ENSAYO – RESUMEN DEL LIBRO: LAS REFORMAS EN DERECHOS HUMANOS, PROCESOS COLECTIVOS Y AMPARO COMO UN NUEVO PARADIGMA CONSTITUCIONAL.

ENSAYO – RESUMEN DEL LIBRO:
LAS REFORMAS EN DERECHOS HUMANOS, PROCESOS COLECTIVOS Y AMPARO
COMO UN NUEVO PARADIGMA CONSTITUCIONAL.
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Alumno: Lic. Juan Frank Vera Navarro
INTRODUCCIÓN:
Los textos que integran este libro, todos ellos escritos por destacados académicos,
intentan dar cuenta del origen y el sentido profundo de los recientes cambios
constitucionales.
Se trata de temas distintos, pero complementarios, que en su conjunto ofrecen al lector un
panorama completo de loque se reformó en junio de 2011. Pero, además, desde la
apertura de libro en mención se ofrece una reconstrucción de la evolución social, política
e institucional que hizo posible una operación constitucional, en la que los
derechoshumanos o fundamentales se colocan como los límites y vínculos que
todopoderpúblico o privado debe respetar y garantizar.
Esto, además, entotal sintonía discursiva, normativa e imperativa con el derecho
internacional de los derechos humanos.
De hecho, este último elemento es una constante que los diferentes autores recuperan en
cada uno de los textos, lo cualno podría ser de otra manera, porque ese aspecto es el que
justifica que, sinexageraciones, esta reforma imponga y suponga la adopción de un
nuevoparadigma en el constitucionalismo mexicano.
Por lo mismo, pienso que este libro ofrece un panorama sencillo y privilegiadopara
comprender el sentido y el contenido de la reforma constitucional de2011.
Los autores escribieron sus trabajos pensando en un público que no sereduzca a los
estudiosos y los especialistas. Por el contrario, aunque los textos ostentan el rigor de un
jurista, el libro puede ser útil para legisladores, servidores públicos y actores de la
sociedad civil que viven la exigenciay la lucha por los derechos en el terreno de la
práctica.

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ENSAYO:
En general el libro tratasobre el cambio en la nomenclatura constitucional. La
denominación con la que se encabeza el capítulo primero, títuloprimero, de la carta
magna, a partir de la reforma, es totalmente innovadora:
―De los derechos humanos y sus garantías‖. Es decir, como ya adelantamos, se ha dejado
atrás la caduca denominación de las ―garantías individuales‖.No se trata de un cambio
meramente semántico o cosmético.Aunquehubiése preferido el concepto de ―derechos
fundamentales‖.
Sobre todo por la impronta iusnaturalista que caracteriza a la noción de―derechos
humanos‖, reconocemos que la nueva denominación ofreceun texto constitucional mucho
más moderno y abierto, que entra en sintonía con las corrientes progresistas del
pensamiento jurídico contemporáneo. También porque la mayor parte de la doctrina
constitucional mexicanay extranjera coincide en que el término de ―garantías‖ debía
abandonarse, de hecho, la propia doctrina ha subrayado la necesidad de distinguir
entrelos derechos —llámeseles humanos o fundamentales— y sus garantías, porque una
cosa es el aspecto sustantivo que se protege y otra el aspecto adjetivo o procesal con el
que se ofrece protección. La nueva redacción constitucional parte de esa elemental
distinción, que nos recuerda que una cosa sonlos derechos y otra sus medios de tutela.
Con ello se supera una confusión,que hasta ahora había tenido consecuencias nocivas en
la comprensión delas capacidades normativas y vinculantes de algunos derechos
particularmente sensibles, como lo son los derechos sociales (vivienda, salud, educación,
medio ambiente, etcétera).
La segunda cuestión que quisiera comentar se refiere a la modificación del artículo 3o.
constitucional, que incorpora el imperativo para elestado, de colocar a los derechos
humanos como uno de los ejes de su política educativa.que queremos subrayar tiene que
ver con las modificaciones al artículo 102, apartado B, de la Constitución, una parte
muyrelevante de los cambios realizados a ese precepto se analizan con profundidad en el
texto dedicado al temas e trabajo está dedicado a la trascendente (ypolémica) decisión de
trasladar la facultad de investigación de ―violacionesgraves de derechos‖ que hasta ahora
tenía lasuprema Corte de Justicia delanación, hacia la Comisiónnacional de
losderechoshumanos, así como a las Cortes internacionales.

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El libro en tercer lugar, pretende brindar una visión más amplia de la problemática, para
entender qué son los intereses y/o derechos ―difusos‖ y―colectivos‖; cómo se ha logrado la
protección de los mismos a la luz delderecho comparado, y cuáles son los pocos avances
que se han dado en lalegislación y la jurisprudencia mexicanas; con independencia de las
también necesarias reformas a la legislación sustantiva respectiva (consumidores, medio
ambiente, patrimonio artístico y cultural, usuarios financieros, etcétera); y, por supuesto,
através de la reforma al artículo 107 constitucional y a la Ley de Amparo,para ampliar la
legitimación activa del quejoso o promovente y avanzaral reconocimiento del ―interés
legítimo‖ como una fórmula procesal parala protección de dichos intereses y derechos,
como ya se ha reconocidojurisprudencialmente para las controversias constitucionales por
la Suprema Corte o para los partidos políticos en materia electoral por la SalaSuperior del
Tribunal Electoral.
De esta manera, el juicio de amparo mexicano puede representar uneficaz instrumento
para la protección jurisdiccional de los derechos o intereses difusos y colectivos cuando la
afectación derive de un acto de autoridad (o incluso de particulares, como sucede en
varios países).
Conla reforma legislativa de 1963 se dio un avance al transitar delamparoindividualista
Al amparo social al otorgar legitimación a los núcleos depoblación ejidal o comunal. Sin
embargo, sus alcances resultaban limitadossin que exista propiamente un proceso
colectivo, por lo que debemos darun paso más significativo y transitar ahora hacia un
verdadero y definitivoamparo colectivo.
Otro precedente importante, que si bien fue resuelto en la vía de lacontradicción de tesis
entre tribunales colegiados de circuito (sistemade unificación de criterios de los tribunales
federales), para explicar lasdiferencias entre interés jurídico y el legítimo en el proceso
contenciosoadministrativo, puede resultar ejemplificativo para extenderlo tambiénal juicio
de amparo; no obstante que un sector de la doctrina estima quesi bien la resolución fue
progresista, se requiere romper con las atadurastradicionales de la concepción de los
derechos.
De hecho, uno de los principales objetivospretendidos con este último fue precisamente
permitir el acceso a la justicia administrativa a aquellos particulares afectados en su
esfera jurídicapor actos administrativos (interés legítimo), no obstante que carecierande la

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titularidad del derecho subjetivo respectivo (interés jurídico), con lafinalidad clara de
ampliar el número de gobernados que pudieran accederal procedimiento en defensa de
sus intereses.
Por lo que toca al último capítulo: En primer término podemos afirmar que dicha
declaracióngeneral en amparo de inconstitucionalidad se apoya en la diferencia que se
produjo entre los ordenamientos de América y Europa en cuanto al principio de
supremacía constitucional, que fue consagrado ya sea directao indirectamente en las
primeras Cartas Fundamentales de caráctermoderno, es decir, de los Estados Unidos y
de las Revolucionariasfrancesas.
En efecto, el distinguido jurista español Eduardo García deEnterría señaló con claridad en
un estudio que debe considerarseclásico, que:La técnica de atribuir a la Constitución el
valor normativo superior,inmune a las Leyes ordinarias y más bien determinante de la
validezde éstas, valor superior judicialmente tutelado, es la más importantecreación del
constitucionalismo norteamericano y su gran innovaciónfrente a la tradición inglesa de que
surgió.
De este principio y de lo dispuesto por el artículo VI de laCarta Federal de los Estados
Unidos, de acuerdo con elcual, dicha Constitución, las leyes del Congreso Federal que
emanende ella y los tratados internacionales aprobados por el Senado, seránla Ley
Suprema de la Unión, y además, que los jueces de los Estadosestán obligados a preferir
dicha Constitución, leyes y tratados, sobrelas constituciones y leyes de sus respectivos
Estados, surgió el principio de lajudicial review, según el cual, todos los jueces están
facultadosy obligados a desaplicar las leyes invocadas en los casos concretos deque
conocen, cuando consideren que dichas normas son contrarias ala Carta Federal, pero
con efectos sólo para las partes en dichos casosparticulares.
Por el contrario en el Continente Europeo Continental imperó un sistema diverso, ya que
el principio de la supremacía constitucional no tuvo efectos jurídicos como en América,
sino exclusivamentede carácter político y desde la Revolución Francesa se prohibió a
losjueces pronunciarse sobre la constitucionalidad de las leyes, ya queesa facultad, de
acuerdo con las ideas de Juan Jacobo Rousseau sobrelos órganos legislativos como

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depositarios de la voluntad general,se atribuyó a los mismos parlamentos o bien a un
organismo políticoespecial, el control de la constitucionalidad sobre normas generales.
El mismo García Enterría sostiene que la larga lucha de los parla mentos contra la
monarquía absolutista llevó el sistema hacia el dogma de la soberanía legislativa, la que
implicaba la superioridad absolutade las leyes y su correlativa inmunidad judicial, lo que
se reforzabapor el temor hacia la formación conservadora de los jueces y a sucarácter
profesional y no electivo, por lo que no resultaba fácil confiarles un control de la voluntad
popular expresada en la ley por losrepresentantes parlamentarios, Lo anterior determinó
que en Europa Continental se confiara el conocimiento del control de constitucionalidad,
ya sea a un organismo político especializado o bien a las mismas cámaras legislativas.
Debido al pensamiento delnotable jurista de este país, Hans Kelsen, seintrodujo la Corte
Constitucional (Verfassunsgerichtshof), como organismo judicial especializado en la
solución de los conflictos derivados de la aplicación de la citada Constitución, incluyendo
los relativosa las disposiciones legislativas impugnadas por su contradicción conla Ley
Fundamental, si bien la naturaleza jurídica de esta Corte suscitó debate.Los fallos de
dicho tribunal cuando declaraban lainconstitucionalidad de normas legislativas tenían
efectos generaleserga omnes.
En américa latina: La más importante de estas instituciones se ha calificadocomo
acciónpopular de inconstitucionalidady surgió en las Constituciones de Colombia y
Venezuela de manera contemporánea, y consisteen el derecho que tiene toda persona,
sin que requiera demostrarinterés jurídico, para solicitar directamente a la Corte Suprema
respectiva, que declare con efectos generales la inconstitucionalidad delas normas
legislativas que considere contrarias a la Carta Suprema.
Finalmente la reforma constitucionalde 1910,en Colombia estableció en forma clara la
acción popular de inconstitucionalidad en el artículo 214 de dicha Carta Fundamental.
Dichoprecepto fue reglamentado por la Ley 96 de 1936 y el decreto 432 de1969, ambos
modificados por la reforma constitucional de 1979, queregulaban dicha institución
procesal en forma muy amplia, y que seinterpretaron de manera liberal por la misma Corte
Suprema, ya que admitió que inclusive los extranjeros residentes podrían interponer dicha
acción, la que según la doctrina había tenido efectos muypositivos en la práctica. Además,
en varias ocasiones se declararoninconstitucionales (inexequibles, según la terminología

