Los organismos, que exteriorizan la construcción institucional, desarrollan un conjunto de diseños y acciones que se hacen evidentes sustancialmente mediante ejecución de recursos fiscales (los que hacen patente la institucionalidad asignativa o presupuestaria), y objetivos establecidos en políticas públicas (que guían esa asignación), configurando así un sistema de gastos, donde el análisis cuantitativo debe enfrentar exitosamente las pruebas de resistencia que demuestren no solo capacidad de gerencia en el consumo de tales recursos, sino de gestión en su calidad. Pero tal calidad admite más de una conceptualización, reside en más de un proceso y puede mostrar más de un efecto. Y de otro lado, desde la rectoría o desde el ejecutor, el sustento de los resultados mostrados admite defensa diferenciada en términos de calidad según resultados, calidad según procesos, calidad desde la transparencia, calidad desde la eficiencia técnica o calidad según impactos, dentro de las acepciones más comunes en documentos oficiales, claves del análisis académico o la siempre presente discusión política. De esa preocupación común, aunque asociada a un concepto no tan común, trata esta aportación al debate.

1. Calidad del
gasto y Gestión
pública: Fijando
el curso.
octubre 24
2015
Los organismos, que exteriorizan la construcción institucional,
desarrollan un conjunto de diseños y acciones que se hacen evidentes
sustancialmente mediante ejecución de recursos fiscales (los que hacen
patente la institucionalidad asignativa o presupuestaria), y objetivos
establecidos en políticas públicas (que guían esa asignación),
configurando así un sistema de gastos, donde el análisis cuantitativo
debe enfrentar exitosamente las pruebas de resistencia que demuestren
no solo capacidad de gerencia en el consumo de tales recursos, sino de
gestión en su calidad. Pero tal calidad admite más de una
conceptualización, reside en más de un proceso y puede mostrar más
de un efecto. Y de otro lado, desde la rectoría o desde el ejecutor, el
sustento de los resultados mostrados admite defensa diferenciada en
términos de calidad según resultados, calidad según procesos, calidad
desde la transparencia, calidad desde la eficiencia técnica o calidad
según impactos, dentro de las acepciones más comunes en documentos
oficiales, claves del análisis académico o la siempre presente discusión
política. De esa preocupación común, aunque asociada a un concepto
no tan común, trata esta aportación al debate.
Artículo 65

2. Página1
Calidad del gasto y Gestión pública: Fijando el curso.
Por Mag. Econ. Alfredo Espinal
Sumario.
Los organismos, que exteriorizan la construcción institucional, desarrollan un conjunto de diseños y acciones que se
hacen evidentes sustancialmente mediante ejecución de recursos fiscales (los que hacen patente la institucionalidad
asignativa o presupuestaria), y objetivos establecidos en políticas públicas (que guían esa asignación), configurando
así un sistema de gastos, donde el análisis cuantitativo debe enfrentar exitosamente las pruebas de resistencia que
demuestren no solo capacidad de gerencia en el consumo de tales recursos, sino de gestión en su calidad. Pero tal
calidad admite más de una conceptualización, reside en más de un proceso y puede mostrar más de un efecto. Y de
otro lado, desde la rectoría o desde el ejecutor, el sustento de los resultados mostrados admite defensa diferenciada
en términos de calidad según resultados, calidad según procesos, calidad desde la transparencia, calidad desde la
eficiencia técnica o calidad según impactos, dentro de las acepciones más comunes en documentos oficiales, claves
del análisis académico o la siempre presente discusión política.
De esa preocupación común, aunque asociada a un concepto no tan común, trata esta aportación al debate.
I. Motivación para el análisis.
Partiendo del hecho que los organismos, encarnados en organizaciones, y en este caso con acento en las que están
a cargo de las competencias y funciones en materia económico financiera claramente con el ministerio de economía
y finanzas encabezando a tales, y banco central de reserva y superintendencia de banca, seguros y administradoras
de fondos de pensiones, tienen como principal objetivo (aunque no único, y por cierto, no excluyente) el asegurar las
condiciones de estabilización macroeconómica, uno de los típicos roles musgravianos del Estado, adecuándose a la
evolución de las condiciones mundiales de la economía y sus influencias en lo referido a bienes transables, a divisas
y a su transabilidad (principio del pass through1 o efecto de transmisión de la tasa cambiaria), y a la dinámica propia
de las variables internas derivadas de los choques, de demanda y oferta, es claro que en condiciones donde la tasa
del crecimiento resulta incremental, y por cierto acompañada del fortalecimiento fiscal derivado de la mayor actividad
económica, el énfasis de las autoridades económicas, y también de las sectoriales, estará más bien acentuada en la
capacidad de gasto, dejando más relajadas sus condiciones en tanto aporta a los objetivos establecidos.
Es más claro cada vez el Estado debe cumplir ciertas funciones y que las mismas deberán ejecutarse en una forma
adecuada, y considerando además que ese Estado debe (debiera) rendir cuentas ante la ciudadanía, en los últimos
años ha cobrado mayor relevancia en la opinión pública y la academia, así como en la propia gestión pública estatal,
conceptos tales como gestión pública, eficiencia y calidad del gasto, espacio fiscal, productividad del sector público,
entre otros. La política fiscal referida solamente al control cuantitativo de los límites de la deuda pública y finanzas
públicas especialmente evidentes en el déficit fiscal, no garantiza un adecuado manejo de la economía por parte del
Estado. Esta mirada reducida de la política dificulta acciones contracíclicas y no considera el impacto de las finanzas
públicas sobre los objetivos del desarrollo, el crecimiento de largo plazo y la distribución equitativa del ingreso. Por
ello y con un renovado impulso provisto por las dos últimas crisis mundiales (crisis subprime 2008-2009 y precipicio
fiscal 2013) es que, en los últimos años, las discusiones sobre el protagonismo fiscal y las profundas implicancias de
un manejo adecuado de cara a la clásica definición económica de las escaseces, se han focalizado en un concepto
más relevante e integral, acicateado por la desaceleración económica y la escasez fiscal, la “calidad de las finanzas
públicas”.
