Artículo de humberto vélez sobre el conflicto colombiano

1. Atisbos Analíticos 224, abril 2015, Humberto Vélez r, profesor de la Universidad
del Valle; investigador del Grupo “Política y Conflictos” del Programa de
Estudios Políticos; y Presidente de ECOPAIS, Fundación
Estado*Comunidad*País, “Un nuevo Estado para una nueva Colombia”.
humbertovelezr@gmail.com, ecoapaisatisbosanaliticos2000.blogspot.com.
LOS DIALOGOS DE LA HABANA Y LOS RESPONSABLES POLÍTICOS
COLECTIVOS DEL ORIGEN DEL CONFLICTO INTERNO ARMADO.
0tra Mirada sobre sus orígenes.
A CARLOS GAVIRIA DIAZ,
CON ENORME ADMIRACIÓN
Y UN INMENSO AFECTO.
Abstract
PRIMERA PARTE
1. LA JUSTICIA RESTAURATIVA Y NO EL DERECHO PENAL COLOMBIANO COMO
REFERENTE REGULATORIO Y AXIOLÓGICO CENTRAL DE LA JUSTICIA
TRANSICIONAL
2. ¿QUÉ SIGNIFICA HISTORICIZAR PARA COLOMBIA LA APLICACIÓN DE LA
JUSTICIA TRANSICIONAL?
3. HACIA OTRA CONCEPCIÓN DEL DERECHO
4. LOS DIÁLOGOS DE LA HABANA:SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS,
SEGUNDA PARTE
SEGUNDA PARTE
CONSIDERACIONES CRÍTICAS GENERALES DEL TRABAJO
ACADÉMICO DE LA COMISIÓN HISTÓRICA DEL CONFLICTO Y DE
LAS VÍCTIMAS.
TERCERA PARTE
OTRA MIRADA SOBRE LOS ORÍGENES DEL CONFLICTO INTERNO
ARMADO: EL ESTADO COLOMBIANO, LOS ESTADOS UNIDOS Y, EN
MENOR GRADO, LAS FARC COMO LOS MÁS IMPORTANTES
RESPONSABLES POLÍTICOS.

2. 1. TRES NIVELES DE CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA DE LOS
ORÍGENES DEL CONFLICTO INTERNO ARMADO.
A. Primer Nivel de Contextualización histórica: La Historia de las Violencias
políticas.
B. Segundo nivel de Contextualización histórica: La Configuración de “un
Estado estructural e institucional y, con el tiempo, culturalmente Contra-
opositor”.
C. El tercer Nivel de Contextualización histórica de los Orígenes del
Conflicto interno armado: la Historia de las relaciones de Colombia con
el Imperio norteamericano.
2. Las tres Contextualizaciones históricas y nuestro objeto de
estudio.
3. LOS ORÍGENES DEL CONFLICTO INTERNO ARMADO O DE LA VIOLENCIA
POLÍTICA SUBVERSIVA CONTRAINSURGENTE.
4. LOS RESPONSABLES POLÍTICOS COLECTIVOS DE LOS ORÍGENES DE LA
VIOLENCIA SUBVERSIVA CONTRAINSURGENTE.
CUARTA PARTE
ANÁLISIS CRÍTICO DE LOS 12 INFORMES Y DE LAS 2 RELATORÍAS. (En
proceso de elaboración).
PRIMERA PARTE
1. LA JUSTICIA RESTAURATIVA Y NO EL DERECHO PENAL COLOMBIANO COMO
REFERENTE REGULATORIO Y AXIOLÓGICO CENTRAL DE LA JUSTICIA
TRANSICIONAL
Plurales y valiosos en lo académico los 12 Informes y 2 Relatorías de la
Comisión histórica del Conflicto interno armado - en la práctica 14 Informes-,
sin embargo, por variopintas razones, en lo político dificultosamente podrán
aportar a la colombianización de la Justicia Transicional: 1. por la extensión,
809 cuartillas; 2. porque los relatores, después de esbozar una legítima y
necesaria interpretación de cada escrito desde el cual leerlos a todos, no
produjeron un texto común, ágil y condensado y pedagógico, en el que
recogiesen los consensos y disensos; y 3. porque casi todos, con algunas
excepciones, al centrarse más en la eterna persistencia y atroces
consecuencias del conflicto interno armado, relegaron a un segundo plano la
identificación concreta, y no vaga e implícita, de los responsables fácticos
políticos colectivos. No es que los académicos seleccionados, a partir de una
delimitación de las responsabilidades individuales, hayan sido comisionados

3. para iniciar la judicialización de los responsables, pero la Mesa de la Habana
sí les fijó con claridad su oficio,
hacer un estudio interpretativo personal sobre los orígenes, persistencia y consecuencias sobre
la población del conflicto interno armado, que sirviese de “insumo fundamental” para la
inteligencia de su complejidad y de sus responsables, así como para una futura Comisión de
la Verdad.1
Pero, al haberse silenciado o dejado implícito o relegado a un segundo plano lo
de la responsabilidad grupal de los distintos actores, en nuestra opinión será
poco lo que esas 809 páginas podrán ilustrar e inspirar los debates y acuerdos
de la Mesa sobre la Justicia Transicional.
Para evitar equívocos conceptuales y prácticos, digámoslo de entrada: Con el
presente Ensayo, en un primer momento, sólo se buscaba preguntarle a los
12 Informes y 2 Relatorías de la Comisión de Historia del Conflicto y de las
Víctimas por su aportes a lo que hemos denominado “necesaria historicización”
de la aplicación de la Justicia Transicional a las negociaciones de la Habana,
pero, al tornarse un poco difícil la tarea, sobre todo por no encontrar en ellos
criterios operativos que posibilitaran esa intención inicial, en un segundo
momento, decidimos formularles una primera crítica que, a partir de nuestra
propia lectura de los orígenes del conflicto interno armado, de modo explícito
pusiera sobre la mesa el problema concreto de los responsables colectivos,
asunto que sólo se aborda, de modo explícito, en uno que otro Informe.
Pero, antes de avanzar en esa dirección, convienen unas importantes
advertencias previas.
2. ¿QUÉ SIGNIFICA HISTORICIZAR PARA COLOMBIA LA JUSTICIA
TRANSICIONAL?
Historicizar o colombianizar la aplicación de la Justicia de Transición, de ningún
modo significa inventarse formas caprichosas de hacerlo “a la colombiana”, tal
como lo ha sugerido el congresista Roy Barreras. 2
Irse por esta nefasta vía
podría conducir, de acuerdo con la tradición de una histórica y muy perversa
picardía criolla, a asumir que la Justicia Transicional puede ser sinónimo de
impunidad total; sería como doblegarse a voces facilistas que proclaman, “ los
derechos de las víctimas sí, claro que es algo importante, pero, al fin y al cabo,
es un asunto que a la larga podrá arreglarse cuando la memoria se vaya
apaciguando”; sería aceptar la postura santanderista, que en el mismo acto que
idealiza los Tratados Internacionales que ha suscrito Colombia en materia de
delitos de Lesa Humanidad, proclama, “claro que hay que respetarlos, pero
1
.Pizarro Leongómez, Eduardo, “UNA LECTURA MULTIPLE Y PLURALISTA DE LAHISTORIA”, pg.4
2
. Bejarano Guzmán, Ramiro, “SIN DESESPERO”. Notas de Buhardilla, El Espectador, 1 de marzo de 2015,
pgs.51 y 52. <<

4. ellos no pueden funcionar como una ‘enredadera jurídica’ capaz de entorpecer
el logro de la paz”.
Pero no, muy al contrario, historicizar para Colombia en este 2015 la aplicación
de la Justicia Transicional significa manejarla en el contexto específico de
nuestro conflicto interno armado; implica saber cuáles han sido sus orígenes y
quiénes y cuántos han sido sus responsables fácticos no tanto morales;
entraña fijar cuáles y cuántas han sido las atrocidades cometidas entendiendo
por éstas los crímenes de guerra así como los actos de lesa humanidad;
comporta ubicar al conjunto de los victimarios para aplicarles a todos medidas
de excepcionalidad que, de modo necesario, no tienen por qué ser las mismas,
pues su presencia y roles en la guerra interna han sido distintos; historicizar la
aplicación de la Justicia de Transición también encierra entender que este
“este trato distinto” no puede significar ser más bondadosos con unos, los
soldados, por ser parte de “una suprema razón de Estado” y más rigurosos con
otros, los guerrilleros, por haberse rebelado contra esa ficcionaria idea de
Estado; comporta saber que las razones de la guerra y los imaginarios bélicos
sobre ella vigentes, son y han sido razones e imaginarios de la guerra en
Colombia y no en otros países donde han acaecido sucesos similares;
finalmente, colombianizar la aplicación de la Justicia de Transición en esta
sociedad en el 2015 buscando facilitar los Diálogos de la Habana, significa
entender que si bien durante 200 años la construcción del Estado se ha visto
atravesada por distintas formas de violencia política, sin embargo, lo que más
importa ahora para el presente caso, es el conocimiento de esa forma
específica de violencia política llamada conflicto interno armado, o violencia
subversiva contrainsurgente, que ha cumplido medio siglo de existencia. (1964-
2015).
3. HACIA OTRA CONCEPCIÓN DEL DERECHO.
Otra importante advertencia se liga a la necesidad de aclarar el hecho de las
maneras como se ésta conceptuando el Derecho, nacional e internacional, en
estos Diálogos de la Habana. Algunos, concretamente algunos guerrilleros, lo
han mirado como una forma de “enredadera o maleza jurídica”,3
aunque
también otros han señalado que, después de las negociaciones de la Habana,
se debe proceder a crear una nueva juridicidad.4
Sobre la materia, importan las siguientes aclaraciones:
A. el derecho nada tiene que ver con el leguleyismo;
B. en su acepción moderna el derecho no puede conceptuarse como algo
formal; como un añadido; como una envoltura con la que los abogados,
a veces de modo torpe o a veces de modo elegante, encubren
superficialmente los eventos de la vida social; como un rito que le
permite a unos abogados honrados rociarle agua bendita a eventos o
fenómenos en cuya gestación lo jurídico nada ha tenido que ver;
C. no se podrá olvidar que la normatividad legal- lo legal- y la normatividad
jurídica- lo jurídico- no son acepciones sinónimas pues, mientras la
3.
www.caracol.com.co/n.aspx?id=259462
4
. Idem,

5. primera expresión hace referencia a la normatividad estatal a secas, la
segunda, la recoge pero a la luz de un criterio de Justicia.5
Lo legal
asumido al margen de un criterio de justicia, de modo casi necesario
desemboca en el legalismo que, en su versión criolla, el llamado
santanderismo, muy a la colombiana idealiza y fetichiza las normas
legales sin preguntarles siquiera por su grado de efectividad social; y
D. hoy por hoy, lo jurídico- la normatividad legal a la luz de un criterio de
justicia- es una dimensión importante y substantiva de lo social, tan
importante como sus otras dimensiones, lo económico, lo político, lo
cultural. En la actualidad en Francia, Pierre Rosanvallon, desde su
Enfoque metodológico de Lo Político, que estudia las historias sobre
cómo en una sociedad concreta ha sido construido lo social, al estudiar
la forma como una sociedad se configura a sí misma como comunidad
política provista de sentido, ha destacado la centralidad que adquiere la
elaboración de reglas para facilitar la convivencia entre los hombres y
mujeres que en ella habitan. Desde esa mirada, Rosanvallon ha
rescatado del olvido la perspectiva legislativa recordándoles a los
historiadores de lo político la importancia de leer, entender y pensar, al
lado de las historias de la democracia, del Estado, de la formación de
ciudadanía y de las identidades colectivas, la historia específica del
campo jurídico y legislativo.6
Con lo dicho hasta aquí, sólo hemos tratado de destacar algunas
concepciones que, al revalorizar la idea del derecho, resaltan lo incorrecto que
resulta representárselo como “embrollo o enredadera legal”. Como ilustración,
de modo contradictorio se ha expresado Iván Márquez quien, en unos mismos
tiempos, ha hablado de “maleza leguleya” y de la urgencia de que “el proceso
de paz genere un nuevo derecho.7
Pero, si en alguna parte, debe resaltar una nueva concepción del Derecho
y de lo Jurídico es en la aplicación de la Justicia Transicional como forma
excepcional y extraordinaria de agenciarlos. Es claro que, para el caso
nuestro- el del proceso de negociación política de un cincuentenario
conflicto interno armado en el que ninguna de las partes ha ganado la
guerra- no puede tener como referente normativo y regulatorio central el
Derecho positivo colombiano aun suponiendo que éste- lo que no es
válido- estuviese inscrito en la más substantiva y rica concepción de lo
jurídico. Quiéralo o no quiéralo el gobierno, si con las Farc está
negociando es porque le ha reconocido, de hecho, el derecho que
tuvieron cuando se rebelaron siendo por esto precisamente por lo que el
referente central de la negociación no es el Derecho Penal colombiano
sino, más bien, una forma excepcional de Justicia que como la
Transicional, de entrada, reconoce que un proceso así se torna inviable
sin una dosis dada de impunidad.
5
. Humberto Vélez. “El papel
6.
Rosanvallon , Pierre. POR UNA HISTORIA CONCEPTUAL DE LO POLÍTICO. Lección Inaugural en
el Colegio de Francia, FCE, Buenos Aires, 2003, pgs. 15-15 6.
7
. www.caracol.com.co/mobile/n.aspx?id=259462.

