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34 Brecha 11 de abril de 2014
Con el experto internacional argentino Leandro Despouy
“La deuda de Obama con los
derechos humanos es enorme”
Actual presidente de la Auditoría General de la Nación Argentina, el abogado Leandro Despouy
fue en 2006 uno de los autores del primer informe internacional que denunció los horrores del
campo de concentración montado por Estados Unidos en la bahía de Guantánamo.1
En esta
entrevista Despouy abunda sobre ese documento, se refiere a la realidad actual en Guantánamo
y respalda la postura del gobierno uruguayo de recibir a detenidos de ese campo sin exigirles
contrapartidas. “Mujica está respondiendo, en realidad, a nuestro pedido en ese sentido”, dijo.
—La excelente disposición del
gobierno uruguayo anunciada a fi­
nes de marzo de 2014, de recibir a
seis detenidos del penal de Guan­
tánamo, es coherente con la polí­
tica activa de derechos humanos
del presidente José Mujica. Como
a eso se suma el encuadramiento
que les brindará el acnur como re­
fugiados, se da salida, en parte, a
la muy grave situación de deteni­
dos en condiciones oprobiosas y a
la encrucijada en que se encuentra
el gobierno de Estados Unidos.
Ese país ejerce una violencia
inaudita sobre unos 155 prisione­
ros de guerra –la cifra es incierta,
y ese estatus no les es reconoci­
do–, la mayoría sin proceso, sin
la debida asistencia jurídica, aisla­
dos y sometidos a un régimen de
torturas. Bien sabe el presidente
Mujica lo que es estar en esa si­
tuación por tiempo indefinido, y
ha sido muy claro en sus expresio­
nes. Uruguay ha sido además con­
tundente al rechazar la petición de
Estados Unidos de obligar a la ra­
dicación por dos años de los dete­
nidos que finalmente puedan salir
de aquel infierno.
La deuda del presidente Oba­
ma con los derechos humanos es
enorme, ya que se comprometió a
cerrar el penal y resolver la situa­
ción de los detenidos en su primer
período de gobierno. En la actuali­
dad, la situación en ese campo de
concentración, creado por el pre­
sidente George W Bush en 2002,
lejos de mejorar, ha empeorado.
En 2013 Obama anunció una nue­
va política de defensa para su país
que daba por innecesario el mode­
lo de prisión de Guantánamo. Dijo
que no había justificación “fuera
de la política” para que el Congre­
so no permitiera cerrar “una insta­
lación que nunca debió abrirse”,
y decidió iniciar una negociación
con países dispuestos a recibir a
los presos.
—Hace unos años usted, que
por entonces era relator especial
sobre la independencia de los ma-
gistrados y abogados de la onu,
iba a formar parte de una comi-
sión de expertos de las Naciones
Unidas que irían a Guantánamo a
inspeccionar la cárcel. No pudie-
ron hacerlo, porque el gobierno
de Bush se los impidió. De todas
maneras elaboraron un informe
que fue lapidario para Estados
Unidos…
—Sí, fue en 2006, cuando cin­
co relatores especiales de la onu
tuvimos la responsabilidad de
elaborar el primer informe sobre
la situación de los detenidos en
la bahía de Guantánamo. En ese
momento comprobamos el carác­
ter arbitrario de las detenciones,
debido a la ausencia de tribuna­
les independientes y la privación
absoluta del derecho de defensa
y demás garantías del debido pro­
ceso; la utilización de técnicas de
interrogatorio contrarias a la con­
vención contra la tortura y otros
tratos o penas crueles, inhumanos
o degradantes, entre las que se in­
cluían prácticas lesivas de las con­
vicciones religiosas de los deteni­
dos.
Las recomendaciones del in­
forme fueron concluyentes. Soli­
citamos entonces al gobierno de
Estados Unidos el cese inmediato
de estas prácticas, el juzgamiento
adecuado de los detenidos o su li­
beración, y la urgente clausura del
centro de detención. Intentamos
visitar el penal, pero el gobierno
de Bush negó la visita. El informe
igual se hizo, recogiendo las di­
versas evidencias y pruebas –por
entonces secretas– sobre lo que
estaba aconteciendo en ese lugar.
