COMPILACIÓN DE LEYES PUEBLOS INDÍGENAS .pdf

LEGISLACIÓN NACIONAL
E INTERNACIONAL SOBRE DERECHOS
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

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LEGISLACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL SOBRE DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
INDICE
PRESENTACIÓN 4
DEPARTAMENTO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL MINISTERIO PÚBLICO 5
LEGISLACION NACIONAL
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 6
ACUERDO SOBRE IDENTIDAD Y DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 7
DECRETO NO. 57-2002
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
DELITO DE DISCRIMINACIÓN 9
DECRETO NUMERO 51-92
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
CODIGO PROCESAL PENAL 11
CÓDIGO MUNICIPAL 16
DECRETO NÚMERO 22-2008
LEY CONTRA EL FEMICIDIO Y OTRAS FORMAS
DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 22
LEY DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 22
LEY DEL DÍA NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE GUATEMALA 27

Idioma Español
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LEGISLACIÓN INTERNACIONAL
CONVENIO NÚMERO 169 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL
DEL TRABAJO SOBRE PUEBLOS INDIGENAS Y TRIBALES
EN PAISES INDEPENDIENTES 30
DECLARACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 39
100 REGLAS DE BRASILIA SOBRE ACCESO A LA JUSTICIA
DE LAS PERSONAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD, MAYO 2008 46
CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LA ELIMINACIÓN
DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN RACIAL 53
DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS 55
PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 56
PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES POLÍTICOS 58
CONVENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y LA SANCIÓN DEL DELITO DE GENOCIDIO 59
CONFERENCIA MUNDIAL CONTRA EL RACISMO, LA DISCRIMINACIÓN
RACIAL, LA XENOFOBIA Y LAS FORMAS CONEXAS DE INTOLERANCIA 60
CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO 64

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PRESENTACIÓN
El Departamento de los Pueblos Indígenas del Ministerio Público, adscrita a la Secretaría de Política
Criminal, del Ministerio Público, fue creado con el objeto de mejorar el acceso de los Pueblos Indígenas
a la justicia oficial, considerando que el sistema oficial de justicia tiene una deuda histórica con los Pueblos
Indígenas que tradicionalmente han sido discriminados en la búsqueda de justicia.
Con la creación del Departamento, el Ministerio Público da una respuesta institucional a la realidad
multiétnica, pluricultural y plurilingüe de la sociedad guatemalteca que aporta al avance de los Pueblos
Indígenas en el acceso a la justicia oficial en Guatemala, con lo cual la institución fortalece también
los procesos de sensibilización y capacitación en la temática de los derechos de los Pueblos Indígenas
para brindar servicios con pertinencia cultural y lingüística.
Una de las funciones del Departamento de los Pueblos Indígenas contenida en el artículo 6, literal b)
del Acuerdo de creación es: “Velar por la aplicación adecuada de instrumentos nacionales e internacionales
vinculados a los derechos de los Pueblos Indígenas, que permitan generar insumos a las fiscalías.” Para la
aplicación adecuada de los instrumentos nacionales e internacionales es importante conocerlos, analizarlos
e interpretarlos, es con ese objetivo que se realiza la compilación y divulgación de dichos instrumentos
traducidos a los cuatro idiomas indígenas mayoritarios, para su aplicación correcta en casos relacionados
a derechos individuales y colectivos de los Pueblos Indígenas. Con este documento se espera colaborar para
que los funcionarios de la institución, conozcan y apliquen los instrumentos en los casos que se investigan.
Departamento de los Pueblos Indígenas
Secretaría de Política Criminal
Ministerio Público.

Idioma Español
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DEPARTAMENTO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL MINISTERIO PÚBLICO
El Estado de Guatemala asumió varios compromisos para garantizar que los pueblos indígenas tengan
acceso al sistema oficial de justicia, de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política de la República,
los Tratados y Convenios que Guatemala ha ratificado en materia de Derechos Humanos. Asimismo, A través
del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas el Estado reconoce que Guatemala es un
país multicultural, multiétnico y multilingüe, conformado por los pueblos Maya, Garífuna, Xinka y Mestizo
y para que estos pueblos puedan tener acceso al sistema de justicia es indispensable la transformación del
Sistema de Justicia. En ese sentido el Estado se compromete a: “promover la transformación del servicio de
justicia, tomando en cuenta la realidad social guatemalteca desde lo local hasta lo nacional”. Para ello cada
una de las instituciones que integran el sistema oficial de justicia deben realizar acciones relacionadas
a la transformación del servicio que presta, en el caso del Ministerio Público acuerda la creación del
Departamento de los Pueblos Indígenas, como un primer paso para la transformación del Sistema de
Justicia.
ACUERDO NO. 53-2012, DE LA FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA Y JEFA DEL MINISTERIO
PÚBLICO
Tomando en cuenta el carácter multicultural, multiétnico y plurilingüe del país, el Ministerio Público
fortalecerá el acceso a la justicia a pueblos indígenas a través del Departamento de los Pueblos Indígenas
cuyas funciones son las siguientes:
a) Proporcionar asesoría, estudios, análisis especializados y constituirse en el ente multiplicador
de las políticas en materia de derechos de los pueblos indígenas.
b) Velar porque se apliquen adecuadamente los instrumentos nacionales e internacionales vincu-
lados a los derechos de los pueblos indígenas.
c) Establecer lineamientos y coordinar la elaboración de instrumentos de capacitación y sensibi-
lización, tanto interna como externa, en materia de derechos de los pueblos indígenas.
d) Coordinar con las diversas dependencias del Ministerio Público lo pertinente a los derechos
de los pueblos indígenas.
e) Formular mecanismos de comunicación y coordinación con las instituciones del sector justi-
cia, en materia de derechos de los pueblos indígenas.
f) Formular mecanismos de comunicación y coordinación con las autoridades propias de los
pueblos indígenas.
g) Cualquiera de las funciones que le sean asignadas con ocasión de la promoción, divulgación
y protección de los derechos de los pueblos indígenas en el ejercicio de la persecución penal
por parte del Ministerio Público.

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LEGISLACION NACIONAL
CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
TITULO II
DERECHOS HUMANOS
ARTÍCULO 1º.- PROTECCIÓN A LA PERSONA. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la
persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común.
ARTÍCULO 2º.- DEBERES DEL ESTADO. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República
la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la
persona.
ARTÍCULO 3º.- DERECHO A LA VIDA. El Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción,
así como la integridad y la seguridad de la persona.
ARTÍCULO 4º.- LIBERTAD E IGUALDAD. En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en
dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades
y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe
su dignidad. Los seres humanos deben guardar conducta fraternal entre sí.
ARTÍCULO 44.- DERECHOS INHERENTES A LA PERSONA HUMANA. Los derechos y garantías que
otorga la Constitución no excluyen otros que, aunque no figuren expresamente en ella, son inherentes a
la persona humana. El interés social prevalece sobre el interés particular. Serán nulas ipso jure las leyes
y las disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los de-
rechos que la Constitución garantiza.
ARTÍCULO 46.- PREEMINENCIA DEL DERECHO INTERNACIONAL. Se establece el principio general de
que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala,
tienen preeminencia sobre el derecho interno.
ARTÍCULO 57.- DERECHO A LA CULTURA. Toda persona tiene derecho a participar libremente en la
vida cultural y artística de la comunidad, así como a beneficiarse del progreso científico y tecnológico
de la Nación.
ARTÍCULO 58.- IDENTIDAD CULTURAL. Se reconoce el derecho de las personas y de las comunidades
a su identidad cultural de acuerdo a sus valores, su lengua y sus costumbres.
ARTÍCULO 59.- PROTECCIÓN E INVESTIGACIÓN DE LA CULTURA. Es obligación primordial del
Estado proteger, fomentar y divulgar la cultura nacional; emitir las leyes y disposiciones que tiendan a
su enriquecimiento, restauración, preservación y recuperación; promover y reglamentar su investigación
científica, así como la creación y aplicación de tecnología apropiada.
ARTÍCULO 60.- PATRIMONIO CULTURAL. Forman el patrimonio cultural de la Nación los bienes y
valores paleontológicos, arqueológicos, históricos y artísticos del país y están bajo la protección del Estado.
Se prohíbe su enajenación, exportación o alteración, salvo los casos que determine la ley.
ARTÍCULO 61.- PROTECCIÓN AL PATRIMONIO CULTURAL. Los sitios arqueológicos, conjuntos
monumentales y el Centro Cultural de Guatemala, recibirán atención especial del Estado, con el propósito
de preservar sus características y resguardar su valor histórico y bienes culturales. Estarán sometidos
a régimen especial de conservación el Parque Nacional Tikal, el Parque Arqueológico de Quiriguá y la

Idioma Español
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ciudad de Antigua Guatemala, por haber sido declarados Patrimonio Mundial, así como aquellos que
adquieran similar reconocimiento.
ARTÍCULO 64.- PATRIMONIO NATURAL. Se declara de interés nacional la conservación, protección y
mejoramiento del patrimonio natural de la Nación. El Estado fomentará la creación de parques nacionales,
reservas y refugios naturales, los cuales son inalienables. Una ley garantizará su protección y la de la
fauna y la flora que en ellos exista.
ARTÍCULO 65.- PRESERVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA. La actividad del Estado en cuanto
a la preservación y promoción de la cultura y sus manifestaciones, estará a cargo de un órgano específico
con presupuesto propio.
ARTÍCULO 66.- PROTECCIÓN A GRUPOS ÉTNICOS. Guatemala está formada por diversos grupos étnicos
entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya. El Estado reconoce, respeta y promueve
sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social, el uso del traje indígena en
hombres y mujeres, idiomas y dialectos.
ARTÍCULO 67.- PROTECCIÓN A LAS TIERRAS Y LAS COOPERATIVAS AGRÍCOLAS INDÍGENAS. Las
tierras de las cooperativas, comunidades indígenas o cualesquiera otras formas de tenencia comunal o
colectiva de propiedad agraria, así como el patrimonio familiar y vivienda popular, gozarán de protección
especial del Estado, de asistencia crediticia y de técnica preferencial, que garanticen su posesión y
desarrollo, a fin de asegurar a todos los habitantes una mejor calidad de vida.
Las comunidades indígenas y otras que tengan tierras que históricamente les pertenecen y que
tradicionalmente han administrado en forma especial, mantendrán ese sistema.
ARTÍCULO 68.- TIERRAS PARA COMUNIDADES INDÍGENAS. Mediante programas especiales y
legislación adecuada, el Estado proveerá de tierras estatales a las comunidades indígenas que las necesiten
para su desarrollo.
ARTÍCULO 69.- TRASLACIÓN DE TRABAJADORES Y SU PROTECCIÓN. Las actividades laborales que
impliquen traslación de trabajadores fuera de sus comunidades, serán objeto de protección y legislación
que aseguren las condiciones adecuadas de salud, seguridad y previsión social que impidan el pago de
salarios no ajustados a la ley, la desintegración de esas comunidades y en general todo trato discriminatorio.
ARTÍCULO 70.- LEY ESPECÍFICA. Una ley regulará lo relativo a las materias de esta sección.
ARTÍCULO 76. SISTEMA EDUCATIVO Y ENSEÑANZA BILINGÜE. La administración del sistema educativo
deberá ser descentralizada y regionalizada. En las escuelas establecidas en zonas de predominante
población indígena la enseñanza deberá impartirse preferentemente en forma bilingüe.
ACUERDO SOBRE IDENTIDAD Y DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
MÉXICO, D.F. A 31 DE MARZO DE 1995
CONSIDERANDO
Que el tema de identidad y derechos de los pueblos indígenas constituye un punto fundamental y de
trascendencia histórica para el presente y futuro de Guatemala,
Que los pueblos indígenas incluyen el pueblo maya, el pueblo garífuna y el pueblo xinka, y que el pueblo
maya está configurado por diversas expresiones socioculturales de raíz común,
Que a raíz de su historia, conquista, colonización, desplazamientos y migraciones, la nación guatemalteca
tiene un carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe,

