20160523 parlamentaria

Gaceta
Parlamentaria
Año XIX Palacio Legislativo de San Lázaro, lunes 23 de mayo de 2016 Número 4534
Lunes 23 de mayo
CONTENIDO
Prevenciones
De la Mesa Directiva
Comunicaciones
Del diputado Juan Alberto Blanco Zaldívar
De la Secretaría de Gobernación, mediante la cual
remite similar de la Consar con el informe trimestral
sobre la situación que guardan los sistemas de aho-
rro para el retiro correspondiente al periodo enero-
marzo de 2016
De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, me-
diante la cual remite la información relativa al pago
de las participaciones a las entidades federativas co-
rrespondiente a abril de 2016
De la Secretaría de Educación Pública, con la cual
remite información correspondiente al primer tri-
mestre de 2016 de organismos descentralizados su-
jetos a fiscalización de la ASF
De la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
con la cual remite el informe especial sobre despla-
zamiento forzado interno en México
Del Servicio de Administración Tributaria
Iniciativas
Que modifica la fracción IX, y reforma y adiciona
la fracción XI del artículo 403 del Código Nacional
de Procedimientos Penales, recibida del diputado
José Máximo García López, del Grupo Parlamenta-
rio del PAN, en la sesión de la Comisión Perma-
nente del miércoles 18 de mayo de 2016
Que reforma el artículo 134 de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos, deroga el
artículo 242 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales y reforma el artículo 28
de la Ley General de Desarrollo Social, en materia
de publicidad gubernamental, recibida del diputado
Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parla-
mentario de Movimiento Ciudadano, en la sesión
de la Comisión Permanente del miércoles 18 de
mayo de 2016
Que reforma el segundo párrafo del artículo 10 y el
inciso e) del artículo 12 de la Ley Federal de Res-
ponsabilidades de los Servidores Públicos, recibida
del diputado Alejandro González Murillo, del Gru-
po Parlamentario del PES, en la sesión de la Comi-
sión Permanente del miércoles 18 de mayo de 2016
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Gaceta Parlamentaria Lunes 23 de mayo de 20162
Que reforma y adiciona la fracción II del artículo
50 de la Ley General de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes, recibida del diputado Cirilo
Vázquez Parissi, del Grupo Parlamentario del PRI,
en la sesión de la Comisión Permanente del miér-
coles 18 de mayo de 2016
Que reforma y adiciona los artículos 28 de la Ley
de la Policía Federal y 15 de la Ley de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, recibida de la
diputada María Elena Orantes López, del Grupo
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en la
sesión de la Comisión Permanente del miércoles
18 de mayo de 2016
Que adiciona un inciso g), recorriendo el conteni-
do del actual g) al h), del numeral 1 del artículo
238 de la Ley General de Instituciones y Procedi-
mientos Electorales, recibida de las diputadas
Nora Liliana Oropeza Olguín y Mariana Benítez
Tiburcio, del Grupo Parlamentario del PRI, en la
sesión de la Comisión Permanente del miércoles
18 de mayo de 2016
Que reforma el artículo 127 de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos, presenta-
da por el diputado Omar Ortega Álvarez, en nom-
bre del diputado Victoriano Wences Real, del
Grupo Parlamentario del PRD, en la sesión de la
Comisión Permanente del miércoles 18 de mayo
de 2016
Que modifica la fracción VII del artículo 65 de la
Ley General de Educación, a cargo de la diputada
Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parla-
mentario de Movimiento Ciudadano, en la sesión
de la Comisión Permanente del miércoles 18 de
mayo de 2016
Que reforma los párrafos primero y tercero del ar-
tículo 201, y primero del artículo 205 de la Ley del
Seguro Social, recibida de los diputados Nora Li-
liana Oropeza Olguín y José Luis Orozco Sánchez
Aldana, del Grupo Parlamentario del PRI, en la se-
sión de la Comisión Permanente del miércoles 18
de mayo de 2016
Que reforma diversos artículos de las Leyes Gene-
rales de Educación, y de Infraestructura Física
Educativa, presentada por el diputado Adolfo Mo-
ta Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI, en
la sesión de la Comisión Permanente del miércoles
18 de mayo de 2016
Que reforma la fracción V del artículo 123 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, en materia de trabajo y previsión social, re-
cibida de las diputadas Claudia Sofía Corichi Gar-
cía y Verónica Delgadillo García, del Grupo
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en la se-
sión de la Comisión Permanente del miércoles 18
de mayo de 2016
Que deroga la fracción XXVII Bis del artículo 132,
modifica el nombre del título quinto, se derogan las
fracciones II, II Bis, III, V, VI y VII del artículo 170,
se reforma el artículo 172, adiciona el capítulo I al tí-
tulo quinto y recorre los artículos subsecuentes de la
Ley Federal del Trabajo, recibida de las diputadas
Claudia Sofía Corichi García y Verónica Delgadillo
García, del Grupo Parlamentario de Movimiento
Ciudadano, en la sesión de la Comisión Permanente
del miércoles 18 de mayo de 2016
Proposiciones
Con punto de acuerdo, por el que la Comisión Per-
manente del Congreso de la Unión convoca a la Cá-
mara de Diputados a sesiones extraordinarias a fin
de desahogar el dictamen de la Sección Instructora
relativo al requerimiento para la declaración de pro-
cedencia contra Lucero Sánchez López, presentada
por Omar Ortega Álvarez, en nombre propio y de
Francisco Martínez Nery, diputados del Grupo Par-
lamentario del PRD, en la sesión de la Comisión
Permanente del miércoles 18 de mayo de 2016
Con punto de acuerdo, por el que se crea la Comi-
sión Bicamaral de Seguimiento a las Acciones en
Materia de Atención a la Violencia hacia las Muje-
res, recibida de la senadora Martha Angélica Tagle
Martínez en la sesión de la Comisión Permanente
del miércoles 18 de mayo de 2016
Actas
De la Comisión de Desarrollo Social, relativa a la
reunión de junta directiva celebrada el miércoles 2
de marzo de 2016
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Lunes 23 de mayo de 2016 Gaceta Parlamentaria3
De la Comisión de Desarrollo Social, relativa a la
reunión ordinaria celebrada el miércoles 2 de mar-
zo de 2016
De la Comisión de Desarrollo Social, atinente a la
reunión de junta directiva efectuada el miércoles
13 de abril de 2016
Convocatorias
De la Comisión de Salud, a la séptima reunión de
junta directiva, que se efectuará el lunes 23 de ma-
yo, a las 10:00 horas
De la Comisión de Salud, a la sexta reunión ordi-
naria, que se llevará a cabo el lunes 23 de mayo, a
las 12:00 horas
De la Comisión de Economía, a la séptima reunión
ordinaria, que tendrá verificativo el miércoles 25
de mayo, a las 12:00 horas
De la Comisión de Turismo, a la quinta reunión or-
dinaria, que tendrá lugar el miércoles 25 de mayo,
a las 12:00 horas
De la Comisión de Educación Pública y Servicios
Educativos, a la reunión plenaria que se llevará a
cabo el martes 14 de junio, de las 17:00 a las 19:00
horas
Invitaciones
Del diputado Juan Romero Tenorio, al foro Diálo-
go con congresistas mexicanos: que las transna-
cionales paguen lo justo, por celebrarse el martes
24 de mayo, de las 9:00 a las 15:00 horas
De los diputados Juan Romero Tenorio y Araceli
Damián González, al foro Las continuas violacio-
nes a los derechos humanos en México: de la gue-
rra sucia a Iguala, que se llevará a cabo el martes
24 de mayo, de las 10:00 a las 15:00 horas
Del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pú-
blica, al seminario nacional La planeación del de-
sarrollo urbano y regional en México, a cuatro dé-
cadas de la Ley General de Asentamientos
Humanos que, con el Instituto de Investigaciones
Económicas y la Facultad de Arquitectura de la
Universidad Nacional Autónoma de México, se lle-
vará a cabo del miércoles 25 al viernes 27 de mayo,
de las 9:00 a las 18:00 horas
Del Centro de Estudios de Derecho e Investigacio-
nes Parlamentarias, a la suscripción de la carta de
intención entre el CEDIP y el Congreso de Baja Ca-
lifornia Sur, que tendrá lugar el jueves 26 de mayo,
a las 12:00 horas
blica, al foro Redes sociales y agenda pública que,
en coordinación con la Universidad Iberoamerica-
na, se llevará a cabo el martes 31 de mayo, de las
8:30 a las 15:00 horas
De la Comisión de Ciencia y Tecnología, al curso
Forjando innovadores protegidos, que se llevará a
cabo el miércoles 8 de junio, a las 9:00 horas
De la Comisión de Reforma Agraria, al diplomado
Políticas públicas para el desarrollo rural: evalua-
ción y estrategia que, con la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales, División de Educación Conti-
nua y Vinculación, de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México, se realizará los viernes y sába-
dos, hasta el 18 de junio, de las 16:00 a las 21:00
horas y de las 9:00 a las 14:00, respectivamente
Del Centro de Estudios de Derecho e Investigacio-
nes Parlamentarias, al Diplomado en derecho elec-
toral, que en colaboración con el Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, a través del
Centro de Capacitación Judicial Electoral, se impar-
tirá hasta el jueves 4 de agosto
blica, al sexto Premio nacional de investigación so-
cial y de opinión pública.
Avisos
De la Dirección General de Programación, Presu-
puesto y Contabilidad, relativo a la instalación del
módulo de atención de la ASF
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Prevenciones
DE LA MESA DIRECTIVA
Presidentes de Comisiones
Presentes
La Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento
en el artículo 88, numeral 1, del Reglamento de la Cá-
mara de Diputados, emite prevención a efecto de que
presenten los dictámenes correspondientes de los
asuntos turnados a las comisiones siguientes:
1. Comisión de Puntos Constitucionales.
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 66 de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos (en materia de ampliación
del segundo periodo ordinario de sesiones del Con-
greso General de los Estados Unidos Mexicanos).
Suscrita por el diputado Alfredo Bejos Nicolás, PRI.
Expediente 1453.
LXIII Legislatura.
Sexta sección.
2. Comisión de Puntos Constitucionales.
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los
artículos 21, 115 y 123 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos (en materia de se-
guridad social y laboral policial).
Suscrita por el diputadoArmando Luna Canales, PRI.
Expediente 1457.
LXIII Legislatura.
Sexta sección.
Ciudad de México, a 23 de mayo de 2016.
Atentamente
Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (rúbrica)
Presidente
DE LA MESA DIRECTIVA
Presidentes de Comisiones
Presentes
La Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento
en el artículo 88, numeral 2, del Reglamento de la Cá-
mara de Diputados, emite prevención a efecto de que
presenten los dictámenes correspondientes a los asun-
tos turnados a las comisiones siguientes:
1. Comisión de Medio Ambiente y Recursos Natura-
les.
Minuta con proyecto de decreto que reforma el artí-
culo 17 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecoló-
gico y la Protección al Ambiente.
Presentada por la Cámara de Senadores.
Expediente 762.
LXIII Legislatura.
Primera sección.
2. Comisión de Medio Ambiente y Recursos Natura-
les.
Minuta con proyecto de decreto que reforma y adi-
ciona diversas disposiciones de la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente,
para los efectos de la fracción e) del artículo 72
constitucional.
Presentada por la Cámara de Senadores.
Expediente 764.
LXIII Legislatura.
Segunda sección.
Atentamente
Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (rúbrica)
Presidente

