Bajo las reglas generales de los procesos de producción, aunque con la obvia diferencia del resultado final esperado (el margen de utilidad económico será incentivo privado, y la creación de valor público, será incentivo social del Estado), el factor Trabajo es uno de los actores sustanciales de la producción, también para el Estado, pero a su vez este tiene diferencias con el sistema normativo que regula las relaciones laborales en el Sector Privado: El tamaño del empleo de una empresa se relaciona con los niveles de eficiencia, vinculación al nivel de tecnología o expertise de la actividad y a la tasa de beneficios que la actividad genera, en competencia con su rubro en el mercado local de productores y con productos importados; en el caso del Estado, está relacionado con la asignación del Gasto Público que se financia con nuestros impuestos (personas naturales y jurídicas), y los indicadores de equilibrio fiscal y estabilidad económica macro. Cuando el Estado decidió ser Gerencia y ya no Burocracia, asumió el D. Leg, Nº 728, régimen laboral privado, para sí mismo (por nivel remunerativo?) conviviendo con los regímenes laborales “del pasado”; rigidizó el acceso laboral y por ende, igualmente creo salidas marginales (CAS, FAG y similares). En enero 2013, el Poder Ejecutivo envía al Congreso un proyecto de Ley para “Promover un Servicio Civil Meritocrático”, y en el camino el mismo Poder Ejecutivo no aclara, o no percata, que tiene el mandato de proponer una nueva Ley de la Carrera Publica, Ley de los funcionarios públicos y empleados de confianza, etc., derogando, en cómodos plazos en cambio, la vigente Ley Marco del Empleo Público.

1. Innovación en la
Gestión Pública:
entre la reforma y
modernización.
agosto 21
2015
Bajo las reglas generales de los procesos de producción, aunque con la obvia
diferencia del resultado final esperado (el margen de utilidad económico será
incentivo privado, y la creación de valor público, será incentivo social del
Estado), el factor Trabajo es uno de los actores sustanciales de la producción,
también para el Estado, pero a su vez este tiene diferencias con el sistema
normativo que regula las relaciones laborales en el Sector Privado: El tamaño
del empleo de una empresa se relaciona con los niveles de eficiencia,
vinculación al nivel de tecnología o expertise de la actividad y a la tasa de
beneficios que la actividad genera, en competencia con su rubro en el
mercado local de productores y con productos importados; en el caso del
Estado, está relacionado con la asignación del Gasto Público que se financia
con nuestros impuestos (personas naturales y jurídicas), y los indicadores de
equilibrio fiscal y estabilidad económica macro. Cuando el Estado decidió ser
Gerencia y ya no Burocracia, asumió el D. Leg, Nº 728, régimen laboral
privado, para sí mismo (por nivel remunerativo?) conviviendo con los
regímenes laborales “del pasado”; rigidizó el acceso laboral y por ende,
igualmente creo salidas marginales (CAS, FAG y similares). En enero 2013, el
Poder Ejecutivo envía al Congreso un proyecto de Ley para “Promover un
Servicio Civil Meritocrático”, y en el camino el mismo Poder Ejecutivo no
aclara, o no percata, que tiene el mandato de proponer una nueva Ley de la
Carrera Publica, Ley de los funcionarios públicos y empleados de confianza,
etc., derogando, en cómodos plazos en cambio, la vigente Ley Marco del
Empleo Público.
Articulo 63

2. Página1
Innovación en la Gestión Pública: entre la reforma y modernización.
Por Mag. Econ. Alfredo Espinal
Sumario.