6. En nuestro concepto, el pie jurídico de la Justicia Transicional aplicable
en Colombia no debe estar definida por una Justicia punitiva y vengativa
sino, sobre todo y ante todo, restaurativa e imaginativa e inspiradora, que
sembrada en el corazón del 12% de la población, o sea en el de los seis
millones de víctimas de todas las condiciones y categorías que ha dejado
el conflicto armado interno, se abra como olorosa y sanativa flor, a la
reconciliación colectiva, una de las cuatro dimensiones centrales de un
proceso de gestación de paz integral. De no ser así, dificultoso será que
los diálogos de la Habana sean exitosos y, por eso, dentro de unos cinco
o seis años en Colombia podría haber el doble de víctimas, pues ése
parece ser el dilema: O negociación hoy o la más impredecible y quizás
imparable y desregulada re-guerra mañana.
Como resume, en las actuales negociaciones de la Habana el referente
regulatorio y axiológico central de la Justicia Transicional no puede ser el
Derecho Penal colombiano sino una Justicia Restaurativa Reparadora,
Imaginativa e Inspiradora, así con mayúsculas subrayadas todas las
adjetivaciones.
Pero, el Derecho Humanitario Internacional también ha sido conceptuado como
“maleza jurídica”. Entonces, habría que hacer “a un lado los actuales
entramados jurídicos internacionales”. Se trataría de sacarle el cuerpo, sobre
todo, a Tratados que, suscritos por Colombia, señalan que, para los delitos de
lesa humanidad, no caben los dispositivos clásicos del indulto y de la amnistía.
Por muchas razones, una conducta así no es correcta, primera, porque en
materia internacional también debe incidir la ya señalada nueva concepción,
del derecho; segunda, porque la Justicia Transicional es un componente del
DIH ligado, en su propia concepción intrínseca, a los derechos de las víctimas;
y tercera, porque en este mundo cada vez más globalizado, los Tribunales
Internacionales de Justicia han venido adquiriendo una enorme centralidad
teórica y práctica y entonces los que quedarían en el vacío serían los acuerdos
que se pacten en La Habana que, en el momento menos pensado, podrían
verse cuestionados.
Claro que los delitos de Lesa humanidad, que nos ofenden a todos los
humanos, ni siquiera han sido tipificados en el Derecho positivo penal
colombiano; aún más, los Tratados suscritos por Colombia en relación con los
crímenes de guerra y de lesa Humanidasd tampoco prescriben que la pena
aplicable a quienes los cometen tenga que ser la cárcel. Algunos sueñan con
poder observar a Timochenko vestido a rayas y otros también sueñan
forrando con una vestimenta así a los militares autores de los atroces falsos
positivos, pero eso no podrá ser así no porque en la Habana vaya haber una
impunidad total pactada- que habrá penas para los máximos responsables de
los delitos de lesa humanidad, claro que las tendrá que haber por las razones
ya señaladas- sino porque la justicia en el contexto “de una negociación para
ponerle fin al conflicto es algo mucho más complejo que definir si habrá o no
habrá cárcel”.8
Lo colocamos de relieve: nada de lo anterior podrá definirse
mientras no haya un acuerdo concreto sobre el modelo específico de Justicia
Transaccional que habrá en la Habana, asunto sobre el cual mucho se ha
discurseado pero que todavía no ha sido objeto de un debate centrado. Sobre
8
Restrepo, Jorge.”¿HABRÁ CÁRCEL EN ELPOSTCONFLITO?”. Semana, 28-02-2015.

7. la materia cada parte, de modo autónomo, ha adelantado algunas posiciones
iniciales que, al constituir el punto de partida de una negociación, son siempre
extremas y cerradas. Por ahora, Santos ha adelantado, “no queremos firmar
un acuerdo que luego sea desmontado en las cortes”; y aunque algunos
guerrilleros, micrófono en mano, han declarado que no pagarán ni un día de
cárcel, otros, por ejemplo, Pablo Catatumbo, han dicho que están dispuestos a
ser juzgados si lo son también “Presidentes y Ministro de Defensa”. Ya se verá
cómo empiezan a modificarse esos primerizos discursos cuando, de parte y
parte, entren a jugar las necesidades y los intereses y se pacten unas penas
realistas, que no pongan en peligro la negociación. De todas maneras, podrá
pensarse en penas alternativas, efectivas, como, por ejemplo, una reclusión
temporal domiciliaria o en otro sitio que no sea cárcel, y simbólicas, a guisa de
ejemplo, la realización durante un tiempo dado de alguna forma efectiva y
consistente de ejercicio catártico con las víctimas o la realización en Zonas de
Defensa Campesina de un trabajo sistemático en obras de beneficio
comunitario. Lo importante en este caso como equitativo, es que para los
delitos de lesa humanidad, la penas alternativas cubran a los distintos tipos de
victimarios de acuerdo con los grados y calidad de las responsabilidades de
cada quien.
Pero, no se trata solamente de la concepción que se tenga de lo jurídico como
dimensión importante de lo social, sino también de la importancia política y
ética de lo jurídico como una de las “patas” de una Justicia transicional, que en
este 2015 busca posibilitar una negociación política de un ya casi sesentón
conflicto interno armado entre un Estado, que necesita negociar y unas
guerrillas, que también lo requieren, aunque no han sido militarmente
derrotadas. Es decir, se trata también de la importancia política y ética de lo
jurídico en un proceso eminentemente político. Sobre la materia, no podemos
sino estar de acuerdo con el profesor Rodrigo Uprimny de la Universidad
Nacional de Colombia,
“Las Farc y el expresidente Gaviria…creen que un acuerdo de paz es simplemente un pacto
político que luego unos buenos abogados dotan de una forma jurídica apropiada. Pero la cosa
es más compleja, pues en las últimas décadas el derechos internacional ha impuesto límites a
lo que es posible acordar en un proceso de paz, que son esencialmente que los derechos de
las víctimas sean satisfechos hasta donde sea posible, lo cual incluye el deber de que rindan
cuenta los responsables de las atrocidades, o al menos, los máximos responsables. Esas
limitaciones no son una ‘simple enredadera jurídica’ “primero porque tienen una profunda
justificación ética, pues “un acuerdo de paz que desconozca los derechos de las víctimas no
es totalmente justo, incluso si es exitoso y logra sacarnos de la tragedia de la guerra” , y
segundo, porque “esas limitaciones no son simples hojas de papel que se puedan ignorar, sino
que son una realidad política: un acuerdo de paz que ignore los derechos de las víctimas no
tendrá ninguna solidez ni estabilidad jurídica pues podrá ser cuestionado exitosamente ante
tribunales colombianos o tribunales internacionales…Es cierto que el proceso de paz con las
guerrillas es esencialmente político. Pero, la única forma de que alcancemos un acuerdo que
sea ético y sostenible jurídica y políticamente es que logremos una fórmula de justicia
transicional, que sea sensible a las exigencias políticas de la paz, pero igualmente
sensible a los derechos de las víctimas”. 9
4. LOS DIÁLOGOS DE LA HABANA: SITUACIÓN ACTUAL Y
PERSPECTIVAS.
9
. Uprimny, Rodrigo. “La Enredadera Jurídica de la Paz”, El Espectador, 8 DE MARZO DE 2015, PG.47.

8. En estas primeras semanas de marzo del 2015, Colombia se avecina,
encontrándose todavía un poco alejada y con muchas y variadas amenazas
encima, a una histórica y muy compleja etapa, la de la ya oficialmente
bautizada etapa “postconflicto” y que en este Ensayo, para evitar equívocos
conceptuales y prácticos, vamos a denominar etapa “postconflicto interno
armado”, o mejor, etapa “post-acuerdos La Habana”. Si quisiéramos encapsular
en unas primeras generalizaciones 10
lo que en los últimos 26 meses ha
acontecido en la Isla de Martí entre los dos equipos de negociadores, las
condensaríamos así advirtiendo, eso sí, que en ellas se encuentra subsumida,
todavía como ideal o ideario, la noción de Paz Integral con cuatro
subnociones, que permiten pensar las cuatro dimensiones centrales de ella,
vale decir, 1.pacificación; 2.paz positiva; 3.reconciliación; y 4. La
construcción de una cultura ciudadana democrática:
… de la Habana no saldrá una barcaza cargada de la paz integral, mas sí una primera y muy
importante pacificación- o dejación de las armas por parte de uno de los insurgentes - untada
de unas pequeñas dosis de paz positiva asociadas, 1.a un cambio en la estructura de
tenencia y uso de la tierra destacando que se apeló a este lenguaje técnico para no asustar a
nadie con la palabra reforma agraria, que afectaría a unas 10 millones de tierras ociosas en
manos de terratenientes improductivos; 2.a un avance en la democratización del régimen
político al permitir la presencia de un nuevo actor, es decir, de las Farc convertidas en partido
político legal dotado del programa que considere más coherente con sus idearios; y 3. a una
retirada de esa guerrilla del mundo del narcotráfico y de las armas. Entonces, en materia de
pacificación y de construcción de paz positiva, hasta allí irá todo. Esto no obstante, en estos
más de dos años, los Diálogos de la Habana han funcionado como una magnífica coyuntura
histórica de oportunidad para esclarecer e iluminar varios horizontes centrales y estratégicos,
a saber: 1. que en Colombia la construcción de paz integral, la asociada a la equidad social,
sólo podrá ser obra del movimiento social popular por la paz que, en sus dinámicas y procesos
territorialmente locales y regionales, tendrá que arrastrar a los gobiernos en esa dirección; 2.
que si bien en esta coyuntura las víctimas colectivas , de muy distintos tipos de victimarios,
han venido dando un importante paso adelante en materia de reconciliación, ésta sólo irá
tomando forma, en el mediano y largo plazo, a través de largos y variados procesos catárticos
ligados a construir perdón, personal y colectivo, a partir del establecimiento de la verdad y de
una reparación humanamente satisfactoria; y 3. que durante estos 26 meses la Habana ha
funcionado, por otra parte, como una excelente y muy didáctica maestra que ha empezado a
enseñarnos a todos, a los niños y niñas sobre todo, que los “enemigos” no existen para
matarlos sino para “conversar, dialogar, arreglar y convenir con ellos”; a este respecto, los
colombianos como que hemos empezado a avizorar que, más allá de la históricas violencias
políticas, existen otros métodos estratégicos para el manejo de la inevitable y siempre
presente conflictividad social: Los métodos ligados a la gestación y vigencia social de una
Cultura ciudadana democrática, de la que todavía carecemos en nuestra sociedad.
Entonces, de la Habana saldrá “una pacificación”, faltando todavía muchas
“otras”; saldrá también “un poquito de paz positiva”, faltando todavía “casi
toda”; emergerá, además, “un asomo de reconciliación”, el que será apenas
una islita en el proceloso mar de odios y venganzas e intolerancias, que nos
han caracterizado; pero, más allá de tantos “pocos”, como ideal se destacará
un “mucho” pues, el proceso de diálogos en su conjunto nos han evidenciado
la necesidad de que los colombianos empecemos a construirle otros caminos
10.
Estas Generalizaciones descriptivas han sido inducidas por el autor a partir de los 54-
entre Ensayos, Análisis y Artículos- que ha elaborado sobre los Diálogos de la Habana entre
noviembre del 2102 y marzo del 2015. Ver, Humberto Vélez Ramírez, Los Atisbos Analíticos
161,162,163 y 165,en, www.google.com,