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Que las partes reconocen y respetan la identidad y los derechos políticos, económicos, sociales y culturales
de los pueblos maya, garífuna y xinka, dentro de la unidad de la nación y la indivisibilidad del territorio
del Estado guatemalteco, como componentes de dicha unidad,
Que los pueblos indígenas han sido particularmente sometidos a niveles de discriminación de hecho,
explotación e injusticia por su origen, cultura y lengua, y que, como muchos otros sectores de la colectividad
nacional, padecen de tratos y condiciones desiguales e injustas por su condición económica y social,
Que esta realidad histórica ha afectado y sigue afectando profundamente a dichos pueblos, negándoles el
pleno ejercicio de sus derechos y participación política, y entorpeciendo la configuración de una unidad
nacional que refleje, en su justa medida y con su plenitud de valores, la rica fisonomía plural de Guatemala,
Que en tanto no se resuelva este problema de la sociedad guatemalteca, sus potencialidades económicas,
políticas, sociales y culturales jamás podrán desenvolverse en toda su magnitud, y ocupar en el concierto
mundial el lugar que le corresponde por su historia milenaria y la grandeza espiritual de sus pueblos,
Que en Guatemala será posible desarraigar la opresión y la discriminación sólo si se reconocen en todos
sus aspectos la identidad y los derechos de los pueblos que la han habitado y la habitan, componentes
todos de su realidad actual y protagonistas de su desarrollo, en todo sentido,
Que todos los asuntos de interés directo para los pueblos indígenas demandan ser tratados por y con ellos,
y que el presente acuerdo busca crear, ampliar y fortalecer las estructuras, condiciones, oportunidades
y garantías de participación de los pueblos indígenas, en el pleno respeto de su identidad y del ejercicio
de sus derechos,
Que la comunidad internacional, por medio de las Naciones Unidas, y las agencias y programas de su
sistema, la Organización de los Estados Americanos y otros organismos e instrumentos internacionales, ha
reconocido las aspiraciones de los pueblos indígenas para lograr el control de sus propias instituciones y
formas de vida como pueblos, El Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca
(en adelante “las partes”) acuerdan lo siguiente:
I. IDENTIDAD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
1. El reconocimiento de la identidad de los pueblos indígenas es fundamental para la construcción de la
unidad nacional basada en el respeto y ejercicio de los derechos
políticos, culturales, económicos y espirituales de todos los guatemaltecos.
III. DERECHOS CULTURALES
A. IDIOMA
1. El idioma es uno de los pilares sobre los cuales se sostiene la cultura, siendo en particular el vehículo
de la adquisición y transmisión de la cosmovisión indígena, de sus conocimientos y valores culturales.
En este sentido, todos los idiomas que se hablan en Guatemala merecen igual respeto. En este contexto,
se deberá adoptar disposiciones para recuperar y proteger los idiomas indígenas, y promover el
desarrollo y la práctica de los mismos.
IV. DERECHOS CIVILES, POLÍTICOS, SOCIALES Y ECONÓMICOS
B. COMUNIDADES Y AUTORIDADES INDÍGENAS LOCALES
2. Teniendo en cuenta el compromiso constitucional del Estado de reconocer, respetar y promover estas
formas de organización propias de las comunidades indígenas, se reconoce el papel que corresponde
a las autoridades de las comunidades, constituidas de acuerdo a sus normas consuetudinarias, en el
manejo de sus asuntos.

Idioma Español
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E. DERECHO CONSUETUDINARIO
1. La normatividad tradicional de los pueblos indígenas ha sido y sigue siendo un elemento esencial
para la regulación social de la vida de las comunidades y, por consiguiente, para el mantenimiento
de su cohesión.
2. El Gobierno reconoce que tanto el desconocimiento por parte de la legislación nacional de las
normas consuetudinarias que regulan la vida comunitaria indígena como la falta de acceso que los
indígenas tienen a los recursos del sistema jurídico nacional han dado lugar a negación de derechos,
discriminación y marginación.
4. En aquellos casos donde se requiera la intervención de los tribunales, y en particular en materia penal,
las autoridades correspondientes deberán tener plenamente en cuenta las normas tradicionales que
rigen en las comunidades. Para ello, el Gobierno se compromete a tomar las siguientes medidas:
a) Proponer, con la participación de representantes de las organizaciones indígenas, disposiciones legales
para incluir el peritaje cultural y desarrollar mecanismos que otorguen atribuciones a las autoridades
comunitarias para que señalen las costumbres que constituyen su normatividad interna; y
b) Impulsar, en coordinación con las universidades de Guatemala, las asociaciones profesionales y las
organizaciones indígenas, un programa permanente para jueces y agentes del Ministerio Público
sobre la cultura y rasgos de identidad de los pueblos indígenas, en especial en el reconocimiento de
sus normas y mecanismos que regulan su vida comunitaria.
5. Para asegurar el acceso de los indígenas a los recursos del sistema jurídico nacional, el Gobierno
se compromete a impulsar servicios de asesoría jurídica gratuita para personas de bajos recursos
económicos y reitera su obligación de poner gratuitamente a disposición de las comunidades indígenas
intérpretes judiciales, asegurando que se aplique rigurosamente el principio que nadie puede ser
juzgado sin haber contado con el auxilio de interpretación en su idioma.
6. El Gobierno propiciará, en cooperación con las organizaciones indígenas, las universidades del país
y las asociaciones profesionales correspondientes, el estudio sistemático y detenido de los valores y
procedimientos de la normatividad tradicional.
DECRETO NO. 57-2002
DELITO DE DISCRIMINACIÓN
CONSIDERANDO:
Que la República de Guatemala es parte signataria de la Convención Internacional So
bre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación Racial, planteada en la Asam
blea General de las Naciones Unidas y
declarada en su Resolución dos mil ciento seis A (2106 A) de fecha 21 de diciembre de 1965. Convención
que fue ratificada por Guatemala, a través del Decreto Ley 105-82, en el mes de enero de 1984, la cual
en consecuencia es ley de la República.
CONSIDERANDO:
Que la República de Guatemala también ratificó el Convenio 169 Sobre Pueblos Indí
genas y Tribales
en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo, donde se establece que los
Estados signatarios deben eliminar todas las formas de discri
minación contra los pueblos indígenas,
y que finalmente el Gobierno en el Acuerdo Sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas se
comprometió a reconocer y respetar tal identidad y derechos, lo que incluye la lucha en contra de todo

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tipo de discriminación, así como promover la tipificación de la discriminación étnica como delito, en
cumplimiento de las convenciones citadas.
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el artículo 4º de la Constitución Política de la República, en Guatemala todos
los seres humanos son libres en dignidad y derechos, no permitiéndose en consecuencia ningún tipo de
discriminación, por ser ésta no solo contraria a las leyes internas del país, sino también a los convenios
legalmente ratificados.
POR TANTO:
EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE CONFIERE EL ARTÍCULO 171 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA.
DECRETA
LA SIGUIENTE:
REFORMA AL CÓDIGO PENAL
DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
ARTICULO 1. Se adiciona el artículo 202 bis el Código Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de
la República, el cual queda así:
a) “ARTÍCULO 202 BIS. DISCRIMINACIÓN. Se entenderá como discriminación toda distin
ción, exclusión,
restricción o preferencia basada en motivos de género, raza, etnia, idioma, edad, religión, situación
económica, enfermedad, discapacidad, estado civil o en cualquie
ra otro motivo, razón o circunstancia,
que impidiere o dificultare a una persona, grupo de personas o asociaciones, el ejercicio de un derecho
legalmente establecido incluyendo el derecho consuetudinario o costumbre, de conformidad con la
Constitución Política de la República y los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos.
Quien por acción u omisión incurriere en la conducta descrita en el párrafo anterior, será sancionado
con prisión de uno a tres años y multa de quinientos a tres mil quetzales.
La pena se agravará en una tercera parte:
a) Cuando la discriminación sea por razón idiomática, cultural o étnica.
b) Para quien de cualquier forma y por cualesquiera medio difunda, apoye o incite ideas discriminatorias.
c) Cuando el hecho sea cometido por funcionario o empleado público en el ejerci
cio de su cargo.
d) Cuando el hecho sea cometido por un particular en la prestación de un servicio público.”
2. El presente Decreto fue declarado de urgencia nacional con el voto fa
vorable de más de las dos
terceras partes del total de diputados que integran el Congreso de la República, aprobado en un solo
debate y entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el diario oficial
REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCION, PROMULCA
CION Y PUBLICACIÓN.
EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, A
LOS ONCE DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOS

