datos relevantes que esta pasando en guatemala

1. El Caso de «La Línea» es un caso de corrupción en Guatemala que se inició el 16
de abril de 2015 cuando la Comisión Internacional contra la Impunidad en
Guatemala (CICIG) involucró a varios altos funcionarios del gobierno del general
retiradoOtto Pérez Molina, incluyendo el secretario privado de la vicepresidencia,
el capitán retirado Juan Carlos Monzón y directores de la Superintendencia de
Administración Tributaria de Guatemala (SAT) en una sofisticada red de
contrabando en las aduanas de ese país centroamericano.1
Cuando la situación ya
era difícil para el gobierno de Pérez Molina pues ya había renunciado la
vicepresidente Roxana Baldetti y se estaban efectuando marchas multitudinarias
de las clases medias y de los campesinos guatemaltecos exigiendo su renuncia y
la del sustituto de Baldetti, Alejandro Maldonado Aguirre, el 20 de mayo de 2015
la CICIGy el Ministerio Público guatemalteco hicieron público un nuevo caso de
corrupción a gran escala, esta vez en el Instituto Guatemalteco de Seguridad
Social (IGSS); los miembros de la Junta Directiva del IGSS fueron conducidos a
prisión acusados de haber otorgado un contrato a la empresa mexicana Pisa para
el tratamiento de diálisis peritoneal por medio de sobornos. La empresa no tenía la
infraestructura adecuada para el tratamiento y el IGSS había tenido que rescindir
el contrato el 13 de mayo porque había decenas de pacientes con peritonitis y más
de diez fallecidos.
Índice
[ocultar]
• 1 Reseña histórica
• 2 Antecedentes
o 2.1 El «Sindicato» y la «Cofradía»
o 2.2 Red Moreno de contrabando
o 2.3 Fundación del Partido Patriota
o 2.4 Partido Patriota en la oposición
o 2.5 Gobierno del Partido Patriota
• 3 Investigación
o 3.1 Involucrados
 3.1.1 Supuesto cabecilla: Juan Carlos Monzón
o 3.2 «El Presidente» y «la señora»
o 3.3 Lo que encontró la investigación de la CICIG
• 4 Capturas
o 4.1 Medida sustitutiva para algunos cabecillas

2. o 4.2 Acusan a jueza Sierra de Stalling de prevaricato
o 4.3 Recapturan a cabecillas
o 4.4 Interpol en busca de Luis Mendizábal
o 4.5 Caso IGSS-Pisa
• 5 Reacciones
o 5.1 Mayo de 2015
• 6 Consecuencias
o 6.1 Abril de 2015
o 6.2 Mayo de 2015
o 6.3 Junio de 2015
 6.3.1 Jornada del 3 de junio
 6.3.2 Jornada del 5 de junio (Viernes gris)
• 7 Cronología del caso
o 7.1 Antecedentes
o 7.2 Abril de 2015
o 7.3 Mayo de 2015
o 7.4 Junio de 2015
• 8 Véase también
• 9 Notas y referencias
o 9.1 Notas
o 9.2 Referencias
• 10 Lectura recomendada
o 10.1 ¿Quiénes usaban los servicios de La Línea ?
o 10.2 «Bufete de la Impunidad»
o 10.3 Caso IGSS-PISA
o 10.4 Cómo funcionaba La Línea
o 10.5 Gobierno del Partido Patriota
o 10.6 Familia Stalling

3. o 10.7 Manifestaciones pacíficas
o 10.8 Postura de pueblos indígenas
o 10.9 Rol del gobierno de los Estados Unidos
o 10.10 Roxana Baldetti
o 10.11 Terna para Vicepresidente electo el 16 de mayo
o 10.12 Grupos en Facebook
o 10.13 Actualiaciones en Twitter
Reseña histórica[editar]
Al momento de descubrirse el caso, Monzón se encontraba en Seúl, Corea del
Sur, acompañando por la vicepresidente Roxana Baldetti -a quien le fue conferido
un doctoradohonoris causa en esa ciudad por su trabajo social-. Cuando se enteró
de los cargos contra él, Monzón emprendió la fuga viajando a España, Colombia y,
finalmente, aHonduras; otros involucrados fueron capturados en Guatemala.
Algunos de ellos obtuvieron su libertad al cabo de unos pocos días debido a una
medida sustitutiva que les otorgó la jueza guatemalteca Marta Sierra de
Stalling,2
aunque el Ministerio Público accionó inmediatamente para impugnar
dicha medida.
Tras pasar una semana de que se hicieron los anuncios, la atención se centró en
las figuras de Pérez Molina y Baldetti, al punto que se organizó una manifestación
de protesta para exigir la renuncia al derecho de antejuicio del presidente y la
renuncia al cargo a la vicepresidente el 25 de abril de 2015 en la Plaza de la
Constitución y se corrieron rumores de una posible paralización de la Ciudad de
Guatemala el 27 de abril. Aún cuando el presidente solicitó al Secretario General
de las Naciones Unidas la extensión del mandato de la CICIG hasta septiembre de
2017 como resultado de estas protestas, la presión sobre el gobierno no se aplacó
porque ni el Ministerio Público ni la CICIG han reportado nombres de ninguna de
las empresas que habrían utilizado los servicios de «La Línea» para defraudar al
fisco guatemalteco.
Se organizaron marcha multitudinarias por medio de las redes sociales, las cuales
demostraron su repudio hacia el actual gobierno y hacia los partidos políticos del
país. El lento despertar de las protestas se explica porque en Guatemala aunque
el 53% de la población esté por debajo de la línea de pobreza y existan agudos
problemas -de ignorancia,racismo, machismo, corrupción, violencia desbocada, y
sobre todo impunidad-3
que tengan a la población a punto de un estallido social,
no hay quien organice dicho estallido en forma efectiva.3
Por otro lado, aunque no
haya organización política que haga estallar todo el malestar acumulado, las élites
tradicionales del país, preocupada la situación actual y considerando que el
polvorín social podría estallar, organizaron una lucha frontal contra la corrupción
de los funcionarios públicos y obligaron a éstos a extender la permanencia de
la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, logrando que el

4. malestar de la población se dirigiera hacia el gobierno y en especial hacia la
vicepresidente, Roxana Baldetti Elías, quien fue obligada a renunciar el 8 de mayo
de 2015,4
aunque muchos consideran que existe corrupción generalizada en el
país desde hace décadas y que eso es lo que se debería afrontar.3
Se denuncia que en el sistema político existe un grupo de personas a quienes les
resulta más barato utilizar los servicios de estructuras como La Línea que realizar
los pagos legales que deberían hacerle al fisco por sus ganancias, con la excusa
de que los impuestos se los roban los políticos corruptos, y por lo tanto, prefieren
robárselos ellos a cambio de darles una parte al gobierno. Esta corrupción llevaría
a los empréstitos con intereses onerosos y a las medidas de austeridad que el
gobierno se ha visto obligado a emprender para cumplir con sus obligaciones por
la falta de recaudación eficiente, lo que agrava la pobreza del resto de la
población.5
El 20 de mayo se descubrió el caso de corrupción de la junta directiva del Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) cuyos integrantes fueron capturados
por supuestas anomalías en un contrato que el seguro social firmó con la empresa
farmacéutica PISA, por medio de la cual se brindaron servicios a pacientes con
enfermedades renals. En total hubo dieciséis capturas, entre ellas la del
presidente de junta directiva del IGSS, Juan de Dios Rodríguez, quien fue
detenido por fraude y quien fue secretario privado del presidente, Otto Pérez
Molina; otro de los capturados fue Otto Molina Stalling, quien es hijo de la
presidente de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia de
Guatemala(CSJ), Blanca Stalling -que ya ha sido involucrada en las escuchas
telefónicas del caso de La Línea. Molina Stalling fungía como subgerente
financiero del IGSS en 2014, y fue detenido por asociación ilícita, cobro ilegal de
comisiones y tráfico de influencias.6
Según la investigación, los detenidos se
concertaron «con el ánimo de obtener beneficios económicos ilícitos a cambio de
la adjudicación de un contrato millonario a la Empresa PISA, que no llenaba los
requisitos, ni contaba con estructura básica para brindar el servicio a pacientes
renales del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social» y se habrían quedado con
el quince por ciento del total del monto del contrato, el cual asciende a los ciento
dieciséis millones de quetzales.6
Antecedentes[editar]
El «Sindicato» y la «Cofradía»[editar]
En la década de 1970, los generales Manuel Antonio Callejas y Francisco Ortega
Menaldoa
—yerno del expresidente Carlos Manuel Arana Osorio— crearon una
poderosa organización paralela al Ministerio de Finanzas Públicas de
Guatemala que el ejército de Guatemala estableció para detectar el tráfico de
armas y municiones destinadas a grupos guerrilleros durante la Guerra Civil de
Guatemala.1
Luego de debilitar a la guerrilla, la estructura habría servido para
llevar a cabo operaciones de contrabando y otras actividades ilícitas,1
dando
origen a dos grupos: el «Sindicato» y la «Cofradía».7
Red Moreno de contrabando[editar]

5. Artículo principal: Caso Moreno en Guatemala
Véanse también: Álvaro Arzú y Alfonso Portillo.
En el gobierno de Álvaro Arzú (1996-2000) la red de contrabando fue atacada
cuando el Ministerio Público encontró evidencia que implicó a varios militares de
alto rango, dentro los que destacaba el general Luis Francisco Ortega Menaldo, el
coronel Salán Sánchez, el general Efraín Ríos Montt, el coronel Napoleón Rojas
Méndez, el mayor Byron Barrientos, y Mario Guillermo Ruiz Wong. También
estaría involucrado Alfonso Portillo, candidato presidencial del FRG en las
elecciones de 1996 y 2000,1
quien el 16 de septiembre de 1996 admitió haber
recibido de Moreno setenta mil quetzales para su campaña política.1
La red de contrabando según los juicios llevados a cabo del 2000 al 2002,
controlaba el movimiento de contenedores, el valor de los productos importados y
el tipo de mercancías que se movían. Tomaban control de los contenedores, los
que luego eran devueltos al propietario después de pagar una suma de dinero.
Este dinero era repartido dentro de la estructura, que involucraba a la Policía
Nacional, la Guardia de Hacienda, el Ministerio de Finanzas Públicas, el ejército y
el Ministerio Público.1
Luego de la victoria del FRG en 2000, el nuevo fiscal
general, Rodolfo González Rodas, decidió suprimir la unidad de casos especiales
que se había estado encargando del caso de Moreno y que había investigado las
conexiones de Moreno con Portillo y Ríos Montt. En 2001 Moreno pagó un un
millón de quetzales como fianza y fue dejado en libertad.
Fundación del Partido Patriota[editar]
El Partido Patriota de Guatemala, fundado un 13 de junio de 2002 por el
general Otto Pérez Molina, la comunicadora Roxana Baldetti y el
empresario Alejandro Sinibaldi y tuvo un meteórico ascenso al poder en 2004
cuando apoyó la candidatura de Óscar Berger Perdomo. A cambio del apoyo
obtuvo cuatro oficinas: el Instituto Guatemalteco de Turismo, la Dirección General
de Migraciones, la Dirección General de Aduanas y la Portuaria.8
Al salir de su primera vez en el Ejecutivo logró llegar a la segunda vuelta electoral
en 2007, pero perdió contra Álvaro Colom de la Unidad Nacional de la Esperanza.
En esa oportunidad, Pérez Molina dijo al entonces embajador estadounidense
James Derham el 18 de septiembre de 2007 que había recibido dinero de las
cuatro familias más ricas del país y reconoció que había tenido una relación con
uno de los hermanos Mendoza, una estructura de narcotráfico desmantelada por
la CICIG y el MP a finales de 2014.8
Partido Patriota en la oposición[editar]