9. de salida a la siempre humanamente necesaria y enriquecedora conflictividad
social, pues como nos lo escribía hace tres décadas el siempre vivo y actual
Estanislao Zuleta,
“porque si se quiere evitarle al hombre el destino de la guerra hay que empezar por confesar, serena y severamente la verdad: la guerra
es fiesta. Fiesta de la comunidad al fin unida con el más entrañable de los vínculos, del individuo al fin disuelto en ella y liberado de su
soledad, de su particularidad y de sus intereses; capaz de darlo todo, hasta su vida. Fiesta de poderse probar sin sombras y sin dudas
frente al enemigo perverso, de creer tontamente tener la razón y de creer más tontamente aún que podemos dar testimonio de la
verdad con nuestra sangre…Cuando Hamlet se reprocha su indecisión en una empresa aparentemente clara como la que tenía ante sí
comenta, ‘Mientras, para vergüenza mía, veo la destrucción inmediata de veinte mil hombres que, por un capricho, por una estéril gloria
van al sepulcro como a sus lechos, combatiendo por una causa que la multitud es incapaz de comprender, por un terreno que no es
suficiente sepultura para tantos cadáveres’. ¿Quién ignora que éste es frecuentemente el caso? Hay que decir que las grandes palabras
solemnes: el honor, la patria, los principios, sirven casi siempre para racionalizar el deseo de entregarse a esa borrachera colectiva…Si
alguien me objetara que el reconocimiento previo de los conflictos, de su inevitabilidad y conveniencia, arriesgaría paralizar en
nosotros la decisión y el entusiasmo en la lucha por una sociedad más justa, organizada y racional, yo le replicaría que para mí una
sociedad mejor es una sociedad capaz de tener mejores conflictos. De vivir, no a pesar de ellos, sino productiva e
inteligentemente en ellos. Qué sólo un pueblo escéptico sobre la fiesta de la guerra, maduro para el conflicto, es un pueblo
maduro para la paz”. (Subrayados nuestros).
11
Por fortuna, fortuna todavía tambaleante en esta coyuntura del 2015,
Colombia, tras 70 años de borrachera bélica colectiva - de unos alegremente
“insurgiendo” y de otros más alegremente “contrainsurgiendo” casi como un
festivo estilo de vida - como que ha entrado en una fase de “guayabo o resaca
político moral” en la que, al sentir y evidenciar que ya no hay territorio, ni físico
ni mental, donde colocar el pie sin mancharlo de sangre, por vez primera ha
empezado a pensar en serio en la posibilidad de manejar por otras vías,
distintas de las de la violencias políticas, su inmensa conflictividad social. No es
que, de modo necesario, el país entero esté apuntando en esa dirección, pero
nunca en una ya larga historia de negociaciones frustradas del conflicto interno
armado12
, se había avanzado tanto hacia una primera e importante y efectiva
pacificación. La negociación ha avanzado, pero todavía puede regresarse.
Todo parece indicar que al iniciarse el actual ciclo 35 en esta semana de abril
de postsemana santa, no obstante haberse avanzado en los puntos
agendarios de las víctimas, el tema concreto del Modelo específico de Justicia
Transicional a aplicar, todavía no ha sido objeto de un tratamiento centrado y,
de ahí que, por ejemplo, Pablo Catatumbo insista en posturas propias de un
punto de partida,
“A los delincuentes comunes no se les aplica el Protocolo II de Ginebra, como a los rebeldes
no se les puede dar el tratamiento diseñado para bandas criminales, ni el derecho penal del
enemigo”.13
11. ZULETA, ESTANISLAO. “
SOBRE LA GUERRA”, La Cábala No 3, Cali, diciembre 1982-marzo 1983, Separata;
también En, Zuleta, Estanislao, COLOMBIA: Violencia, democracia y derechos humanos. Ensayo.
Altamira Ediciones, Bogotá 1991, pgs. 108-111.
12
. Un buen y sucinto balance al respecto es el de Alejo Vargas Velásquez, “EXPERIENCIAS DE
ANTERIORES PROCESOS DE PAZ”. En, LA OPINIÓN, Alejo Vargas, www.laopinion.com.co; sobre la
experiencia de El Caguán, ver, Vélez R, Humberto. PASTRANA, LA CIUDAD Y LA GUERRA. Capítulo I.
“Hacia la caracterización de la política gubernamental de pacificación”, Fundación Ecopais, 2000, pgs.17-
40.
13
. “FARC DICE QUE LA NEGOCIACIÓN NO PUEDE DEPENDER DE LA JUSTICIA TRANSICIONAL”. El
Universal. Catagena, abril 12 2015.

10. Como generalizaciones descriptivas adicionales válidas de este proceso de
más de dos años, se pueden destacar las siguientes virtudes, que deben ser
examinadas en el contexto de lo que son y han sido los principios, las lógicas y
prácticas asociadas a todo proceso de negociación:
1. La metodología de negociación utilizada ha sido correcta ateniéndose al juego
dialéctico entre posiciones iniciales muy cerradas y las lógicas de las necesidades
e intereses de cada parte. Un primer e importante ejemplo.14
En los ciclos iniciales
cuando se debatía sobre el desarrollo rural integral, mientras las farc partían
demandando una reforma agraria rural radical que “afecte al conjunto del latifundio
incluido el comercial empresarial”, el equipo negociador del gobierno se encerró en la
posición de “nada de reforma agraria”; entraron a jugar entonces, sin explicitarlas, las
razones por las que a cada parte le urgía negociar- para el gobierno, brindarle
protección al capital extranjero que llegaba a invertir en la economía extractiva y para
las farc, la necesidad de cambiar las balas por los votos como forma de hacer
socialmente más eficaz su quehacer político- confluyendo uno y otro en unas posturas
más flexibilizadas que favorecían los intereses distintos de gobierno y guerrilla:
mientras para el gobierno esa era la ocasión para incorporar a la producción diez
millones de hectáreas que, improductivas, permanecían en manos ociosas de
hacendados y terratenientes, para las Farc esa fue la ocasión de recoger su ideal y
promesa de una reforma agraria. Se produjo así un primer acuerdo informal: el de una
reforma de la estructura de tenencia y uso de la tierra. Ahora 17 de marzo del 2015, al
entrar los negociadores en el ciclo 34 de los diálogos, algo similar está ocurriendo con
la forma de manejo y de aplicación de la Justicia transicional. Como postura inicial, las
Farc han partido afirmando la no aplicabilidad de la Justicia Transicional en Colombia
– ésta, dijo Iván Márquez en teleconferencia desde la Habana en el Foro organizado en
Londres por la ONG “Justice for Colombia”, no cabe para el caso colombiano, que no
es el de la transición de una dictadura a la democracia sino el de la negociación de un
conflicto interno armado- hablando, más bien, de una Justicia Especial, que partiese
reconociendo el derecho a la rebelión, “lo que el país necesita, afirmó Márquez, es una
justicia distinta que le dé confianza para la paz”. En su concepto, el proceso de
negociación debe contribuir a esclarecer y afianzar el delito político que, en términos de
justicia, “tiene como recursos el indulto y la amnistía, para que a través de estos
mecanismos se puedan encontrar los caminos del entendimiento”. 15
No se trata de enfrascarse en un debate estéril sobre la pertinencia o no
pertinencia conceptuales de las apreciaciones de Iván Márquez, sino, más
bien, de resaltar que ésta ha sido la postura radical, con apariencia de
definitiva, al terminar el ciclo 33 de los Diálogos de la Habana. El
gobierno, por su parte, ha insistido en una Justicia Transicional que, al no
estar montada sobre una impunidad como la apresada en la expresión de
Márquez “para los guerrilleros cero cárcel”16
, conduzca a las Farc a
reconocer su condición de victimarios, a pedir perdón públicamente, al
reconocimiento de la verdad, a la reparación satisfactoria de las víctimas y a
garantizar la no repetición mediante una dejación de las armas, que sea
total, transparente y verificable.17
Entonces, también en este caso,
14.
En el Atisbos Analíticos No 170, “DE LA TIERRA COLOMBIANA COMO PARO CAFETERO A LA TIERRA
COLOMBIANA COMO REFORMA AGRARIA”, marzo 2013, se describe más en detalle este primer ensayo
de una metodología eficaz de negociación,
15
. “EN COLOMBIA NO SE PUEDE APLICAR UNA JUSTICIA TRANSICIONAL”: Iván Márquez en
Teleconferencia en en el Parlamento Britanico, 11 de marzo de 2015, www.eltiempo.com .
16
.”SE INICIA EL CICLO 33 DEL DIÁLOGO DE PAZ CON MÁS RESPALDO Y TEMAS ALGIDOS POR
RESOLVER”, PULZO, 24 de febreroEFE, www.pulzo.com .
17
. www.eltiempo.com/política/justicia/procurador…a…-/14663316;
www.eltiempo.com/politica/...de...justicia-transicional/15297602;
www.razonpublñica.com/.../research/?searchwoed-justicia%transional;

11. presumiendo ya la voluntad política común de negociar, a partir del ciclo 34
entrarán a jugar las necesidades e intereses de parte y parte para hacerse
concesiones, que permitan construir un complejo y dificultoso acuerdo,
expresión de posiciones más abiertas sobre la aplicación en Colombia de la
Justicia Transicional.
2. Una segunda virtud de los Diálogos de la Habana ha consistido en haber sido el
resultado de una negociación de la negociación, que permitió, en una fase exploratoria,
acordar una Agenda acotada que, de entrada marcó los límites y limitaciones de lo que
hemos llamado “una pacificación parcial untada de una cierta dosis de paz positiva”;
fue así como el contenido de la agenda pactada quedó subordinado a la situación de
las relaciones políticas y militares vigentes en un territorio colombiano de guerra mucho
más estrecho que el que existía una década atrás cuando se produjo la frustrada
experiencia del Caguán ahogada por una agenda de paz positiva cercana a una
“revolución social”.
3. Otro mérito destacado de los Diálogos de la Habana como experimento político, ha
sido el no haber dejado suelto el componente del Estado como fenómeno de fuerza, el
de los Administradores de la legitima coerción, tal como había sucedido en las
anteriores experiencias de negociación; ahora “los Generales” han tenido presencia
desde un principio, en su momento conformaron Comisiones especializadas para
discutir con los negociadores de la guerrilla los asuntos más técnicos de la guerra, y
finalmente, cinco Generales y un Almirante viajaron a la Habana a un conversatorio con
los dos equipos de negociadores. El Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, como
ninguno celoso y puntiagudo guardián del peso de lo militar dentro de la estructura del
Estado, le explicó a sus ciento veinte mil subordinados que ese selecto y
experimentado grupo había viajado a la Habana a apoyar a la Subcomisión
encargada de cristalizar el des-escalamiento del conflicto interno armado teniendo en
mente aclimatar un futuro cese bilateral con las Farc. 18
4. Aunque los apoyos internos ciudadanos a los diálogos han mejorado de modo notable
en las últimas semanas- para el 7 de marzo del 2015 el 72% de los entrevistados
contestó que había sido un acierto del gobierno haber iniciado los Diálogos de la
Habana19
- , sin embargo, el gobierno de Santos ha aprovechado el hecho de que
internacionalmente Colombia ha sido reconocido como una economía de tasa media
alta20
, para agenciar muchos pasos, en falso o por lo menos en el vacío buena parte de
ellos, orientados a posibilitar el ingreso de Colombia a la OCDE, El Club de las Países
ricos y de la buenas Prácticas, idea e ilusión que ha permitido redondear fuertes
apoyos externos al proceso de pacificación. 21
5. Pero, dos han sido las fallas más notorias y notables de esta experiencia: de una parte,
el no haber logrado en algún momento animar el despegue de unos diálogos con el
ELN, organización quizá más importante en lo político social que en lo militar, y que,
más que como una clásica guerrilla, ha operado como un partido en armas altamente
sensibilizado por las ideologías y prácticas asociadas a la realización de un trabajo
político orientado a jalonar la movilización social22
; y de la otra, la precaria pedagogía
www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/c-579-13htm; www.zona zero.info Colombia;
www.mapp.oea.net/documentos/ultimo_informe.pdf; www.semana.com;
https://www.ictj.org/fr/news-tipe/media-coverage-sp?page...fr;
18.
“EL MINISTRO DE DEFENSA EXPLICÓ A LAS TROPAS EL VIAJE DE LOS ALTOS MANDOS A CUBA”,
www.redmasnoticias.com
19
. Encuesta de GALLUP DEL 7 DE MARZO DE 2015
20
. Grasa, Rafael. “ LA COPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO EN COLOMBIA”. En,
www.cooperacionsursur.org/.../549-la-coopercion-internacional-para-el-desarrollo-abril2014 .
21
. Robledo, Jorge. “COLOMBIA:LA OCDE, L NUEVO SANALOTODO”.En, Argen Press Prensa argentina
para todo el mundo, http://www.argenpress.inf/
22.
VARGAS ALEJO. “EL ELN: UNA GUERRILLA DISTNTA EN UN MISMO CONFLICTO”,
www.razonpublica.com/.../3460/el-eln-una-guerrilla-distinta-en-un-mismo-conflicto

