1. El día 21 de julio de 2012, se ha publicado en el diario ABC, un
artículo e Andrés de la Oliva Santos, en el cual el autor afirma que
el Estado (en sentido amplio) que pretenda Universidades
económicamente autosuficientes está regido por analfabetos, que
no tienen ni idea de lo que es una Universidad.
“RESCATE” PARA LA UNIVERSIDAD PÚBLICA
Es necesario y urgente un “rescate” de las Universidades públicas. Nada personal me va en el
asunto, porque, después de más de treinta años de servicios en mi Universidad Complutense y
cuarenta y cinco de dedicación total al oficio universitario, pocos riesgos corre mi posición. Pero, a la
vez, yo, como otros, nos estamos jugando -o, más bien, se están jugando ante nosotros- la realidad
que ha sido y aún es nuestra vida. Y en semejante trance, no se puede callar.
Hablo de “rescate” porque las Universidades, como las instituciones bancarias (agradeceré que se
comprenda cuánto me cuesta esta comparación), están en muy graves apuros y necesitan urgente
financiación. Como he de ser muy sintético, ahí van, las siguientes ideas:
1.ª) El gran despilfarro español de caudales públicos en la Universidad reside en la enorme cantidad
de Universidades públicas nuevas creadas y sostenidas sin la menor racionalidad. Cuando yo gané
las oposiciones en 1974 (eran iguales que las de Cátedra inventadas en 1931), las Universidades
públicas eran trece. Ahora son cincuenta, sin descomponer las distintas sedes de varias de ellas. De
este factor de despilfarro, pocas palabras (se habló de “dar vía libre a la posible fusión”, pero sin
incentivarla ni forzarla) y ninguna acción. Y esta sangría de recursos no la generamos los
universitarios, aunque algunos pocos fuesen cómplices.
2.ª) Las Universidades públicas españolas son muy diferentes en todos los aspectos y, dentro de
cada una, también son grandes las diferencias de unos centros a otros e incluso según
departamentos o “áreas de conocimiento”. En mi Facultad hay departamentos hiperdotados (con
“n” trabajo a repartir entre pocos) y departamentos infradotados (con “4n” trabajo a repartir entre
muchos menos, que ya andan abrumados de trabajo simplemente docente). Dictar medidas
uniformes de “recorte” entraña la injusticia y la irracionalidad que siempre conlleva tratar por igual
lo que es diferente. Y, lo que casi es peor, puede determinar, si se me permite otro símil, el cierre de
toda la fábrica o factoría, porque aunque sobre gente (es un decir) en “pintura”, falta gente en
“motores”.
3.ª) Las Universidades verdaderas son siempre deficitarias. Las Universidades privadas pueden no
serlo por una vía, muy fácil, consistente en cobrar altas tasas y no ser verdaderas Universidades,
sino tinglados más o menos aparentes, que no hacen investigación, no ya la experimental, que
cuesta muchísimo, sino ninguna; es el caso de un gran número de Universidades privadas.
El Estado (en sentido amplio) que pretenda Universidades económicamente autosuficientes está
regido por analfabetos, que no tienen ni idea de lo que es una Universidad (en este punto
coincidimos todos los universitarios genuinos, cualquiera que sea la ideología: queremos una
Universidad que, por la libertad e independencia de la docencia y de la investigación, esté en
condiciones de ser una instancia crítica fiable al servicio de toda la sociedad). Pensarán bastantes
lectores que nadie en sus cabales pretende la autosuficiencia económica de las Universidades
públicas. Se equivocan, porque lo cierto es que hay quien las mira con una visión de empresa
mercantil y clama: “Si las Universidades no tienen superávit, al menos que no tengan déficit”. Están
ciertos locoides presuntamente neoliberales y, curiosamente, ese virus ha contagiado a gentes
sedicentes de izquierdas. La manía de la “necesaria esponsorización” es una manifestación de ese
virus. No se dan cuenta de que la “esponsorización” privada afecta negativamente a todo lo básico
(sea en Medicina, Química, Física o Derecho). Y empobrecer lo básico deteriora la calidad de la
enseñanza y el aprendizaje y formación de los alumnos. Al final de ese itinerario, el nivel profesional
desciende en todo el país de forma generalizada.