Este concepto, como fuera antelado en la introducción, resulta aún impreciso y admite diversas conceptualizaciones,
como señalan en un trabajo instrumental Barrios y Schaechter, acerca de la medición de la calidad de las finanzas
públicas en USA: “Como la crisis financiera y económica está generando tensiones sin precedentes en las finanzas
públicas, el asegurar una fuerte calidad de las finanzas públicas (Quality of public finances, QPF por sus siglas en
inglés;) con el propósito de apoyar el crecimiento económico a largo plazo ha cobrado nueva urgencia. Ya antes de
la crisis, los responsables políticos se habían centrado cada vez más en cómo las finanzas públicas podrían apoyar
el crecimiento económico a largo plazo en respuesta a los retos del envejecimiento de la población y la competencia
más dura de la creciente globalización. Pero como la crisis ha reducido el espacio fiscal de maniobra, la importancia
de entregar una mayor calidad de las finanzas públicas también se ha trasladado a la palestra. Esto se refiere
particularmente a preguntas de cómo asignar mejor y estructura sistemas de ingresos de recursos públicos escasos
1 Porcentaje de cambio del precio de las importaciones en moneda local como resultado de la variación de uno por ciento en la tasa de cambio
nominal entre países exportadores e importadores.

3. Página2
con el fin de subsanar las deficiencias de la demanda no sólo a corto plazo sino también respaldando el crecimiento
potencial a largo plazo”. (2009, pág. 9). La modalidad preferida para expresar algoritmos para medición de la calidad
de las finanzas públicas resulta ser la construcción de indicadores adecuados que evidencie la vinculación entre los
aspectos cuantitativos y cualitativos de la política fiscal, medición que lidera los actuales desafíos.
Pero, y cuál es el fundamento sustancial del debate: ¿Es la calidad de las finanzas públicas o es la calidad del gasto
público?.
Para iniciar este análisis establezcamos la definición de finanzas públicas, apelando para ello a Araneda Dörr, para
el que señala: “Los fines así esbozados (paz exterior, orden interno, el más alto nivel de vida) supone la existencia
de medios que permitan alcanzarlos, los que revisten diversas formas, desde los funcionarios que prestan servicios,
a la más variada gama de bienes materiales. Pero para disponer de esos medios el Estado requiere un patrimonio
que debe ser formado y administrado como el de cualquier persona natural o jurídica, y con ese objeto ejerce la
función financiera, materia propia de las finanzas públicas, ciencia que estudia la formación y la administración del
patrimonio del Estado para el cumplimiento de los fines que le son propios”. (1980, pág. 11-12). Para las Naciones
Unidas para el Desarrollo estamos inmersos en una nueva era de finanzas públicas 2, como se señala en un trabajo
reciente, afirmando “Las respuestas de las finanzas públicas a la permeabilidad de las fronteras entre los sectores
privados y público sólo recientemente están siendo incorporadas a la teoría de finanzas públicas. Estas respuestas
se denominan en el libro “nuevas finanzas públicas 1”, porque rompen con el molde estatista de la teoría y práctica
convencional de las finanzas públicas (…). En este sentido, las nuevas finanzas públicas 1 aceptan la interacción
entre mercados y estados, así como la cooperación y la competencia entre actores públicos y privados. Las nuevas
finanzas públicas 2, que incorporan los modos de las nuevas finanzas públicas 1, son un sub campo emergente de
las finanzas públicas y se refieren al financiamiento de los desafíos mundiales o las finanzas públicas globales.
Estas nuevas finanzas públicas 2 amplían el enfoque de la teoría de finanzas públicas convencional (que considera
a la economía solamente en su plano nacional y como entidad única) con el proposito de abarcar los aspectos
internacionales y nacionales de desafíos mundiales (…). Las nuevas finanzas públicas 2 trata cómo los gobiernos,
tanto por su cuenta como en forma colectiva, canalizan la financiación pública y privada hacia los desafíos en
materia de políticas públicas mundiales.1 Comprender la forma en que opera esta canalización de recursos y cómo
perfeccionarla es importante para propiciar una globalización que cumpla la promesa de mejorar la eficiencia y la
vida de todos. Pero nuestro objetivo no es recomendar algún tipo de enfoque o de herramienta de financiación, en
particular. Son las autoridades a cargo de tomar decisiones las que deberán escoger los mejores métodos para
afrontar cada desafío en particular”. (2006, pág. 21-22). Como es posible inferir, válidamente, la obvia presencia del
financiamiento, ahora del desarrollo y de los equilibrios del mercado global de capitales, complementan la primera y
más clásica definición establecida.
En cuanto a la calidad del gasto, cada vez más responsabilizada de mostrar una “baja calidad”, aludiendo por esta a
la limitada capacidad del Estado en proveer bienes y servicios públicos con estándares adecuados, precio-eficiencia
y sostenibilidad, indican Armijo y Espada: “La calidad del gasto público abarca aquellos elementos que garantizan
un uso eficaz y eficiente de los recursos públicos, con objetivos de elevar el potencial de crecimiento de la economía
y, en el caso particular de la América Latina y el Caribe, de asegurar grados crecientes de equidad distributiva. La
medición de la calidad del gasto público debe incorporar la multidimensionalidad de los factores que inciden el logro
de los objetivos macroeconómicos y de política fiscal”. (2014, pág. 5). Ampliando lo anterior, estas analistas señalan:
“Dentro del análisis de la calidad de las finanzas públicas, el concepto de «calidad del gasto público» abarca
aquellos elementos que garantizan un uso eficaz y eficiente de los recursos públicos, con los objetivos de elevar el
potencial de crecimiento de la economía y, en el caso particular de América Latina y el Caribe, de asegurar grados
crecientes de equidad distributiva (ILPES, 2012). En términos generales, las iniciativas de mejoramiento de la
calidad del gasto público están asociadas tanto a aspectos de política fiscal, como de gestión pública. Evaluar la
eficiencia y eficacia del gasto público a mediano y largo plazo requiere, junto con los instrumentos de política fiscal,
considerar los procesos, sistemas e instituciones que materializan ese gasto en políticas y programas públicos, que
finalmente constituyen los bienes y servicios que se entregan a los usuarios para el logro de los objetivos de política.