12. que se ha hecho orientada a corregir los imaginarios ciudadanos bélicos negativos y
perversos y anti-verídicos, inyectados, de modo permanente, por buena parte de los
Mass Media y por los enemigos de la pacificación.
Si desde hace 26 meses, desde los primeros ciclos de los diálogos, los Atisbos
Analíticos advirtieron que si se producía un acuerdo informal alrededor de
algún tipo de reforma agraria- que no la habido habido nunca en la historia de
Colombia- era muy posible que los diálogos, en medio de flujos y caídas y
reflujos, empezasen a adquirir vida propia , sin embargo, en la coyuntura
actual, en la que se vivirá a partir del 34 ciclo en este mes de marzo, si no se
produce una concertación entre las dos partes en torno a las formas concretas
de aplicación de la Justicia Transicional en Colombia para este caso específico
del conflicto interno armado, es muy posible que esta experiencia no sea
exitosa como actualmente se espera. Crucial, es entonces, este momento de
los diálogos,
…aún no me atreveré “a decir que el proceso de paz es irreversible”; no estoy en condiciones
de “asegurar que vamos a tener éxito”, pues, aunque se han logrado grandes avances, “aún
hay retos importantes por asumir para terminar el conflicto armado”, dijo en estos días en un
Foro Humberto de la Calle Lombana, coordinador del equipo negociador del gobierno; y hace
apenas un mes Conor Murphy, diputado de Sinn Fein en el parlamento británico y uno de los
participantes en el ya citado Foro de Londres, declaró, ”el tema de la justicia sin duda es el
más difícil dentro de una negociación de esta naturaleza” y, por lo tanto, las partes “tienen que
encontrar los mecanismos necesarios para dejar atrás el conflicto y darles a las víctimas
algún sentido de Justicia”.23
Y por esa misma fecha, el 18 de febrero, Sergio Jaramillo, quizá el
más orgánico de los negociadores oficiales, señaló: “En los próximos meses, sabremos si
realmente habrá paz o no. Yo tengo la convicción de que llegamos al punto crítico del
proceso. Este es el momento de las decisiones…La paz con las Farc sólo podrán ser una
realidad…si logramos con ellas un acuerdo razonable en materia de justicia (transicional)”. A
Jaramillo lo reafirmó Santos al destacar, “El proceso entró en una fase decisiva, en la cual la
justicia transicional es uno de los temas más complicados en la negociación”.24
Y para no
sobreabundar, escuchemos a la analista comunicadora María Elvira Samper diciendo que,
“tengo la impresión de que el proceso de la Habana ha entrado en su etapa más crítica, más
compleja y con más riesgos de ruptura, pues la nueva ronda de conversaciones enfrenta la
discusión sobre las víctimas, sin duda el punto más sensible de la agenda y, si se quiere el
momento de la verdad. La prueba ácida de la verdad para las Farc, para establecer si tienen o
no la disposición de reconocer que han dejado numerosas víctimas y que su deber es confesar
la verdad sobre las atrocidades cometidas y repararlas para sanar de alguna manera el daño
causado”. 25
Pero, complementando a Maria Elvira Samper, digamos, que a partir de este
34 ciclo del proceso, éste ha entrado en un momento crítico, pero para todos
los victimarios, llámense guerrilleros, paramilitares, agentes del Estado o civiles
patrocinadores y financiadores de múltiples atrocidades…etc. No podrá
olvidarse que el Consejo de Estado ha clasificado los más graves crímenes de
guerra y de lesa humanidad en los últimos 25 años: registradas se encuentran
en un texto de 292 páginas 160 providencias expedidas en las últimas dos y
media décadas en las que se registran graves violaciones a los derechos
humanos y al DIH y aunque en los casos seleccionados el Estado sale mal
librado, ellos no quiere decir que se trate de acciones u omisiones
exclusivamente de la Fuerza Pública o de instituciones oficiales; por el
23
.”QUE LAS FARC RECONOZCAN A SUS VÍCTIMAS, pide el Gobierno en Foro de Paz, Foro organizado por
El tiempo y la U. del Rosario, 24 de febrero, www.eltiempo.com ; 15 de febrero
24
. www.redmasnoticias.com/portal/redmas/.../acuerdo-paz-farc--827632.
25
. Samper, Maria Elvira. “LA INSOPORTABLE SOBERBIA DE LAS FARC “, El Espectador, 1 de marzo de
2015, pg. 52.

13. contrario, muchos de los sucesos incluidos tienen que ver con hechos
perpetrados por guerrilleros y paramilitares que, al ser evaluados por la
Justicia administrativa, se concluyó que “la cobertura del Estado fue insuficiente
y, de una manera u otra, permitió fatales desenlaces”. 26
O sea que el Estado
también ha sido responsable por omisión, por una cobertura insuficiente de
sus obligaciones, o por acción, de acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado
de los Derechos Humanos de la ONU, entre el 2004 y el 2008 en Colombia
hubo tres mil víctimas de falsos positivos.27
Como en los últimos dos meses, nunca sobre los Diálogos de la Habana
había caído una llovizna tan funcional y refrescante de acciones positivas; ha
habido unas buenas bocanadas de humo blanco. Para destacar28
,
*** Al terminar el ciclo 33, la Pacificación se internacionalizó: llegó al país el
exsecretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, quien se reunió con
el presidente Santos y luego se fue a Cuba a conversar con los dos Equipos de
Negociadores; vino también Bernard Aronson, el observador designado por
Obama, y uno de los más importantes facilitadores de los procesos de paz
centroamericanos; también estuvo unas semanas en Bogotá apoyando el
proceso de paz el expresidente de Costa Rica, Oscar Arias; se recibió también
el respaldo de Alemania y para esos efectos vino Bogotá su Ministro de
Relaciones Exteriores, Frank Walter Steinmeier; y ni corto ni perezoso, el
presidente Santos se fue a España logrando conformar un fuerte pool de
defensores internacionales muy alrededor del presidente Mariano Rajoy, quien
se comprometió “a través de su Ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel
García, a impulsar en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el apoyo
necesario para blindar los acuerdos a que se llegue en la Habana, sobre todo
en materia de Justicia” .
Como consecuencia de este sólido robustecimiento de los apoyos exteriores a
los Diálogos de la Habana, ahora la oposición liderada por Uribe Vélez se ha
visto obligada a decir que ella también es amiga de la paz, aunque todas las
acciones que realiza continúan siendo signadas por la ANTI-PACIFICACIÓN
en la Habana.
***En este nuevo contexto de cualificación de los apoyos internacionales, en el
interior del país las simpatías por el proceso subieron diez puntos: para el 7 de
marzo del 2015 el 72% de los encuestados consideró que había sido un
acierto de Santos haber iniciado esos diálogos, y ahora, el 69 %, cuanto antes
sólo lo había sido el 58%, consideró que era preferible salir del conflicto
mediante la negociación que a través del recurso a las armas. (Encuesta
GALLUP)
***Estos cambios parecen haberse iniciado, sobre todo, a partir de las acciones
de la guerrilla asociadas a un cese unilateral y definitivo al fuego, que no a
todas las hostilidades, y a abstenerse de reclutar guerrilleros menores de 17
años, accionar éste al que varias organizaciones civiles le han hecho un
seguimiento sistemático con resultados muy positivos. 29
***Importante fue la
decisión de desminar los territorios- puede ser uno de los inicios para desminar
26
. Informe sobre Colombia para la Corte Penal Internacional”
27
. www.semana.com/nacion/articulo/falsos-pisitivos-aumentaron-154-en-gobierno-de-uribe
28
.El E DEspectador

14. los corazones- a través de un trabajo a mano a mano entre técnicos, militares y
guerrilleros “desuniformados”.
***Teniendo en el horizonte el cese bilateral del fuego, el gobierno decretó que
durante un mes no habría ataques a los campamentos de las Farc, medida que
se podía ampliar después de una evaluación de resultados. En esta segunda
semana de abril, el gobierno ha ampliado a otro mes más los no ataques a los
campamentos de las Farc.
*** El 4 de marzo un grupo de seis Generales y un Contraalmirante viajaron a
la Habana a hacer sus contribuciones a la Comisión Técnica para el Fin del
Conflicto, en la que participan también Comandantes guerrilleros. En reunión a
puerta cerrada, así los recibió unos de los militarmente duros de las Farc,
Joaquín Gómez, en un encuentro en el que apenas se está empezando a
gestar la difícil transición de la relación amigo-enemigos a la relación amigo-
adversarios,
“Quiso el azar que los aquí presentes personifiquemos este encuentro entre adversarios que por más de 50 años se
han confrontado en los campos de batalla. Quienes nos sentamos de este lado de la mesa, nos sentimos honrados de
estrechar la mano de tan distinguida delegación … y no dudamos en expresarles nuestro reconocimiento y respeto de
compatriotas…Detener esta tragedia , es la tarea que nos han impuesto los más altos intereses de la patria. Terminar
una guerra como la que nos hemos visto obligados a protagonizar desde orillas opuestas, es la más importante e
histórica misión que nos pudieran haber encomendado. Estamos seguros que las dos partes sabremos cumplirla y
honrar la confianza que en nosotros han depositado las generaciones presentes y futuras. Un cese al fuego bilateral
inmediato, verificado por instancias nacionales e internacionales, es un imperativo ético para las partes…Silenciemos
ya los fusiles y que la próxima vez que se vuelva a escuchar su ruido ensordecedor, sólo sea para anunciar con su
salva el amanecer del nuevo día para Colombia. 30
Con éstos, y otros muchos eventos auspiciosos, fue como terminó el ciclo de
paz 33, pero, pensamos que a partir del ciclo 34, que ya se ha iniciado, hechos
como los anteriores no sobreabundarán, por lo menos hasta que se produzcan
unos acuerdos que hagan viable la aplicación de una forma histórica concreta
de Justicia transicional a los Acuerdos de la Habana.
En nuestro concepto, mientras esto no ocurra, en la Habana no habrá
otros acuerdos informales substantivos; y sin acuerdos en torno al
Modelo de Justicia Transicional, los tiempos de las conversaciones en la
Habana empezarán a extenderse hasta un final nada feliz.
SEGUNDA PARTE
29
. “LO QUE HEMOS GANADO”, Fundación PAZ & Reconciiación. Han disminuido los combates, los
muertos, los heridos, los secuestros, los desplazamientos, www.pares.com.co/wp-
content/.../02/Descargue
30
. El Espectador, 8 de marzo de 2015.

15. ALGUNAS CONSIDERACIONES CRÍTICAS GENERALES DEL
TRABAJO ACADÉMICO DE LA COMISIÓN HISTÓRICA DEL
CONFLICTO Y DE LAS VÍCTIMAS.
Para empezar digamos que se ha tratado de Informes en los que los autores
han puesto de sí lo mejor de su condición de investigadores, pero también lo
más subjetivo y respetable y valioso de su condición de ciudadanos
políticamente comprometidos. Y esto así sucedido, ha estado bien, pues se ha
tratado de seres humanos estudiando una de las mayores y más sensibles y
más impactantes tragedias de un colectivo de seres humanos del que hacen
parte, y, por lo tanto, estamos en el caso de ciudadanos investigadores
estudiando su propia tragedia. Ha sido por eso por lo que nos han presentado
no doce sino catorce valiosas interpretaciones académico-políticas muy
personales, y por lo tanto, plurales. En los últimos meses en Colombia como
que ha sido más fácil unir a los militares, allá estuvieron en la Habana y
charlaron con los guerrileros, y aún a los políticos - con excepción de uno y de
los que lo siguen- los demás aceptaron hacer parte de la Comisión Asesora de
Paz creada por Santos- que a los intelectuales. Pero, no es que entre esos 14
Informes no hayan consensos, temáticos y aún interpretativos, pero, es que,
primero, estamos de cara a algo muy voluminoso como para que sirva de
referente centrado, 807 páginas, y segundo, las conclusiones de los estudios,
que si las hemos examinado con cuidado, nos han resultado poco operativas
para inferir de ellas respuestas convergentes a nuestra preocupación central:
¿Cómo historicizar en este 2015 la aplicación de la Justicia Transicional en
Colombia para hacerla viable con efectividad política, social y cultural en las
actuales negociaciones de la Habana ?
Ha sido pertinente que los dos relatores, Victor Manuel Moncayo y Eduardo
Pizarro, hayan presentado su propio Informe, pues los necesitaban para desde
ellos leer los de sus colegas, sin embargo, una vez esbozadas sus propias
interpretaciones, deberían haber sistematizado los consensos y disensos,
tanto en los Enfoques como en las temáticas y las fuentes utilizadas,
recogiéndolos en un texto condensado, ágil y pedagógico, que invitase a la
ciudadanía a leerlo. Al no verse abordado un manejo así, se fortaleció la
imprescindible dosis de subjetividad presente en todo estudio social, pues es
bien sabido que toda “selección”- recoger lo que cada quien escribió- es ya
una reinterpretación personal de las interpretaciones que se están
presentando.
Esto no obstante, creemos que algunas de las presentaciones que ciertos
académicos han hecho de esos Informes no han sido las más afortunadas,
sobre todo la publicada por Salomón Kalmanovitz, en la que, de modo
sesgado, ha parecido favorecer al grupo de estudiosos seleccionados por el
gobierno. Para evitar situaciones como ésta, los informantes deberían haber
sido seleccionados uno por uno como resultado de un acuerdo entre los dos
Equipos de Negociadores, pero así no sucedió, pues cada Equipo escogió, por
separado, seis investigadores y un relator. Esta forma de proceder alimentó
todavía más la dosis normal de subjetividad propia de la investigación social.
Mientras que Kalmanovitz reivindicó a un relator- “Eduardo Pizarro presenta un
Informe bien redactado, apoyado en gráficas y muchas estadísticas”-, por no