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jurídica colombiana), algunas reformas constitucionales por vicios de procedimiento en su
elaboración.
Otros ordenamientos latinoamericanos, si bien no introdujeron una acción popular,
regularon ladeclaración general deinconstitucionalidad, en cuanto exigen que la
impugnación se interponga por autoridades públicas o por las personas directamente
afectadas por las disposiciones legales combatidas o bien se requiere deun grupo de
reclamantes o de asesores.
Podemos citar como ejemplo de la evolución de la accióndirecta de inconstitucionalidad
con efectos generales alordenamientoconstitucional brasileño, en el cual ha imperado y
todavía se aplica elsistema difuso e incidental, con efectos particulares en los
procesosconcretos en los cuales se plantea la cuestión de constitucionalidad.
Sin embargo, a partir de la Carta Federal de 1934, y las posteriores,como las de 1946,
reformada en 1965, y la de 1967, con reformas en1969, se consolidó de manera paulatina
ese control objetivo deconstitucionalidad, que culminó con la Constitución Federal vigente
de octubre de 1988.
El artículo 102 de la citada Constitución Federal Brasileña de 1988,otorga competencia al
Tribunal Supremo Federal (que a partir de lavigencia de dicha Carta Fundamental sólo se
ocupa de cuestiones deconstitucionalidad, y en ese sentido existe similitud con las
reformas constitucionales y legales de enero del mismo año de 1988, queatribuyeron
también exclusividad a la Suprema Corte de Justicia deMéxico sobre asuntos
constitucionales), para conocer en única instancia de lasacciones directa o declaratoria de
inconstitucionalidad(estaúltima introducida en la reforma constitucional de 1993), la
primeracontra ley o acto normativo federal o estatal y la segunda sólo enmateria federal.
Laacción directapuede ser promovida por: el Presidente de laRepública; las Mesas del
Senado Federal, de la Cámara de Diputados y de las Asamblea Legislativas (de los
Estados); los Gobernadores de los Estados; el Procurador General de la República; el
Consejo Federal de la Orden de los Abogados del Brasil; los partidospolíticos con
representación en el Congreso Nacional; y las Confederaciones Sindicales o entidades de
clase de ámbito nacional.
Dentro de esta categoría debemos también incluirla acciónde inconstitucionalidadregulada
por el artículo 9º. de la Constitución de la Provincia argentina del Chaco, la que atribuye al

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Tribunal Superior deJusticia de la propia Entidad, la facultad de declarar la
inconstitucionalidad de las leyes, que de ser acogida produce la caducidad(es decir, la
nulidad) de las mismas, en la parte afectada por dichadeclaración, en la inteligencia de
que la doctrina, con apoyo en lodispuesto por el artículo 170, fracción I, de la misma Carta
Fundamental, estima que se configura una verdaderaacción popularpara laimpugnación
de las disposiciones legislativas inconstitucionales.
En México existe la impresión de que en el ordenamiento constitucionalmexicano, a partir
de la Constitución Federal de 1824, y con excepción de las Leyes Fundamentales de
1836, que regularon al SupremoPoder Conservador, siempre ha imperado el modelo
americano dedesaplicación de las disposiciones generales en los casos concretos.
Sin embargo, un examen más atento nos permite observarque el régimen de la
declaración general, primero por órgano políticoy posteriormente, por conducto de la
Suprema Corte de Justicia, sereguló en nuestro país y se realizó en la práctica con
bastantes limitaciones, hasta que se implantó de manera definitiva en las
reformasconstitucionales y legales de 1995.
Como es bien sabido, la citada Constitución Federal de 4de octubre de 1824, que se
conformó de acuerdo con la doble influencia de la Cartas Fundamentales de los Estados
Unidos de 1787y la española de Cádiz, de 1812, consagró un sistema mixto de control de
la constitucionalidad de las disposiciones generales, que nofue bien comprendido en su
época.
Por una parte se tomaron como modelo los artículos 372 y 373de la Carta española de
1812, transcritos con anterioridad,de acuerdo con los cuales, al menos en teoría, las
Cortesel órgano legislativo podía anular las disposiciones normativas inconstitucionales
con efectos generales. Inclusive en las mismas Cortesde Cádiz se formuló un proyecto
legislativo sobre la responsabilidad de los infractores de la citada Carta Fundamental.
Es indudable la influencia de esos preceptos fundamentalesgaditanos en los artículos 164
y 165 en la Constitución federal mexicana de l824, ya que dichos preceptos establecieron
respectivamente, que ―Solo el Congreso (general) dictará todas las leyes y decretosque
crea conducentes a fin de que se haga efectiva la responsabilidad de los que quebranten
esta Constitución y el Acta Constitutiva‖, y ―Sólo el Congreso general podrá resolver las

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dudas que ocurrasobre la inteligencia de los artículos de esta Constitución y del
ActaConstitutiva‖.
Pero al mismo tiempo, la citada Constitución Federal estableció en su artículo 137,
fracción V, párrafo sexto, de acuerdo con elmodelo norteamericano, la facultad de la
Suprema Corte de Justicia,para conocer ―...de las infracciones de la Constitución y
leyesgenerales,según se prevenga porla ley‖.
Durante la vigencia de la mencionada Carta Federal de 1824,se advirtió la incertidumbre
sobre el alcance de los preceptos mencionados en los párrafos anteriores, los que
regulaban dos sistemasdiversos de control constitucional, puesto que al plantearse la
posibilidad de aplicación de las facultades de la Suprema Corte de Justicia por conducto
de la reclamación intentada en 1826 ante la propiaCorte por dos magistrados del Tribunal
Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, con apoyo en el citado artículo 137, fracción
V, de laCarta Federal, por haber sido cesados en virtud de una ley del Congreso local,
que redujo el número de integrantes de dicho tribunal,Como lo relató el ilustre
constitucionalista mexicano Felipe TenaRamírez, la Suprema Corte consultó el caso con
el Congreso general,de acuerdo con la función interpretativa otorgada a dicho
Congresopor el transcrito artículo 65 de la Ley Suprema
El Congreso contestó que no se encontraba dentro de las atribuciones de la Suprema
Corte la de conocer de las demandas promovidascontra las legislaturas de los Estados
por las leyes dictadas por ellas, conlo cual el control de la constitucionalidad quedó
sustraído de la órbita del poder judicial federal.
Por el contrario, la práctica constitucional se inclinó por elmodelo español, ya queen los
años de 1828 a 1830, el Congreso federaldeclaró la inconstitucionalidad con efectos
generales, y por tanto, la nulidad.
Si bien, como se ha dicho, el Congreso Constituyente queexpidió la Carta Federal de
1857, sólo aceptó el control judicial delos actos de autoridad, incluyendo el de las normas
generales, porconducto del juicio de amparo en los artículos 101 y 102, sin embargo
también consagró el instrumento, derivado del modelo estadounidense de las llamadas
controversias constitucionales,por medio de lascuales la Suprema Corte de Justicia tenía
la facultad de decidir sobrelos conflictos suscitados entre la Federación y las Entidades
Federativas, y en este mecanismo existía la posibilidad de la declaracióngeneral de la

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inconstitucionalidad de las normas expedidas por losórganos legislativos
correspondientes.
Las citadas controversias constitucionales tuvieron su origenen el artículo III, Sección 2,
fracciones 1 y 2, de la Constitución Federal de los Estados Unidos, en cuya parte
conducente se disponíaque el poder judicial federal conocería, entre otras, de las
controversias entre dos o más Estados, entre un Estado y los ciudadanos deotro Estado y
la Suprema Corte en apelación pero de manera exclusiva, en las que un Estado fuese
parte. En la realidad estos conflictosse plantearon de manera predominante en cuanto a
los límites territoriales de las Entidades Federativas.
Este mecanismo procesal fue introducido en el artículo 137, fracción I, de la Constitución
Federal de 4 de octubre de 1824, que se refería a las facultades de la Corte Suprema de
Justicia, introducida por elartículo 123 de la misma Carta Federal, precepto que estableció
en suparte conducente: ―Conocer de las diferencias que puede haber de unoa otro Estado
de la Federación siempre que las reduzca a un juicio verdaderamente contencioso en que
deba recaer formal sentencia y las que sesusciten entre un Estado y uno o más vecinos
de otro (...). A su vez, el artículo 98 de la Constitución de 1857, otorgó a laCorte Suprema
de Justicia la facultad de conocer en única instancialas controversias que se suscitaran de
un Estado contra otro y deaquellas en que la Unión fuere parte, pero aun cuando existía la
posibilidad teórica de anulación de las disposiciones generales que invadiesen la
recíproca competencia de la Federación o de los Estados,
ste tipo de conflictos se regularon de manera más amplia
en el texto original del artículo 105 de la Constitución Federal vigente promulgada el 5 de
febrero de 1917, de acuerdo con el cual correspondía sólo a la Suprema Corte de Justicia
conocer de las controversiasque se suscitaran entre dos o más Estados, entre los
poderes de unmismo Estado sobre la constitucionalidad de sus actos y de los conflictos
entre la Federación y uno o más Estados, así como de aquellosen que la Federación
fuera parte, en los casos que estableciera la ley(esta última frase le fue agregada en las
reformas de octubre de 1968).
Este precepto fue reglamentado por diversas leyes orgánicas del Poder Judicial de la
Federación, y finalmente en el artículo 11, fracciones I a IV de la Ley Orgánica del Poder
Judicial Federal de 1988,anterior a la vigente, así como en los artículos 12 y 44,