Idioma Español
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CODIGO PROCESAL PENAL
LIBRO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
TITULO I
PRINCIPIOS BÁSICOS
CAPITULO I
GARANTÍAS PROCESALES
ARTÍCULO 4. JUICIO PREVIO. Nadie podrá ser condenado, penado o sometido a medida de seguridad
y corrección, sino en sentencia firme, obtenida por un procedimiento llevado a cabo conforme a las
disposiciones de este Código y a las normas de la Constitución, con observancia estricta de las garantías
previstas para las personas y de las facultades y derechos del imputado o acusado.
ARTÍCULO 16. RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS. Los tribunales y demás autoridades que
intervengan en los procesos deberán cumplir los deberes que les imponen la Constitución y los tratados
internacionales sobre respeto a los derechos humanos.
ARTICULO 20.- DEFENSA. La defensa de la persona o de sus derechos es inviolable en el proceso penal.
Nadie podrá ser condenado sin haber sido citado, oído y vencido en procedimiento preestablecido y ante
tribunal competente, en el que se hayan observado las formalidades y garantías de ley.
ARTICULO 21.- IGUALDAD EN EL PROCESO. Quienes se encuentren sometidos a proceso gozarán de
las garantías y derechos que la Constitución y las leyes establecen, sin discriminación.
CAPITULO II
SECCION PRIMERA
ACCION PENAL
ARTICULO 25.- * CRITERIO DE OPORTUNIDAD. Cuando el Ministerio Público considere que el interés
público o la seguridad ciudadana no están gravemente afectados o amenazados, previo consentimiento
del agraviado y autorización judicial, podrá abstenerse de ejercitar la acción penal en los casos siguientes:
1) Si se tratare de delitos no sancionados con pena de prisión;
2) Si se tratare de delitos perseguibles por instancia particular;
3) En los delitos de acción pública, cuya pena máxima de prisión no fuere superior a cinco años con
excepción de los delitos tipificados en la Ley contra la Narcoactividad.
4) Que la responsabilidad del sindicado o su contribución a la perpetración del delito sea mínima;
5) Que el inculpado haya sido afectado directa y gravemente por las consecuencias de un delito culposo
y la pena resulte inapropiada;
6) El criterio de oportunidad se aplicará por los jueces de primera instancia obligadamente a los cómplices
o autores del delito de encubrimiento que presten declaración eficaz contra los autores de los delitos
siguientes: contra la salud, defraudación, contrabando, delitos contra la hacienda pública, la economía
nacional, la seguridad del Estado, contra la Constitución, contra el orden público, contra la tranquilidad
social, cohecho, peculado y negociaciones ilícitas, así como en los casos de plagio o secuestro. Durante
el trámite del proceso, aquellas personas no podrán ser sometidas a persecución penal respecto de

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los hechos de que presten declaración, siempre que su dicho contribuya eficazmente a delimitar
la responsabilidad penal de los autores de los mencionados delitos bajo estricta responsabilidad
del Ministerio Público, lo que se establecerá en la efectiva investigación del fiscal. En este caso, el
juez de primera instancia está obligado a autorizarlo, aplicándose de oficio en esta oportunidad el
sobreseimiento correspondiente.
La declaración se recibirá con observancia de los requisitos de la prueba anticipada, procediendo el
agente fiscal que tiene a cargo la investigación a determinar la forma adecuada de presentación ante juez
respectivo. Si el fiscal tuviere que trasladarse, el juez de primera instancia que controla la investigación,
con carácter urgente y conforme la ley, deberá en este caso, comisionar al juez competente que junto al
fiscal deberá trasladarse al lugar donde la persona se encuentra para realizar la diligencia.
El criterio de oportunidad a que se refieren los numerales del 1 al 5 de este artículo no se aplicará a
hechos delictivos cometidos por funcionario o empleado público con motivo o ejercicio de su cargo.
ARTICULO 25 BIS.- REQUISITOS
Para aplicar el criterio de oportunidad, en los numerales del 1 al 5 establecidos en el artículo 25, es
necesario que el imputado hubiere reparado el daño ocasionado o exista un acuerdo con el agraviado
y se otorguen las garantías para su cumplimiento en el que, incluso, puedan aplicarse los usos y las
costumbres de las diversas comunidades para la solución de los conflictos, los principios generales del
derecho o la equidad, siempre que no violen garantías constitucionales ni tratados internacionales en
materia de Derechos Humanos.
En caso de no existir una persona agraviada o afectada directamente, el Ministerio Público o quien haga
sus veces podrá solicitar al juez la aplicación del criterio de oportunidad, siempre que el imputado repare
los daños y perjuicios causados a la sociedad u otorgue las garantías suficientes para su resarcimiento en
el plazo máximo de un año. En caso de insolvencia, el imputado deberá retribuir el daño social mediante
la prestación de servicio social a la comunidad en la actividad que el tribunal designe, en períodos de diez
a quince horas semanales, durante el lapso de un año, en el que deberá observar, además, las normas de
conducta y abstenciones que el tribunal le señale. Si desobedeciere las reglas de conducta o abstenciones
impuestas cometerá el delito de desobediencia.
Las reglas o abstenciones que pueden imponerse son las siguientes:
1) Residir en lugar determinado o someterse a la vigilancia que determine el juez;
2) La prohibición de visitar determinados lugares o personas;
3) Abstenerse del uso de estupefacientes o de bebidas alcohólicas;
4) Finalizar la escolaridad primaria, aprender una profesión u oficio o seguir cursos de capacitación en
la institución que determine el juez;
5) Realizar trabajo de utilidad pública a favor del Estado o instituciones de beneficencia, fuera de sus
horarios habituales de trabajo;
6) Someterse a un tratamiento médico o psicológico, si fuere necesario;
7) Prohibición de portación de arma de fuego;
8) Prohibición de salir del país;
9) Prohibición de conducir vehículos automotores; y,
10) Permanecer en un trabajo o empleo, o adoptar en el plazo que el juez determine, un oficio, arte,
industria o profesión, si no tuviere medios propios de subsistencia.
La aplicación del criterio de oportunidad provocará el archivo del proceso por el término de un año,
al vencimiento del cual se extinguirá la acción penal, salvo que se pruebe durante este lapso que hubo
fraude, error, dolo, simulación o violencia para su otorgamiento o si surgieren elementos que demuestren
que la figura delictiva era más grave y que de haberse conocido no hubieren permitido la aplicación del
criterio de oportunidad.

Idioma Español
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ARTICULO 25. TER. * CONCILIACIÓN.
Formulada la solicitud por parte del Ministerio Público o por el síndico municipal, o por el agraviado
o el imputado o su defensor para la aplicación de un criterio de oportunidad, el juez de paz citará a las
partes, bajo apercibimiento de ley, a una audiencia de conciliación.
Presentes las partes, el juez explicará el objeto de la audiencia procediendo a escuchar, en su orden,
al fiscal o auxiliar del fiscal o síndico municipal, a la víctima o agraviado y al imputado. El juez debe
obrar en forma imparcial, ayudando a las partes a encontrar una solución equitativa, justa y eficaz, para
propiciar la solución del conflicto. Su función es la de ser un facilitador en la comunicación y el diálogo
constructivo entre las partes. Las partes podrán ser asistidas por sus abogados.
Si se llegare a un acuerdo, se levantará acta firmada por los comparecientes. Si no hubiere acuerdo, se
dejará constancia de ello y continuará la tramitación del mismo. En el acta de conciliación se determinarán
las obligaciones pactadas, entre las cuales se contemplará la reparación del daño y el pago de los
perjuicios si hubiere lugar a ello, señalando, si así se hubiere acordado, el plazo para su cumplimiento y
la constitución de las garantías necesarias. La certificación del acta de conciliación tendrá la calidad de
título ejecutivo para la acción civil.
Si el Ministerio Público considera que es procedente el criterio de oportunidad y la víctima no aceptare
ninguna de las fórmulas de conciliación propuestas, podrá otorgar la conversión de la acción a petición
del agraviado.
ARTICULO 25 QUÁTER.- * MEDIACIÓN.
Las partes, sólo de común acuerdo, en los delitos condicionados a instancia particular, en los de acción
privada, así como aquellos en los que proceda el criterio de oportunidad, excepto el numeral 6º. del artículo
25, con la aprobación del Ministerio Público o del síndico municipal, podrán someter sus conflictos penales
al conocimiento de centros de conciliación o mediación registrados por la Corte Suprema de Justicia,
a través de los juzgados de primera instancia penal correspondientes, integrados por personas idóneas,
nativas de la comunidad o bajo dirección de abogado colegiado capaces de facilitar acuerdos y, una vez
obtenidos los mismos, se trasladará un acta suscinta al Juez de Paz para su homologación, siempre que
no viole la Constitución o Tratados Internacionales en Derechos Humanos, para lo cual bastará un breve
decreto judicial que le dará valor de título ejecutivo al convenio suficiente para la acción civil en caso
de incumplimiento de los acuerdos patrimoniales.
ARTICULO 25 QUINQUES.* CONDICIÓN.
El criterio de oportunidad no podrá otorgarse más de una vez al mismo imputado por la lesión o amenaza
mediante dolo del mismo bien jurídico.
El Ministerio Público tomará las previsiones necesarias para dar estricto cumplimiento a esta norma.
ARTICULO 26.- * CONVERSIÓN.
Las acciones de ejercicio público podrán ser transformadas en acciones privadas, únicamente ejercitadas
por el agraviado conforme al procedimiento especial previsto y siempre que no produzcan impacto social,
en los casos siguientes:
1) Cuando se trate de los casos previstos para prescindir de la persecución penal, conforme el criterio
de oportunidad.
2) En cualquier delito que requiera de denuncia o instancia particular, a pedido del legitimado a instar,
cuando el Ministerio Público lo autorice, porque no existe un interés público gravemente comprometido
y el agraviado garantiza una persecución penal eficiente.