La mayoría de los estudios sobre eficiencia y eficacia del gasto público concluyen que el gasto podría ser mucho
menor y más eficiente que hoy, a la vez que resaltan la importancia de las instituciones gubernamentales, en cuanto
que una mejora de las mismas contribuiría a una mayor eficiencia del gasto público. En los últimos años, los países
de la región han puesto como prioridad en sus agendas de reformas fiscales la introducción de innovaciones
presupuestarias entre ellas el presupuesto orientado a resultados, incorporando en éste mecanismos de
planificación y programación presupuestaria plurianual vinculada a las prioridades de desarrollo, sistemas de
monitoreo y evaluación del desempeño, con indicadores que apoyan la medición de calidad del gasto público e
instrumentos orientados al mejoramiento de la rendición de cuentas del gasto público”. Con los elementos de
análisis suficientes podemos abordar la aparente dicotomía entre lo que la calidad de las finanzas públicas y del
gasto público implican, señalaremos que las finanzas públicas son el medio para el logro de los objetivos de las
políticas públicas, y considerando a estas como objetivo, el gasto público no será sino el medio por el que las

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finanzas públicas cumplen con sus propósitos, cuya evidencia más concreta es la identificación o construcción de
aquellos instrumentos que faciliten la asignación de los recursos públicos acordes a las prioridades de las políticas
públicas, y sustancialmente articulando los objetivos de desarrollo con las mejores decisiones presupuestarias, cuya
evidencia será la mejora de la eficiencia y efectividad del gasto público.
Lo antes indicado está generando una ventana de oportunidad y de cambios en el modelo tradicional de la gestión
pública bajo cuyo marco se desenvuelven las finanzas públicas, cuyo objetivo no es sino la mejor eficiencia en la
provisión de los bienes y servicios públicos, tomando el criterio de eficiencia en el más amplio sentido (el asignativo
y social) que integra de manera en lo posible sinérgica, de los niveles de la eficiencia económica y equidad viables
desde el punto de vista de la frontera de posibilidades fiscal y recursos sociales, necesarios. En consecuencia, el
énfasis está en el cómo de esta intervención pública, o los instrumentos de los que esta se vale, equilibrio exigido
(pero la mas de veces incumplido) instrumentalmente como parte de la legitimidad de la actuación pública, que es a
su vez uno de los factores sustancialmente ligados a fallos del Estado. En efecto, la teoría económica ha identificado
los fallos de mercado como excusa perfecta que justifica la intervención pública (legitima, más allá de su legalidad) y
de los excedentes potenciales de bienestar social que pudiera procurarse con su corrección, más que en procurarse
los instrumentos necesarios para que esa corrección asegure su eficiencia.
Desde la economía, en términos conceptuales, la calidad de la política fiscal y por ende la calidad del gasto, también
discurren entre lo normativo, establecida en términos de lo esperado y de la justificación de las políticas públicas a la
que lo fiscal provee de soporte (el qué), y lo positivo, sustancialmente evidente en el cómo, y por la magnitud de los
recursos involucrados, en promedio2 más del 28% del PBI, ello implica fuerte influencia en los aspectos monetarios y
a tal ext6remo, por ejemplo la Escuela de Chicago3, que en el enfoque de los problemas económicos vinculados a la
gestión fiscal establece que los responsables de la gestión económica deben probar previamente que los medios a
ser aplicados son eficientes o preferibles a los objetivos, ergo, la intervención pública deberá de justificar su ventaja
comparativa respecto a las actuaciones privadas (mercado) lo que supone no es suficiente el establecer una falla de
mercado para justificar la intervención estatal, lo cual pone en el centro del análisis la generación y la provisión de
bienes públicos, de origen estatal o de producción privada pero provistos por el estado, de allí la profusión de varias
de las acepciones listada: transparencia, adquisiciones, etc.
II. Calidad del gasto: diversas aproximaciones.
Volviendo a establecer la lógica o dirección del concepto respecto a calidad y gasto (público) como criterio síntesis,
señalamos que el gasto público era un medio de las finanzas públicas para el cumplimiento de los objetivos de las
políticas públicas, y que tal medio debía cumplir en evidenciar una cualidad de calidad, lo que le confiere un carácter
decisorio en el efecto que se hace visible para la sociedad y para los inversores y comunidad internacional, que a su
vez establecen comparaciones y contrastes entre tamaños de Estado, nivel de gasto público, profundidad fiscal (por
la participación tributaria y no tributaria en las transacciones derivadas de la demanda) y que constituye elemento de
legitimidad gubernamental, por encima de la legalidad del poder, vinculante electoralmente.
Bajo tales premisas, revisaremos algunas aproximaciones relevantes.
Para la Organización para la cooperación y el desarrollo económicos (Organisation for Economic Cooperation and
Development, OECD por sus siglas en inglés) mostrar resultados resultara clave, así señalan “La mayoría de países
de América Latina ha mejorado sus resultados fiscales en los últimos años. El déficit, por ejemplo, ha descendido
significativamente, pero los resultados fiscales están todavía muy lejos de equipararse a las cifras de referencia de
la OCDE. Entre 1990 y 2006 el total de ingresos gubernamentales alcanzó en Latinoamérica una media de sólo un
23% del producto interior bruto (PIB), frente a un 42% en los países de la OCDE. El gasto público nos cuenta una
historia similar: en el mismo periodo alcanzó una media del 44% del PIB en los países de la OCDE, pero de sólo un
25% en América Latina. También existen marcadas diferencias en el modo en que se estructuran los ingresos
2 De acuerdo al World Development Indicators, tabla 4.12: Central government finances, la tasa promedio mundial de gastos a PBI al 2012, es de
28,6% (era 26,6% al 2000). Ver http://datos.bancomundial.org/indicador/GC.XPN.TOTL.GD.ZSgastos
3 La Escuela de Economía de Chicago es partidaria del libre mercado (aunque dentro de un régimen monetario estricto, definido por el gobierno),
que se originó en los departamentos de Economía y en la escuela de negocios Booth de la Universidad de Chicago a mediados del siglo XX. Fue
liderada históricamente por George Stigler (Premio Nobel de Economía en 1982) y Milton Friedman (Premio Nobel de Economía en 1976). La
teoría macroeconómica de Chicago rechazó el Keynesianismo a favor de monetarismo hasta mediados de 1970, cuando se convirtió en nueva
macroeconomía clásica en gran medida basado en la Teoría de las expectativas racionales. Esta teoría es una hipótesis de la ciencia económica
que establece las predicciones sobre el valor futuro de variables económicamente relevantes hechas por los agentes no son sistemáticamente
erróneas y que los errores son aleatorios (ruido blanco). Una formulación alternativa es que esas expectativas son «expectativas coherentes en
torno de un modelo», es decir que, en un modelo, los agentes asumen que las predicciones de éste son válidas. La hipótesis de las expectativas
racionales es usada en muchos modelos macroeconómicos contemporáneos, en teoría de juegos y en aplicaciones de la teoría de la elección
racional. Tomado de WikiPedia.