6. Roxana Baldetti -quien fueraVicepresidente de Guatemala del 15 de enero de 2012 al 8 de
mayo de 2015-, durante un mítin político en 2007. En 2008, obligó al entonces presidente
del Congreso de Guatemala a renunciar porque el secretario de éste habría malversado
fondos de esa entidad.9
El 7 de agosto de 2008 el Partido Patriota, entonces el principal de la oposición,
aseguró que el presidente del Congreso de Guatemala, Eduardo Meyer de la
oficial Unidad Nacional de la Esperanza era el responsable de la transferencia
anómala hacia la casa de bolsa Mercado de Futuros (MDF), de unos 11,14
millones de dólares de los fondos del Congreso. Según la diputada del PP Roxana
Baldetti, Meyer «debe responder por ese desvío», ya que, «aunque diga que él no
trasladó los recursos, sí contrató a quienes lo hicieron».9
Los recursos fueron
desviados en febrero pasado por el entonces secretario privado de la Presidencia
del Parlamento, Byron Sánchez, al parecer sin el consentimiento de la directiva del
organismo. El escándalo no estalló hasta el 4 de junio, cuando Meyer lo divulgó
debido a las presiones políticas y Sánchez fue destituido.
Después de una oposición populista que bloqueó cualquier iniciativa del gobierno
de Colom, el Partido Patriota ganó la Presidencia en 2011. La propaganda
publicitaria lo presentó como un partido de militares institucionales, que
rescatarían la solidez del Estado.8
El 3 de noviembre de se mismo año, la
codirectora del rotativo ElPeriódico, Sylvia Gereda renunció a ese medio tras
indicar que lo hacía porque el candidato vencido en las elecciones, Manuel
Baldizón, había adquirido una gran parte de las acciones del periódico.10
A partir
de entonces, ElPeriódicoha sido uno de los medios más críticos del régimen del
Partido Patriota.
Gobierno del Partido Patriota[editar]
General retirado Otto Pérez Molina, presidente de Guatemala desde el 14 de enero de 2012.
Al llegar al poder, el gobierno de Pérez Molina privatizó la Empresa Portuaria
Quetzal en Escuintla el miércoles de la primera Semana Santaque pasaron como
gobernantes. Después, Baldetti colocó a Claudia Méndez Asencio como
intendente de Aduanas en la SAT. Conforme avanzaba su gobierno, Pérez Molina
intervino de facto la Superintendencia de Administración Tributaria de
Guatemala (SAT) y colocó a militares en las aduanas, aduciendo que era para
aumentar la recaudación y frenar el contrabando.8
Posteriormente, el gobierno de

7. Pérez Molina quiso privatizar la recaudación en las aduanas contratando a una
empresa argentina, pero la oposición ciudadana los frenó.8
Cuando el PP tomó las riendas del gobierno, en 2012, la presencia de Baldetti
Elías reafirmó el papel de poder del general retirado Luis Francisco Ortega
Menaldoa
en Guatemala, dada la cercanía entre ambos y que se consolidó durante
el gobierno de Jorge Serrano Elías.7
Considerado como el heredero del liderazgo
en la corriente militar conocida como la «Cofradía», Ortega Menaldo operaría tras
bambalinas los hilos de la política nacional, algo que no ha sido demostrado aún
pero que se rumora persistentemente en el país.7
Así pues, las dos figuras
emblemáticas en el actual gobierno -Pérez Molina y Baldetti Elías- resultarían de
la alianza entre las dos principales corrientes militares surgidas durante la Guerra
Civil de Guatemala: el «Sindicato» y la «Cofradía». Pero la aparición de Luis
Mendizábal -propietario de la Boutique Emilio- según la investigación de la CICIG,
confirmó cómo la tercera corriente del ejército también se posicionó dentro del
gobierno: la del general retirado Marco Tulio Espinosa Contreras, un general de la
Fuerza Aérea, quien se posicionó durante el gobierno de Alvaro Arzú para
desplazar a las otras dos durante el período que duró esa administración. Por su
parte, el comerciante y miembro de la comunidad de inteligencia Luis Mendizábal
es una figura que aparece en momentos coyunturales de la historia de Guatemala
desde el gobierno de Fernando Romeo Lucas García.7
El gobierno del Partido Patriota ha pasado por una constante crisis de recaudación
fiscal desde 2012, caracterizada por el incumplimiento de las metas de
recaudación acordadas entre la SAT y el gobierno. La recaudación en las aduanas
bajó en 2013 de Q 15.8 millardos a Q 15.3 millardos, y se desaceleró en 2014; lo
mismo sucedió con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre las importaciones.
Las brechas fiscales en estos años ascienden a unos Q 7 mil millones, que han
sido suplidos mediante la emisión de bonos del tesoro y la contratación de
préstamos, incrementando la deuda pública. La crisis financiera llevó al gobierno a
contemplar la creación de nuevos impuestos a la telefonía, cemento y actividades
mineras para financiar el presupuesto 2015, de los cuales el primero fue
suspendido provisionalmente por la Corte de Constitucionalidad.11
En septiembre de 2014 el capitán retirado Byron Lima Oliva, quien estaba en
prisión desde hacía quince años en la cárcel de Pavoncito, condenado por el
asesinato del obispoJuan José Gerardi, fue capturado cuando la Comisión
Internacional contra la Impunidad en Guatemala descubrió que controlaba dicha
prisión y que tenía prácticamente el control del sistema penitenciario de
Guatemala.12
Las investigacione demostraron que Lima Oliva entraba y salía a su
antojo en vehículos blindados y con escolta; cuando fue capturado y llevado a la
torre de tribunales para declarar junto con el director de presidios -Edgar Josué
Camargo- y otros capturados dijo una y otra vez que era amigo del presidente Otto
Pérez Molina. La CICIG informó que Lima Oliva habría creado un imperio de
varios millones de dólares por dedicarse al control de la prisión y cobrar hasta
doce mil dólares por la venta de traslados de prisión.12
No era la primera vez que
lo capturaban por estar involucrado en actos ilícitos: en febrero de 2013 fue
capturado afuera de la cárcel cuando iba en un vehículo blindado y con escolta.12

8. En abril de 2015, en el gobierno guatemalteco se discutía solicitar a
la Organización de las Naciones Unidas una prórroga de dos años al mandato de
la CICIG.13
Investigación[editar]
De acuerdo al presidente Otto Pérez Molina, él pidió no incluir a Baldetti en la
investigación, ya que ambos solicitaron a la CICIG investigar este caso, y además
explicó que ellos ya conocían sobre los avances del trabajo de la Comisión.14
Como una bien estructurada red de cuello blanco, integrada por personas con
conocimientos y muy preparadas, fue calificada la red dedicada a la evasión
tributaria y aduanera denominada «La Línea», en la que según las investigaciones
de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, está involucrado
el jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-, Omar Franco,
quién junto a otras diecinueve personas fue capturado el 16 de abril de 2015.15
Involucrados[editar]
Un total de veintitrés operativos en los que se realizaron veinticuatro allanamientos
y para los cuales participaron doscientos cincuenta agentes de la Policía Nacional
Civil, fiscales del Ministerio Público y de la CICIG, dio como resultado la captura
de veinte personas, entre ellas autoridades y trabajadores de la SAT, algunos
empresarios y tramitadores.15
Desde tempranas horas del día fueron montados los
operativos en distintas zonas de la Ciudad de Guatemala y del país, con la
finalidad de ejecutar las respectivas órdenes de captura contra los involucrados.15
Las personas capturadas fueron:
• Personal de la SAT: Álvaro Omar Franco Chacón,
superintendente de la SAT; Sebastián Herrera
Carrera, jefe de recursos humanos; Anthony Segura
Franco, secretario general del sindicato de la SAT;
Karla Mireya Herrera España, administradora de la
Aduana Central; Gustavo Morales Pinzón, jefe de
división región sur; José Rolando Gil Monterroso;
Melvin Gudiel Alvarado, administrador y Carlos
Enrique Muñoz Roldán, exsuperintendente de la SAT.
• Red externa: Adolfo Sebastián Batz, Carlos Ixtuc Cuc,
Geovanni Marroquín Navas, Julio César Aldana Sosa,
Mónica Patricia Jáuregui, Salvador Estuardo
González, Osama Ezzat Aziz Aranki, Byron Antonio
Izquierdo, Francisco Javier Ortiz Arriaga, Julio
Estuardo González de León, Herbert Francisco
Cabrera, Miguel Ángel Lemus Aldana, todos
sindicados por los delitos de asociación ilícita para el
contrabando aduanero y caso especial de
contrabando aduanero.15

9. Según Iván Velásquez, jefe de la CICIG, esta red criminal era investigada desde el
mes de mayo de 2014, cuando tuvieron indicios acerca de los nexos que un grupo
de importadores tenía con una red de tramitadores aduaneros, quienes facilitaban
los medios para que pagaran menos impuestos. Según Velásquez esta facilidad
se les otorgaba mediante un contacto telefónico, conocido como «La Línea», el
cual era proporcionado a los importadores. «La Línea» operaba principalmente en
las aduanas de ingreso, ubicadas en Puerto Quetzal y Santo Tomás de Castilla.15
La CICIG explicó que las investigaciones permitieron determinar que la red estaba
integrada por funcionarios públicos en complicidad con los tramitadores, logrando
diseñar una tabla paralela conteniendo los parámetros estipulados para el pago de
los impuestos. Fue así, que a partir del análisis de la información se determinó que
los tramitadores y vistas aduaneros, se comunicaban y respondían de manera
jerárquica con otro grupo de individuos que no formaban parte de la SAT, pero
accionaba generando influencia en las estructuras internas de la Superintendencia
para que los vistas y tramitadores efectuaran los ajustes irregulares y realizaran el
cobro de la cola o soborno.15
Asimismo, se estableció que los mandos medios de la estructura obedecían a otro
grupo de individuos, encargados de tomar las decisiones específicas, tales como
dar autorizaciones y facilitar la influencia jerárquica para que la estructura externa
media tuviese el control “real” de la SAT en relación a la recaudación aduanera,
así como para autorizar el ingreso de nuevos miembros a la estructura paralela, y
colocar a funcionarios superiores en la SAT. Entre las personas externas a la SAT
están: Juan Carlos Monzón Rojas y Salvador Estuardo González Álvarez,
representante de un consorcio de medios de comunicación de Guatemala. Así
también, se estableció que las reuniones donde coordinaban los ilícitos eran
realizadas en la boutique Emilio, ubicada en la zona 10 de la Ciudad de
Guatemala, propiedad de Luis Mendizábal.15
La CICIG detalló que la investigación tuvo una duración de ocho meses de
seguimiento y vigilancia a los integrantes de la estructura, se interceptaron más de
sesenta y seis mil llamadas telefónicas y más de seis mil comunicaciones
electrónicas. Asimismo, invirtieron más de cuatro meses en el análisis e
interpretación de la información recolectada, y expertos financieros colaboraron en
el cotejo y análisis de varios documentos.15
Aunque no se precisó una suma
exacta del monto defraudado al fisco, el fiscal de la CICIG afirmó que la estructura
cobraba entre veinte mil y cien mil quetzales por contenedor que se comunicaba a
«La Línea».15
Finalmente, manifestó que tras escuchas telefónicas lograron
comprobar que del cuarenta por ciento de los impuestos recaudados por la SAT, el
treinta por ciento provenía de sobornos a empresas, para no pagar impuestos.
Dicha estructura recibió más de Q2 millones semanales producto de los diferentes
cobros ilegales.16
Más de mil empresas y empresarios habrían hecho uso de «La Línea» para evadir
impuestos, lo que también se investiga.17
El 20 de abril, la fiscalía expuso ante la jueza Octavo del Ramo Penal, Marta
Sierra de Stalling, que en menos de un año –entre mayo de 2014 y abril 2015– los

