Libro agua 2

Esta publicación ha sido realizada con el aporte financiero de la Cooperación Italiana al
Desarrollo y la Unión Europea. Los contenidos son responsabilidad de ProgettoMondo
Mlal y la investigadora; no representan necesariamente el punto de vista de la Unión
Europea y la Cooperación Italiana al Desarrollo.
La publicación está en el marco del Programa de Justicia Juvenil llevado a cabo por
ProgettoMondo Mlal y sus socios:
AGUA QUE LABRA LA PIEDRA 2. Hacia una seguridad ciudadana
Adolescentes y prevención de la delincuencia
Investigación: Micaela Román
Revisión: Roberto Simoncelli, Marialuisa Milani y Abraham Colque
Correción: Cecilia De Marchi
Diseño de tapa: Jorge Dávalos
Diagramación e impresión: VIRTUAL Ediciones Gráficas
ProgettoMondo Mlal
Calle Juan XXII No. 26, Edificio San Lorenzo, Zona Belén – San Pedro
Teléfono: 2310257
www.progettomondomlal.org www.justiciajuvenil.org.bo
Esta publicación se distribuye gratuitamente.
AGUA QUE LABRA LA PIEDRA 2. Hacia una seguridad ciudadana
Adolescentes y prevención de la delincuencia
Primera edición: 500 ejemplares
La Paz, 2016
Depósito legal: 4-1-1416-16

“Primer anillo de seguridad, tu conciencia.
Segundo anillo -si tu conciencia falla- tus vecinos, amigos y colegas.
Si la autorregulación y la mutua regulación no bastan, policía y justicia.
Pero en ese orden”.
Antanas Mockus

Índice
PRESENTACIÓN.......................................................................................................7
PRIMERA PARTE
REVISIÓN DOCUMENTAL DE LA PROBLEMÁTICA DE (IN)SEGURIDAD
CIUDADANA Y PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA JUVENIL
1. Seguridad ciudadana, un concepto complejo y multiforme............................13
1.1. Desdelaconcepcióndeldesarrollohumano:unamiradatécnicay“tradicional”
1.2. Enfoque crítico desde la cultura
2. ¿Por qué nos preocupa la (in)seguridad ciudadana?: Una breve caracterización
de América Latina a Bolivia..................................................................................20
2.1. Los datos en América Latina
2.2. La delincuencia juvenil
3. Experiencias destacadas en prevención de la delincuencia.............................29
3.1. Prevención social
3.2. Prevención situacional y ambiental
3.3. Prevención comunitaria
3.4. Prevención cultural
3.5. Prácticas restaurativas para la resolución de conflictos en el ámbito escolar
4. Seguridad ciudadana en Bolivia......................................................................51
4.1. Análisis de planes y política pública
4.2. Principales avances
5. Bibliografía.......................................................................................................58

SEGUNDA PARTE
REPRESENTACIONES SOCIALES DE LA DELINCUENCIA:
EL CASO DE ADOLESCENTES PRIVADOS DE LIBERTAD EN CENTRO QALAUMA
Y CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ
1. Introducción.......................................................................................................65
2. Aspectos teórico metodológicos......................................................................65
3. Características socio demográficas, conductas delictivas y antisociales............70
4. El núcleo central de las representaciones, principales ámbitos....................77
5. Perspectivas de futuro: estudios, trabajo y cuartel.........................................88
6. A manera de conclusión...................................................................................90
7. Bibliografía........................................................................................................92
PROPUESTA: LINEAS DE ACCIÓN PARA EL TRABAJO EN PREVENCIÓN
DE LA DELINCUENCIA JUVENIL
1. Introducción.......................................................................................................95
2. Replantear la noción de enfoque integral.......................................................96
3. Hacia un enfoque restaurativo para la sociedad.............................................98
4. Reformular el rol social de la escuela y colegio...............................................99
5. Ámbitos de interacción social........................................................................100
6. Medios de comunicación como agentes de socialización............................101

AGUA QUE LABRA LA PIEDRA 2 7
Constantemente somos testigos, principalmente a través de los medios de
comunicación, de hechos delictivos y de violencia; nuestra sensación de insegu-
ridad ciudadana cada día está en aumento. Por ejemplo, las imágenes del asalto
y golpiza a una pareja de jóvenes en el centro paceño han quedado marcadas en
nuestra memoria y ante este tipo de situaciones los pedidos de la ciudadanía son
claros: queremos justicia, más penas, más cárcel, más medidas ejemplificadoras
que sirvan de lección a todas/os.
Estos pedidos parecen estar interiorizados en nuestras vidas, en nuestras
formas de relacionamiento y en nuestros sentimientos primordiales de sobre-
vivencia. Es decir, creemos instintivamente que el poder disuasorio de las leyes
y de las penas puede, por sí solo, resolver, aliviar y prevenir el problema de la
delincuencia; creemos que con más controles y detenciones estaremos más se-
guros. De hecho, el sistema penal para adultos parece materializar y reafirmar
esta necesidad de castigo y punición. El sistema de seguridad ciudadana y sus
políticas preventivas muchas veces pierden el enfoque integral priorizando el
control y la represión.
Como sociedad, nunca nos preguntamos por el contexto, las motivaciones
y las visiones que llevan a las personas, y en el caso de este estudio a los/as ado-
lescentes, a cometer un acto delictivo. Y nunca nos preocupamos por las historias
de las/os ofensoras/es, sus sentidos comunes, lógicas, sentimientos o principios.
En otras palabras, no hay una mirada profunda al origen o a las causas de la delin-
cuencia. No se trata de justificar los actos delictivos, al contrario, es necesario en-
tender por qué y cómo suceden para poder proponer acciones efectivas que pre-
vengan estos actos de manera sostenible. Estas son las principales motivaciones
que han impulsado el trabajo que presentamos en este libro: la prevención de la
delincuencia juvenil necesita ser una respuesta a las necesidades y problemas de
la población joven, así como de la sociedad.
ProgettoMondo Mlal en los últimos 15 años ha aportado en la difusión de
los principios de la justicia restaurativa en el sistema penal juvenil, un paradigma
no punitivo que nos abre a otras opciones para afrontar no solo el daño causado
por el delito, sino también los conflictos en las relaciones humanas, los problemas
en las familias y las conductas antisociales de las/os niñas/os y adolescentes. Así
también, a partir de su trabajo directo con adolescentes privadas/os de libertad
ha podido entender que antes de estar en conflicto con la ley están en conflicto
Presentación

AGUA QUE LABRA LA PIEDRA 28
con sus familias, escuelas, grupos de pares, comunidad y están en búsqueda de
su identidad. En ese sentido, ProgettoMondo Mlal considera que el nuevo desafío
es ampliar el horizonte y trascender del ámbito del sistema penal a la seguridad
ciudadana y a la sociedad. Esto significa pensar las políticas de seguridad más allá
del enfoque punitivo y el fortalecimiento de los sistemas de control de la policía;
sino trabajar fundamentalmente con el conjunto de la sociedad, con sus valores,
con las conciencias de todos/as sus ciudadanos/as y también con los grupos de
riesgo para que no se conviertan en futuros victimizadores/delincuentes.
En la primera parte, buscando entender y problematizar la seguridad ciu-
dadana, se hace una revisión a las concepciones sobre seguridad ciudadana y se
presentan datos de América Latina y Bolivia. Posteriormente, se presentan algu-
nas experiencias desarrolladas en el campo de la prevención de la delincuencia
en diferentes niveles de intervención; sin duda se trata de valiosas experiencias
que con éxitos y desafíos nos muestran los caminos recorridos en países de la
región. Al final de esta parte, hay un balance de las políticas públicas bolivianas
en materia de seguridad ciudadana.
En la segunda parte, apelando a nuestra preocupación por entender la sub-
jetividad de los adolescentes y jóvenes que han cometido un delito, se encuentra
un estudio sobre las representaciones sociales de los adolescentes que se en-
cuentran privados de libertad en el Centro Qalauma y en el Centro de Reinser-
ción Social del departamento de La Paz. Los relatos de cada uno de los adoles-
centes nos aproximan a sus universos simbólicos, sus sentidos comunes y abren
la puerta a sus visiones del mundo, sus narraciones interiores, conflictos y justifi-
caciones, pero también a sus frustraciones y esperanzas. Consideramos necesario
profundizar este tipo de análisis para poder visualizar posibles respuestas para
prevenir que otros adolescentes decidan cometer delitos.
Finalizamos esta parte con algunas líneas de acción que se desprenden de la
reflexión de la primera y segunda parte. No se trata de plantear recetas, sino de
líneas generales que pueden ser consideradas en el abordaje de la delincuencia
juvenil, considerando en primera instancia que no podemos deslindar nuestra
responsabilidad como sociedad y circunscribir el problema únicamente a los/as
adolescentes/jóvenes y a sus familias. Este libro cuestiona provocativamente la
tolerancia que tenemos a lo ilegal, a la injusticia, a la corrupción y otras prácticas
que afectan la convivencia social pero que son naturalizadas en la vida cotidiana
y reproducidas como modelos y estilos de vida. Asimismo, plantea un desafío al
Estado, pero sobre todo a la sociedad y a los/as ciudadanos/as para que reconoz-
camos nuestro grado de complicidad en las heridas que nuestra sociedad expresa
en términos de relaciones sociales y convivencia social. Si no reconocemos estas
fracturas no podemos plantear cambios en nuestra política de seguridad y mucho
menos en la construcción de una sociedad más justa, pacífica e incluyente.

AGUA QUE LABRA LA PIEDRA 2 9
Estamos conscientes que se trata de grandes desafíos para el Estado y la
sociedad, el título Agua que labra la piedra representa precisamente ese trabajo
arduo y complejo pero necesario para promover cambios en nuestras mentali-
dades y actitudes sin recurrir a atajos que al final profundizan el sufrimiento de
nuestra vida en comunidad.
Agua que labra la piedra 2. Hacia una seguridad ciudadana, adolescentes y
prevención de la delincuencia es la segunda publicación de una serie promovida
por ProgettoMondo Mlal que busca aportar al debate y a la generación de pro-
puestas que contribuyan a construcción de una sociedad más justa, democrática
e incluyente.
Un agradecimiento especial a Micaela Román por la frescura de sus pen-
samientos, su profesionalidad y pasión, a todo el equipo de ProgettoMondo Mlal
“por estar” y a las/los adolescentes que nos han permitido aproximarnos a sus
historias y realidades.
Roberto Simoncelli
Responsable Programas de Justicia Juvenil Bolivia
ProgettoMondo Mlal

INSEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA 13
APROXIMACIÓN DOCUMENTAL A LA PROBLEMÁTICA
DE (IN)SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN DE LA
DELINCUENCIA JUVENIL
1. Seguridad ciudadana, un concepto complejo y multiforme
Ya sea en los letreros de búsqueda a jóvenes desaparecidas que vemos
en las paredes camino al trabajo, el muñeco de trapo colgado en la esquina de
nuestra casa, los gritos de la vecina que sufre los golpes del marido, las redes so-
ciales difundiendo la golpiza a una pareja, el noticiero de la televisión relatando
la muerte de la anciana víctima de un robo en su propia casa, el linchamiento de
un presunto joven ladrón o nuestro propio temor de caminar solas/os por la calle;
la (in)seguridad es un tema que preocupa a todas/os. El recuerdo melancólico de
que “antes los/as niños/as jugaban en la calle” quedó en el pasado.
La (in)seguridad ciudadana es una frase comúnmente asociada a la
construcción de un módulo policial en un barrio, al plan Chachapuma1
, a la
compra de helicópteros, a la instalación de cámaras o a delincuentes capturados;
en fin, a todo lo que se siente necesario para la seguridad, pero en tanto la
seguridad ciudadana es una construcción social y cultural que depende de un
contexto social, político, económico, etc., es necesario definirla y delimitarla, no
solo para su estudio sino principalmente para la definición de líneas de acción
que respondan a contextos y realidades concretas. En este sentido, se proponen
dos miradas al concepto de seguridad ciudadana manteniendo una postura
crítica y constructiva.
1.1. Desde la concepción del Desarrollo Humano: una mirada técnica y
“tradicional”
El concepto de seguridad ciudadana ha sido trabajado ampliamente por
las instituciones de cooperación internacional con un enfoque orientado a
partir de los derechos humanos, así por ejemplo se señala que “la inseguridad
ciudadana es en muchos casos una violación al derecho a la vida, y en todos los
casos, una restricción a la libertad de circulación y de asociación” (CAF 2014:
17-18). El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) es una de
las instituciones pioneras en trabajar el concepto de seguridad ciudadana y sus
diversos informes regionales muestran ese trabajo con diferentes matices; sin
embargo, vamos a destacar algunos aspectos importantes para comprender este
enfoque.
1
El plan Chachapuma es una política de seguridad donde la Policía Boliviana debe tomar las
calles y ejercer un control directo. Tiene las siguientes características: 1) Control territorial;
2) Integralidad interinstitucional en acciones de seguridad ciudadana; 3) Control cruzado
(Ministerio de Gobierno 2013: 5).