5. Página4
públicos, el grado de descentralización de los sistemas fiscales y la cantidad y calidad de los servicios públicos que
reciben los ciudadanos a cambio de sus impuestos. Una política fiscal bien administrada puede constituir la base de
un contrato social renovado entre los latinoamericanos y sus gobiernos. Para ello es fundamental proporcionar
bienes y servicios públicos mejores y más justos, que pueden contribuir igualmente a la consolidación democrática
en la región. (…) El gasto público por ejemplo, debería proporcionar a toda la sociedad bienes y servicios de calidad;
si se lograra este objetivo, el gasto fiscal tendría un impacto positivo en obstáculos para el desarrollo como son la
reducción de la pobreza, la desigualdad y la exclusión. Lo mismo ocurre con los ingresos públicos: si los sistemas
de recaudación de impuestos fueran más justos, gozaran de una base más amplia y se adaptan a la naturaleza
específica de la economía, podrían recaudar de manera eficiente y sostenible fondos necesarios para proporcionar
esos bienes y servicios básicos. (…) La prueba final de la política fiscal como instrumento para el desarrollo radica
en su capacidad para proporcionar resultados. A este respecto, la agenda por delante es evidente: deberían
mantenerse los esfuerzos exitosos por reducir la volatilidad fiscal, debería diversificarse la generación de ingresos
para desvincularla de fuentes no impositivas e impuestos indirectos y debería centrarse el gasto público en la
eficiencia, la calidad y la equidad. Los gobiernos de la región deberían asimismo consolidar e incorporar plenamente
a sus sistemas muchas de las innovaciones fiscales ya existentes, como nuevas reglas de responsabilidad fiscal,
programas de transferencia condicional de dinero en efectivo y mecanismos de presupuesto participativo”. Resultará
obvio que en el objetivo del desarrollo, más allá del crecimiento, la política fiscal como uno de los instrumentos de la
política económica, deberá estar debidamente coordinada y articulada, a las políticas de desarrollo, y por supuesto,
al conjunto de lineamientos sectoriales y su traslación territorial, desde las que se retroalimenta esa fiscalidad.
En el apartado final de esta sección revisaremos el instrumental del que para el caso peruano, han echado mano las
tres administraciones gubernamentales anteriores, especialmente en el periodo precedente.
La visión de la CEPAL, expuesta en el trabajo de Armijo y Espada, ya precitado, establece, entre otras posturas, que
“De acuerdo a lo señalado en el capítulo anterior, el análisis de la calidad del gasto público no puede circunscribirse
solamente al nivel y composición del mismo. Se necesita una mirada más amplia de las finanzas públicas en la
medida en que éstas juegan un rol crucial en los objetivos del desarrollo. Lo anterior requiere analizar la calidad del
gasto desde su triple función: su contribución a los objetivos de política económica y estabilización macroeconómica;
su eficiencia asignativa (si el gasto está basado en la efectividad de los programas públicos segun las prioridades de
política); y su eficiencia operacional (la capacidad con la que se utilizan los recursos, es decir, si una vez asignados
entre los distintos programas y proyectos, éstos son utilizados de la mejor manera para alcanzar los resultados). La
eficiencia y eficacia del gasto público a mediano y largo plazo requiere, junto con los instrumentos de política fiscal,
considerar los procesos, sistemas e instituciones que materializan ese gasto en políticas y programas públicos, que
finalmente constituyen los bienes y servicios que se entregan a los usuarios para el logro de los objetivos de política.
(…) En los últimos años, se ha buscado que el presupuesto juegue un rol más activo para vincular las prioridades de
desarrollo establecidas en planes/agendas de gobierno con el gasto público. En la mayor parte de los países
estudiados, las iniciativas han sido parte de las reformas presupuestarias acaecidas a finales de la década de los
noventa y en los dos mil y éstas han tenido objetivos plurales tales como garantizar la sostenibilidad de las finanzas
públicas, hacer más eficiente la asignación del gasto público y mejorar la transparencia en la utilización del mismo.
En una parte importante de los países que se han impulsado estas reformas, éstas se han realizado en un marco
más amplio de iniciativas —con mejores o menores aciertos— dentro de lo que se ha denominado Nueva Gerencia
Pública o Gestión para o por Resultados. Los mecanismos privilegiados han sido a) las reglas fiscales; b) los marcos
de gasto de mediano plazo vinculados a la planificación nacional; c) la definición de objetivos estratégicos que
expresan los resultados e impactos esperados por el gobierno y sus instituciones; d) los cambios en las estructuras
programáticas presupuestarias que faciliten la relación entre la producción pública y los resultados; y e) la
incorporación de información de desempeño (indicadores, evaluaciones, etc.) del presupuesto de las instituciones y
programas públicos, articulados en mayor o menor medida en sistemas de monitoreo y evaluación de políticas y
programas”. (2014, pág. 21-22). Naturalmente, y ponderando las diferencias entre países y regiones, las vocaciones
productivas y de su orientación global (como la sensibilidad al cobre en Chile, la petrolización de México-Venezuela,
o la Soya en Argentina) la política fiscal y la calidad del gasto alternaran entre la velocidad del ajuste, la respuesta y
carácter periódico de las normas fiscales y la capacidad de producir efectos de medidas pro y anticiclicas.
Desde el enfoque académico profesional, en un trabajo de González Calbet y Salinas Jiménez, donde se analiza la
relación existente entre el tamaño y la composición del gasto público y la productividad, se destaca “La literatura
económica, como comentábamos, es concluyente a la hora de hacer depender la sostenibilidad del crecimiento
económico del de la productividad. El consenso en la literatura es mucho menor sobre cuáles son los factores
concretos que inciden en el crecimiento de la productividad a largo plazo y sobre qué medidas deben adoptarse
para impulsar dicho crecimiento. (…) No obstante lo anterior hay que señalar que los efectos del gasto no dependen
sólo de su tamaño y composición sino también de los niveles de eficacia y de eficiencia con que se ejecuta. En este
sentido, la mejora de los mecanismos de la gestión pública y el incremento de la transparencia por parte del sector
público aparecen como factores cruciales para incrementar los niveles de productividad en el ámbito público.