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respectivamente de las Leyes, de Coordinación Fiscal de 22 de diciembre de1978, que
entró en vigor el primero de enero de l980, y de Planeaciónde 5 de enero de l983. De
acuerdo con los citados preceptos reglamentarios correspondía al Tribunal en Pleno de la
propia SupremaCorte, el conocimiento en única instancia de esas controversias.
Este instrumento procesal tenía por objeto garantizar el equilibrio de las facultades de la
Federación y de las Entidades Federativasseñaladas en la Carta Federal. Durante la
etapa que va de 1917 adiciembre de 1994, en que se reformó y adicionó sustancialmente,
dicho preceptotuvo una muy escasa aplicación práctica, ya que cuando se presentaron
conflictos, especialmente entre la Federación y algunos Estados,se resolvieron de manera
predominante por medio de procedimientos y por órganos de carácter político.
En la reforma constitucional publicada el 31 de diciembrede 1994, se introdujeron
importantes modificaciones al texto ante rior del citado artículo 105, pues además de
ampliar de manera considerable el ámbito de las citadas controversias constitucionales,
ahoracomprendidas en la fracción I de dicho precepto fundamental, se adicionó una
fracción II en la cual se reguló como una novedadla acción(abstracta)de
inconstitucionalidad,que examinaremos más adelante. El citado artículo 105 constitucional
fue desarrollado por la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo105 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,publicada el 11 de mayo de 1995
(título II, artículos 10-58).
Resulta difícil realizar una clasificación de las once hipótesisque establece la fracción I
del artículo 105 de la Carta Federal (incisosa) a k), sobre las diversas especies de las
controversias constitucionales
En cuanto a la declaración general, se puede discutir sobre si el principio que consagró
Otero respecto del juicio de amparo se refiere a la sentencia o a la cosa juzgada; tanto la
sentencia como la cosa juzgada, por regla general, únicamente surten sus electos sobre
quienes han intervenido en el juicio con el carácter de partes. Así, en este trabajo la
distinción entre sentencia y cosa juzgada no reviste mayor importancia, sobre todo si se
acepta que la naturaleza de ambas es similar.Utilizaré, pues, el término de cosa juzgada;
los efectos de ésta son, esencialmente, dos Establecimiento de una prohibición a los
juzgadores de "entrar a resolver sobre el fondo de las pretensiones que han sido materia
de la sentenciares decir, la inmutabilidad; La declaración de certeza contenida en la
sentencia se toma "indiscutible en nuevos procesos", es decir, adquiere definitividad.No

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obstante lo anterior, ya que los juzgadores "no pueden proveer por vía general y deben
limitarse a decidir el caso concreto y con valor para el mismo (sin perjuicio de que la ley
otorgue efectos erga omnes a ciertas sentencias), la cosa juzgada está sujeta a dos
límites:
objetivo, que atiende a la materia, objeto, hecho o cosa sobre la que versó el litigio o
proceso, y otro subjetivo, que atiende a las personas que han sido partes en un litigio o
proceso.
"La esencia de la cosa juzgada desde el punto de vista objetivo-consiste-en esto: no
permite que el juez, en un proceso futuro, pueda de alguna manera desconocer o
disminuir el bien reconocido en el precedente"estado de cosas a que da lugar dicha cosa
juzgada (o sentencia) debe ser respetado por todos los demás individuos: "Todos están
obligados a reconocer la cosa juzgada entre las partes, pero no pueden ser perjudicados
por ellaEste principio comenzó a gestarse en el derecho romano. A los juicios les recaen
sentencias. El amparo es un juicio y, entonces, le recae una sentencia.
También se destaca la reducción de tesis jurisprudenciales de 5 a 3 para crear
jurisprudencia
RESUMEN:
¿POR QUÉ LAS REFORMAS EN DERECHOS HUMANOS,
PROCESOS COLECTIVOS Y AMPARO ENTRANAN UN
NUEVO PARADIGMA CONSTITUCIONAL?
Las reformas en amparo y derechos humanos se produjeron en procesos legislativos casi
paralelos, una se publicó el 6 de junio de 2011 y la oti el 10 del mismo mes y año, en tanto
que la de procesos colectivos fue desde el 29 de julio de 2010. En general, puede
afirmarse que tales enmiendas constitucionales se inspiran en una concepción de
avanzada y entrañan un nuevo paradigma constitucional, en virtud de que ha ensanchado
el horizonte de los derechos humanos, reforzando las garantías jurisdiccionales y
fortaleciendo de manera decidida el estado de derecho.

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El mismo criterio alienta para los derechos humanos en las paginas de dos obras
recientes de consulta obligada. El volumen colectivo, coordinado por Miguel Carbonell y
Pedro Salazar, que incluye colaboraciones de gran interés y profundidad,
Para responder a tales interrogantes debe señalarse, en primer lugar, que el término
paradigma --ahora tan en boga- tiene añejas resonancias filosóficas. Se acuñó el término
paradigma desde la filosofia griega; a este respecto, Platón lo utilizó en el sentido de
modelo, en referencia a que el mundo de las ideas tenía el carácter paradigmático
respecto de la relatividad del mundo sensible, recuérdese la alegoría de la caverna, los
hombres sólo pueden ver las apariencias que se reflejan en el fondo de ella, y no el sol de
las ideas que está a sus espaldas.
¿POR QUÉ LAS REFORMAS EN DERECHOS HUMANOS,
PROCESOS COLECTIVOS Y AMPARO ENTRANAN UNNUEVO PARADIGMA
CONSTITUCIONAL?
Las reformas en amparo y derechos humanos se produjeron en procesos legislativos casi
paralelos, una se publicó el 6 de junio de 2011 y la otra el 10 del mismo mes y año, en
tanto que la de procesos colectivos fue desde el 29 dejulio de 2010.
En general, puede afirmarse que tales enmiendas constitucionales se inspiran en una
concepción de avanzada y entrañan un nuevo paradigma constitucional, en virtud de que
ha ensanchado el horizonte de los derechos humanos, reforzando las garantías
jurisdiccionales y fortaleciendo de manera decidida el estado de derecho.
CAPÍTULO I
LOS DERECHOS HUMANOS
1. DISTINCIONES ENTRE DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS
CONSTITUCIONALES
A) Distinción conceptual entre derechos humanos y garantías. Se ha recogido por fin, en
el primer párrafo del artículo Io. Constitucional, una distinción técnica que venía de lejos
en el constitucionalismo, pero que en el medio jurídico mexicano todavía no había

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permeado lo suficiente. En efecto, a resultas del rubro original del Capítulo Primero, ―De
las Garantías Individuales", en la Constitución de 1917, así como de la propia redacción
del artículo lo, que ahora está reformado, no se había esclarecido con nitidez la distinción
técnica entre derechos humanos y garantías.
Esta formulación original hizo que se confundieran frecuentemente los derechos humanos
con las garantías de distinta índole que debían protegerlos. En el propio Constituyente, el
tema no llegó a plantearse a fondo y el equivoco subsistió; cuando más se produjo un
debate entre Rafael Martínez de Escobar, el cual indicó que la expresión garantías
individuales debería cambiarse por la de ―derechos del hombre", y josé Natividad Macias,
quien le replicó que eran garantías constitucionales, en virtud de que no estaban ―en la
Nación ni en el Individuo ni en el Estado", sino ―enteramente en la estructura de los
poderes".
La confusión original gravitó en el medio jurídico. En la mayoría de las facultades derecho
mexicanas durante el siglo XX se llevó como asignatura obligatoria la cátedra denominada
―Garantías y Amparo", en la cual se estudiaban propiamente los derechos humanos y el
juicio de amparo. Incluso, más cercanamente, los textos de reconocidos juristas llevaban
la denominación de ―Garantías Individuales‖
En tal situación, estimamos apropiado que se haya distinguido entre derechos humanos y
garantías en el rubro del capítulo primero, así como en los artículos lo. y 29
constitucionales.
Ciertamente, seha opinado que hubiera bastado con la expresión de derechos humanos,
como lo han hecho otros textos latinoamericanos, pero en nuestro medio por las razones
señaladas es pertinente que se haya hecho la distinción.
De ahora en adelante, se tendrá que utilizar la distinción conceptual entre los términos de
derechos humanos y garantías, desterrando así las anteriores expresiones que daban
lugar a equívocos. Más aún, al referirse la ley fundamental al término garantías como
medios de protección de los derechos humanos, se otorga carta de ciudadanía en la
norma primaria a una disciplina de reciente creación, el Derecho Procesal Constitucional,
a la cual los juristas mexicanos han contribuido de manera entusiasta y valiosa.
B) Distinción semántica entre otorgar y reconocer. Otro tópico de carácter semántico se
encuentra en el párrafo primero del artículo lo., que emplea ahora una variante del verbo

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reconocer y no el de otorgar. Esta sustitución de términos ha reanimado el conocido
debate sobre los derechos humanos entre el ius positivismo y el iusnaturalísmo, en el
sentido de si el Estado es el que crea tales derechos o éstos son previos a la comunidad
política y el Estado simplemente los reconoce.
De los trabajos legislativos se deduce que se utilizó el término ―reconocer‖ de manera
deliberada. Se evoca ahora en el texto constitucional el ius naturalismo racionalista, que
entronca directamente con el pensamiento de john Locke y de los ﬁlósofos de la
ilustración, quienes concebían a los derechos naturales como ínsitos en el hombre y
anteriores a la propia comunidad política, misma que no los creaba, sino simplemente los
reconocía. Esta concepción se percibe también en el bello preámbulo de la Declaración
Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, en la cual se expresó
que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos del hombre, han sido causa de
los malestares públicos y de la corrupción de los gobiernos, de ahí que fuera necesario
inscribir en una ―declaración solemne los derechos naturales, inalienables y sagrados del
hombre", a fin de que todos los miembros del cuerpo social lo recuerden sin cesar.
LAS REFORMAS EN DERECHOS HUMANOS
En la misma tendencia estuvo ubicada la Constitución de 1857, cuyo artículo lo. decía: ―El
pueblo mexicano reconoce que los derechos humanos son la base y el objeto de las
instituciones sociales. En consecuencia declara que todas las leyes y todas las
autoridades del país, deben respetar y sostener las garantías que otorga la presente
Constitución‖.
Si se examinan los diversos dictámenes que se aprobaron en ambas Cámaras del
Congreso de la Unión, con motivo de la reforma, se advierte la opinión coincidente de que
los derechos humanos son naturales e innatos en el hombre. De este modo, es ilustrativo
el dictamen de la Cámara de Diputados, del 15 de diciembre de 2010, mismo en el cual se
subrayó que los derechos ―son preexistentes al Estado o a la norma fundamental y en
consecuencia deben ser reconocidos por la Constitución y en el caso de reforma no
podrán ser afectados por sus alcances‖,
La cláusula de interpretación conforme