Comunicaciones
DEL DIPUTADO JUAN ALBERTO BLANCO ZALDÍVAR
Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 9 de mayo de 2016.
Senador Roberto Gil Zuarth
Presidente de la Mesa Directiva
De la Comisión Permanente
Presente
El que suscribe, Juan Alberto Blanco Zaldívar, diputa-
do federal con licencia por el estado de Chihuahua e
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional de la LXIII Legislatura, de conformidad con
la licencia que me fue concedida por el pleno en sesión
celebrada el 4 de diciembre de 2015, me dirijo a usted
para solicitarle de la manera más atenta, y de no haber
inconveniente alguno, con fundamento en el artículo
16, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Dipu-
tados se realicen los trámites necesarios para mi rein-
corporación a las actividades legislativas de esta ho-
norable Cámara a partir del miércoles 11 de mayo del
año en curso.
Comunicó lo anterior para los fines legales y adminis-
trativos a que haya lugar.
Sin más por el momento, quedo de usted.
Atentamente
Diputado Juan Alberto Blanco Zaldívar (rúbrica)
DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, MEDIANTE LA
CUAL REMITE SIMILAR DE LA CONSAR CON EL INFORME
TRIMESTRAL SOBRE LA SITUACIÓN QUE GUARDAN LOS SIS-
TEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO CORRESPONDIENTE AL
PERIODO ENERO-MARZO DE 2016
Integrantes de la Mesa Directiva
Del Congreso de la Unión
Presentes
Con fundamento en lo dispuesto en la fracción VIII del
artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal y los artículos 5o., fracción XIII, 8o.,
fracción VIII, y 12, fracciones III, VIII y XIII, de la
Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, me per-
mito hacer de su conocimiento que mediante el oficio
número DOO/ 100/ 206/ 2016, el ciudadano Carlos
Ramírez Fuentes, presidente de la Comisión Nacional
del Sistema de Ahorro para el Retiro de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, envía el informe tri-
mestral sobre la situación que guardan los sistemas de
ahorro para el retiro correspondiente al periodo enero-
marzo de 2016.
Por lo anterior les acompaño para los fines proceden-
tes copia del oficio a que me he referido, así como dos
carpetas que contienen el citado informe y dos discos
compactos, a efecto de que por su amable conducto se-
an remitidos a las Cámaras de Diputados y de Senado-
res del Congreso de la Unión.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterar-
les la seguridad de mi consideración distinguida.
Atentamente
Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo
y Acuerdos Políticos
Gaceta Parlamentaria5Lunes 23 de mayo de 2016

Licenciado Felipe Solís Acero
Subsecretario de Enlace Legislativo
Y Acuerdos Políticos de la
Secretaría de Gobernación
Presente
De conformidad con lo establecido en el artículo 27,
fracción VIII, de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal, atentamente le solicito que sea usted
el amable conducto para dar cumplimiento a lo dis-
puesto en los artículos 5o., fracción XIII, 8o., facción
VIII, y 12, fracciones III, VIII y XIII, de la Ley de los
Sistemas de Ahorro para el Retiro y 151 del Regla-
mento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Re-
tiro.
Por lo anterior, anexo al presente me permito acompa-
ñar por duplicado el informe trimestral sobre la situa-
ción que guardan los sistemas de ahorro para el retiro
correspondiente al periodo enero-marzo de 2016, tan-
to impreso como en disco compacto, el cual fue apro-
bado por la Junta de Gobierno de esta comisión en la
primera sesión extraordinaria de 2016 y que, de no ha-
ber inconveniente, deberá entregarse a cada una de las
Cámaras del Congreso de la Unión a más tardar el 31
de mayo del año en curso.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para en
enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Carlos Ramírez Fuentes (rúbrica)
Presidente
(Remitida a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Se-
guridad Social, y de Trabajo y Previsión Social. Mayo 18 de 2016.)
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,
MEDIANTE LA CUAL REMITE LA INFORMACIÓN RELATIVA
AL PAGO DE LAS PARTICIPACIONES A LAS ENTIDADES FE-
DERATIVAS CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2016
Presidente de la Comisión Permanente
Del Congreso de la Unión
Presente
Con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado en
el artículo 107, tercer párrafo, de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permi-
to anexar la información relativa al pago de las parti-
cipaciones a las entidades federativas correspondiente
a abril de 2016, desagregada por tipo de fondo de
acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación
Fiscal, y por entidad federativa, efectuando la compa-
ración correspondiente al mismo mes de 2015.
Atentamente
Fernando Aportela Rodríguez (rúbrica)
Subsecretario de Hacienda y Crédito Público
(Remitida a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de
Presupuesto y Cuenta Pública. Mayo 18 de 2016.)

DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, CON LA
CUAL REMITE INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL PRI-
MER TRIMESTRE DE 2016 DE ORGANISMOS DESCENTRALI-
ZADOS SUJETOS A FISCALIZACIÓN DE LA ASF
Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva
De la Cámara de Diputados
Presente
En alcance del oficio número 710.2016.20.3-3872, de
fecha 25 de abril del presente y con arreglo a lo esta-
blecido en el artículo 42 del decreto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de
2016, en el cual se indica que los recursos federales
que reciban las universidades e instituciones públicas
de educación media superior y superior, incluidos sub-
sidios, estarán sujetos a la fiscalización que realice la
Auditoría Superior de la Federación, en términos de lo
establecido en la Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación, y se rendirá cuenta sobre el
ejercicio de éstos en los términos de las disposiciones
aplicables.
Al respecto, se remite disco compacto con informa-
ción correspondiente al primer trimestre de 2016 de
los siguientes organismos descentralizados, recibidos
en esta dirección general mediante correo electrónico
y el oficio número 0872, en forma extemporánea:
Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los ar-
tículos 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pú-
blica Federal, 7 del Reglamento de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 35 del
Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pú-
blica.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para en-
viarle un cordial saludo.
Atentamente
Luis Mariano Hermosillo Sosa (rúbrica)
Director General de Presupuesto
y Recursos Financieros
Ciudad de México, a 25 de abril, de 2016.
Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva
De la Cámara de Diputados
Presente
En alcance del oficio número 710.2016.20.3-0637, de
fecha 27 de enero del presente y con arreglo a lo esta-
blecido en el artículo 42 del decreto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de
2016, en el cual se indica que los recursos federales
que reciban las universidades e instituciones públicas
de educación media superior y superior, incluidos sub-
sidios, estarán sujetos a la fiscalización que realice la
Auditoría Superior de la Federación en términos de lo
establecido en la Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación, y se rendirá cuenta sobre el
ejercicio de ellos en los términos de las disposiciones
aplicables.
Al respecto, se remite disco compacto con informa-
ción correspondiente al primer trimestre de 2016 de
los siguientes organismos descentralizados:
• Dirección General de Educación Superior para
Profesionales de la Educación (515).
• Universidad Nacional Metropolitana (A2M).
• Colegio Nacional de Educación Profesional Téc-
nica (L5X).
• Universidad Nacional Autónoma de México (A3Q).
Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los ar-
tículos 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pú-
blica Federal, 7 del Reglamento de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 35 del
Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pú-
blica.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para en-
viarle un cordial saludo.
Atentamente
Luis Mariano Hermosillo Sosa (rúbrica)
Director General de Presupuesto
y Recursos Financieros
(Remitida a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Mayo
18 de 2016.)
DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMA-
NOS, CON LA CUAL REMITE EL INFORME ESPECIAL SOBRE
DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO EN MÉXICO
Del Senado de la República
Me permito informarle que con esta fecha, la Comi-
sión Nacional de los Derechos Humanos emitió el in-
forme especial sobre desplazamiento forzado interno
en México, donde se formulan propuestas dirigidas a
diversas autoridades, entre ellas al Congreso de la
Unión. Lo anterior, a fin de dar respuesta a una de las
problemáticas que ha identificado este organismo na-
cional en relación con las personas que se ven obliga-
das a desplazarse dentro del país. Se adjunta al pre-
sente memoria USB con el informe especial.
Reitero a usted las seguridades de mi consideración
distinguida.
Atentamente
Licenciado Luis Raúl González Pérez (rúbrica)
(Remitida a las Comisiones de Derechos Humanos, y de Asuntos
Migratorios. Mayo 18 de 2016.)
DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
Asunto: Se rinde informe de bienes destinados en
abril de 2016.
Ciudad de México, 16 de mayo de 2016.
Del Honorable Congreso de la Unión
Del segundo receso del primer año de
ejercicio constitucional mayo-agosto 2016
Presente
Por medio del presente y en cumplimiento a lo dis-
puesto por el artículo 145, penúltimo' párrafo de la Ley
Aduanera vigente, me permito informarle que el Ser-
vicio de Administración Tributaria, SAT, a través de
las aduanas, como las unidades competentes para dar
destino a las mercancías de comercio exterior, durante
abril de 2016, únicamente destinó mercancías perece-
deras, de fácil descomposición o deterioro y aquellas
que no son transferibles al Servicio de Administración
y Enajenación de Bienes.
Entre los bienes que fueron destinados por el SAT por
conducto de las aduanas, se encuentran los siguientes:
• Alimentos y bebidas sin alcohol; animales vivos;
artículos de limpieza y aseo; pinturas, barnices, sol-
ventes y lubricantes; productos farmacéuticos y ma-
terial de curación, productos químicos, entre otros.
El total de bienes destinados en abril de 2016 fue de 1
millón 109 mil 75 bienes, los cuales se encuentran
contabilizados en unidades de medida, tales como:
pieza, litro y kilogramo. Se anexa al presente el infor-
me respectivo.
Sin otro asunto por el momento, reciba un cordial sa-
ludo.
Atentamente
Licenciada Verónica Díaz Oliveros Vallarino (rúbrica)
Administradora Central de Destino de Bienes