En el largo camino de la transformación de las sociedades y economías latinoamericanas, y especialmente a partir de la
crisis internacional de los años 1973-1974 por el aumento del precio del petróleo, hasta agosto de 1982, con el cese de
pagos unilateral de deuda externa de México, la evidente necesidad de un cambio institucional de claras repercusiones
en lo estructural y funcional no se plasmó sino hasta fines de1989 con el llamado “Consenso de Washington”, premisa
con que se instituyó términos tales como reforma, liberación, desregulación, racionalidad. Ello dio nacimiento a procesos
diversos de cambios del rol del Estado y sus dimensiones (reforma) y formas de gestión y prestaciones (modernización),
como rasgos principales, pero a la actualidad la vigencia de las olas de cambio ha perdido fuerza y su utilidad no parece
ya suficiente, dado el cambio de entornos, condiciones y de globalización en velocidades mayores a la de los cambios y
la adaptación de los gobiernos a cargo de tales, siendo sin embargo cada vez más claro que la velocidad de respuesta y
de reflejos demanda la innovación como sucedáneo eficaz a la reforma y solución imperfecta pero viable (segundo
mejor) a la modernización, pero al ser su ambiente y génesis natural el ámbito privado, su adopción por el sector público
a la gestión pública, está igualmente expuesta al acoso funcional y penalización por el sistema de control. Este análisis y
los derivados, nos proveen de una base conceptual y positiva (lo que es) para entender este proceso.
I. El espacio de la innovación en los asuntos públicos.
Habíamos adelantado el escenario en el cual surge la innovación como un mecanismo de “solución” entre las complejas
negociaciones políticas y peligrosas reingenierías socioeconómicas para la reforma del Estado, y la modernización de
sus procesos de gestión y definición de modelos de actuación del gobierno, lo cual nos lleva a establecer con un mayor
detalle, estas configuraciones. Empezaremos por la reforma del Estado.
Jiménez Castro (2006, pág.107-108) citando a Nicolás Arditto establece que: “El descontento popular con el desempeño
del Estado en muchos países, y el reconocimiento de las limitaciones de la acción estatal por parte de los estudiosos del
crecimiento económico, han generado un clima propicio para la desregulación y la revisión del (papel) del estado en la
economía, que por cierto, no excluye a América Latina. La relación negativa entre el tamaño del Estado y el crecimiento
ha sido la fuerza impulsora de una serie de reformas en el último decenio. Estas reformas, promovidas ente otros por el
Banco Mundial, han enfrentado oposición desde el punto de vista ideológico. Además, la evidencia empírica que
respalda esa relación negativa ha sido cuestionada en revistas académicas. Con relación al tamaño del estado se ha
discutido mucho, tanto respecto a si este es grande o chico, como su innegable crecimiento a partir de inicios del siglo
ha sido beneficioso o no. No obstante, está muy difundida la opinión de que el sector publico necesita hoy una reforma
aunque no hay acuerdo respecto a si tal ha de ser de procedimientos o estructural. Existen dos líneas de razonamiento
que podrían llevar a relativizar la importancia del impacto económico atribuido al crecimiento del Estado. Un primer
argumento seria aceptar el hecho de que la intervención estatal disminuye el crecimiento del producto como una
consecuencia obvia de que el objetivo prioritario para la acción del Estado debe ser una mejor distribución del ingreso.
Por lo tanto, el éxito o fracaso de dicha intervención debe medirse en función del logro de este último objetivo, y no en
función del crecimiento alcanzado. La segunda línea de argumentación se estructura a partir de la constatación de que
el crecimiento del Estado ha sido un fenómeno mundial, que en los países subdesarrollados no ha ido tan lejos como en
los desarrollados y que, por tanto, no puede encontrarse aquí la explicación para el subdesarrollo (en forma apresurada,
se podría incluso plantear la posibilidad inversa…). Más allá de discusiones de carácter teórico, el efecto que tiene el
aumento del tamaño del Estado sobre el crecimiento económico de un país, es en esencia, un tema eminentemente
empírico y así debe analizarse. Lamentablemente, es abordado más bien, desde posiciones ideológicas impermeables a
la evidencia empírica”. Sobre tal reflexión el autor citado afirma “Existe un criterio bastante generalizado que la reforma
del Estado debería orientarse a lograr que sus objetivos fuesen: desarrollar las capacidades del Estado para formular
correctas políticas públicas; consolidar en forma sólida la institucionalización de sus labores; evitar las crisis económicas
recurrentes; eliminar la pobreza extrema de grupos y personas actualmente marginadas de los bienes del desarrollo
integral, pues también un analfabeto lo está en aspectos educativos, culturales, económicos, sociales y políticos; evitar
tener que aceptar reestructuraciones impuestas desde el exterior; constituirse en régimen de consultas y promotor de la
negociación y concertación sobre aspectos prioritarios; promover su modernización; fortalecer la democracia, la eficacia
y eficiencia; canalizar justificadas reformas políticas; desconcentrar y descentralizar actividades que lo ameriten;
fortalecer el estado de derecho, y la profesionalización del funcionario público, etc.”.
