El documento habla sobre la necesidad de una nueva reforma al sistema de justicia penal en Puebla, México. Actualmente, el sistema es lento, opaco y corrupto. La reforma propone cambiar el sistema de uno inquisitorio a uno acusatorio, lo que traerá grandes beneficios como procesos más rápidos y transparentes. Se requiere invertir en nueva infraestructura y capacitar abogados y fiscales para llevar a cabo juicios orales públicos en toda la república mexicana antes de 2016.