6. Página5
Aunque algunas de las medidas que se han introducido en el ámbito de la gestión pública con la finalidad de
incrementar los niveles de eficiencia y productividad pueden haber tenido efectos negativos desde el punto de vista
de la equidad (introducción de mecanismos de cuasimercado, privatizaciones de empresas públicas), otras han
permitido mejorar exclusivamente los niveles de eficiencia técnica en la prestación de los servicios públicos,
evitándose de esta forma el conflicto eficiencia-equidad mencionado anteriormente. Por otra parte, la transparencia
es un factor clave de competitividad, al permitir que los agentes económicos formen expectativas de manera más
ajustada. Además, facilita la rendición de cuentas por parte de los responsables públicos y fomenta la democracia
participativa al suministrar a los ciudadanos información en base a la cual puedan adoptar las decisiones que
consideren más adecuadas. (…) La cuestión sobre cuál es el tamaño óptimo del sector público ha sido objeto de
debate durante mucho tiempo. La búsqueda de respuesta a este interrogante se ha incentivado desde las trincheras
ideológicas que propugnan papeles opuestos para el sector público. El lector más interesado en esta cuestión puede
encontrar un sucinto resumen de las investigaciones más recientes en Afonso, Ebert, Schuknecht y Thöne (2005).
La conclusión general es que no parece que exista una relación positiva entre crecimiento y gasto total; algunos
autores encuentran una relación negativa entre ambas variables, pero en pocos casos resulta significativa 3. Estos
trabajos han dado lugar a debates de carácter econométrico que intentan aportar luz sobre la robustez de dicha
relación; esto es, si es posible encontrar relaciones estadísticamente significativas al tener en cuenta otras variables
como la renta per cápita. Por otro lado, la existencia de una relación negativa puede no ser sino el espejo de otra
evidencia bien asentada empíricamente: incremento de impuestos, sobre todo a partir de ciertos niveles, introducen
distorsiones importantes en la economía y reducen el crecimiento. En la Comisión Europea (2004a) se citan cuatro
cuestiones que pueden interferir en la relación buscada entre tamaño del sector público y crecimiento: i. Catching
up: países con menor renta per cápita muestran mayores tasas de crecimiento. Los resultados tienden a ser
distintos si incluimos países en diversos estados de desarrollo o los concentramos en países cercanos a su estado
estacionario; ii. Ley de Wagner: la demanda de más y mejores servicios públicos aumenta con la renta; iii. La
preferencia social por la equidad influye sobre el tamaño; siguiendo a Tanzi y Schuknecht (2000), los países con
mayor sector público son los que tienen sociedades que muestran la mayor preferencia por la igualdad de renta
entre sus miembros; y, iv. A partir de un cierto nivel, los efectos positivos del gasto «productivo» sobre el crecimiento
pueden verse más que compensados con distorsiones o efectos negativos que generen los impuestos necesarios
para sufragar4 ese gasto”. Aquí por ejemplo, y a contrapelo de la visión global de Naciones Unidas especialmente en
la denominada Finanzas Públicas 2, la mirada es más bien acerca de las condiciones, estructura y objetivos internos
a la economía, enfatizando las dimensiones de esa estructura (Estado y Gobierno) y límites de la actuación tributaria
respecto a la renta personal disponible, una relación necesaria y siempre riesgosa. Y directamente articulada a la
Gestión pública, esos autores advierten que “En los últimos años, las medidas destinadas a incrementar la eficiencia
en el uso de los recursos públicos y las cuestiones relacionadas con la evaluación de la eficiencia y la calidad en el
Sector Público han experimentado un auge creciente, con diversas iniciativas tendentes a lograr mejoras en la
gestión y a desarrollar una cultura de la evaluación que permita identificar los logros conseguidos y las deficiencias
que persisten. (…) El crecimiento de los programas de gasto público que ha tenido lugar en los países de la OCDE
en las últimas décadas ha originado intenso debate, tanto en foros académicos como las propias Administraciones
Públicas, acerca del nivel de eficiencia con el que se administran los recursos públicos y de los efectos del gasto
público sobre la productividad de la economía. Como consecuencia de ello, se han producido una serie de reformas
en profundidad de la gestión de las administraciones públicas con la finalidad de introducir mayor racionalidad
económica en su funcionamiento. Las pautas de las reformas emprendidas por los distintos países han sido muy
diversas. Abarcan desde las privatizaciones hasta la simulación de los mercados en el ámbito público, pasando por
la incorporación de técnicas de gestión privada al ámbito público (descentralización, medidas de actuación y
rendimiento, atención al cliente, etc.) conocidas como Nueva Gestión Pública. (…)A pesar de la abundante literatura
existente sobre los procesos de reforma de la gestión pública y de cómo han afectado a los niveles de eficiencia y
de productividad en el Sector Público, la mayor parte de los trabajos realizados están basados en argumentos o
consideraciones de carácter teórico, siendo muy pocos los trabajos empíricos que han tratado de evaluar estos
efectos. Entre ellos hay que destacar los que analizan los efectos de los procesos de privatización sobre la eficiencia
y los que analizan las consecuencias de la introducción de mecanismos de cuasimercado. Las conclusiones que
ofrecen este tipo de estudios son, en general, contradictorias y poco significativas —debido probablemente a la
dificultad de medición del output en el sector público y a que los períodos analizados suelen ser relativamente
cortos— siendo, por tanto, difícil pronunciarse sobre los efectos de este tipo de reformas y sobre si han servido para
alcanzar el fin último que perseguían”. Sobre este último aspecto, es claro que una exteriorización característica del
gasto público es su influencia en la macroeconomía. Es reconocido que los recursos estatales desembolsados para
la adquisición de bienes impactan de forma directa sobre la demanda agregada de la economía. Más allá de esto, el
gasto público también se orienta a la oferta, al incidir por ejemplo en el financiamiento de acciones para la educación
o el fomento de la investigación. Es justo reconocer que actualmente los sectores más avanzados están migrando a
4 En este sentido, y como señalan Kneller, Bleaney y Gemmel (1999, 2001) para analizar los efectos del gasto sobre la productividad deberíamos
tener en cuenta no sólo los efectos positivos generados por las partidas presupuestarias de gasto sino que deberíamos considerar también los
efectos sobre la eficiencia generados por los impuestos con los que se financian dichas partidas de gasto.

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una mirada y cambio de orientación en la gestión pública hacia el enfoque de la demanda antes que a establecer el
modelo fiscal de gestión por el lado (más cómodo) de desarrollar sus competencias desde la oferta. Ello debe dar al
final de la jornada una posibilidad más confiable y estable de mejores elementos y herramientas para establecer las
mayores posibilidades de incorporar la calidad del gasto, como hemos definido, en la gestión pública.
