicio "ilegítimo" de la acción de denuncia
en este tópico. En la práctica, la denuncia de obra nueva es un recurso legal que se presenta para detener o paralizar
temporalmente la construcción dentro de una obra ya edificada. Dicho recurso es posterior a la presentación de una
denuncia por obra ruinosa, la cual se emite al inicio de una construcción considerada molesta o que genera
externalidades negativas de parte de un tercero. Este tema es particularmente sensible para el sector minero, ya que
ambos recursos son presentados de manera reiterada por comunidades para dilatar el avance de proyectos de
inversión. Las otras áreas del Plan: El escrito da cuenta de cambios relevantes en la tramitación de proyectos de
inversión, entre los cuales se consideran modificaciones a los procedimientos del Servicio de Evaluación Ambiental
(SEA) y al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), además de un fortalecimiento de la Dirección General
de Aguas (DGA) y la creación de un catastro territorial de propiedades fiscales en el norte del país, entre otros puntos
destacados”.
El Comité de Ministros del Área Económica propuso12 lo siguiente:
Al 31 de marzo de 2015, tras cinco meses de trabajo, se cumplieron las 27 medidas establecidas por el Comité de Ministros del Área
Económica, y desarrolladas por los ministerios participantes del Comité Pro Inversión. A continuación se detallan las medidas y una
breve descripción del impacto esperado de cada una de ellas.
1. Dictación de instructivos de los ministerios con competencias ambientales a sus respectivos Seremis, con la finalidad de precisar
las competencias de cada uno de ellos. Esto constituye un hito fundamental que mejorará y dará celeridad a las instancias de
evaluación ambiental. En la actualidad existen casos en que se emiten pronunciamientos en materias que no son de directa
competencia de un servicio, duplicando tareas y generando antecedentes contradictorios que dificultan y retrasan el proceso de
evaluación ambiental. Esta medida fue cumplida en noviembre de 2014.
2. Asignar recursos para talleres de capacitación dictados por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) destinados a autoridades de
gobiernos regionales, con la finalidad de mejorar el cumplimiento de plazos y calidad de los pronunciamientos de los Seremis
regionales. Se identificó que en muchas ocasiones las nuevas autoridades regionales no tienen un acabado conocimiento de los
procesos del SEA. Por lo mismo, mediante estos talleres se apunta a lograr que las autoridades regionales competentes mejoren su
gestión y hagan el proceso de evaluación ambiental más expedito. Los recursos para estos talleres fueron asignados en marzo de
2015.
3. Dictación de oficio a directores regionales del Servicio de Evaluación Ambiental para coordinar una reunión del Comité Técnico
previo al Primer Informe Consolidado de Aclaraciones, Rectificaciones o Ampliaciones (ICASARA 1). Estas reuniones permitirán
mejorar la coordinación de los pronunciamientos de los servicios públicos involucrados en esa instancia del proceso de evaluación.
Este oficio fue despachado en diciembre de 2014.
4. Asignación de recursos para el fortalecimiento del Servicio de Evaluación Ambiental, por medio de la creación de grupos de
trabajo, orientados a apoyar las evaluaciones de proyectos. Estos grupos de trabajo apoyarán las evaluaciones de proyectos
regionales en las áreas que se encuentran más débiles tales como minería extractiva, generación hidráulica de energía, generación
térmica de energía y explotación de recursos acuícolas. Los recursos fueron asignados en marzo de 2015.
12 http://www.hacienda.cl/documentos/documentos-de-trabajo.html

10. Página9
5. Generación de informes mensuales al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad sobre el cumplimiento de plazos en los
pronunciamientos de servicios que participan en el SEIA (Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental). Con esta medida se
mejorarán los plazos en los pronunciamientos de los servicios que participan en dicha instancia, contribuyendo a identificar posibles
trabas que impidan la rápida tramitación de las autorizaciones. El primer informe fue generado en enero de 2015 y a la fecha se han
emitido tres informes.
6. Asignación de recursos para el fortalecimiento de la CONADI, de manera de operativizar el cumplimiento de la Ley Lafkenche. Esta
normativa crea el espacio costero marino de los pueblos originarios y apunta a resguardar el uso consuetudinario de estos espacios.
En la actualidad, la CONADI cuenta con escaso personal encargado de dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley Lafkenche. Por lo
mismo, aquellos proyectos que requieren tramitarse bajo esta ley están sujetos a una gran demora que puede durar dos o más años.
Con esta medida se busca agilizar las inversiones que deban tramitarse por medio de esta ley, acortando los plazos para los
procedimientos respectivos. Los recursos fueron asignados en marzo de 2015.