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A) Una técnica de prosapia. La interpretación conforme es una técnica de gran prosapia
constitucional. Los tribunales constitucionales en distintos precedentes y grandes
decisiones vinieron decantando dicha técnica en un dilatado proceso histórico.
En la jurisprudencia norteamericana encontramos los primeros casos de interpretación
conforme. En la célebre resolución de Chile, John Marshall, en el caso Marbury vs.
Madison (1803), se hace una interpretación conforme para decidir sí ciertas cláusulas de
firliciaryAct de 1797 eran compatibles o no con la Cláusula de Supremacía establecida en
el artículo VI Constitucional. En otras conocidas sentencias se aplicó la interpretación
conforme, así en el caso Mc Culloch vs Madison (1819), se tuvo que optar entre una
interpretación estricta y otra liberal, para determinar finalmente que la fundación del
segundo Banco Nacional era constitucional. El mismo mecanismo se utilizó en diversas
ocasiones para la Cláusula de Comercio (Clmweinfrocmnerce), derivada del artículo lo.,
sección ocho, apartado 3, misma que originó interpretaciones conformes en conocidos
casos. En fin, la técnica se vino afirmando durante muchos años y en el caso N.L.R.B.
visiones &Lauglzlin Steel Corporation, resuelto en 1937, el presidente de la Corte
Suprema, Charles Evans Hughes, subrayó que lo importante era ―salvar y no destruir", así
―en el caso en que una ley es razonablemente susceptible de dos interpretaciones
distintas, una de las cuales la haría inconstitucional y la otra válida, es su deber (de la
Corte) adoptar la interpretación que deja a salvo su constitucionalidad".
En tales circunstancias, 'ha señalado el destacado jurista español, García de Enterría, la
interpretación conforme tiene su origen en dos principios establecidos por la
jurisprudencia norteamericana, es decir, que todas las normas generales deben
interpretarse in harmonywhitthecontitution, al que debe agregarse la regla que ha seguido
la Corte Suprema Federal de los Estados Unidos sobre la presunción de
constitucionalidad de las leyes, por lo que una norma general no debe declararse invalida,
aun cuando sea con efectos particulares, como ocurre en el sistema americano, cuando
puede ser interpretada en consonancia con la Constitución, con mayor razón si la
declaración produce efectos generales, de acuerdo con el modelo europeo.‖
Por su parte, en la doctrina y la jurisprudencia alemana se estableció la misma técnica
con el nombre original verfassungskonformeAuslegung von gesetz, que puede traducirse
como la interpretación de las leyes de acuerdo con la Constitución' y que ha tenido una
importante divulgación en la justicia constitucional contemporánea.

xviii
Esta técnica es un remedio procesal que puede aplicarse como opción preferente antes
de acudir a la declaración general de inconstitucionalidad, dado que ésta anula las
disposiciones legislativas y produce una conmoción jurídica, además, es necesario llenar
el vacío que deja el ordenamiento que se considera inválido.
Por otra parte, de acuerdo con la profunda reflexión del destacado constitucionalista
alemán Konrad Hesse, la ―interpretación conforme" no plantea sólo la cuestión del
contenido de la ley sometida a control, sino también la relativa al contenido de la
Constitución según la cual dicha ley ha de ser analizada, se exige por ello tania la tanto la
interpretación de la ley como la interpretación de la constitución lo que demuestra la
estrecha interrelación existente entre ellas de acuerdo con el principio de la unidad del
ordenamiento jurídico.‖
LAS REFORMAS EN DERECHOS HUMANOS
Casi desde sus inicios el Tribunal Constitucional Federal alemán ha venido aplicando la
interpretación conforme en múltiples casos.
La primera vez que se utilizó esta técnica fue en la sentencia interpretativa de 27 de mayo
1953, mediante la cual se puso ﬁn al control concreto de constitucionalidad de la Ley de
Emergencia de 1950 (No-taufnahmmegezeltz), en la cual se puntualizó ―una ley no debe
ser declarada nula si fuera posible inlerpretarla de forma compatible con la Constitución,
pues se debe presuponer no solamente que una ley sea compatible con la Constitución,
sino también que esa presunción expresa el principio según el cual, en caso de duda,
debe hacerse una interpretación conforme a la Constitución". A partir de entonces el
Tribunal Alemán ha utilizado de manera recurrente la técnica de interpretación conforme
en diversas sentencias.‖
La técnica de interpretación conforme ha adquirido una importancia creciente y se ha
adoptado con ese nombre u otros equivalentes en numerosos ordenamientos
constitucionales contemporáneos, y por ello es que los organismos jurisdiccionales
especializados en laresolución de conflictos constitucionales sólo acuden a la declaración
general de inconstitucionalidad cuando no es posible armonizar las normas generales
impugnadas con el texto y los principios de la carta fundamental, es decir, cuando la
contradicción entre las disposiciones legislativas y la Constitución son insalvables. Por
este motivo, no se justifica el temor que en ocasiones produce la posibilidad de la

xix
anulación de las normas generales, ya que la interpretación conforme puede determinar la
aplicación de las disposiciones impugnadas de manera que no contradiga a la Ley
Suprema, sino que por el contrario se ajuste a la misma.
Debe señalarse que la interpretación conforme asume varias modalidades que podrían
ser objeto de un análisis posterior. Sólo en vía de ejemplo, podemos mencionar que de
acuerdo con el conocido constitucionalista francés Michel Fromont, interpretación puede
ser extensiva, restrictiva o modificatoria. Por ello es que este instrumento de interpretación
constitucional se aplica de manera constante por los tribunales, cortes y salas
constitucionales, aun cuando en ocasiones esta aplicación no sea consciente por parte de
dichos juzgadores.'― Podemos señalar como un ejemplo las decisiones de la Corte
Constitucional italiana que asumen el carácter de sentencias interpretativa ya que de
acuerdo con la jurisprudencia y la doctrina italianas, en dichos fallos se considera que las
disposiciones normativas impugnadas no adolecen de vicios de inconstitucionalidad, pero
sólo en el sentido de la interpretación de dicho tribunal, por lo que dichas normas no
pueden aplicarse en un sentido diverso del señalado por la Corte Constitucional."
Ha jugado también la interpretación conforme un papel muy importante en el ámbito
iberoamericano.
En España, la interpretación conforme se ha empleado frecuentemente para decisiones
relevantes del Tribunal Constitucional. A este respecto, explica Fernández Segado, que el
referido Tribunal ―tuvo oportunidad de decantarse a favor de este principio en su primera
jurisprudencia. En efecto, ya en una de sus mas tempranas sentencias, (STC 9/1981), el
Tribunal significaba que: "La naturaleza de Ley superior de la Constitución se refleja en la
necesidad de interpretar todo el ordenamiento de conformidad con la misma"; en otras
resoluciones, STC 77/1985, fund. jur. 40., y STC l12/1989, se hizo también alusión al
referido principio de interpretación.‖
Igualmente, en los países latinoamericanos desde hace años se viene estudiando la
interpretación constitucional como una especie de la interpretación jurídica.‖ En cuanto a
la interpretación conforme se recurre por los tribunales a ella y también se le denomina
interpretación con arreglo a la Constitución.‖

xx
En nuestro país no se había estudiado de manera suficiente la interpretación
constitucional, ni tampoco la interpretación conforme. Ahora ambos tópicos han adquirido
primordial interés, diversos estudios sobre el tema así lo han demostrado.
Pero si no se había prestado atención al principio de la irrterpretación conforme, no
significa que no se hubiese aplicado por los tribunales federales y especialmente por la
Suprema Corte, y como un simple ejemplo se puede citar la tesis de jurisprudencia
obligatoria aprobada por el Pleno, del 20 de enero de 1997, cuyo rubro conviene
transcribir ya que se trata, aunque sin invocar su nombre, de la utilización de dicha
técnica: arresto con medida de apremio, su aplicación por un término no mayor a 36 hrs,
impide declarar la inconstitucionalidad de la ley también reclamada, a pesar de que esta
prevea la posibilidad de imponer esa medida por un lapso superior.
B) La nueva cláusula constitucional. Está consagrada la nueva cláusula de interpretación
conforme en el artículo lo. Constitucional, segundo párrafo. En fórmula breve aunque de
gran contenido, se expresa en el párrafo referido: ―Las normas relativas a los derechos se
interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de
la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protecciónmás amplia.
Indudablemente, con la introducción de la cláusula de interpretación conforme por la
reforma constitucional de 2011, el estudio de esta técnica se volverá prioritario en la
doctrina, en la jurisprudencia y en el foro nacional.
La nueva cláusula se ha robustecido con la modificación al artículo 103 constitucional,
resultado de la reforma en amparo aprobada apenas días antes que la de derechos
humanos. Efectivamente, en la fracción I, la nueva cláusula encuentra su
complementación y se acoge también la inconstitucionalidad por omisión, al señalar que
lostribunales federales conocerán de las controversias suscitadas:
―I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que viola los derechos
humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución,
así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte‖.
De ahora en adelante, el intérprete de normas de derechos humanos tendrá la obligación
imperativa de aplicar la nueva cláusula constitucional de interpretación conforme. Si
encuentra dos o más sentidos posibles en una determinada norma, debe seleccionar
aquélla cuyo sentido tenga mayor conformidad con la Constitución y los tratados

xxi
internacionales relativos. Desde luego, para extraer los diferentes sentidos de la norma,
se requiere de una interpretación previa, en la cual se utilizan los criterios generalmente
admitidos por la teoría de la interpretación. Igualmente, siguen privando las reglas que
han caracterizado la interpretación conforme, esto es, la presunción de constitucionalidad
de una ley y el deber que el juzgador debe autoimponerse de sólo declarar la
inconstitucionalidad en casos verdaderamente necesarios.
Por otra parte, la nueva cláusula de interpretación conforme entraña una nueva relación
que se establece entre la constitución mexicana y el orden internacional. De acuerdo con
el nuevo estatus, las normas que forman parte de la Constitución de 1917 estarán al
mismo rango que los provenientes de los tratados internacionales de derechos humanos;
se supera el precedente jurisprudencial que ubicaba dichas normas internacionales en un
segundo nivel después de las constitucionales, aunque superiores a las leyes federales.
Consecuentemente, si en una norma de derechos humanos hubiera dos o más sentidos
posibles, se aplica la nueva cláusula; pero pudiese suceder que la norma constitucional y
la norma internacional diﬁrieren, en tal caso, deberá prevalecer el sentido qué más
favorezca a la persona.
Debe también visualizarse por ello, apunta certeramente el joven estudioso Ferrer Mac-
Gregor, a la interpretación conforme como un ―nuevo canon interpretativo de los derechos
humanos‖. La cláusula se convertirá, en la principal herramienta para lograr la apertura
del derecho nacional al derecho internacional de los derechos humanos; en una 'llave de
acceso' a un territorio novedoso y de amplio espectro (más allá de lo regional), incluso al
derecho internacional en general. toda vez que el párrafo primero de ese mismo precepto
otorga rango constitucional de los derechos humanos previstos de cualquier tratado
internacional, sea cual sea su denominación y especificidad.
La cláusula de interpretación conforme, además, fortalece de manera muy vigorosa la
doble protección que tienen los derechos humanos en nuestro país, la primera que es la
esencial en el ámbito interno y otra subsidiaria y reglamentaria en el ámbito internacional.
Virtud a esta doble tutela, se otorga el mismo nivel a los derechos reconocidos
expresamente en nuestra ley fundamental, y que por tanto son de carácter supremo, con
los establecidos por los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano.

