El documento discute diferentes métodos de interpretación constitucional. Menciona que la interpretación constitucional busca concretar las normas constitucionales y que existen métodos como la interpretación hermenéutica, tópica e institucional. También describe principios orientadores de la interpretación como la unidad de la Constitución y la concordancia práctica. Finalmente, analiza la diferencia entre interpretación de la voluntad objetiva/subjetiva de la norma y una interpretación guiada por la realidad social.

1. Dr. AYALA VALENTIN, WILFREDO I.
17 de Setiembre del 2009

2.  del Estado de Derecho al Estado
Constitucional
 la Constitución como norma jurídica

3. Se debe tomar en cuenta la existencia de dos
procesos sucesivos:
1.- La noción de Constitución
2.- El desarrollo de los derechos fundamentales

4. Cada vez que se busque dar respuesta a una cuestión
constitucional que la ley fundamental no permita
resolver de forma concluyente, surge la necesidad
de acudir a la técnica de la interpretación

5. La interpretación constitucional es la
CONCRETIZACIÓN de la norma constitucional.

6. Interpretación Hermenéutica
Interpretación Tópica
Interpretación Institucional
Interpretación Alternativa

7. Método de Interpretación
Parte de concebir a la Constitución
como una norma jurídica más.

8. Método de Interpretación
Este método utiliza el contenido
normativo y el sistema dogmático
constitucionales sólo como puntos de
vista para la solución del caso a
interpretar.

9. Método de Interpretación
Concibe a la Constitución como un
material normativo que debe ser
trabajado, en un sentido concreto,
sin desconocer el material
sociológico de la realidad.

10. PRINCIPIOS CRITERIOS ORIENTADORES
a) Unidad de la Constitución
b) Concordancia Práctica
c) Corrección Funcional
d) Función integradora
e) Fuerza normativa de la C°
f) Interpretación conforme a la
Constitución
a) Presunción de
constitucionalidad
b) Concordancia de la
Constitución consigo misma
c) Razonabilidad, sensatez y
flexibilidad
d) Preferencia por los derechos
humanos
Ahora bien, según este método de interpretación existen
algunos principios y criterios orientadores a saber:

11. Métodos de Interpretación
Tiene como guía la realidad social.
La interpretación es un
instrumento de análisis de la
realidad constitucional, antes que
de la normatividad constitucional.

12.  La interpretación tradicional persigue revelar la voluntad
(objetiva) de la norma o la voluntad (subjetiva) del
legislador mediante el análisis del texto, de su proceso de
creación, de sus conexiones sistemáticas, de sus
antecedentes, así como, finalmente, del sentido y la
finalidad (la “ratio” y el “telos”) de la norma.
 Según la teoría tradicional, existiría interpretación, e
incluso interpretación constitucional, en la simple
ejecución de una voluntad preexistente (objetiva o
subjetiva) que puede ser alcanzada a través de esos
métodos y con independencia del problema a resolver.

13. LEY CONSTITUCIÓN
- Es interpretada por
todos de forma
igualitaria y libre.
- Su interpretación no
vincula.
- Sólo es interpretada por
el legislador y el TC.
- Su interpretación
vincula a todos.
Criterio Subjetivo:

14. LEY CONSTITUCIÓN
- Existe como concepto pero
no como norma real y
efectiva.
- Regula el comportamiento de
los individuos.
- Tiene una estructura
completa.
- Es al mismo tiempo un
concepto y una norma real y
efectiva.
- Fija un cauce para que la
sociedad se autodirija
políticamente.
- Sus disposiciones tienen una
estructura incompleta
(normas abiertas).
Criterio Objetivo: Ley y C° en cuanto normas jurídicas

16. • Sentencias de
Especie
• Sentencias de
Principio
1°
Grupo
• Sentencias
Estimativas
• Sentencias
Desestimativas
2°
Grupo

17. • Se deja sin efecto una parte o la integridad del
contenido del texto
S. de Simple Anulación
• Se declara la inconstitucionalidad de una interpretación
errónea
S. Interpretativas propiamente
dichas
• Se detecta la existencia de un contenido normativo
inconstitucional y se busca salvar esta situación
S. Interpretativas Manipulativas
(normativas)

19. Exp. 0004-1996-AI/TC, caso Vaso de Leche
 Sumilla del Caso: En la STC 0004 -1996-AI se analizó la
impugnación, entre otras disposiciones, del artículo 4º de la Ley
N.º 26637 que estipula: "Las Municipalidades (...) organizan y
determinan los clubes de madres o comités del vaso de leche que
se encargarán de la atención del programa." Los demandantes
consideraban que dicho precepto vulneraba el derecho de
asociación (artículo 2º 13 de la Constitución) de las personas que
libremente quisieran constituir clubes de madres o comités del
vaso de leche.