Se basó en múltiples fuentes, en­
tre otras los horrorosos testimo­
nios de ex detenidos, abogados y
familiares de detenidos, y las res­
puestas del gobierno a un detalla­
do cuestionario que le remitimos.
En pocas palabras: el informe
–que tuvo enorme aceptación de
diferentes gobiernos y fue desta­
cado por el secretario general de la
onu– demostraba que el de bahía
de Guantánamo era un campo de
concentración que debía ser cerra­
do de inmediato, que los respon­
sables de esas prácticas debían ser
juzgados, y que las más altas auto­
ridades del país, por ejemplo el se­
cretario de Estado Donald Rums­
feld, tenían pleno conocimiento de
esa situación y habían participado
en su implementación y control.
Ello fue motivo suficiente para
que, con posterioridad, Rumsfeld
no pudiera viajar a muchos países
donde víctimas y ong reclaman
su detención por considerarlo res­
ponsable de la comisión de delitos
de lesa humanidad.
En febrero de 2006 el informe,
que iba a ser debatido y publicado
en marzo en la Comisión de De­
rechos Humanos de las Naciones
Unidas, sorpresivamente fue dado
a conocer por el diario The New
York Times.
—¿Quién lo habría filtrado?
—Una sospecha no confirma­
da indica que habrían sido los ser­
vicios de inteligencia de una po­
tencia occidental involucrada en
la invasión a Irak. Ya se conocían
las alarmantes revelaciones sobre
centros clandestinos de detención
en diferentes países bajo control
de Estados Unidos, y la actuación
perversa de soldados estadouni­
denses en el centro de detención
iraquí de Abu Gjraib, lo cual ha­
bría indicado la inconveniencia de
continuar aceptando la presión de
Estados Unidos para aumentar el
contingente de tropas en Irak.
—Usted ha dicho que el infor-
me sobre Guantánamo fue uno de
los más importantes en que inter-
vino como experto de la onu.
—Probablemente fue uno de
los más delicados y trascenden­
tes. Decir que en “el país de la
libertad” había campos de con­
centración donde se practicaban
torturas, y que el secretario de Es­
tado Rumsfeld –el más duro de los
“halcones”– tenía que ser juzgado
por su responsabilidad en esos crí­
menes no era una decisión senci­
lla, pero había que hacerlo. Y lo
hicimos.
En 2008, siendo relator es­
pecial de la onu por la indepen­
dencia de la justicia, me dirigí al
entonces presidente electo, Ba­
rack Obama, y le expresé que si
–como había prometido– cerra­
ba Guantánamo, eso permitiría
a Estados Unidos transitar por
el camino abierto por su propia
Corte Suprema de Justicia, que
reconoció el derecho de hábeas
corpus para los detenidos sos­
pechosos de terrorismo, dejando
muy atrás la antigua jurispruden­
cia que les negaba ese derecho
por considerarlos “extranjeros
en territorio extranjero”. Se tra­
taba del tercer fallo contrario a
la voluntad de la administración
Bush de impedir la aplicación de
la ley estadounidense a las per­
sonas identificadas como “ene­
migos combatientes”. Los fallos
anteriores ya habían declarado
la ilegalidad de las comisiones
especiales creadas para juzgar
a los detenidos en Guantánamo,
por ser violatorias de las con­
venciones de Ginebra y del Có­
digo de Justicia Militar estadou­
nidense. El fallo del 12 de junio
de 2008 avanzaba a su vez sobre
un tema crucial, como es admitir
la jurisdicción de los tribunales
estadounidenses para que esos
detenidos puedan invocar garan­
tías como el hábeas corpus.
El intento de legitimar la prác­
tica de la tortura en determinadas
circunstancias, como la califica­
ción de “enemigo combatiente”
y las instrucciones a los fiscales
coartando su independencia, da­
ñaron fuertemente la imagen de
Estados Unidos, y Guantánamo
demostró, una vez más, que las
detenciones secretas son siempre
fuente de gravísimas violaciones
de los derechos humanos y, ade­
más de su ilegalidad, también son
penalmente inconducentes. El ré­
gimen aplicado en Guantánamo
no permitió la condena de los cul­
pables ni la liberación de los ino­
centes.