xxii
Aunque parezca una intríngulis, a los derechos provenientes de los tratados
internacionales en la materia, deben sumárseles ahora nacionales de fuente internacional,
pero ahora de nivel constitucional.
Finalmente, a la cláusula de interpretación conforme, agrega Caballero Ochoa, se le
acompañó el principio pro persona, "que es el criterio indispensable para el reenvío
interpretativo de las normas de derechos humanos‖. En tal situación, La interpretación
conforme debe correr en vía libre para que efectivamente pueda tener una mayor
preponderancia la norma que acredita ser mayormente protectora, lo que en ocasiones
puede, desde luego, jugar a favor del orden jurídico interno. Un sistema de reenvíos
amplio y de interpretación en sede judicial en diálogo con la jurisprudencia internacional
determina el alcance de la integración de la norma que debe ser aplicada preferentemente
en caso de conflicto.
C) Las implicaciones generales. Aunque los tratados de derechos humanos estaban
suscritos por nuestro país y formaban parte del derecho interno, hasta ahora en el plano
práctico habían sido poco aplicados y se desconocían en general por la ciudadanía.
Incluso en las decisiones judiciales se acudía poco a los referidos tratados, ni que decir
que poco influían en las actuaciones de las autoridades en sus diferentes niveles de
gobierno.
Tendrá en el futuro la cláusula de interpretación conforme una profunda influencia para los
derechos humanos en nuestro país. Con motivo de la introducción de dicha cláusula será
indispensable que los todos los operadores jurídicos, en cualquier nivel de gobierno, así
como el sector académico e integrantes del foro nacional, se compenetren de las
implicaciones e instrumentos jurídicos que plantea la referida cláusula. Obvio también es
decir que se debe llevar a la propia ciudadanía su conocimiento, de manera sencilla para
que pueda ejercer mejor sus derechos.
A manera de síntesis, se enuncian las principales implicaciones que derivan de la nueva
cláusula constitucional, mismas que son las siguientes:
a) las normas de la Constitución de 1917 y los tratados internacionales se encuentran en
virtud de la reforma, en un mismo rango.

xxiii
b) la tesis que colocaba a los tratados en un rango supra legal, esto es, debajo de la
Constitución, pero por encima de las leyes federales y de otras normas, ha perdido
aplicación.
c) la cláusula plantea un nuevo canon o criterio interpretativo, que implica el trabajo
metodológico de armonizar la norma constitucional con la norma internacional
d) si en un caso concreto diﬁere o entra en colisión la norma constitucional y la
internacional, debe estarse al sentido que sea más favorable para la persona.
e) para que opere correctamente la interpretación conforme requiere de la teoría del
bloque de constitucionalidad y del control de convencionalidad.
3. El bloque de constitucionalidad
A) La teoría. Para entender de manera adecuada la cláusula de interpretación conforme,
es aconsejable utilizar en nuestro orden jurídico la teoría del bloque de constitucionalidad.
Está teoría se generó en Francia con base en las decisiones del Consejo Constitucional y
las aportaciones de la doctrina.‖ Se ha trasladado la teoría, aunque no exactamente con el
mismo sentido, a España y diversos países latinoamericanos.
En la década de los sesenta se empezó a hablar en Francia del bloque de
constitucionalidad, con motivo de las técnicas que en sus decisiones empleaba el Consejo
Constitucional. La noción del bloque procede del derecho administrativo de aquel país,
disciplina en la que se acudió de manera usual a la expresión ―bloque legal" o ―bloque de
la legalidad". La noción fue incorporada en sus decisiones por el consejo Constitucional;
particularmente importante fue la denominada ―decisión fundadora‖, del 16 de julio de
1971, que reconoció fuerza jurídica al preámbulo de la Constitución de 1958 y a varios
documentos constitucionales históricos.
Actualmente, la teoría del bloque sirve para explicar que la constitucionalidad comprende
no sólo el texto fundamental en vigor de 1958, sino también otros elementos del derecho
público francés histórico o contemporáneo. Específicamente, dicho bloque se compone de
los siguientes elementos: la Constitución de 1958 y su preámbulo; la Declaración de los
Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789; el preámbulo de la Constitución de 1946;
los principios fundamentales reconocidos por leyes de la República (entre otros, libertad

xxiv
de asociación, libertad de enseñanza, libertades universitarias, independencia de la
jurisdicción administrativa).
B) Su aplicación. La teoría el bloque de constitucionalidad se ha venido asimilando en
varios países latinoamericanos, en los cuales ha servido para explicar las nuevas
relaciones que han surgido entre sus constituciones y las normas internacionales en
derechos humanos.
Puede también recurrirse en nuestro país a esta teoría, para que sirva de marco a la
aplicación de la nueva cláusula de interpretación conforme.
En aplicación de esta concepción y con fundamento en el párrafo segundo del artículo l°.
Constitucional, resultaría que la constitucionalidad en México no sólo abarcaría el texto
escrito de la Constitución de 1917, sino también una serie de instrumentos
internacionales. En otras palabras, el bloque de constitucionalidad en nuestro país estaría
integrado por las normas del texto fundamental vigente y las normas derivadas de los
tratados internacionales de derechos humanos o que contuviesen disposiciones relativas
a ellos, siempre y cuando se hayan debidamente suscrito.
Hasta aquí la idea parece sencilla, pero se complica cuando se contempla el gran número
de tratados internacionales en materia de derechos humanos que se han suscrito por
nuestro país. De ahí que precisa averiguar cuáles son los instrumentos internacionales
que comprende el bloque de constitucionalidad y si dentro de ellos existen algunos de
aplicación prioritaria.
Un primer grupo del bloque de constitucionalidad deriva del sistema interamericano de
derechos humanos, entre estos documentos estarían: la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre, Bogotá, de 1948; La Convención Americana de
Derechos Humanos o Pacto de San josé, con los Protocolos adicionales de San Salvador
sobre Derechos, Económicos, Sociales y Culturales de l988 y el Protocolo sobre la
Abolición de la Pena de Muerte de 1941; el Estatuto y el Reglamento de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos. Habría que agregar algunas convenciones
sectoriales: para Prevenir y Sancionar la Tortura, de 1985; sobre la Desaparición Forzada
de Personas, de 1994; para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer,
de 1945, y para la eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas
con Discapacidad, de 2001.

xxv
Otro grupo de documentos proviene de la denominada ―Carta Internacional de los
Derechos Humanos‖. Estos documentos contemplan a los derechos humanos en su
globalidad.
Comentarios especiales requieren las Declaraciones Universal y Americana de Derechos,
en razón de su naturalezajurídica y alcance, dado que a veces se les ha calificado de
recomendaciones carentes de obligatoriedad.
Respecto de la Declaración Universal de 1948, en un principio se opinó que no era por sí
misma obligatoria para los Estados miembros de las Naciones Unidas, en otras palabras,
sus preceptos no tenían carácter vinculante, Sin embargo, con el paso de los años se ha
reconocido su notable ascendencia jurídica, política y moral, así como también que ha'
inspirado múltiples tratados y convenciones internacionales.
También parte del bloque de constitucionalidad instrumentos internacionales de gran
reconocimiento relativos a derechos concretos o que protegen contra formas graves de
violación a derechos humanos, destacan las siguientes (convenciones: Prevención y
Sanción del Delito de Genocidio, de 1948; Eliminación de todas las formas de
Discriminación Racial, de 1965; Desaparición Forzada de Personas, de 1966; Contra la
Tortura y otros tratos o Penas Crueles inhumanos o degradantes, de 1987; Derechos del
Niño, de 1989; Sobre Derechos Políticos, Discriminación y Violencia contra la Mujer,1952,
1984 y 1993, respectivamente.
En fin, se deberán asimismo tomar en cuenta para la interpretación conforme y el bloque
de constitucionalidad, las decisiones jurisprudenciales de diversos tribunales
internacionales. Desde luego, la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, que por el valor de sus precedentes, debe considerarse fuente privilegiada y
obligatoria en la aplicación de normas de derechos humanos.
Deberán estimarse también como fuentes importantes las decisiones de la Corte
Internacional de justicia, la Corte Europea de Derechos Humanos y otros organismos
jurisdiccionales similares, Ahora bien, respecto de la naturaleza y valor que poseen los
criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se han
efectuado recién importantes pronunciamientos de la Suprema Corte de justicia de la
Nación, en la resolución de la consulta con motivo del conocido expediente ―varios‖

xxvi
912/2010, mismo que tuvo su origen en la desaparición del señor Rosendo Radílla
pacheco.
De acuerdo con la Suprema Corte, a las sentencias que se dictan en controversias en las
que ha intervenido el Estado mexicano deben dárseles el carácter de vinculantes y de
cosa juzgada.
Las sentencias condenatorias de la Corte Interamericana ―son obligatorias para el Poder
judicial de la Federación en sus términos"; y agrega el máximo tribunal, que carece de
competencia para "revisar si se configuran las observaciones, reservas o declaraciones
interpretativas formuladas por el Estado Mexicano". Más aún, para el Estado mexicano,
las sentencias ―son obligatorias para todos los órganos del mismo en sus respectivas
competencias‖.
Para los casos en que México no ha sido parte de la controversia, se determinó que ―los
criterios interpretativos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son
orientadores para el Poder judicial de la Federación‖. De esta manera, los jueces
nacionales deben inicialmente observar lo derechos humanos establecidos en la
Constitución Mexicana y en los tratados internacionales de las que el Estado mexicano
sea parte, así como los criterios emitidos por el Poder judicial de la Federación al
interpretarlos y acudir a los criterios interpretativos de la Corte Interamericana para
evaluar si existe alguno que resulte más favorecedor y procure una protección más amplia
del derecho que se pretende proteger, esto no prejuzga sobre la posibilidad de que sean
los criterios internos aquellos que cumplan de mejor manera con lo establecido por la
Constitución en términos de su artículo lo., lo cual tendrá que valorarse caso por caso a
fin de garantizar siempre la mayor protección de los derechos humanos.
4. El control de convencionalidad
A) La creación jurisprudencial y el control de convencionalidad. Para descender de tan
amplio y multiforme escenario de los instrumentos internacionales a las aplicaciones
concretas en la región latinoamericana, es preciso examinar el llamado control de la
convencionalidad, instrumento procesal que ha venido ejerciendo la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, con fundamento en las atribuciones que se le han otorgado y en
las interpretaciones que de éstas ha efectuado el propio organismo jurisdiccional. El
control de convencionalidad, creación jurisprudencial de la Corte, le ha permitido examinar

