Instituciones y activistas acusaron al gobierno por medio de un pronunciamiento público de exponer a los privados de libertad a las consecuencias mortales del Covid-19, como ya ocurre en tres recintos penitenciarios, siendo que esta situación se pudo haber evitado.
EL INTERÉS LEGÍTIMO DE LA REVISIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS CONTRARIOS A ...
Día Internacional de las Naciones Unidas en apoyo a las Víctimas de la Tortura
1. 26 DE JUNIO
DÍA INTERNACIONAL DE LAS NACIONES UNIDAS
EN APOYO A LAS VICTIMAS DE LA TORTURA
PRONUNCIAMIENTO
TORTURA Y MALOS TRATOS EN TIEMPOS DE COVID-19
En conmemoración de este 26 de Junio de 2020,las instituciones y personas abajo
firmantes expresamos 2 razones principales de preocupación en la coyuntura actual. La
primera, la tortura invisibilizada por la cuarentena; la segunda, el hacinamiento en las
cárceles y sus consecuencias.
1. La tortura invisibilizada
Con el actual gobierno, los hechos de tortura no han disminuido (como demuestran los
hechos de noviembre 2019). Sin embargo, debido a la cuarentena, el control de la
sociedad civil sobre el actuar de la policía ha sido limitado. Aún en esta situación, 3
casos han podido ser denunciados públicamente:
− El 26 de abril, 9 privados de libertad del Chapare fueron remitidos al penal de
máxima seguridad “El Abra”, en Cochabamba, donde llegaron a ser agredidos
física y psicológicamente por la policía.
− El 1 de mayo, en la zona de Senkata, El Alto, en medio de detenciones arbitrarias
realizadas por la policía boliviana ―con el argumento de la cuarentena―, un
oficial de la Unidad Técnica Operativa Policial (UTOP), pensando no ser
observado, se atrevió a tocar las partes íntimas de una mujer de pollera (detenida)
mientras la subía al carro de policía, hecho que fue filmado y denunciado
públicamente.
− El 11 de mayo, la población de la zona Sur de Cochabamba (K’araK’ara, Ushpa
Ushpa, Villa Sebastián y Villa Israel) vivió la criminalización de su protesta social.
300 familias salieron a bloquear las calles por la desesperación que les provocaba el
hambre, su pedido era que los dejen trabajar porque ya no tenían recursos
económicos para alimentar a sus familias. Como respuesta, el gobierno mandó a la
policía y las fuerzas armadas, que hicieron uso indebido de la fuerza al utilizar
gases lacrimógenos y balines. Esta represión causó detenidos y heridos entre la
población.
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EN APOYO A LAS VICTIMAS DE LA TORTURA
2. Hacinamiento en las cárceles
Para torturar, no es necesario golpear, es decir, atacar físicamente a una persona. Se
puede torturar con palabras y hechos que verbalizan amenazas psicológicas, como es el
caso del hacinamiento en las cárceles que significa una amenaza de muerte, forma de
tortura suficiente para quebrar una persona.
Hoy en día, el gobierno, el parlamento y “la justicia” se vuelven culpables de
tortura y otros malos tratos al tolerar (y promover) el hacinamiento en las cárceles de
Bolivia. Ello sabiendo que el hacinamiento es una bomba de tiempo a punto de explotar,
puesto que expone a las personas privadas de libertad al contagio del COVID 19 y, en
consecuencia, a la muerte (porque no hay garantías sanitarias).
Hasta la fecha, las medidas de protección contra el COVID-19 han sido en su
mayoría asumidas por los propios privados de libertad. En el caso de la cárcel de San
Pedro, en La Paz, los barbijos y la bomba de fumigación fueron pagados por los propios
privados de libertad. Sin embargo, hay temas que los privados de libertad no pueden
resolver por si solos. Por ejemplo, no se aplican medidas de cuarentena para los nuevos
reclusos que ingresan a la cárcel de Palmasola (donde ya hubo un brote del virus que
dejó como saldo varios casos de contagio y 13 fallecidos). A su vez, la alimentación es
pésima y el hacinamiento es una realidad en todos los centros penitenciarios del país (en
una época de cuarentena donde una de las principales medidas a tomarse debiera ser el
distanciamiento social).Las autoridades gubernamentales no han sido capaces de
responder adecuadamente a ninguna de estas problemáticas.