III. Experiencias en instrumentación de la Calidad del gasto: Perú.
La calidad del gasto para las autoridades económicas de Perú no resulta un tema ni extraño ni nuevo, y muestra en
el mediano plazo un preocupación que se evidencia constante en las autoridades económicas, según deja entrever
el Programa5 de mejora de la calidad de la gestión y del gasto público III, que bajo el proyecto PE-L1027 facilita a la
República del Perú el Banco interamericano de desarrollo (BID), que comprende tres operaciones consecutivas de
préstamo de un sólo tramo cada una, vinculadas técnicamente entre sí, pero financiadas en forma independiente
bajo modalidad de préstamo programático de apoyo a reformas de política, de conformidad con las directrices del
banco. Como señala el informe de conclusión PCR del BID: “Esta estructura de financiamiento fue la más adecuada
en función de la naturaleza de las reformas apoyadas, que requería un plazo de ejecución de mediano y largo plazo,
conforme demuestra la experiencia internacional reciente. Considerando que el período de tres años contemplado
para desarrollo de las reformas excedía el mandato del Gobierno que dio inicio en el 2005, el enfoque programático
adoptado permitía también conjugar la perspectiva de continuidad, resultante de promover una Agenda Política
basada en una estrategia de largo plazo, con la flexibilidad requerida en una situación de cambio de Gobierno que
ocurriría en el 2006. Otro importante punto a destacar es la constancia y consistencia del apoyo del Banco al
Gobierno del Perú en el área de gestión y calidad del gasto público en las últimas décadas; en este sentido, la
presente serie programática complementó el enfoque de otros préstamos de política para Perú aprobados en los
años anteriores, tales como: (i) el Programa Sectorial de Transparencia y Reforma en Políticas Fiscal, Social y de
Justicia (PE-0212) del 2001 que apoyó el desarrollo de un marco legal que mejora la transparencia y rendición de
cuentas en la política fiscal y protege el gasto en los sectores social y judicial; (ii) el Programa de Reforma Fiscal
(PE-0211) del 2002 que contribuyó en el fortalecimiento de la fiscalidad para fomentar el crecimiento y asegurar la
inversión en áreas sociales clave; y (iii) el Programa de Reforma de Competitividad (PE-0239) del 2003 que apoyó el
desarrollo de un sistema jurídico-institucional para fomentar la colaboración entre los sectores público y privado. Las
operaciones de política anteriores estuvieron directamente relacionadas con la mejora del ingreso público, a la
protección del gasto social, y promoción de la competitividad. El Presente Programa complementó este ciclo,
centrándose en la mejora de la calidad de la gestión y del gasto público, principalmente el de inversión. El Programa
también integró acciones de otros proyectos del Banco, tales como: (i) una Cooperación Técnica no reembolsable
del PRODEV que apoyó al país en la preparación de un Plan de Acción para promover una gestión por resultados y
efectividad en el desarrollo, (ii) una operación del FOMIN que apoyó a PROINVERSION en incrementar sus
capacidades en la preparación de proyectos tipo APP6; (iii) el Programa de Modernización y Descentralización del
Estado (1437/OC-PE) que apoya al MEF, la Presidencia del Consejo de Ministros y Consejo Nacional de
Descentralización en temas relacionados a la gestión pública; entre otros proyectos específicos de inversión. El
programa también complementó otras operaciones del Banco tendientes a promover la inversión en infraestructura
con el apoyo del sector privado como son: (i) el Programa de Apoyo a las Transacciones en Infraestructura (PE-
L1004), que financió los estudios financieros, económicos, técnicos y de demanda que permitan realizar procesos
de participación privada de calidad; y (ii) el Programa de Garantías Ramal Norte del Amazonas IIRSA (PE-L1010),
que apoyó la estructuración de un proyecto de APP mediante el otorgamiento de una garantía sobre los
compromisos de pago del Gobierno del Perú al concesionario; entre otros”.
De los componentes financiados por el BID, debemos destacar por su más clara relevancia a nuestro análisis, pese
a que los tres financiamientos precitados están indubitablemente referidos a las mejoras de la eficiencia y calidad,
lo que corresponde a Gestión del gasto público en el nivel nacional y Gestión del gasto público en el contexto de la
descentralización. Desarrollamos el primero contenido en el informe de terminación del proyecto7, PCR.
El objetivo de éste componente fue apoyar el fortalecimiento de la capacidad del Gobierno Nacional para la gestión,
análisis, priorización, ejecución, monitoreo, y evaluación del gasto público, principalmente de la inversión. Para ello
el Programa apoyó reformas para mejorar la calidad de los sistemas de gestión presupuestaria, de inversión pública,
de calidad normativa, y sistemas transversales de gestión (financieros, de nómina y de compras y contrataciones).
Las intervenciones en este componente estaban dirigidas a:
5 La Facilidad Sectorial Institucional para Mejora de la Calidad de la Gestión y del Gasto Público, o Programa I, fue diseñado como Proyecto PE-
L10123, aprobado como Préstamo 1699-OC-PE. La fase II, PE-L1017 se plasmó en el Préstamo 1805-OC-PE y la fase III, Proyecto PE-L1027 se
plasma en el Préstamo 1932-OC-PE. Los montos involucrados fueron US$ 200 millones, US$ 200 millones, y US$ 75 millones, respectivamente.
6 En referencia a las Asociaciones Publico Privadas.
7 Fecha de Aprobación Final del PCR: Junio de 2009.

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a) Presupuesto por resultados, seguimiento y evaluación del gasto público. Mejorar y modernizar el sistema
de gestión presupuestaria a fin de generar incentivos para optimizar la asignación y ejecución de recursos, y lograr
un incremento en la disponibilidad y uso de información sobre el desempeño de los Programas de la administración
pública.
b) Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). Modernizar y agilizar el SNIP mediante mejora de los procesos
de análisis, priorización, ejecución, monitoreo y evaluación de PIP, para mejorar su eficiencia y calidad en un
momento de descentralización del sistema.
c) Mejora de la calidad normativa. Mejorar la transparencia y eficiencia de las normas en general a través de la
adopción de un esquema institucional y operativo de procedimientos de filtro para el control de la calidad de estas,
incluyendo la aplicación de la metodología de análisis de impacto económico.
d) Gestión administrativa y financiera. Ordenar y simplificar los procesos administrativos relacionados con los
sistemas transversales de gestión según la normatividad emitida por sus órganos rectores, tales como la logística,
adquisiciones, servicios administrativos y control interno.
Los objetivos específicos de este componente, para cada operación fueron:
Operación 1 (2005). Definición de una estrategia e instrumentos para el desarrollo de un presupuesto por resultados
y la adecuación de modelos de convenios de administración por resultados (CARs), el mejoramiento de las
instancias de priorización y programación de las inversiones públicas, el desarrollo de esquemas institucionales para
el control de la calidad normativa y la modernización de los sistemas de logística y control patrimonial.