xxvii
si las leyes o actos de derecho interno son compatibles; Sin embargo, esta determinación
dividió a los ministros (le la Corte, seis de ellos se inclinaron porque dichos criterios son
orientadores. en tanto que el resto les dio el carácter de vinculantes. Con el tiempo habrá
que convenir en su carácter de vinculantes, siempre y cuando no trasgredan la
Constitución y se ajusten de manera adecuada en el caso a resolver).
La Convención Interamericana de los Derechos Humanos y otros instrumentos
internacionales aplicables.‖
Tanto el control de convencionalidad como otros principios y mecanismos que se han
generado en la Corte Interamericana, tienen su fundamento en la Convención Americana
de Derechos Humanos y en el propio Estatuto de la Corte que le han conferido el carácter
de órgano autónomo y una competencia abierta y creciente.
De este modo, en el artículo 62 de la Convención se establecen las reglas esenciales
para la competencia de la Corte. En el apartado 1 del referido precepto, se indica que
―todo Estado Parte puede en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o
adhesión de esta Convención, o en cualquier momento posterior, declarar que reconoce
como obligatoria de pleno derecho y sin convención especial, la competencia de la Corte
sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de esta Convención".
En el apartado 2, se añade que dicha declaración "puede ser hecha incondicionahnente,
o bajo condición de reciprocidad, por un plazo determinado o para casos específicos‖. Por
último.
El apartado 3 es categórico: La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso
relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de esta Convención que le
sea sometido, siempre que los Estados Partes en el caso hayan reconocido o reconozcan
dicha competencia, ora por declaración especial, como se indica en los incisos anteriores,
por convención especial.
Por su parte, el Estatuto de la Corte, en su artículo lo., expresa respecto la naturaleza y el
régimen jurídico de dicho órgano jurisdiccional, que "es una institución judicial autónoma
cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos". Inmediatamente, el artículo 20. del propio Estatuto, se refiere a la
competencia y funciones de la Corte, reconociéndole una doble función: de carácter

xxviii
consultivo, acerca de la interpretación de la Convención y otros tratados de derechos
humanos, y de carácter jurisdiccional, para los casos contenciosos.
Con base en las facultades referidas, la Corte a través de su jurisprudencia ha logrado
construir un sólido y novedoso cuerpo de doctrina y de principios, cuyas contribuciones,
afirma Pérez Tremps, ha generado un Común interamericano de los derechos humanos.
Más aún, se han logrado deslindar conceptos básicos y funcionales, implementar
instrumentos procesales y medidas reparatorias de distinta índole, que han hecho de la
Corte un órgano de gran fuerza protectora de los derechos humanos e intérprete por
excelencia la Convención Americana y de otros tratados internacionales.
Ahora bien, para entender a cabalidad el actual control de convencionalidad, es preciso
recorrer -aunque a grandes trazos una línea persistente y fecunda de interpretación, que
ha venido fortaleciendo la competencia de la Corte Interamericana. Esta línea de
interpretación, de manera simplificada, parte de la concepción del poder inherente de la
Corte, pasa por el deslinde de la expresión ―leyes internas" y arriba al control de la
convencionalidad. ha sido arduo el esfuerzo de la Corte para que prevalezcan sus
interpretaciones tuvo que condenar las penas inusitadas, oponerse al ejercicio dictatorial
del poder y vencer resistencias nacionales, cobijadas en una soberanía mal entendida. Ha
contribuido también, es de justicia reconocerlo, la oleada de democratización que
experimentó la región latinoamericana, al establecerse regímenes políticos más
receptivos al progreso de los derechos humanos.
Una tesis sustancial de la Corte se ha desprendido del precepto que la rigen mencionados
líneas atrás, que le imprimen gran jerarquía como intérprete oficial y único de la
Convención Americana de los Derechos Humanos. De este modo, la Corte asumió desde
hace muchos años el "poder inherente" de determinar el alcance de propia competencia,
en otras palabras, se ha convertido en ―maestro de su jurisdicción‖.
En el conocido caso contra Trinidad y Tobago, este Estado sujeto a la competencia
contenciosa de la Corte a la reserva de que fuese compatible con su Constitución y
siempre y cuando la sentencia de la Corte no contraviniese derechos y deberes de los
ciudadanos. En sus propias palabras, la Corte respondió que no podía abdicar a la
prerrogativa de interpretar la Convención Americana y de ordenar "el mayor grado de

xxix
protección a los seres humanos bajo su tutela", sosteniendo además literalmente: ―La
Corte como todo órgano funciones jurisdiccionales, tiene el poder inherente de determinar
alcance de su propia competencia
En cuanto a la expresión leyes internas, las interpretaciones de la corte Interamericana
fueron ganando en alcance en diversos casos que se le plantearon, a tal punto que se
generó un mecanismo adecuado para enfrentarse no sólo a las normas incompatibles con
los derechos humanos, sino también al funcionamiento práctico de los órganos del
Estado. En el concepto de ―leyes internas" se comprenden las propias normas
constitucionales, las leyes ordinarias, los actos administrativos, la jurisprudencia e incluso
las prácticas administrativas o judiciales, que un determinado país efectúa que pueden ser
incompatibles con la Convención Americana u otros instrumentos internacionales
aplicables.
Detengámonos un poco en la expresión ―leyes internas".
Más tarde, la Corte interpretó que bajo el concepto de leyes internas se comprenden no
sólo las normas y prácticas que entrañaban violación, sino también modificarlas para
garantizar hacia el futuro los derechos humanos; de este modo, en el caso Castillo Petruz
y otros contra Perú, puntualizó:
El deber general del artículo 20. de la Convención Americana sobre Derecho Humanos
implica la adopción de medidas en dos vertientes:
Por una parte, la supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza que
entrañen violación a las garantías previstas en la Convención. Por la otra, la expedición
de normas y el desarrollo dc prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas
garantías.
Finalmente, la Corte ha logrado afinar un instrumento clave, el control de
convencionalidad. Este control, apuntó Rey Cantor, es un mecanismo de protección
procesal que ejerce la Corte en el evento, que el derecho interno, entendido en el sentido
amplio descrito,sea incompatible con la Convención Americana u otros tratados
aplicables. Para determinar dicha incompatibilidad es preciso hacer una confrontación
entre el derecho interno y los instrumentos internacionales, para luego en la sentencia

xxx
correspondiente disponer si las normas de derecho interno vulneran las normas
internacionales y ordenar las reparaciones correspondientes.
El control de la convencionalidad se debe en inicio a las valiosas aportaciones del juez
mexicano de la Corte Interamericana, doctor Sergio García Ramírez, quien a través de
sus votos contribuyó de manera determinante al diseño y aplicaciones del referido
instrumento procesal.
De esta manera, informa el propio doctor García Ramírez, la primera vez que se aludió al
control de convencionalidad fue en el caso Mack Chang vs, Guatemala, resolución del 25
de noviembre de 2003. Con posterioridad, el control de convencionalidad se hizo valer en
otros casos significativos que conoció la Corte, mismos que fueron Trabajadores Cesados
del Congreso vs. Perú (Aguado Alfaro y otros),de 24 de noviembre de 2006, y Vargas
Areco vs. Paraguay, del 26 de septiembre del mismo año.
Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención
Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a
ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no
se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y desde un inicio
carecen de efecto jurídicos. En otras palabras, el Poder judicial debe ejercer una especie
de 'control' de convencionalidad' entre las normas jurídicas internas que aplican en los
casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En esta tarea el Poder judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también
que la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de
la Convención Americana.
B) Control de convencionalidad internacional e interno. El control de convencionalidad
puede ser de dos clases, en sede internacional ante la Corte Interamericana, y en sede
nacional, que se ejerce por las instancias internas de un Estado parte, incluidas las
jurisdiccionales.
Con motivo de las reformas constitucionales de 2011, el control de convencionalidad se
ejercerá ahora en México tanto en sede internacional como en sede nacional.
El control de convencionalidad en sede internacional, de carácter concentrado, se ejerce
esencialmente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Surge el control

xxxi
externo cuando un Estado parte determinado expide una norma o realiza un acto que
viola los derechos reconocidos en la Convención, así como cuando omite expedir una ley
a la que está obligado para garantizar el ejercicio de tales derechos. Cuando el conflicto
se resuelve por sentencia de fondo, se declara incompatible o inconvencional la norma o
acto nacional que ha vulnerado los derechos humanos, estableciendo asimismo las
reparaciones correspondientes.
En cuanto al control de convencionalidad en sede nacional, el juez natural tiene potestad
para estimar incompatible las normas internas con la Convención Americana u otro
tratado internacional.
Para tal efecto, eljuez referido debe realizar un examen de confrontación entre la norma
interna y la norma internacional, si aquella es incompatible puede inaplicarla y adoptar la
decisión que sea más favorable a los derechos humanos.
El control en sede nacional puede ser concentrado o difuso, según el sistema de gobierno
y las circunstancias que privan en cada país. En otras palabras, en el control difuso o
concentrado de la convencionalidad pueden influir la forma de Estado federal o unitario,
así como si se ha optado por un tribunal de carácter concentrado o por el sistema difuso
que hace participar a todos los jueces nacionales.
A este respecto, apunta García Ramírez: ―Sin perjuicio de la preferencia por uno y otro
régimen de control, lo cierto es que la Corte Interamericana no se ha pronunciado por
ninguno de ellos con preferencias sobre el otro, Lo importante es que haya control de
convencionalidad‖. El método que se elija puede ser secundario y opinable, ―nos
hallamos, pues ante una decisión de método que compete a los Estados, soberanamente,
y que éstos debieran adoptar previo cuidadoso examen de sus condiciones especíﬁcas y
de la forma que mejor se acomode a la obtención de los fines perseguidos mediante la
figura del control.'
En nuestro país, la Suprema Corte de justicia de la Nación acaba de pronunciarse a favor
de que el control de la convencionalidad y de constitucionalidad se realice a través del
sistema difuso, esto es, dicho control se ejercerá por todos los jueces del país, sean del
orden federal o del orden local.
Precisamente, en el citado expediente varios 912/2010, la Suprema Corte de justicia de la
Nación, llegó al acuerdo por mayoría de que: el modelo de control de convencionalidad y