7. Asignación de recursos para el fortalecimiento de las unidades a cargo de la tramitación de las concesiones marítimas. Varios
proyectos de inversión requieren del otorgamiento de concesiones marítimas, que en la actualidad pueden demorar plazos
considerables. Mediante el fortalecimiento de las unidades a cargo, se espera reducir considerablemente los tiempos de tramitación
de estas concesiones. Los recursos fueron asignados en marzo de 2015.
8. Oficio a los intendentes(as) de todo el país sobre su rol en las Comisiones de Evaluación Ambiental, cumplimiento de plazos y
correcta fundamentación. Esta medida busca asegurar que intendentes(as) tengan un claro conocimiento de su rol en tanto
Presidente de la Comisión de Evaluación Ambiental, a nivel regional. Esta medida busca dar mayor certidumbre al proceso de
evaluación ambiental. El oficio fue remitido en diciembre de 2014.
9. Asignación de recursos para el fortalecimiento del Servicio de Evaluación Ambiental con la finalidad de llevar a cabo procesos de
diálogo y participación ciudadana, para proyectos que así lo requieran. Lo anterior impactará positivamente en la tramitación de los
permisos ambientales. Los recursos fueron asignados en marzo de 2015.
10. Asignación de recursos para el fortalecimiento de la Dirección General de Aguas (DGA), para agilizar otorgamiento de permisos.
En la actualidad el otorgamiento de permisos por parte de la DGA demora tiempos considerables. Con la medida de fortalecimiento
de la DGA, que implica un aumento sustantivo en los profesionales destinados a dicho servicio, se espera disminuir a la mitad los
tiempos para el otorgamiento de estos permisos. Los recursos fueron asignados en marzo de 2015.
11. Plan de talleres de capacitación para consultores. Parte importante de los atrasos en la obtención de permisos sectoriales se
debe a que la formulación de proyectos por parte de los titulares es deficiente. Por lo mismo, esta medida capacita a las consultoras u
otros entes relevantes en el proceso de calificación, de manera de evitar al máximo el ir y venir de correcciones que generan
desgaste, tanto del organismo público, como del titular del proyecto. El plan se inició en marzo con la capacitación de monitores,
quienes se desplegarán a nivel nacional para llevar a cabo los talleres.
12. Asignación de recursos para el fortalecimiento del Área de Borde Costero, con la finalidad de continuar con el proceso de
zonificación detenido hace cuatro años, terminar los procesos regionales y reducir las consultas de otorgamiento de concesiones a la
CRUBC (Comisión Regional de Uso del Borde Costero). Mediante esta medida se busca dar mayor certidumbre a los inversionistas
respecto de las áreas costeras donde se podrán emplazar los proyectos de inversión. Los recursos fueron asignados en marzo de
2015.
13. Asignación de recursos para el desarrollo de una plataforma digital que entregue información actualizada y sistematizada sobre
las concesiones marítimas vigentes y en trámite. Con esta medida se permite a los privados contar con la información necesaria, en
línea, del estado de tramitación de sus proyectos para un mejor monitoreo que reduzca la incertidumbre. Los recursos fueron
asignados en marzo de 2015.
14. Creación e implementación de plan de desarrollo de pequeñas centrales hidroeléctricas. Esta medida busca fomentar de manera
integral la inversión y materialización proyectos de inversión energética con capacidad menor a 20MW. El plan fue entregado en
marzo de 2015.
15. Elaboración de informe sobre el estado actual de las concesiones mineras. Este estudio servirá de base para la modernización de
la política minera, dándole un impulso a la inversión en este sector. Fue entregado en enero de 2015.
16. Instructivo sobre caducidad de Resolución de Calificación Ambiental (RCA). Permite que proyectos que presenten retrasos en su
materialización por la lentitud en la obtención de permisos, no requieran reingresar la solicitud de calificación ambiental. El instructivo
fue enviado en noviembre de 2015 y las primeras solicitudes ingresaron en enero. A la fecha existen 472 solicitudes de renovación de
RCA que permitirán que estos proyectos no requieran pasar nuevamente por el trámite de calificación.
17. Oficio aclaratorio del Servicio de Evaluación Ambiental a los servicios públicos con competencias ambientales. Establece que la
“pertinencia ambiental” no es un requisito para el otorgamiento de permisos sectoriales. Esto permite reducir la sobrecarga de trabajo
del Servicio de Evaluación Ambiental con respecto a las solicitudes de pertinencias ambientales, los que corresponden muchas veces
a cambios y/o proyectos menores que no las requieren. El oficio fue enviado a fines de noviembre de 2014.
18. Oficio a los directores regionales del Servicio de Evaluación Ambiental, instruyendo sobre plazos para resolver consultas de
pertinencia. Esta medida reduce los atrasos en esta materia, estableciendo un plazo de 10 días para resolver una consulta de

11. Página10
pertinencia. En la actualidad las consultas de pertinencia demoran hasta un año en tramitarse. Por lo tanto, con esta medida se
espera reducir de manera significativa el proceso de evaluación ambiental de los proyectos. El oficio fue enviado en diciembre de
2014.