10. miembros de la banda de defraudación aduanera «La Línea» se habrían
agenciado cuantiosas sumas de dinero, al extremo que los de «alto rango»
recibieron aproximadamente cuarenta millones de quetzales, los de «mediano
rango» entre quince y veinte millones, y los «de menor rango» no menos de
trescientos treinta mil.18
En quince días, los «mandos altos» habrían recibido dos
millones y el aporte semanal más pequeño habría ascendido como a siete mil
quinientos.18
Entre los mandos altos –según el Ministerio Público– estarían Juan
Carlos Monzón Rojas, exsecretario privado de Roxana Baldetti, los
exsuperintendentes Álvaro Omar Franco y Carlos Enrique Muñoz; Sebastián
Herrera Carrera, exdirector de Recursos Humanos de la SAT, Francisco Javier
Ortiz, Osama Ezzat Aziz Aranki, Julio Estuardo González de León y Miguel Ángel
Lemus Aldana.18
De acuerdo con lo conocido en la exposiciones, el Ministerio Público –con apoyo
de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala– sindicó a Muñoz
de haber recibido el 5 por ciento de lo obtenido por la banda delictiva durante su
gestión al frente de la SAT. Esta tarde la defensa argumentó por sus patrocinados,
mientras –se informó– la jueza podría declarar en rebeldía a Juan Carlos Monzón
Rojas.18
A ellos se suman Melvin Gudiel Alvarado, Julio César Aldana Sosa, Carlos Ixtuc
Cuc, Hilda Maldonado García y Adolfo Sebastián Batz. De la totalidad de
encartados, únicamente cuatro estuvieron dispuestos a prestar declaración
judicial, ya que los restantes –incluidos los exsuperintendentes– se negaron.18
El funcionamiento y la estructura de la red de contrabando aparecen explicados
en este enlace externo.
Supuesto cabecilla: Juan Carlos Monzón[editar]
El acusado de ser el líder de la banda, Juan Carlos Monzón Rojas, estaría
vinculado a una empresa panameña registrada bajo el nombre de Edengrove
International, que habría sido creada en abril de 2011, de acuerdo con los datos
del Registro Público de Panamá. En mayo de dicho año se inscribió en el Registro
Mercantil de Guatemala.19
El director de la empresa es Víctor Hugo Hernández,
quien es socio fundador de Inversiones y Proyectos Marbella, S.A. y de
Arrendamientos, Servicios y Proyectos, S.A., empresas que en mayo de 2013
compraron el cincuenta y ocho por ciento de las acciones de Corporación de
Noticias, S. A., que controla los diarios Siglo 21 y Al Día, por veinte millones de
quetzales.19
Estuardo González, presidente de Corporación de Noticias, es
también acusado de participar en «La Línea».19
Por otra parte, en diciembre de
2014, el rotativo guatemalteco ElPeriódico publicó que Monzón habría adquirido
una residencia en una colonia exclusiva de Guatemala por un monto de
US$850,000.20
El 22 de abril de supo que la empresa de Monzón Rojas, Canchas Deportivas,
S.A., había recibo trece contactos de parte del gobierno por un monto de varios
millones de quetzales;21
ahora bien, se explicó que la empresa ya estaba en
operación desde 2007 y que desde entonces había recibido contratos,
principalmente de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y sus

11. afiliadas, y también se informó que Monzón Rojas no representaba a la empresa
desde que asumió el cargo de secretario privado de la Vicepresidencia.21
Al ser imputado Carlos Muñoz, exjefe de la SAT, los fiscales del MP presentaron
una intercepción telefónica que lo involucra junto a un hombre que se identifica
como Juan Carlos Monzón, que las autoridades suponen es el exsecretario
privado de la Vicepresidencia, considerado el cabecilla de dicha estructura. En la
escucha telefónica entre Monzón y Muñoz se habla sobre algunos cambios en la
institución.22
También Monzón le pide a Muñoz que la «R» vaya para arriba; las
autoridades no tienen claro a qué se referían con este código.22
Este no sería el primer arresto de Monzón; en 2001 fue capturado acusado de
robar autos. Al ser capturado, le decomisaron una pistola calibre 3.80 marca
Warning; fue apresado junto con José Alfredo Moreno Serrano, Mario René
Orellana Boche y Byron Marlon Moreno Molina, quienes eran familiares de Alfredo
Moreno Molina, el capo del contrabando, quien estaba siendo juzgado por haber
evadido el pago de más de sesenta millones de quetzales en impuestos con el
apoyo de una red integrada por militares.23
Monzón resultó herido de bala en la
espalda y fue llevado a la emergencia de un hospital público donde quedó bajo
custodia. Los supuestos asaltantes fueron procesados por robo agravado y
atentado, así como por pertenecer a una banda de robacarros; a pesar de haber
sido acusados de que fueron capturados en flagrante delito, fueron beneficiados
con arresto domiciliario y prohibición de salir del país; a Monzón Rojas se le
impuso una caución económica de veinticinco mil quetzales. El 17 de octubre de
2001, los fiscales del Ministerio Público (MP) solicitaron el cierre provisional del
caso, a pesar de que todos los oficiales de la unidad policiaca que los capturó
habían declarado en su contra.23
El 6 de noviembre le fueron devueltos los Q25 mil
de la fianza a Monzón Rojas y su vehículo. Y el 5 de febrero de 2002, la Dirección
General de Migración levantó los arraigos. Las armas les fueron devueltas con la
condición de presentarlas a inspección si se los requerían. Cinco años después de
ocurridos los hechos, los abogados de Monzón Rojas se presentaron ante el
Juzgado Noveno de Primera Instancia Penal, a cargo del juez Nery Oswaldo
Medina Méndez, para solicitar el sobreseimiento del proceso; tras analizar el caso,
el juez decidió otorgar el sobreseimiento final el 11 de enero de 2007.23
Tras ser
entrevistados sobre el pasado de Monzón, la vicepresidenta Roxana Baldetti dijo
que conocía su historia con la PNC y que incluso había visto su cicatriz en la
espalda. El presidente Otto Pérez dijo que habían hecho su propia investigación y
que Monzón estaba limpio. Monzón Rojas alegó que todo fue una manipulación
para involucrarlo.23
Aunque fuentes oficiales señalaban que Baldetti no volvió hasta el sábado 18 de
abril a Guatemala, el martes 21 de abril en conferencia de prensa se presentaron
documentos que demuestran que Baldetti arribó al país el viernes 17 de abril.24
La
vicemandataria arribó en un vuelo privado, según los registros migratorios,
presentados por el propio vocero presidencial Jorge Ortega, el mismo que el
pasado sábado en declaraciones públicas dijo que la funcionaria aún no regresaba
de su viaje y no había una fecha programada.24
Estas declaraciones evidenciaron

12. que desde el Ejecutivo se trataba de ocultar la fecha y hora de la llegada de
Baldetti, de un viaje donde la acompañó Juan Carlos Monzón.24
El 30 de abril, la fiscalía guatemalteca anunció que ofrecía una recompensa de
cien mil quetzales a cambio de información sobre el paradero de Monzón.25
«El Presidente» y «la señora»[editar]
En la audiencia del viernes 17 de abril fue presentada una escucha telefónica en
donde dos de los involucrados en la estructura se refieren a una tercera persona
como «El Presidente», sin definir su identidad, quien les ordenó abrir cuatro
cuentas bancarias argumentando que CICIG tiene mucha información.22
Aparte de
«El Presidente», se escuchó también los sobrenombres de «La Señora», «La R»,
y «La 2», quien según las escuchas, movió las piezas en la SAT y ordenó cambios
a la banda de defraudación porque la CICIG ya tenía alguna información sobre la
misma.22
Se sospecha que estos sobrenombres hacen referencia a Pérez Molina y
a Baldetti, a pesar de que la CICIG no presentó cargos contra ninguno de los dos
y el Ministerio Público fue enfático en señalar que ninguno de los dos estaba
involucrado en la red de contrabando.
El lunes 11 de mayo, Baldetti dijo que la «La Señora», «La R», y «La 2», podría
ser la primera dama de Guatemala, Rosa María Leal de Pérez. Otto Pérez en la
conferencia dada el mismo día, dijo que la señora Pérez no tenía nada que ver
con este tipo de estructuras.
Lo que encontró la investigación de la CICIG[editar]
De acuerdo a un informe de la CICIG presentado por Plaza Pública26
, una de las
primeras pistas para los investigadores fue el recelo que despertó un importador
cuyo flujo de ingresos de mercadería resultaba sospechoso; se trataba del
ciudadano chino Miao Miao -alias Erick- quien el 8 de mayo de 2014 preguntó por
teléfono por los precios para el ingreso de mercancías a una persona externa a
la Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala (SAT). En ese
momento los investigadores aún no lo sabían, pero el contacto de Miao Miao era
Julio César Aldana Sosa, encargado externo de la estructura de contrabando
en Puerto Quetzal y responsable de la coordinación de los cobros, según la
fiscalía.26
Después de la conversación con Miao Miao, los investigadores
intervenieron su línea telefónica; en una llamada a su banco, Aldana entregó toda
su información. Sin pertenecer a la SAT, Aldana era el enlace de los importadores
con la aduana de Puerto Quetzal: organizaba las transacciones en el lugar, o
delegaba la responsabilidad en un subalterno; incluso, al menos en el papel,
aparecía como un importador y tenía registradas a su nombre las empresas
Aceites y Repuestos Jerusalén, e Importadora y Exportadora Gecko.26
La fiscalía decidió rastrear los correos electrónicos; Aldana enviaba sus datos de
contacto por teléfono a nuevos clientes. Al primero de estos correos se accedió
cuando la esposa de Aldana, Mónica Patricia Jáuregui Zamora, también
procesada por el caso, le dio la clave del correo a otro colaborador por teléfono.
En estas comunicaciones los clientes le enviaban los documentos con valores
alterados para reducir el precio del pago correspondiente al ingresar sus

13. productos; los documentos incluían declaraciones de mercancías, conocimientos
de embarque, manifiestos de carga, declaraciones de valor de las mismas y
facturas comerciales. Todos estos documentos permitían una rebaja en el pago de
impuestos, todos estaban alterados y los importadores lo sabían. El listado de
precios que intermediaros externos como Aldana enviaba a sus clientes, estaba
basado en el Código Arancelario Centroamericano.26
Al investigar a los vistas, la CICIG y el MP determinaron que éstos se encargaban
del primer contacto con la red externa y los comerciantes del entramado de
aduanas y la SAT. La red que finalizaba con los vistas, incluía, según la
investigación, al menos veintiocho funcionarios de la SAT: entre ellos, el secretario
general del sindicato de esa institución, el gerente de Recursos Humanos, el jefe
de la División Sur, cinco administradores de aduanas, cuatro coordinadores de
aduanas, y catorce técnicos aduaneros, y llegaba hasta los dos superintendentes
detenidos, Carlos Muñoz Roldán y Omar Franco. Toda la red estaba distribuida
entre las oficinas centrales de la SAT y las aduanas Puerto Quetzal, Central
y Santo Tomás de Castilla. En total, incluyendo a los integrantes de la estructura
externa de La Línea, participaron hasta sesenta y cuatro personas en la
operación.26
Poco a poco, las escuchas telefónicas y los seguimientos policiales de reuniones
de integrantes de la red en restaurantes de comida rápida para el intercambio de
bolsas donde se presume había dinero, fueron mostrando el grado de
permeabilidad de la SAT: los técnicos de aduanas respondían a los coordinadores,
y estos al administrador de Aduanas, que están bajo la responsabilidad del Jefe de
División Región Sur. Las órdenes no provenían sólo de los trabajadores de la SAT,
sino, sobre todo, de fuera; por ejemplo, una llamada entre el gerente de Recursos
Humanos de la SAT, Sebastián Herrera Carrera, y Mynor Humberto Pineda
Castellón, el financiero de la estructura, reveló cómo el gerente de Recursos
Humanos movía a su personal a pedido de alguien externo a la SAT. Anthony
Segura Franco, secretario general del Sindicato de SAT, se ocupaba, según la
acusación, de cobrar para asegurar que no hubiera ningún pronunciamiento
sindical por cualquier cambio.26
Pero, según la fiscalía, no todo era paz y
concordia entre los integrantes de la red; algunos técnicos aduaneros continuaban
con sus negocios particulares, cobrando por su cuenta a ciertos importadores.26
Los fiscales siguieron la pista a Aldana, y en una reunión en un restaurante de la
zona 16 lograron determinar que se reunía con otros miembros de la red: Byron
Izquierdo, Byron Leonel Linares, técnico de aduanas de Puerto Quetzal, el
coordinador de esa misma aduana, Manuel Alejandro Recinos Morales y el jefe
externo de la red: Osama Ezzat Aziz Aranki, un empresario de origen palestino, de
47 años, propietario de las empresas individuales Almacén Río Jordán,
Distribuidora Río Jordán, y Karina. Osama -alias Óscar, Olga, o el Árabe- poseía
también la importadora Universal Baby’s y un importante nexo con otros clientes
de la red.26
El 4 de junio de 2014, mientras Osama celebraba su cumpleaños en una reunión
con varios integrantes de la red, recibió la visita de alguien denominado en las
escuchas como «Eco», quien llegó en un picop de matrícula registrada a nombre