Operación 2 (2006). Iniciar la implantación de un presupuesto por resultados, seguir avanzando en las mejoras en la
priorización y gestión de la inversión pública, ampliar la cobertura de los mecanismos de control de la calidad
normativa y modernizar los sistemas transversales de gestión financiera y de compras.
Operación 3 (2007). Ajustar el modelo de presupuesto por resultados; apoyar la descentralización del SNIP;
continuar implementando los mecanismos de evaluación y control de la calidad normativa y hacerlos sostenibles; y
seguir modernizando los sistemas administrativos de gestión financiera, compras públicas y de planillas de personal.
Los principales resultados en cada una de estas líneas de política fueron:
Presupuesto por Resultados, Seguimiento y Evaluación del Gasto Público. Entre el 2002-2006 fueron
suscriptos 239 CARs con unidades operativas del gasto de las diferentes instancias de Gobierno, los cuales eran
revisados por la Contraloría General de la República para la verificación del cumplimiento de las metas acordadas y
la autorización del pago de bonus correspondientes. Posteriormente la metodología de CAR fue ajustada, a fin de
perfeccionar su aplicación con incorporación de indicadores de calidad de servicio y transparencia, más integrados
con otros instrumentos de gestión del sector público. A fines de 2006 se aprobaron dos leyes que definieron el
marco de política para mejorar el sistema de gestión presupuestaria e incorporaron los elementos básicos para la
implantación del PpR, instruyendo un proceso de implementación progresivo en todas las entidades de la
administración pública. Adicionalmente se creó por Ley el Fondo concursable de Promoción a la Inversión Pública
Regional y Local (FONIPREL). Por fin, diversos instrumentos fueron desarrollados y aplicados durante este período,
tales como el Sistema de Seguimiento y Evaluación del Gasto Público (SSEGP), El Plan de Acción de Gestión para
Resultados (GpR) y el Piloto de Evaluación Institucional.
Sistema Nacional de Inversión Pública. El SNIP se implantó y sigue funcionando en los tres niveles de gobierno
(en todos los sectores del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y más de 470 Gobiernos Locales). Desde su
creación en el año 2000, se cuenta con más de 30.000 PIP declarados viables y 10.000 profesionales capacitados
en la evaluación social del SNIP. En diciembre de 2006 fue descentralizada la responsabilidad de declaratoria de
viabilidad de los PIP hacia los sectores del Gobierno Nacional y a los Gobiernos Regionales y Locales. No obstante
lo anterior, el MEF, a través de la Dirección General de Programación Multianual (DGPM), sigue siendo la máxima
autoridad técnico-normativa del SNIP, que establece las normas técnicas, guías y los niveles mínimos de estudio
requeridos, y mantiene la facultad para evaluar y declarar la viabilidad de los proyectos con endeudamiento o que
requieran aval o garantía del Estado. La estrategia de iniciar el SNIP de forma centralizada y después de avanzar en
el desarrollo de metodologías y capacitación en análisis de viabilidad y evaluación, y posteriormente descentralizar
de forma gradual y monitoreada la operación del Sistema, ha garantizado una consistencia general del SNIP.
Calidad Normativa. Fueron desarrollados diversos pilotos a fin de introducir como requerimiento para la aprobación
de normas del Gobierno Nacional el sustento económico y legal correspondiente que, en suma, incorporó las

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lecciones aprendidas de los estudios de viabilidad de PIPs, consolidados en el Manual para el Análisis Económico y
Legal de la Producción Normativa del MEF.
Gestión Administrativa. Con objetivo de ordenar y simplificar procesos relacionados a los sistemas transversales
de gestión (o Sistemas Administrativos del Estado) se definió una estrategia gradual iniciada con la modernización
del SIAF-SP (Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público), seguida de la inclusión de otros
sistemas adicionales. El MEF avanzó significativamente en la modernización de varios sistemas administrativos,
tales como el de control de las Planillas de Personal (nóminas); el SIAF (incluyendo el Plan Contable y la Cuenta
Única del Tesoro); y en las Compras y Contrataciones Públicas (incluyendo los ámbitos institucionales en
CONSUCODE y el desarrollo y aplicación de nuevas técnicas tales como las compras corporativas agregadas).
En cuanto a Gestión del gasto público en el contexto de la descentralización, sus objetivos específicos fueron:
Operación 1 (2005). Generar un marco normativo que permitiera el equilibrio de los ingresos transferidos a los
gobiernos subnacionales a partir de la creación de un fondo de estabilización fiscal y promover los procesos de
descentralización y mejora de la calidad de los sistemas de gestión de la inversión pública en estos niveles.
Operación 2 (2006). Avanzar en la estabilización fiscal subnacional; promoviendo la sostenibilidad de los índices de
actividad económica regional; definiendo criterios para una readecuación presupuestaria por incentivos; y mejorando
las capacidades de análisis de inversiones en los Gobiernos Regionales.
Operación 3 (2007). Avanzar en la estabilidad de la ejecución de las transferencias a los Gobiernos Regionales y
Locales y fomentar una mejor compensación regional; promover la sostenibilidad de la elaboración de los índices de
actividad económica regional; iniciar la implantación de los criterios para una readecuación presupuestaria por
incentivos; y seguir mejorando las capacidades de de análisis de inversiones en los Gobiernos Regionales.
Los principales resultados en cada una de estas líneas de política fueron:
Estabilización fiscal y crecimiento económico regional. El Fondo de Estabilización de Transferencias efectuadas
a Gobiernos Regionales y Locales, originalmente planteado por el MEF en el primer proyecto, no recibió el apoyo
político necesario en el Congreso para aprobarse. Sin embargo, otros factores y medidas contribuyeron a alcanzar
resultados similares, tales como la aplicación de los sistemas técnicos-administrativos, la creación del FONIPREL y
la activación del Fondo de Compensación Regional (FONCOR). Actualmente, como los Gobiernos Regionales y
Locales usan la Cuenta Única del Tesoro en el Banco de la Nación para manejar las transferencias provenientes del
Gobierno Central (y reciben intereses del Tesoro por los saldos), no existe más el problema identificado inicialmente
del costo de oportunidad de los saldos transferidos y no ejecutados rápidamente. En cuanto a los Índices de
Actividad Económica Regional del 2006, conforme acordado con el MEF, el Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI) ha calculado el Producto Bruto Interno por Departamento para el 2006, publicado la serie 2001-
2006, y tiene previsto continuar con este trabajo de aquí en adelante.