16. cuantitativista, descalificó al otro- “Victor Manuel Moncayo presenta algunos
datos dispersos, sin ninguna organización con qué probar sus afirmaciones
frecuentemente descabelladas,,,y, al final de su relatoría, presenta 14 tesis,
muchas de ellas delirantes, amén de que afirma que la responsabilidad de la
violencia es sistémica (de todos y de nadie), con el sorpresivo giro de que
recae sobre el Estado”. Por otra parte, al referirse a los académicos nombrados
por el gobierno destaca que “todos cuentan con estudios sobre historia del
historia del conflicto, como si la contraparte no los tuviese aún más
cualificados, y, lo más inequitativo en clave académica, al hablar de los
estudiosos seleccionados por la guerrilla, Sergio de Zubiría, Padre Javier
Giraldo, Jairo Estrada, Renán Vega y Victor Manuel Moncayo , los expulsa de
la academia- “reniegan de la Ciencia Social, que busca esclarecer la verdad”-
exceptuando solamente a Darío Fajardo, experto en asuntos agrarios, y a
Alfredo Molano, “literato” que siempre ha buscado ser “la voz de los colonos”.31
Desde comienzos del 2013, la guerrilla había solicitado que se creara un
mecanismo para el esclarecimiento de las raíces del conflicto, pues
consideraba que las versiones de historia que sobre la materia circulaban, eran
injusta con ella, y en efecto el 5 de agosto de 2014 se creó “La Comisión de
Histórica del Conflicto y de las Víctimas”, CHCV, con el encargo de que 12
estudiosos y 2 dos relatores produjesen unos Informes,
a. sobre los orígenes y múltiples causas del conflicto;
b. sobre los factores y y condiciones que han facilitado su persistencia; y
c. sobre sus efectos e impactos más notorios sobre la población.
Aunque esta Comisión de Historia no era una Comisión de la Verdad, en la que
como condición sine qua non es imprescindible la voz de las víctimas, sin
embargo, no tenía el mero encargo de investigar para iluminar la verdad
académica, sino, también, el de contribuir a ubicar responsables de los
orígenes del conflicto, de su persistencia y de sus consecuencias. Por lo tanto,
no es pertinente la declaración de uno de los relatores, Eduardo Pizarro, quien
en una entrevista le restó a esos Informas todo valor jurídico32
que, en nuestro
concepto, si lo tienen, aunque no para judicializar a alguien, sino para abrirle
paso a la aplicación de la Justicia Transicional enhebrada alrededor de los
derechos de las víctimas.
Pero, antes de abordar la crítica de estos Informes, queremos leerlos desde
nuestra propia interpretación del conflicto interno armado muy centrada, en una
primera aproximación, en la delimitación de los responsables políticos
colectivos no de la persistencia e impactos del conflicto armado, lo que será
abordado en un segunda etapa, sino de sus orígenes.
31
. Kalmanovitz, Salomón. “La Historia del Conflicto”, 15 de febrero del 2015.
www.elespectador.com/opinion/historia-del-conflicto-colombiano-544252
32
. Habla Eduardo Pizarro, “GOBIERNO Y FARC COINCIDEN: LA LUCHA ARMADA HA SIDO INÚTIL”, El
Tiempo, 14-02-2015.

17. TERCERA PARTE
OTRA MIRADA SOBRE LOS ORÍGENES DEL CONFLICTO INTERNO
ARMADO: EL ESTADO COLOMBIANO, LOS ESTADOS UNIDOS Y,
EN MENOR GRADO, LAS FARC COMO LOS MÁS IMPORTANTES
RESPONSABLES POLÍTICOS.
1. TRES NIVELES DE CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA DE LOS
ORÍGENES DEL CONFLCITO INTERNO ARMADO.
Para efectos de una comprensión adecuada de los orígenes del conflicto
interno armado vamos a recurrir a tres niveles de contextualización histórica:
A. La Historia de las violencias políticas contraestatales; B. El surgimiento y
consolidación de un “Estado” estructural e institucional y, con el tiempo,
culturalmente “Contraopositor”; y C. La historia de las relaciones de
Colombia con el Imperio norteamericano.
A. Primer Nivel de Contextualización histórica: La Historia de las
Violencias políticas.
Como lo han señalado y destacado diversos historiadores -entre ellos, por sus
estudios al respecto, destacamos a Alonso Valencia Llano33
- en la historia
colombiana no todos los conflictos, contradicciones, controversias, pugnas,
pleitos y peleas inherentes a las distintas formas de la vida social ciudadana, se
han traducido en violencias de todo tipo como si los habitantes de estos suelos,
de modo anti-aristotélico e inhumano, por naturaleza hubiesen sido violentos.
Muy por el contrario, un largo listado histórico de negociaciones, conciliaciones,
acuerdos, pactos y convenios han cruzado la historia del país para
recordarnos que el ejercicio de la violencia se aprende y se desaprende. Sin
embargo, desde que nuestros antepasados se despidieron de los españoles
reiterándoles, casi todos, distintos grados de fidelidad a la Monarquía; desde
que el modelo español de dominación colonial entró en crisis en estos
territorios; desde que emergió un embrionario Estado llamado La Nueva
Granada, es decir, desde hace casi 200 años una forma de violencia ha sido
casi una constante aunque con algunos tiempos y espacios de reflujo y de
relativo reposo. Nos estamos refiriendo a las violencias políticas que, de tiempo
en tiempo, se han librado y se continúan librando alrededor de las luchas
políticas, ideológicas y simbólicas orientadas al control y manejo del Estado. Se
ha tratado de una constante histórica de violencias políticas contra-estatales;
en todas ellas, los actores, las razones, las justificaciones, los alcances y las
consecuencias han sido distintas, pero el referente ha sido el mismo: El Estado
colombiano en un estadio diferente de evolución histórica.
33
. Valencia Llano, Alonso. ENTRE LA RESISTENCIA SOCIAL Y LA ACCIÓN POLÍTICA De Bandidos a
Políticos, Colección Historia y Espacio, Departamento de Historia, Universidad del Valle, 2014.

18. En muchos de los 223 Atisbos Analíticos que hemos escrito34
, hemos esbozado
una periodización de esa constante de violencias políticas; de un total de 197
años de existencia del Estado colombiano- 1818-2015-, cuatro etapas distintas
de violencias políticas contra-estatales han cubierto 143 años, con unas
pausas, que en su conjunto suman 57 años, así:
1. “El Estado en Construcción”: 82 años del siglo XIX: su forma de
organización institucional territorial, si centralizada o federal, estuvo
marcada por 8 Guerras civiles de cobertura nacional ( las de 1840,1841,
1851, 1860-63, 1876-77, 1885, 1895 la de 1899-1903;
2. “El Estado Disputado”: 11 años de mediados del siglo XX, 1946-1957:
fue la etapa del clásico Conflicto interno armado bipartidista entre
conservadores y liberales: en una etapa histórica en la el Estado- dadas
la cuantía del presupuesto manejado y su capacidad para crear y repartir
puestos públicos y su significación como aparato ideológico-cultural,
eficaz en marcarle un norte político dado a la vida colectiva- , devino en
un botín apetitoso, azules y rojos se trenzaron en una lucha a muerte
por definir quién se quedaba con su control y manejo exclusivo y
excluyente;
3. “El Estado Cuestionado”: 50 años entre 1864 y 2015: a partir de la
génesis del Conflicto Interno Armado subversivo y
Contrainsurgente , Colombia entró a medio siglo de una violencia
política distinta, que es la que en la actualidad se está buscando
negociar en la Habana;
4. “El Estado Escindido”: 20 años entre el 1995 y el 2015: superpuesto
y en relación parcial con El Estado Cuestionado, en las dos última
décadas ha ido tomando forma un Estado entre moderno y pre-
moderno: mientras en el nivel Central actúa atento al discurso y a las
prácticas propias de la democracia liberal, en los niveles locales y
regionales se mueve combinando todas las formas de lucha, las
legales y las ilegales, las desarmadas y las armadas. Importa advertir
que esta subperiodización ha adquirido estatuto propio no obstante que
en la historia de Colombia la articulación entre legalidad e ilegalidad,
entre ley y terror ha sido casi una constante aunque no con las
expresiones extremas que ha alcanzado en la actualidad. Rodrigo
Uprimny ha sido muy prolífico en sus análisis sobre la materia.
Claro que cada una de estas cuatro etapas puede ser objeto de una
subperiodización particular, pero que, para efectos de esta reflexión, no
presenta especial importancia. Como podrá observarse de entrada, nuestro
objeto de estudio, los orígenes del conflicto interno armado, constituye la
tercera etapa de las distintas violencias políticas que ha habido en la sociedad
colombiana. Señalarlo, de modo expreso, es importante para ilustrar que se
trata de una forma de violencia distinta de las otras tres, pero eso no significa
que para descifrar su carácter tengamos que extendernos, de modo
metodológicamente innecesario, hasta las 8 guerras civiles del siglo XIX como
34
. Ver, Humberto Vélez R, Atisbos Analíticos, www.google.com; atisbosanaliticos200o.blogspot.com .

19. si de una de éstas se desprendiesen factores explicativos de sus orígenes y
dinámicas.
B. Segundo nivel de Contextualización histórica: La Configuración de
“un Estado estructural e institucional y, con el tiempo,
culturalmente Contraopositor”.
Para una más adecuada comprensión de los orígenes de la violencia política
subversiva contrainsurgente surgida en la primera parte de la década de 1960,
quizá sea más importante detenerse en este segundo nivel de
contextualización histórica. A lo largo de 105 años, consagrada y animada por
la Constitución de 1886, en Colombia tomó forma un tipo de violencia política
ya no contra-estatal sino eminentemente estatal. Fue así como desde la
Regeneración de 1886, sin que ninguno de los imperios mundiales incidiesen
en su aparición, tomó forma un tipo de “Estado estructural e institucional y, con
el tiempo, culturalmente Contraopositor” que, con regularidad y altísima
eficacia práctica, actuó oponiéndose por diversos medios,
1. a toda crítica y cuestionamiento de fondo de los gobiernos de turno;
2. a toda movilización popular y ciudadana orientada a lograr reivindicaciones
sociales importantes; y
3. a cualquier apuesta orientada a fundar un orden social alternativo.
En las distintas coyunturas más o menos “normales” se movió siempre de
modo represivo coercitivo pero, en otras circunstancias según el grado de la
afectación del orden público o según la dificultad y necesidad subjetivas del
presidente de turno, ora convirtiendo el monopolio de la legítima coerción
en violencia estatal ora de modo terrorista ora de modo contrainsurgente
ayudado y asesorado ahora sí por el imperio norteamericano.
Y así sucedió desde 1886 cuando Colombia era todavía una sociedad pre-
capitalista en la que las relaciones sociales de servidumbre eran las
dominantes y así continuó sucediendo cuando, entre 1904 y 1909, Rafael
Reyes hizo un frustrado esfuerzo orgánico de cinco años por empujarla a la
modernización capitalista35
y nada se modificó cuando tras la Revolución en
Marcha de 1934-1938, no obstante las reformas de que fue objeto la
Constitución de 1886 durante el primer gobierno de López Pumarejo, nada se
hizo por desmontar ese tipo de “Estado Contraopositor”. Afirmamos lo anterior
porque todas las sociedades, precapitalistas o capitalistas, siempre han
integrado márgenes de ley y de terror, de legalidad y de ilegalidad, pero, como
lo ha destacado Rodrigo Uprimny,
“creemos que pocas sociedades han combinado así ‘el terror y la sangre’ (Tourraine), ‘el orden
y la violencia’ (Pecaut), ‘los diálogos entre caballeros’ (Wilde A) y el terror, como lo ha hecho
Colombia, un país que históricamente ha compaginado los extremos: el mantenimiento de una
cierta legalidad y una gran estabilidad en la dominación política se articulan con la proliferación
de formas agudas de violencia, , tendencia histórica que se mantiene pero actualmente con
manifestaciones extremas”. 36
35
. Vélez Ramírez, Humberto. “QUINQUENIO, RÉGIMEN POLÍTICO Y CAPITALISMO”.
36
. Uprimny, Rodrigo y Vargas Alfredo. “LA PALABRA Y LA SANGRE: VIOLENCIA, ILEGALIDAD Y GERRA
SUCIA”. En, Palacio, Germán Compilador, Bogotá ILSA-CEREC, ABRIL 1990, pgs. 105-165