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3) En los delitos contra el patrimonio, según el régimen previsto en el inciso anterior, excepto cuando se
trate de delitos de hurto y robo agravados, si en un mismo hecho hubiere pluralidad de agraviados,
será necesario el consentimiento de todos ellos, aunque sólo uno hubiere asumido el ejercicio de la
acción penal.
ARTICULO 27.- * SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA PERSECUCIÓN PENAL.
En los delitos cuya pena máxima no exceda de cinco años de prisión, en los delitos culposos, y en los
delitos contra el orden jurídico tributario a que se refiere los artículos: 358 “A” 358 “B” 358 “C” 358
“D”, el Ministerio Público a solicitud del interesado en gozar de este beneficio, y previa comprobación
del pago del valor de los impuestos retenidos o defraudados, así como los recargos, multas e intereses
resarcitorios, que acreditará mediante documentación que debe expedir la autoridad tributaria, propondrá
la suspensión condicional de la persecución penal. La suspensión no podrá otorgarse a reincidentes, ni a
quien se haya condenado anteriormente por delito doloso.
EL PEDIDO CONTENDRÁ:
1) Los datos que sirvan para identificar al imputado;
2) El hecho punible atribuido;
3) Los preceptos penales aplicables; y,
4) Las instrucciones o imposiciones que requiere,
El Juez de Primera Instancia con base en la solicitud del Ministerio Público, deberá disponer la suspensión
condicional de la persecución penal si el imputado manifiesta conformidad admitiendo la veracidad de
los hechos que se le imputan y si a juicio del Juez hubiere reparado el daño correspondiente o afianzare
suficientemente la reparación, incluso por acuerdos con el agraviado o asumiere o garantizare la obligación
de repararlo, garantía que podrá consistir en hipoteca, prenda o fianza.
De no existir una persona directamente agraviada o afectada y en caso de insolvencia del imputado se
aplicará la norma contenida en el párrafo segundo del artículo 25 Bis.
La suspensión de la persecución penal no será inferior de dos años ni mayor de cinco, ni impedirá el
progreso de la acción civil derivada del incumplimiento de los acuerdos celebrados entre las partes, en
ninguna forma. Transcurrido el período fijado sin que el imputado cometiere un nuevo delito doloso, se
tendrá por extinguida la acción penal”.
TITULO III
LA ACTIVIDAD PROCESAL
CAPITULO I
ARTICULO 142. IDIOMA.
Los actos procesales serán cumplidos en español. Cuando una persona se exprese con dificultad en ese
idioma, se le brindará la ayuda necesaria para que el acto se pueda desarrollar.
La exposición de personas que ignoren el idioma oficial o a quienes se les permita hacer uso de su propio
idioma, de un sordomudo que no sepa darse a entender por escrito y los documentos o grabaciones en
lengua distinta o en otra forma de transmisión del conocimiento, sólo tendrán efectos, una vez realizada
su traducción o interpretación, según corresponda.
Los actos procesales deberán también realizarse en idioma indígena y traducidos al español
simultáneamente. En este caso, las actas y resoluciones se redactarán en ambos idiomas.

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LIBRO PRIMERO
CAPITULO V
PRUEBA
SECCION QUINTA
PERITACIONES ESPECIALES
ARTICULO 243.- TRADUCTORES E INTÉRPRETES.
Si fuere necesaria una traducción o una interpretación, el juez o el Ministerio Público, durante la
investigación preliminar, seleccionará y determinará el número de los que han de llevar a cabo la operación.
Las partes estarán facultadas para concurrir al acto en compañía de un consultor técnico que los asesore
y para formular las objeciones que merezca la traducción o interpretación oficial.
LIBRO SEGUNDO
EL PROCEDIMIENTO COMÚN
TÍTULO III
JUICIO
CAPÍTULO II
DEBATE
SECCIÓN PRIMERA
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
ARTICULO 362. ORALIDAD.
El debate será oral. En esa forma se producirán las declaraciones del acusado, de los órganos de prueba
y las intervenciones de todas las personas que participan en él. Las resoluciones del tribunal se dictarán
verbalmente, quedando notificados todos por su emisión, pero constarán en el acta del debate. Asimismo
también podrá proceder de acuerdo al párrafo tercero del Artículo 142 de este Código, en lo que fuera
aplicable.
Quienes no pudieren hablar o no lo pudieren hacer en el idioma oficial formularán sus preguntas o
contestaciones por escrito o por medio de intérpretes, leyéndose o relatándose las preguntas o las
contestaciones de la audiencia.
El acusado sordo y que no pudiere entender el idioma oficial deberá ser auxiliado por un intérprete para
que le transmita el contenido de los actos del debate. Asimismo también podrá procederse de acuerdo al
párrafo tercero del Artículo 142 en lo que fuere aplicable.
SECCIÓN SEGUNDA
DESARROLLO
ARTICULO 376.- PERITOS.
El presidente hará leer las conclusiones de los dictámenes presentados por los peritos. Si estos hubieran sido
citados, responderán directamente a las preguntas que les formulen las partes, sus abogados o consultores
técnicos y los miembros del tribunal, en ese orden y comenzando por quienes ofrecieron el medio de
prueba. Si resultaré conveniente, el tribunal podrá disponer que los peritos presencien los actos del debate.

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Estas disposiciones son aplicables, en lo pertinente, a los intérpretes.
DISPOSICIONES FINALES
TÍTULO III
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
ARTICULO 552 BIS.- * JUZGADOS DE PAZ COMUNITARIOS.
En cinco municipios de la República en donde no hubiere juzgados de paz y en el plazo de tres meses, la
Corte Suprema de Justicia nombrará como jueces de paz en materia penal a tres personas de reconocida
honorabilidad y arraigo que puedan comunicarse en la lengua predominante de la región y en español.
Para la designación de los jueces comunitarios, la Corte Suprema de Justicia realizará consultas con las
diferentes autoridades comunitarias.
Los jueces de paz comunitarios tendrán competencia para:
a) Aplicar el criterio de oportunidad, en los casos y formas en que autoriza el artículo 25 de este
Código, salvo el numeral sexto.
b) Podrán celebrar audiencias de conciliación y aprobar acuerdos entre las partes en los casos de
delitos de acción privada y de acción pública dependientes de instancia particular.
c) Recibirán la primera declaración del imputado, dictarán las medidas de coerción personal que
correspondan y remitirán el expediente al juzgado de primera instancia competente, poniendo a
su disposición al detenido, si lo hubiere, cuando se trate de delitos graves o cuando no proceda el
criterio de oportunidad o fracase la conciliación.
d) Si no hubiere delegación del Ministerio Público, ordenará el levantamiento de cadáveres,
documentando la diligencia en acta en la cual se consignen las circunstancias.
Dichos jueces resolverán por mayoría, previa deliberación y ejercerán su competencia en la circunscripción
territorial del Municipio. Presidirá el tribunal el juez de mayor edad y resolverán con arreglo a los usos
y costumbres, la equidad y los principios generales del Derecho cuando ello fuere posible. Sus fallos no
podrán violar la Constitución ni las leyes. La actividad judicial que desarrollen se efectuará conforme a
los principios de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción que inspiran el sistema acusatorio.
Concluido un año de funcionamiento de los juzgados de paz comunitarios, con informe favorable de la
Corte Suprema de Justicia, se implementará este tipo de juzgados en los municipios del país, donde no
hubiere juzgados de paz.
CÓDIGO MUNICIPAL
TÍTULO I
GENERALIDADES
ARTICULO 2. NATURALEZA DEL MUNICIPIO. El municipio es la unidad básica de la organización
territorial del Estado y espacio inmediato de participación ciudadana en los asuntos públicos. Se caracteriza
primordialmente por sus relaciones permanentes de vecindad, multietnicidad, pluriculturalidad, y
multilingüismo, organizado para realizar el bien común de todos los habitantes de su distrito.

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ARTICULO 3. AUTONOMÍA. En ejercicio de la autonomía que la Constitución Política de la República
garantiza al municipio, éste elige a sus autoridades y ejerce por medio de ellas, el gobierno y la
administración de sus intereses, obtiene y dispone de sus recursos patrimoniales, atiende los servicios
públicos locales, el ordenamiento territorial de su jurisdicción, su fortalecimiento económico y la emisión
de sus ordenanzas y reglamentos. Para el cumplimiento de los fines que le son inherentes coordinará
sus políticas con las políticas generales del Estado y en su caso, con la política especial del ramo al que
corresponda. Ninguna ley o disposición legal podrá contrariar, disminuir o tergiversar la autonomía
municipal establecida en la Constitución Política de la República.
ARTÍCULO 4. FORMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. El municipio podrá dividirse en las
siguientes formas de ordenamiento territorial: la cabecera municipal, aldea, caserío, paraje, cantón,
barrio, zona, colonia, lotificación, parcelamiento urbano o agrario, micro región, finca, las formas propias
de ordenamiento territorial de los pueblos indígenas y de las demás formas de ordenamiento territorial
definidas localmente al interior del municipio conforme a lo establecido en el artículo 22 de éste código.
ARTICULO 5. SERVICIO A LOS INTERESES PÚBLICOS. Los municipios y otras entidades locales
sirven a los intereses públicos que les están encomendados y actúan de acuerdo con los principios de
eficacia, eficiencia, descentralización, desconcentración y participación comunitaria, con observancia
del ordenamiento jurídico aplicable
ARTICULO 7. EL MUNICIPIO EN EL SISTEMA JURÍDICO. El municipio, como institución autónoma de
derecho público, tiene personalidad jurídica y capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones,
y en general para el cumplimiento de sus fines en los términos legalmente establecidos, y de conformidad
con su características multiétnicas, pluriculturales y multilingües. Su representación la ejercen los órganos
determinados en este Código.
ARTICULO 8. ELEMENTOS DEL MUNICIPIO. Integran el municipio los siguientes elementos básicos:
a) La población.
b) El territorio.
c) La autoridad ejercida en representación de los habitantes, tanto por el Concejo Municipal como por
las autoridades tradicionales propias de las comunidades de su circunscripción.
d) La comunidad organizada.
e) La capacidad económica.
f) El ordenamiento jurídico municipal y el derecho consuetudinario del lugar.
g) El patrimonio del municipio.
TITULO II
POBLACION Y TERRITORIO
CAPITULO I
POBLACION
ARTICULO 11. POBLACIÓN. La población del municipio está constituida por todos los habitantes de
su circunscripción territorial.
ARTICULO 12. VECINDAD. La vecindad es la circunscripción municipal en la que reside una persona
individual.
ARTICULO 14. CALIDAD DE VECINO. La calidad de vecino se prueba con la cédula de vecindad, cuyo
uso es obligatorio, y que deberá extender el Alcalde Municipal, concejal u otro funcionario que designe