Abordemos lo correspondiente a la Modernización, término sobre el que se han establecido como en las composiciones
musicales, “variaciones sobre el tema”. En la literatura especializada y en el lenguaje tecnócrata (o profesional) se aplica
en forma indistinta y literal a la “Modernización del Estado”, “Modernización de la gestión pública” o “Modernización de la

3. Página2
gestión (pública) del Estado”, lo cual puede dar a entender que Estado y Gobierno como el sujeto activo de la acción (de
la modernización), son lo mismo, lo cual disiente de la conceptualización política y práctica institucional vigente (Estado
es una entelequia de trascendencia mayor en el tiempo, en el contrato social y pináculo de toda la construcción política
y social; Gobierno, de menor duración y determinado acorde a las formulas establecidas en la construcción del Estado,
ejecuta los mandatos de tal y sus propuestas para resolver los problemas derivados del rol del Estado), como evidencia
el análisis de Marcel (2006, pág. 4) precisando: “Sin embargo, el vuelco clave o el momento más importante en reforma
del Estado en los últimos años ocurrió entre fines de 2002 y comienzos de 2003. Los escándalos en torno al Ministerio
de Obras Públicas, CORFO-Inverlink, y también el cuestionamiento que desde el mundo de los analistas se hizo sobre
las cifras fiscales, si bien muchos lo percibieron como algo injusto, también fue un gran incentivo, un gran impulso para
seguir adelante y producir un salto en este proceso de reforma. La oportunidad política para hacerlo llegó con los
acuerdos para la reforma del Estado de enero de 2003. Si bien en rigor en ese momento no se inventó la reforma del
Estado, muchas de las ideas que estaban circulando y muchas de las iniciativas que estaban en marcha pasaron a una
escala y a un nivel de visibilidad totalmente diferente del que tenían hasta entonces. La agenda de los acuerdos para la
reforma del Estado de 2003 fue prácticamente en su totalidad generada desde el gobierno. En ese entonces se habían
iniciado contactos entre el Ministro del Interior, José Miguel Insulza, y la oposición, y se hizo necesario poner contenido
a la reforma. Fue así como, rápidamente, sobre la base de los temas que se habían estado trabajando en el Ministerio
de Hacienda y los temas que habían surgido en la Comisión de Reforma del Estado en el CEP, se produjo una lista de
algo así como 20 ó 25 iniciativas, todas las que finalmente se incorporaron a ese acuerdo político. Como paso siguiente,
en un plazo de no más de seis meses se tuvieron alrededor de 10 proyectos de ley aprobados en el Congreso, entre los
que se cuentan los de la Ley sobre Nuevo Trato y Alta Dirección Pública, Ley de Compras Públicas, Ley sobre Límite y
Financiamiento de Gasto Electoral y la creación de la Comisión Permanente Mixta de Presupuestos. Todo esto permitió
que a lo largo del gobierno de Lagos se hayan desarrollado cerca de 40 iniciativas en reforma del Estado, muchas de
ellas de carácter transversal, como el sistema de control de gestión ligado al presupuesto y la reforma en los temas de
recursos humanos. También se impulsaron varias iniciativas de carácter sectorial, como las reformas profundas en lo
que es el sistema de administración de justicia, y la reforma al sistema de salud, materializada en el Plan AUGE (Plan
de Acceso Universal con Garantías Explícitas), y la ley de autoridad sanitaria, que significan un cambio muy profundo en
la manera en la que el sector público de salud chileno va a funcionar en el futuro. Se han logrado además reformas en el
ámbito de la defensa, siendo la reestructuración producida al interior del Ejército probablemente uno de los procesos
más interesantes de reforma del Estado vivido en nuestro país en los últimos años”, ratificando así tal visión trilateral, en
este caso, establecer temáticas que más bien se corresponden con mecanismos de modernización, pero que adscriben