20. Condensando la hipótesis, digamos que en 1886 se estableció en Colombia
una República autoritaria como forma ideal de gobierno y esto se hizo bajo el
alegato nuñista, recogido por el conservador Miguel Antonio Caro, de que con
la Federación montada por los liberales en 1863 se había dado lugar a un
régimen político anárquico generador de un continuo desorden y de una
enorme incertidumbre colectiva que, al animar la guerras civiles, había
entorpecido toda posibilidad de progreso económico. Entonces, se dijo, que si
se quería una sociedad en continuo progreso económico, había que eternizar
esa República autoritaria haciéndola… “perenne e inamovible”37
, fueron las
adjetivaciones que se utilizaron. Para constitucionalizar ese horizonte de un
orden autoritario auto-sostenido en el tiempo, se levantó la idea de un manejo
adecuado, eficaz y funcional y operativo, de la excepcionalidad necesaria para
el abordaje del orden público. Se pensó entonces en una institución llamada
“estado de sitio”. Esta debía ser constitucionalizada de tal manera que, en su
aplicación, garantizara esa posibilidad de una sociedad cercana, o, por lo
menos, no muy alejada de ese ideario de una República autoritaria.
De acuerdo con el artículo 211 de la Constitución de 1886, en casos de guerra
exterior o de conmoción interior, el Presidente, previa audiencia, no vinculante,
con el Consejo de Estado y con la firma de todos los Ministros, podía declarar
turbado el orden público y en estado de sitio toda la República o parte de ella
quedando facultado para manejarlo según la discrecionalidad subjetiva del
presidente de turno viéndose eximido de la obligación de abordarlo bajo los
soportes constitucionales normales. Pero muy pronto el Concejo de Estado se
declaró inhibido para pronunciarse a fondo sobre la constitucionalidad de esos
decretos dejando así abierta la primera puerta para su uso y abuso. A partir de
puertas abiertas como ésta y otras- como la de la consagración de la
supremacía de la ley sobre la Constitución, tal como se prescribió en el artículo
6 de la ley 153 de 1887, aprobada por el Consejo de Delegatarios38
- las
razones de la declaratoria del estado de sitio se correspondió no sólo con
situaciones objetivas- real afectación del orden público- sino, también, con
criterios subjetivos de los presidentes de turno que vieron en una salida así la
mejor y más cómoda manera de abordar problemas y dificultades y penurias,
que nada tenían que ver con el orden público.
Bajo el amparo del estado de sitio, el gobierno colombiano intentó controlar el
avance de la subversión y de grupos al margen de la ley, sin embargo, ese
argumento se tradujo en la violación sistemática permanente de los derechos
humanos y de las libertades ciudadanas por parte de los agentes del Estado.
Fue así como de los 105 años en que estuvo vigente la Constitución de 1886,
durante 70 funcionó la declaratoria de ese estado de excepción aplicado en la
forma ya señalada, casi sin control constitucional alguno. Sobre la forma de
aplicación de este estado de excepción, así se han pronunciado distintos
investigadores,
"En el Estado de derecho colombiano, el autoritarismo se expresó en estado de sitio
permanente, arma jurídica empleada para neutralizar los efectos políticos y sociales de la
creciente presencia de masas urbanas, convertidas en base de opinión y de electorado, por las
movilizaciones liberales."(Marco Palacios39
); “…mientras la casi totalidad de los países
latinoamericanos estaban bajo dictaduras militares, Colombia mantenía un Estado de Derecho;
37
. Núñez, Rafael.
38
. Múnera Ruiz, Leopoldo, op.cit. pg.66.

21. se trataba empero de un régimen constitucional sui generis, ya que el recurso permanente al
estado de sitio hacía que en la práctica no rigiesen los principios abstractos incorporados en al
Constitución sino una legalidad de excepción que restringía las libertades públicas…El estado
de sitio permitió entonces la creación de delitos para controlar el orden público, el
establecimiento de medidas restrictivas de las libertades de reunión, de circulación, de
expresión, la limitación de las libertades sindicales y, sobre todo, la detención y el juicio,
mediante tribunales militares de dudosa imparcialidad, de los opositores políticos, de los líderes
sindicales y de quienes encabezaran determinadas formas de protesta social”.(Rodrigo
Umprimny y Alfredo Vargas 40
); de los 40 años corridos entre 1949 y 1990, “Colombia ha vivido
más de 30 años bajo legalidad marcial, la cual si bien es jurídicamente un régimen de
excepción y de duración transitoria, conforme a lo señalado en el art.121 de la Constitución, ha
devenido en la práctica un elemento normal y cotidiano de ejercicio del poder político”.
(Subrayado nuestro. Gustavo Gallón41
); Nuñez tenía la percepción de que Colombia era un país
“iconoclasta” donde los ensayos de personificación caudillista del poder político- léase Bolívar y
Mosquera, “no habían podido fructificar. Por tal razón, previo acuerdo con Caro, escogió un
camino mucho más pragmático y sutil para establecer un estado de excepción típicamente
moderno, donde la norma jurídica y la anomia jurídica se confundieran bajo la apariencia del
respeto a una Constitución que facultaba al ejecutivo para suspenderla y supeditarla a sus
mandatos…No obstante, la fragilidad del consenso reunido por los regeneradores y la
conciencia que tenían de ella, los llevó a implantar en la norma fundamental material la
excepcionalidad jurídica y política como forma alterna de gobierno” (Subrayado nuestro.
Leopoldo Múnera Ruiz42
).
Y más en consonancia con nuestra hipótesis sobre “El Estado Contraopositor”,
se encuentra el análisis de Camilo González,
“La Constitución de 1991 fue una transacción entre visiones socialdemócratas, socialcristianas,
de liberalismo social con otras de corte neoliberal. Pero en medio de un diseño vario pinto
quedaron elementos democráticos que hacen referencia con el Estado del estado de sitio que
se impuso por décadas para amparar dictaduras, dictablandas y modalidades de un Estado
para la guerra”.43
Señalemos ahora que esta segunda contextualización histórica nos permite
ubicar como distinta la violencia política que se desencadenó en Colombia
desde los inicios de la década de 1960 bajo la forma de un conflicto interno
armado y que constituye nuestro objeto de reflexión. Tal como veremos, fue
así como en esa etapa actuó “El Estado Contraopositor” con la asesoría y la
participación de los Estado Unidos: de modo contrainsurgente. Pero, no cabe la
menor duda que, a mediados del siglo XX, cuando durante el gobierno de
Laureano Gómez, 1950-1953, la policía “chulavita” se apoderó del aparato
coercitivo del Estado para ponerlo a operar en contra de la movilización
popular post-gaitanista y a favor de la conservatización a sangre y fuego de
numerosas poblaciones liberales, ese Estado Contraopositor, engendro de una
declaratoria de estado de sitio, actuó de modo terrorista. Un modo similar de
operar indudablemente terrorista, fue el que predominó cuando en 1978 el
gobierno de Turbay Ayala expidió el decreto 1923 más conocido como Estatuto
de Seguridad. En diciembre de 1977, varios Generales le habían demandado
medidas más drásticas para lograr el control del movimiento social y de la
39
. Palacios Marco. ENTRE LA LEGALIDAD Y LA VIOLENCIA.COLOMBIA 1875-1991, Editorial Norma, 5
edición, 1995, pg.189.
40
. Artículo citado, pg.112
41
. Gallón, Gustavo., QUINCE AÑOS DE ESTADO DE SITIO, América Latina, Bogotá, 1958-78.M.
42
. Múnera Ruiz, Leopoldo. EL ESTADO EN LA REGENERACIÓN”. En LA REGENERACIÓN REVISITADA. La
Carreta Histórica Editores, 2011, pgs. 64 y 70.
43
. González Posso, Camilo. “¿REQUIEM POR LA CONSTITUCIÓN DE COLOMBIA?”, El TIEMPO, 1 de abril
de 2015.

22. oposición política. Entonces, sobre la base de ese estatuto se crearon nuevos
delitos, se agravaron las penas de los ya existentes y se trasladó al
conocimiento de los jueces militares el juzgamiento de civiles incursos en
conductas de leve connotación política. Aún más, como lo destacó A. Wilde44
,
en muchas zonas del país, que habían quedado militarizadas tras distintas
formas de protesta social, lo que se impuso fue la lógica del terror.
Lo que pretendemos destacar con estas distinciones es que a lo largo de esos
105 años de vigencia de la “institución del estado de sitio”, aunque El estado
Contraopositor siempre se mostró predispuesto a “impedir”, a impedir la crítica
y los cuestionamiento de fondo a los gobierno de turno, a “oponerse”, a
oponerse a toda demanda de reformas sociales substantivas y sobre todo, a
las que reclamaban un orden social alternativo, sin embargo, siempre lo hizo
de un modo predominante distinto según el carácter de los sucesos
enfrentados, lo que no impidió que de cara a determinadas categorías de la
población “protestadora” o a ciertas zonas militarizadas dadas,
simultáneamente lo hiciese con acciones complementarias o secundarias de
carácter distinto. Lo que no nos parece pertinente es afirmar que siempre lo
hizo del mismo modo, o contrainsurgente o terrorista o apelando a la violencia
estatal. Claro que aplicado el estado de excepción, siempre actuó, como
mínimo, de modo represivo coercitivo buscando impedir la instauración de una
forma de gobierno muy alejada de la República autoritaria de 1886.
Por lo general, la historiografía colombiana ha señalado que la Regeneración,
como sistema político alrededor del cual se enhebró ese orden autoritario y la
institucionalidad de excepcionalidad que posibilitó su auto-sostenimiento a
futuro, duró hasta 1903. Esto no obstante, en un largo Atisbos Analíticos, el 111
de marzo del 2010, sostuvimos una hipótesis un poco distinta: Que la
Regeneración, en lo más medular de su letra y como cultura política, se había
prolongado hasta la Constitución de 1991 cuando su institución central, la del
estado de sitio, fue reformada45
. Aún más, sostuvimos en ese Atisbos que, a
partir del 2002, con el acceso de Uribe Vélez a la presidencia, se buscó
enhebrar una segunda forma histórica de Regeneración. En 105 años, 23
Presidentes juraron defender la Constitución de 1886; en 70 ocasiones, que
morigeraron su autoritarismo extremo y la acercaron a instituciones más demo-
liberales, fue reformada; esto no obstante, nunca nadie propuso reformar la
institucionalidad de excepcionalidad que ella, imperturbable, arrastraba y que,
casi incontenible, arrastró siempre hasta 1991con elevada y perversa eficacia
política. Ni siquiera con la Revolución en Marcha de 1934, que fue cuando más
peligró su vigencia, alguien buscó y luchó por desmontar la institución del
estado de sitio. Como escribió Jorge Orlando Mejo, “paradójicamente, ha
sobrevivido en la medida que dejó de ser ella misma…al dar gran importancia
a los mecanismos de facultades extraordinarias y de estado de sitio”.46
44
. Wilde, A. CONVERSACIONES DE CABALLEROS. LA QUIEBRA DE LA DEMOCRACIA EN COLOMBIA. Tercer
Mundo, Bogotá, 1982
45
. Vélez R, Humberto. ¿DE DÓNDE VIENE, EN QUÉ SITUACIÓN SE ENCUENTRA Y HACIA DÓNDE
MARCHA ESTA SOCIEDAD? NÚÑEZ Y URIBE: UN ENFOQUE DESDE LO POLÍTICO. En, Atisbos Analíticos No
111, Santiago de Cali, marzo de 2010.
46
. Melo, Jorge Orlando.”NÚÑEZ Y CARO EN 1886” Banco de la República, 1886.