Resultaría arriesgado supo­
ner que los impedimentos que le­
vanta el Partido Republicano en
el Congreso estadounidense para
cerrar este penal podrían convertir
al presidente Obama en un rehén
más del entramado de intereses li­
gados a la cárcel de Guantánamo.
De hecho, el presidente Muji­
ca está también respondiendo a la
legalidad promovida por la Corte
Suprema de Justicia de Estados
Unidos. En informes posteriores
al de 2006, los expertos en dere­
chos humanos de la onu solici­
tamos que los países democráti­
cos acogieran a los detenidos de
Guantánamo, y criticamos fuerte­
mente la política de entrega de de­
tenidos a países donde podría estar
en juego su vida o su seguridad, tal
como había acontecido en varios
casos detectados y denunciados
públicamente. n
1. 	 “Situación de los detenidos en
la bahía de Guantánamo”, e/
cn.4/2006/120, 27-II-06.
Un jurista de primer plano
Graduado en derecho en la Universidad de Buenos Aires y espe­
cializado en políticas públicas, control gubernamental, reforma del
Estado, cooperación y negociación internacional, Despouy preside
desde 2002 la Auditoría General de su país. En el plano internacio­
nal fue representante argentino ante la oea y la onu. En 1975 realizó
ante el Tribunal Russell, en Roma, y junto a Julio Cortázar, la prime­
ra denuncia internacional sobre el accionar de la Triple A argentina
y las nacientes operaciones del Plan Cóndor. Un año después estuvo
entre los fundadores –en París, donde estaba exiliado– del Secreta­
riado Internacional de Juristas por la Amnistía en Uruguay. Ya de
regreso a su país, en 1984 integró los equipos del presidente radical
Raúl Alfonsín y gestionó la presencia de personalidades extranjeras
en el juicio a las juntas militares. Entre 1985 y 2009 fue relator es­
pecial de derechos humanos de la onu sobre extrema pobreza, per­
sonas con discapacidad, estados de excepción e independencia de
jueces y abogados. En 2001 estuvo al frente de la Comisión de De­
rechos Humanos de las Naciones Unidas. En 2008 la Unión Interna­
cional de Magistrados le concedió el premio Justicia en el Mundo. n
D a n i e l G a t t i
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Diario Brecha de Uruguay Nota a Despouy

  • 1. 34 Brecha 11 de abril de 2014 Con el experto internacional argentino Leandro Despouy “La deuda de Obama con los derechos humanos es enorme” Actual presidente de la Auditoría General de la Nación Argentina, el abogado Leandro Despouy fue en 2006 uno de los autores del primer informe internacional que denunció los horrores del campo de concentración montado por Estados Unidos en la bahía de Guantánamo.1 En esta entrevista Despouy abunda sobre ese documento, se refiere a la realidad actual en Guantánamo y respalda la postura del gobierno uruguayo de recibir a detenidos de ese campo sin exigirles contrapartidas. “Mujica está respondiendo, en realidad, a nuestro pedido en ese sentido”, dijo. —La excelente disposición del gobierno uruguayo anunciada a fi­ nes de marzo de 2014, de recibir a seis detenidos del penal de Guan­ tánamo, es coherente con la polí­ tica activa de derechos humanos del presidente José Mujica. Como a eso se suma el encuadramiento que les brindará el acnur como re­ fugiados, se da salida, en parte, a la muy grave situación de deteni­ dos en condiciones oprobiosas y a la encrucijada en que se encuentra el gobierno de Estados Unidos. Ese país ejerce una violencia inaudita sobre unos 155 prisione­ ros de guerra –la cifra es incierta, y ese estatus no les es reconoci­ do–, la mayoría sin proceso, sin la debida asistencia jurídica, aisla­ dos y sometidos a un régimen de torturas. Bien sabe el presidente Mujica lo que es estar en esa si­ tuación por tiempo indefinido, y ha sido muy claro en sus expresio­ nes. Uruguay ha sido además con­ tundente al rechazar la petición de Estados Unidos de obligar a la ra­ dicación por dos años de los dete­ nidos que finalmente puedan salir de aquel infierno. La deuda del presidente Oba­ ma con los derechos humanos es enorme, ya que se comprometió a cerrar el penal y