como de la Reforma del Estado. Para modernizar, o como se infiere de su descriptor de atributos, el actualizar y adoptar
nuevos y mejores procesos para las prestaciones de servicios y bienes públicos –lo que implica la eficacia, eficiencia y
equidad– adoptamos de Gaete Quezada (2008, pág. 45) las características de tal proceso modernizador: “Finalmente,
Savas (2008:27) señala que las ideas fundamentales de la nueva gestión pública, con las respectivas variaciones en
cada país, en términos generales abarcan los siguientes principios: 1) Regreso a las funciones básicas del Gobierno,
traspasando las demás al sector privado; 2) Restauración de la sociedad civil, creando comunidades de ciudadanos y
no de clientes; 3) Adopción de los principios de mercado (competencia, privatización, desregulación, pago de servicios
por parte de los usuarios y estrategias de precios); 4) Descentralización y delegación de competencias, especialmente
hacia las administraciones locales donde el contacto con los ciudadanos es más directo y cotidiano; 5) Focalización en
la gerencia, con especial énfasis en los procesos de evaluación; 6) Un Estado de proporciones óptimas. Ampliación de
algunas organizaciones estatales, reducción de otras; y, 7) Institucionalización del gobierno electrónico y otras nuevas
tecnologías. De esta manera, en los principios identificados por Savas se vislumbran importantes argumentos para
incorporar a las prácticas de la gestión pública el concepto de responsabilidad social, que permita asumir estos
procesos de cambios que se generan en el Estado en todas partes del mundo con un énfasis en la asunción de un
comportamiento organizacional que ofrezca un especial tratamiento de los impactos y consecuencias que las acciones
de la organización generan en sus stakeholders”. Es a ese proceso que corresponden mecanismos como los adoptados
en el caso del Perú, en materia de la Modernización de la gestión pública (bajo la orientación establecida en el Decreto
Supremo Nº 004-2013-PCM) bajo un marco1 de lineamientos institucionales.
A tenor de lo examinado surgen tres fuertes interrogantes para la construcción de decisiones (aspectos relacionados a
la definición del diagnóstico, la consistencia entre problema y solución, y de las posibilidades viables de implantación –el
óptimo o el segundo mejor–), la construcción de acciones (cuestiones instrumentales no “explicadas” por la política o por
el comportamiento “esperado” de los acontecimientos) y la interacción entre la organización y sus propósitos:
a. Establecer las soluciones alternativas si los recursos puestos en juego para implantar los mandatos de las políticas
públicas, están disponibles en la forma u oportunidad previstas, o si no fueron parte de los insumos de la solución;
b. Si los tiempos establecidos entre acción y resultados se desajustan, no fueron definidos o resultan inconexos; y,
1 A saber 1. Planeamiento Nacional, de desarrollo concertado (si lo hubiere), estratégico Institucional y operativo; 2. Presupuesto para resultados; 3.
Gestión por procesos, simplificación administrativa y organización institucional; 4. Servicio civil meritocrático; 5. Sistema de información, seguimiento,
evaluación y gestión del conocimiento; 6. Gobierno abierto; 7. Gobierno electrónico; 8. Articulación interinstitucional.

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c. Adoptar decisiones en mecanismos y procedimientos que resulten en mejor alternativa a los vigentes, bajo contexto
de riesgos respecto a los marcos formales y administrativos que regulan a los vigentes.
Lo señalado no es sino una tipología muy general de las situaciones de cambio y de la continua adaptación a las que el
gestor público, en especial los que tienen capacidad de decisión y representación, se enfrentan al conciliar de un lado la
estructura funcional (competencias-funciones) y organizacional (estructura y funciones sustantivas-administrativas), con
las demandas de la ciudadanía y población bajo sus respectivos ámbitos, sean estos sectorial o territorial.