Iniciativas
QUE MODIFICA LA FRACCIÓN IX, Y REFORMA Y ADICIONA
LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 403 DEL CÓDIGO NACIO-
NAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, RECIBIDA DEL DIPU-
TADO JOSÉ MÁXIMO GARCÍA LÓPEZ, DEL GRUPO PARLA-
MENTARIO DEL PAN, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN
PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 18 DE MAYO DE 2016
El suscrito, diputado José Máximo García López, así
como los diputados integrantes del Grupo Parlamenta-
rio del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatu-
ra del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de
las facultades que me confieren los artículos 71, frac-
ción II, de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, 6, numeral 1, fracción I, 76, numeral
I, fracción II, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de
la Cámara de Diputados; los artículos 6, fracción I, nu-
meral 1; 39, numeral 2, 62, numeral 2; 76, fracción IV
y 79, numeral 1, fracción II y 2 del Reglamento de la
Cámara de Diputados; los artículos 55, fracción II, 28,
último párrafo y 30, fracción III, del Reglamento para
el Gobierno Interior del Congreso General de los Es-
tados Unidos Mexicanos, nos permitimos poner a la
consideración de esta asamblea, iniciativa con proyec-
to de decreto que modifica la fracción IX, reforma y
adiciona una fracción XI todos del artículo 403 del
Código Nacional de Procedimientos Penales.
Exposición de Motivos
Las reformas a la Constitución General de la Repúbli-
ca que expidieron el nuevo sistema penal acusatorio
priorizan la emisión de normas que observen una ga-
ma de acciones para las autoridades involucradas que
aseguren a la población como prioridades ante exis-
tencia de un crimen, el ejercicio pleno de los derechos
de la víctima para resarcir sus consecuencias, como se
prevé dentro del Código Nacional de Procedimientos
Penales publicado en el Diario Oficial de la Federa-
ción el 5 de marzo del 2014.
Sin duda, los avances en el tema son históricos al dar-
se una reingeniería judicial penal que brindará con su
gradual entrada en vigor a más tardar el 18 de junio de
2016, las herramientas jurídicas necesarias e indispen-
sables para obtener una justicia equilibrada en el bino-
mio de víctimas y delincuentes.
La presente iniciativa tiene como objeto contribuir a
enarbolar criterios jurídicos para que el juzgador fije
en sentencia definitiva las bases para obtener efectos
reparadores a los justiciables y la sociedad con motivo
del dictamen de penas.
Es una tarea pendiente e impostergable, dar mayores
insumos procesales en las normas que se conviertan en
acciones concretas que ajusten la conducta del delin-
cuente acorde a la norma social lo cual es el fin de es-
tablecer en sentencias cómo deberá ser la forma en que
los delincuentes deberán ser llevados a lograr en favor
de sociedad a ser parte de las soluciones que en proce-
so se buscan al establecerse el primer objetivo de los
establecidos dentro del inciso c) del artículo 73 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, relativas a las medidas de solución de controver-
sias en juicios.
Los legisladores debemos hacer frente a las exigencias
de todos, no solo para resolver las necesidades de ha-
cer tangibles las sanciones penales, sino en atender las
situaciones que seducen al delincuente a pretender en
un futuro cometer nuevos delitos o dejar que su libre
albedrío sea imponga por encima del interés común en
prisión, evadiendo el cumplimiento de su deber de ser
reeducado, en consonancia con el puntal respeto a los
derechos humanos.
Sabido es que, para el Estado brindar a la población
una estrategia puntual para alcanzar la tangible rein-
serción del delincuente no ha sido un quehacer con
precedentes exitosos, con resultados tangibles de obje-
tivo cumplido; por más que el artículo 18, párrafo se-
gundo de la Ley Fundamental establezca ello como el
derecho humano, al versar que durante la privación de
la libertad el delincuente contará con la capacitación
para el desempeñar un trabajo, desarrollará esta labor
y recibirá una educación, con el fin de que desista del
interés de cometer delitos una vez que sea liberado sea
por cual fuere el medio procesal previsto en la ley, es
prácticamente un fracaso que las autoridades alcancen
la meta de logra la reinserción social del interno.
Son grandes los presupuestos económicos que se ero-
gan y ejercen anualmente en el sostenimiento del sis-
tema penitenciario, que van no sólo en plano de la ha-
bitación, alimentación, custodia o manutención de los
centros, sino el capital humano responsable de ejercer
las estrategias de capacitar, emplear, educar y dar aten-

ción medica al interior, por ser parte de una obligación
del ejecutivo federal y los locales.
Es de destacar en dichas funciones la atención médica
del interno, esta función en la realidad se realiza como
acto complementario de la conservación de salud du-
rante el tempo que dura el castigo, y que en suma for-
ma parte de los lineamientos pertinentes para la rein-
serción social.
Sin embargo la atención médica no es solo es atender
incidencias ocurridas tras la disminución de la salud,
por el contrario, es también la atención de las necesi-
dades del orden mental en el campo psicológico y psi-
quiátrico, como medidas futuras además de las que
pondrán la base para orientar el destino de la función
de brindar el acceso a aprender un oficio, contar con
un trabajo y una educación; una vez que se halle en el
campo de la competencia penitenciaria, que en suma
determinan la efectividad de verdadera reinserción so-
cial.
Por lo anterior, es una encomienda que se debe asumir
para una eficiente funcionalidad en la impartición de
justicia, en esta iniciativa se propone todo esto incor-
porar para que la autoridad judicial afronte con base al
criterio que emita el veredicto del jurado, atendiendo
los elementos de prueba desahogados conforme al per-
fil, de manera tal que se oriente en la sentencia, cuál
será el tratamiento que debe tener la persona en todos
los aspectos y que deberán observar las autoridades
penitenciarias en una práctica vinculatoria de corres-
ponsabilidad.
La sentencia definitiva no solo es la actuación por la
que se interpreta una norma, se aplica el derecho, po-
ne fin al juicio, también es el acto jurídico procesal por
el cual se debe aplicar el principio de in dubio pro reo,
como rector para hacer que trasciendan los efectos de
la función probatoria, porque es a través de ello donde
se conoce el nivel de la gravedad del delito y culpabi-
lidad que determinan el criterio de la demanda racio-
nal de la estructura psicosocial del procesado para re-
orientar su vida como parte de la atención a la salud
que la Constitución le garantiza en prisión, porque no
puede haber actividad productiva del interno si no se
atiende el tipo de educación, salud mental, salud psi-
cosocial, hábitos y costumbres que se requieren que
presagien un destino futuro benéfico para la sociedad
durante la temporalidad de la extinción de penas y es
justo que en el campo del fallo definitivo donde se de-
ben tomar las prevenciones sobre la clase de trata-
mientos en forma general de lo que debe observarse a
la postre en prisión.
La reinserción social está subordinada a la obligatorie-
dad de observar el Estado legítimo cumplimiento de
las sentencias, como se ordena en el artículo 18 de la
nos, que consonancia con las encomiendas para una
prevención generar mejores y más delincuentes peli-
grosos tras las rejas que solo al salir esperan dar vida
a esa mentalidad que en la presente iniciativa vamos a
contribuir para perfeccionar de forma efectiva, trans-
parente, coordinada la labor de impartición de justicia
con sus efectos, en un clima de certidumbre que de
igual forma dará mejores resultados para el cumpli-
miento a los artículos 2,3, 6 fracción VI, 7, y 11 de la
Ley General para la Prevención Social de la Violencia
y la Delincuencia.
Por ello resulta trascendental perfeccionar los ordena-
mientos aplicables para garantizar no sólo la igualdad
jurídica sino también el respeto a la condición humana
que contribuirán a fortalecer la práctica de la imparti-
ción de justicia con una práctica de certidumbre para
que los juzgadores establezcan nuevos parámetros en
sus fallos de verdadera practica de imparcialidad y
aplicación del derecho.
Resolutivos
Único: Se modifica la fracción IX, se reforma la frac-
ción X y se adiciona una fracción XI todos del artícu-
lo 403 del Código Nacional Procedimientos Penales,
para quedar como sigue:
Artículo 403. …
…
I. a VIII. …
IX. Los resolutivos de absolución o condena en los
que, en su caso, el Tribunal de enjuiciamiento se
pronuncie sobre la reparación del daño y fije el
monto de las indemnizaciones correspondientes;
X. Las medidas de reinserción social, y

XI. La firma del juez o de los integrantes del tri-
bunal de enjuiciamiento.
Transitorios
Primero. Publíquese en el Diario Oficial de la Fede-
ración.
Segundo. La presente reforma entrará en vigor a los
trescientos sesenta y cinco días hábiles siguientes al de
su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Tercero. Dentro del término previsto en el transitorio
segundo el Congreso de la Unión expedirá la ley ge-
neral prevista en el presente decreto.
Dada en el salón de sesiones de la
Comisión Permanente, el 18 de mayo de 2016.
Diputado José Máximo García López (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Justicia. Mayo 18 de 2016.)
QUE REFORMA EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DERO-
GA EL ARTÍCULO 242 DE LA LEY GENERAL DE INSTITU-
CIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y REFORMA EL
ARTÍCULO 28 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SO-
CIAL, EN MATERIA DE PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL, RE-
CIBIDA DEL DIPUTADO CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFLICH,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADA-
NO, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL
MIÉRCOLES 18 DE MAYO DE 2016
El suscrito, Clemente Castañeda Hoeflich, integrante
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados,
con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la
nos, y 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cá-
mara de Diputados, somete a consideración de esta
asamblea iniciativa con proyecto de decreto que refor-
ma el artículo 134 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, deroga el artículo 242 de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y reforma el artículo 28 de la Ley General
de Desarrollo Social, en materia de publicidad guber-
namental, con base en la siguiente
I. La publicidad oficial es la que compran los gobier-
nos a los medios de comunicación para anunciar sus
decisiones y acciones. La contratación de este tipo de
espacios debe tener como fin informar de manera útil
a la ciudadanía sobre programas o tramites de utilidad,
así como comunicar de manera fidedigna las acciones
realizadas por los gobiernos que tienen algún benefi-
cio para la población.
En el Presupuesto de Egresos de la Federación de
2016 se asignaron 3 mil 537 millones 657 mil 936 pe-
sos para Servicios de Comunicación Social y Publici-
dad. Para 2015 se asignaron de recursos para este mis-
mo concepto 4 mil 34 millones 77 mil 737 y para 2014
fue de 4 mil 11 millones 754 mil 512.1
En 2013 se destinó un monto de 4 mil 785 millones de
pesos de publicidad oficial, y al termino del ejercicio
contable para este mismo año se tuvo un gasto de 7 mil
119 millones; es decir, un sobreejercicio de 67.9 por
ciento. En 2014, el monto sobre ejercido por concepto
de comunicación fue de 6 mil 623 millones 451 mil
382 de pesos, es decir, 65 por ciento más de lo asigna-
do.2 Estos datos muestran una deficiente disciplina
presupuestal y una cuestionable orientación del gasto
público, en un contexto de vulnerabilidad financiera
por la que atraviesa el Estado mexicano.
El incremento de los gastos por publicidad guberna-
mental se ha incrementado de manera sostenida desde
2000. Durante el sexenio 2001-2006 el incremento del
gasto en publicidad fue de 27 por ciento, mientras que
durante 2006-2012 tuvo un aumento de 65 por ciento.
De acuerdo con estimaciones, de continuar esa ten-
dencia, para 2018 se gastarían aproximadamente 11
mil 676 millones de pesos, tan sólo en publicidad del
gobierno federal.3

