El documento describe el marco jurídico para responder a desastres por huracanes en el país, incluyendo el Plan DN III establecido por la autoridad para atender a la población a través de medidas de protección. La consecuencia legal de aplicar este plan es garantizar la seguridad y propiedad de la gente ante desastres naturales, cumpliendo el deber jurídico de la autoridad y estableciendo sanciones para quienes saqueen durante una emergencia.