Uno de los ejes planteados por el PNUD es la vinculación entre desarrollo
humano y seguridad humana, ya que es fundamental para el desarrollo humano
que las oportunidades marcadas por el Índice de Desarrollo Humano sean segu-
ras o no desaparezcan en el tiempo (entiéndase la oportunidad de disfrutar de
una vida prolongada y saludable, la oportunidad de acceder a la educación y la
oportunidad de tener un nivel de ingreso ‘decente’). Tomando en cuenta estas
consideraciones se planteó el concepto de seguridad humana (2009: 30).
La seguridad humana abarca varias categorías2
pero en esencia “consiste en
proteger el núcleo central de todas las vidas humanas contra riesgos graves y
previsibles, de una forma congruente con la realización humana de largo plazo”
(Alkire, 2003, citado en PNUD, 2009: 30); por lo tanto, para lograr el desarrollo
humano, la seguridad humana sería fundamental. La seguridad ciudadana se
desprende de la seguridad humana como un concepto más específico vinculado
con una de sus dimensiones: la seguridad personal, específicamente aquella que
está vinculada a los delitos contra la vida, la integridad y el patrimonio (2009: 31-
32) y la violencia (PNUD: 2005: 35; 2010: 31). En definitiva, es una modalidad más
específica de la seguridad humana.
Es importante también señalar el énfasis que se hace en la dimensión ob-
jetiva y subjetiva de la seguridad ciudadana; ya que no se trataría únicamente
de entender que esta se manifiesta o debe ser analizada a través del acto delic-
tivo, es decir, la dimensión objetiva; sino también en lo subjetivo, donde se en-
cuentran las percepciones de inseguridad, el temor y vulnerabilidad, pues estas
percepciones también pueden afectar el desarrollo humano. Como se verá más
adelante, la percepción de la (in)seguridad es una preocupación primordial de
las personas ya que condiciona su vida y su relacionamiento social, además es
una importante fuente de información para dimensionar la problemática de la
seguridad ciudadana.
El tema de la libertad es un aspecto recurrente en el desarrollo del concepto.
“La seguridad ciudadana se define, de una manera amplia, como la preocupación
por la calidad de vida y la dignidad humana en términos de libertad, acceso al
mercado y oportunidades sociales.” (Arriagada y Godoy 2000: 108); pero es el
informe del PNUD (2005) el que hace mayor énfasis en el tema por las implicancias
para el desarrollo humano y cómo la inseguridad afecta en el ejercicio de las
libertades individuales, ya que perjudica el desarrollo humano en un nivel
personal pero también social.
Otro elemento muy significativo es la consideración de la seguridad ciuda-
dana como un bien público y por lo tanto el Estado es el principal responsable de
su provisión y garantía. No obstante, la seguridad ciudadana, como lo refiere su
nombre, involucra a los ciudadanos/as miembros de la comunidad y particular-
mente el PNUD reconoce la importancia e indispensabilidad de la participación
2
Según el informe del PNUD (1994: 28), la seguridad humana abarca una lista de amenazas
que pueden ser agrupadas en siete categorías principales: inseguridad económica, alimen-
taria, salud, medio ambiente, personal, comunitaria y política (PNUD, 1994: 28).

activa para su prevención, evitar la discriminación de grupos, visibilizar otras for-
mas de violencia, sensibilizar y cuestionar su uso, todo esto en camino de una
cultura de paz.
Se puede diferenciar la concepción sobre seguridad expuesta anteriormente
de aquella seguridad pública y/o nacional que tenía como principal objetivo
mantener el orden público, cuya acción institucional estaba dada por la Policía
Nacional y la administración de justicia (Carrión, Pontón y Armijos, 2009: 13).
El papel de la policía sigue siendo vital en el manejo de la seguridad ciudadana,
es así que se habla de profesionalización o especialización de la policía, para
crear unidades especializadas dirigidas a mujeres y jóvenes en riesgo, y buscar la
focalización u optimización de su trabajo (PNUD 2013).
El papel prioritario que ahora se le da a la participación ciudadana activa
tiene experiencias exitosas en lo que se refiere a políticas públicas de seguri-
dad, por eso se recomienda partir de las preocupaciones y necesidades de la
población, reconociendo sus capacidades y fortalezas, y de esta forma forjar en-
tornos seguros y tejido social sólido (PNUD, 2013: 15-16)3
. Sin embargo, también
se pueden encontrar posiciones escépticas, pues en la práctica hay una relación
paternalista entre el Estado y la ciudadanía sin llegar a una verdadera noción de
corresponsabilidad para el bien común (Mockus, Murraín y Villa, 20012).
Finalmente, un tema bastante recurrente en el análisis de la seguridad ciu-
dadana es el de los costos que implican el crimen y la violencia en consideración
de la necesidad de valorar/medir la eficacia de invertir en programas o estrategias
de seguridad ciudadana. Existen muchas formas de medir estos costos y objeti-
varlos en cifras concretas; sin embargo, cada forma también tiene sus desventa-
jas y/o dificultades. Algunos datos sobre los costos directos son, por ejemplo, la
estimación de Londoño y Guerrero para América Latina basada en estudios de
caso realizados en Caracas, Cali, El Salvador, Lima, México D.F. y Río de Janeiro,
que encontró que estos costos ascienden al 5 % del PIB en América Latina, con-
siderando el 2 % por concepto de atención médica y años de vida perdidos y 3 %
por concepto de gastos de seguridad (pública y privada) y justicia (citado en CAF,
2014: 33-34). Muy similar es el dato estimado por el estudio realizado por el BID/
PNUD en 5 países de la región, que muestra que sus costos en términos del PIB
van del 3 % en Chile y Uruguay al 10 % en Honduras (PNUD 2013: 7). Así también
la encuesta de la CAF (2014: 34), en referencia a los gastos privados para la pre-
vención de seguridad, señala que el 24 % de sus encuestados menciona haber
instalado cerraduras de seguridad y rejas, un 17 % dice tener perros de vigilancia
y un 12 % menciona haber recurrido a cámaras, vigilancia privada o alarmas; todo
con un costo para los hogares del 4 % de su ingreso. Además, la estimación del
3
Por ejemplo, véase también la publicación 120 Estrategias y 36 experiencias de seguridad
ciudadana, de Carrión, Pontón y Armijos (2009) producto del trabajo desarrollado por el Es-
tado y el Programa de Estudios de la Ciudad de la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales (FLACSO - Ecuador), que generó un proceso de interacción entre autoridades y ciu-
dadanía para el intercambio de conocimientos y diseño de políticas en seguridad ciudadana.

valor de los bienes perdidos y gastos incurridos para reparar daños es de 6 % del
ingreso anual de sus hogares.
Por otro lado, en relación con los costos indirectos, específicamente sobre la
confianza entre ciudadanos, la encuesta de la CAF (2014: 37) señala que el 32 %
de los encuestados manifiestan que la sensación que les produce la posibilidad de
que algún miembro de su hogar sea víctima de un delito es la desconfianza hacia
otras personas, mientras que el 11 % manifestó que aumentaba su agresividad
en el trato a terceros.
Como se puede ver, el manejo que se tiene del tema y concepto de seguridad
ciudadana es bastante amplio y tiene diferentes elementos (dimensión objetiva
y subjetiva, libertad, bien público, participación activa, costos y efectividad, entre
otros) que siempre están acompañados por la construcción y sistematización de
los datos objetivos y concretos que reporten las características de la delincuencia
en diferentes niveles, datos que serán sintetizados más adelante.
1.2. Enfoque crítico desde la cultura
Vamos a recurrir a dos miradas que se distinguen de los abordajes
tradicionales de la seguridad ciudadana. Se trata de abordajes que hacen énfasis
en la cultura y que nos permitirán problematizar y tener una comprensión más
amplia e integral de esta temática. El primero es el análisis planteado por Marcelo
Moriconi (2013), que tiene una mirada bastante crítica respecto al discurso
tradicional4
de seguridad ciudadana y violencia. Según este autor, el discurso
tradicional de seguridad ciudadana utiliza definiciones que plantean un análisis
global de cómo se percibe y maneja las amenazas en contra de las personas, sin
embargo en lo práctico se analizan las inseguridades relacionadas con el delito,
la violencia y el crimen, dejando de lado todo aquello que no esté vinculado con
hechos delictivos violentos pese a que pueda representar peligros significativos.
Por lo tanto, la seguridad ciudadana es delimitada al delito, violencia y crimen,
y no a las potenciales inseguridades del ser humano. Señala también que la
violencia implica a dos sujetos, pero los discursos tradicionales se enfocan en
la seguridad del ciudadano, dejando al otro, el “sujeto no ciudadano” fuera del
sistema de prevención de riesgos y vulnerabilidades y solamente a través de la
reinserción en la sociedad el sujeto puede (o no) recuperar la ciudadanía (2013:
71-72).
Por otro lado, observa que los discursos tradicionales restringen el análisis a
medir y cuantificar el delito, la violencia y el crimen, es decir un enfoque técnico
que se concentra en aspectos procedimentales, eficacia y eficiencia de políticas
públicas y gastos del Estado, cantidad de víctimas y delitos, etc.; pero no se de-
bate sobre “el/los deber/es ser de la vida” (2013: 74). Esta obsesión por el dato,
objetivamente verificable hace que la preocupación se focalice únicamente en el
4
Por discurso tradicional se estaría entendiendo principalmente el discurso técnico de la
seguridad ciudadana que es hegemónico en el tratamiento de esta problemática.