resolver la situa­ ción de los detenidos en su primer período de gobierno. En la actuali­ dad, la situación en ese campo de concentración, creado por el pre­ sidente George W Bush en 2002, lejos de mejorar, ha empeorado. En 2013 Obama anunció una nue­ va política de defensa para su país que daba por innecesario el mode­ lo de prisión de Guantánamo. Dijo que no había justificación “fuera de la política” para que el Congre­ so no permitiera cerrar “una insta­ lación que nunca debió abrirse”, y decidió iniciar una negociación con países dispuestos a recibir a los presos. —Hace unos años usted, que por entonces era relator especial sobre la independencia de los ma- gistrados y abogados de la onu, iba a formar parte de una comi- sión de expertos de las Naciones Unidas que irían a Guantánamo a inspeccionar la cárcel. No pudie- ron hacerlo, porque el gobierno de Bush se los impidió. De todas maneras elaboraron un informe que fue lapidario para Estados Unidos… —Sí, fue en 2006, cuando cin­ co relatores especiales de la onu tuvimos la responsabilidad de elaborar el primer informe sobre la situación de los detenidos en la bahía de Guantánamo. En ese momento comprobamos el carác­ ter arbitrario de las detenciones, debido a la ausencia de tribuna­ les independientes y la privación absoluta del derecho de defensa y demás garantías del debido pro­ ceso; la utilización de técnicas de interrogatorio contrarias a la con­ vención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, entre las que se in­ cluían prácticas lesivas de las con­ vicciones religiosas de los deteni­ dos. Las recomendaciones del in­ forme fueron concluyentes. Soli­ citamos entonces al gobierno de Estados Unidos el cese inmediato de estas prácticas, el juzgamiento adecuado de los detenidos o su li­ beración, y la urgente clausura del centro de detención. Intentamos visitar el penal, pero el gobierno de Bush negó la visita. El informe igual se hizo, recogiendo las di­ versas evidencias y pruebas –por entonces secretas– sobre lo que estaba aconteciendo en ese lugar. Se basó en múltiples fuentes, en­ tre otras los horrorosos testimo­ nios de ex detenidos, abogados y familiares de detenidos, y las res­ puestas del gobierno a un detalla­ do cuestionario que le remitimos. En pocas palabras: el informe –que tuvo enorme aceptación de diferentes gobiernos y fue desta­ cado por el secretario general de la onu– demostraba que el de bahía de Guantánamo era un campo de concentración que debía ser cerra­ do de inmediato, que los respon­ sables de esas prácticas debían ser juzgados, y que las más altas auto­ ridades del país, por ejemplo el se­ cretario de Estado Donald Rums­ feld, tenían pleno conocimiento de esa situación y habían participado en su implementación y control. Ello fue motivo suficiente para que, con posterioridad, Rumsfeld no pudiera viajar a muchos países donde víctimas y ong reclaman su detención por considerarlo res­ ponsable de la comisión de delitos de lesa humanidad. En febrero de 2006 el informe, que iba a ser debatido y publicado en marzo en la Comisión de De­ rechos Humanos de las Naciones Unidas, sorpresivamente fue dado a conocer por el diario The New York Times. —¿Quién lo habría filtrado? —Una sospecha no confirma­ da indica que habrían sido los ser­ vicios de inteligencia de una po­ tencia occidental involucrada en la invasión a Irak. Ya se conocían las alarmantes revelaciones sobre centros clandestinos de detención en diferentes países bajo control de Estados Unidos, y la actuación perversa de soldados estadouni­ denses en el centro de detención iraquí de Abu Gjraib, lo cual ha­ bría indicado la inconveniencia de continuar aceptando la presión de Estados Unidos para aumentar el contingente de tropas en Irak. —Usted ha dicho que el infor- me sobre Guantánamo fue uno de los más importantes en que inter- vino como experto de la onu. —Probablemente fue uno de los más delicados y trascenden­ tes. Decir que en “el país de la libertad” había campos de con­ centración donde se practicaban torturas, y que el secretario de Es­ tado