A nivel estatal también se reporta un exceso en el gas-
to publicitario, como lo es el caso de Chiapas cuyo go-
bernador en su primer informe de labores gastó más de
10 millones de dólares en publicidad durante 2013; es-
to, además de ser un exceso, resulta contradictorio, ya
que la publicidad no sólo se enfocó en su estado sino
también en el Distrito Federal, el estado de México,
Puebla, Tlaxcala y otros lugares del país, dejando evi-
dencia de una promoción personalizada de dicho ser-
vidor público. En 2012 el gobernador de Puebla gastó
entre 42 millones y 56 millones de pesos en menos de
un mes para anunciar su primer informe anual de go-
bierno.4
La utilización de la publicidad oficial a manera de pro-
paganda está prohibida constitucionalmente; sin em-
bargo, continúa manifestándose y carece de regulacio-
nes específicas.
II. La asignación de contratos para este tipo de servi-
cios denota una preferencia hacia ciertos medios de
comunicación, además de que los convenios publicita-
rios se llevan a cabo sin justificación esclarecida, la
distribución de los recursos recurrentemente se realiza
con base a criterios políticos e intereses particulares.
La publicidad oficial se concentra en determinados
proveedores. Por ejemplo, para 2014 sólo 10 de los
mil 433 consignatarios que se adjudicaron algún con-
trato publicitario reunieron más de 41 por ciento de los
recursos totales destinados para ese mismo año.
III. La falta de claridad en la asignación de los recur-
sos en más de la mitad de los Estados de la republica
prevalece, la opacidad que existe en la contratación
publicitaria se está convirtiendo en un canal para la
malversación de recursos, existe información incon-
gruente, reservada y en muchos casos inexistente en
materia de publicidad oficial, aunado a ello los datos
proporcionados no poseen confiabilidad, pues no exis-
te un sistema para la verificación de su autenticidad en
tiempo y forma, aunado a ello la mayoría de los me-
dios de comunicación entorpecen los mecanismos de
transparencia, pues estos mantienen reservada la infor-
mación acerca de las audiencias o circulaciones. En
2012, un estudio elaborado por la organización Fundar
muestra que en más de 53 por ciento del gasto en pu-
blicidad oficial en 26 entidades federativas se desco-
noce su destino.
En este contexto, resulta fundamental generar meca-
nismos de control al gasto en materia de publicidad,
así como establecer directrices sólidas de transparen-
cia, eficiencia y rendición de cuentas. Mediante la pre-
sente iniciativa se buscan tres objetivos fundamenta-
les:
1. Lograr un drástico recorte al gasto en publicidad
gubernamental, buscando con ello fortalecer las fi-
nanzas públicas, generar disciplina presupuestal y
reorientar esos recursos que hoy se destinan a pu-
blicidad hacia rubros que le sirvan a los mexicanos.
2. Eliminar la publicidad personalizada que hoy
realizan algunos titulares de los poderes Ejecutivos
con recursos públicos. Para ello, se propone derogar
las disposiciones correspondientes a la publicidad
personalizada durante los periodos de informes de
gobierno.
3. Diseñar un andamiaje de transparencia, eficien-
cia y rendición de cuentas en el manejo de los re-
cursos destinados a publicidad gubernamental, me-
diante la creación de un Instituto Nacional de
Comunicación y Publicidad Gubernamental, dirigi-
do por ciudadanos con trayectoria reconocida y en-
focado a fijar los lineamientos para el contenido de
la publicidad gubernamental, las erogaciones en la
materia, entre otras atribuciones.
Derivado de lo anterior someto a consideración la si-
guiente iniciativa con proyecto de
Decreto que reforma el artículo 134 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, de-
roga el artículo 242 de la Ley General de Institu-
ciones y Procedimientos Electorales y reforma el
artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social,
en materia de publicidad gubernamental
Primero. Se reforma el octavo párrafo, y se adicio-
nan los párrafos noveno, décimo y undécimo, reco-
rriéndose y modificándose el párrafo que ocupaba la
posición novena, al artículo 134 de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar
como sigue:
Artículo 134. […]
[…]

[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
Queda prohibida la propaganda, bajo cualquier mo-
dalidad de comunicación social, que difundan como
tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las
dependencias y entidades de la administración pública
y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno,
exceptuando aquella en materia de salud, protec-
ción civil y turismo, la cual deberá ser de carácter
informativo, o de orientación social. En ningún caso
esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o
símbolos que impliquen promoción personalizada de
cualquier servidor público.
Para garantizar el cumplimiento de estas disposi-
ciones se crea el Instituto Nacional de Comunica-
ción y Publicidad Gubernamental, el cual es un ór-
gano autónomo, con personalidad jurídica y
patrimonio propio, que tiene por objeto la regula-
ción y supervisión de los contenidos en materia de
publicidad gubernamental, así como de las eroga-
ciones derivadas de los servicios de publicidad y co-
municación social.
El Instituto Nacional de Comunicación y Publici-
dad Gubernamental será independiente en sus de-
cisiones y funcionamiento, profesional en su desem-
peño e imparcial en sus actuaciones, y tendrá las
siguientes atribuciones:
I. Emitir los lineamientos generales para todos
los niveles de gobierno en materia de gasto, con-
tenido y características de la publicidad guber-
namental;
II. Vigilar el destino de los recursos asignados
para Servicios de Comunicación Social y Publi-
cidad;
III. Garantizar la máxima transparencia de la
información sobre las erogaciones generadas por
servicios de comunicación social y publicidad
bajo los principios establecidos en la ley en la
materia;
IV. Promover las sanciones correspondientes a
los servidores públicos que hagan mal uso de la
publicidad gubernamental o de los recursos pú-
blicos destinados a ella;
V. Administrar el Padrón Nacional de Medios de
Comunicación;
VI. Emitir los lineamientos generales para la
asignación de contratos por servicios de comuni-
cación social y publicidad;
VII. Dirigir a las instituciones públicas recomen-
daciones sobre los topes máximos de gasto en pu-
blicidad;
VIII. Recibir y atender las quejas y denuncias
ciudadanas que se presenten por el mal uso de la
publicidad gubernamental; y
IX. Las demás que determine la ley.
El Instituto Nacional de Comunicación y Publi-
cidad Gubernamental estará integrado por 5
consejeros ciudadanos designados por la Cáma-
ra de Diputados a partir de una convocatoria pú-
blica. Dichos consejeros deberán tener experien-
cia en el ámbito de la comunicación, ya sea en el
académico, social o privado. El nombramiento
de los consejeros deberá seguir un proceso de
evaluación de conocimientos y audiencias públi-
cas, conforme a la legislación en la materia.
Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación,
garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en
los párrafos séptimo y octavo del presente artículo,
incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar.
Segundo. Se deroga el numeral 5 del artículo 242 de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, para quedar como sigue:
Artículo 242.
1. a 4. […]
5. Se deroga.

Tercero. Se reforma el artículo 28 de la Ley General
de Desarrollo Social, para quedar como sigue:
Artículo 28. La publicidad y propaganda relativa a
los programas sociales deberá apegarse a los linea-
mientos que establezca el Instituto Nacional de Co-
municación y Publicidad Gubernamental.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día si-
guiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Segundo. El Congreso de la Unión tendrá un plazo de
90 días contados a partir de la publicación del presen-
te decreto, para emitir la Ley General de Publicidad
Gubernamental.
Tercero. La Cámara de Diputados contará con un pla-
zo de 90 días, a partir de la publicación del presente
decreto, para emitir la convocatoria correspondiente a
la selección de los Consejeros Ciudadanos del Institu-
to Nacional de Comunicación y Publicidad Guberna-
mental.
Notas
1 Presupuesto de Egresos de la Federación, 2014, 2015 y 2016.
Confróntese Transparencia Presupuestaria el Observatorio del
Gasto, recuperado de
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Datos_A
biertos
2 Ídem.
3 “El gasto en Publicidad Oficial del Gobierno Federal en 2014,
Análisis de las cifras preliminares del Sistema de Comunicación
Social”, junio de 2015, Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
Recuperado de http://www.fundar.org.mx/mexico/pdf/Publicida-
dOficialGobiernoFederal2014.pdf
4 “Comprando complacencia: Publicidad Oficial y censura Indi-
recta en México”, marzo de 2014, Asociación Mundial de Periódi-
cos y Editores de Noticias, recuperado de
http://es.scribd.com/doc/215095601/Comprando-complacencia-
Publicidad-oficial-y-censura-indirecta-en-Mexico
Sede de la Comisión Permanente,
Diputado Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. Mayo 18 de
2016.)
QUE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 10 Y
EL INCISO E) DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY FEDERAL DE
RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, RE-
CIBIDA DEL DIPUTADO ALEJANDRO GONZÁLEZ MURILLO,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PES, EN LA SESIÓN DE
LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 18 DE MAYO
DE 2016
Alejandro González Murillo, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Encuentro Social en la
LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fun-
damento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción
II, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta so-
beranía la presente iniciativa con proyecto de decreto
que reforma el segundo párrafo del artículo 10 y el in-
ciso e) del artículo 12 de la Ley Federal de Responsa-
bilidades de los Servidores Públicos de la Ley Federal
de Responsabilidades de los Servidores Públicos, con
base en la siguiente
El juicio político es un procedimiento jurisdiccional
donde interactúan un acusador, un acusado y un órga-
no de decisión que dirime la controversia.
El procedimiento da inicio a partir de una denuncia
que puede formular cualquier ciudadano, la instru-