acto criminal y en la prevención del mismo, es decir “Se tiende a aislar el hecho
puntual de la seguridad del resto del orden social y, por ello, no se complejiza la
situación relacionándola con otro tipo de problemas, como la productividad de la
violencia como elemento de identidad y subjetivación política” (2013: 75). A decir
de Moriconi, enfocarse en el dato denota una política de corto plazo que puede
dar significativos logros políticos, por ejemplo bajar un índice delictivo puede ser
determinante para ganar una elección, pero se trata de triunfos momentáneos y
no sostenibles en el tiempo5
.
Ahora bien, a partir de esta mirada focalizada en el acto criminal surgió la
prevención situacional que básicamente apunta a reducir, en el entorno o am-
biente, las oportunidades para el ejercicio de la violencia o el acto criminal, por
ejemplo promoviendo el uso y apropiación de espacios públicos, estableciendo
unidades policiales, mejorando el alumbrado público, entre otras medidas; es
decir, la prevención situacional se concentra únicamente en el hecho criminal y
no toma en cuenta las causas, motivos, la necesidad o las ganas de cometer un
delito (2013: 76).
Moriconi habla de una “cultura del respeto” y de un “Producto Interno
Culto” (2013: 78) como aspectos necesarios para mejorar la calidad de vida de
las personas, base de la seguridad ciudadana. Estos aspectos son interesantes
porque denotan la necesidad de analizar y debatir la sociedad en la que querernos
vivir, repensar o revalidar ese contrato social a partir del que organizamos nuestra
vida en comunidad y no se trata únicamente de las políticas que se implementan
desde el Estado, sino nuestras propias visiones de la violencia, de la delincuencia,
de lo legal, de lo reconocido y valorado socialmente. Estos aspectos conducen
al punto central en el análisis y lo que se podría entender como la propuesta de
este autor:
Para redefinir el tópico de la inseguridad ciudadana y sedimentar un discurso
complejo y sin limitaciones teóricas, es oportuno comenzar por entender
a la violencia y la inseguridad no como el problema real, sino como una
consecuencia de la deslegitimación de los criterios de veracidad básicos de
la sociedad moderna, entre ellos, aquellos discursos jurídicos que, dando
materialidad real a las instituciones encargadas de controlar la justicia y
la seguridad proponen una estrategia de paz centrada en el derecho y la
ilegalidad (Moriconi, 2013: 105).
Siguiendo esta línea y buscando mirar la temática de seguridad ciudadana
5
En esta crítica al abordaje cuantitativo de la seguridad ciudadana, Moriconi también toma
en cuenta los problemas metodológicos que implican las herramientas que son utilizadas
para cuantificar este fenómeno; al respecto Huhn, Oettles y Peetz (2006, Citados en Morico-
ni, 2013: 74) advierten que la violencia es considerada uno de los principales problemas en
Latinoamérica porque así lo señalan las personas, pero nunca se considera el abordaje de
la violencia que se da en los medios de comunicación y cómo influye en las respuestas de
los/las ciudadanos/as. En este sentido, propone entender la violencia como construcciones
sociales y no como fenómenos objetivamente existentes. Este es un aspecto muy significa-
tivo y que se puede extrapolar al conjunto de la problemática de la (in)seguridad ciudadana.

más allá del discurso tradicional, recurrimos al enfoque de seguridad ciudadana
basado en cultura ciudadana promovido por Antanas Mockus6
. Este enfoque es
desarrollado ampliamente en el estudio Antípodas de la violencia. Desafíos de
cultura ciudadana para la crisis de (in)seguridad en América Latina (Mockus,
Murraín y Villa, 2012) y entre sus aportes más destacados se puede mencionar
la relevancia que se otorga a dos aspectos fundamentales para analizar esta
problemática:convivenciaycorresponsabilidad.Segúnesteestudio,laconvivencia
hace referencia a:
...la capacidad de vivir bien en comunidad. No se trata únicamente de la
coexistencia de un grupo de personas dentro de un espacio geográfico o
simbólico determinado; ella debe entenderse como un estado de cosas don-
de las relaciones entre ciudadanos están enmarcadas principalmente por el
respeto mutuo. Cuando analizamos la situación de convivencia en una ciu-
dad, contemplamos los aspectos positivos y las fortalezas en la concertación
de acuerdos entre ciudadanos y la confianza recíproca y en las instituciones,
aspectos que permiten generar bienestar en el común de la ciudadanía,
pero también identificamos aquellas situaciones que generan conflicto en-
tre los individuos (Aldana y Ramírez, 2012: 97).
Además de la convivencia, Mockus plantea la reconstrucción de la relación
de corresponsabilidad entre ciudadanía y Estado. No se trata únicamente de
asumir que la seguridad es tuición del Estado. El planteamiento de este enfo-
que va más allá, de forma que responsabiliza al ciudadano y promueve la acción
colectiva para el cambio de conductas. En palabras de Mockus:
Partimos de la convicción de que la seguridad no es solamente un problema
de la policía, más aún, no es solamente un problema del Estado. Aprender
a resolver conflictos pacíficamente, hacerse responsable por la seguridad
personal y por la vida propia y la de los demás evitando incurrir en compor-
tamientos que las pongan en riesgo, y colaborar con otros ciudadanos o con
las autoridades para detener actividades criminales o terroristas son todas
tareas que corresponden al ciudadano y que tienen un impacto grande en
términos de protección a la vida. (2004, 11-12; en Sánchez, 2012: 48-49).
Se trata de abordar el problema de la seguridad desde un enfoque de cultura
ciudadana, entendiéndola como la promoción del bienestar de la ciudadanía y la
democratización de las ciudades a través de cambios en los comportamientos de
los ciudadanos. Una de las bases de este enfoque es, por eso, la relación entre
cultura y educación.
Para profundizar este enfoque entendamos las dos hipótesis que manejan
en relación al comportamiento de los individuos y la seguridad. La primera hipó-
tesis es la siguiente:
6
Antanas Mockus fue alcalde de Bogotá en dos periodos (1995-1998 y 2000-2003)

...para lograr cambios de fondo en la seguridad de las ciudades latinoamer-
icanas no es suficiente con aumentar la capacidad policial, disminuir las
desigualdades socioeconómicas o modificar las leyes, ya que los compor-
tamientos de la gente responden también a otros factores (como razones,
intereses y emociones). Se hace indispensable entonces reconocerlos y tra-
bajar sobre ellos. (Mockus, Murraín y Villa, 2012: xxi).
El escenario planteado es diferente; es decir, más allá de vincular la
delincuencia y la violencia a problemas sociales y legales, se pone la mirada en la
subjetividad de la persona. El gobierno de Mockus, con la intención de conocer
las creencias y actitudes ciudadanas, desarrolló la Encuesta de Cultura Ciudadana
(ECC), un instrumento para el diagnóstico de la seguridad ciudadana. Esta en-
cuesta ha sido desarrollada en diferentes ciudades de la región como un instru-
mento a partir del cual se han planteado y desarrollado las políticas de cultura
ciudadana en la ciudad de Bogotá.
Una segunda hipótesis tiene que ver con los mecanismos de regulación del
comportamiento de los individuos, el denominado divorcio entre ley, moral y
cultura. El concepto de cultura ciudadana entiende que las acciones de los indi-
viduos vienen reguladas por tres mecanismos (2012: 5): ley (forma legítima de
regulación), moral (normas socialmente aprendidas y personalmente interioriza-
das) y cultura (aprendizajes apropiados por los grupos humanos). A decir de este
estudio, lo ideal sería que estos tres mecanismos confluyan, pero no siempre es
así. Un ejemplo de estas desarmonías o divorcio es, por ejemplo, que pese a
que la ley indica que los ciudadanos deben colaborar con la justicia y denunciar
delitos, en ciertos ámbitos criminales de varios países es una norma social no
hacerlo. De la misma forma, Mockus, Murraín y Villa señalan que los individuos
no solamente responden al poder coercitivo de la ley, sino que responden mucho
más contundentemente a sus propios principios y a los de los demás, es decir
a las normas sociales y culturales; por eso, como dice Mockus, una política de
cultura ciudadana identifica los mecanismos emocionales que activan o frenan la
acción y los utiliza para promover cambios culturales (2012: 7).
Cuando hablamos de delincuencia, normalmente se recurre al ámbito legal
para sancionar y castigar por la comisión del delito. Este enfoque, en cambio,
propone ir más allá y recurrir al ámbito de las normas morales y las normas
sociales. Como se mencionó anteriormente, no se busca la explicación del
comportamiento fuera de las personas, sino en el interior del mismo individuo,
“tanto en su universo moral como en sus mecanismos de regulación social” (2012:
10). La desarmonía de estos tres mecanismos ha sido muy visible en países como
Colombia y ha generado un incremento de la violencia, delincuencia, corrupción,
debilitamiento de las instituciones, etc. a niveles alarmantes en la década de los
noventa.
Otro aspecto importante en este enfoque es que la política de cultura ciu-
dadana no pretende ser la única manera de generar cambios en la problemática

de seguridad, no pretende reemplazar enfoques predominantes ni dejar de lado
sus herramientas de seguimiento y control. El enfoque de la cultura ciudadana
plantea el complemento de esfuerzos sobre la problemática de seguridad, por lo
tanto no excluye la necesidad de acción de las instituciones de seguridad y ad-
ministración de justicia, ni el ejercicio legítimo de la fuerza desde el Estado, en el
marco del Estado de derecho. Asimismo, a decir del estudio “la cultura ciudadana
no es suficiente para garantizar la seguridad ciudadana pero sí es absolutamente
necesaria para concebirla” (2012: 18).
2. ¿Por qué nos preocupa la (in)seguridad ciudadana?:una breve caracterización
de América Latina a Bolivia
2.1. Los datos en América Latina
Aunque las realidades de cada país son particulares, es necesario tener una
mirada regional de la problemática de la (in)seguridad ciudadana que nos per-
mita identificar las principales características y tendencias. Para caracterizar la
problemática en América Latina nos basaremos principalmente en el Informe
Regional de Desarrollo Humano 2013–2014 realizado por el Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Dicho informe plantea una mirada sobre
la base de tres fuentes: registros administrativos de homicidio y robo; encues-
tas de victimización y percepción; y encuestas realizadas en cárceles. El manejo
conjunto de estas tres fuentes de información es fundamental puesto que existe
una diferencia significativa entre la incidencia del crimen registrado por fuentes
oficiales y los datos obtenidos en las encuestas de victimización7
, principalmente
en delitos que no son denunciados, por lo que es muy parcial y limitante basarse
unicamente en una fuente de información para el estudio de la problemática de
seguridad ciudadana.
Considerando que los datos que se proponen corresponden principalmente
al periodo 2005-2011, es necesario plantear en paralelo los datos actualizados
que tenemos en Bolivia y que han sido proporcionados principalmente por el
Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana (en adelante ONSC) que realiza
análisis estadísticos con base en registros de la Policía Nacional y los resultados de
las encuestas de victimización y percepción. En cuanto a las encuestas realizadas
en cárceles, la información es un poco limitada y será profundizada en la segunda
parte de este trabajo con una mirada específica en los adolescentes privados de
libertad.
La inseguridad en registros policiales
Iniciemos planteando algunos datos objetivos y concretos, principalmente
en relación con dos tipos de delito que son los de mayor frecuencia en la región:
homicidio y robo. Es particularmente llamativa la tasa de homicidios en la región,
según el Informe Regional de Desarrollo Humano del PNUD:
7
Además se debe considerar que hay una diversidad de ventajas y desventajas en cada
enfoque. Al respecto se puede consultar el informe del PNUD (2013: 42).