De esa práctica ordinaria, debe surgir algún tipo de patrón, búsqueda de referentes para adoptar-adaptar o de lecciones
aprendidas, de propuestas de cambio de regulaciones, abandono de algunas de ellas o creación de otras, que a su vez
y dependiendo de las iteraciones que han despertado el interés por cambios en las regulaciones (léase el marco formal
o procedimientos al interior de la organización) se convertirán en nuevas o mejores rutinas o serán soluciones únicas; tal
categoría (soluciones únicas) será en lo sustancial el mejor ejemplo de la innovación, pero no todas las soluciones serán
igualmente destacadas y excepcionales (en oposición a las mejores y nuevas rutinas) aunque su efecto será parte de un
resultado (mejor, más expeditivo, menos complicado o costo-eficiente) al cual su aporte se hará invisible, excepto quizá
al interior de la organización y de la unidad orgánica o área dentro de esta, que conoce de tales aportes. La motivación y
las formas de caracterizarla, y premiar, son parte de tales procesos, de creación de mejores actos.
De la actitud hacia la generación de soluciones ante lo imprevisto o lo ausente, y por supuesto la aptitud, surgirá aquello
que se denomina Innovación.
II. La innovación como proceso.
Como bien señala Ballart (2001, pág. 18-21) “La innovación implica nuevas ideas: La existencia de una nueva idea que
se intenta llevar a la práctica para obtener un nuevo producto, proceso o servicio. La innovación presupone además la
generación, el desarrollo o la adaptación de una idea nueva que debe ser transformada en una realidad tangible. La
innovación implica también la «generación de nuevos comportamientos o de nuevas prácticas, la aparición de nuevas
posibilidades y oportunidades», pero la innovación debe merecer una novedad para el individuo, la organización o la
sociedad que la adopta a pesar de que esta novedad no sea absoluta en el sentido de su uso originario. Es decir, no es
necesario que la idea sea nueva en un sentido objetivo. (…) En segundo lugar, el concepto de innovación está
estrechamente relacionado con el de cambio. Por un lado, porque la innovación facilita la adaptación de los individuos y
de las organizaciones a los cambios rápidos y profundos que experimentan las sociedades contemporáneas. El
esfuerzo innovador permite dar respuestas más satisfactorias a la demanda del mercado y de los consumidores (o
electores en el caso del sector público, estimular el desarrollo económico, mejorar el rendimiento y la competitividad de
las empresas (o eficacia y eficiencia de la administración pública y repercutir positivamente en la calidad de vida. En
tercer lugar la innovación es a la vez un proceso y un resultado. Es decir, la innovación puede ser analizada como un
proceso que consta de distintas fases durante las que se produce una transformación progresiva de la idea en algo
que en última instancia se vende o se utiliza, o como el resultado final de todo este proceso. En cuarto lugar La
innovación es un fenómeno complejo, sistémico, que depende de la confluencia de muchos factores y protagonistas, de
las relaciones que se dan entre ellos y de las capacidades e infraestructura que en conjunto facilitan el proceso. Si bien
son las organizaciones y quienes trabajan en ellas los actores principales de la innovación, requiere del desarrollo de
una comunidad y una dinámica permanente que permita aprovechar los recursos disponibles desde las emergentes
nomenclaturas que se comienzan a moldear en lo que se refiere a la sociedad de la información, el Estado Red y los
nuevos espacios de aprendizaje y colaboración producto de la llamada gestión del conocimiento, del Estado, Gobierno,
Gestión Pública”. Aquí tenemos muy enriquecedores temas controvertidos que tal cita al profesor Ballart facilita: i. Tales
nuevas o mejores prácticas lo son (o deben serlo) desde el punto de vista del interior de la organización o deberían serlo
como un entregable de esa organización a sus consumidores en forma de prestaciones o bienes públicos, pues podría
tratarse de los mismos entregables pero con mejor costo-eficiencia, calidad o mecanismos de asignación; ii. Hay que
resolver la controversia entre simplificación e innovación en las formas de hacer o procesar, pues el reduccionismo
puede también vestirse de nuevo procesos y resultado (menos trámites y requisitos) e interpretarse que menos es más
(calidad de vida derivada) afectando el propósito de la regulación; iii. Deberá atenderse la naturaleza de la innovación
según proceda desde el ámbito funcional (que refleja el propósito institucional o razón que justifica la creación del
organismo) o desde el administrativo (sistemas de gestión interna y de relación con mercado de los bienes privados –
abastecimientos, proyectos–, de servicios profesionales –consultores, asesores–, o globales –deuda pública, inversión
extranjera, tratados comerciales–) y con ello la aceptación o rechazo a la innovación, como evidencia de “resultados” del
funcionario responsable o desafíos a la lógica regulatoria prevaleciente; iv. Evaluar las olas de innovación en sentido de
si refina mecanismos y procedimientos que responden a soluciones implantadas por políticas públicas indeterminadas o
lo que equivale a elegancia en procesos y procedimientos que obedecen a la mejor solución, sin abordar el dilema que
plantea el problema de políticas públicas que actúan sobre problemas mal definidos; v. Determinar porque surge y como
se caracteriza la innovación, si es por creación, adaptación, por adopción o por azar.