19. Guía emitida por el Ministerio de Agricultura que busca unificar criterios para la emisión del Informe Favorable de Construcción y
reducir los plazos de dichos trámites. La guía fue emitida en enero de 2015.
20. Nuevo Reglamento de Obras Hidráulicas. Explicita los requisitos técnicos de una obra para ser evaluados conforme al artículo N°
294 del Código de Aguas. Esta medida contribuye a clarificar las competencias de cada uno de los servicios y el rol que cumplen,
ordenando particularmente la duplicidad de funciones que se observa entre la Dirección de Obras Hidráulicas y el Sernageomin en la
evaluación de tranques de relave. Dará mayor certidumbre y celeridad a los proyectos que deban contar con permisos de la DGA. El
reglamento fue ingresado a Contraloría en enero de 2015 y se está a la espera de su toma razón.
21. Catastro que caracteriza territorialmente las propiedades fiscales de las regiones de Arica-Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y
Atacama. Esta medida permitió construir bases de datos y una cartografía que servirán para fundar las decisiones del Gobierno en
materia de administración del espacio público. Con esto se espera dar mayor certidumbre a los titulares de los proyectos de inversión.
El catastro fue completado en febrero de 2015.
22. Modificación del D.S. N° 14, por parte de Dirección General de Aguas (DGA), que regula el Caudal Ecológico. Esta modificación
resulta fundamental en la tramitación de solicitudes asociadas a la constitución de nuevos derechos de agua, agilizando una situación
que se encontraba prácticamente paralizada. Con esta medida se espera una reducción significativa en los plazos de tramitación de
nuevos derechos de aprovechamiento de aguas, que en la actualidad demoran más de dos años en promedio. El D.S. 14 fue
modificado en enero de 2015.
23. Envío de instructivo a Intendentes sobre la necesidad de asegurar el funcionamiento de la Comisión Especial de Enajenación por
medio de reuniones semanales. El objetivo de esta iniciativa es destrabar las ventas de terrenos, concesiones de uso oneroso y
determinación de renta mínima en las licitaciones, todos trámites requeridos para materializar proyectos de inversión. El instructivo
fue enviado en enero de 2015.
24. Ley que modifica la normativa respecto al cierre de faenas mineras. Esta iniciativa legal otorga mayor tiempo a las empresas
mineras medianas para la constitución de sus boletas de garantía para los planes de cierre. Se espera que las empresas mineras
medianas puedan calcular la vida útil del proyecto de acuerdo a sus recursos, lo que les da mayor certidumbre para la evaluación de
sus proyectos. Este proyecto de ley fue votado favorablemente por el Congreso en tercer trámite el 3 de marzo de 2015 y promulgado
el 10 de marzo de 2015.
25. Estudio para la modificación de institución de la “denuncia de obra nueva”. El estudio concluyó con una propuesta de modificación
de la ley, que permitirá abordar la problemática del ejercicio ilegítimo de la acción de denuncia de obra nueva. El estudio fue
finalizado en marzo de 2015.
26. Modificación del Reglamento de Concesiones Marítimas. Se optimizó la calidad del expediente por medio de la revisión en línea
de los antecedentes en la etapa de “examen de admisibilidad”, y acotando el periodo para la presentación de oposiciones de terceros.
Esta medida agilizará la tramitación de este tipo de expedientes, optimizando tiempo y recursos humanos. El reglamento fue
elaborado y la respectiva consulta pública correspondiente finalizó el 30 de enero de 2015, por lo que está listo para ser dictado.
27. Entrega de facultades sancionatorias a Sernageomin. Este servicio podrá sancionar a a quienes no cumplan con lo dispuesto en
el artículo 21 del Código de Minería y hacer exigible la entrega de información geológica, levantada por las empresas de exploración.
Esta medida busca suplir la falta de información geológica básica de Sernageomin y será de utilidad a otras empresas exploradoras
en los procesos de prospección minera previos al desarrollo de los proyectos de inversión en el sector. El proyecto de ley de cierre de
faenas mineras promulgado el 10 de marzo de 2015, entrega las facultades sancionatorias a Sernageomin.
En el caso del Perú, se ha adoptado asimismo, disposiciones a tal efecto pero de carácter más bien sectorial, como las
que aprobadas el 06/01/2015 por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) para acortar tiempos y dotar de mecanismos
ágiles que aseguren la ejecución de proyectos en todas las etapas de la minería. Así, se aprobó el Decreto Supremo
N°001-2015-EM, entre cuyas disposiciones, se establece que conforme a procedimientos regidos por Ley, la Dirección
General de Minería o Gobierno Regional competente, notificará al administrado en un solo acto y única vez, las
observaciones y requerimientos (así como los efectuados por otras autoridades que intervengan) en un plazo máximo
de 15 días hábiles contados a partir de la presentación de la solicitud. En el caso de las concesiones a beneficio será a
partir del plazo máximo para interponer oposiciones, a fin de que sean subsanadas en un máximo de 20 días hábiles.