Entre 2000 y 2010 la tasa de homicidios de la región creció 11 %, mientras
que en la mayoría de las regiones del mundo descendió o se estabilizó. En
una década han muerto más de 1 millón de personas en Latinoamérica y
el Caribe por causa de la violencia criminal. Por otra parte, considerando
los países para los cuales se cuenta con información, los robos se han casi
triplicado en los últimos 25 años. Y, en un día típico, en América Latina 460
personas sufren las consecuencias de la violencia sexual; la mayoría son mu-
jeres. (2013: V)
Es también importante señalar que cuando se analiza a nivel de país, encon-
tramos tasas menos alarmantes. Bolivia actualmente se encuentra en el grupo de
países con una tasa baja de homicidios de América Latina (con una tasa menor al
10 %). Otros países como Honduras, Guatemala o El Salvador tienen tasas altas
(por encima del 30 %) (PNUD, 2013: 48). Sin embargo, también se debe tomar en
cuenta los datos del ONSC (s/f) que muestran un paulatino incremento de casos
en los que se han cometido delitos contra la vida, contra la propiedad y contra
las personas:
Delitos contra la vida: En el año 2005 se registraron 604 casos, cifra que llegó
a 1 042 casos el año 2012 y 845 casos el año 20138
.
Delitos contra las personas: En el año 2005 se produjeron 7 460 casos, mien-
tras que en el año 2013 se registraron 16 938 casos (ONSC: s/f)9
.
Delitos contra la propiedad: Se produjeron 16 401 casos en el año 2015 y
27 364 casos el 201310
(ONSC: s/f).
Recientemente, durante la Sexta Cumbre de Seguridad Ciudadana11
, el
Ministerio de Gobierno proporcionó datos del año 2015 que señalan el registro de
1 903 casos por delitos contra la vida, 6 500 casos por delitos contra las personas
y 11 17812
casos por delitos contra la propiedad.
Sin embargo, considerando que los delitos contra la propiedad, principal-
mente los casos de robo, son los que menos se denuncian, los registros oficiales
no pueden reflejar correctamente su dimensión. Las encuestas de victimización
nos permiten, entonces, evidenciar de mejor manera esta cifra oculta, aquella
que no se denuncia. Por ejemplo, se tiene la encuesta LAPOP13
-PNUD que señala
8
Datos a nivel nacional que incluyen asesinatos y homicidios.
9
Datos a nivel nacional que incluyen casos de lesiones, violaciones y abuso deshonesto
denunciados a la División de Personas; y lesiones, violación, abuso deshonesto y estupro
que involucra a menores de 18 años de edad.
10
Datos a nivel nacional que incluyen robo, robo agravado y robo de vehículos; y robo y
hurto donde están involucrados menores de edad.
11
La Sexta Cumbre de Seguridad Ciudadana fue realizada el 11 de abril de 2016.
12
Esta cantidad de casos no incluye los cometidos por menores de edad y los casos de
robo de vehículos.
13
Proyecto de Opinión Pública de América Latina

que cerca del 80 % de las personas en América Latina declaran haber sido vícti-
mas de un delito en los últimos 12 meses, donde sufrieron algún tipo de robo
con o sin violencia (PNUD, 2013: 61). En Bolivia el porcentaje de hogares que han
sido victimizados durante el año 2013 es de 38,8 %14
, de los cuales los delitos de
mayor importancia son el hurto (22,2 %) y robo (17,1 %) (EVIC, 2013).
La inseguridad subjetiva
Para la región de América Latina, la problemática de la (in)seguridad ciuda-
dana es un tema significativo y de amplia preocupación. Según datos de la CAF, el
60 % de la población de las principales ciudades de América Latina piensa que la
inseguridad se ha incrementado en los últimos años (2014: 17).
Bolivia sigue la misma tendencia. Según la encuesta de Victimización y Per-
cepción (EVIC 2013) el 90,5 % de los encuestados tiene la percepción de que en
los últimos 12 meses la delincuencia aumentó en el país; 88,8 % percibe que
aumentó en su ciudad y 53,6 % percibe que aumentó en su barrio.
En la misma línea, la inseguridad y delincuencia son identificadas como el
principal problema en el país con un 43,6 % (EVIC 2011) y 52,5 % (EVIC 2013),
incluso por encima de los conflictos sociales 12,4 % (EVIC 2011) y el desempleo
16,7 % (EVIC 2013). Asimismo, si vemos por ciudades, la preocupación por la se-
guridad y delincuencia siempre está en aumento:
Percepción de la inseguridad y delincuencia como principal problema del país
(Por ciudades)
Ciudad 2011 2013
La Paz 37,5 45,4
Santa Cruz 56,8 68,9
Cochabamba 31,8 44,7
El Alto 40,6 48,4
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la EVIC 2011 y 2013 del ONSC.
En el caso de la ciudad de La Paz, el Observatorio La Paz Cómo Vamos que
realiza una encuesta de percepción ciudadana sobre la calidad de vida en el mu-
nicipio muestra que la mayor preocupación de los paceños es la inseguridad/
delincuencia y esto tuvo una tendencia creciente excepto la pasada gestión: 57%
(2011), 67% (2012) 83.5% (2013), 76.1 %(2014).
14
Datos que incluyen robo, hurto, robo en vivienda, robo de vehículos y autopartes,
además de violencia física y psicológica interpersonal en las nueve ciudades capitales de
departamento y la ciudad de El Alto.

Otro de los aspectos que abordan las EVIC es la sensación de inseguridad,
expresada en la probabilidad de que alguien intente ingresar a su casa por la fuer-
za y la probabilidad de ser víctima fuera de su casa. A continuación se muestran
estos datos:
Ciudad
Ingreso a su casa por la fuerza Victimización fuera de su casa
Muy
probable
Poco
probable
Nada
probable
Muy
probable
Poco
probable
Nada
probable
La Paz 52,7 36,2 9,4 79,8 14,7 3,3
Santa Cruz 63,7 23,7 9,6 86,5 8,7 2,5
Cochabamba 61,5 24,8 11,2 84,1 10,2 4,0
El Alto 58,9 27,1 10,4 77,8 14,5 4,9
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la EVIC 2011 del ONSC.
La inseguridad desde las/los privados de libertad
A través de encuestas realizadas a privados de libertad15
, el PNUD valida la
información de que el robo es el delito que más se comete en América Latina
tomando en cuenta, por ejemplo, que más de la mitad de los detenidos por
robo tienen antecedentes por el mismo delito, por relativamente poco dinero
o productos de bajo valor, y menos de la mitad cometían este delito de forma
continua (PNUD, 2013: 60). De la misma forma, esta encuesta ha permitido validar
los porcentajes de robo con violencia identificados a través de las encuestas de
victimización, así por ejemplo en Argentina se ha identificado un 42,95 % de
robos con violencia, mientras que el estudio en cárceles en el mismo país señala
un 50,8 % de robos con violencia. A nivel nacional, según datos de la Dirección
General de Régimen Penitenciario del año 2012, el robo también sería el delito
más predominante con un 25 %, posterior en importancia serían los delitos
vinculados con la Ley 100816
(24 %), violación (19 %), asesinato (9 %), homicidio
(6 %), entre otros delitos con menores porcentajes (citado en Cáritas, 2014: 42).
2.2. La delincuencia juvenil
Uno de los aspectos recurrentes al abordar la (in)seguridad ciudadana es la
problemática juvenil. La delincuencia juvenil es un problema mundial que afecta,
en diferentes niveles, a todos los estratos sociales y económicos; se trata de una
construcción fundamentalmente legal y jurídica que básicamente refiere a la per-
15
El estudio en cárceles fue realizado por el PNUD el año 2013 en prisiones de Argentina, El
Salvador, Chile, Brasil y Perú.
16
Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, aprobada el 19 de julio de 1988
durante el gobierno de Víctor Paz Estensoro

sona joven que tiene una conducta tipificada como delito, castigada por la ley y
que está dentro de un rango de edad que depende de la normativa de cada país.
Las investigaciones en criminología dan cuenta de dos tipos de
comportamientosdelictivosenlainfanciayadolescencia:delincuenciaesporádica,
relacionada a la experimentación; y la delincuencia crónica o persistente, es decir
que se asocia a la construcción de una carrera delictiva. Diversas investigaciones
dan cuenta que la mayoría de los/las adultos/as delincuentes comenzaron su
actividad delictiva a temprana edad, principalmente en la infancia y adolescencia,
lo que motivó a enfocarse en la prevención en etapas tempranas de edad
considerando que existe menos posibilidad de contagio criminógeno y mayores
posibilidades de modificar conductas (Munizaga, 2009: 5). Es importante señalar
que no por el hecho de que un adolescente haya tenido una conducta delictiva
vaya desarrollar una carrera delictiva permanente, de hecho, según lo manifiestan
Vanderschueren y Lunecke, algunas investigaciones realizadas en Estados Unidos
y el Reino Unido, muestran que alrededor del 50% de los jóvenes entrevistados
reconocen haber cometido algún delito durante su adolescencia pero que no
llegaron a ser arrestados (2004:20).
Así también vale la pena entender que la problemática de la violencia está
estrechamente vinculada con la delincuencia, por eso podemos entenderla como
“el uso de una fuerza abierta u oculta, con el fin de obtener de un individuo, o de
un grupo, algo que no quiere consentir libremente” (Domenach 1981: 36, citado
en Jiménez, 2005: 218).
Por otro lado, se ha dicho que la violencia está vinculada con la sociedad
industrializada, urbana y consumista; es decir que en la sociedad de consumo
se alimentan deseos, aspiraciones, esperanzas que no pueden ser satisfechos,
excluyeydiscriminagenerandoinadaptadosyrebeldesydestruyevaloresmorales.
Por lo tanto, la vida en nuestra sociedad actual genera violencia y agresividad
por las aglomeraciones y desorden urbano, además de la anomia social, la
hipocresía, la construcción de necesidades artificiales y la doble moralidad. La
violencia y agresividad son un medio de sobrevivencia en la sociedad actual
(Jiménez 2005: 217). Si bien no todas las sociedades pueden ser caracterizadas
como industrializadas y consumistas, y más bien en nuestro contexto boliviano
se podría hablar de tensiones entre modernidad y tradición, es precisamente ese
contexto heterogéneo que nos permitiría hacer el vínculo con esta mirada a las
necesidades insatisfechas, a la destrucción de valores y a la discriminación de
ciertos grupos sociales.
En este panorama, se debe entender qué es la juventud y cuál es su lugar.
Jiménez (2005: 220), haciendo referencia a Giddens, señala a la juventud
como una etapa en la que se trata de copiar las formas de los adultos sin ser
considerados como tales; entonces, la juventud sería el momento de construcción
de la personalidad del individuo que está presionado por dos modelos: las
conductas adultas y los patrones de género. Por otro lado, Bourdieu relaciona la
juventud con una etapa que limita al individuo de hacerse del poder, es decir la

juventud sería la etapa que impide incorporarse en igualdad de condiciones a las
estructuras de poder o al mercado de trabajo. En esta visión los adultos son los
creadores de cultura para los jóvenes.
Diversas investigaciones dan cuenta de que la juventud no es estática
en identidad, en formas de comportamiento, en gustos, en lenguajes y en
simbologías; de esta manera Jiménez propone que “las identidades juveniles
se constituyen fuera de la formalidad social porque no se identifican con sus
objetivos y los valores dominantes” (2005: 222).
Las diversas miradas, planteamientos y teorías respecto a la delincuencia
juvenil llevan a concluir que no existe un único factor a través del cual se pueda
explicar o entender el origen o motivo por el que una persona joven tiene una
conducta delictiva, sino más bien que está determinada por diversos factores in-
dividuales, familiares, colectivos y contextuales.
Delincuencia juvenil en Bolivia
Para abordar la delincuencia juvenil en Bolivia, será necesario dar una mi-
rada a algunos datos demográficos que nos muestran que los adolescentes y
jóvenes entre los 12 y 21 años de edad representan el 15,39 % del total de la
población urbana a nivel nacional (Censo de Población y Vivienda, 2012). Según
un reciente informe de la Defensoría del Pueblo, 480 adolescentes se encuentran
privados de libertad, de los cuales 440 son varones y 40 mujeres (Defensoría del
Pueblo 2016: 2). Basándose en informes del SENADEP17
del año 2012, el Ministe-
rio de Justicia (2013) señala que el robo agravado es el principal delito cometido
por adolescentes y jóvenes entre 16 y 21 años de edad en siete departamentos
de Bolivia.
TomandoencuentadatosdelaEVIC2011y2013,lareferenciaproporcionada
por las víctimas sobre la edad estimada de sus victimarios, muestra que las
personas entre 15 y 30 años serían responsables de un alto porcentaje de los
actos delincuenciales (entre el 73 % y el 66 %).
Por otro lado, según los registros oficiales de la Policía Boliviana (ONSC, s/f),
la cantidad de denuncias registradas por robo y hurto de menores de 18 años está
en paulatino incremento, el año 2005 se registraron 293 denuncias y el año 2013
el número se incrementó a 737 denuncias a nivel nacional. La Paz y Santa Cruz
son las ciudades con mayor cantidad de denuncias. A continuación, se presenta
una tabla con el detalle de los actos delincuenciales, tomando como referencia
el año 2005 y el año 2013 (en consideración del rango de datos presentados por
el ONSC):
17
Servicio Nacional de Defensa Pública.