14. de Corporación de Noticias, S.A., la casa editora de los diarios Siglo 21 y Al Día, a
quien pronto identificaron como Salvador Estuardo González Álvarez,
representante legal y presidente de la corporación. «Eco» llevaría a la fiscalía ante
un jefe superior, un personaje nombrado en las escuchas como «JC» o «el
Moreno».26
El 11 de agosto de 2014, un seguimiento policial reveló la identidad del
«JC», «J2» o «el Moreno» al que se referían las llamadas de días antes; JC era
quien controlaba «La Línea», y quien controlaba La Línea tenía el control de la
SAT. En el seguimiento policial de ese día Eco tenía una reunión con «JC» en el
vestíbulo de un hotel de la zona 7 de la ciudad. JC resultó ser Juan Carlos Monzón
Rojas, el entonces Secretario Privado de Roxana Baldetti.26
En aquella reunión se
decidió sustituir a Osama por Byron Izquierdo como la nueva cabeza del grupo
externo de la red;26
aunque Izquierdo no duraría mucho al frente ya que el 1 de
octubre de 2014 el financiero Pineda le anunció al operativo Aldana la llegada de
Javier Ortiz Arreaga -el «teniente Jerez»- a la estructura.26
La salida de Osama en agosto y el nombramiento del «Teniente Jerez» como
nuevo dirigente apenas mes y medio después, hacia finales de septiembre, no
obedecieron sólo a los descontentos internos sino a las instrucciones de un
personaje referido como «El Presidente» para instaurar un mejor control en la red
de contrabando. Entre julio y agosto aparecieron más menciones veladas a cuidar
las comunicaciones telefónicas, a cambiar cada tanto el chip de los teléfonos, a
tener cuidado porque «las cinco letras» -las cinco letras: C-I-C-I-G - estaban
investigado.26
Para entonces, Ortiz también estaba siendo grabado y había
incorporado a la estructura a dos encargados de finanzas: Miguel Ángel Lemus y
Roberto Antonio Ramírez.26
Pero pese a ello, Estuardo González no había sido
reemplazado ya que su posición, vinculada directamente con Juan Carlos Monzón,
seguía siendo privilegiada.26
En esta etapa, que la investigación de CICIG denomina «de transición», en
octubre de 2014 aparece por primera vez la Boutique «Emilio», propiedad de Luis
Mendizábal, como el centro de operaciones de la red criminal. La sastrería,
también conocida como «la Oficinita», era un lugar con cierta fama en los círculos
políticos y de inteligencia no solanebte porque hace unas décadas se había
erigido en el único lugar en el que comprar ropa para caballeros, y al que acudían
políticos de cierto renombre, sino porque allí operaba su dueño, experto en
asesorías en materia de inteligencia. Un lugar donde además en 2008 se gestó el
célebre video del abogado Rodrigo Rosenberg contra el gobierno de Álvaro
Colom.26
Para el caso «La Línea», la boutique Emilio es clave por constituirse en
su principal centro logístico a partir de octubre. Entre las primeras cosas que se
tramaron allí estuvo la destitución de Carlos Muñoz Roldán como Superintendente
de la SAT; según coligieron los investigadores, con esa operación lograban un
control aún más directo de la SAT al colocar a Omar Franco al frente de la
institución.26
Carlos Muñoz Roldán -alias «el inútil», era el máximo encargado de «no ver, no oír
y no hablar» de lo que ocurría en las aduanas; fue electo por el presidente Otto
Pérez Molina, el 23 de abril de 2013, de entre una terna propuesta por el Directorio
de la SAT. Las escuchas sugieren que ese silencio tenía como precio el cinco por

15. ciento de todo lo recaudado por el pago irregular realizado a la estructura de La
Línea. El entonces Intendente de Recaudación y Gestión, Álvaro Omar Franco
Chacón, se quejaba con el financiero externo Mynor Pineda de recibir sólo «ciento
treinta y cinco mil pesitos» por su colaboración. 26
La gestión de Muñoz fue muy
criticada: hubo acusaciones de nepotismo y de incumplir las metas de recaudación
fiscal de 2013 y 2014, pero sobre todo, fue señalado por su intento de
subcontratar a la empresa argentina Kolektor, que pretendía terciarizar los
servicios de recaudación. Con un plan para acumular señalamientos en contra de
Muñoz que permitieran al presidente Otto Pérez Molina justificar la destitución del
Superintendente, varios oponentes de Muñoz se confabularon, entre ellos Anthony
Segura, secretario general del sindicato SAT y quien manejó el plan; el 21 de
noviembre apareció en Siglo21, diario de Corporación de Noticias -presidido por
Salvador González- un campo pagado del sindicato de SAT con los
señalamientos.26
Juan Carlos Monzón Rojas, llamó a Muñoz el 10 de noviembre
de 2014 para asegurarle que seguiría al mando de la SAT, mientras en paralelo
fraguaba su salida delegando esa responsabilidad a otros integrantes de la red.26
Geovani Marroquín, el enlace entre la red externa y los funcionarios de la SAT, ya
buscaba vincular de manera más directa al Intendente de Recaudación, Álvaro
Omar Franco Chacón. Poco más de un mes después, el 27 de enero de 2015,
Otto Pérez oficializaría el nombramiento de Franco. El vínculo entre Franco y «La
Línea» era directo y se concretó un día después de su designación al frente de la
SAT. La trama para la salida de Muñoz consolidó la nueva dirigencia de la
estructura con Javier Ortiz, el «Teniente Jerez», y Miguel Ángel Lemus Aldana
-alías Mike-, al frente de la estructura controladora de aduanas, con Geovani
Marroquín como enlace con la dirigencia superior -Estuardo González, alias
«Eco», y Juan Carlos Monzón Rojas como líder general de La Línea-, así como
con las autoridades de la SAT plegadas empezando por el Superintendente, Omar
Franco. Pero también fue el inicio del fin para la estructura: menos de tres meses
después de que asumiera Franco como Superintendente se realizaron los
primeros arrestos de personas vinculadas a la misma.26
Con la llegada de Ortiz, la empresa Corp y Company Gold, S.A., (Corpogold)
habría sido utilizada para mover los sobornos de la estructura de defraudación
aduanera; esa compañía estaba representada por un antiguo piloto de Francisco
Javier Ortiz Arriaga -alias el «Teniente Jerez», Delfino de Jesús Moratalla Coloma.
Corpogold fue constituida en junio de 2010 y los contratos millonarios llegaron en
2012, cuando inició la administración del presidente Otto Pérez Molina; las obras
fueron adjudicadas por la Municipalidad de La Gomera, Escuintla, dirigida por
Francisco Javier Vásquez Montepeque, esposo de la diputada Floridalma Leiva
-ambos del Partido Patriota.27
El MP y la CICIG sostienen que La Línea utilizó las
cuentas bancarias de Corpogold para que los importadores depositaran allí los
cobros ilegales, denominados «cola». Los montos eran retirados un día después
de que ingresaban, y luego eran repartidos entre los miembros de la organización,
de acuerdo con las pesquisas.27
Moratalla Coloma -prófugo desde el 16 de abril- era miembro activo de la Iglesia

16. de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en donde era un líder que le había
dado trabajo a muchos miembros de la iglesia. De acuerdo con Adrián Yela
Gómez, involucrado en el proceso y beneficiado con arresto domiciliario por
problemas de salud y que trabajó en Goldcorp, Moratalla Coloma abrió diferentes
cuentas bancarias, dos a nombre de su esposa Patricia y otras a nombre de él, las
que -de acuerdo al MP y la CICIG- habrían sido utilizadas por «La Línea».27
Capturas[editar]
Por este acto de corrupción fueron giradas 47 órdenes de captura, entre estas
contra Juan Carlos Monzón Rojas, secretario privado de la vicepresidenta Roxana
Baldetti.
El caso se lleva en el Juzgado Octavo de Instancia Penal, a cargo de la jueza
Marta Sierra Stalling, donde se pretende que los acusados brinden su declaración
y el MP junto a la CICIG presenten medios de prueba para ligar a proceso a los
sindicados.16
En la audiencia en que les hicieron saber los motivos de su
aprehensión, les imputaron los delitos de asociación ilícita para el
contrabando, contrabando aduanero y defraudación tributaria.16
El 20 de abril, Álvaro Omar Franco Chacón y Carlos Enrique Muñoz, los
destituidos y capturados superintendentes de Administración Tributaria (SAT), se
rehusaron a prestar primera declaración en el caso; también se negaron a declarar
Gustavo Morales Pinzón, Salvador Estuardo González y Byron Izquierdo.28
Sin
embargo, un técnico de la SAT, Giovanni Marroquín Navas, sí accedió a prestar su
primera declaración y explicó que llegó a esa institución en 2014 cuando lo llamó
el entonces superintendente Carlos Enrique Muñoz, para elaborar un proyecto que
favoreciera la recaudación de tributos internos, no externos, relacionados al tema
de aduanas. Según él, se presentó ese plan al presidente Otto Pérez Molina.28
Fecha de
captura
Nombre Ocupación [Expandir]Caso
Medida sustitutiva para algunos cabecillas[editar]
El 21 de abril Salvador González Álvarez –alias «Eco»– y Francisco Javier Ortiz
Arriaga –alias «Teniente Jerez»–, quienes según el Ministerio Público eran líderes
dentro de la red de defraudación aduanera «La Línea», quedaron en libertad
provisional por orden de la jueza Marta Sierra de Stalling;b
la jueza octava de
Instancia Penal determinó beneficiar en total a seis sindicados con libertad
provisional.2
Ortiz Arriaga se había convertido en el enlace entre los líderes y el
resto de la estructura, luego de un período de transición en 2014, cuando fueron
alertados de las investigaciones de la CICIG por alguien denominado «El
Presidente», de acuerdo a lo que evidencia una llamada telefónica
interceptada.2
Dentro de las funciones del teniente Jerez, estaba la colocación y
coordinación de miembros de la red en puestos importantes de la SAT; además, el
procesado manejaba una cuenta bancaria donde se consignaban los sobornos

17. que se cobraba a importadores a cambio de la reducción de los aranceles que
estipula la ley.c
Los otros tres beneficiados con libertad provisional fueron los colaboradores
externos de la red Mónica Patricia Jáuregui Zamora y Miguel Ángel Lemus, y los
vistas aduaneros José Rolando Gil y Carlos Ixtuc Cuc. Los seis beneficiados con
medida sustitutiva tienen arresto domiciliar, prohibición de salir del país,
prohibición para comunicarse entre ellos y deben firmar cada 15 días el libro de
medida sustitutiva del juzgado. Para poder obtener la libertad, deberán pagar
fianzas entre los doscientos mil y los doscientos cincuenta mil quetzales y el
juzgado a cargo del caso dio a conocer que González Álvarez, Ortiz Arriaga y
Jáuregui Zamora ya habían iniciado el proceso para cancelar la fianza
ordenada.2
Luego de beneficiar con arresto domiciliario y pago de multa a seis de
los implicados en el caso de corrupción, la jueza Marta Sierra de Stalling buscó
separarse del caso solicitando el traslado del expediente a una judicatura de alto
impacto.11
Acusan a jueza Sierra de Stalling de prevaricato[editar]
«La decisión de jueza no fue un producto del clamor popular ni
reflexiones jurídicas, fue un simple acto de corrupción. El
hecho de que los jueces vendan sus decisiones genera
sentimientos de tristeza.»
—Iván Velásquez
Jefe de la CICIG
8 de mayo de 201533
El 8 de mayo de 2015, Iván Velásquez –jefe de la Comisión Internacional contra la
Impunidad en Guatemala (CICIG)– dio detalles junto al Ministerio Público
guatemalteco de cómo los cabecillas de la estructura «La Línea» contactaron a un
bufete de abogados –al que llamó «bufete de la impunidad»– para que tramitaran
medidas sustitutivas con la jueza Marta Sierra de Stalling a través de sus
contactos. Velásquez explicó con detalles cómo lograron establecer que Francisco
Javier Ortiz –alias «Teniente Jerez»– se contactó con Luis Mendizábal para
comenzar a buscar el dinero y a los abogados que tramitarían las acciones para
dejarlos en libertad.33
El bufete era dirigido por el abogado José Arturo Morales Rodríguez –alias
«Chepito»– quien fue capturado el 8 de mayo junto con dos de sus colaboradores.
Velásquez informó que habló con el presidente Otto Pérez Molina para pedirle que
como jefe de Estado realice las acciones necesarias para lograr la restauración de
un ente de justicia autónomo.33
Finalmente, por dictar resoluciones contrarias a la
ley y supuestamente haber recibido soborno, la CICIG en conjunto con el MP
presentaron una solicitud de antejuicio contra la jueza Octava de Instancia Penal,
Marta Sierra de Stalling, señalada por cohecho pasivo y prevaricato.33
Recapturan a cabecillas[editar]
«Con todo esto identificamos una red de abogados dirigida por