23. No nos importa mucho introducirnos en el debate sobre si Núñez fue o no fue
traidor al partido liberal; por lo menos, hasta 1885, antes de pasar a cofundar
con Caro el Partido Nacional, fue un liberal moderado, que manejaba un
discurso moderno como el de la exposición de motivos para la elaboración de
una nueva Constitución47
, que, en la práctica, la Regeneración se encargaría
de negar. Esto no obstante, desde muy atrás, desde 1868, había empezado a
enhebrar en su mente la idea de “El Estado Contraopositor”, que tomó forma
con la Constitución de 1886. Ya en ese año Núñez analizaba que en su país
había intranquilidad colectiva asociándola al régimen político instaurado en
1863 por la Federación liberal que, incapaz de controlar la guerras, en la
práctica las estimulaba generando cada día que pasaba mayor desorden ,
intranquilidad y anarquía, lo que había bloqueado las posibilidades de progreso
económico; y en 1882 escribía que el país requería de un gran cambio que,
inspirado en la correlación conceptual orden-progreso, se asentara y afincara
sobre bases perennes e inamovibles. A una conclusión teórica así había
llegado al nacionalizar la idea comptiana-spenceriana, que había asimilado en
Europa, según la cual el orden era la base “científica” del progreso. Digamos
que, como positivista en ciernes, usó la concepción de “La Paz científica”48
como método de análisis, lo que lo llevó a preguntarse por las causas de las
insurrecciones que había habido en el país entre 1863 y 1883. Una República
demoliberal como la instaurada por sus copartidarios en 1863, al estimular las
guerras civiles, impedía la consolidación de un orden necesario para propiciar
el progreso de la economía. Entonces, para Núñez, las Repúblicas, so pena de
caer en permanente desorden, debían ser autoritarias como forma ideal de
gobierno y a ese ideario había que darle sostenibilidad en el tiempo haciéndolo
“perenne e inamovible”.
Antes de pasar a la tercera contextualización de historia, que nos debe de
arrojar alguna luz sobre los responsables concretos de los orígenes de la forma
de violencia política a la que ingresó el país en los inicios de la década de
1960, hagamos una pausa buscando levantar algunas respuestas a las
siguientes preguntas: ¿qué sucedió en Colombia durante esas pausas
temporales- en total 50 años- que no quedaron atrapadas dentro de los límites
de las tres etapas de violencias políticas contraestatales, robustas y regulares?
¿acaso no hubo violencia? ¿acaso se impuso o emergió una República
demoliberal? Y ¿qué sucedió en el país durante las otras pausas electorales-
en total fueron unos 35 años- en las que no hubo declaratoria de estado de
sitio? ¿acaso se debilitó o amenazó con desaparecer El Estado
Contraopositor? Y finalmente, ¿Qué sucedió con éste, una vez reformado en
1991 el estado de sitio como estado de excepción?
Atrás dijimos que, en su accionar político contra-estatal, la sociedad
colombiana, precapitalista y capitalista, siempre había combinado legalidad e
ilegalidad, aún armada, aunque nunca se había llegado a los extremos de las
últimas décadas; agreguemos, además, que, en su estilo de gobierno y
gobernanza, el Estado también ha sido bipolar. Al respecto ha escrito Fernando
Dorado,
47
. Academia Colombiana de Historia. ANTECEDENTES DE LA CONSTITUCIÓN DE COLOMBIA DE 1886.
Bogotá, Plaza y Janés, 1983.
48
. Rafael Núñez. “LA PAZ CIENTÍFICA”. En, LA REFORMA POLÍTICA, Biblioteca Popular de Cultura
Colombiana. Bogotá, 1945,pgs. 94-108.

24. “desde sus orígenes la casta dominante que se formó en Colombia” ha sido “psicópata y
bipolar. Ha usado la doble personalidad para engañar a las clases dominadas. Una para tender
la mano, otra para blandir el garrote…”. 49
Como para traer a colación ahora a Estanislao Zuleta en sus análisis sobre el
poder cuando decía que en éste solo había dos cosas importantes, “producir
temor y halagar intereses”.50
Como ya se vio, en 70 de 105 años el Estado
Contraopositor actuó accionando, por distintos medios asociados a producir
temor, una muy eficaz y perversa forma de excepción llamada estado de sitio
y lo hizo sin necesidad de violentar el Estado de Derecho – la aplicación de la
excepcionalidad era constitucional- manteniendo así la apariencia de gobernar
en democracia, es decir, “halagando intereses” como diría Estanislao Zuleta.
Pero, fue durante las pausas temporales- en total 35 años- cuando el Estado
más hizo la apariencia de gobernar en democracia. En lo externo, cuando los
golpes dictatoriales de Estado eran la norma en América Latina, la
innecesariedad, intrínsecamente estatal, de no tener que apelar a ellos, le
permitía al establecimiento decirle al mundo que en Colombia reinaba una
democracia sin igual; y en lo interno, los gobiernos le decían a la ciudadanía
que si de vez en cuando aplicaban el estado de sitio era para salvaguardar la
democracia de todos. Total, ni desde afuera, por no haber golpes de Estado, ni
desde adentro, por mantenerse la apariencia abstracta de la vigencia del
estado de Derecho, se hacía visible y evidente la existencia del “Estado
Contraopositor”. Pero, ¿acaso este se esfumó a partir del momento en el que el
estado de sitio de la Constitución de 1886 fue reemplazado en la nueva
Constitución de 1991 por un estado de excepción cualitativamente distinto?
Diríamos ahora que modificada en 1991 la institución más substantiva de la
Carta de la Regeneración, en el seno de la clase dirigente del establecimiento
sobrevivió la que podría llamarse “la Cultura del estado de sitio”. Pero, hubo
mucho más que eso: para las fuerzas políticas de extrema derecha esa ya
clásica y asegurada institución se había convertido no sólo en una Cultura
sino, además, en una irremediable necesidad. Ocurre que en el espíritu de la
Constitución de 1991, la nueva institución de excepción llamada de “conmoción
interior” había sido despojada de su histórico virtuosismo represivo coercitivo.
Entonces había que re-dotar a los presidentes, en este caso al Presidente
Uribe, de herramientas Jurídicas que le permitiesen sacar avante su Política
Pública estratégica- las otras le eran subsidiarias- llamada de Seguridad
democrática orientada a derrotar militarmente a las guerrillas subversivas. Fue
así como el gobierno de Uribe Vélez, mediante un proyecto de Estatuto
Antiterrorista, buscó la forma de re-institucionalizar “El Estado Opositor”, que
con la abolición de la institución del estado de sitio, se había quedado nadando
en un vacío estructural institucional. Aún más, con esa propuesta, buscó
radicalizarlo. Lo más grave y central de todo fue que en ese Estatuto las
Fuerzas Armadas aparecieron como haciendo parte, casi natural, del sistema
judicial, pues adquirían la condición de policía judicial.51
Aunque el proyecto de
Estatuto fue aprobado por el Congreso Nacional, la Corte Constitucional lo
49
. Dorado, Fernando. “LA TRAGEDIA DE LAS FARC”. Semana, del 27 de febrero al 5 de marzo del 2015.
50
. Zuleta, Estanislao. “SHAKESPEARE: UNA INDAGACIÓN SOBRE EL PODER”. Universidad del Valle, 2010,
pgs. 21-27.
51
. “ESTATUTO ANTITERRORISTA”, portal.uexternado.edu.co/pdf/5_revista ZERO
%2012/16_pinto_antiterrorista .

25. declaró inconstitucional constituyéndose esta declaratoria en una de las
mayores derrotas políticas del octoenio gubernamental de Uribe. A partir de
este momento crítico, como para Uribe Vélez la derrota militar de las Farc era
una necesidad tan política como emocional, no hubo ni Constitución ni Leyes ni
Cultura que lo atajasen y, por eso, puso a actuar, de modo inconstitucional e
ilegal y terrorista, al Estado Contrapositor fáctico, que había sobrevivido a la
Constitución de 1991. Donde más se evidenció la connotación terrorista de
muchas de las medidas y acciones concretas de la Política de Seguridad
democrática fue en los esfuerzos por convertir en masa a la ciudadanía en un
actor indirecto del conflicto interno armado: de un lado, más de un millón de
Informantes, “los ojos y oídos de la ley que aportan elementos valiosos a las
autoridades”, hicieron parte de 26.172 Juntas de Seguridad Local y Rural, y,
del otro, con la Creación de las Zonas de Rehabilitación y Consolidación, los
habitantes de esas zonas fueron puestos en condiciones de permanente
zozobra y terror ( empadronamiento, capturas masivas, limitación de la
circulación y la residencia, registro permanente de los desplazamientos por la
zona…etc). 52
C. El tercer Nivel de Contextualización histórica de los Orígenes del
Conflicto interno armado: la Historia de las relaciones de Colombia
con el Imperio norteamericano.
En numerosos aspectos substantivos la historia de Colombia se hace poco
inteligible cuando se las abstrae de la historia de sus relaciones con el Imperio
norteamericano, que ha sido el espacio de la dominación mundial en el que el
país se ha desenvuelto desde los inicios del siglo XX. Primero vino en 1903 el
zarpazo norteamericano en Panamá, luego vinieron durante varios años las
movilizaciones anti-norteamericanas de una desconcertada y airada
ciudadanía ideológicamente variopinta para rematar, en un tercer momento,
con el fluctuante debate sobre una indemnización de los Estados Unidos a
Colombia, que sería estrictamente económica. Casi como una indulgente
ayuda sin la menor excusa. Pero, hubo algo más central. A lo largo del siglo
XX, siempre de modo sigiloso pero permanente, la soberanía externa e interna
del Estado colombiano ha sido afectada y limitada por los condicionamientos
impuestos por los distintos gobiernos norteamericanos. Y ¿por qué no hablar
de las estrategias de Defensa y Seguridad de los Estados Unidos en las que
el Estado colombiano, sin consulta alguna y a la brava, ha quedado
comprometido?
Llegados a finales del siglo XIX a la condición de potencia mundial, los Estados
Unidos hicieron de Panamá un asunto estratégico. Es cierto, durante el siglo
XX la relación Estados Unidos- Colombia nunca ha tenido un carácter colonial
en términos de una intromisión político militar pues, para los inicios del siglo
XX, Colombia ya se había metido en la ruta de la construcción de un Estado-
Nación, fuese el que fuese, bajo el modelo de una República tendencialmente
autoritaria untada de algunas o muchas instituciones demo-liberales. El
52
. About Colombia Internacional .”Gobernar y asegurar una lectura crítica de la Seguridad democrática
desde la Filosofía política de Mitchel de Foucault”. En. COLOMBIA INTERNACIONAL, Revista de Ciencia
Política de la Universidad de los Andes.

26. zarpazo fue en 1903, pero los gobiernos colombianos ya le habían abierto la
puerta a la intervención norteamericana al haberle solicitado en varias
ocasiones su ayuda para el manejo del orden público en el Itsmo53
, “ayuda
pedida” que, en distintos contextos históricos, se convertiría en una constante
histórica en las relaciones entre los dos Estados, sobre todo en materia del
manejo de la evolución del conflicto interno armado entre 1964 y el 2015. Fue
así como Colombia perdió el Canal y perdió a Panamá. Y la propia dirigencia
colombiana, al asumir desde un principio el accionar estadounidense desde
una mirada inmediatista e interesada, idealizó su actuación restándole toda
connotación imperialista. Hasta una mente amplia como la de Rafael Uribe y
Uribe no pudo escapar a esa trampa con la que los Estados comenzaban ya a
llamar “democracia” la lucha por sus intereses:
“La delegación norteamericana, dijo Uribe y Uribe en 1906 en la Conferencia de Río de
Janeiro, ha dado esta vez el inesperado espectáculo de hacerse amar irresistiblemente, aún de
sus aguerridos “; con la afirmación no hizo más que avalar a Rafael Reyes cuando dijo, a los
norteamericanos no hay que “temerles como conquistadores ni como expoliadores. Ellos han
plantado el estandarte de la libertad y del progreso en Cuba, Puerto Rico y Filipinas; ellos son
la humanidad seleccionada”. 54
Toda había comenzado desde mediados del siglo XIX cuando terminada la
construcción del ferrocarril del Itsmo, la Nueva Granada entregó su
administración a una empresa norteamericana sin que tuviese injerencia alguna
en su admón. En la primera parte del siglo XX, la presencia norteamericana en
el país empezó a enhebrarse alrededor de las concesiones petroleras, de la
explotación del oro y del aluminio, así como de la producción y la exportación
del banano.55
Por otra parte, como lo ha destacado el historiador José
Fernando Ocampo,
En Colombia, Estados Unidos impulsó cinco modernizaciones en este siglo. La de la infraestructura en la
década del veinte acompañada por el primer gran endeudamiento externo; la del sector financiero con la
misión Kemmerer; la del capitalismo de Estado de la “revolución en marcha” de López, de corte
keynesiano, a lo Franklin D. Roosevelt; la de los planes de desarrollo en las décadas del cincuenta y
sesenta; y la de la “apertura económica” . 56
En lo que respecta a la presente reflexión, habrá que hacer referencia a las
Estrategias Contrainsurgentes diseñadas por Estados Unidos, el Plan LAZO,
por ejemplo, en el que se inspiró, con la asesoría y participación de los Estados
Unidos, la Operación Marquetalia de 1963, aún antes de que en el país
surgiese efectivamente una insurgencia revolucionaria armada. Y como lo ha
destacado James Petras
“La intervención militar de EE.UU. en Colombia constituye la guerra de contra-
insurgencia más larga en la historia mundial reciente. Comenzó cuando el
Presidente John F. Kennedy creó en 1962 los "Boinas Verdes", y se intensificó en el
nuevo siglo con el programa militar de siete mil millones de dólares del Presidente
Clinton (Plan Colombia) iniciado en el 2001 y que hoy continúa con Obama con el
establecimiento de siete nuevas bases militares. La guerra que EE.UU. libra en
53
. Ocampo T, José Fernando. “ESTADOS UNIDOS Y COLOMBIA: RAÍCES DE LA ACTUAL INJERENCIA
NORTEAMERICANA. Bogotá, agosto 2002.
54
. Idem.
55
. Ardila, Juan Pablo. ”Reflexiones sobre el Imperialismo Norteamericano: la políticam agraria
colombiana y la influencia estadounidense en la década de 1930”. En,
file///users/Humberto/Downloads/-data-H_critica-51-n51a09.pdf .
56
.Ocampo T, José Fernando, art.cit.