20. Exp. 0010-2002-AI/TC, caso Marcelino Tineo Silva y más de 5000 ciudadanos
 Sumilla: El caso situó al TC en la necesidad de
enjuiciar la constitucionalidad del tipo penal de
terrorismo, previsto en el artículo 2º del Decreto Ley
N.º 25475, y cuya validez había sido puesta en
entredicho por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en repetidas ocasiones (Casos Loayza
Tamayo, Castillo Petruzzi, Cantoral Benavides, entre
otros).

21. Exp. 0006-2003-AI/TC, caso 65 Congresistas
 Sumilla: Se impugnó el inciso j) del artículo 89° del
Reglamento del Congreso que regula el procedimiento
de acusación constitucional seguido en el seno del
Congreso de la República. Los demandantes (65
congresistas) sostuvieron que dicho artículo resultaba
inconstitucional en tanto no establecía el número de
votos necesarios para acusar constitucionalmente a
los funcionarios públicos enumerados en el artículo
99° de la Constitución, sea en un antejuicio político o
en un juicio político, lo cual podría prestarse a
aplicaciones inconstitucionales del precepto,
permitiendo que la acusación sea aprobada con
votaciones mínimas.

22. Exp. 0023-2003–AI/TC, caso Defensoría del Pueblo
 Disposiciones impugnadas: El Código de Justicia
Militar y la Ley Orgánica de la Justicia Militar.
 Criterio del TC: El TC encontró inconstitucionales
diversas disposiciones de las referidas leyes, por
contravenir el debido proceso, el derecho al juez
natural, independiente e imparcial, entre otros
muchos bienes constitucionales. Sin embargo, el TC
no sancionó dicha inconstitucionalidad de modo
inmediato, sino que concedió al legislador un plazo de
1 año para dictar la legislación modificatoria de
conformidad con los criterios establecidos en la
sentencia.

23. Ejemplos desde la jurisprudencia del TC

24.  F.J. 4: “(...) ningún precepto constitucional, ni
siquiera los que reconocen derechos fundamentales,
pueden ser interpretados por sí mismos, como si se
encontraran aislados del resto de preceptos
constitucionales. (...) el ejercicio de un derecho no
puede hacerse en oposición o contravención de los
derechos de los demás, sino de manera que
compatibilicen, a fin de permitir una convivencia
armónica y en paz social”.
Exp. N° 1091-2002-HC/TC, Caso Silva Checa

25.  F.J. 18: “Si bien es cierto que esta entidad (JNE) es el máximo órgano
de administración de justicia electoral del país, no lo es menos que,
como cualquier otro poder público, se encuentra obligado a respetar los
derechos fundamentales, en el marco del respeto al derecho al debido
proceso ... (artículo 139° de la Constitución); por cuanto, si así no
ocurriese, será nulo y punible todo acto que prohíba o limite al
ciudadano el ejercicio de sus derechos, de conformidad con el artículo
31°, in fine, de la Carta Fundamental.
En otras palabras, el “producto” resultante de realizar una interpretación
aislada de los artículos 142º y 181º de la Constitución, viola los más
elementales principios de interpretación constitucional (unidad de la
Constitución y concordancia práctica), pues pretendiendo auspiciar la
seguridad jurídica que debe informar a todo proceso electoral, “sacrifica”
los derechos fundamentales, ya que los despoja de toda garantía
jurisdiccional de protección”.
Exp. N° 5854-2005-AA/TC, Caso Lizana Puelles

26.  Fj. 5: “En consecuencia, si una de las reglas en materia de
interpretación constitucional es que el proceso de comprensión
de la Norma Suprema deba realizarse conforme a los principios
de unidad y de concordancia práctica, en el caso de autos,
considera el Tribunal Constitucional que tales exigencias se
traducen, por un lado, en comprender que, a la garantía de la
motivación de las resoluciones, se ha previsto una excepción,
tratándose del ejercicio de una atribución como la descrita en el
inciso 2) del artículo 154° de la Constitución.
Y, en segundo lugar, que en la comprensión de aquellas dos
cláusulas constitucionales –la que establece la regla, es decir,
que las decisiones sean motivadas y la que señala su excepción,
esto es, que en materia de ratificaciones no hay necesidad de
motivarlas-, este Tribunal no puede optar por una respuesta que,
desconociendo la excepción, ponga en cuestión el ejercicio
constitucionalmente conforme de la competencia asignada al
Consejo Nacional de la Magistratura”.
Exp. N° 2209-2002-AA/TC, Caso Urrelo Álvarez