18. José Arturo Morales Rodríguez, que coordina y planifica la
acción del grupo y pretende darle apariencia de legalidad a esa
gestión profesional cuando todo es en virtud a los contactos
que establecen con funcionarios judiciales, independientemente
de cualquier argumentación jurídica. Busca el beneficio de sus
clientes».
—Iván Velásquez
Jefe de la CICIG
8 de mayo de 201534
El 8 de mayo fueron recapturados y enviados a prisión preventiva, Francisco
Javier Ortiz –alias «Teniente Jerez»–, Miguel Ángel Aldana y Salvador Estuardo
González Álvarez –alias «Eco»– quienes pagaron Q200 mil para recuperar su
libertad, con la ayuda de un grupo de abogados contratados para la defensa del
caso pero que negociaron la libertad condicional con la juzgadora, de acuerdo a lo
relatado por el titular de la CICIG, Iván Velásquez.34 35
Velásquez explicó que la acusación de soborno se basa en una serie de escuchas
telefónicas y documentos recopilados por el ente investigador, que dejaron en
evidencia cómo allegados de Ortiz contrataron a un grupo de abogados que le
prestaron servicios no jurídicos para que el sindicado obtuviera beneficios de la
jueza. Según Velásquez, la estructura “proveedora de impunidad”, era dirigida por
José Arturo Morales Rodríguez,, Jorge Luis Escobar Gómez y Emilza Higueros,
quienes contactaban a sus clientes y ofrecían abogados defensores con
«contactos» en el Organismo Judicial.34
Asimismo, entre el 16 y 20 de abril, una
hija y una hijastra de Ortiz Arriaga realizaron retiros de efectivo de una cuenta
bancaria, cobrando varios cheques y en una de las transacciones bancarias se
especifica que es para pagar una medida sustitutiva; Velásquez explicó que en las
conversaciones se dijo que necesitaban el dinero «de puro contadito» para las
medidas sustitutivas.34 35
Interpol en busca de Luis Mendizábal[editar]
Artículo principal: Luis Mendizábal
El 18 de mayo de 2015 la Interpol anunció que giró una orden de captura
internacional para Luis Mendizábal, quien ya tenía una orden de captura vigente
en Guatemala por el delito de cohecho activo y es señalado por la Comisión
Internacional contra la Impunidad en Guatemala de haber tenido comunicación
con los otros integrantes de la estructura. La CICIG lo acusó de haber sido quien
se encargó de coordinar con el «bufete facilitador de impunidad», para lograr las
supuestas negociaciones con la jueza Marta Sierra de Stalling, a fin de buscar
medidas sustitutivas.36
Caso IGSS-Pisa[editar]
Artículo principal: Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
«Si presentamos a una persona como presunta responsable de
un delito es porque hay material probatorio que respalda esa

19. afirmación.»
—Iván Velásquez
Comisionado de la Comisión Internacional Contra la
Impunidad en Guatemala
tras conocer el fallo condenatorio contra los acusados del caso
IGSS-Pisa37
Entrada a las oficinas centrales del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en el Centro
Cívico de la Ciudad de Guatemala.
El 20 de mayo se descubrió el caso de corrupción de la junta directiva del Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) cuyos integrantes fueron capturados
por supuestas anomalías en un contrato que el seguro social firmó con la empresa
farmacéutica PISA, por medio de la cual se brindaron servicios a pacientes con
enfermedades renals. En total hubo dieciséis capturas, entre ellas la del
presidente de junta directiva del IGSS, Juan de Dios Rodríguez, quien fue
detenido por fraude y quien fue secretario privado del presidente, Otto Pérez
Molina; otro de los capturados fue Otto Molina Stalling, quien es hijo de la
presidente de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia de
Guatemala (CSJ), Blanca Stalling -que ya ha sido involucrada en las escuchas
telefónicas del caso de La Línea. Molina Stalling fungía como subgerente
financiero del IGSS en 2014, y fue detenido por asociación ilícita, cobro ilegal de
comisiones y tráfico de influencias.6
Según la investigación, los detenidos se
concertaron «con el ánimo de obtener beneficios económicos ilícitos a cambio de
la adjudicación de un contrato millonario a la Empresa PISA, que no llenaba los
requisitos, ni contaba con estructura básica para brindar el servicio a pacientes
renales del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social» y se habrían quedado con
el quince por ciento del total del monto del contrato, el cual asciende a los ciento
dieciséis millones dequetzales.6

20. Entre los miembros de la junta directiva del IGSS capturados estaba también Julio
Roberto Suárez Guerra, presidente del Banco de Guatemala, por delito de fraude.6
Por la tarde del 20 de mayo se conoció que la jueza asignada al caso, Silvia
Violeta de León Santos, fue señalada por la Comisión Internacional Contra la
Impunidad en Guatemala en 2013 de pertenecer a un grupo que en ese momento
denominón Jueces de la Impunidad, para quienes solicitó un antejuicio que
permitiera el enjuiciamiento respecto. Sin embargo, ese procedimiento no
prosperó porque la Corte Suprema de Justicia lo declaró improcedente.38
El 21 de mayo, el CACIF emitió otro comunicado en el que destacaba que sus
representantes ante diversas entidades han sido siempre escogidos sobre la base
de su comportamiento ético y buen desempeño y que por ello, Max Quirín estaba
ya a disposición del Juez competente para poder aclarar su situación personal. En
los mismos términos, la Cámara del Agro (CAMAGRO) se expresó en un
comunicado del 22 de mayo, donde destaca los cargos que ostenta Max Quirín:
presidente de la Asociación de Cafés Especiales de Estados Unidos (SCAA), en
representación de Guatemala; representante de Guatemala ante la Organización
Internacional del Café (OIC); director de la Asociación de Productores y
Exportadores de Café (PROCAFE); y ser uno de los altos directivos de la
Asociación Nacional del Café (ANACAFE), la cual también ha presidido. Además
de reconocer la trayectoria profesional y honorabilidad de Quirín, la CAMAGRO
pidió indicó que Quirín es una persona idónea para que se le beneficie con la
aplicación de una de las medidas sustitutivas que la Ley contempla, en caso esté
sujeto a algún proceso de investigación, cuando aún el empresario no brindaba
declaración en la audiencia ni se conocían las pruebas de su
detención.39
Finalmente, el 23 de mayo la Asociación de Exportadores de Café
(ADEC) publica un comunicado dirigido a la opinión pública, que se refiere en
términos parecidos a la trayectoria de Quirín. Los tres comunicados dejan claro
que para esos sectores empresariales Quirín es inocente y piden al MP que se
realice una investigación seria, responsable y a fondo para castigar a los
efectivamente responsables de los hechos que se señalan.39
Reacciones[editar]
El jefe del Ejecutivo, general Otto Pérez Molina, indicó que solicitó a la CICIG no
investigar a la vicepresidente y también negó que Monzón Rojas haya influido para
nombrar a Omar Franco como superintendente de Administración Tributaria, pese
a que la CICIG mencionó que el secretario privado de la Vicepresidenta prometió a
Franco influir en su nombramiento.14
Ahora bien, en una entrevista del seis de
enero de 2015 en el noticierio radial Emisoras Unidas, Pérez Molina había
indicado que habían investigado el origen de las propiedades de Monzón Rojas,
pero el 16 de abril mencionó que lo único que su gobierno hizo fue revisar la
legalidad de los documentos que respaldan el millonario patrimonio de Monzón
Rojas y no cómo lo había obtenido.14
Pérez Molina aseguró que no destituiría a la intendente de Aduanas, Claudia
Méndez Asencio, pese a que fue durante su administración que la estructura

21. criminal «La Línea» pudo operar en las aduanas del país.14
El mandatario indicó
que él y la Vicepresidenta, quien dirige la Comisión Contra el Contrabando, no
sabían que Monzón era parte de una estructura criminal que robaba a la
Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).14
El embajador de Estados Unidos en Guatemala, Todd Robinson, dijo que la
desarticulación de la red criminal «La Línea» es una muestra del buen trabajo en
conjunto con el Ejecutivo, el Ministerio Público y la CICIG. «Lo ocurrido no sé sí
justifica o no la presencia de la CICIG en el país, pero sí muestra la necesidad de
enfrentar la corrupción y que la CICIG es una buena herramienta para ello. Hay
que buscar maneras creativas para conseguirlo», manifestó el embajador.14
El 17 de abril, el grupo de Facebook #RenunciaYa —en forma similar a lo hecho
por los miembros del Partido Unionista para la manifestación de 11 de marzo de
192040
contra el gobierno del licenciado Manuel Estrada Cabrera, pero
aprovechando los avances tecnológicos del siglo XXI— hizo público un
comunicado pidiendo que se hiciera una manifestación pacífica el sábado 25 de
abril para exigir la renuncia del presidente y de la vicepresidente del país.41
Debido
a los constantes rumores en las redes sociales, el grupo emitió un comunicado el
20 de abril en donde explicó que lo siguiente:41
• Su objetivo era solicitar la renuncia al cargo
de Roxana Baldetti, y solicitar que el presidente Otto
Pérez Molina renuncia a su derecho de antejuicio.
• No había ninguna agrupación política ni de otra índole
detrás de la invitación.
• La solicitud estaba basada en la legalidad.
• No estaban solicitando firmas para que nadie se
aprovecha de ellas después.
• No eligieron ningún color insignia.
• No invitaron a ningún partido político y los
organizadores no eran dirigentes ni políticos.
• No va a haber marcha: sólo una manifestación en
la Plaza de la Constitución.41
El 21 de abril, la intendente de aduanas, Claudia Méndez Asencio —quien
acababa de retornar de un congreso aduanero en Chile42
—, ofreció una
conferencia de prensa desde la sede central de la Superintendencia de
Administración Tributaria (SAT).43
En la conferencia, Méndez señaló que conocia a
Juan Carlos Monzón, pero desconocía sobre sus actos, y también indicó que
cuando ingresó a la intendencia sabía que había irregularidades. En cuanto a
Francisco Javier Ortiz —alias teniente Jerez— otro de los implicados en la red,
indicó que no lo conocía. Cuando le preguntaron acerca de la investigación de la
CICIG dijo que su función no es de investigación y que por eso la desconocía;

22. ahora bien, señaló que en 2014 se presentaron veinticuatro expedientes que
tuvieron sanción administrativa, y nueve con sanción penal. En cuanto a su posible
involucramiento con la red, indicó que no formaba parte de la estructura aunque
ha recibido denuncias anóminas en las que le dicen que la estaban implicando y
por esto ha solicitado por escrito seguridad para su persona.43
Claudia Méndez
también reportó que había una estructura que funcionaba ilegarmente en Puerto
Quetzal, la cual fue denunciada, pero fue desestimada por SAT. Finalmente,
señaló que las soluciones de la problemática estaban a alto nivel: se necesitaba
automatizar la información y presupuesto de las aduanas y consideraba que con
ello un setenta y cinco por ciento del problema se resolvería.43
Finalmente, afirmó
que para asumir el cargo fue evaluda por el presidente, la vicepresidente y Carlos
Muñoz y que ya antes había trabajado en el sistema tributario, pero que había
presentado su renuncia a Omar Franco porque nadie le pidió actual fuera de la ley,
pero se dió cuenta de que había personal asignado a la Aduana Central que en
realidad estaba en otra aduana y que el gerente de recursos humanos no tenía el
control de los traslados.43
Indicó que esa problemática también existía en el
Registro Nacional de Población -RENAP-, en la Dirección General de Migración, y
en el Ministerio Público, entre otros.43
El 22 de abril por la tarde comenzó a circular en las redes sociales un anónimo
muy haciendo un llamado para llevar a cabo un «plan B, #revoluciónya» para el 27
de abril. El «plan B» pidió a la población no enviar a sus hijos a clases el 27,
porque Guatemala «a nivel nacional estará paralizada porque habrá una
manifestación para pedir “la dimisión del cargo de Otto Pérez, Roxana Baldetti y la
abolición del Congreso». El documento mencionaba la presencia de
«comandantes de grupo» para manejar a los participantes, quienes deberían
reunirse en grupos de cinco o diez, con los rostros cubiertos «si era necesario»44
y
solicitaba colocar en las calles «cualquier objeto que obstruya el paso en un
minuto o menos», «distraer con una llamadita falsa a la PNC» y «avanzar
al Palacio Nacional y al Congreso a tomar el control, sin destruir la propiedad de
nadie».44
Finalizaba diciendo: «no te preocupes tanto por la PNC. Algunos saben y
están a favor nuestro. (No todos)”.44
A pesar de todo, el supuesto plan B de este
anónimo nunca se llevó a cabo y el 27 de abril transcurrió con normalidad en el
país.
El 23 de abril, el Partido Guatemalteco del Trabajo —partido comunista de
Guatemala— emitió un comunicado en que expresa que más allá de la corrupción
encontrada en el equipo de gobierno, evidenciada por la captura de los personajes
de la SAT y de los allegados a la Vicepresidente, existe un sistema de evasión en
las aduanas que no ha sido atacado, al punto que no se conoció hasta el momento
un solo nombre de empresarios que se beneficiaron de la red de fraude
tributario.45
Mayo de 2015[editar]
El 1.º de mayo de 2015, Día Internacional del Trabajo, se publicó un documento
que explica la situación que atravieza Guatemala luego de que se descubrió que
se está investigando a los involucrados en «La Línea»; este documento indica que
desde que el gobierno pasó a manos civiles en 1985, los cambios principales en