Readecuación presupuestaria por incentivos. Sobre la línea de políticas para la Readecuación Presupuestaria
por Incentivos, en diciembre de 2006 se publicaron los lineamientos para la identificación y cuantificación de los
recursos asociados a la transferencia de funciones, fondos, programas y proyectos a los Gobiernos Regionales y
Gobiernos Locales, que establecía que los diversos sectores ministeriales cuantificaran los costos de las funciones
que serían descentralizadas hacia dichos Gobiernos. Complementariamente, en febrero 2007, se aprobó el Decreto
de Urgencia 005-2007, previendo las necesidades futuras de transferencia de personal de los diversos sectores en
el proceso de descentralización, y se presentó al Congreso un proyecto de ley modificatorio de la Ley No.276 con el
mismo objetivo.
SNIP en el nivel regional. La calidad del gasto de inversión pública en este nivel de gobierno sigue avanzando,
debido principalmente a la masiva asistencia técnica y capacitación a los Gobiernos Regionales y Locales, con más
de seis mil funcionarios entrenados en los últimos años, y diversas guías metodológicas y procedimientos
publicados en la página web del MEF. Para monitorear la calidad del mencionado gasto, el MEF a través de la
DGPM, efectúa evaluaciones muestrales sobre calidad de las declaraciones de viabilidad que otorguen los órganos
competentes del SNIP, incluyendo Gobiernos Regionales y Locales, lo que permite verificar el referido avance y
tomar acciones correctivas.
A la fecha, Octubre del 2015, se encuentran en vigencia formalmente vía normas y regulaciones, instrumentos
como: Programa multianual de inversión pública, programación multianual del presupuesto, marco macroeconómico
multianual y el plan estratégico institucional, instrumentos todos ellos por periodos de tres años de proyección, a los
que debe incorporarse el Plan Estratégico Sectorial Multianual con un horizonte de cinco años, y otros planes de

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carácter subnacional y nacional de horizonte de planeamiento indefinido, si bien aún persiste como el indicador más
empleado y representativo de la gestión y la calidad del gasto el avance financiero8, expresado como indicador de
eficacia de gasto.
IV. A modo de conclusión.
En algunas economías, sobre todo de carácter más desarrollado sea económicamente o políticamente, como OECD
o México, la calidad del gasto por ejemplo, tiene un fuerte componente de Transparencia o de disponer información
pública accesible y amigable, pero contar con información no asegura la calidad del gasto en una sociedad donde la
oferta de información no tiene consumidores habituados, ni todo dato publicado muestra más de lo debido.
De allí que el comparar la eficacia en el cumplimiento de objetivos y eficiencia relativa en el grado de razonabilidad
fiscal del gasto—con la de otros países— en la provisión de servicios públicos se pierde posiciones por la diferencia
en el mercado de uso de información y de análisis crítico con incidencia política.
Ello puede explicarse por la concurrencia de eventos diferenciables: 1) porque otros países han sido más diligentes
en la aplicación de los procesos de mejora de gestión, lo que no configura una garantía de ser golpeados de igual o
peor forma por los fenómenos económicos (véase el caso Chile), lo que puede ser percibido incluso habiéndose
incorporado mejoras legitimadas, éstas resultarían insuficientes al compararlas con las obtenidas por otros países
más dinámicos. o, 2) por un deterioro evidente de las condiciones internas de la prestación del bien o servicio
público, sea del nivel central o del nivel subnacional, en este caso de cara a la transferencia de competencias y
funciones, incluso si por razones técnicas con el tiempo se van deteriorando los niveles de calidad de los servicios
que reciben los ciudadanos.
Por ello determinar cuál debiera ser el nivel deseable de la provisión de bienes y servicios públicos es resultado de
una decisión social que involucra y corresponde enfrentar a los ciudadanos con derecho a voto. Paralelamente a la
actualmente reeditada demanda de nuevos esfuerzos para recuperar los niveles previos de ingresos fiscales, se ve
imperativo no solo argumentar la legalidad sino exaltar la legitimidad en pos de la confianza ciudadana y de los
inversionistas, para dotar de viabilidad a medidas que pueden ser ásperas por el lado de los ingresos o restrictivas
por el lado del gasto.
Economista Alfredo Espinal, Especialista en Economía Pública y Planificación Regional. Diplomado de Diseño y Evaluación de
Proyectos Sociales - Pontificia Universidad Católica, Perú; Magister en Economía Empresarial y Regional, Universidad Nacional
Mayor de San Marcos, Perú. Docente Universitario de Post Grado, Maestría en Economía, Mención en Gestión y Políticas
Públicas.
Email: gobernaphenom@gmail.com
Artículo publicado en la Revista Gestión Pública y Desarrollo, Año IX - Nº 99, Octubre 2015, Ediciones Caballero Bustamante,
Perú (www.gestionpublica.org.pe)
Portada: http://elcomercio.pe/peru/cajamarca/cidh-rechazo-pedido-dejar-sin-efecto-proyecto-minero-conga-noticia-
1728004?ref=nota_peru&ft=mod_leatambien&e=foto
8 Este indicador se mide con el ratio: gasto devengado/PIM, tal como se explica en el Portal de Transparencia del MEF- Consulta Amigable.

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Referencias:
1. Barrios, Salvador & Schaechter, Andrea; (2009), "Gauging by numbers: A first attempt to measure the quality of
public finances in the EU", Economic Papers 382, July 2009, Economic and Financial Affairs, European
Commission.
2. Araneda Dörr, Hugo; (1980, tercera edición actualizada), “Finanzas públicas”, Editorial jurídica de Chile,
Universidad de Chile.
3. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD; (2006). “Las nuevas finanzas públicas: respondiendo a
los desafíos mundiales”, Nueva York, Oxford University Press.
4. Armijo, Marianela & Espada, María Victoria; (2014), “Calidad del gasto público y reformas institucionales en
América Latina”, División de Desarrollo Económico de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL), en el marco de las actividades del proyecto CEPAL/GIZ (Cooperación Alemana).
5. Organisation for Economic Cooperation and Development; (2008), “Making Fiscal Policy Work for Development
in Latin America”, OECD observer, Policy brief. http://www.oecd.org/dev/41578230.pdf
6. González Calbet, Luis & y Salinas Jiménez, Javier; (2005), “La gestión del gasto público orientada al impulso de
la productividad”, Presupuesto y Gasto Público 39/2005, Secretaría General de Presupuestos y Gastos, Instituto
de Estudios Fiscales, Gobierno de España, España.