El documento argumenta que la educación debe ser un derecho público, gratuito y de calidad en Chile. Señala que la constitución y organizaciones internacionales la reconocen como un derecho fundamental. También afirma que es económicamente posible financiar la educación pública a través de los recursos naturales y que el estado gasta más en créditos estudiantiles que en educación gratuita. Finalmente, anuncia una movilización estudiantil para el 16 de junio para exigir un cambio al sistema educativo de mercado actual.