23. Guatemala fueron que a la gran mayoría de los movimientos indígenas y
campesinos fueron convertidos en Organizaciones No-gubernamentales (ONGs),
los sindicatos se plegaron a la política gubernamental y los ex guerrilleros se
organizaron en partidos políticos de izquierdas sin mayor fuerza y la ciudadanía se
convirtió en una masa de consumidores compulsivos, indiferentes con lo que
ocurre con el gobierno.46
Tras comprobarse fechacientemente lo del robo
sistemático en las aduanas del país -algo que se sospechaba y rumoraba desde
hacía décadas- hubo movimientos espontáneos que se organizaron a través de
las redes sociales -tal y como ocurrió en Egipto y en Grecia unos años atrás-46
y
que dirigían su indignación hacia la clase política del país.
Ahora bien, el problema es que este movimiento social está solamente aglutinados
por emociones molestias compartidas, e inició su articulación alrededor de
demandas comunes, pero circunstanciales sin mayor proyección sociopolítica, ni
prevención de posibles escenarios hipotéticos.46
«Hasta la fecha no hemos visto ni una sola acción de parte del Presidente para el
combate de este flagelo.
La actuación de los diputados en los últimos cuatro años ha sido ineficiente,
irresponsable y contraria a los intereses de la población; por ello exigimos la aprobación
urgente de modificaciones a las leyes relacionadas con temas de transparencia.»
—Jorge Briz
Presidente del CACIF
19 de mayo de 201547
El 19 de mayo, tras las masivas marchas que se produjeron el 16 de ese mes, el
CACIF presentó al gobierno una hoja de ruta para sacar al país centroamericano
de la crisis en que estaba.47
El ente rector de las cámaras empresariales de
Guatemala exigió al presidente Otto Pérez Molina un efectivo e inmediato combate
a la corrupción sugiriendo en primera instancia, los contratos millonarios del
Estado que han despertado dudas en varios ministerios; demandó que se tomen
medidas concretas e inmediatas para combatir la corrupción en el Estado, como la
revisión de contratos millonarios en los ministerios de Gobernación, Salud y
Desarrollo Social, entre otros y que sean declarados lesivos. Además, pidió al
Gobierno que se aprueben leyes de transparencia lo más pronto posible y que se
eliminen plazas fantasmas, como las que existen actualmente en la Dirección
General de Aeronáutica Civil.47
Asimismo, el CACIF criticó duramente al Congreso de la República, pues acusó a
los diputados de no promover las leyes y las reformas necesarias que ayuden a la
transparencia ante la actual crisis política, y a la Contraloría General de Cuentas
por no fiscalizar correctamente.47
Finalmente, los empresarios indicaron que que
emplazarán al Gobierno si no existe una pronta respuesta al respecto puesto que
esta fue la la tercera vez que le pedimos al Presidente de la República que actuara
de inmediato y no se ha visto reacción.47
«Venimos como doscientas personas de nuestro municipio San Luis, Petén. Salimos

24. ayer a las ocho de la noche, y llegamos hoy a las cuatro de la madrugada. Entre todos,
incluyendo quienes no vinieron, tuvimos que ajustar Q. 125.00 por persona para el bus.
Y aquí estamos. Nos vamos felices. Es la primera vez que sentimos aceptación en la
ciudad y en las radios,(...)»
—Mariano Caal
joven indígena q'echi' que partipó en la marcha campesina
20 de mayo de 201548
Tras haber dos marchas organizadas por la clase media guatemalteca frente
al Palacio Nacional el 25 de abril y el 16 de mayo de 2015, los campesinos
indígenas guatemaltecos informaron que también marcharían el 20 de mayo de
2015. Campesinos provenientes de 20 departamentos, irrumpieron en laCiudad de
Guatemala, y por cuatro columnas diferentes llegaron a la Plaza de la
Constitución, bajo la consigna de: «¡Fuera políticos, empresarios y militares
corruptos! Vamos por un proceso de Asamblea Constituyente Popular y
Plurinacional».48
Esta multitud campesina -que ha sido criminalizada como
«ladrones de energía eléctrica» por el gobierno del general retirado Otto Pérez
Molina por oponerse a la construcción de hidroeléctricas en sus territorios- llevaba
mantas y rústicos equipos de sonido para gritarle a la ciudad mestiza:
«¡Capilatinos, despiértense!. ¿O están de acuerdo con seguir teniendo de
gobernante a los ladrones?» Los manifestantes campesinos manifestaron por
cerca de dos horas en la plaza y desde un estrado móvil improvisado, y en
diferentes idiomas mayas, exigieron la renuncia del gobierno de Otto Pérez
Molina y la creación de un nuevo Estado en Guatemala.48
Aunque el racismo hacia la marcha campesina fue evidente porque numerosos
habitantes de la ciudad que apoyaban las marchas del grupo #RenunciaYa se
quejaban de que las marchas campesinas iban a provocar bloqueos e
inconvenientes para transitar en la ciudad, y los medios de comunicación del país
casi no le prestaron atención a los manifestantes, cubriendo en su lugar la captura
de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, también por
delitos de enriquecimiento ilícito,48
los indígenas contaron con el recibimiento y
apoyo presencial de vecinos y estudiantes de las universidades -tanto de la
nacional como de varias universidades-, un verdadero acto simbólico performativo
del «ensamblaje» de la indignación del campo y de la ciudad.48
Consecuencias[editar]
Abril de 2015[editar]

25. «Renuncio porque no estoy dispuesto a encabezar un proyecto
cuyo único objetivo es llevar diputados al Congreso con la
misión de proteger intereses mezquinos y de buscar espacios de
impunidad de funcionarios corruptos cercanos a la
vicepresidenta Roxana Baldetti».
«En unos ocho o 10 días anunciará si se dedica por completo a
su familia o sigue en política a la cabeza de un “movimiento
nacional de cambio».
«Sí he conversado con [el expresidente] Alfonso Portillo,
compartimos la visión sobre la nación, con diferencias en el
modo de llevarla a la práctica».
—Alejandro Sinibaldi excandidato presidencial del Partido
Patriota.
19 de abril de 201549
El domingo 19 el precandidato presidencial y fundador del Partido
Patriota, Alejandro Sinibaldi, renunció junto a decenas de alcaldes y una veintena
de diputados, y probablemente compita con otro partido político.8
Como razones
para su renuncia señaló:
• Los dos contratos otorgados a la empresa israelí M
Tarcic Engineering Ldta. por Q137.8 millones para
“limpiar” las aguas de Amatitlán.d
• El desmantelamiento por la CICIG y el Ministerio
Público de «La Línea» en la Superintendencia de
Administración Tributaria, que incluyó las capturas del
titular actual y su antecesor, Omar Franco y Carlos
Muñoz, respectivamente.
• La crisis hospitalaria.
• Las desacertadas intervenciones declaradas por el
Ejecutivo en las aduanas y puertos marítimos.49
Esa tarde, la vicepresidente de Guatemala, Roxana Baldetti, ya de regreso al país
proveniente de Corea del Sur ofreció una conferencia de prensa, en la que informó

26. que lamentaba lo ocurrido con Sinibaldi y que siempre habían tenido diferencias
pero que no se imaginaba que él estuviera tan disgustado con ella.17
En la misma conferencia de prensa, Roxana Baldetti se deslindó de la millonaria
defraudación asegurando que ella no forma parte de la red del crimen organizado
descubierta.17
La mandataria mostró videos de años anteriores en los que ella
decía que ya se investigaban estructuras que defraudaban al fisco y que éstas
pronto darían resultados, tiempo en el cual Monzón laboraba para ella como su
mano derecha. Según la vicemandataria, ésta era la primera vez que ella viajaba
junto a Monzón y fue ella misma la que le contó a su ex secretario sobre la
investigación y lo destituyó del cargo. Cuestionada por periodistas sobre su
paradero, desconocido durante más de cuarenta y ocho horas, la vicemandataria
abandonó el recinto donde brindaba declaraciones sin aclarar las dudas de
periodistas.17
El 19 de abril de 2015 se especulaba que la crisis del gobierno guatemalteco
podría agravarse, ya que tras el proceso legal contra Marllorie Chacón, una mujer
guatemalteca acusada y procesada por narcotráfico en los Estados Unidos se
supo que Chacón logró un acuerdo con la Fiscalía estadounidense a cambio de
información.13
Se temía que este acuerdo resultara en el anuncio de una
acusación penal en contra de funcionarios guatemaltecos de alto rango por delitos
vinculados al lavado de dinero proveniente del narcotráfico o bien, en el anuncio
de sanciones administrativas y económicas para funcionarios de gobierno y de
otros poderes del Estado.13
Cualquiera de las dos opciones ubicaría al país en
grave predicamento.13
Mientras se celebraba Junta de Gabinete entre Otto Pérez
Molina y Baldetti con sus ministros, secretarios y secretarias, en las afueras de la
Casa Presidencial se agolpaba un grupo ciudadano que, portando cartulinas y
mantas, exigía la renuncia de la pareja gobernante por este escándalo SAT.18
El 21 de abril, la Cámara Empresarial de Comercio y Servicios -entidad que
aglutina a los principales miembros de la élite económica guatemalteca- pidió, por
medio de un comunicado, la continuación de las investigaciones para dar con las
personas y empresas que se prestaron a pagar sobornos, para lograr introducir
mercadería al país sin pagar la totalidad de los tributos que hubieran
correspondido. El presidente de la Cámara del Agro, Nils Leporowski, refirió que
su agrupación en ningún momento iba a defender a alguien que haya tenido que
ver en esta red de defraudación al Estado y reiteró que seguramente van a haber
empresarios que utilizaron esta red. Por su parte, el director ejecutivo de la
Cámara de Industria de Guatemala, Javier Zepeda, expresó que así como
apoyaban este tipo de operativos que la Comisión Internacional contra la
Impunidad en Guatemala realizó en coordinación con el Ministerio Público y
entidades de Gobierno, de la misma forma están de acuerdo en que empresas
privadas sean sometidas a investigación y al proceso, y se actúe conforme a lo
que preceptúa la ley.50
Finalmente, la Cámara del Agro informó que se retiró de
forma temporal de la Comisión Nacional contra el Contrabando, luego de las
capturas realizadas por contrabando y defraudación aduanera el 16 de abril.50
El 23 de abril, presionado por diversos sectores del país, el presidente Otto Pérez
Molina anunció que había solicitado al Secretario General de las Naciones

27. Unidas que se extendiera el mandato de la CICIG por dos años.51
El comisionado
de CICIG, el colombiano, Iván Velásquez, expresó que efectivamente es una
demostración de la voluntad de la lucha contra la impunidad y el fortalecimiento de
la justicia, la solicitud de extender el mandato de esta Comisión de la ONU.51
Ese
mismo día por la tarde la intendente de aduanas, Claudia Méndez Asencio,
anunció que había presentado su renuncia al cargo, la cual fue puesta a
consideración del director interino de la SAT.42
El 24 de abril, el Ministerio Público reactivó el caso del desvío de Q.82.8 millones
de los fondos del Congreso que ocurriera en 2008, y por el que la entonces
diputada Roxana Baldetti presionó para que renuncia el presidente del Congreso,
y exrector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Eduardo Meyer
Maldonado.52
En ese momento, el entonces director financiero del organismo
legislativo, Benvenuto José Conde, asumió la responsabilidad, pero luego se dió a
la fuga; fue capturado el 24 de abril junto a otras veinte personas que habrían
colaborado con el desfalco, incluyendo su esposa, Ada Elizabeth Herrera Montt de
Conde, en su residencia de zona 11 de la Ciudad de Guatemala.52 e
El 25 de abril de 2015 se realizó la manifestación pacífica en la Plaza de la
Constitución. Hubo fuerte presencia de la Policía Nacional Civil en las
inmediaciones y una marcha pacífica de estudiantes de la Universidad de San
Carlos salió del Campus Central en la zona 12 para llegar a la Plaza a las 3:00
pm. Asisteron aproximadamente veinte mil personas -de más de tres millones y
medio que viven en la ciudad- y se manifestaron frente al Palacio Nacional de la
Cultura antigua sede del poder ejecutivo convertida en museo y salón de actos a
finales del siglo XX.53 54 55
A esta manifestación se unió una marcha de
aproximadamente tres mil estudiantes de la Universidad de San Carlos.53
“El saqueo a la SAT y el robo de los impuestos de los
guatemaltecos, es parte del robo y saqueo histórico, del agua,
tierra, bienes del subsuelo y la madre naturaleza”, dice el
comunicado.
—Representantes de las setenta y dos comunidades indígenas
de Guatemala
29 de abril de 201556
El lunes 27 de abril por la noche, el presidente Pérez Molina en cadena nacional
de radio y televisión anunció que dió órdenes para que se persiga a Juan Carlos
Monzón y dijo sentirse indignado también por los acontecimientos. Asimismo,
convocó a una fuerza de tarea para reestructurar a la SAT.57
Por su parte, el
CACIF -en líder de los empresarios de la élite guatemalteca dirigido por el ex
ministro de Relaciones Exteriores Jorge Briz Abularach- y otros sectores,
solicitaron que el presidente, la vicepresidente y sus funcionarios entregen una
declaración de sus respectivos patrimonios.58
Al día siguiente, 28 de abril, el
superintendente en funciones de la SAT aceptó la renuncia de Claudia Méndez
Asencio, y confirmó que la intentendencia de Aduanas que ésta dirigía era un
feudo del Ejecutivo dentro de la SAT y no un ente de la misma;59
ese mismo día, el