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el Concejo Municipal, en el caso de los mayores de edad. Los menores de edad se identifican con la
certificación de su partida de nacimiento y mantienen la vecindad de sus padres.
ARTICULO 17. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS VECINOS. Son derechos y obligaciones de los
vecinos:
a) Ejercer los derechos ciudadanos de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de la
República y la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
b) Optar a cargos públicos municipales.
c) Servir y defender los intereses del municipio y la autonomía municipal.
d) Contribuir a los gastos públicos municipales, en la forma prescrita por la ley.
e) Participar en actividades políticas municipales.
f) Participar activa y voluntariamente en la formulación, planificación, ejecución y evaluación de las
políticas públicas municipales y comunitarias.
g) Ser informado regularmente por el gobierno municipal de los resultados de las políticas y planes
municipales y de la rendición de cuentas, en la forma prevista por la ley.
h) Integrar la comisión ciudadana municipal de auditoría social.
i) Utilizar de acuerdo con su naturaleza los servicios públicos municipales y acceder a los
aprovechamientos comunales conforme a las normas aplicables.
j) Participar en las consultas a los vecinos de conformidad con la ley.
k) Pedir la consulta popular municipal en los asuntos de gran trascendencia para el municipio, en la
forma prevista por este Código.
l) Solicitar la prestación, y en su caso, el establecimiento del correspondiente servicio público municipal.
m) Aquellos otros derechos y deberes establecidos en las leyes.
Los extranjeros domiciliados que sean mayores de edad tienen los derechos y deberes propios de los
vecinos, salvo los de carácter político. No obstante, tendrán los derechos que en los términos prevea la
legislación electoral general.
ARTICULO 18. ORGANIZACIÓN DE VECINOS. Los vecinos podrán organizarse en asociaciones
comunitarias, incluyendo las formas propias y tradicionales surgidas en el seno de las diferentes
comunidades, en la forma que las leyes de la materia y este Código establecen.
ARTICULO 20. COMUNIDADES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. Las comunidades de los pueblos
indígenas son formas de cohesión social natural y como tales tienen derecho al reconocimiento de su
personalidad jurídica, debiendo inscribirse en el registro civil de la municipalidad correspondiente, con
respeto de su organización y administración interna que se rige de conformidad con sus normas, valores
y procedimientos propios, con sus respectivas autoridades tradicionales reconocidas y respetadas por el
Estado, de acuerdo a disposiciones constitucionales y legales.
ARTICULO 21. RELACIONES DE LAS COMUNIDADES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS ENTRE SÍ.
Se respetan y reconocen las formas propias de relación u organización de las comunidades de los
pueblos indígenas entre sí, de acuerdo a criterios y normas tradicionales o a la dinámica que las mismas
comunidades generen.
CAPITULO II
TERRITORIO
ARTICULO 25. CONFLICTO DE LÍMITES JURISDICCIONALES ENTRE COMUNIDADES. Los conflictos
de límites que existan o surjan entre comunidades de un mismo municipio, serán resueltos con mediación
del Concejo Municipal, tomando en cuenta las posiciones de cada una de las partes en conflicto, en
coordinación con las autoridades reconocidas por las comunidades, promoviendo la participación de las
comunidades afectadas y la conciliación entre las mismas.

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CAPITULO III
PROCEDIMIENTOS PARA LA CREACION Y MODIFICACION DE MUNICIPIOS
ARTICULO 31. PROCEDIMIENTOS CONSULTIVOS. Si el Congreso de la República lo considerase
necesario podrá someter a consulta de las poblaciones del o de los municipios o departamentos afectados,
cualquier asunto dirigido a dividir o modificar su circunscripción, antes de emitir la ley que lo decida.
TITULO III
GOBIERNO Y ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO
CAPITULO I
GOBIERNO DEL MUNICIPIO
ARTICULO 33. GOBIERNO DEL MUNICIPIO. Corresponde con exclusividad al Concejo Municipal el
ejercicio del gobierno del municipio, velar por la integridad de su patrimonio, garantizar sus intereses
con base en los valores, cultura y necesidades planteadas por los vecinos, conforme a la disponibilidad
de recursos.
CAPITULO IV
ALCALDIAS INDIGENAS, ALCALDIAS COMUNITARIAS O
ALCALDIAS
AUXILIARES
ARTICULO 55. ALCALDÍAS INDÍGENAS. El gobierno del municipio debe reconocer, respetar y
promover las alcaldías indígenas, cuando éstas existan, incluyendo sus propias formas de funcionamiento
administrativo.
ARTICULO 56. ALCALDÍAS COMUNITARIAS O ALCALDÍAS AUXILIARES. El Concejo Municipal, de
acuerdo a los usos, normas, y tradiciones de las comunidades, reconocerá a las alcaldías comunitarias
o alcaldías auxiliares, como entidades representativas de las comunidades, en especial para la toma de
decisiones y como vínculo de relación con el gobierno municipal.
El nombramiento de alcaldes comunitarios o alcaldes auxiliares lo emitirá el alcalde municipal, con base a
la designación o elección que hagan las comunidades de acuerdo a los principios, valores, procedimientos
y tradiciones de las mismas.
ARTICULO 57. DURACIÓN DE LOS CARGOS DE LA ALCALDÍA COMUNITARIA O AUXILIAR. Los
miembros de las alcaldías comunitarias o alcaldías auxiliares durarán en el ejercicio de sus cargos el período
que determine la asamblea comunitaria, el cual no podrá exceder el período del Concejo Municipal, con
base en los principios, valores, normas y procedimientos de la comunidad, o en forma supletoria, según
las ordenanzas que emita el Concejo Municipal.
ARTICULO 58. ATRIBUCIONES DEL ALCALDE COMUNITARIO O ALCALDE AUXILIAR. Son atribuciones
del alcalde comunitario o alcalde auxiliar, en su respectiva circunscripción, las siguientes:
a) Promover la organización y la participación sistemática y efectiva de la comunidad en la identificación
y solución de los problemas locales.
b) Colaborar en la identificación de las necesidades locales y en la formulación de propuestas de solución
a las mismas.
c) Proponer lineamientos e instrumentos de coordinación en la comunidad para la ejecución de
programas o proyectos por parte de personas, instituciones o entidades interesadas en el desarrollo
de las comunidades.

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d) Elaborar, gestionar y supervisar, con el apoyo y la coordinación del Concejo Municipal, programas
y proyectos que contribuyan al desarrollo integral de la comunidad.
e) Cooperar en censos nacionales y municipales, así como en el levantamiento y actualización del
catastro municipal.
f) Promover y gestionar en el ámbito comunitario y municipal las acciones que garanticen el uso racional
y sostenible de la infraestructura pública.
g) Ejercer y representar, por delegación del alcalde, a la autoridad municipal.
h) Ser vínculo de comunicación entre las autoridades del municipio y los habitantes.
i) Rendir los informes que le sean requeridos por el Concejo Municipal o el alcalde.
j) Mediar en los conflictos que los vecinos de la comunidad le presenten, coordinando esfuerzos con
el Juzgado de Asuntos Municipales, cuando el caso lo requiera.
k) Velar por el cumplimiento de las ordenanzas, reglamentos y disposiciones de carácter general,
emitidos por el Concejo Municipal o el alcalde, a quien dará cuenta de las infracciones y faltas que
se cometan.
l) Velar por la conservación, protección y desarrollo de los recursos naturales de su circunscripción
territorial.
m) Las demás que le sean asignadas por la ley y, las que le delegue el Concejo Municipal o el alcalde
municipal, en el ámbito de sus respectivas competencias. Los funcionarios y empleados municipales,
deberán prestar, en lo que les corresponda, la colaboración necesaria para el cumplimiento de las
atribuciones del alcalde comunitario o alcalde auxiliar.
El Concejo Municipal sesionará, cuando menos dos (2) veces al año, con los alcaldes comunitarios o
auxiliares del municipio, para coordinar actividades.
ARTICULO 59. RETRIBUCIÓN A LOS CARGOS DE ALCALDES COMUNITARIOS O ALCALDES
AUXILIARES. Cada municipalidad, de acuerdo a sus recursos financieros, regulará en el reglamento
municipal la retribución que corresponda por el servicio de alcalde comunitario o alcalde auxiliar.
TÍTULO IV
INFORMACION Y PARTICIPACION CIUDADANA
CAPITULO I
INFORMACION Y PARTICIPACION CIUDADANA
ARTICULO 60. FACILITACIÓN DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Los Concejos
Municipales facilitarán la más amplia información sobre su actividad y la participación de todos los
ciudadanos en la vida local.
ARTICULO 61. FACULTADES DE DECISIÓN. Las formas, medios y procedimientos de participación
ciudadana que los concejos municipales de desarrollo establezcan en ejercicio de su potestad para auto-
organizarse no podrán en ningún caso menoscabar las facultades de decisión que corresponden al Concejo
Municipal, el alcalde y los demás órganos representativos regulados por la ley.
ARTICULO 62. DERECHO A SER INFORMADO. Todos los vecinos tienen derecho a obtener copias y
certificaciones que acrediten los acuerdos de los concejos municipales, sus antecedentes, así como consultar
los archivos y registros financieros y contables, en los términos del artículo 30 de la Constitución Política
de la República.
ARTICULO 63. CONSULTA A LOS VECINOS. Cuando la trascendencia de un asunto aconseje la
conveniencia de consultar la opinión de los vecinos, el Concejo Municipal, con el voto de las dos terceras

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(2/3) partes del total de sus integrantes, podrá acordar que tal consulta se celebre tomando en cuenta
las modalidades indicadas en los artículos siguientes.
ARTICULO 64. CONSULTA A SOLICITUD DE LOS VECINOS. Los vecinos tienen el derecho de solicitar
al Concejo Municipal la celebración de consultas cuando se refiera a asuntos de carácter general que
afectan a todos los vecinos del municipio. La solicitud deberá contar con la firma de por lo menos el
diez por ciento (10%) de los vecinos empadronados en el municipio. Los resultados serán vinculantes si
participa en la consulta al menos el veinte por ciento (20%) de los vecinos empadronados y la mayoría
vota favorablemente el asunto consultado.
ARTICULO 65. CONSULTAS A LAS COMUNIDADES O AUTORIDADES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO.
Cuando la naturaleza de un asunto afecte en particular los derechos y los intereses de las comunidades
indígenas del municipio o de sus autoridades propias, el Concejo Municipal realizará consultas a solicitud
de las comunidades o autoridades indígenas, inclusive aplicando criterios propios de las costumbres y
tradiciones de las comunidades indígenas.
ARTICULO 66. MODALIDADES DE ESAS CONSULTAS. Las modalidades de las consultas a que se refieren
los artículos 64 y 65 de este Código, entre otras, podrán realizarse de la manera siguiente:
1. Consulta en boleta diseñada técnica y específicamente para el caso, fijando en la convocatoria el
asunto a tratar, la fecha y los lugares donde se llevará a cabo la consulta.
2. Aplicación de criterios del sistema jurídico propio de las comunidades del caso. Los resultados
serán vinculantes si participa en la consulta al menos el cincuenta (50) por ciento de los vecinos
empadronados y la mayoría vota favorablemente el asunto consultado.
TITULO VI
FINANZAS DEL MUNICIPIO
CAPITULO I
FINANZAS MUNICIPALES
ARTICULO 109. TIERRAS COMUNITARIAS.El gobierno municipal establecerá, previa consulta con las
autoridades comunitarias, los mecanismos que garanticen a los miembros de las comunidades el uso,
conservación y administración de las tierras comunitarias cuya administración se haya encomendado
tradicionalmente al gobierno municipal; en todo caso, los mecanismos deben basarse en lo indicado en
el Título IV, Capítulo I de este Código.
TITULO VIII
REGIMEN SANCIONATORIO
CAPITULO IV
DISPOSICIONES FINALES
ARTICULO 175. ASOCIACIONES CIVILES Y COMITÉS. Las asociaciones civiles y comités, a que se
refieren los artículos 18 y 19 de este Código, autorizados por las gobernaciones departamentales y otras
autoridades, quedarán, a partir de la vigencia de este Código, bajo la competencia técnica y legal del
alcalde municipal de su circunscripción territorial. De conformidad con la ley respectiva las asociaciones
civiles y comités quedan exentos del pago del impuesto de timbres fiscales.