Total de denuncias de robo y hurto de menores de 18 años
Departamento Año 2005 Año 2013
La Paz 15 110
Santa Cruz 17 208
Cochabamba 48 173
Oruro 38 53
Potosí 59 50
Chuquisaca 21 96
Tarija 30 30
Beni 64 17
Pando 1 0
Total 293 737
Fuente: Elaboración propia con base en datos del ONSC (s/f)
Las pandillas en Bolivia
La problemática de las pandillas ha sido ampliamente estudiada, princi-
palmente en Centro América dadas las características sociales y políticas de esa
región -es muy conocida la fuerte presencia de la Mara Salvatrucha y la Pandilla
de la Calle 18- y desde este contexto se ha entendido al pandillaje como una
problemática compleja, heterogénea y variable, que puede vincularse con distin-
tas características y situaciones.
Sobre las pandillas en Centroamérica se ha dicho que no solo son una forma
de pasar el tiempo sino una forma de vivir, y varios estudios las vinculan con
cuatro “factores de riesgo”: ser hombre (aunque también hay mujeres), haber
huido del hogar, haber abandonado la escuela, y vivir en un barrio con pandillas
(PNUD 2009: 107-108).
A partir de la experiencia extranjera, es posible encontrar distintas formas o
tipos de pandillas. En Centroamérica, por ejemplo, se distingue el grupo de ami-
gos (para pasar el tiempo) de la pandilla (que defiende su territorio) y también
de la mara (vinculada con el crimen organizado). Así también, Scott Decker habla
de las pandillas “episódicas”, que son creadas para pasar el tiempo, donde los
delitos que cometen son ocasionales y menores; pandillas “celulares”, que están
conformadas por pocos miembros y destinadas a llevar a cabo un acto criminal;
y las pandillas “corporativas”, que tienen un alcance nacional, con fines de lucro,
integradas por adultos jóvenes con experiencia penitenciaria (2007, citado en
PNUD 2009: 197).

El informe del PNUD (2009) señala tres tipos de razones por las que un joven
se involucra con las pandillas: las afectivas, las de seguridad y las utilitarias; mien-
tras que algunos estudios ven la pandilla como una especie de familia sustituta
(aspecto vinculado con las necesidades afectivas, identidad y dignidad del joven),
seguridad personal (defenderse de otra pandilla, policía o agresor); y como me-
dio para vivir mejor.
En el contexto boliviano, recientemente el pandillaje ha adquirido una
relevancia mediática, considerando que hasta hace poco se trataba de un tema
secundario. Sin embargo, se trata de una problemática en crecimiento que debe
llamar y focalizar nuestra atención. Según registros de la FELCC (Boletín ONSC,
s/f), durante el 2011 y 2013 se han registrado 762 pandillas juveniles en las
ciudades capitales de departamento, exceptuando Trinidad. Vale la pena destacar
que el 79 % son hombres y 21 % son mujeres; y las ciudades con mayor cantidad
de pandillas son: La Paz (261), Santa Cruz (169), Cochabamba (106) Oruro (68) y
El Alto (64). Las actividades que se han identificado en las pandillas son:
ACTIVIDADES PANDILLERAS 2011 – 2013
Asesinato, homicidio, secuestro y violación 0,3 %
Carreras de autos 0,3 %
Atracos y violaciones 0,4 %
Extorsión y amenazas 1,7 %
Agresiones y atracos 2,4 %
Cogoteros 3,8 %
Peleas, robos, hurtos, atracos 17,2 %
Robos, hurtos, atracos 21,0 %
Peleas, robos, hurtos 23,1 %
Riñas y peleas 29,9 %
Fuente: (Boletín ONSC, s/f)
Llama la atención que el ONSC no defina qué entiende por pandilla y cómo
se diferencia de otros grupos juveniles. Así también lo advierten Mollericona,
Copa y Villca (2015: 32-33), señalando que en los registros de la FELCC se nombra
como pandilla a cualquier tipo de agrupación juvenil. La mayoría de los estudios
sobre el tema identifican al joven como el problema, como el delincuente,
promoviendo su criminalización y estigmatización.
También es importante reconocer a las/los jóvenes como víctimas. El PNUD
(2013: 81) señala que los jóvenes son las principales víctimas de los homicidios
que se cometen en América Latina. En Bolivia, el 39,4 % de las víctimas de delin-
cuencia son jóvenes menores de 24 años, y es precisamente en este tema que
hay un gran vacío investigativo.

La problemática de adolescentes y jóvenes en Bolivia: miradas institucionales
En Bolivia se ha investigado la problemática juvenil desde diversos enfoques.
Una de las instituciones que ha promovido la investigación de los jóvenes (y la
investigación desde los jóvenes) es la Fundación para la Investigación Estratégica
en Bolivia (PIEB) desde la que se han realizado 40 estudios y 34 publicaciones
sobre la realidad de los jóvenes. Según un análisis realizado por Tórrez (2013), las
investigaciones del PIEB han seguido los siguientes ejes temáticos: identidades
culturales (41 %), política y democracia (23 %), investigación social (9 %), em-
pleo (9 %), delincuencia (6 %) y otros (12 %) (2013: 120). Aunque el tema de la
delincuencia juvenil no ha sido abordado significativamente, se destaca la inves-
tigación de Mollericona et al (2015) sobre pandillas juveniles en el macrodistrito
Max Paredes de la ciudad de La Paz.
Es interesante poner atención a los temas que han sido priorizados y que de-
notan la realidad de los jóvenes en Bolivia. Por un lado, el tema de las identidades
culturales evidencia que los/las jóvenes están construyendo sus propias formas
identitarias, parámetros culturales, pautas de comportamiento, valores e imagi-
nario social. Por otro lado, aunque no en un sentido contrario, en el ámbito socio
político se ve que los/las jóvenes están construyendo nuevas formas de liderazgo
y participación política diferentes a la política tradicional.
Desdeelámbitodelosorganismosinternacionalessepuedenencontrarotros
intereses a la hora de abordar la problemática juvenil. Así por ejemplo, el Fondo
de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) busca contribuir en la reducción
de la mortalidad, acceso y calidad de educación, protección y prevención de
toda forma de violencia y la reducción de las disparidades y pobreza que afectan
a la niñez; el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) muestra un
énfasis, aunque no excluyente, en la problemática de la salud sexual reproductiva
y la prevención de embarazos adolescentes; la Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito trabaja en temas de justicia penal juvenil (en su
área de justicia penal y lucha contra la corrupción), así como con niñas, niños,
adolescentes y jóvenes que son población vulnerable para la trata y tráfico (en su
área de lucha contra la trata y tráfico de personas). El Programa para el Desarrollo
de las Naciones Unidas, en el marco de su programa de reducción de la pobreza
y gobernabilidad democrática, lleva adelante proyectos que buscan fomentar el
emprendimiento y participación juvenil.
En los organismos no gubernamentales podemos encontrar diversas
instituciones que abordan la problemática juvenil; destacamos algunos:
ProgettoMondo Mlal, Capacitación y Derechos Ciudadanos (CDC), Centro
Volontari Cooperazione allo Sviluppo (CVCS), Enda El Alto, Ecojóvenes Bolivia,
Cemse,AsociaciónCuna,Cebiae,CentrodePromociónGregoriaApaza,Asociación
para la prevención de embarazos no deseados, Remar, Save the Children, Visión
Mundial, Ayuda en Acción, Childfund, Plan Internacional, Care Bolivia, Intervida,
entre otros.

3. EXPERIENCIAS DESTACADAS EN PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA
En primer lugar, se debe tener claro qué se entiende por prevención de la
delincuencia. Para esto se recurrirá a dos definiciones, la primera enfocada en el
sujeto y la segunda en el delito o en el riesgo de que sea cometido, ambos impor-
tantes para entender los ámbitos de acción.
(…) un conjunto sistemático de acciones no penales, organizadas y estruc-
turadas para generar situaciones, bienes y servicios, dirigidas a mejorar las
condiciones de vida, modificar comportamientos, generar valores o acti-
tudes que correspondan a ley, a la moral y la cultura propios de un Estado, a
efecto de evitar el acaecimiento de hechos violentos materiales o psicológi-
cos desde el Estado y desde la persona en contra de los derechos humanos
individuales y colectivos (Gómez, 2010: 15; subrayado nuestro).
...engloba las estrategias y medidas encaminadas a reducir el riesgo de que
se produzcan delitos y sus posibles efectos perjudiciales para las personas
y la sociedad, incluido el temor a la delincuencia, y a intervenir para influir
en sus múltiples causas (Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas
(2003); subrayado nuestro).
En el ámbito internacional, se han construido lineamientos para las acciones
de prevención de la delincuencia, vamos a destacar las Directrices de Riad (ONU,
1990)18
y los principios establecidos por las Naciones Unidas.
El primer documento aborda aspectos puntuales para la prevención de la
delincuencia juvenil. Destacamos los siguientes:
Artículo 1: La prevención de la delincuencia juvenil es parte esencial de la
prevención del delito en la sociedad. Si los jóvenes se dedican a actividades
lícitas y socialmente útiles, se orientan hacia la sociedad y enfocan la vida
con criterio humanista, pueden adquirir actitudes no criminógenas.
Artículo 5: Deberá reconocerse la necesidad y la importancia de aplicar una
política progresista de prevención de la delincuencia, así como de estudiar
sistemáticamente y elaborar medidas pertinentes que eviten criminalizar y
penalizar al niño por una conducta que no causa graves perjuicios a su de-
sarrollo ni perjudica a los demás.
Artículo 10: Deberá prestarse especial atención a las políticas de prevención
que favorezcan la socialización e integración eficaces de todos los niños y
jóvenes, en particular por conducto de la familia, la comunidad, los gru-
pos de jóvenes que se encuentran en condiciones similares, la escuela, la
formación profesional y el medio laboral, así como mediante la acción de
organizaciones voluntarias. Se deberá respetar debidamente el desarrollo
personal de los niños y jóvenes y aceptarlos, en pie de igualdad, como co-
18
Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil, (Direc-
trices de RIAD), adoptadas y proclamadas por la Asamblea General en su resolución 45/112,
del 14 de diciembre de 1990.