28. Ministerio Público (MP) aún no había efectuado capturas de empresarios que
hubiesen utilizado los servicios de «La Línea», pero aseguró que las
investigaciones continuarán hasta dar con todos los culpables. El MP explicó que
no ofrecía información sobre los nombres de las empresas que participaron en la
red de defraudación tributaria porque las investigaciones están en desarrollo y no
quiere entorpecer el proceso.60
El 29 de abril los representantes de las setenta y dos comunidades indígenas de
Guatemala detallaron que «estaban hartos e indignados ante la corrupción e
impunidad», y que «el presidente y vicepresidenta no tienen legitimidad, ni
legalidad para ejercer como dignatarios de la nación».56
Aseguraron que van a
celebrar marchas en la Ciudad de Guatemala y en la provincia para dar un
respaldo al trabajo de la CICIG, a la que pedirán que también investigue a otras
instituciones del gobierno. El sector industrial y comercial de Guatemala,
representado por el CACIF, señaló que estaba en constantes diálogos con la
CICIG para colaborar con las investigaciones y que si los implicados pertenecieran
a alguna asociación empresarial aglutinada en el CACIF, serían expulsados de las
gremiales siempre y cuando hubiera una sentencia condenatoria en su contra.61
Al
día siguiente, 30 de abril, el Ministerio Público guatemalteco presentó un antejuicio
por el delito de prevaricato contra la jueza Marta Sierra de Stalling por otorgar
medidas sustitutivas a seis implicados en la estructura «La Línea».62
El 30 de abril miembros del grupo #RenunciaYa realizaron una protesta de artistas
musicales el jueves 29 de abril frente a la Casa Presidencia, y otra protesta en
Plaza Obelisco, zona 10 de la ciudad en donde colocaron listones negros en los
vehículos en repudio a la corrupción.63
Mayo de 2015[editar]
«El Joviel [Acevedo, líder del sindicato del magisterio
guatemalteco] que conocieron no es el de ahora. Ha madurado
y ha entendido que ser dirigente de uno de los más grandes
sindicatos le obliga a sentarse en una mesa y buscar acuerdos».
—Roxana Baldetti Elías
Vicepresidente de Guatemala64
Miles de personas que participaron en la marcha conmemorativa del Día
Internacional del Trabajo manifestaron contra los escándalos de corrupción en
la Superintendencia de Administración Tributaria y exigieron a los Tribunales de
Trabajo cumplir con la ley y dar seguimiento a todos los casos que conocen. La
marcha se inició en el Monumento al Trabajo -en la 26 calle y 26 avenida de la
zona 5 de la Ciudad de Guatemala y terminó en la Plaza de la Constitución.63
Las
tradicionales marchas de ese día tuvieron doble objetivo y que se mantuvieron
activas la mayor parte del día en diferentes puntos del país.63
El grupo #RenunciaYa convocó a varias actividades de proesta pacífica,
incluyendo: el sábado 2, en la Plaza de la Constitución se reunirá un grupo
convocado por el movimiento Anonymous Guatemala y el domingo 3 en la
Calzada Roosevelt motoristas harán una caravana que llevará implícito el mismo

29. fin. Por último, el sábado 16 de mayo a las 15 horas, la Plaza de la Constitución
volverá a ser el escenario de la manifestación pacífica.63
Para principios de mayo
ya eran varias las demostraciones de hartazgo por la corrupción y la impunidad
que se han enseñoreado en Guatemala. Después del 25 de abril han seguido
demostraciones todas las tardes en las cercanías de la casa presidencial, y luego
ocurrieron las marchas del 1 y 2 de mayo.65
«Nosotros venimos a protestar porque se respeten nuestros
derechos laborales. Tanto ellos como nosotros tenemos el
mismo derecho a manifestarnos”, expresó Bonifacio
Velásquez, dirigente del Sindicato de Trabajadores de Fritolay.
Según explicó ese era el motivo de su marcha, pero si alguno
de los integrantes tenía la intención de sumarse a la protesta
contra el Gobierno, podía hacerlo también.»
—Dirigente del Sindicato de Trabajadores de Fritolay
1 de mayo de 201564
La cantidad de personas concentradas en la Plaza de la Constitución el 2 de mayo
para exigir la renuncia del binomio presidencial concentró de forma notable a
muchas menos personas que en la protesta anterior.64
En las redes sociales se
promovía a las personas interesadas en participar que asistieran a todas las
manifestaciones, aunque se esperaba una mayor afluencia para el 1 de mayo
debido a la presencia de los sindicatos del país, que cada año marchan por el
Centro Histórico para defender sus derechos laborales.
Los sindicatos salieron de la zona 5 hacia el parque central, donde ya se
encontraban algunos de los indignados que pedían la renuncia de los altos cargos
del Ejecutivo. Algunos sindicatos se unieron a la protesta de los indignados:
trabajadores reunidos por la Confederación Central General de Trabajadores de
Guatemala (CGTG), así como integrantes del Comité de Unidad Campesina
(CUC) y estudiantes universitarios permanecieron en el centro de la Plaza de la
Constitución. Sus dirigentes hablaban desde una tarima con las demandas
habituales de mejores condiciones de trabajo, el respeto a sus derechos y
condiciones de mayor justicia social, pero esta vez acompañaron sus peticiones
con protestas contra el Gobierno. Miembros de la facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad de San Carlos enfocaron sus esfuerzos en
conseguir firmas para una petición concreta de la renuncia del presidente y la
vicepresidenta, el nombramiento de un gobernante interino, la suspensión de las
elecciones y la refundación del Estado por medio de reformas a la Constitución
Política.64
Pero la manifestación al frente del palacio permaneció desapercibida
para el resto de grupos sindicales; fueron muy pocos los miembros de los distintos
sindicatos que se interesaron en unirse a la otra manifestación.64
A pesar del
apoyo de algunos sindicatos, otros más numerosos como los del Ministerio de
Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) o el Sindicato de Trabajadores de la
Educación de Guatemala (STEG) no estuvieron dispuestos a apoyar la
causa;64
según un dirigente del Comité de Unidad Campesina (CUC), ya son tres
gobiernos seguidos en los que el MSPAS y el STEG, entre otros grupos

30. sindicales, se han desentendido de las necesidades del país tras haber pactado
por intereses sectoriales con las autoridades.64
Licenciado Alejandro Maldonado Aguirre, designado como Vicepresidente de Guatemalatras
la renuncia de Roxana Baldetti.
Por parte de los campesinos, las posturas estuvieron tan divididas como las de los
sindicalistas: si bien el CUC se encontraba el 1 de mayo entre quienes pedían la
renuncia de los altos funcionarios, el CONIV prefirió permanecer al margen esta
ocasión; sin embargo, antes del 25 de abril, ante la amenaza de protestas
violentas identificadas en las redes sociales como #revolución y #planB, circuló un
comunicado firmado por la Coordinadora en la que se afirmaba que campesinos
viajarían a la capital a defender el orden constitucional «con el machete bien
afilado» y con «el machete en la mano».64
En las diferentes concentraciones no hubo discursos porque no hacen falta ya que
la demanda es contundente: renuncia del presidente y de la vicepresidente; y se
vieron personas de todas las condiciones sociales y de todas las precedencias
religiosas o políticas.65
Además, los participantes de las manifestaciones no se
refieron a la elecciones programadas para el 6 de septiembre, sino en el fin de la
corrupción y en el castigo a los corruptos; los sectores políticos pensaron que esto
ponía en riesgo el proceso electoral pues lo veían como la base del proceso
democrático que se inició en 1985 pero la situación era tal que ya se estaba
propaganda la desconfianza en todo el sistema y no solamente en los
gobernantes.65
Se había convocado para otra concentración el 16 de mayo, pero
la ciudadanía tenía urgencia de que la situación de Guatemala se solucionara y
convocó otra concentración para el 9 de mayo.65
El 8 de mayo la CICIG procedió a capturar a los abogados defensores de los
cabecillas de la red de contrabanda que habían sido beneficiados por medidas
sustitutivas, y expuso como funcionaban los que denominón bufetes de impunidad.
También recapturó a los cabecillas de La Línea.66
Ese mismo día, por la tarde, el

31. presidente Otto Pérez Molina anunció que la vicepresidente Roxana Baldetti había
renunciado a su cargo, lo que fue recibido con algarabía por los manifestantes que
se habían encadenado a las puertas del Palacio Nacionaly por un grupo que se
unió a ellos en la Plaza de la Constitución.4
Tras la renuncia de Baldetti Elías, se realizaron manifestaciones populares
espontáneas en la Plaza de la Constitución y en el Obelisco de la Ciudad de
Guatemala; durante dicha celebración se escuchó el clamor «¡Sigue Tito!» en
referencia a que ahora se perseguía la renuncia del presidente Pérez Molina, ya
que «Tito» era el nombre de batalla que Pérez Molina utilizaba durante la Guerra
Civil de Guatemala.67
Horas antes de renunciar, Baldetti intentó presentar un amparo ante la Corte de
Constitucionalidad (CC) pidiendo que la solicitud de retiro de antejuicio fuera
denegada; pero los cinco magistrados de la CC, por unanimidad, rechazaron
otorgar el amparo provisional a favor de la vicepresidenta. Fue la noticia que
Baldetti recibió horas antes de decidirse a entregar su carta de renuncia al
presidente.67
La renuncia de Baldetti Elías fue aceptada el 9 de mayo en sesión
extraodinaria del congreso, a la que asistieron cienco cuarenta y cinco diputados,
y en donde hubo unanimidad por aceptar la renuncia de la hasta entonces
vicepresidente.68
El lunes 11 de mayo, The Associated Press (AP) reportó que la intriga de
sobornos a jueces para liberar de la cárcel a algunos de los acusados de «La
Línea» podría haber alcanzado a la Corte Suprema de Justicia de Guatemala; las
llamadas telefónicas grabadas a las que AP tuvo acceso detallarían las
negociaciones a puerta cerrada entre el empresario guatemalteco Luis
Mendizábal, los abogados del llamanbo «bufete de la impunidad » y varios
miembros de «La Línea» y en una de ellas, el 16 de abril de 2015 Mendizábal le
habría dicho a Javier Ortiz -quien ya se encontraba detenido- que mantuviera la
calma porque pronto será dejado en libertad. Según AP, Mendizábal le dice a
Ortiz: «Nosotros aquí estamos, al pie del cañón, no te estamos abandonando en
absoluto, vos sabés. Blanca Stalling es la que está detrás y ellos [el «bufete de
impunidad»] tienen muy buena comunicación, estamos en esa»; ahora bien, la
magistrada Blanca Aída Stalling Dávila es integrante de la Corte Suprema de
Justicia de Guatemala.69
|entros urbanos del país, siendo el más concurrido el de la Ciudad de
Guatemala que reunió a más de cincuenta mil personas quienes por cerca de tres
horas pidieron la renuncia del presidente y la depuración del gobierno.70
Ese
mismo día se supo que el gobierno hará varios cambios en el gabinete del
Ejecutivo, luego de que el 15 de mayo renunciara el ministro de Energía y Mias,
Erick Archila, tras ser acusado de otorgar concesiones sobrevaloradas para la
generación de energía eléctrica.71
El domingo 17 de mayo, un día después de masivas mabifestaciones contra la
corrupción en el país, el Partido Patriota celebró su asamblea nacional y postuló
a Mario David García Velásquez como su candidato presidencial.72
García
Velásquez es un respetado periodista y economista guatemalteco, pero ha sido