4.ª) Si hubiera que hacer “recortes” en el profesorado, no se debe tratar al que tiene contrato laboral
como si fuesen personal contratado a dedo en tal o cual dependencia pública. No los traten como
eventuales ni como interinos. El “ayudante”, el “ayudante doctor” (contratos temporales) o el
2. “profesor contratado doctor” (contrato indefinido) no son “colocados” por clientelismo o amiguismo
ni personal reclutado porque se pensó que había dinero y no se quiso dotar plazas de funcionario.
Los citados profesores son los tres primeros pasos de la carrera de profesor universitario,
afortunadamente establecida aquí mucho antes de Franco y entendida generalmente como un
adelanto: donde no la tienen están queriendo incorporarla para dar seriedad y base investigadora a
la docencia universitaria. En las Universidades -al menos la mía, la Complutense- muchos de esos
profesores lo son tras cálculos previos semejantes a los de las dotaciones de plazas de profesores
funcionarios y esas “plazas” han salido públicamente a concurso, con baremos previos, tribunal
evaluador y comisión de reclamaciones independiente por si las cosas no se han hecho bien. Por
añadidura, la mayoría de esos profesores comienzan siendo “becarios de investigación”, lo que exige
una nota media alta en un proceso competitivo.
Ha habido y hay casos de nepotismo, desde luego, pero, aunque numerosos, no son la regla y, con
frecuencia, son detectables ahora por las desigualdades carentes de explicación, a las que me he
referido. A la hora de los “recortes” de profesores, si no pueden evitarse, ténganse en cuenta esas
desigualdades y otros factores cualitativos que cabe comprobar sin especial dificultad.
4.ª) La burocracia universitaria es susceptible de ser podada, sin los daños de otros recortes.
Algunos ejemplos: las agencias autonómicas de evaluación, que se solapan por completo con la
famosa ANECA; el Consejo de Universidades, mamotreto presuntamente debido a la autonomía de
las Universidades, pero que, en realidad, realiza funciones directamente atribuibles al Ministerio. Y
en el ámbito de cada Universidad, resulta llamativo que se decreten “recortes” que no afectan en
serio a las correspondientes estructuras de gobierno de esa Universidad: no hacen falta, de
ordinario, tantos vicerrectorados ni, menos aún, los puestos remunerados de asesores ni
determinados medios de comunicación ni bastantes actividades secundarias (por ejemplo, las de
“animación cultural” centralizada y dirigida, porque la “animación cultural” se produce con las
actividades de los centros y departamentos).
5.ª) La subida de tasas es necesaria y sería legítima y justa (cada año veo a “mileuristas” pagando lo
mismo que padres con buenos ingresos, que podrían afrontar tasas más altas, quedándose aún muy
lejos de los costes de las privadas) con un sistema de becas razonable: beca si los ingresos no
superan X y si el becario acredita no ser un vago o un zote: lo que no consiste en exigirle una nota
media alta y sin un solo suspenso, requisitos en muchos casos imposibles de cumplir.
Sentado lo anterior, lo que propongo es que el Estado o las Comunidades Autónomas con
competencias en materia de Universidades, las “rescaten” en vez de imponer “recortes”, negando de
plano unas decenas de millones que nos estrangulan y asfixian y, sobre todo, que amenazan y
angustian indebidamente a jóvenes profesores con méritos contrastados. Hay “recortes” posibles,
bien pensados tras examinar con pormenor cada partida presupuestaria, que muchos universitarios
agradeceríamos que fuesen impuestos por las autoridades públicas correspondientes como
condiciones de un “rescate” económico urgente, más legítimo y al menos tan necesario como el de la
banca. En lugar de “recortes” a tijeretazos bestiales, “rescate” razonablemente condicionado de lo
que merezca ser rescatado. Con audiencia de los interesados, que es un mecanismo muy sano. Así,
con un buen “rescate”, podríamos salir a flote y seguir adelante y, de paso, nadie diría que se quiere
destruir a las Universidades públicas en beneficio de las privadas, que tantas veces sólo de nombre
son Universidades.