27.  F.j. 6: “(...) La predeterminación del juez no puede interpretarse
rígidamente, de suerte que impida que las normas de carácter general
sobre la organización judicial y competencia de los jueces y tribunales
adquieran efectos temporales inmediatos, pues ello (...) crearía
importantísimas disfuncionalidades en la administración de justicia (...)”.
“(...) La noción de juez natural no se cristaliza en la determinación
legislativa de una competencia general, sino se forma también de todas
aquellas disposiciones que derogan tal competencia sobre la base de
criterios que racionalmente evalúen los dispares intereses en juego en el
proceso (...).
(...) la exigencia de la predeterminación legislativa del juez (...) no puede
ser entendida en términos absolutos, no sólo porque ningún derecho
constitucional tiene tal cualidad, sino, además, porque existen otros
bienes y principios constitucionales que también exigen ser optimizados.
De allí que el Tribunal juzgue que tal predeterminación del juez deba ser
interpretada bajo los alcances del principio de concordancia práctica, que
exige determinar el contenido esencial de un derecho en coordinación con
otros principios o exigencias constitucionalmente relevantes. (...) por
ejemplo, la continuidad y prontitud del ejercicio de la función
jurisdiccional, la independencia e imparcialidad del juez, la prohibición
de incoherencias en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, etc (...)”.
Exp. N° 1013-2003-HC/TC, Caso Faisal Fracalossi

28. Fj. 14: “de conformidad con lo previsto por el artículo 43º de la
(Const), el Estado peruano es unitario, pero descentralizado. Es
una república distribuida territorialmente en regiones,
departamentos, provincias y distritos, y, gubernativamente, en
los niveles nacional, regional y local (artículo 189º de la Const),
circunstancia que da lugar a la existencia, junto al ordenamiento
jurídico nacional, de ordenamientos jurídicos regionales y
locales y, consecuentemente, a la potencial incompatibilidad
entre fuentes normativas (v.g. la ley y la ordenanza regional)
que, por ostentar idéntico rango (artículo 200º 4, de la Const),
no puede ser resuelta apelando al principio de jerarquía
normativa, sino al de competencia”.
Exp. 0020-2005-PI/TC, caso Hoja de Coca

29. Fj. 86: “aún cuando los Gobiernos Regionales gozan de una
participación expresamente reconocida en los actos preliminares
a la declaración como patrimonio cultural de un determinado
bien situado en su jurisdicción, la concreta declaración es
responsabilidad de entidades del Gobierno Nacional. Esto quiere
decir que la promoción de los bienes que constituyen patrimonio
cultural de la Nación, es una competencia compartida entre el
Gobierno Nacional y el Gobierno Regional en cuya jurisdicción se
encuentran, pues mientras a éste corresponde realizar la
propuesta de declaración del bien como patrimonio cultural, es
el Gobierno Nacional el encargado de definirlo normativamente
para que tenga validez y eficacia”.
Exp. 0020-2005-PI/TC, caso Hoja de Coca

30.  F.j. 5: La “(...) eficacia horizontal de los derechos
fundamentales en las relaciones entre privados se deriva del
concepto de Constitución como Ley Fundamental de la Sociedad,
que en nuestro ordenamiento se encuentra plasmado a través del
artículo 1° de la Constitución de 1993 (...)”.
“Se trata (...) de una consecuencia que se deriva (...) del propio
artículo 38° de la Constitución (...). [L]a vinculatoriedad de la
Constitución se proyecta erga omnes, no sólo al ámbito de las
relaciones entre los particulares con el Estado, sino también a
aquéllas establecidas entre particulares. De manera que la
fuerza normativa de la Constitución, su fuerza activa y pasiva,
así como su fuerza reguladora de las relaciones jurídicas, se
proyecta también a las establecidas entre particulares, por lo
que cualquier acto proveniente de una persona natural o
persona jurídica de derecho privado, que pretenda conculcarlos
o desconocerlos, deviene inexorablemente en inconstitucional”.
Exp. 0976-2001-AA/TC, Caso Llanos Huasco