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LEY CONTRA EL FEMICIDIO Y OTRAS FORMAS
DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
CAPÍTULO I
PARTE GENERAL
ARTICULO 9. PROHIBICIÓN DE CAUSALES DE JUSTIFICACIÓN. En los delitos tipificados contra la
mujer no podrán invocarse costumbres o tradiciones culturales o religiosas como causal de justificación o
de exculpación para perpetrar, infligir, consentir, promover, instigar o tolerar la violencia contra la mujer.
Con la sola denuncia del hecho de violencia en el ámbito privado, el órgano jurisdiccional que la conozca
deberá dictar las medidas de seguridad a que se refiere el artículo 7 de la Ley para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia Intrafamiliar, pudiéndose aplicar a la mujer que sea víctima de los delitos
establecidos en la presente ley, aún cuando el agresor no sea su pariente.
LEY DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA
LIBRO I
DISPOSICIONES SUSTANTIVAS
TITULO I
CONSIDERACIONES BÁSICAS
CAPITULO UNICO
ARTÍCULO 1. OBJETO DE LA LEY. La presente Ley es un instrumento jurídico de integración familiar
y promoción social, que persigue lograr el desarrollo integral y sostenible de la niñez y adolescencia
guatemalteca, dentro de un marco democrático e irrestricto respeto a los derechos humanos.
ARTÍCULO 2. DEFINICIÓN DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Para los efectos de esta ley se considera niño
o niña, a toda persona desde su concepción hasta que cumple trece años de edad y adolescente a toda
aquella desde los trece hasta que cumple dieciocho años de edad.
ARTÍCULO 3. SUJETO DE DERECHO Y DEBERES. El Estado deberá respetar los derechos y deberes de los
padres o en su caso de las personas encargadas del niño, niña o adolescente, de impartir en consonancia
con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño, niña y adolescente
ejerza los derechos reconocidos en la Constitución Política de la República, la presente Ley y demás leyes
internas, los Tratados,

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Convenios, Pactos y demás instrumentos internacionales en materia de derechos humanos aceptados
y ratificados por Guatemala, sin más restricciones que las que establece la ley, cuya interpretación no
será extensiva.
ARTÍCULO 4. DEBERES DEL ESTADO. Es deber del Estado promover y adoptar las medidas necesarias
para proteger a la familia, jurídica y socialmente, así como garantizarle a los padres y tutores, el
cumplimiento de sus obligaciones en lo relativo a la vida, libertad, seguridad, paz, integridad personal,
salud, alimentación, educación, cultura, deporte, recreación y convivencia familiar y comunitaria de
todos los niños, niñas y adolescentes. Así mismo, es deber del Estado que la aplicación de esta ley esté
a cargo de órganos especializados, cuyo personal deberá tener la formación profesional y moral que
exige el desarrollo integral de la niñez y adolescencia, según la función que desempeñe y conforme a
las Disposiciones Generales de esta Ley.
ARTÍCULO 5. INTERÉS DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA. El interés superior del niño, es una garantía que
se aplicará en toda decisión que se adopte con relación a la niñez y la adolescencia, que deberá asegurar
el ejercicio y disfrute de sus derechos, respetando sus vínculos familiares, origen étnico, religioso, cultural
y lingüístico, teniendo siempre en cuenta su opinión en función de su edad y madurez. En ningún caso su
aplicación podrá disminuir, tergiversar o restringir los derechos y garantías reconocidos en la Constitución
Política de la República, Tratados y Convenios en materia de Derechos Humanos aceptados y ratificados
por Guatemala y en esta Ley.
Se entiende por interés de la familia, a todas aquellas acciones encaminadas a favorecer la unidad
e integridad de la misma y el respeto de las relaciones entre padres e hijos, cumplidos dentro del
ordenamiento legal. El Estado deberá promover y adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento
efectivo del interés de los niños, niñas y adolescentes y de la familia.
ARTÍCULO 8. DERECHOS INHERENTES. Los derechos y garantías que otorga la presente Ley, no excluye
otros, que aunque no figuren expresamente en él, son inherentes a los niños, niñas y adolescentes. La
interpretación y aplicación de las disposiciones de esta ley deberá hacerse en armonía con sus principios
rectores, con los principios generales del derecho, con la doctrina y normativa internacional en esta materia,
en la forma que mejor garantice los derechos establecidos en la Constitución Política de la República,
los Tratados, Convenios, Pactos y demás instrumentos internacionales en materia de derechos humanos
aceptados y ratificados por Guatemala.
TITULO II
DERECHOS HUMANOS
CAPITULO I
DERECHOS INDIVIDUALES
SECCION I
DERECHO A LA VIDA
ARTÍCULO 9. VIDA. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho fundamental a la vida. Es obligación
del Estado garantizar su supervivencia, seguridad y desarrollo integral.
Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la protección, cuidado y asistencia necesaria para lograr
un adecuado desarrollo físico, mental, social y espiritual. Estos derechos se reconocen desde su concepción.

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SECCION II
DERECHO A LA IGUALDAD
ARTÍCULO 10. IGUALDAD. Los derechos establecidos en esta ley serán aplicables a todo niño, niña o
adolescente sin discriminación alguna, por razones de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional,
étnico o social, posición económica, discapacidad física, mental o sensorial; nacimiento o cualquier otra
índole o condición de éstos, de sus padres, familiares, tutores o personas responsables.
A las niñas, niños y adolescentes que pertenezcan a grupos étnicos o de origen indígena, se les reconoce el
derecho de vivir y desarrollarse bajo las formas de organización social que corresponden a sus tradiciones
históricas y culturales, en tanto que estas no sean contrarias al orden público, y el respeto debido a la
dignidad humana.
El Estado garantizará a las niñas, niños y adolescentes cualquiera que sea su ascendencia, a tener su propia
vida cultural, educativa, a profesar y practicar su propia espiritualidad, costumbres, a emplear su propio
idioma y gozar de todos los derechos y garantías que le son inherentes, de acuerdo a su cosmovisión.
SECCION III
DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL
ARTÍCULO 11. INTEGRIDAD. Todo niño, niña y adolescente tiene derecho a ser protegido contra
toda forma de descuido, abandono o violencia, así también a no ser sometido a torturas, tratos crueles,
inhumanos o degradantes.
SECCION IV
DERECHO A LA LIBERTAD, IDENTIDAD, RESPETO, DIGNIDAD Y PETICION
ARTÍCULO 12. LIBERTAD. Los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho a la libertad que les confiere
la Constitución Política de la República, Tratados, Convenios, Pactos y demás instrumentos Internacionales
aceptados y ratificados por Guatemala y la legislación interna.
ARTÍCULO 13. GOCE Y EJERCICIO DE DERECHOS. El Estado debe garantizar la protección jurídica
de la familia. Los niños, niñas y adolescentes deben gozar y ejercitar sus derechos en la medida de su
desarrollo físico, mental, moral y espiritual dentro del marco de las instituciones del derecho de familia
reconocidas en la legislación.
El Estado respetará los derechos y deberes de los padres y en su caso de los representantes legales, de
guiar, educar y corregir al niño, niña o adolescente, empleando medios prudentes de disciplina que no
vulneren su dignidad como individuos o miembros de una familia siendo responsables penal y civilmente
de los excesos, que como resultado de sus acciones y omisiones, incurrieren en el ejercicio de la patria
potestad o tutela.
ARTÍCULO 14. IDENTIDAD. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a tener su identidad, incluidos
la nacionalidad y el nombre, conocer a sus padres y ser cuidados por ellos, las expresiones culturales propias
y su idioma. Es obligación del Estado garantizar la identidad del niño, niña y adolescente, sancionando
a los responsables de la sustitución, alteración o privación de ella.
Los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho de no ser separados de su familia, sino en las circunstancias
especiales definidas en la ley y con la exclusiva finalidad de restituirle sus derechos.
El Estado deberá prestar la asistencia y protección adecuada en todos aquellos casos en los que sean
privados ilegalmente de alguno de los elementos que constituyen su identidad, con el fin de restablecerla.

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CAPITULO II
DERECHOS SOCIALES
SECCIÓN I
DERECHO A UN NIVEL DE VIDA
ADECUADO Y A LA SALUD
ARTÍCULO 32. AUTORIZACIÓN PARA TRATAMIENTOS MÉDICOS. Los centros de atención médica,
públicos o privados, deben requerir autorización de los padres de familia, tutores o encargados para poder
hospitalizar o aplicar los tratamientos que requieran los niños, niñas y adolescentes, salvo en casos de
emergencia en los cuales la vida o integridad de éstos se encuentre en riesgo. Cuando por razones de índole
cultural o religiosa, los padres, tutores o encargados negaren su consentimiento para la hospitalización
de sus hijos o hijas que tutela esta Ley, el médico tratante queda facultado para adoptar las acciones
inmediatas a efecto de proteger la vida o la integridad física de éstos.
ARTÍCULO 33. SALUD PRIMARIA. El Estado por medio de los organismos competentes deberá establecer
programas dedicados a la atención integral del niño y niña hasta los seis años, así como promoverá la
salud preventiva, procurando la activa participación de la familia y la comunidad, sin perjuicio de las
obligaciones que el Estado tiene para todos los niños, niñas o adolescentes.
SECCION II
DERECHO A LA EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN
ARTÍCULO 36. EDUCACIÓN INTEGRAL. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir una
educación integral de acuerdo a las opciones éticas, religiosas y culturales de su familia.
Ésta deberá ser orientada a desarrollar su personalidad, civismo y urbanidad, promover el conocimiento
y ejercicio de los derechos humanos, la importancia y necesidad de vivir en una sociedad democrática
con paz y libertad de acuerdo a la ley y a la justicia; con el fin de prepararles para el ejercicio pleno y
responsable de sus derechos y deberes, asegurándoles:
a) Igualdad de condiciones para el acceso y permanencia en la escuela;
b) El respeto recíproco y un trato digno entre educadores y educandos;
c) La formación de organizaciones estudiantiles y juveniles con fines culturales, deportivos, religiosos
y otras que la ley no prohíba.
ARTÍCULO 37. EDUCACIÓN PÚBLICA. La educación pública deberá ser gratuita, laica y obligatoria
hasta el último grado de diversificado.
Artículo 38. Educación multicultural y multilingüe. El Estado a través de las autoridades competentes,
deberá garantizar el derecho a la educación multicultural y multilingüe, especialmente en las zonas de
población mayoritariamente maya, garífuna y xinca.
ARTÍCULO 39. REALIDAD GEOGRÁFICA ÉTNICA Y CULTURAL. El Estado deberá desarrollar los
mecanismos necesarios para que los niños, niñas y adolescentes del área rural tengan acceso a la educación,
mediante programas adecuados a su realidad geográfica, étnica y cultural.
Todos los niños y niñas menores de seis años, tienen derecho a gozar del servicio de centros de cuidado
diario los cuales deberán ser provistos por los empleadores sean éstos del Sector Público o Privado según
lo establece la Constitución Política de la República.
ARTÍCULO 41. VALORES EN LA EDUCACIÓN. La educación en Guatemala asegurará, además de
fomentar los valores plasmados en otras normas los siguientes:
a) La promoción y difusión de los derechos de los niños, niñas y adolescentes;
b) El respeto a sí mismo, a sus padres y demás personas e instituciones;