mentación del procedimiento jurisdiccional recae en el
Poder Legislativo; sobre quien recae la responsabili-
dad de investigar las conductas denunciadas, contra
los servidores públicos, a efecto de determinar la res-
ponsabilidad política de los mismos, y la sanción co-
rrespondiente. Al respecto, el artículo 110 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos
señala lo siguiente:
Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político
los senadores y diputados al Congreso de la Unión,
los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, los consejeros de la Judicatura Federal, los
secretarios de despacho, los diputados a la Asam-
blea del Distrito Federal, el jefe del gobierno del
Distrito Federal, el fiscal general de la República, el
procurador general de Justicia del Distrito Federal,
los magistrados de circuito y jueces de distrito, los
magistrados y jueces del fuero común del Distrito
Federal, los consejeros de la Judicatura del Distrito
Federal, el consejero presidente, los consejeros
electorales, y el secretario ejecutivo del Instituto
Nacional Electoral, los magistrados del Tribunal
Electoral, los integrantes de los órganos constitu-
cionales autónomos, los directores generales y sus
equivalentes de los organismos descentralizados,
empresas de participación estatal mayoritaria, so-
ciedades y asociaciones asimiladas a éstas y fidei-
comisos públicos.
Los gobernadores de los estados, diputados locales,
magistrados de los tribunales superiores de justicia lo-
cales, en su caso, los miembros de los consejos de las
judicaturas locales, así como los miembros de los or-
ganismos a los que las Constituciones locales y el Es-
tatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue au-
tonomía, sólo podrán ser sujetos de juicio político en
los términos de este título por violaciones graves de
esta Constitución y de las leyes federales que de ella
emanen, así como por el manejo indebido de fondos y
recursos federales, pero en este caso la resolución será
únicamente declarativa y se comunicará a las legisla-
turas locales para que, en ejercicio de sus atribuciones,
procedan como corresponda.
Las sanciones consistirán en la destitución del servidor
público y en su inhabilitación para desempeñar fun-
ciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier na-
turaleza en el servicio público.
Para la aplicación de las sanciones a que se refiere es-
te precepto, la Cámara de Diputados procederá a la
acusación respectiva ante la Cámara de Senadores,
previa declaración de la mayoría absoluta del número
de los miembros presentes en sesión de aquella Cáma-
ra, después de haber sustanciado el procedimiento res-
pectivo y con audiencia del inculpado.
Conociendo de la acusación la Cámara de Senadores,
erigida en jurado de sentencia, aplicará la sanción co-
rrespondiente mediante resolución de las dos terceras
partes de los miembros presentes en sesión, una vez
practicadas las diligencias correspondientes y con au-
diencia del acusado.
Las declaraciones y resoluciones de las Cámaras de
Diputados y Senadores son inatacables.
El objeto del juicio político es destituir de su cargo a
los altos funcionarios públicos que hayan hecho mal
ejercicio de su encomienda pública, para lo cual el Po-
der Legislativo, a través de la Cámara de Diputados se
erige en el órgano investigador y acusador, mientras
que el Senado se constituye en jurado de sentencia; así
pues, el juicio político, es un acto administrativo re-
vestido con la solemnidad de un juicio.
El Senado de la Republica al erigirse en jurado de sen-
tencia realiza un acto meramente jurisdiccional, pues
se encuentra obligado a guardar las formalidades y la
solemnidad que exige cualquier procedimiento juris-
diccional. Sin embargo, por el carácter de las sancio-
nes que se imponen-destitución e inhabilitación- tiene
un carácter puramente administrativo.
El título segundo de la Ley Federal de Responsabilida-
des de los Servidores Públicos establece el procedi-
miento que se deberá seguir ante el Congreso de la
Unión para el juicio político. Al respecto, los artículos
5o. y 6o. del mencionado ordenamiento establece los
sujetos objeto de juicio político y los actos u omisiones
por los que éste procederá, los cuales a la letra dicen:
Artículo 5o. En los términos del primer párrafo del
artículo 110 de la Constitución General de la Repú-
blica, son sujetos de juicio político los servidores
públicos que en él se mencionan.
Los gobernadores de los estados, los diputados a las
legislaturas locales y los magistrados de los tribu-

nales superiores de justicia locales podrán ser suje-
tos de juicio político por violaciones graves a la
Constitución General de la República, a las leyes
federales que de ella emanen, así como por el ma-
nejo indebido de fondos y recursos federales.
Artículo 6o. Es procedente el juicio político cuando
los actos u omisiones de los servidores públicos a
que se refiere el artículo anterior, redunden en per-
juicio de los intereses públicos fundamentales o de
su buen despacho.
Los artículos 8o. y 9o. hacen referencia a la naturale-
za de las sanciones previstas para el juicio político;
además, de establecer, que cualquier ciudadano puede
presentar la denuncia; al respecto, dichos ordenamien-
tos, indican lo siguiente:
Artículo 8o. Si la resolución que se dicte en el jui-
cio político es condenatoria, se sancionará al servi-
dor público con destitución. Podrá también impo-
nerse inhabilitación para el ejercicio de empleos,
cargos o comisiones en el servicio público desde un
año hasta veinte años.
Artículo 9o. Cualquier ciudadano, bajo su más es-
tricta responsabilidad podrá formular por escrito,
denuncia contra un servidor público ante la Cámara
de Diputados por las conductas a las que se refiere
el artículo 7 de esta propia ley y por las conductas
que determina el párrafo segundo del artículo 5 de
esta misma ley, por lo que toca a los gobernadores
de los estados, diputados a las legislaturas locales y
magistrados de los tribunales de justicia locales. En
el caso de ciudadanos, pueblos y comunidades indí-
genas del país, serán asistidos por traductores para
elaborar la denuncia, si así lo solicitan. Dicha de-
nuncia podrá presentarse por escrito en la lengua in-
dígena.
La denuncia deberá estar apoyada en pruebas docu-
mentales o elementos probatorios suficientes para es-
tablecer la existencia de la infracción y estar en condi-
ciones de presumir la responsabilidad del denunciado.
En caso de que el denunciante no pudiera aportar di-
chas pruebas por encontrarse éstas en posesión de una
autoridad, la Subcomisión de Examen Previo, ante el
señalamiento del denunciante, podrá solicitarlas para
los efectos conducentes.
Las denuncias anónimas no producirán ningún efecto.
El juicio político sólo podrá iniciarse durante el tiem-
po en que el servidor público desempeñe su empleo,
cargo o comisión, y dentro de un año después de la
conclusión de sus funciones.
Las sanciones respectivas se aplicarán en un plazo no
mayor de un año, a partir de iniciado el procedimiento.
El artículo 10 de la ley establece las facultades que
ambas Cámaras tendrán en el procedimiento del juicio
político:
Artículo 10. Corresponde a la Cámara de Diputados
sustanciar el procedimiento relativo al juicio político,
actuando como órgano instructor y de acusación, y a la
Cámara de Senadores fungir como jurado de senten-
cia.
La Cámara de Diputados sustanciará el procedimiento
de juicio político por conducto de las Comisiones Uni-
das de Gobernación y Puntos Constitucionales y de
Justicia, quienes al momento de su instalación desig-
narán a cinco miembros de cada una de ellas para que
en unión de sus presidentes y un secretario por cada
comisión, integren la Subcomisión de Examen Previo
de denuncias de juicios políticos que tendrá compe-
tencia exclusiva para los propósitos contenidos en el
capítulo II de esta ley.
Sobre el particular, resulta necesario la actualización
del segundo párrafo del artículo 10 de la ley; toda vez,
que actualmente ya no existe como tal la Comisión de
Gobernación y de Puntos Constitucionales.
De igual forma, el artículo 12, en el inciso e), hace re-
ferencia a la Comisión de Gobernación y de Puntos
Constitucionales:
Artículo 12. La determinación del juicio político se
sujetará al siguiente procedimiento:
e) La resolución que dicte la Subcomisión de Exa-
men Previo declarando procedente la denuncia, se-
rá remitida al pleno de las Comisiones Unidas de
Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justi-
cia para efecto de formular la resolución correspon-
diente y ordenar que se turne a la Sección Instruc-
tora de la Cámara.

La Comisión de Gobernación es, con las Comisiones
de Hacienda y de Defensa, la más antigua y de mayor
duración en el Congreso mexicano; ahora bien a lo lar-
go de su existencia su denominación ha variado y au-
mentando o disminuyendo los temas a su cargo; aun-
que nunca ha dejado de tener a su cargo, el análisis de
la política interior de nuestro país; lo mismo ha ocu-
rrido con la Comisión de Justicia, la cual no siempre
ha conservado la misma designación.
Con la Ley Orgánica del Congreso General de los Es-
tados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Ofi-
cial de la Federación, el 3 de septiembre de 1999; se
separó la Comisión de Gobernación y de Puntos Cons-
titucionales, dando paso a las Comisiones de Goberna-
ción, Población y Seguridad Pública y de Puntos
Constitucionales y Sistema Federal.
Pocos meses después, como resultado del Acuerdo pa-
ra la subdivisión y creación de comisiones ordinarias
de la Cámara de Diputados, del 29 de septiembre de
2000, nuevamente se separó a la Comisión de Gober-
nación, Población y Seguridad Pública en dos: Comi-
sión de Gobernación y Seguridad Pública y Comisión
de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.
Como consecuencia del grave deterioro que en mate-
ria de seguridad ha venido padecido nuestro país en
los últimos años, se hizo necesario fortalecer el tema
de la seguridad pública en el quehacer legislativo; de-
rivado de lo anterior, se decidió dividir en dos la Co-
misión de Gobernación y Seguridad Pública.
Lo anterior fue posible gracias a la reforma de la Ley
Orgánica del Congreso, publicada en el Diario Oficial
de la Federación el 29 de septiembre de 2003. Con di-
cha reforma se buscó dar especial atención al tema de
seguridad pública y mantener la congruencia entre la
organización de la administración pública federal y la
estructura de comisiones en la Cámara de Diputados.
De igual manera, la nominación de la Comisión de
Justicia, ha sido reformada en diversas ocasiones, to-
davía durante la LVIII Legislatura era la Comisión de
Justicia y Derechos Humanos.
Resulta necesario reformar los artículos 10 y 12 de la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
para establecer que las comisiones encargadas de la
sustanciar el procedimiento de juicio político sean las
comisiones encargadas de la política interior del país y
la que se ocupa de las instituciones de procuración, ad-
ministración de justicia y de los procesos jurisdiccio-
nales.
Con ello se busca dar certeza y garantizar de manera
muy puntual que serán esas comisiones, las que se en-
cargaran de la sustanciación del juicio político, sea
cual fuere el nombre que adopten éstas.
Decreto
Único. Se reforman el segundo párrafo del artículo 10
y el inciso e) del artículo 12 de la Ley Federal de Res-
ponsabilidades de los Servidores Públicos, para que-
dar como sigue:
Artículo 10. Corresponde a la Cámara de Diputados
sustanciar el procedimiento relativo al juicio político,
actuando como órgano instructor y de acusación, y a la
Cámara de Senadores fungir como jurado de sentencia.
La Cámara de Diputados sustanciará el procedimiento
de juicio político por conducto de las comisiones en-
cargadas de las carteras de política interior del pa-
ís y de procuración y administración de justicia y
procedimientos jurisdiccionales; sea cual fuere el
nombre que adopten las mismas, quienes al momen-
to de su instalación designarán a cinco miembros de
cada una de ellas para que en unión de sus presidentes
y un secretario por cada comisión, integren la Subco-
misión de Examen Previo de denuncias de juicios po-
líticos que tendrá competencia exclusiva para los pro-
pósitos contenidos en el capítulo II de esta ley.
Artículo 12. La determinación del juicio político se
sujetará al siguiente procedimiento:
e) La resolución que dicte la Subcomisión de Exa-
men Previo declarando procedente la denuncia, se-
rá remitida al pleno de las comisiones previstas en
el artículo 10, para efecto de formular la resolución
correspondiente y ordenar se turne a la Sección Ins-
tructora de la Cámara.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día si-
Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente,
Diputado Alejandro González Murillo (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Gobernación. Mayo 18 de 2016.)
QUE REFORMA Y ADICIONA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCU-
LO 50 DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES, RECIBIDA DEL DIPUTADO CIRI-
LO VÁZQUEZ PARISSI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PRI, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL
Cirilo Vázquez Parissi, diputado federal, integrante
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los
artículos 71, fracción II, y 78, fracción III, de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y
6, numeral 1, fracción I, 77, 78 y demás aplicables del
Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a
la consideración de esta asamblea la siguiente iniciati-
va con proyecto de decreto por el que se reforma y adi-
ciona la fracción II del artículo 50 de la Ley General
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, al te-
nor de la siguiente
En México viven 39.2 millones de niños, niñas y ado-
lescentes, de acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015
del Inegi, de los cuales 32.4 por ciento están en la pri-
mera infancia (0 a 5); 33.7 por ciento en edad escolar
(6 a 11 años) y 33.9 por ciento son adolescentes (12 a
17 años).
Por su parte, UNICEF México reporta a través de in-
dicadores del Coneval que 21.4 millones de niñas, ni-
ños y adolescentes se encontraba en situación de po-
breza; de los cuales, 4.6 millones estaba en pobreza
extrema en 2014. Cuyas principales carencias, las
constituyen la falta de acceso a la seguridad social
(62.6 por ciento), seguida por la carencia a acceso a
la alimentación (27.6 por ciento).
Más preocupante es la tasa de mortalidad infantil en
niños menores de 5 años de acuerdo a la Dirección Ge-
neral de Información en Salud de la Secretaria de Sa-
lud, para el 2013 fue de 5.7por cada mil nacidos vi-
vo. Siendo la región sur del país, la zona geográfica
que presenta elevadas cifras de mortalidad infantil
por la falta de recursos y condiciones para garantizar a
la niñez el acceso a servicios básicos, integrales y es-
pecializados de salud.
La población de 0 a 1 año de edad es el grupo con
mayor incidencia de la carencia por acceso a los
servicios de salud (23.3 por ciento), según el diag-
nóstico sobre pobreza y derechos sociales de niñas,
niños y adolescentes en México, 2014, elaborado por
el UNICEF y el Coneval. El informe estima que la
primera infancia es una etapa crítica para el desarro-
llo, en la que un ejercicio pleno de todos los derechos
es fundamental para garantizar un adecuado desarro-
llo físico y mental. Además, advierte que existen pro-
gramas públicos de corte universal orientados direc-
tamente a la provisión de servicios de salud para esta
población, por considera indispensable impulsar es-
trategias que refuercen el acceso a los servicios de
salud.
Un esfuerzo plausible por brindar mejores oportunida-
des de desarrollo es la reciente iniciativa presentada
por el Ejecutivo Federal para alcanzar la universaliza-
ción del servicio de salud para estudiantes de educa-
ción media superior y superior, beneficiando a 7 mi-
llones de jóvenes. Sin embargo, aún sigue estando
pendiente el fortalecer las acciones que garanticen el
pleno goce de los derechos de la niñez como compro-
miso ineludible con las futuras generaciones de mexi-
canos.
El esa tesitura, el 4 de diciembre de 2014, se publicó
la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, entre cuyos propósitos se pretende inci-
dir positivamente en la integración de los más altos es-
tándares internacionales en materia de protección y tu-
tela del interés superior del menor.