partícipes en los procesos de socialización e integración.
Asimismo, la Organización de Naciones Unidas, en la Resolución 2002/13 del
Consejo Económico y Social (2003), describe una serie de principios para la
generación de políticas responsables y eficaces en materia de prevención de
la delincuencia que resumimos de la siguiente manera:
• Función rectora del gobierno. El gobierno debe asumir la función rectora
en la elaboración de estrategias eficaces y humanas de prevención del delito,
así como la creación y el mantenimiento de marcos institucionales para su apli-
cación y examen.
• El desarrollo socioeconómico y la inclusión. Los programas y políticas
sociales y económicas deben integrar consideraciones de prevención del delito.
Se debe hacer hincapié en las comunidades, las familias, los niños y los jóvenes
en situación de riesgo.
• La cooperación y las asociaciones. Se trata de las asociaciones que se es-
tablecen entre ministerios y entre autoridades, organizaciones comunitarias,
organizaciones no gubernamentales, el sector empresarial y los ciudadanos a
título individual.
• Sostenibilidad y rendición de cuentas. Se requiere recursos adecuados para
asegurar su sostenimiento y debe haber una clara rendición de cuentas respecto
de los fondos, la ejecución y la evaluación, así como del logro de los resultados
previstos.
• Base de conocimientos. Las estrategias, políticas, programas y medidas de
prevención del delito deben tener una amplia base de conocimientos multidisci-
plinarios sobre los problemas de la delincuencia.
• Los derechos humanos, el Estado de derecho y la cultura de la legalidad. Se
debe respetar el Estado de derecho y los derechos humanos, así como promover
activamente una cultura del imperio de la ley.
• Interdependencia. Cuando corresponda, se debe tener en cuenta la
vinculación entre los problemas de la delincuencia nacional y la delincuencia
organizada internacional.
• Diferenciación. Las estrategias de prevención del delito deben tener en
cuenta las diferentes necesidades de hombres y mujeres, así como de miembros
vulnerables de la sociedad.
En el campo de la prevención de la delincuencia, existen diversos tipos de
acciones, estrategias o políticas que, según diferentes investigadores, por sí solas
no generan resultados sostenibles, necesitando un trabajo integral y coordinado.
A partir de un marco epidemiológico, adoptado desde el campo de la salud públi-
ca, se han establecido tres etapas de intervención y destinatarios en el ámbito de
la prevención de la delincuencia:
• Nivel primario. Comprende el diseño de estrategias orientadas a la raíz
del conflicto criminal, es decir a atacar las causas antes de que el problema

se manifieste. Sus resultados pueden esperarse solo a mediano y largo plazo
(Guerrero, 2007: 264). Asimismo, en este nivel se trabaja para la reducción de
factores de riesgo e incremento de los factores protectores.
• Nivel secundario. Opera a corto y mediano plazo. Se dirige a potenciales de-
lincuentes y víctimas, de manera selectiva se ocupa de casos concretos, grupos
o subgrupos que tienen mayor riesgo de estar vinculados o protagonizar proble-
mas criminales; es decir, actúa antes de que se cometa el acto criminal.
• Nivel terciario. La prevención a este nivel opera cuando los delitos han sido
cometidos y se dirige específicamente a la población que se encuentra en pri-
vación de libertad. Su acción está destinada a evitar la reincidencia.
Por otro lado, la acciones/estrategias/políticas de prevención de la
delincuencia presentan diferentes enfoques de intervención. Algunos de los más
conocidos son:
3.1. Prevención social
Si bien la Organización de las Naciones Unidas señala que los programas
de prevención social están destinados a “Promover el bienestar de las personas
y fomentar un comportamiento favorable a la sociedad mediante la aplicación
de medidas sociales, económicas, de salud y de educación, haciendo particular
hincapié en los niños y los jóvenes, y centrando la atención en el riesgo y los
factores de protección relacionados con la delincuencia y la victimización la
prevención mediante el desarrollo social o la (prevención social del delito)”
(Consejo Económico y Social, 2003) La amplitud de esta concepción no es
suficiente, será necesario mirar más allá y ver cómo la prevención social es
concebida concretamente en acciones. Para ello, y recurriendo a Martínez
Bastida, se puede entender que:
Se basa en intervenciones no penales sobre delincuentes potenciales
orientadas a atenuar su propensión criminal, sustentándose en las teorías
clásicas de la etiología del delito (...). Es decir se pretende actuar sobre
las causas más significativas de la criminalidad y la creación de lazos de
solidaridad social que, favoreciendo la prevención de conductas ilícitas,
incrementen la calidad de vida de los ciudadanos y sus resultados sólo
podrían darse en el mediano y largo plazo. (Citado en Hikal, 2013: 7;
subrayado nuestro).
Programa Fica Vivo! 19
Una de las experiencias más significativas que se han desarrollado con este
enfoque es el Programa Fica Vivo, desarrollado desde el año 2002 en el Belo Hori-
19
Inicialmente el proyecto se llamaba Control de Homicidios en la Ciudad de Belo Horizonte,
pero fue la comunidad la que pidió un cambio de nombre considerando la estigmatización
que implicaba para la comunidad participante; entonces se optó por el nombre “Fica Vivo”,
que significa “Mantente con vida”.

zonte, una pequeña ciudad del Brasil que se caracterizaba por tener bajos índices
de delincuencia, llegando incluso a ser una de las ciudades con mayor calidad de
vida de ese país. Sin embargo, en los años noventa, la criminalidad violenta fue
incrementándose significativamente en la ciudad y en todo el Estado de Mina
Gerais. Según un Estudio de Caso (Beato, 2005:4), la Policía Civil en el año 1997
registró 325 homicidios en todo el Estado y en el 2003 se registraron 1 150 casos
de homicidio, este crecimiento exponencial de los homicidios no fue aislado, sino
estuvo antecedido por un incremento en el número de delitos violentos registra-
dos por la Policía Militar en la ciudad que pasó de 8 000 casos en 1996 a 45 000
casos en 2003.
El Programa Fica Vivo! fue una iniciativa del Centro de Estudios en Criminali-
dad y Seguridad Pública de la Universidad Federal de Minas Gerais (Crisp/UFMG)
pero fue implementado a través de la articulación de diferentes instituciones
como la Policía Militar del Estado, Policía Civil, Policía Federal, Ministerio Público,
Poder Judicial, organizaciones no gubernamentales, entre otras.
Según el estudio de Beato (2005), el Programa Fica Vivo! puede ser definido
como un programa de prevención abarcador (comprensivo), focalizado y comu-
nitario, considerando que las acciones están dirigidas a reducir los factores de
riesgo para la criminalidad y a fortalecer los factores protectores, donde la base
comunitaria tiene un papel fundamental para la elaboración de planes locales
de seguridad, la ejecución de algunas acciones y monitoreo del programa, y la
promoción de alianzas entre actores de la comunidad para realizar acciones de
prevención.
A través de un análisis de hot pots (áreas de concentración del crimen),
se identificaron seis focos de homicidios en la ciudad. A partir de ello se realizó
una encuesta de victimización que buscaba comprender las condiciones que fa-
vorecían a los actos de violencia en esas zonas. Morro das Pedras fue seleccion-
ada como el lugar para realizar el proyecto piloto, en consideración de que era
una de las seis zonas más violentas de la ciudad y por las características de los
delitos que ahí ocurrían: fuerte participación de los jóvenes en pandillas y el uso
de armas de fuego.
Fica Vivo! tiene como objetivo reducir la cantidad de homicidios dolosos y
se desarrolla a partir de acciones de control y prevención expresados en dos ejes:
por un lado, se encuentra la intervención estratégica y por otro la protección so-
cial (Governo do Estado de Minas Gerais, 2009: 12).
El eje de intervención estratégica, como lo señala el Governo do Estado
de Minas Gerais (2009), tiene el objetivo de articular y promover la integración
de los órganos del Sistema de Defensa Social y Justicia Penal, así como también
de realizar estudios técnicos y capacitaciones a las instituciones del Sistema
de Justicia Criminal. El Grupo de Acciones Estratégicas estaba formado por
representantes de la Policía Civil, la Policía Militar, la Policía Federal, el Ministerio
Público y el Poder Judicial; así también se convocaron a fiscales y magistrados en
las áreas y ramas de los juzgados relativas a infancia y juventud, justicia penal,

estupefacientes, sistema correccional y combate del crimen organizado; según
Beato “Se trataba de una forma de gestión integrada y colectiva, en la que no
había ‘propiedad’ institucional y en donde las dependencias y organismos se
incorporaban siguiendo la estrategia de ‘efecto bola de nieve’, en la cual distintos
actores se incorporaban al núcleo en función de las necesidades identificadas”
(Beato, 2005: 5).
El segundo eje, la protección social, estaba dirigido a adolescentes y jóvenes
de 12 a 24 años de edad a través de acciones de atención y trabajo en red que
buscan fomentar la construcción de estilos de vida diferentes a la criminalidad. El
Governo do Estado de Minas Gerais (2009) describe 5 acciones que resumimos
de la siguiente forma:
• Talleres: Son una estrategia de aproximación y atención a los jóvenes
de acuerdo a sus características locales. Los facilitadores tienen entre sus
funciones la creación de vínculos entre los jóvenes y el programa; generar
espacios para discusiones y hacer mediaciones de conflictos entre los
jóvenes; potencializar la autonomía de los jóvenes; promover discusiones
sobre seguridad pública, ciudadanía y derechos humanos; permitir a
los jóvenes el conocimiento, la valorización y apropiación de elementos
culturales; realizar encuentros y eventos que atiendan a los objetivos del
programa; entre otros.
• Atención psicosocial: Está destinado a jóvenes que están directamente
envueltos en actividades criminales o que sufren la dinámica criminal en
su localidad. Busca orientar y mostrar la posibilidad de la construcción de
alternativas distintas a la criminalidad.
• Proyectos: Hay de dos tipos: instituciones y locales. Los proyectos
institucionales son elaborados y ejecutados por el equipo del programa,
estándirigidosalosjóvenesypromuevensucirculaciónporespaciosdiversos
en la ciudad; así también se busca mejorar la articulación con distintas
instituciones. Por otro lado, los proyectos locales son medios para acercarse
y atender a los jóvenes que no se pudo contactar por otros medios; por eso
se construyen considerando las características particulares de cada lugar y
es posible que la planificación y ejecución de estos proyectos sean dirigidos
por los jóvenes que participan en el programa.
• Multiplicadores: Se identifican a jóvenes que asisten a los talleres y que
se destacan por su liderazgo y por su capacidad de transmitir los objetivos
del programa, por lo que se los involucra en otras actividades con mayor
cercanía a los jóvenes.
• Grupos de jóvenes: Los grupos de jóvenes reciben una formación que
puede ocurrir espontáneamente o como una propuesta del programa a un
grupo de jóvenes. Independientemente de las especificidades del grupo, las
discusiones/acciones deben estar orientadas por las directrices de la política
de prevención de la criminalidad.