Rumsfeld –el más duro de los “halcones”– tenía que ser juzgado por su responsabilidad en esos crí­ menes no era una decisión senci­ lla, pero había que hacerlo. Y lo hicimos. En 2008, siendo relator es­ pecial de la onu por la indepen­ dencia de la justicia, me dirigí al entonces presidente electo, Ba­ rack Obama, y le expresé que si –como había prometido– cerra­ ba Guantánamo, eso permitiría a Estados Unidos transitar por el camino abierto por su propia Corte Suprema de Justicia, que reconoció el derecho de hábeas corpus para los detenidos sos­ pechosos de terrorismo, dejando muy atrás la antigua jurispruden­ cia que les negaba ese derecho por considerarlos “extranjeros en territorio extranjero”. Se tra­ taba del tercer fallo contrario a la voluntad de la administración Bush de impedir la aplicación de la ley estadounidense a las per­ sonas identificadas como “ene­ migos combatientes”. Los fallos anteriores ya habían declarado la ilegalidad de las comisiones especiales creadas para juzgar a los detenidos en Guantánamo, por ser violatorias de las con­ venciones de Ginebra y del Có­ digo de Justicia Militar estadou­ nidense. El fallo del 12 de junio de 2008 avanzaba a su vez sobre un tema crucial, como es admitir la jurisdicción de los tribunales estadounidenses para que esos detenidos puedan invocar garan­ tías como el hábeas corpus. El intento de legitimar la prác­ tica de la tortura en determinadas circunstancias, como la califica­ ción de “enemigo combatiente” y las instrucciones a los fiscales coartando su independencia, da­ ñaron fuertemente la imagen de Estados Unidos, y Guantánamo demostró, una vez más, que las detenciones secretas son siempre fuente de gravísimas violaciones de los derechos humanos y, ade­ más de su ilegalidad, también son penalmente inconducentes. El ré­ gimen aplicado en Guantánamo no permitió la condena de los cul­ pables ni la liberación de los ino­ centes. Resultaría arriesgado supo­ ner que los impedimentos que le­ vanta el Partido Republicano en el Congreso estadounidense para cerrar este penal podrían convertir al presidente Obama en un rehén más del entramado de intereses li­ gados a la cárcel de Guantánamo. De hecho, el presidente Muji­ ca está también respondiendo a la legalidad promovida por la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. En informes posteriores al de 2006, los expertos en dere­ chos humanos de la onu solici­ tamos que los países democráti­ cos acogieran a los detenidos de Guantánamo, y criticamos fuerte­ mente la política de entrega de de­ tenidos a países donde podría estar en juego su vida o su seguridad, tal como había acontecido en varios casos detectados y denunciados públicamente. n 1. “Situación de los detenidos en la bahía de Guantánamo”, e/ cn.4/2006/120, 27-II-06. Un jurista de primer plano Graduado en derecho en la Universidad de Buenos Aires y espe­ cializado en políticas públicas, control gubernamental, reforma del Estado, cooperación y negociación internacional, Despouy preside desde 2002 la Auditoría General de su país. En el plano internacio­ nal fue representante argentino ante la oea y la onu. En 1975 realizó ante el Tribunal Russell, en Roma, y junto a Julio Cortázar, la prime­ ra denuncia internacional sobre el accionar de la Triple A argentina y las nacientes operaciones del Plan Cóndor. Un año después estuvo entre los fundadores –en París, donde estaba exiliado– del Secreta­ riado Internacional de Juristas por la Amnistía en Uruguay. Ya de regreso a su país, en 1984 integró los equipos del presidente radical Raúl Alfonsín y gestionó la presencia de personalidades extranjeras en el juicio a las juntas militares. Entre 1985 y 2009 fue relator es­ pecial de derechos humanos de la onu sobre extrema pobreza, per­ sonas con discapacidad, estados de excepción e independencia de jueces y abogados. En 2001 estuvo al frente de la Comisión de De­ rechos Humanos de las Naciones Unidas. En 2008 la Unión Interna­ cional de Magistrados le concedió el premio Justicia en el Mundo. n D a n i e l G a t t i Foto Oscar Bonilla