En el caso de los procedimientos del Gobierno Regional, el MEM emitirá opinión previa favorable para la autorización de
inicio y reinicio de la actividad de exploración, la autorización de construcción de planta de beneficio, la aprobación del
plan de minado y la autorización de inicio de actividades de desarrollo y preparación. Además, la disposición contempla
la simplificación del procedimiento de concesión de beneficio regulado por el Reglamento de Procedimientos Mineros,
los requisitos y los terrenos considerados, mencionando disposiciones para casos de presentación del informe técnico
minero, la simplificación para el procedimiento de inicio de actividades de exploración, Plan de Minado y Autorización de

12. Página11
actividades de desarrollo y preparación regulados por el Reglamento de Procedimientos Mineros. Lo mismo pasa para
el procedimiento de explotación minera.
No obstante ello, se ha publicado el 12/07/2014 la Ley Nº 30230 que establece "Medidas tributarias, simplificación de
procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país", norma por la cual a diferencia
de los casos comparados anteriores, se dispone reduce los plazos para la emisión de opiniones técnicas previas a los
Estudios de Impacto Ambiental, se sanciona a aquellos funcionarios que incumplan los nuevos plazos, vinculante en
especial al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP), la Autoridad Nacional de Agua (ANA) y el
Ministerio de Cultura; se delimita funciones del Ministerio del Ambiente (MINAM) sobre creación de zonas reservadas, y
se incluye criterios económicos para establecer Límites Máximos Permisibles y Estándares de Calidad Ambiental.
III. Epilogo.
Las cifras anuales de “evaluación“ de la industria minera se esperan siempre ansiosamente (en especial para el año
2014, por las razones de rigideces comentadas y caída de rendimientos para los accionistas) y las del Fraser Institute en
especial (Annual Survey of Mining Companies 2014) que ubican al Perú en el lugar 30 de 122 (Chile está en el 13/122 y
Colombia 58/122, en parte por su vocación carbonífera antes que metálica) mejorando respecto al 2013 (37/122). En el
índice de percepción política, Perú se ubica en 52/122 (fue 56/112 en el 2013) detrás de otros latinoamericanos (Chile
es 22/122 –el 2013 era 30/112– y Uruguay con 46/122 –el 2013 fue 82/112, un excelente trabajo–). En Mejores
prácticas, lo que es totalmente resultado empresarial, Perú es 9/122 (fue 19/112 el 2013) superado por Chile: 6/122 (fue
4/112 el 2013). Los inversionistas internacionales consideran 15 factores que contribuyen a la capacidad de una
determinada jurisdicción para atraer inversiones mineras, algunas de las cuales están referidas a incertidumbres sobre
el medio ambiente; inconsistencia y duplicación de regulaciones; régimen tributario; incertidumbre relacionada con las
comunidades; calidad de la infraestructura, entre otros.
Salir de condiciones indeseadas de ralentización y caída de rentabilidad, requiere reglas claras, razonables y estables, y
de otro lado su cumplimiento por parte de los inversionistas lo que igualmente implica las autoridades tributarias sean
razonables al interpretar las normas tributarias y entiendan el sentido de negocio de las transacciones (interpretaciones
concordantes entre las emitidas y calificadas de las autoridades tributarias y Tribunal Fiscal). Demanda asimismo, afinar
y segmentar los permisos necesarios para que una empresa minera pueda empezar a explorar, desarrollar y operar una
mina.
Se requiere mejorar y establecer incentivos y castigos a las buenas y malas prácticas propias a fases operativas de la
minería, como el cierre de minas, remediación y externalidades negativas. Tales costos se acotan anualmente según se
afecta el área de explotación; pero por razón del ente fiscal, no pueden ser deducidos sino hasta cuando se incurran
efectivamente. A ello se requiere desarrollar una Ecología política y una Economía Ecológica para establecer equilibrios
entre costos, beneficios y costos de institucionalidad, asociados.
Economista Alfredo Espinal, Especialista en Economía Pública y Planificación Regional. Diplomado de Diseño y Evaluación de
Proyectos Sociales - Pontificia Universidad Católica, Perú; Magister en Economía Empresarial y Regional, Universidad Nacional
Mayor de San Marcos, Perú. Docente Universitario de Post Grado, Maestría en Economía, Mención en Gestión y Políticas Públicas.
Email: gobernaphenom@gmail.com
Artículo publicado en la Revista Gestión Pública y Desarrollo, Año VIII - Nº 94, Mayo 2015, Ediciones Caballero Bustamante, Perú
(www.gestionpublica.org.pe)
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