Fica Vivo! inició con la hipótesis de que existía una fuerte conexión entre el
delito y la droga. Entonces, desde el ámbito de la intervención estratégica fueron
intervenidos los mercados y elevados los costos para que el negocio no fuera
rentable. Para esto se buscó perjudicar lo más posible la venta de drogas, así que
cada vez que había un homicidio, la Policía Militar de Mina Gerais ocupaba las
zonas poniendo especial énfasis en los puntos de venta de drogas. La búsqueda
e incautación de armas de fuego también fue más intensa. Este trabajo fue un
ejercicio de autoridad realizado y coordinado por la Policía Militar, la Policía Civil,
el Ministerio Público y los tribunales de justicia.
La percepción sobre la policía no era buena, y eso provocó cambios en los
recursos humanos. Se buscaron agentes que tenían un perfil más adecuado para
tener una interacción con la comunidad local, mientras que las unidades policiales
más agresivas tenían la orden de reportarse al comandante y a los gestores
locales. Sin embargo, los problemas dentro de la policía y el ámbito judicial fueron
persistentes, principalmente en términos de comunicación y coordinación; por lo
que se tomaron algunas acciones para agilizar los procedimientos y hacer más
fluida la comunicación. La policía realizó operativos a gran escala, pero los costos
elevados de hacerlo indefinidamente y la red de corrupción que alertaba a los
traficantes generaron dificultades. A pesar de la ineficiencia de esta estrategia,
se la mantuvo como un ejercicio simbólico de autoridad y para mostrar una
relación de causa y efecto: cada vez que había un homicidio, la policía hacía un
operativo a gran escala. Todas estas acciones producían un impacto inicial, pero
para que fuera factible a largo plazo era necesario tomar acciones en el ámbito
del desarrollo social y en la movilización comunitaria.
La estrategia para el desarrollo social y la movilización comunitaria fue la
incorporación de distintos organismos y dependencias, así como a líderes de la
comunidad que participaron en talleres de ciudadanía y resolución de problemas.
En ellos se identificaron los problemas y los tópicos de líneas de trabajo. Una de las
líneas de trabajo fue la información y comunicación, por lo que se desarrollaron
acciones educativas y comunicativas dirigidas a los jóvenes, buscando disuadir la
participación en pandillas y encontrar estrategias para no recurrir a la violencia
para la resolución de problemas. Para esto se distribuyeron folletos, se realizaron
charlas en las escuelas y se recurrió a radios locales. Sin embargo, el desafío más
grande era llegar a los jóvenes que ya tenían una vida delictiva.
Al no contar con recursos financieros, el proyecto optó por reorientar los
recursos que ya se tenían desde la municipalidad, las organizaciones voluntarias,
etc.; y utilizar los conocimientos de otras experiencias. Fue fundamental el Pro-
grama de Libertad Asistida, encargado del cumplimiento de las medidas socio-
educativas, porque permitieron tener un canal de comunicación con los jóvenes
que tenían una vida delictiva. Como señala Beato, esto permitió “comprender el
universo cognitivo y simbólico en el que se desenvuelven las pandillas, el cual
termina por convertirse en el foco de atracción para los jóvenes” (2005: 30). En
este sentido, se supo que -contrariamente a lo que se cree comúnmente dentro

y fuera de la comunidad- ser parte de una pandilla no tiene ningún brillo ni atrac-
ción para quienes ya han caído en sus redes, ya que el miedo es permanente;
así también se conoció que el ámbito geográfico de acción de las pandillas era
bastante restringido, y para salir de ese ámbito se necesitaba mucho cuidado. La
imagen de los líderes era muy clara y reforzada por los medios de comunicación
que los engrandecían permanentemente: temor, mujeres y motos y vehículos
nuevos. Uno de los aspectos más relevantes que se conocieron es que a estos
jóvenes nadie les había mostrado otra opción de vida, el otro lado de la moneda
de una vida delictiva exitosa.
Este proyecto ha sido institucionalizado por el gobierno del Estado de Minas
Gerais y está siendo implementado en 28 áreas del Estado y expandiéndose en
otras regiones.
MIRANDO MÁS ALLÁ DE AMÉRICA LATINA
Prevención social en escuelas de Holanda*
A. Tres escuelas secundarias profesionales de los Países Bajos registraban Tasas elevadas
de absentismo escolar y abandono precoz de los estudios. Conscientes de que las
perturbaciones en las escuelas y el absentismo presentan una fuerte correlación con la
delincuencia, los autores del proyecto decidieron actuar sobre los alumnos que más se
ausentaban de la escuela.
B. La intervención implica cuatro dispositivos:
• Instauración en las tres escuelas de un sistema informatizado de registros
de ausencias;
• Llamadas telefónicas sistemáticas a los padres la misma mañana en que se señalaba la
ausencia de su hijo;
• Contratación de consejeros escolares, que dieron seguimiento a los alumnos ausentes,
trataron problemas disciplinarios, se entrevistaron con los alumnos que consideraban
abandonar los estudios y aconsejaron sobre este tema a los padres;
• Creación de clases especiales en las que eran colocados durante un periodo
máximo de tres meses (con la finalidad de permitir un retorno rápido a las clases ordinarias)
los alumnos que se ausentaban a menudo.
C. Estas medidas hicieron bajar significativamente la frecuencia de las ausencias no jus-
tificadas de las escuelas (antes del programa, se calculaba que la ausencia semanal por
alumno era en promedio de 1.4 horas; cuando fue aplicado plenamente, este promedio
bajó a 0.5 horas).”
------
*Fragmento extraído de Caviglia, F. (2002), citando a H.M. WILLEMSE, “Debelopments in
Dutch Crime Prevention”, en R.V. CLARKE (ed.), Crimen Prevention Studies, Vol. 2, Monsey,
New York, Criminal Justice Press, 1994: 33-48, citado por CUSSON y otros, op. cit., p. 14.)

3.2. Prevención situacional y ambiental
Este enfoque de prevención reconoce la importancia de la organización y
distribución de los espacios públicos, entendiendo que las condiciones del entor-
no facilitan o dificultan la actuación de aquellos que buscan infringir la ley, es de-
cir los factores ambientales dan oportunidad para que se cometa un delito. Está
inspirada en la perspectiva de Crime Prevention Through Enviromental Design
(CPTED) y su objetivo es reducir las oportunidades para que se comentan delitos
en espacios específicos de una comunidad, es decir son políticas que apuntan a
mejorar la infraestructura física y medioambiental de un lugar (CAF, 2014).
Para la prevención situacional y ambiental se presentan dos estrategias:
por un lado, aquella orientada al ambiente; y por otro, la orientada al blanco.
La primera tiene que ver con cuatro elementos que, de acuerdo a Salazar, son:
i) la vigilancia natural, donde se busca incrementar la visibilidad del espacio o
fomentar su uso, es decir el control desde la comunidad; ii) refuerzo de los lazos
afectivos, buscando generar un mayor sentido de pertenencia y así la apropiación
de los espacios públicos desde la comunidad; iii) el control natural de accesos,
que se da a través de barreras físicas o simbólicas a espacios determinados para
evitar y controlar la circulación de personas ajenas a la comunidad; y, finalmente,
iv) mantención del espacio público, que si bien es una tarea de los gobiernos
municipales, su buen uso corresponde a la comunidad. La segunda estrategia
implica acciones como i) eliminar y arruinar el blanco del espacio en donde puede
serpotencialmenteagredido;ii)modificarelblanco,esdecir,cambiarsusatributos
para que pierda el atractivo; iii) endurecer el blanco, reforzando sus características
físicas; iv) marcar el blanco para hacer más difícil su uso o comercialización en el
mercado ilegal; y, finalmente, v) proveer opciones socialmente aceptadas para el
uso de un blanco determinado, como por ejemplo destinar ciertos lugares para la
realización de graffitis (2007: 199-200).
Programa “Quiero mi barrio”
Las experiencias de prevención de la delincuencia desde el enfoque situa-
cional y ambiental suelen estar acompañadas de enfoques de prevención social y
comunitaria. A continuación, presentamos la experiencia chilena con el programa
de recuperación de barrios “Quiero mi barrio”, que fue desarrollada desde el año
2006 y que le ha merecido varios reconocimientos por parte de la Organización
de las Naciones Unidas.
Se trata de una iniciativa del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de la Repú-
blica de Chile, que tiene como objetivo contribuir al mejoramiento de la calidad
de vida en los barrios con problemas de deterioro urbano y vulnerabilidad so-
cial mediante la recuperación de los espacios públicos y de los entornos urbanos
a partir de un proceso participativo. Para eso se plantea “una estrategia de in-
tervención urbana y social en espacios locales (barrios) desde una metodología
participativa, asumiendo principios de los enfoques de prevención situacional y
comunitaria” (Jaramillo 2008: 14). Si bien tiene un énfasis en el mejoramiento
de las viviendas y barrios, se prioriza el tema de la integración social, por lo que

la participación de la comunidad es vital para determinar las inversiones y obras
físicas.
Rescatamos la experiencia en este programa de María Cecilia Jaramillo
(2008: 17-23), concretamente en el barrio La Castrina (comuna San Joaquín) que
cuenta con 5 520 habitantes. El trabajo inicia con la difusión de información del
programa hacia las organizaciones de comunidad y la comunidad no organizada;
posteriormente se recaba información cualitativa y cuantitativa para el diagnósti-
co a través de entrevistas, marchas exploratorias por el barrio y una encuesta de
satisfacción barrial que aborda temáticas relativas a la victimización y sensación
de inseguridad.
De esta forma se identificaron dos problemas centrales: La percepción
de inseguridad presente en la comunidad y el repliegue a la vida privada con
el consecuente debilitamiento de la vida comunitaria. De una manera muy
interesante, cada uno de estos problemas es caracterizado, por un lado, como
problema urbano; y por otro, como problema social. De acuerdo a esta división
se proponen objetivos y planes de gestión de obras. Por ejemplo, dentro del
problema de la percepción de la inseguridad en la comunidad, se identificó
como problema urbano la “escasez y deterioro de la infraestructura urbana”, ya
que esto incrementa la inseguridad y victimización de la población; se propuso
como objetivo “proveer y mejorar los espacios públicos e infraestructura
urbana... otorgando mayores grados de seguridad y generando espacios de libre
circulación...” (2008: 20). Dentro del plan de gestión de obras está la construcción
de plazas, instalación de luminarias, arreglo de veredas y pavimentación de
calles. Por otro lado, la misma situación de percepción de inseguridad, en tanto
problema social, fue caracterizado a partir del “microtráfico de drogas, violencia y
conflictividad asociada (sensación objetiva), aumento de temor por información
entregada por medios de comunicación (sensación subjetiva) y deterioro de
espacios públicos del barrio”. Se propuso como objetivo “aportar a la disminución
de la sensación de inseguridad de los vecinos y vecinas del barrio La Castrina a
partir del desarrollo de estrategias de prevención comunitaria” (2008: 20), por
lo que su plan de gestión social incluye planes medioambientales, planes de
recreación y deporte en espacios públicos y planes en el ámbito de cultura e
identidad (fomento de utilización de espacios públicos).
La autora identifica como fortalezas de la experiencia del programa Quiero
mi barrio el gran nivel de inversión, la focalización del programa en una unidad
territorial pequeña, la relevancia y centralidad de la participación comunitaria
en todos los niveles de implementación, la incorporación de otras instituciones
y el desarrollo de estrategias que fomenten el trabajo en red, la posibilidad de
implementación por parte del gobierno local (municipio) y la intervención por
parte de equipos multidisciplinarios. Asimismo, algunas de las debilidades son la
indefinición de lo que se entiende por barrio, los tiempos de implementación no
concordantes con los tiempos de la comunidad y la excesiva burocratización en
la entrega de recursos.