xxxii
constitucionalidad que debe adoptarse, es en el sentido de que: 1) Losjueces del Poder
judicial de la Federación, al conocer de controversias constitucionales, acciones y
constitucionalidad y de amparo, pueden declarar la invalidez de las normas que
contravengan la constitución Federal y/o los tratados internacionales que reconozcan
derechos humanos; 2) los jueces del país, en los asuntos de su competencia, podrán
desaplicar las normas infrinjan la constitución Federal y/o los tratados internacionales que
reconozcan derechos humanos, sólo para efectos del caso concreto y sin hacer una
declaración (la invalidez de las posiciones, y 3) las autoridades del país que no ejerzan
funciones jurisdiccionales deben interpretar los derechos humanos de la manera que más
lo favorezcan, sin que estén facultadas para declarar la invalidez de las normas
comparables o para desaplicarlas en casos concretos.
C) México y la Corte Interamericana. Ha contribuido nuestro país de manera significativa
al sistema interamericano de derechos humanos y a la creación de la propia Corte de San
José. En principio, se suscribieron los documentos fundantes, esto es, la Declaración
Americana de 1948 y la Carta que dio origen a la Organización de Estados Americanos,
En la Carta de la OEA, se confió a la Comisión Interamericana la misión de promover los
derechos humanos. Entre los siete miembros iniciales de este órgano, cuya sede está en
Washington, se designaron a dos eminentes juristas mexicanos, Gabino Fraga y Cesar
Sepúlveda, quienes fungieron también como presidentes de la misma, Participó también
nuestro país en la Conferencia Especializada de 1969, en cuya declaración ﬁnal se apoyó
el establecimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, colaboró en los
trabajos don Antonio Martínez Báez, con la sabiduría que siempre lo caracterizó.
Una vez establecida la Corte Interamericana de justicia, se han desempeñado como
jueces en ella juristas mexicanos. El coautor de este libro, doctor Héctor Fix-Zamudio, fue
miembro de la Corte de 1986 a 1998. El renombrado penalista doctor Sergio García
Ramírez, fungió de 1998 a 2010. Ambos juristas ocuparon en determinados periodos la
presidencia de la Corte. Acaba de designarse como juez al Joven procesalista Eduardo
Ferrer Mac-Gregor. para el periodo 2013-2013.
Por otro lado, en la paulatina aproximación del gobierno mexicano al Sistema
Interamericano, debe resaltarse el reconocimiento expreso a la competencia jurisdiccional
de la Corte Interamericana, aprobada previamente por el Senado Federal por medio de la
declaración del 16 de diciembre de 1998 (depositada en la Secretaría de la Organización
de los Estados Americanos), en los términos del artículo 61.1 de la Convención

xxxiii
Americana, con carácter general y aplicable a los hechos y actos jurídicos posteriores a la
fecha del depósito de dicha declaración. Sin embargo, es preciso mencionar, que antes
de que se hiciera dicho reconocimiento, el Estado mexicano solicitó el 19 de noviembre de
1997 a dicho Tribunal, una opinión consultiva, decidida el primero de octubre de 1999 por
la Corte Interamericana, Los argumentos centrales que se expusieron por el tribunal en
esta opinión consultiva, son muy similares a los utilizados por la Corte Internacional de
justicia en los casos La Gmnzl (Alemania contra Estados Unidos) y Avena (México contra
Estados Unidos). A partir de ese reconocimiento, además de una segunda consulta
formulada por el Gobierno Mexicano, la Corte Interamericana ha dictado seis sentencias
condenatorias para el listado Mexicano.
LAS REFORMAS EN DERECHOS HUMANOS 23
5. Principios interpretativos de los derechos humanos A) El principio pro persona. Se hace
mención del principio interpretativo pro homine o pro persona, en la parte final del párrafo
segundo del artículo lo., indicándose que las interpretaciones de normas relativas a los
derechos humanos, favorecerán "En todo tiempo a las personas la protección más
amplia‖.
De manera elemental, puede decirse que en la práctica este principio impone al juez una
obligación precisa, cuando decide un caso determinado debe tener como criterio
hermenéutico acudir a la norma más amplia o la interpretación más extensiva en favor de
los derechos humanos.‖ Vale añadir que el principio pro persona se ha consagrado en
diversos instrumentos internacionales, así en la Convención de Viena, artículos 31 y 32,
en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, artículo 50., y en la Convención Americana,
artículo, 29. El principio pro persona, además, se centra en dos importantes directrices, de
preferencia interpretativa y de preferencias de normas.
Mediante la preferencia interpretativa se procura obtener un criterio que optimice el
derecho humano, en el cual puedan satisfacerse la libertad (principio favor libertatis) y la
protección a las víctimas (principio favor debílis). A través de la directriz de la preferencia
de normas, el juez debe esforzarse en aplicar la norma más favorable a la persona, si la
norma constitucional y la norma de un tratado tuviesen soluciones diversas para un caso

xxxiv
concreto, prevalecería como disposición aplicable la que reportase mayor beneficio al
derecho de una persona.
B) Otros principios interpretativos. Se han establecido, en el artículo lo', párrafo tercero,
otros principios interpretativos que se estiman cardinales para los derechos humanos:
universalidad; interdependencia; indivisibilidad y progresividad. Estos principios han tenido
la aceptación general de la doctrina y se han recogido en dos conferencias mundiales de
derechos humanos, la primera celebrada en la ciudad de Teherán en 1968 y la segunda
de mayor importancia en la ciudad de Viena el 25 de agosto de 1993.
Se explicaran, de manera sintética, los referidos principios interpretativos: 1)
Universalidad, porque pueden predicarse de todas las personas, esto es, su goce es
general, sin importar origen, edad, raza, sexo, color, opinión política o religiosa, de una
persona; 2) Interdependencia, en cuanto todos los derechos humanos tienen una estrecha
relación entre sí, no deben contemplarse de manera aislada y desvinculados de sus
relaciones condicionantes; 3) Indivisibilidad, en virtud de que no debe existir separación,
categorización o jerarquía entre los derechos humanos, cuando un derecho se ejercita o
se viola impacta por lo regular en otros derechos; 4) Progresividad, implica que lo
derechos humanos deben ser vistos como un proceso incesante y gradual en busca de su
efectividad y satisfacción, a cargo del Estado queda mejorar las condiciones de ejercicio y
exigibilidad de tales derechos, no debe haber retroceso o involución.
6. La responsabilidad del Estado
A) Las obligaciones. Para el Estado mexicano se han establecido diversas obligaciones
en derechos humanos por el párrafo tercero del artículo l constitucional. Se señala al
principio de este párrafo: ―Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias,
tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos".
Están relacionadas estas obligaciones con la parte ﬁnal del propio párrafo, en la cual se
dice: ―En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley‖.
Las obligaciones a cargo del Estado deben satisfacerse tanto en el plano nacional como
en el internacional.
En la esfera interna, las obligaciones genéricas consistentes en promover, respetar,
proteger y garantizar los derechos humanos, requieren de un cumplimiento eficaz e

xxxv
integral por todos los niveles de gobierno. Los efectos de estas obligaciones son tanto
horizontales como verticales; ni la división de poderes que implica diversas actividades de
los órganos públicos, ni la distribución competencial del Sisteina federal, han de ser
obstáculo para desahogar las obligaciones constitucionales. Es el Estado mexicano, como
tin todo, el que debe de responder de estas obligaciones, como así lo prescriben la
Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 28 y el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, artículo 50.
Las obligaciones genéricas referidas, como lo subraya Carbonell, deben contemplarse en
perspectivas muy amplias. Estas obligaciones exigen de las autoridades no solamente
―conductas de abstención, sino que deben hacer todo lo que esté a su alcance para lograr
la eficacia plena de los derechos‖. El Estado tiene que cumplir acrecentados deberes,
entre otros, está obligado a adoptar medidas preventivas para evitar violaciones de
derechos humanos, a crear recursos legales para defender los derechos fundamentales, a
destinar el máximo de los recursos disponibles para los propósitos señalados, incluso
implementar ―obligaciones reforzadas hacia ciertos derechos de grupos vulnerables.‖
Pero la responsabilidad del Estado no se detiene en las obligaciones genéricas y
preventivas, están también a su cargo deberes sancionadores y reparadores cuando se
producen violaciones a los derechos humanos. Como la propia norma constitucional lo
indica, el Estado requiere investigar a fondo para determinar quiénes son las personas
responsables de dichas violaciones, así como imponerles las penas que procedan. Las
reparaciones demandarán, por su parte, esfuerzos notables de los órganos
jurisdiccionales para satisfacer a las víctimas.
Estas tareas entrañan serios desafíos para el Estado mexicano, que requiere impulsar
con mucha más energía la reforma del sistema judicial mexicano, que hasta ahora
infortunadamente no ha logrado superar añejas carencias y clama por la atención del
gobierno y participación de la sociedad.
B) Reparaciones internacionales. Para las víctimas este tema es crucial, en virtud de que
en él se mide la responsabilidad del Estado y su auténtico deseo de cumplir sus deberes
internacionales. Cabe incluso destacar que en las reparaciones internaciones, las víctimas
pueden obtener mayores satisfacciones y beneficios que en el terreno interno que con
frecuencia se les regatean. Por otra parte, para el buen desempeño de la Corte
Interamericana las reparaciones a que dan lugar sus sentencias es un asunto también

xxxvi
prioritario, en virtud de que a veces las instancias de los gobiernos nacionales se resisten
a cumplimentar sus decisiones o lo hacen de manera incompleta.
Es por ello que el tema de las reparaciones internacionales tieneun papel determinante
para el respeto de los derechos humanos. De nada sirve establecer deberes estrictos en
los tratados internacionales, si cuando éstos se vulneran las sanciones o reparaciones a
cargo del Estado son insuficientes o no llegan a actualizarse. Para solucionar tan graves
problemas las resoluciones de la Corte Interamericana se han revelado cada vez más
efectivas, las víctimas han logrado en relevantes casos que se impongan sanciones o se
les reparé el daño que les negaron las instancias internas.
Precisamente, ilustra García Ramírez, que la jurisprudencia en reparaciones de la Corte
Interamericana, constituye ―uno de los aspectos más relevantes - no diré el más relevante,
pero hay quienes así lo estiman del quehacer jurisprudencial de la Corte. Sentencia a
sentencia se ha caminado hacia adelante, con buen paso, en el desarrollo de este trabajo
formador del nuevo derecho interamericano de los derechos humanos, aplicable a nuestro
país‖.
En efecto, con base en la cláusula de flexible e inteligente redacción establecida en el
artículo 63.1 de la Convención Americana, la Corte ha logrado establecer medidas
reparadoras de gran variedad, imaginación y versatilidad. Se han superado con mucho las
tradicionales reparaciones pecuniarias o meramente restitutivas, incluso las que derivan
del daño moral. Ha logrado perfilar la Corte el concepto de daño múltiple que se
corresponde con el de reparación integral. De este modo, las reparaciones en las
sentencias han ido más allá de las usuales; se ha obtenido que se reformen las
constituciones nacionales; que se supriman legislaciones internas incompatibles con los
derechos humanos; que se garantice la prevención de manera efectiva y la no repetición
de actos violatorios; que el estado reconozca de manera pública el incorrecto proceder de
sus agentes y que proporcione una satisfacción social y pública a las víctimas.
Por lo que se refiere a la disposición para reparar las violaciones, la fórmula que establece
la norma constitucional, advierte la experimentada voz de García Ramírez, no puede
considerarse óptima en el plano internacional. El texto indica que las violaciones se
reparan "en los términos que establezca la ley", acotación que pudiera interpretarse como
si sólo se refiriese a la ley interna o ignorara los deberes derivados de los tratados
internacionales.