5. Página4
Dado que el objetivo general de las actividades del sector público deben ser el incremento del bienestar y mejor calidad
de vida de sus ciudadanos, tiene sentido centrarse en los cambios de comportamiento que contribuyen a la consecución
de estos objetivos. Por lo tanto se define la innovación como hacer algo diferente y deliberadamente con el fin de lograr
ciertos objetivos o bien, cambios deliberados en el comportamiento con un objetivo específico en mente. En este sentido
es concordante lo indicado con el análisis de Vicente Ramírez-Alujas (2011, pág. 14): “A ello agregan que “con el fin de
aprender e innovar, los actores deben interactuar con los demás, ya sea en organizaciones o a través de variadas
fuentes de información, contacto y aprendizaje compartido” (Koch y Hauknes, 2006:9). Por otro lado, Currie et al (2008)
definen la capacidad de innovación (innovativeness) en el contexto del sector público como la búsqueda de soluciones
creativas, inusuales o nuevas a los problemas y necesidades, incluyendo nuevos servicios y formas de organización y
mejora de los procesos . Así, se asocia la capacidad de innovación con el asumir riesgos (la voluntad de sustentar un
riesgo moderado en la asignación de recursos para abordar y hacer frente a las oportunidades que se visualizan) y con
la “proactividad” (asegurar las funciones del emprendimiento a través de la previsión, anticipación y prevención de
problemas antes de que ocurran, el exhibir perseverancia, demostrar adaptabilidad y asumir las responsabilidades del
fracaso).Una mirada complementaria a las anteriores nos entrega el Proyecto IBM-CEPREDE (2006) donde se concluye
que “la innovación, debería ser definida en un sentido más amplio, como todo proceso de generación y aplicación de
nuevas ideas capaces de mejorar la operatividad de las instituciones y elevar el nivel de vida de una sociedad”. Visto
así, “innovar sería aquel proceso de cambio es capaz de generar valor” (CEPREDE, 2006:11), más allá de las fronteras
de lo público, lo privado y lo social. En síntesis, se plantea “que abarcaría todo cambio en la actividad productiva de un
país que redunde en la mejora de la productividad, la eficiencia y la calidad, y que acabe aportando valor, riqueza y
calidad de vida”. Mulgan enfatiza: “Cuando las organizaciones públicas toman la innovación en serio - y no como una
opción adherida, sino más bien como parte integrante del buen gobierno – ello no sólo las reactiva en sí mismo.
También les devuelve las motivaciones subyacentes del servicio público - que en su mejor momento no sólo es hacer el
bien (a la sociedad), sino también tratar de hacerlo siempre mejor” (Mulgan, 2007:28)”.
El mismo Vicente Ramírez-Alujas señala que hay diversas clasificaciones de la innovación que han sido desarrolladas
en los últimos años (Ramírez-Alujas, 2010). Una tipología común aplicable al sector privado y sector público distingue
entre tres tipos de innovación (ANAO, 2009a y2009b; Mulgan y Albury, 2003):
a) La de procesos;
b) La de productos y/o servicios; y
c) La de estrategia y/o política.
De manera adicional, es posible encontrar otros dos tipos de innovación (específicamente en el plano de la cuestión
pública) referidas a la prestación de servicios y a la interacción más amplia con todo el sistema. Veamos a continuación,
brevemente, a qué se refiere cada una de ellas:
La innovación de procesos. Una de las más conocidas, llegó a ser fundamental como resultado de los movimientos de
mejora continua y calidad. Se refiere a la formas a través de las cuales se mejoran y/o generan nuevos procedimientos
internos, nuevas políticas de gestión y formas de organización, etc.