Esto significa que, aunque las personas privadas de libertad tratan de organizarse
y de protegerse, frente a la magnitud de un problema multifactorial donde el hacimiento
es el factor central, va ser en vano si el gobierno no se hace responsable de prevenir una
posible explosión del contagio del COVID-19en los diferentes penales del país.
Además, existe el riesgo latente de que los privados y las privadas de libertad lleguen a
manifestar reacciones descontroladas de desesperación, de pánico y de tipo violento,
que implique una exacerbación social entre las personas detenidas y los funcionarios de
las cárceles.
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EN APOYO A LAS VICTIMAS DE LA TORTURA
Como dicen con plena conciencia los privados de libertad: “Si uno se enferma, estamos
arruinados.” Familias enteras, niños y niñas se ven afectadas por esta amenaza invisible.
La desprotección los inquieta día y noche, puesto que los factores de desamparo e
impotencia que existen en la población en general están agudizados en las cárceles.
El tema de la salud física y la salud mental en cárceles ha sido objeto de interés
particularmente limitado por todos los gobiernos. Con la amenaza del COVID-19, la
situación no ha cambiado. En este contexto, los médicos tuvieron que comprarse
barbijos y trajes de bioseguridad ellos mismos. Y ahora 70 profesionales que trabajaban
en los recintos penitenciarios del país (psicólogos, médicos, odontólogos, trabajadores
sociales, enfermeras, educadores y abogados) han sido despedidos de sus respectivos
puestos de trabajo. Sin tener en cuenta la experiencia de trabajo en cárceles acumulada
por estos profesionales. ¿Es de esa manera que el gobierno pretende luchar contra el
COVID-19?
La única medida seria y rigurosa que ha tomado el gobierno es la de reprimir las
diferentes reacciones de desesperación en las cárceles. El primer amotinamiento
reprimido, debido a la muerte de un privado de libertad, tuvo lugar en la cárcel de Oruro
el 11 de abril. El 11 de mayo, la noticia de que un interno de la cárcel de Palmasola
había muerto por el COVID-19 motivó el motín de la población carcelaria más poblada
del país, misma que fue duramente reprimida. El 19 de junio, la muerte de un privado de
libertad a causa del COVID-19 dio lugar a un motín en la cárcel de San Roque, en
Chuquisaca, igualmente reprimido.
En la situación actual, se puede acusar al Estado de tratos crueles, inhumanos y
degradantes, e incluso de tortura (en algunos casos). Ello por exponer a toda la
población carcelaria a una situación de contagio y mortalidad que se habría podido
evitar.
Antes de la pandemia, muchas personas privadas de libertad ya estaban física y
psíquicamente afectadas por la falta de respeto al debido proceso, por una detención
preventiva sin pruebas o poruna sentencia injusta, viéndoseexpuestos a una
estigmatización social, viviendo un trauma psicológico y social profundo, o
reaccionando con depresión y angustia. Con el COVID-19, la afectación psíquica ha
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empeorado. Ya no están solamente afectados por la arbitrariedad judicial, ahora están
amenazados de muerte, por lo que se han vuelto sobrevivientes luchando por su vida.
En estas condiciones, exigimos a las autoridades del Estado que, con tal de evitar la
alteración de las condiciones de vida de los más desprotegidos, con tal de no
recurrir a niveles excesivos de represión, asuman las medidas necesarias para la
prevención de la tortura en concordancia a la Constitución y a los tratados
internacionales que Bolivia ha firmado y ratificado, por el bien de la sociedad civil
y del Estado democrático.
Adhieren al pronunciamiento las siguientes instituciones y personas:
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Articulación de Mujeres,
Feministas Pluridiversas
Plataforma de
Derechos Humanos
Santa Cruz
Sindicato de Mujeres
Trabajadoras en
Construcción
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PERSONAS
NOMBRE Y APELLIDO CÉDULA DE IDENTIDAD
Miriam Suarez Vargas
Jhiery Fernandez
Alejandro Dauza
Eusebio Vera
Álvaro Guzmán
Ramón Torrez
Francisco Prada
María Nieves
Rosario Alarcón Mondonio
Emma Bolshia Bravo Cladera
Daniela Toledo Vásquez
Willy Nery Benito
Rodrigo Ruiz Peña
José Luis Gutiérrez
Tamara Gonzales
Cecilia Saavedra Tamayo
Lizeth Estrada
Guadalupe Pérez
Moira Rimassa
Catalina Rodríguez Zeballo
Alberto Moscoso
José Ros Izquierdo
Nevy Gladys Chacon Conde
Olmer Torrejon Alcoba
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