32. vinculado a Luis Mendizábal en el pasado, específicamente en el Caso
Rosenberg.7
El 21 de mayo renunció el ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla,
aduciendo que va a enfrentar las acusaciones de contratacioness dudosas que se
habrían hecho durante su gestión en ese ministerio; ese mismo día el presidente
Pérez Molina aceptó la renuncia y desmintió que la renuncia se hubiera producido
por discrepancias entre ambos por la captura de Juan Carlos Monzón -supuesto
líder de la red de contrabando.73
El presidente también anunció la remoción de la
ministra de Ambiente, Michelle Martínez.73
El 27 de mayo de 2015, la agencia calificadora Moody's colocó en perspectiva
negativa la deuda soberana de Guatemala, hasta ahora en estable, debido a los
escándalos de corrupción, aunque le mantiene la calificación Ba1.74
Según dicha
agencia de calificación crediticia estadounidense, la situación política se ha
agravado «rápidamente» por los escándalos de corrupción y no descarta la
posibilidad de que una crisis política prolongada pudiera llevar a una crisis
institucional y de gobernabilidad, generando incertidumbre sobre el rumbo de la
política económica e impactando de manera adversa la perspectiva
macroeconómica del país. La agencia también subraya la incertidumbre que existe
sobre las elecciones y si el presidente Otto Pérez Molina podría finalizar su
periodo y entregarlo en enero de 2016.74
El juzgado de alto riesgo que lleva el caso de «La Línea» informó el 28 de mayo
que en los últimos días había realizado allanamientos en dieciocho propiedades
que podrían estar vinculadas con la ex-vicepresidente Roxana Baldetti, entre
residencias y empresas.75
En los allanamientos se incautaron documentos y
computadoras para su análisis y se descubrió que algunas de las empresas no
existían más que en documentos.75 76
Ese mismo día, el hijo mayor de Balditte fue
fotografiado en la terminal del Aeropuerto Internacional La Aurora cuando iba de
viaje hacia México.77
Junio de 2015[editar]
Jornada del 3 de junio[editar]
La foto de un humillado «Presidente de la República»,
anunciando el cese forcivoluntario de su yerno y secretario
privado, bajo el tutelaje y la penetrante mirada del embajador
de los Estados Unidos —míster Robinson— situado en
retaguardia, es una escena entre dantesca y surrealista.
—Pedro Trujillo
Prensa Libre
9 de junio de 201578
El 3 de junio circuló en Facebook una nota dirigida al comisionado de la CICIG
Iván Velásquez aparentemente firmada por numerosos periodistas, quienes
amparándose en el artículo 35 de la Constitución de la República de Guatemala,
que versa sobre la libertad de emisión del pensamiento, indican, entre otras cosas:
(1) que el comisionado mintió al pueblo guatemalteco porque aseguró que no

33. finalizaba el mes de mayo sin que se diera a conocer el listado de empresas que
utilizaron el servicio de «La Línea» para defraudar al fisco guatemalteco, (2) que el
Ministerio Público está trabajando con ineficiencia en el caso, (3) que la señora
Thelma Aldana, jefe del MP fue colocada en ese puesto por los arreglos que hubo
desde el IGSS por el exsecretario de la Presidencia Juan de Dios Rodríguez, y (4)
que Juan Carlos Monzón ya estaría muerto.79
La misma nota exige a la CICIG: (a)
que se proceda con la captura de empresarios que usaron los servicios de la red
de defraudación, (b) que si Roxana Baldetti ya perdió su inmunidad, que sea
ligada a proceso por malversación de fondos, (c) que citen a declarar al presidente
Pérez Molina por su posible vinculación con todos estos hechos.79
También el 3 de junio y siempre por Facebook, el arzobispado de
Guatemala emitió una severa Carta Pastoral ante la situación de Guatemala.80
En
la carta, la asamblea de obispos de Guatemala: (1) recuerda que en los primeros
procesos electorales de la época democrática se presentaron partidos políticos
históricos, con principios propios y con una capacidad de convocatoria a
segmentos importantes del electorado, cosa que se ha perdido, (2) indica que
cada día se incrementa más la brecha entre la ciudadanía y los partidos que no
son interlocutores válidos de la población, (3) señala el creciente desencanto entre
la población que cada vez cree menos en los partidos, (4) indica no deben
retrasarse las elecciones del 6 de septiembre porque hacerlo sería romper el
orden constitucional, a pesar de que se harán en medio de la crisis generalizada,
(5) hace ver que los hechos evidencian la inmundicia de corrupción en que el
Estado guatemalteco se ha convertido y han provocado manifestaciones
multitudinarias que expresan la indignación y la ira de grandes mayorías de
ciudadanos, (6) reconoce que las movilizaciones han seguido y en ellas hay
genuina indignación popular y agendas de grupos variados que quieren
aprovechar el momento para sus fines particulares, (7) enfatiza que es evidente
que la incapacidad –por ineptitud y malicia- del Congreso de la República para
cambiar la Ley Electoral y de Partidos Políticos hace que los ciudadanos tengan
que elegir a candidatos que no están capacitados para resolver los problemas del
país, (8) afirma que se necesita que el proceso electoral se realice con nuevas
reglas, y las más urgentes deben aprobarse de inmediato para que incidan en
estas elecciones, (9) pide a los ciudadanos continuar con la presión sobre el
Congreso para que haga los cambios que deben hacerse en la ley electoral y de
partidos políticos, (10) señala la grave situación social y económica de la mayoría
de la población, la violencia se expresa en todos los sectores del país y el crimen
organizado es muy probablemente el mayor empleador del país, (11) manifiesta
que hay que exigir a los candidatos presidenciales veracidad, transparencia y
honestidad, (12) se compromente para que la verdad del Evangelio, sea su mayor
contribución al cambio social y ético de Guatemala.80
El embajador de los Estados Unidos Todd Robinson y el presidente Pérez Molina
anuncian en conferencia de prensa en el Palacio Nacional, en que el embajador
de los Estados Unidos toma la palabra desde el podio presidencial, que los EE.
UU. apoyan los cambios y depuración que se harán en la Superintendencia de
Administración Tributaria de Guatemala; como un primer paso habrá una reunión
entre el Departamento del Tesoro y el Ministerio de Finanzas Públicas, para

34. elaborar un diagnóstico de la SAT, que también será apoyado por el Banco
Mundial (BM). En un segundo paso se tratará de la implementación de pruebas de
confianza con polígrafos, entrevistas que se harán a funcionarios de la
Superintendencia y que serán efectuadas por un equipo estadounidense, durante
dos semanas.81
Esta conferencia de prensa fue muy criticada porque mostraba
que era realmente el embajador de los Estados Unidos quien tenía el control de la
situación y no el presidente Pérez Molina.82
En una jornada intensa, al medio día del 3 de junio asesinan al abogado Francisco
Palomo, mientras conducía su vehículo. Hay al menos tres relaciones con fuertes
grupos de poder con los que Palomo se codeó y que son partícipes importantes de
la crisis que vive Guatemala: una parte importante del CACIF, el segmento de
militares en retiro vinculados a Efraín Ríos Montt, y una parte de los medios
corporativos de prensa escrita.83 f
Un abogado que laboró con Palomo Tejeda
durante los últimos siete años es César Calderón, quien es defensor de los
principales miembros de la estructura criminal «La Línea», así como del
expresidente del IGSS, Juan de Dios Rodríguez.83
Jornada del 5 de junio (Viernes gris)[editar]
El viernes 5 de junio hubo plantones organizado supuestamente por la Alianza
Obrero Campesina, quienes bloquearon los cuatro accesos a la Ciudad de
Guatemala por casi cinco horas y lograron en pequeña medida su objetivo:
generaron un instante de desinformación.84
Diversos medios masivos e
independientes coincidieron en que los plantones en las salidas de la ciudad fue la
primera acción concreta a una amenaza que llevaba varias semanas en el
ambiente: antes y después de su renuncia como vicepresidente,Roxana
Baldetti mencionó que podía juntar a decenas de miles de personas en su apoyo,
pero que no lo haría para evitar confrontaciones; posteriormente, un comunicado
de la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (CONIC) dijo que miles de
campesinos saldrían con machetes afilados a defender el «orden constitucional»;
y, finalmente, pocos días antes el presidente Pérez Molina hizo el mismo
comentario que Baldetti.84
La oscura Alianza Obrero y Campesina (AOC) se adjudicó la autoría de los
bloqueos, pero tanto su lenguaje como sus demandas provocaron dudas sobre su
legitimidad,84
además de que bloquear las arterias de la capital causó el rechazo
habitual de una parte de la clase media, que precisamente es el nuevo actor de las
protestas que se realizan los sábados frente al Palacio Nacional.84
Por otra parte,
la mayoría de las demandas de la AOC -contra la minería y contra empresarios
defraudadores- es parte de la agenda de las organizaciones que confluyen en la
emergente Asamblea Social y Popular, una instancia de coordinación entre
organizaciones regionales, comunidades, y movilizaciones estudiantiles y
urbanas.g
Así pues, salir el viernes, colapsar el tráfico vehicular y mencionar
algunas demandas de la Asamblea respondería a una estrategia según la cual las
clases medias guatemaltecas asociarían las demandas sociales con su enojo a
estancarse por horas en el tránsito; eso ayudaría a restarle apoyo a las marchas y
a fraccionar el movimiento.84
POr último, en las redes sociales, personajes de la

35. derecha como Giovanni Frattih
, aprovecharon para lanzar desinformación sobre
los apoyos de las marchas.
La situación generó fuertes sospechas porque ninguna demanda exigía la
renuncia de Otto Pérez Molina, algo que nunca había faltado en cada una de las
marchas que se produjeron en las nueve semanas hasta entonces. Por ningún
lado se vió los miembros de #NoLeToca ni hubo exigencias de anular las
elecciones; es más, circularon fotografías de patrullas de la Policía Nacional Civil
(PNC) ayudando a los bloqueos. Pero fueron los mismos voceros de la AOC
quienes terminaron por delatar el montaje: el sábado 6 se realizó la primera
conferencia de la AOC en la que los cuatro voceros -quienes son poco conocidos
en Guatemala- fueron reconocidos por varios medios de comunicación por tener
relaciones con el Ministerio de Salud, el partido LIDER, una parte del movimiento
sindical y el Ministerio de Cultura y Deportes. i
Debe recordarse que el 27 de mayo
salió a luz pública un comunicado sellado por organizaciones sindicales y
campesinas que han estado ausentes -e incluso en contra- en las manifestaciones
de #RenunciaYa: CONIC, UASP, el Sindicato de Trabajadores de la Educación de
Guatemala (STEG), el Frente Nacional de Lucha (FNL) y su principal filial
salubrista (SNTSG), el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Municipal de
Agua (SITRAGUA), Unión Nacional Campesina (UNAC) y Alianza Campesina
(AC) -todas ellas aparentamente afines al gobierno de turno.84
La demanda principal de la AOC el 5 de junio era que la CICIG entregue el listado
de empresarios vinculados a la defraudación tributaria del «Caso La Línea».
Destacó el despliegue de una pancarta con fotografías de cuatro reconocidas
figuras del espectro empresarial y político, y la exigencia de perseguirlos
penalmente por evasores.j
El CACIF y la Cámara del Agro sacaron ese mismo día
un comunicado para condenar los bloqueos de la AOC, y en su inciso 2, considera
que los mensajes transmitidos por los manifestantes «son constitutivos de
calumnia y difamación». Las demandas legítimas de la AOC -que se escuchan en
los plantones a nivel nacional que se realizan los sábados-, la respuesta del
CACIF y la fuerte sospecha de que el gobierno o sus allegados habrían
organizado los bloqueos, dió la impresión que se trató de una demostración de
fuerza entre la cúpula empresarial -que en las últimas semanas le quitó el apoyo al
Partido Patriota y no había pactado con LIDER una estafeta de cambio de mando-
y el gobierno de Pérez Molina.84
Cronología del caso[editar]
Antecedentes[editar]
Fecha [Expandir]Acontecimiento
Abril de 2015[editar]
Fecha [Expandir]Acontecimiento