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c) El fomento y la preservación de los valores culturales, artísticos, étnicos, lingüísticos, de género y
aprendizaje, costumbres y tradiciones propias del contexto social eliminando todas las formas de
discriminación y exclusión por razones de género, etnia, religión o condición económica;
d) La preparación para una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de paz, tolerancia y
amistad entre los pueblos;
e) El desarrollo de un pensamiento autónomo, crítico y creativo;
f) El respeto, conservación y cuidado del ambiente.
SECCION IV
DERECHO A LA PROTECCIÓN CONTRA EL TRÁFICO ILEGAL, SUSTRACCIÓN, SECUESTRO,
VENTA Y TRATA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
SECCION VII
DERECHO A LA PROTECCIÓN POR EL MALTRATO
ARTÍCULO 53. MALTRATO Y AGRAVIOS. Todo niño, niña o adolescente tiene el derecho de no ser
objeto de cualquier forma de negligencia, discriminación, marginación, explotación, violencia, crueldad
y opresión, punibles por la ley, ya sea por acción u omisión a sus derechos fundamentales.
Asimismo tienen derecho a ser protegidos contra toda forma de maltrato. El Estado estimulará la creación
de instituciones y programas preventivos o psico-sociales necesarios, para dar apoyo y orientación a la
familia y a la comunidad. Deberá proporcionar la asistencia necesaria, tratamiento y rehabilitación a las
víctimas, a quienes cuidan de ellas y al victimario.
SECCION XI
DERECHO A LA PROTECCION CONTRA TODA INFORMACION Y MATERIAL PERJUDICIAL
PARA EL BIENESTAR DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA
ARTÍCULO 59. PROTECCIÓN. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se les proteja de
toda información y material impreso, visual, electrónico o de audio que pueda ser perjudicial o nocivo
para su adecuado desarrollo físico, mental y social.
ARTÍCULO 60. MEDIOS DE COMUNICACIÓN. Se reconoce la importancia de la función que desempeñan
los medios de comunicación social del Estado, como instrumentos de promoción, desarrollo del bienestar
social, espiritual, moral, de la salud física y mental de todos los niños, niñas y adolescentes. Con tal
objeto, deberán:
a) Facilitar el acceso a información.
b) Calificar, clasificar y supervisar toda la información, espectáculos, programas o material que sea
puesto en su conocimiento.
c) Promover la participación directa en los programas o ediciones de niños, niñas o adolescentes.
d) Informar de la clasificación y contenido de los programas antes y durante los mismos.
e) Los que tengan presencia en aquellos lugares de predominancia maya, garifuna o xinka, difundan,
transmitan, publiquen y editen material y programas en esos idiomas.
f) Apoyar a los órganos jurisdiccionales e instituciones de bienestar social, a localizar a los familiares
de los niños, niñas y adolescentes extraviados.
g) Promover la divulgación de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia, en general.
CAPITULO II
OBLIGACIONES DEL ESTADO, SOCIEDAD, PADRES, TUTORES O ENCARGADOS
ARTÍCULO 76. OBLIGACIÓN ESTATAL. Son obligaciones del Estado, a través de sus órganos competentes
cuando exista amenaza o violación a los derechos de la niñez y la adolescencia, las siguientes:

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a) Velar porque las instituciones públicas o privadas que atiendan a los niños, niñas y adolescentes a
quienes sus derechos se encuentren amenazados o violados, éstos le sean respetados y restituidos,
en especial su derecho a la vida, seguridad, identidad cultural, costumbres, tradiciones e idioma y
les brinden tratamiento integral y digno.
b) Coordinar acciones e impulsar programas que fomenten la unidad y estabilidad familiar, el civismo,
identidad nacional, los valores morales, el respeto a los derechos humanos y el liderazgo para el
desarrollo de la comunidad.
c) Diseñar políticas y ejecutar programas de salud integral con participación de las instituciones
dedicadas a la atención de la salud, que tiendan a la prevención de enfermedades, brindando los
insumos que sean necesarios. Para ese fin, deberá fomentar al máximo la participación de los niños,
niñas y adolescentes, la familia y la comunidad.
d) Impulsar y ejecutar, dentro de sus capacidades, en horarios adecuados, programas complementarios
de educación para niños, niñas y adolescentes.
e) Velar que se desarrollen actividades que brinden espectáculos populares, culturales y deportivos en
las áreas urbano marginales y rurales del país y fomentar la práctica de éstos a través del Ministerio
de Cultura y Deportes y las municipalidades.
f) Establecer con participación comunitaria, programas de capacitación para el trabajo calificado de
adolescentes que viven en extrema pobreza a efecto de brindarles una opción de superación económica.
g) Velar porque los niños, niñas y adolescentes en orfandad, sean entregados inmediatamente a otros
familiares, previa investigación, facilitándoles los trámites legales.
h) Diseñar y ejecutar programas de educación sexual, prevención de enfermedades de transmisión
sexual, preparación para la procreación y la vida en pareja, que inculquen la paternidad y maternidad
responsables.
CAPÍTULO II
DERECHOS Y GARANTIAS FUNDAMENTALES EN EL PROCESO DE ADOLESCENTES
ENCONFLICTO CON LA LEY PENAL
ARTÍCULO 143. DERECHO A LA IGUALDAD Y A NO SER DISCRIMINADO. Durante la investigación
y en el trámite del proceso, en la ejecución de las medidas, se respetará a los adolescentes el derecho a
la igualdad ante la ley y a no ser discriminados por ningún motivo.
El adolescente tiene derecho a un intérprete gratuito, para que lo asista en todas las diligencias en que
sea necesaria su presencia y siempre que no comprenda o no hable el idioma utilizado.
LEY DEL DÍA NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE GUATEMALA
CONSIDERANDO:
Que la nación guatemalteca reconoce la unidad en la diversidad de culturas en su territorio y que
Guatemala está formada por diversos grupos étnicos y pueblos indígenas, entre los cuales figuran los
pueblos de ascendencia maya.

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CONSIDERANDO:
Que Guatemala tiene una Constitución Política en la que se establece que el Estado reconoce, respeta
y promueve las formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social, el uso del traje
indígena en hombres y mujeres, idiomas y dialectos de estos pueblos indígenas que habitan el territorio
nacional.
CONSIDERANDO:
Que en la cumbre de Guadalajara de 1991, los jefes de estado y de gobierno de Iberoamérica reconocieron
la inmensa contribución de los pueblos indígenas al desarrollo y pluralidad de nuestras sociedades y la
obligación de respetar los derechos y la identidad cultural de los pueblos indígenas.
CONSIDERANDO:
Que es necesario reconocer que estos pueblos indígenas le han dado la profundidad histórica a nuestra
identidad y nacionalidad, por lo que estamos obligados como nación a luchar contra la discriminación
y la desigualdad que sufre esta mayoría de guatemaltecos y lograr así el respeto a sus tradiciones, y a su
condición como verdaderos ciudadanos en el pleno ejercicio de sus derechos y obligaciones, y dignificar
a estos pueblos que históricamente han estado relegados al margen del desarrollo nacional.
CONSIDERANDO:
Que además de los xinkas y garífunas, las 22 comunidades lingüísticas mayas que existen en la actualidad
son descendientes de los mayas antiguos y comparten una raíz común en sus idiomas y culturas, basadas
en el clásico maya; dichas comunidades merecen un reconocimiento general como pueblos que han sabido
con su tenacidad sobrevivir a las limitaciones culturales limitaciones culturales, políticas, económicas y
espirituales en las que se han desarrollado
desde la conquista hasta nuestros días.
CONSIDERANDO:
Que es importante dar cumplimiento a los mandatos específicos de la Constitución Política de la República
de Guatemala y de la reciente Ley Marco de los Acuerdos de Paz, instrumentos en los cuales se puede
deducir el retraso en el cumplimiento del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, y
atendiendo a los mandatos de las Naciones Unidas en torno a la lucha contra el racismo y la discriminación
de los pueblos indígenas, y finalmente cumpliendo con los convenios internacionales, como el Convenio
169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el derecho de las Poblaciones Indígenas y
Tribales, ratificado por Guatemala.
POR TANTO
En ejercicio de las atribuciones que le confiere la literal a) del artículo 171 de la Constitución Política
de la República de Guatemala.
DECRETA:
LA SIGUIENTE:
LEY DEL DIA NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE GUATEMALA
ARTÍCULO 1. Se declara el 9 de agosto de cada año como el Día Nacional de los Pueblos Indígenas de
Guatemala.
ARTÍCULO 2. Los Ministerios de Educación y de Cultura y Deportes serán las entidades responsables
de coordinar las acciones para la celebración del día 9 de agosto de cada año como Día Nacional de los

