La Constitución de Venezuela y la Ley Orgánica del Ambiente establecen que la educación ambiental es obligatoria en todos los niveles educativos y protegen los derechos ambientales. La Ley Orgánica del Ambiente también requiere que la política ambiental se base en los principios constitucionales y trate objetivos como formular e implementar la política ambiental, conservar los recursos naturales de manera sostenible, y desarrollar un Plan Nacional del Ambiente de largo plazo.