El Consorcio por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción, conformado para promover iniciativas que contribuyan a la generación de una cultura de transparencia en El Salvador, considera oportuno hacer una reflexión sobre la situación de nuestro país en torno al combate a la opacidad y a la corrupción, males que siguen minando nuestro desarrollo económico e institucional.

1. COMUNICADO: EL ESTADO DE LA TRANSPARENCIA Y DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
El Consorcio por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción, conformado para promover iniciativas que contribuyan a la
generación de una cultura de transparencia en El Salvador, considera oportuno hacer una reflexión sobre la situación de
nuestro país en torno al combate a la opacidad y a la corrupción, males que siguen minando nuestro desarrollo económico e
institucional.
El Salvador se presenta estancado en su lucha contra la corrupción, según evidencia el Índice de Percepción de la Corrupción
2015, de Transparencia Internacional, publicado en enero de este año. El país obtuvo 39 puntos, en una escala donde 0 es la
máxima corrupción y 100 es carencia de ella, manteniendo el resultado de 2014.
Gracias a la apertura de las declaraciones patrimoniales y la elaboración y entrega de las auditorías a las mismas,
mediante resoluciones del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), se ha generado un tremendo interés entre la
ciudadanía por conocer el enriquecimiento ilícito de funcionarios y exigir la restitución de los bienes obtenidos por este medio.
También se reveló que la Sección de Probidad, por décadas, no había practicado oportunamente las auditorías a exfuncionarios
de distintos órganos del Estado.
A partir de una nueva conformación de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), hasta diciembre de 2015, se había ordenado el inicio
de dos juicios civiles por enriquecimiento ilícito: uno contra un diputado y otra contra un exdirector del Instituto Salvadoreño del
Seguro Social. En 2016, se han ordenado dos procesos adicionales contra expresidentes de la República. Esto último solo ha sido
posible por la suspensión de la nueva Ley de Probidad, que justamente elimina este proceso, violando así la Constitución. A
futuro, será necesario dictar un marco legal que prevenga efectivamente el enriquecimiento ilícito y que también incluya
mecanismos para manejar los conflictos de interés, por lo que deberá rehacerse la Ley de Probidad.
De la Fiscalía General de la República se requiere un compromiso en la lucha contra la corrupción. En los juicios de
enriquecimiento ilícito abiertos por la CSJ, deberá intervenir para llevarlos a buen término, y no dejarse intimidar por las presiones
que el mismo Fiscal ha reportado. Investido con su cargo, no basta con que denuncie públicamente estas amenazas, dejando
impune a quienes ponen en riesgo la independencia de su cargo. En el caso sobre el desvío de fondos donados por Taiwán,
deberá continuar el juicio abierto conforme a derecho e investigar a fondo el asunto. La legislación e institucionalidad en materia de
control del financiamiento político debe fortalecerse.
En febrero de 2016, se celebró el 3er aniversario del IAIP y en mayo se celebrará el 5º aniversario de vigencia de la Ley de Acceso
a la Información Pública (LAIP). Si bien se reconocen los avances que se han tenido en función de la información disponible
al público, persiste una cultura de secretismo. Para muestra de ello, basta ver lo que ha sucedido con la información sobre
viajes del ex Presidente y de la ex Primera Dama en el período de 2009 a 2014, entre otra, que tras haberse reservado
ilegítimamente, ahora se ha reportado su extravío, por lo cual deberán responder sus custodios.
Las instituciones involucradas en la promoción de la transparencia y la lucha contra la corrupción deben actuar de manera más
articulada, para prevenir la impunidad en esta materia. Algunas, como la Corte de Cuentas de la República y el Tribunal de
Ética Gubernamental, deben ocupar un rol más activo.
En El Salvador no hemos tenido las movilizaciones de nuestros vecinos Guatemala y Honduras, pero se evidencia en la
ciudadanía una creciente intolerancia al flagelo de la corrupción. La lucha contra la corrupción requiere de la participación de toda
la sociedad y de la voluntad política de hacer valer el respeto a la ley y a la institucionalidad.
San Salvador, 10 de marzo de 2016