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Pueblos Indígenas de Guatemala, en concordancia a lo establecido por la Organización de las Naciones
Unidas -ONU- como Día Internacional de los Pueblos Indígenas.
ARTÍCULO 3. La Conmemoración del Día Nacional de los Pueblos Indígenas de Guatemala incluye a
las comunidades lingüísticas siguientes: Achí Akateko, Awakateko, Chalchiteko, Chuj, Ch’orti’, Itza, Ixil,
Jakalteko, Kaqchikel, K’iche’, Mam, Mopan, Poqomam, Poqomchi, Q’anjob’al, Q’eqchi’, Sakapulteko,
Sipakapense, Tektiteko, Tzutujil, Uspanteko, además del Xinka y Garífuna.
ARTÍCULO 4. Se insta a las instituciones públicas y privadas facilitar la participación de los empleados
públicos y privados en las actividades cívicas y culturales que se programen para exaltar la existencia de
los pueblos indígenas, y para fortalecer y promover su identidad cultural, lo que implica, asimismo, un
diálogo intercultural entre los pueblos indígenas y no indígenas que conviven en el territorio nacional,
valorando y resaltando la unidad en la diversidad de la nación guatemalteca.
ARTÍCULO 5. Los órganos de administración del Estado guatemalteco contribuirán al realce apropiado
a la celebración del Día Nacional de los Pueblos Indígenas, incluyendo en sus programas anuales de
actividades nacionales, departamentales y municipales, la adecuada exaltación de los valores culturales
y espirituales de los pueblos indígenas, rindiendo además un homenaje a sus líderes ancestrales.
ARTÍCULO 6. Vigencia. El presente Decreto fue declarado de urgencia nacional, y aprobado por más
de las dos terceras partes del total de diputados que integran el Congreso de la República y entrará en
vigencia el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial.
REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y
PUBLICACIÓN.
EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE
GUATEMALA, EL UNO DE AGOSTO DE DOS MIL SEIS.
Jorge Méndez Herbruger
Presidente
Mauricio Nohé León Corado
Secretario
Job Ramiro García y García
Secretario
PALACIO NACIONAL: Guatemala, diecisiete de agosto del año dos mil seis.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
BERGER PERDOMO
Lic. Jorge Raúl Arroyave Reyes
Secretario General De la Presidencia de la República
Ing. María del Carmen Aceña de Fuentes
Ministra de Educación
José Alberto Gándara Torrebiarte
Segundo Viceministro de
Cultura y Deportes

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LEGISLACIÓN INTERNACIONAL
CONVENIO NÚMERO 169 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO
SOBRE PUEBLOS INDIGENAS Y TRIBALES EN PAISES INDEPENDIENTES
EN VIGENCIA DESDE 1989 EN GUATEMALA VIGENTE DESDE 1997
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: Convocada en Ginebra por el
Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y congrega en dicha ciudad el 7 de
junio de 1989, en su septuagésima sexta reunión; Observando las normas internacionales enunciadas en
el Convenio y en la Recomendación sobre poblaciones indígenas y tribuales, 1957;
Recordando las términos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y de
los numerosos instrumentos internacionales sobre la prevención de la discriminación;
Considerando que la evolución de derecho internacional desde 1957 y los cambios sobrevenidos en la
situación de los pueblos indígenas y tribales en todas las regiones del mundo hacen aconsejable adoptar
nuevas normas internacionales en la materia, a fin de eliminar la orientación hacia la asimilación de las
normas anteriores;
Reconociendo las aspiraciones de esos pueblos a asumir el control de sus propias instituciones y formas
de vida y de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones,
dentro del marco de los Estados en que viven;
Observando que en muchas partes del mundo esos pueblos no pueden gozar de los derechos humanos
fundamentales en el mismo grado que el resto de la población de los Estados en que viven y que sus leyes,
valores, costumbres y perspectivas han sufrido a menudo una erosión;
Recordando la particular contribución de los pueblos indígenas y tribales a la diversidad cultural, a la
armonía social y ecológica de la humanidad y a la cooperación y comprensión internacionales;
Observando que las disposiciones que siguen han sido establecidas con la colaboración de las Naciones
Unidas, de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la alimentación, de la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y de la Organización Mundial de la Salud,
así como del Instituto Indigenista Interamericano, a los niveles apropiados y en sus esferas respectivas,
y que se tiene el propósito de continuar esa colaboración a fin de promover y asegurar la aplicación de
estas disposiciones;
Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones sobre la revisión parcial del Convenio sobre
poblaciones indígenas y tribuales, 1957 (núm. 107), cuestión que constituye el cuarto punto del orden
del día de la reunión, y
Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un convenio internacional que
revise el Convenio sobre poblaciones indígenas y tribuales, 1957, adopta, con fecha veintisiete de junio
de mil novecientos ochenta y nueve, el siguiente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre
pueblos indígenas y tribales, 1989:

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PARTE I
POLÍTICA GENERAL
ARTÍCULO 1
1. El presente Convenio se aplica:
a) a los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales culturales y económicas
les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos total o parcialmente
por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial;
b) a los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de
poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la
época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y
que, cualquiera que sea su situación jurídica, conserven todas sus propias instituciones sociales,
económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.
2. La conciencia de su identidad o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar
los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio.
3. La utilización del término «pueblos» en este Convenio no deberá interpretarse en el sentido de que
tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos que pueda conferirse a dicho término en el
derecho internacional.
ARTÍCULO 2
1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos
interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos
y a garantizar el respeto de su integridad.
2. Esta acción deberá incluir medidas:
a) que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de los derechos y
oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población;
b) que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos,
respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones;
c) que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las diferencias socioeconómicas
que puedan existir entre los miembros indígenas y los demás miembros de la comunidad nacional,
de una manera compatible con sus aspiraciones y formas de vida.
ARTÍCULO 3
1. Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades
fundamentales, sin obstáculos ni discriminación, Las disposiciones de este Convenio se aplicarán sin
discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos.
2. No deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que viole los derechos humanos y las
libertades fundamentales de los pueblos interesados, incluidos los derechos contenidos en el presente
Convenio.
ARTÍCULO 4
1. Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las
instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados.
2. Tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos expresados libremente por los pueblos
interesados.
3. El goce sin discriminación de los derechos generales de ciudadanía no deberá sufrir menoscabo
alguno como consecuencia de tales medidas especiales.

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ARTÍCULO 5
Al aplicar las disposiciones del presente Convenio:
a) deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales
propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en consideración la índole de los problemas
que se les plantean tanto colectiva como individualmente;
d) deberá respetarse la integridad de los valores, prácticos e instituciones de esos pueblos;
c) deberán adoptarse, con la participación y cooperación de los pueblos interesados, medidas
encaminadas a allanar las dificultades que experimenten dichos pueblos al afrontar nuevas condiciones
de vida y de trabajo.
ARTÍCULO 6
1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:
a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través
de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas
susceptibles de afectarles directamente;
b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por
lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción
de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables
de políticas y programas que les conciernan;
c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en
los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin.
2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y
de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el
consentimiento acerca de las medidas propuestas.
ARTÍCULO 7
1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe el
proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar
espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo
posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar
en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional
susceptibles de afectarles directamente.
2. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y educación de los pueblos
interesados, con su participación y cooperación, deberá ser prioritario en los planes de desarrollo
económico global de las regiones donde habitan. Los proyectos especiales de desarrollo para estas
regiones deberán también elaborarse de modo que promuevan dicho mejoramiento.
3. Los gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en cooperación
con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio
ambiente que las actividades de desarrollo previstas pueden tener sobre esos pueblos. Los resultados
de estos estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las
actividades mencionadas.
4. Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger y
preservar el medio ambiente de los territorios que habitan.
ARTÍCULO 8
1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en
consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario.

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2. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre
que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico
nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea necesario,
deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en la aplicación
de este principio.
3. La aplicación de los párrafos 1 y 2 de este artículo no deberá impedir a los miembros de dichos
pueblos ejercer los derechos reconocidos a todos los ciudadanos del país y asumir las obligaciones
correspondientes.
ARTÍCULO 9
1. En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos
internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados
ocurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros.
2. Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales deberán tener en
cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia.
ARTÍCULO 10
1. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos
pueblos deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales.
2. Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento.
ARTÍCULO 11
La ley deberá prohibir y sancionar la imposición a miembros de los pueblos interesados de servicios
personales obligatorios de cualquier índole, remunerados o no, excepto en los casos previstos por la ley
para todos los ciudadanos.
ARTÍCULO 12
Los pueblos interesados deberán tener protección contra la violación de sus derechos, y poder iniciar
procedimientos legales, sea personalmente o bien por conducto de sus organismos representativos, para
asegurar el respeto efectivo de tales derechos. Deberán tomarse medidas para garantizar que los miembros
de dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos legales, facilitándoles,
si fuese necesario, intérpretes u otros medios eficaces.
PARTE II
TIERRAS
ARTÍCULO 13
1. Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos deberán respetar la importancia
especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con
las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera,
y en particular los aspectos colectivos de esa relación.
2. La utilización del término «tierras» en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto de territorios,
lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan
de alguna otra manera.
ARTÍCULO 14
1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras
que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para

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salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente
ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades
tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a la situación
de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes.
2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los
pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de
propiedad y posesión.
3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar
las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados.
ARTÍCULO 15
1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán
protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la
utilización, administración y conservación de dichos recursos.
2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo,
o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o
mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si
los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar
cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los
pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales
actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como
resultado de esas actividades.
ARTÍCULO 16
1. A reserva de lo dispuesto en los párrafos siguientes de este artículo, los pueblos interesados no deberán
ser trasladados de las tierras que ocupan.
2. Cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación de esos pueblos se consideren necesarios,
sólo deberán efectuarse con su consentimiento, dado libremente y con pleno conocimiento de causa.
Cuando no pueda obtenerse su consentimiento, el traslado y la reubicación sólo deberán tener
lugar al término de procedimientos adecuados establecidos por la legislación nacional, incluidas
encuestas públicas, cuando haya lugar, en que los pueblos interesados tengan la posibilidad de estar
efectivamente representados.
3. Siempre que sea posible, estos pueblos deberán tener el derecho de regresar a sus tierras tradicionales
en cuanto dejen de existir la causa que motivaron su traslado y reubicación.
4. Deberá prestarse especial atención a la creación de servicios adecuados de inspección de trabajo en las
regiones donde ejerzan actividades asalariadas trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados,
a fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones de esta parte del presente Convenio.
5. Deberá indemnizarse plenamente a las personas trasladadas y reubicadas por cualquier pérdida o
daño que hayan como consecuencia de su desplazamiento.
ARTÍCULO 17
1. Deberán respetarse las modalidades de transmisión de los derechos sobre las tierras entre los miembros
de los pueblos interesados establecidas por dichos pueblos.
2. Deberá consultarse a los pueblos interesados siempre que se considere su capacidad de enajenar sus
tierras o de transmitir de otra forma sus derechos sobre estas tierras fuera de su comunidad.
3. Deberá impedirse que personas extrañas a esos pueblos puedan aprovecharse de las costumbres
de esos pueblos o de su desconocimiento de las leyes por parte de sus miembros para arrogarse la
propiedad, la posesión o el uso de las tierras pertenecientes a ellos.

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