27. Colombia ya lleva 50 años. Diez presidentes estadounidenses, 5 demócratas y 5
republicanos, liberales y conservadores, se han alternado para llevar adelante una
de las más brutales guerras de contra-insurgencia jamás registradas en América
Latina.”57
2. Las tres Contextualizaciones históricas y nuestro objeto
de estudio.
Resumiendo digamos que cada una de las anteriores tres contextualizaciones
históricas presenta especial importancia para efectos del desarrollo de nuestro
objeto de estudio: la primera, nos permitirá fijar los tiempos y el carácter de la
violencia política cuyos orígenes buscamos rastrear: un conflicto interno
armado radicalmente cuestionador, desde la primera parte de la década del
60, del Estado existente sin que ello signifique que para rastrear sus orígenes
tengamos que remontarnos, por ejemplo, a las guerras civiles del siglo XIX ; la
segunda contextualización nos llevará a estudiar las maneras específicas
como El Estado Contraopositor, nacido en el siglo XIX, ha actuado entre 1964
y el 2015 de una forma contrasinurgente, complementada por otros modos de
acción de carácter terrorista sin que ello signifique que tengamos que hacer
una historia del Estado terrorista en Colombia; y finalmente la tercera
contextualización, como lo ha destacado James Petras, nos llevará a
preguntarnos por la guerra de contrainsurgencia más larga en la historia
mundial reciente tal como ha sido la intervención militar de los Estados Unidos
en Colombia en el últimos medio siglo sin que ello implique que, para fijar el
carácter de esa intervención, tengamos que hacer una historia de las
relaciones de Colombia con el Imperio norteamericano.
Ese es el marco general de la investigación, pues por ahora sólo nos hemos
atenido a la delimitación de los responsables colectivos de los orígenes del
conflicto interno armado y no a la de los responsables de su persistencia e
impactos sobre la población. Esto lo remarcamos pues, siendo siempre
fundamental el enfoque de los orígenes, sin embargo, en la actualidad, como nunca,
sabemos que debemos evitar caer en la obsesión por ellos pues, en su evolución, un
fenómeno puede cambiar de naturaleza presentando muchas causas. Es esto lo que
ha sucedido en Colombia con los investigadores en relación con el asunto de las
violencias. Como lo ha destacado ya Medófilo Medina en una primera aproximación
crítica al trabajo de la Comisión, no puede pensarse que por “estiramiento
cronológico”, es decir, “por acudir a las fechas más remotas” se le está brindando ya
un mejor contexto de historia al estudio de los orígenes del conflicto interno armado.
58
3. LOS ORÍGENES DEL CONFLICTO INTERNO ARMADO O DE LA VIOLENCIA
POLÍTICA SUBVERSIVA CONTRAINSURGENTE.
Siempre habrá que preguntarse por los orígenes de todo fenómeno humano pero sin
que nos quedemos atados a una postura adánica. Cuando decimos que la violencia
subversiva armada contrainsurgente, que tomó forma en Colombia a partir de 1964,
57
. Petras, James. “IMPERIALISMO Y VIOLENCIA EN COLOMBIA”. En. REBELIÓN,
www.rebelion.org/noticia/php?id=151
58.
Medina Medófilo. “Las diferentes formas de entender el Conflicto armado”. En, RAZON
PÚBLICA, 23 de febrero de 2015.

28. estuvo muy atada al estatuto real de la tierra así como al predominio de una Cultura
rural, tal como lo veremos, eso no significa que en el devenir del fenómeno no hayan
hecho presencia otras causas. Por eso, este estudio quedará todavía “en veremos”
mientras no hayamos delimitado a los responsables de su casi eterna persistencia, así
como a los de sus crueles impactos sobre el conjunto de la sociedad civil.
En nuestra opinión, para ubicar los orígenes del conflicto interno armado, que
actualmente se está negociando en la Habana, no es necesario alargar la cronología
hasta el siglo XIX ni siquiera hasta la segunda etapa del que hemos llamado “Estado
Disputado” (1946-1957). Sin embargo, como en este escrito, más que en el método de
investigación estamos ya metidos en los problemas del método de exposición y de
presentación de resultados, pensamos que para elucidar el problema de los orígenes
de la violencia subversiva contrainsurgente iniciada en Colombia en 1964,
metodológicamente es importante y valioso e ilustrativo presentar en clave de
historia dos fenómenos importantes: primero, el de los obstáculos de todo tipo que se
le atravesaron a los dos posibilidades que había habido en Colombia de realizar una
reforma agraria, de un lado, a mediados del siglo XIX, y del otro, en la década de 1930
durante la llamada “Revolución en Marcha”; y segundo, el de los desenlaces del
conflicto armado entre partidos que hubo en Colombia, sobre todo a partir de 1953.
En el siglo XIX, el proyecto liberal de gestación de nación estaba basado en la idea
santanderina de la creación de ciudadanía facilitando el acceso de la población a la
educación. En este punto, casi todos los liberales concordaban. Por otra parte, no
faltaron liberales sociales que anticiparon que, en lo que a los campesinos se refería,
una vía de entrada a la condición de ciudadanos era la que les permitía el acceso a la
propiedad de la tierra; finalmente, otro sector pensaba que el ciudadano autónomo
surgiría si se lo independizaba del dominio eclesial. Todos ellos eran caminos que, con
distintos grados de importancia y de posibilidad real, conducirían a la modernidad. Por
eso cuando se reunió la Convención de Rionegro, los puntos álgidos de las relaciones
entre la Iglesia y el Estado se encontraban ligados a la riqueza y los privilegios de ésta,
así como a la cuestión del control de la educación. En 1861, a la Iglesia se le
expropiaron sus importantes riquezas, rurales y urbanas, pues se calculaba que poseía
una tercera parte de los bienes inmuebles del país.59
En el espíritu del pensamiento del
Manuel Murillo Toro de 1852 quien, al romper con el liberalismo individualista había
evolucionado a un liberalismo social, esos bienes deberían haberse volcado hacia una
reforma agraria, que posibilitara el acceso de los campesinos pobres a la propiedad de
la tierra, pues
“en mi opinión, escribió Murillo Toro al defender su propuesta de la “Ley de Tierras” de 1852, el cultivo de la tierra debe ser la única base de la
propiedad, y nadie debe poseer una extensión mayor que aquella que, cultivada, puede proveer cómodamente a su subsistencia”. 60
Entonces, adelantándose a la revolución mexicana, Colombia habría sido el primer país en realizar una reforma agraria en América latina, reforma,
que hasta el presente jamás se ha hecho en el país. Pero, como contrastante realidad, aunque en algunos casos se haya exagerado el volumen de
59
. Tirado Mejía, Alvaro. Art cit. Pag. 168; Vélez R. Humberto. “LAS CONSTITUCIONES DE 1863, 1886 Y
1991: FORMAS DE GOBIERNO Y SIGNIFICADO POLÍTICO Y CULTURAL. Atisbos Analíticos No 124, enero
de 2011.
60
. Castaño Zuluaga, Luis Ociel. “Murillo Toro, Manuel. En. Gran Enciclopedia de Colombia. Círculo de
Lectores. 10 Biografías. Bogotá. 1994. Pgs.408-410.

29. propiedades en manos de la Iglesia, (su valor subió a 12 millones de pesos o sea tres veces el presupuesto de ingresos de la nación), esos bienes
fueron rematados yendo a engrosar la ya abundante riqueza de políticos, comerciantes y grandes propietarios. 61
Entre 1934 y 1938 durante el gobierno de la Revolución en Marcha hubo una segunda
posibilidad de hacer un reforma agraria cuando a los terratenientes que tenían una
elevada proporción de sus tierras inexplotadas, se les concedió un plazo de 5 años para
las modernizaran so pena de expropiación, pero de nuevo la posibilidad se esfumó con
las transacciones entre el poder institucional del Estado y el enorme peso político de
los intereses corporativos de los grandes terratenientes.62
Poco después de surgida la
violencia subversiva insurgente, desde el interior mismo del Frente Nacional, su tercer
presidente Carlos Lleras Restrepo, con vigorosa oposición de sectores de la
constitucionalizada coalición bipartidista, por tercer vez en la historia buscó sacar
avante una reforma agraria63
, que fue parada en seco antes de terminar su gobierno
con el llamado pacto de Chicoral, que institucionalizó la ganadería extensiva como
forma central de explotación de los latifundios.64
El otro fenómeno e importante para una adecuada comprensión de los orígenes del
conflicto interno armado tiene que ver con los desenlaces del conflicto bipartidista de
la etapa anterior, sobre todo a partir de 1957. Una vez creado el Frente Nacional-
pacto bipartidista constitucionalizado orientado a terminarla- una de las fuerzas del
conflicto armado entre conservadores y liberales desembocó en el bandidaje que,
como señalara Eric Hobsbawm, debía ser examinado no simplemente en razón de su
naturaleza criminal, sino también en sus relaciones con la política y la sociedad pues,
en su opinión, se trataba de un bandolerismo social fragmentado en cuadrillas
socialmente toleradas y con aceptabilidad local, que el ejército tuvo que enfrentar
hasta 1965 en la época misma en que se estaban conformando las Farc.65
En contraste,
por otras vías y horizontes se movieron las guerrillas liberales- las llamadas Guerrillas
de los Llanos conocida como “limpios”- y las Autodefensas Campesinas de inspiración
comunista, llamadas “los comunes”. En general, aunque con diferencias importantes,
unas y otras se movieron en una dirección político reivindicativa. Para el periodo 1949-
1953, las guerrillas liberales llegaron a sumar 1757 integrantes, de los que el 72.5
fueron implicados como guerrilleros, tal como lo señaló uno de los Ponentes en el X
Congreso Nacional de Sociología, quien las caracterizó así,
“En términos sociológicos, la Insurrección Llanera jugó un papel importante en la historia de los
movimientos campesinos colombianos, en el desarrollo de estrategias de resistencia y de una
combinación de ideología inherente e ideología derivada, cuyo núcleo era la restauración de las
conquistas democráticas liberales. Debe verse como parte de la expresión de una crisis de las clases
hegemónicas en el poder, en la transición de la sociedad colombiana al capitalismo, que se comenzó a
consolidar a partir de la instauración del Frente Nacional.”66
61
. Diaz Díaz, Fernando. “ESTADO, IGLESIA Y DESAMORTIZACIÓN”. En, NHC Nueva Historia de Colombia.
2. Era Republicana. Editorial Planeta. Bogotá. 1984. Pgs. 197-223.
62
.Albán, Alvaro. “REFORMA Y CONTRAREFORMA AGRARIA EN COLOMBIA”. En,
www.economiainstitucional.com/pdf/No24(aalban24.pdf
63
. Vélez Ramírez, Humberto
64
. Vega Cantor, Renán. “LA REBELIÓN DE LOS ‘ENRUANADOS’. 27-08-2013, www.lapluma.net .
65
. Hobsbawm, Eric. “LA VIOLENCIA COLOMBIANA DEL MEDIO SIGLO”. Prólogo al libro BANDOLEROS,
GAMONALES Y CAMPESINOS de Gonzalo Sánchez.
66
. Villanueva Martínez, Orlando. “COMPOSICIÓN SOCIOLÓGICA DE LA INSURGENCIA LLANERA”,
www.icesi.edu.co . Ponencia presentada al X Congreso Nacional de Sociología