Innovaciones en Servicios y Productos. Resulta de cambios en las características y diseño de servicios y productos
una de las dificultades más relevantes y exógenas a la innovación misma se refiere a las variables contextuales bajo las
cuales es inducida esa innovación; el modelo, este debe definir qué es lo que se espera de la actuación pública, cuánto
de producción propia –prestaciones y bienes públicos– y cuanto de producción privada, o que combinación de ambos se
establecerá como señal al mercado o meta a los destinatarios).
Innovaciones en el ámbito de la estrategia y políticas. Se refiere al cambio en las declaraciones de misión, objetivos,
estrategias y fundamentos que justifican cambios sustantivos en las orientaciones de políticas y trayectoria operacional
de la organización.
Innovación en la provisión y entrega de servicios. Se refiere a formas nuevas o modificadas en la prestación de
servicios u otras maneras interactuar con los usuarios.
Innovación en nuevas formas de interacción con el sistema o la mejora de la interacción con otros actores y bases de
conocimiento. En este ámbito quedarían los cambios en la gobernanza y formas de relacionamiento entre actores e
instituciones (relaciones intergubernamentales, gestión de redes, transversalidad).
Otra manera de conceptualizar y clasificar la innovación hace referencia a sus diferentes niveles que, a su vez,
reflejarían sus diversos grados de impacto en la sociedad. La clasificación más comúnmente aceptada en este sentido
va del rango de incremental, pasando por la innovación radical hasta la innovación sistémica.

6. Página5
Epilogo.
Queda de manifiesto que la temática de la innovación en el sector público es una preocupación emergente en la agenda
de desafíos para la gestión pública y ello se expresa en la necesidad de articular el fragmentado cúmulo de aportes,
enfoques y visiones dispersas que actualmente encontramos en la literatura y en el análisis de la praxis del fenómeno.
Si bien ello condiciona el posible avance y los caminos para seguir investigando, no es menor el hecho de que la
temática ha tomado un protagonismo inusual en los debates académicos y puede configurarse como el paradigma de
recambio y renovación frente a la perplejidad presente en el sector público en la resolución de los nuevos problemas y
escenarios de crisis de los que hemos sido testigos privilegiados en los primeros años del nuevo milenio. Además, la
innovación en el sector público tiene un espacio exclusivo y de vital importancia para el desarrollo de nuestros sistemas
político-administrativos. En ella nos jugamos, más allá de la competitividad sistémica, el espacio para cultivar dinámicas
que fomenten el trabajo adaptativo en casi la totalidad de nuestras instituciones, dentro de un contexto donde las bases
del racionalismo tradicional y las respuestas desde la autoridad técnica no son suficientes para acometer con éxito las
paradojas y dilemas que surgen de intentar gestionar la incertidumbre, lo poco predecible e incierto de los cambios
globales, y en definitiva, las crecientes demandas por un mejor servicio público. Vimos además, como bien señala
Vicente Ramírez-Alujas, que la innovación en su particular aplicación al sector público supone, en términos globales,
considerar las siguientes características: Son nuevas ideas (o conceptos) aplicadas (involucra un “hacer”); que
responden a una necesidad específica o problema; que pueden involucrar cambios (deliberados) en el comportamiento
de los agentes, las prácticas, procesos y/o productos (bienes y/o servicios públicos); que mejoran el desempeño
institucional y generan resultados observables; que agregan valor público, contribuyen al fortalecimiento institucional y
mejoran la calidad de vida de los ciudadanos; que mejoran los índices de eficacia, eficiencia y calidad en la prestación
de servicios públicos, que en definitiva, es un medio para un fin, no un fin en sí mismo.