El programa Quiero mi barrio está todavía en vigencia y según el Ministerio
de Vivienda y Urbanismo20
ha trabajado en 317 barrios, beneficiando a más de
804 mil habitantes. Además, esta misma fuente señala que la presidenta Bachelet
anunció que el 2014 se iniciaría el programa en 73 barrios, el 2015 en 80 barrios
y el 2016 en 50 barrios.
MÁS ALLÁ DE AMÉRICA LATINA
Prevención situacional en los transportes públicos en Australia*
A. En los transportes públicos (trenes, autobuses y tranvías) del estado de Victoria, en
Australia, los viajeros temían por su seguridad, lo que hizo bajar la frecuentación de estos
medios de transporte. Este temor no se debía únicamente a la criminalidad violenta (690
delitos contra la persona en 1990), sino también a la suciedad de vehículos y estaciones,
al efecto intimidante de los graffitis acumulados, a las conductas agresivas de grupos de
vándalos y al efecto amplificador de los medios de comunicación que informaban sobre
los incidentes ocurridos.
B. A partir de finales de 1990 se adoptaron las siguientes medidas:
• importante limpieza de estaciones y vehículos y un programa de limpieza rápida para
eliminar los graffitis desde su aparición, con la participación de la comunidad;
• instalación de teléfonos públicos en todas las estaciones del área metropolitana; - me-
jora de la iluminación de las estaciones;
• patrullas policiales en sectores problemáticos a las horas en que las perturbaciones del
orden público se manifestaban más a menudo;
• instalación de televisión en circuito cerrado en estaciones, trenes y autobuses; incre-
mento de la presencia de empleados del sistema de transportes públicos; - circulación en
los trenes de guardias de seguridad.
C. Este conjunto de medidas hizo bajar en un 42 % los delitos contra la persona, así como
los demás delitos. Los actos de vandalismo disminuyeron asimismo considerablemente
(700 ventanas rotas en 1990 contra un centenar en 1992), así como el número de graffitis.
-----------------
*Fragmento extraído de Caviglia, F. (2002), citando a K. CARR y G. SPRING, “Public Trans-
port Safety. A Community Right and a Communal Responsibility” en CLARKE (ed.), Crime
Prevention Studies, Vol. 1, citado por CUSSON y otros, op. cit., p. 11.
3.3. Prevención comunitaria
Este enfoque pretende “modificar las condiciones en los vecindarios que in-
fluyen en la delincuencia, la victimización y la inseguridad resultantes del delito
20
http://www.minvu.cl/opensite_det_20140606182848.aspx

mediante el fomento de iniciativas, la aportación de experiencia y la decisión de
los miembros de la comunidad” (Consejo Económico y Social, 2003).
Como lo señala Lucía Dammert (2007), en las últimas décadas se ha visto
que el control del delito ha dejado de ser concebido como una tarea única y ex-
clusiva de las instituciones públicas, sino también una tarea de las organizaciones
no gubernamentales y de la comunidad; es decir que ha pasado de estar única-
mente en la esfera gubernamental para alcanzar ámbitos de la esfera pública.
En este contexto podemos encontrar el enfoque de la prevención
comunitaria “donde muchas veces se combinan estrategias situacionales y
sociales, pero se diferencia de aquellas en que la comunidad es concebida con un
doble carácter como objeto y sujeto de las políticas preventivas” (Crawford, 1998;
Sozzo, 2004; citados en Zúñiga, 2007). Por lo tanto, este enfoque pone énfasis en
el involucramiento a la comunidad en el proceso de toma de decisiones, y en la
gestión y control de las acciones para la prevención de la delincuencia.
Pese a que actualmente la participación comunitaria para la prevención del
delito es considerada muy importante, existen también miradas críticas que de-
notan dificultades en este enfoque. Dammert, por ejemplo, encuentra proble-
mas de definición y conceptualización de este enfoque, principalmente con la
cuestión de comunidad, ya que puede entenderse como los representantes de
los individuos organizados o directamente a los individuos (2007: 25); asimismo,
Zúñiga (2007: 140) nos advierte que la relación entre inseguridad y participación
no es unívoca, sino que se da en múltiples direcciones, y esto pone en duda la
viabilidad de las políticas que, sin considerar la crisis de la participación de la co-
munidad, buscan disminuir la sensación de inseguridad en la población desde el
ámbito de la prevención comunitaria; es decir, la participación de la comunidad
no es un tipo ideal, sino más bien presenta todo tipo de problemáticas que deben
ser resueltas y consideradas para que realmente sea un ámbito desde el cual se
pueda aportar a la prevención de la delincuencia.
Programa Comuna Segura Compromiso 100
El contexto en el que surge este programa está dado por el incremento de
las denuncias de los delitos de mayor connotación social. Frühling y Manzano
(2006) señalan que los delitos más denunciados son los robos con fuerza y las
lesiones, el incremento de estos delitos se inició en 1995 y ningún gobierno ha
logrado detener. Asimismo, Lunecke señala que la sensación de inseguridad es
un problema transcendental ya que acuerdo a la Primera Encuesta Nacional de
Victimización realizada el año 2003, el 47 % de los encuestados señaló que cree
que será víctima de un delito en los próximos 12 meses. Este panorama generó
que la agenda pública chilena se oriente al desarrollo de estrategias para reducir
la delincuencia y la sensación de inseguridad; de esta manera, Chile ha desarrollo
una mirada más sistémica e integral y ha impulsado acciones que involucran a
diferentes niveles de gobierno (nacional, regional, provincial), además de las
autoridades locales, organizaciones de la sociedad civil y a la comunidad (2005:
156).

El Programa Comuna Segura Compromiso 100 es una iniciativa del Ministerio
del Interior y la Fundación Paz Ciudadana y ha sido definido como “una estrategia
de prevención comunitaria enmarcada en la perspectiva de descentralización de
las políticas de prevención en seguridad ciudadana” (Lunecke 2005: 159). Este
programa buscó crear un modelo de prevención de la delincuencia en función
de dos conceptos centrales: “fortalecer el enfoque preventivo del delito y el
aumento de capital social” (Frühling y Gallardo, 2012: 156).
Según Lunecke (2005: 160) el programa tenía dos objetivos: 1) fortalecer las
capacidades institucionales existentes en el ámbito local para intervenir en segu-
ridad ciudadana; y 2) promover la generación y ejecución de planes integrales de
seguridad ciudadana; y para alcanzarlos se basaron en el funcionamiento de tres
componentes:
• Consejo Comunal de Seguridad Ciudadana: Participaban autoridades del
Estado a nivel local y representantes de la sociedad civil. Es un espacio de diálogo
social que tiene la responsabilidad de orientar la estrategia local, aprobar las in-
versiones y realizar un seguimiento.
• Secretaría Comunal: Profesional encargado del diagnóstico de la situación
de seguridad de la comuna y del Plan Comunal de Seguridad.
• Mesa Técnica Comunal: Participan direcciones municipales relacionadas
directa o indirectamente con acciones de prevención y su trabajo es orientar téc-
nicamente, junto con la Secretaría Comunal, el diseño del Plan Comunal.
En una primera etapa, como lo describen Frühling y Gallardo (2012: 158),
se trabajó a partir de fondos concursables que financiaban iniciativas locales de
prevención de la delincuencia planteadas por organizaciones comunitarias. En la
evaluación desde el Ministerio del Interior de ese país se identificó; por un lado,
que las organizaciones no tenían capacidad técnica y administrativa para llevar a
cabo los proyectos planteados; y por otro, que las temáticas que se trabajaban
eran muy dispersas y, sumado a los bajo montos asignados, se tenía muy poco
impacto en los indicadores de seguridad. El año 2006 se reformuló este progra-
ma, los fondos ya no eran asignados mediante fondos concursables, sino directa-
mente a los municipios a través de fondos de apoyo a la gestión municipal y se
determinaron las siguientes áreas temáticas de acuerdo a la Estrategia Nacional
de Seguridad Pública: a) prevención, b) rehabilitación y c) asistencia a víctimas.
Cuando se habla de los logros y avances alcanzados por este programa, se
encuentran diversas voces. El programa habría permitido avances en materia de
prevención comunitaria, a decir de Lunecke, y esto se manifestaría a través de la
experiencia adquirida por los secretarios comunales y los equipos profesionales,
así como a través de algunas prácticas de prevención que han sido desarrolladas
en varias comunas. El principal logro que señala la investigadora es la mirada in-
tegral al tema de seguridad ciudadana que ahora se tiene y que en diversos muni-
cipios han sido incorporados los temas de la prevención comunitaria y seguridad
ciudadana en los planes de desarrollo comunal (2005: 166).

Si buscamos los resultados objetivamente medibles, Frühling y Gallardo
(2012) nos plantean dos miradas; por un lado, el Banco Interamericano de
Desarrollo, a partir de un análisis estadístico, señaló que las comunas hubiesen
tenido un 19 % más en sus indicadores de delitos contra las personas y la
propiedad de no haber participado en el Programa Comuna Segura (citando a
Ruprah, 2008). Por otro lado, a partir de un análisis econométrico, un estudio
concluye que no se redujeron los beneficios esperados por delinquir, por lo que
no se habría conseguido mejorar las oportunidades económicas en los barrios
que participaron del programa o garantizar que los grupos vulnerables hayan
tenido una mayor integración en sus comunas (citando a Beyer y Vergara, 2006).
MIRADAS MÁS ALLÁ DE AMÉRICA LATINA
COMMUNITIES THAT CARE*
’Communities that Care’ fue creado por los profesores de la universidad de Washington,
EE. UU., J. David Hawkins y Richard Catalan. Es un sistema de planificación y ejecución, a
nivel de barrios o comunidades, para la prevención de la delincuencia, consumo de dro-
gas, violencia, deserción escolar y embarazo adolescente. Se trata de un sistema porque
propone una metodología para la gestión comunitaria de la prevención, que contempla la
formación de un equipo de trabajo, la realización de un diagnóstico de factores de riesgo/
protección en la comunidad, la priorización de problemas, el desarrollo de un plan de
prevención, la implementación de programas de prevención probadamente efectivos de
acuerdo con las prioridades establecidas y el monitoreo de la ejecución del plan a través
del tiempo.
a. Inicio y diagnóstico: El trabajo comienza identificando la comunidad o barrio donde
se aplicará el sistema y a un “líder de barrio”, persona que será capacitada para liderar y
coordinar el trabajo. Hay que aclarar que cuando se habla de barrio se piensa en unidades
geográficas que tienen entre 5 000 y 15 000 personas (...).
b. Organizar e introducir el sistema: El proceso de movilización comunitaria continúa con
la instauración de un “directorio comunitario” conformado por los actores relevantes para
la comunidad, tanto formales como informales; por ejemplo, policías, fiscales, dirigentes
vecinales, dirigentes deportivos, líderes religiosos, etc. A este “directorio comunitario” se
le capacita para comprender su rol en la implementación del sistema CTC en la comuni-
dad. La labor del directorio será supervisar, asistir y validar ante la comunidad el trabajo
realizado por el líder de barrio.
c. Desarrollar un perfil de la comunidad: Una vez que el directorio comunitario ha sido
capacitado y está trabajando en conjunto con el líder, se reúne información cualitativa y
cuantitativa de la comunidad. En la recolección de información un elemento central es la
aplicación de la “Encuesta de Autorreporte Juvenil” (Communities That Care Youth Sur-
vey). Esta se aplica en los colegios a jóvenes de sexto básico a cuarto medio, para conseguir
información respecto a los factores de riesgo y protección que existen. La información se
analiza e interpreta para identificar cuáles serán los temas prioritarios (...)
d. Crear un plan de acción comunitario: En esta etapa el líder en conjunto con el directorio
comunitario, elabora un plan de acción que considere los factores de riesgo/protección
priorizados y los programas más efectivos para trabajar en dichos factores. Para lograr
esto se cuenta con una guía de programas efectivos y probados (Communities That Care

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