xxxvii
Es loable la advertencia anterior, ojalá la legislación secundaria disipe tales inquietudes.
De esta manera, puede sostenerse que a la expresión ―en los términos que establezca la
ley", puede dársele el sentido más obvio y amplio, como normas que pueden ser internas
o internacionales, además, con base en los dictámenes legislativos que precedieron a la
reforma y en el propio texto constitucional, la expresión referida debe interpretarse de
manera sistemática en el contexto del artículo lo. que ha colocado en al mismo nivel las
normas constitucionales y las provenientes de los tratados internacionales en derechos
humanos.
7. Leyes reglamentarias de cumplimiento
Para las reparaciones de fuente internacional es menester que el estado Mexicano
persista aun con mayor profundidad en su política a favor de los derechos humanos. así
como expida diversos ordenamientos y medidas que establezcan un andamiaje jurídico y
constitucional que le facilite el cumplimiento de sus obligaciones. En este apartado se da
cuenta de los esfuerzos previos que ha venido realizando el Estado Mexicano en este
ámbito, pero también se evidencia la necesidad de expedir leyes reglamentarias de
cumplimiento para las resoluciones internacionales.
A) Los esfuerzos previos. A manera de antecedente, sería menester destacar varios
esfuerzos del gobierno mexicano para establecer una política sobre derechos humanos,
con anterioridad a la reforma constitucional: a) la Ley sobre Celebración de tratados, del 2
de enero de 1992, cuyo artículo ll, aludió al cumplimiento de resoluciones internacionales,
aunque en materia de derecho privado; b) Comisión lntersecretarial para la Atención de
Compromisos de México en materia de Derechos Humanos, creada por acuerdo
presidencial el 17 de octubre de 1997, que presidiría un representante de la Secretaría de
Relaciones Exteriores; c) Comisión de Política Gubernamental en materia de Derechos
Humanos, creada por acuerdo presidencial del 11 marzo del 2003, que presidiría el
Secretario de Gobernación, con la participación de los titulares de varias secretarías y de
otras comisiones; d) Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012 publicado el
28 de agosto de 2008, de carácter obligatorio para las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal; e) Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos
Humanos, creada por acuerdo de la Secretaría de Gobernación, el 18 de diciembre de
2008, para el seguimiento del referido Programa Nacional.

xxxviii
Debe destacarse, por último, que por decreto presidencial de fecha 6 de septiembre de
201 1, se creó la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos, como un
organismo descentralizado de la administración pública federal. En los considerandos de
dicho decreto, se subraya que la creación de esta Procuraduría tiene el propósito de que
se atienda de manera oportuna y sin distinción alguna a las víctimas. Se pretende evitar el
conocido problema de la ―revictimización‖, es decir, ―que quienes han sido víctimas u
ofenclidos por la comisión de un delito, enfrenten además condiciones dilíciles para el
acceso a la justica y el ejercicio de sus derechos".
La referida Procuraduría estará administrada y operada por una junta de Gobierno y un
Procurador. El procurador será designado por el presidente de la República y la junta de
Gobierno se integra por siete secretarios de estado, encabezados por el secretario de
gobernación, el procurador general de la República y el secretario ejecutivo del sistema
nacional de seguridad pública; formarán también parte de la junta cuatro representantes
de la sociedad civil, invitados por el propio Ejecutivo Federal, que se hayan destacado en
tareas de atención a víctimas y ofendidos de los delitos.
Como puede observarse, existen en el seno de la Administración Pública Federal las
instituciones y los organismos encargados de promover y desarrollar las actividades
necesarias para la tutela de los derechos humanos, a que se reliere el artículo lo. de la
Constitución federal. Pero hace falta todavía más, que se expidan leyes reglamentarias
que establezcan los organismos y los procedimientos necesarios para el pronto
cumplimiento de las resoluciones de los organismos internacionales reconocidos por el
listado mexicano, se ha hecho evidente por el desconcierto que han producido los
recientes fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que en varios de
ellos no se han cumplido en su integridad debido a que no existe la legislación que
establezca con precisión la forma de ejecutarlos.
B) Ley para la Reparación de Violaciones de Derechos. Las nuevas obligaciones que se
establecen para el Estado mexicano en el texto constitucional, hacen indispensable que el
congreso expida una ley reglamentaria para reparar las violaciones de derecho. Esta ley
establecería los procedimientos necesarios, las indemnizaciones pertinentes y demás
aspectos que se requieren satisfacer para reparar las infracciones a favor de las víctimas.
En esta dirección solamente existe y en época reciente, después de una larga y paulatina
evolución, la ley federal de responsabilidad patrimonial para el estado, publicada el 31 de

xxxix
diciembre de 2004, expedida con apoyo en la reforma constitucional del artículo 113 de la
carta federal, publicada el 14 dejunio de 2002 en el diario oficial de la federación, que se
adicionó con la siguiente disposición: La la responsabilidad del estado por los daños
que,con motivo de su actividad administrativa irregular ocasionen los bienes o patrimonio
de los particulares será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a
indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes.
Además, se modificó la denominación del título IV de la misma Constitución federal, para
adoptar la denominación actual de la responsabilidad de los servidores públicos y del
estado.
Sin tener la posibilidad de realizar un análisis cuidadoso de la reforma constitucional y de
su ley reglamentaria en el ámbito federal,va que las legislaturas de los estados y la
Asamblea Legislativa deben expedir las leyes de sus respectivas entidades federativas,
de acuerdo con el único artículo transitorio de la mencionada reforma constitucional de
2002.‖ En este breve examen es conveniente señalar que esta modificación se originó en
la iniciativa presentarla ante el Congreso de la Unión por el entonces Presidente Miguel
de La Madrid Hurtado. que tenía la intención De introducir un espíritu de ética en servicio
Publico derivado de ejemplo de uno de los más destacados héroes de la independencia
de México, José María Morelos, que no obstante tener el grado más alto en el ejército
insurgente, se designó así mismo en el año de 1813, como el Siervo de la Nación.
Uno de los aciertos de la citada ley reglamentaria es el estab1ecimiento en el segundo
párrafo del artículo primero, de un concepto muy razonable de lo que debe entenderse por
actividad administrativa irregular, como ―aquella que cause daño a los bienes y derechos
de los particulares que no tengan obligación jurídica de soportar, en virtud de no existir
fundamento legal o causa jurídica de justificación para legitimar el daño de que se trate―.
Esta ley reglamentaria, reformada en algunos de sus preceptos en el año de 2009, aun
cuando puede considerarse adecuada para lograr el resarcimiento de los daños y
perjuicios ocasionados por la actividad irregular de las autoridades públicas federales, es
insuﬁciente para reparación de la violación de los derechos humanos por parte de dichas
autoridades, que exige expresamente la reforma sobre derechos humanos del 10 de julio
de 2011, aun cuando debe estimarse como una base inicial que debe tomarse en cuenta
para un ordenamiento específico que regule de manera eficaz el cumplimiento de las
reparaciones a las víctimas de las infracciones a sus derecho fundamentales, tanto los

xl
establecidos expresamente en el texto constitucional, como aquellos de los tratados
internacionales que forman parte del mismo como derechos de fuente internacional.
C) Ley para cumplir las Determinaciones de las Instancias y Tribunales Internacionales.
Un segundo ordenamiento legal que debe dictarse por el Congreso de la Unión, es el que
se refiere a las instituciones, los procedimientos y los instrumentos necesarios, que deben
dar cumplimiento a las decisiones y las recomendaciones, estas últimas aceptadas por el
gobierno mexicano (que en ese supuesto adquieren obligatoriedad para el mismo), de los
organismos internacionales tanto administrativos como jurisdiccionales, a los que se les
ha otorgado reconocimiento, En otras palabras, la Ley referida estalecería un marco para
la recepción y cumplimiento de las determinaciones de las Naciones Unidas, de la
Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como de otras
resoluciones de tribunales internacionales.
Se trata de una situación que comparte nuestro país con otras naciones latinoamericanas,
en las cuales se observa una evolución para expedir las leyes o realizar las
modificaciones necesarias. según sea el caso, a fin de proveer el debido cumplimiento del
mismo, así como incluir en sus respectivos presupuestos, una partida para hacer frente a
su responsabilidad patrimonial.
Debemos tomar en cuenta que en esta materia tan complicada de las reparaciones,
existen todavía deficiencias en las legislaciones internas en cuanto al establecimiento de
un procedimiento adecuado para el cumplimiento de las sentencias condenatorias en el
sistema interamericano, por lo que es necesario que se expidan normas internas que
regulen las obligaciones y los procedimientos para el cumplimiento de dichos fallos, y en
general de la ejecución de las resoluciones de los organismos internacionales,
administrativos y jurisdiccionales reconocidos por los Estados miembros de los tratados
respectivos.
En varios países latinoamericanos, se han hecho esfuerzos para expedir normas
legislativas o al menos se han presentado iniciativas, para establecer un régimen
adecuado para otorgar efectividad a las decisiones de los tribunales internacionales,
particularmente las provenientes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La evolución hacia el establecimiento de una regulación del cumplimiento de las
resoluciones internacionales en el ordenamiento mexicano, ha sido paulatina y compleja.

ENSAYO – RESUMEN DEL LIBRO: LAS REFORMAS EN DERECHOS HUMANOS, PROCESOS COLECTIVOS Y AMPARO COMO UN NUEVO PARADIGMA CONSTITUCIONAL.

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