En síntesis, la mirada que podemos ampliar desde el fenómeno de la innovación en el sector público nos lleva a
cuestionar de manera ineludible los paradigmas de base con los que hemos estado operando en el último medio siglo
de historia… No podemos permitirnos gestionar mejor a nuestras sociedades bajo la óptica de modelos y herramientas
que fueron diseñadas y pensadas en función de una realidad radicalmente distinta a la que experimentamos en el día a
día. Y, finalmente, y a modo de reflexión de cierre conviene desglosar algunas ideas que es necesario tener presente
para aplicar el concepto en el sector público:
1. No se puede innovar por decreto
2. No es factible el diseño del futuro de nuestras sociedades por la vía administrativa…Así como tampoco es posible la
preservación de las especies (burócratas tradicionales y sus maquinarias obsoletas) por la vía normativa.
3. Es necesario contar con una mirada centrada en organizaciones (e instituciones públicas) de geometría variable, que
estén abiertas a construir lazos, puentes y acciones concretas con otros actores sociales y que estén basadas en una
lógica de flexibilidad estratégica que aproveche las potencialidades y recursos disponibles
4. Es urgente evitar los isomorfismos miméticos que tanto daño han hecho en la miopía de querer forzar la aplicación y
funcionamiento de modelos generados en ciertos contextos culturales y organizativos a otros radicalmente diferentes
(en particular, la crítica que ha quedado cristalizada en estas páginas sobre los aportes de la Nueva Gestión Pública.
Es por todo ello que la plasticidad es fundamental. La flexibilidad y capacidad de adaptación es vital en nuestras
organizaciones públicas, no sólo porque es garantía para poder sostener los esfuerzos que estamos obligados a
impulsar frente a las nuevas realidades sino que, como ha quedado plasmado en este trabajo, es un imperativo que
supera con creces lo que alguna vez imaginamos que sería la tarea de gobernar y gestionar en el milenio que se inicia.
Hacerlo hoy de manera responsable permitirá que conservemos lo que nos constituye como comunidad, posibilitando
todo lo demás cambie en torno a lo que se conserva: El bien común, calidad y condiciones de vida de los ciudadanos y
nuestra supervivencia como especie (Vignolo, Ramírez-Alujas y Vergara, 2010).Si emprender puede ser entendido
como el tomar acción (en la vida) en dirección a algo que a uno le importa, la pregunta central es si ese grado de
compromiso, dedicación y entrega es exigible a nuestras instituciones públicas, y a sus miembros.
Economista Alfredo Espinal, Especialista en Economía Pública y Planificación Regional. Diplomado de Diseño y Evaluación de
Proyectos Sociales - Pontificia Universidad Católica, Perú; Magister en Economía Empresarial y Regional, Universidad Nacional
Mayor de San Marcos, Perú. Docente Universitario de Post Grado, Maestría en Economía, Mención en Gestión y Políticas Públicas.
Email: gobernaphenom@gmail.com
Artículo publicado en la Revista Gestión Pública y Desarrollo, Año VIII - Nº 97, Agosto 2015, Ediciones Caballero Bustamante, Perú
(www.gestionpublica.org.pe)
Portada: http://servindi.org/actualidad/111832

7. Página6
Referencias:
1. Jiménez Castro, Willburg; 2006, La reforma administrativa, la reforma del Estado y la privatización de instituciones,
empresas y programas públicos, Editorial Universidad estatal a distancia, San José, Costa Rica, primera reimpresión
de la edición 2000.
2. Marcel, Mario; 2006, Reflexiones acerca del proceso de modernización del Estado en Chile y desafíos futuros,
Revista del CLAD Reforma y Democracia, núm. 34, Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo,
Caracas, Venezuela.
3. Gaete Quezada, Ricardo Andrés; 2008, Aplicaciones de la responsabilidad social a la nueva gestión pública,
Documentos y aportes en administración pública y gestión estatal, versión On-line ISSN 1851-3727,
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-37272008000200002
4. Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM, Anexo, numeral 4.1
5. Ballart, Xavier; 2001, Innovación en la gestión pública y en la empresa privada, Ediciones Díaz de Santos S. A.,
Madrid, España.
6. Vicente Ramírez-Alujas, Álvaro; 2011, Sobre la aplicación y desarrollo del concepto de innovación en el sector
público: estado del arte, alcances y perspectivas, Revista Circunstancia. Año IX - Nº 26, Instituto Universitario de
Investigación Ortega y Gasset, España.