La Ley en comento, en palabras de Isabel Crowley,
Representante UNICEF en México, marca un hito en
la historia del país al colocar a la niñez y adolescencia
como un asunto prioritario en la agenda pública, a la
cual esta Legislatura debe honrar, para invertir el tiem-
po y los recursos necesarios para capitalizar los come-
tidos de tan noble proyecto.
Uno de esos cometidos debe orientarse en garantizar el
presente y futuro para cerca de 2.2 millones de niños y
niñas que nacen al año en México, fomentando la
equidad en el acceso y goce a los servicios de salud,
impulsando iniciativas y políticas que tiendan a hacer
realidad el derecho de todo niño y adolescente a la pro-
tección de su salud y a la seguridad social gratuita, no
discriminatoria y de calidad.
El decreto 839 de la Asamblea Legislativa de la Repú-
blica de El Salvador, es un vivo ejemplo de construc-
ción normativa que garantiza la protección y la asis-
tencia de los servicios de salud desde la primera edad,
estableciendo medidas para salvaguardar el derecho a
la vida, incluyendo la pronta atención médico-quirúr-
gica en los centros públicos y privados de salud, servi-
cios que proveerá gratuitamente entre los que se enu-
mera: de consultas, medicinas, exámenes, prótesis, la
implementación de programas para la utilización tera-
péutica de órganos o tejidos humanos u otros elemen-
tos necesarios para la prevención, tratamiento y reha-
bilitación de la niña, niño o adolescente.
El Estado de Carolina del Norte, en la Unión Ameri-
cana, es otro ejemplo de acierto gubernamental en pro
de atender las necesidades y rezagos que padece la po-
blación infantil, al garantizar mediante acciones pro-
gramáticas que ningún niño se quede sin asistencia
médica gratuita o a bajo costo, mediante el programa
“HealthCheck (Medicaid) o NC Health Choice”.
Siguiendo este orden de ideas, desde 1946 la Organi-
zación Mundial de la Salud reconoció y definió el de-
recho a la salud como: “el Estado de completo bienes-
tar físico, mental y social y no solamente la ausencia
de afecciones o enfermedades; es un derecho funda-
mental y el logro del grado más alto posible de la mis-
ma es un objetivo social”. Derecho humano consagra-
do en el cuarto párrafo del facultativo 4o.
constitucional, que si bien se entiende como una obli-
gación del Estado hacer efectivo su cometido, hasta
ahora su pleno goce se sujeta a la cláusula expresa de
definir en leyes secundarias las bases y modalidades
para el acceso a dicho servicio.
Ahora bien, el autor colombiano Rodolfo Arango1 nos
dice que, si bien “el concepto de salud, en cierto gra-
do, esta? culturalmente condicionado”, en la mayoría
de las legislaciones como lo demuestra la evidencia
empírica, la negación de un nivel mínimo de asisten-
cia médica y de medicamentos puede ser contraria a la
vida digna de un individuo.
Así, en México, el derecho de atención a la salud, co-
mo categoría subjetiva constitucional, comprende un
marco de seguridad a la familia y la protección de la
sociedad, que incluye el bienestar físico y mental del
ser humano; la asistencia para el adecuado desarrollo
desde antes del nacimiento, y el mejoramiento de su
calidad de vida, que bien valdría la pena reconfigurar
dentro del marco de derechos de las niñas, niños y
adolescentes para garantizar su plenitud sin sujeción a
reglas especiales que condiciones las modalidades que
hasta ahora existen para el acceso a los servicios de sa-
lud, condicionando de forma excluyente la universali-
dad de la cobertura de atención a la niñez. Toda vez
que, tal y como lo contempla nuestro ordenamiento
constitucional, el Estado tiene la obligación de hacer-
lo realidad, ya sea de forma directa, o en coordinación
con el sector público, o concurrentemente con los sec-
tores social y privado; puntualizándose que el derecho
constitucional a la protección de la salud encierra un
principio integral en su cobertura; lo que quiere decir,
que es universal y protege a todo ser humano por el he-
cho de serlo.
Los cambios en la atención a la salud no son procesos
sencillos ni lineales. El transito del paradigma tradi-
cional del Estado benefactor y de instituciones tutela-
res que intervenían para proteger a los menores ha pa-
sado al diseño de un nuevo enfoque de instituciones
garantes, que junto con la familia y la sociedad sean
responsables de asegurar que niños y adolescentes
ejerzan con plenitud sus derechos. Desde esta perspec-
tiva y siguiendo al jurista Luigi Ferrajoli estimamos
que las leyes en materia de servicios públicos, como es
el servicio de salud, no sólo deben establecer conteni-
dos y presupuestos de éste, sino que deben aspirar a la
identificación de los sujetos de derecho público inves-
tidos de la correlativas obligaciones funcionales, en
este caso los niños y adolescentes.

Finalmente vale la pena, retomar los comentarios ver-
tidos por el Centro de Estudios de las Finanzas Públi-
cas de esta Cámara de Diputados, en el sentido de pon-
derar la necesidad de diseñar una política pública
integral de desarrollo infantil temprano, que cuente
con estándares comunes de aplicación nacional, cuyo
impacto y resultado trascienda en el mejoramiento de
sus condiciones de vida, y es la salud, junto con la edu-
cación y la alimentación, las variables que deben aten-
derse puntualmente dentro de las políticas de Estado
para garantizar el bienestar y calidad de vida de la po-
blación infantil.
Bajo estos argumentos, presento esta iniciativa con el
propósito de sentar las base de una nueva política in-
tegral de cuidado de la niñez y la adolescencia, que
se inserte en prácticas internacionales tendientes a
garantizar le pleno disfrute de los derechos humanos
a la salud, entre cuyos contenidos se privilegie la
asistencia médica y el acceso a los servicios de salud
desde la temprana edad hasta alcanzar su cobertura
universal.
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado presen-
to a consideración de esa Soberanía la siguiente ini-
ciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforma la fracción II del ar-
tículo 50 de la Ley de General de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes.
Único: Se reforma y adiciona un párrafo a la fracción
II del Artículo 50 de la Ley General de los Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como si-
gue:
Artículo 50. Niñas, niños y adolescentes tienen dere-
cho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, así
como a recibir la prestación de servicios de atención
médica gratuita y de calidad de conformidad con la le-
gislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y
restaurar su salud. Las autoridades federales, de las en-
tidades federativas, municipales y de las demarcacio-
nes territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de
sus respectivas competencias, en relación con los de-
rechos de niñas, niños y adolescentes, se coordinarán
a fin de:
I…
II. Asegurar la prestación de la asistencia médica y
sanitaria necesaria, haciendo hincapié en la aten-
ción primaria, para lo cual se garantizará el acce-
so de niñas, niños y adolescentes a hospitales y
centros de salud públicos y privados, sin ningu-
na restricción.
El Estado debe garantizar este derecho median-
te el desarrollo de políticas y programas trans-
versales idóneos para asegurar su plena realiza-
ción.
III a XVIII…
…
…
…
Artículo Transitorio. La presente reforma entrará
en vigor al día siguiente de su publicación en el Dia-
rio Oficial de la Federación.
Nota
1 Arango, Rodolfo. El concepto de derechos sociales fundamenta-
les. Prólogo de Robert Alexy. Universidad Nacional de Colombia-
Legis. Bogotá?, 2005.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Cáma-
ra de Diputados del honorable Congreso de la Unión.-
Ciudad de México a, 2 de mayo de 2016.
Diputado Cirilo Vázquez Parissi (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Derechos de la Niñez. Mayo 18 de
2016.)

QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 28 DE LA LEY
DE LA POLICÍA FEDERAL Y 15 DE LA LEY DE LA COMISIÓN
NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, RECIBIDA DE
LA DIPUTADA MARÍA ELENA ORANTES LÓPEZ, DEL GRU-
PO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO, EN
LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCO-
LES 18 DE MAYO DE 2016
La suscrita, diputada María Elena Orantes López, vice-
coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento
Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Di-
putados, con fundamento en los artículos 71, fracción
II y 72 de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, así como el artículo 6, número 1, los
artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Di-
putados y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno In-
terior del Congreso General de los Estados Unidos Me-
xicanos, sometemos a la consideración de esta
asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decre-
to que reforma y adiciona el artículo 28 de la Ley de la
Policía Federal y el artículo 15 de la Ley de la Comi-
sión Nacional de los Derechos Humanos, en materia de
protección de los derechos humanos de los elementos
de la Policía Federal, de acuerdo con la siguiente:
La evolución de nuestras instituciones de seguridad
pública, en el ámbito federal, se ha acelerado de ma-
nera destacada en los últimos 18 años. Ello, ha permi-
tido un desarrollo estructural y organizacional que ha
proyectado a la Policía Federal de México como una
de las instituciones policiales más importantes de La-
tinoamérica.1
Así, en los últimos diez años, según estimaciones pú-
blicas, casi cuadriplicó el número de efectivos;2 ha
desarrollado un sistema de capacitación con recursos
propios y con la participación de las instituciones po-
liciales más prestigiadas del mundo;3 ha establecido
diversos mecanismos para combatir delitos como el
secuestro, obteniendo cifras de efectividad que han
ubicado a los policías mexicanos como expertos a ni-
vel mundial;4 ha desarrollado complejos esquemas de
reclutamiento,5 y se ha ubicado como una de las forta-
lezas del Estado Mexicano para combatir a la delin-
cuencia organizada.
Todo este avance, producto del esfuerzo institucional,
responde a controles internos y externos y al esfuerzo
de los policías que luchan y se esfuerzan cotidiana-
mente, sacrificando vida personal y familia para servir
a nuestro país, combatiendo a la delincuencia organi-
zada y, en ocasiones, luchando contra compañeros su-
yos que lamentablemente han perdido el rumbo y se
han corrompido.
En este sentido, las estructuras y dinámicas organiza-
cionales de la Policía Federal tienen sus propios espa-
cios y tiempos para procurar atender casos de indisci-
plina, posible corrupción, cambios de funciones,
diferencias laborales, mal ejercicio de funciones, abu-
sos de autoridad, problemas de capacitación y recluta-
miento, entre otras. Ello, mediante instancias como el
Consejo Federal cuyas atribuciones, funcionamiento e
integración se definen en el capítulo IV de la Ley de la
Policía Federal.
No obstante la existencia de instancias como el Con-
sejo Federal, hay veces en que la información de me-
dios de comunicación y los testimonios de elementos
que han salido de la institución, nos permiten apreciar
indicios de que los derechos de los policías, en este ti-
po de espacios, no son garantizados plenamente.
Al respecto, se ha estimado que hasta 2 mil elementos6
han sido cesados injustificadamente. No está en nues-
tra competencia conocer o averiguar si la totalidad es-
timada de los elementos cesados eran inocentes o si es
conveniente a los intereses de la sociedad, reinstalar a
un elemento que posiblemente guarda recelo a la ins-
titución. Lo que sí está en nuestras manos, es revalorar
la posibilidad de que un diseño institucional deficien-
te esté colaborando al desprestigio de una institución
o, peor aún, a retirar injustamente de sus cargos a per-
sonal en el que se ha invertido muchos recursos, que
no se ha corrompido y que tiene la convicción de ser-
vir y proteger a la comunidad. Esta revaloración es una
de las vías que la Policía Federal puede transitar para
reiterar su compromiso con lo aquello en que las fuer-
zas políticas de oposición coincidimos con el Presi-
dente de la República y que radica en reconocer “el
imperativo moral” para que las instituciones de segu-
ridad se conduzcan “con total apego a la ley”, y “con
absoluto respeto a los derechos humanos”.7
En consecuencia, con la intención de fortalecer insti-
tucionalmente las herramientas para garantizar el ejer-
cicio de derechos humanos de los policías y facilitar
condiciones para que la institución proteja a quienes

nos protegen, considero importante ampliar la pers-
pectiva del Consejo Federal. Ello, involucrando direc-
tamente a la Comisión Nacional de los Derechos Hu-
manos en los trabajos del Consejo Federal con la
intención de liberar a esta instancia de sospechas, al
tiempo que se garantice el adecuado proceso en todos
los casos para tener más herramientas que hagan via-
ble el procesamiento de los malos elementos y la de-
fensa de los policías comprometidos con la sociedad.
De esta manera, sin poner en riego a la institución, a
través de esta iniciativa se integrará un nuevo protago-
nista en los controles internos de la policía, refrescan-
do las dinámicas organizacionales, dando certidumbre
a los buenos elementos quienes verán una herramienta
para asegurar el respeto de sus derechos. Asimismo,
esta propuesta implica reforzar al Consejo Federal pa-
ra que sea un mecanismo que dé confianza a los ciu-
dadanos y nos permita saber que cuando termine un
proceso administrativo, contra un mal elemento, éste
no quedará eximido de un proceso penal por una mala
y arbitraria integración del proceso administrativo.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a conside-
ración la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto
Que reforma y adiciona el artículo 28 de la Ley de
la Policía Federal y el artículo 15 de la Ley de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en
materia de protección de los derechos humanos de
los policías federales
Artículo Primero. Se reforma y adiciona el artículo
28 de la Ley de la Policía Federal para quedar como si-
gue:
Artículo 28. El Consejo Federal se integrará de la si-
guiente manera:
I. a IV.…
V. Un Consejero por cada área operativa;
VI. Un Consejero por el área jurídica de la Policía
Federal, y
VII. Un representante de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos.
El representante de la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos será designado por el
Presidente de la Comisión Nacional de los De-
rechos Humanos. Conocerá todos los asuntos
que trate el Consejo Federal y tendrá voz pero
no voto.
El representante de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos responderá directamente al
Presidente de la Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos y estará facultado para emitir in-
formes ante solicitud de autoridades judiciales
sobre el estatus que guarda la protección de los
derechos humanos en casos específicos revisados
por el Consejo Federal.
Los integrantes del Consejo Federal serán de ca-
rácter permanente, y se designará a un suplente,
de conformidad con el Reglamento, salvo en el
caso del representante de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos quien podrá ser rele-
vado de esa posición por decisión del Presiden-
te de la Comisión Nacional de los Derechos Hu-
manos.
Artículo Segundo. Se reforma y adiciona el artículo
15 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos para quedar como sigue:
Artículo 15. El Presidente de la Comisión Nacional
tendrá las siguientes facultades y obligaciones:
I. a X. …
XI. Promover las acciones de inconstitucionalidad,
en contra de leyes de carácter federal, estatal y del
Distrito Federal, así como de tratados internaciona-
les celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados
por el Senado de la República, que vulneren los de-
rechos humanos reconocidos en la Constitución y
en los tratados internacionales de los que México
sea parte;
XII. Nombrar y remover libremente al represen-
tante de la Comisión Nacional de Derechos Hu-
manos ante el Consejo Federal de la Policía Fe-
deral, y
XII. …

Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día si-
guiente de su publicación en el Diario Oficial de la Fe-
deración.
Segundo. La Policía Federal y la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos tendrán hasta 180 días para
modificar sus disposiciones reglamentarias conforme
a las disposiciones que marca el presente decreto.
Notas
1 Ejemplo de ello es el liderazgo que la Policía Federal de México
ha tenido en instancias como la Comunidad de Policías de Améri-
ca (AMERIPOL) desde su fundación. AMERIPOL fue fundada en
2007, a iniciativa de México y Colombia; actualmente se integra
por 30 instituciones policiales y fiscalías de 27 países del conti-
nente como miembros; también la integran 21 servicios policiales
de Alemania, Francia, España e Italia, entre otros, en calidad de
observadores; dos de las ocho cumbres que ha realizado se han
desarrollado en México; en 2014, debido al liderazgo que junto
con Colombia tiene en materia de Control de Confianza la Policía
Federal impartió al resto de las policías el Primer Taller de Control
de Confianza . La Policía Federal ha ocupado la Presidencia o la
Secretaría Ejecutiva desde su fundación y desde febrero de 2016
tiene la Presidencia del organismo. Información Disponible en:
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/02/27/1077559
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/seguri-
dad/2016/02/27/ameripol-impulsa-plan-para-capacitar-policias y
http://www.olacefs.com/wp-content/uploads/2014/12/275.pdf
2 De acuerdo con información del IFAI, “En POLICÍA FEDERAL
(PF) existe una negativa de acceso a la información cuyo rubro te-
mático es ESTADO DE FUERZA, donde su sentido de la respues-
ta fue NEGATIVA POR SER RESERVADA O CONFIDEN-
CIAL”, no obstante ello, el Comunicado de Prensa 394 del 5 de
diciembre de 2013, menciona 7,800 mujeres como parte del esta-
do de fuerza y la prensa maneja un estado de fuerza que ronda de
35 a 40 mil elementos. Asimismo, Jorge Carrillo Olea, uno de los
impulsores del proyecto de Policía Federal en la década de 1990,
en México en Riesgo, estima que la Policía Federal contaba al mo-
mento de la transición del año 2000 con entre 9 y 12 mil elemen-
tos. En este sentido, aceptando la información disponible podemos
afirmar que hoy la Policía Federal cuenta con un Estado de Fuer-
za casi cuatro veces más numeroso que cuando fue formada. Véa-
se:
http://www.cronica.com.mx/notas/2014/820231.html y
http://www.elfinanciero.com.mx/archivo/especial-mujeres-en-la-
policia-federal.html
3 La Policía Federal cuenta con una academia de formación poli-
cial, ubicada en San Luis Potosí; asimismo con el Sistema de De-
sarrollo Policial (SIDEPOL) y con mecanismos de cooperación in-
ternacional como los que permitieron la formación de la
Gendarmería con asistencia de Francia, Italia, España y Chile.
Ello, con fundamento en las atribuciones de la Secretaría General.
Para mayor información véase: http://www.ssp.gob.mx/portalWe-
bApp/wlp.c;jsessionid=yFd0XwmN3rfH6fxd148ncfytNVlY0fnD
n2FXDgpcnYhLQvNV1TLy!1654005622?__c=fe0 ;
http://cns.gob.mx/portalWebApp/portal/movil.portal;jsessionid=L
2kPVgJPTBdZ0xgghn32nJYZqxTYJNlQJqpnGGVDGDzdJfXhj
vD0!-973085057?_nfpb=true&_windowLabel=SalaDePrensa-
Controller_2&SalaDePrensaController_2_actionOverride=%2Fpa
geflows%2Fsspmovil%2FsalaDe
Prensa%2Fdetallar&SalaDePrensaController_2identifica-
dor=1376110#wlp_SalaDePrensaController_2
http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/transparen-
cia/Primer_Informe_de_Labores_SEGOB_2013.pdf
4 En 2013, la Policía Federal atendió 561 casos de secuestro, que
permitieron la liberación de 538 víctimas;
Véase: http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/trans-
parencia/Primer_Informe_de_Labores_SEGOB_2013.pdf
5 Tan sólo en 2013 se realizaron más de 46 mil evaluaciones de
control de confianza a personal de la Policía Federal. De acuerdo
con inf Véase:
http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/transparen-
cia/Primer_Informe_de_Labores_SEGOB_2013.pdf; http://forma-
to7.com/2015/10/01/uno-de-cada-100-aspirantes-a-la-policia-fe-
deral-logra-su-ingreso/
6 El Movimiento Nacional por la Dignificación de la Policía Fe-
deral en 2014 manejaba la cifra de 2 mil elementos http://www.jor-
nada.unam.mx/ultimas/2014/04/15/ex-agentes-de-pf-piden-a-onu-
intervenir-por-despido-de-al-menos-2-mil-elementos-6369.html
7 Mensaje del Presidente Enrique Peña Nieto, en el marco de las
actividades realizadas el 5 de mayo de 2016. Véase:

http://www.gob.mx/presidencia/prensa/en-todo-momento-la-ac-
tuacion-de-nuestros-efectivos-militares-deber-ser-con-apego-a-la-
ley-y-con-invariable-respeto-a-los-derechos-humanos
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro,
mayo de 2016.
Diputada María Elena Orantes López (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Derechos Humanos. Mayo 18 de 2016.)
QUE ADICIONA UN INCISO G), RECORRIENDO EL CONTENI-
DO DEL ACTUAL G) AL H), DEL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO
238 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDI-
MIENTOS ELECTORALES, RECIBIDA DE LAS DIPUTADAS
NORA LILIANA OROPEZA OLGUÍN Y MARIANA BENÍTEZ
TIBURCIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA
SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES
18 DE MAYO DE 2016
Las suscritas, Nora Liliana Oropeza Olguín y Mariana
Benítez Tiburcio, Diputadas Federales a la LXIII Le-
gislatura del Congreso de la Unión, integrante del Gru-
po Parlamentario del Partido Revolucionario Institu-
cional, con fundamento en los artículos 55, 56 y 57 del
reglamento para el gobierno interior del congreso ge-
neral de los estados unidos mexicanos, somete a con-
sideración del pleno de la honorable Comisión Perma-
nente la siguiente iniciativa con proyecto de decreto
por el que se adiciona un inciso g), recorriéndose el
contenido del inciso g) al inciso h) del numeral 1 del
artículo 238 de la Ley General de Instituciones y Pro-
cedimientos Electorales.
Planteamiento del problema
En el Poder Legislativo federal; sus integrantes como
representantes del pueblo deben ser hombres y muje-
res probos, con trayectoria política y socialmente in-
cuestionable, que atiendan el interés de la nación, de la
sociedad. Un reclamo que hace la comunidad; quiere a
un legislador o legisladora que impulse acciones legis-
lativas; y políticas públicas que generen mejores con-
diciones de vida para la población.
La desconfianza y alejamiento de los ciudadanos con
respecto al Poder Legislativo se inscribe dentro de un
complejo fenómeno de aversión hacia la política. El
Poder Legislativo, registra el nivel más bajo de con-
fianza y aprobación que el resto de las instituciones de
gobierno. Mejorar su imagen pública, su credibilidad y
la confianza de la ciudadanía es un reto de enorme im-
portancia para fortalecer el papel que juega en el siste-
ma político mexicano.
En México, tres de cada cuatro ciudadanos considera
que a los partidos políticos, a los diputados federales y
a los senadores, les interesa poco o nada lo que piensa
la gente, además, un porcentaje significativo de ciuda-
danos se siente mínimamente identificado con sus re-
presentantes de elección popular. Así lo demuestran
estudios de opinión pública que ha realizado el Centro
de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cá-
mara de Diputados.
Un 74 por ciento de los ciudadanos consultados, dicen
no sentirse representados por los partidos políticos, el
porcentaje más alto en este rubro seguido de un 73 por
ciento que señaló a los diputados locales y un 72 por
ciento sienten lo mismo con relación a los senadores.
El 70 por ciento aseguró no sentirse representados por
los diputados federales; 69 por ciento no se ve refleja-
do en sus autoridades municipales.
Las opiniones anteriores indican y plantean lo urgente
que resulta que quienes integran el Poder Legislativo
del Estado mexicano, realicen lo necesario para rever-
tir la tendencia negativa de imagen y percepción so-
cial, para recuperar la confianza de los ciudadanos.
De manera adicional, uno de cada tres considera que el
gobierno debe combatir la corrupción e impunidad,
por el costo que éste flagelo tiene para la sociedad en
todos los aspectos. Razones que han llevado a la so-

ciedad a desconfiar de los políticos y de los represen-
tantes populares en particular. Situaciones que deben
provocar reflexiones, en los responsables de las insti-
tuciones que la combaten para que realicen su respon-
sabilidad con más eficacia; y a su vez, a la sociedad
para exigir que la ley se cumpla.
La percepción que se enfatiza se tiene por hechos de
corrupción de servidores públicos de los tres niveles
de gobierno, de administraciones encabezadas por dis-
tintos partidos políticos. Lo que ha acrecentado la des-
confianza de la sociedad en los servidores públicos, y
penosamente también en las instituciones.
Desconfianza que se traduce en frustración, máxime
cuando observa que personas protagonistas de hechos
de corrupción e impunidad, en lugar de ser castigadas
son promovidas, por ejemplo, a puestos de representa-
ción popular. Asuntos de particulares que lamentable-
mente han impactado negativamente en la imagen so-
cial del Poder Legislativo federal.
La presente iniciativa, la motiva precisamente esta
percepción social sobre las instituciones mexicanas.
Argumentación
Ante tales hechos, resulta importante que en el caso
particular del Poder Legislativo, se garantice a la so-
ciedad que la habrá de representar hombres y mujeres,
como lo hemos señalado, probos, con trayectorias lim-
pias y caracterizadas por sus convicciones sociales.
Para que esto suceda, el reto y compromiso debe ser
asumido por los partidos políticos de salvaguardar las
candidaturas a puestos de elección popular, y los ciu-
dadanos que aspiren como independientes a estos car-
gos observar el cumplimiento de las disposiciones en
la ley en la materia, mismas que con esta iniciativa se
busca fortalecer al incorporar la carta de no antece-
dentes penales, como dato que deberán presentar los
candidatos a puestos de elección popular para su re-
gistro ante la autoridad electoral. Documento que de-
be ser imprescindible ante las circunstancias que vive
el país por el fenómeno multifactorial de la inseguri-
dad, en la que se ha registrado lamentablemente el in-
volucramiento de actores políticos.
La presentación de la carta de no antecedentes penales
de los candidatos a puestos de elección popular fue un
reclamo de la sociedad en la pasada elección federal,
en algunos casos los partidos políticos y la propia au-
toridad electoral lo “subsanaron”, solicitando a los
candidatos una carta en la que manifestaran bajo pro-
testa de decir verdad de no tener antecedentes penales,
con el argumento de que la ley en la materia no lo in-
dicaba como requisito, postura correcta porque efecti-
vamente la norma no lo establece. De ahí la pertinen-
cia de la presente iniciativa.
La carta de no antecedentes penales, como requisito,
ha generado controversia al considerarse que resulta
inhumano, cruel, deshonroso o excesivo, que atenta
contra la reputación o dignidad de la persona, que
transgrede el artículo primero, tercer párrafo, de la
nos, CPEUM, que a la letra dice: “Todas las autorida-
des, en el ámbito de sus competencias, tienen la obli-
gación de promover, respetar, proteger y garantizar los
derechos humanos de conformidad con los principios
de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá pre-
venir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a
los derechos humanos, en los términos que establezca
la ley”.
Sobre la transgresión al espíritu del citado párrafo ter-
cero de la CPEUM, al respecto, en la Tesis: I.7o.A.361
A. Tomo XXI, Abril de 2005, Novena Época, publica-
da en el Semanario Judicial de la Federación, se seña-
la que:
“…debe entenderse como el tratamiento diferencial
por el cual se priva de ciertos derechos o prerroga-
tivas a individuos o grupos de personas, en algunos
casos por simples condiciones fácticas, ajenas al
control del sujeto discriminado, tales como su ori-
gen étnico, nacionalidad o condición social; deriva-
das de la naturaleza, como son el género, condicio-
nes de salud, edad; y finalmente, aquellas adoptadas
libremente por el individuo, como por ejemplo, re-
ligión, opiniones y preferencias. Las anteriores pro-
hibiciones, enumeradas por la Carta Magna, son ci-
tadas ejemplificativamente, pues el numeral en
estudio hace referencia a ‘cualquier otra’ que atente
contra la dignidad humana. Tratándose de los ante-
cedentes penales, éstos tienen el carácter de infor-
mativos; por tanto, no puede alegarse que sea dis-
criminatoria…”

En cuanto a la exigencia de que se acompañe carta
de no antecedentes penales a la solicitud de registro
de candidato. En las jurisprudencias: P./J. 58/2005,
59/2005, 60/2005, 61/2005, 62/2005, 63/2005,
65/2005. Expediente: AI2/2002, la Corte sostuvo
que:
“…el requisito impugnado, no transgrede los trans-
critos preceptos constitucionales, pues es evidente
que la circunstancia de que los partidos políticos
deban anexar a su solicitud de registro de candida-
tos, carta de antecedentes penales o de la inexisten-
cia de ellos, de ninguna forma juzga a dichos can-
didatos, pues es evidente que no recaerá por ese
motivo, en contra del candidato de que se trate, nin-
guna sentencia que le pueda sancionar de nueva
cuenta, en caso de haber sido juzgado con anteriori-
dad, por lo cual de ningún modo puede estimarse
que se le sancione dos veces por el mismo delito,
reitérase, en caso de haber sido juzgado con ante-
rioridad y condenado por algún ilícito …”.
“Además, cabe agregar que el artículo impugnado, es
acorde con el sistema establecido en la Constitución
Federal, concretamente en el artículo 38, donde se pre-
vén los diversos supuestos por los que pueden suspen-
derse los derechos o prerrogativas de los ciudadanos,
entre los que se encuentran, por estar sujetos a un pro-
ceso criminal por delito que merezca pena corporal, a
partir de la fecha del auto de formal prisión; por en-
contrarse prófugos de la justicia, o bien, por sentencia
ejecutoria que imponga dicha suspensión”.
“La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, al formular su opinión
concluyó lo siguiente: la exigencia de que se acom-
pañe carta de no antecedentes penales a la solicitud
de registro de candidato, no implica que una perso-
na sea juzgada dos veces por el mismo delito o que
se le condene de por vida, como se asevera, pues só-
lo constituye un auxiliar para la verificación de ese
requisito, consistente en tener un modo honesto de
vivir”.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la considera-
ción de esta soberanía la presente iniciativa con pro-
yecto de
Decreto por el que se adiciona un inciso g), reco-
rriéndose el contenido del inciso g) al inciso h), del
numeral 1 del artículo 238 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, para
quedar como sigue
Artículo 238. …
1. …
a) a e) …
f) Cargo para el que se les postule;
g) Carta de no antecedentes penales, y
h) Los candidatos a las Cámaras del Congreso de la
Unión y de los Congresos de las Entidades Federa-
tivas que busquen reelegirse en sus cargos, deberán
acompañar una carta que especifique los periodos
para los que han sido electos en ese cargo y la ma-
nifestación de estar cumpliendo los límites estable-
cidos por la Constitución en materia de reelección.
2. a 7. …
Transitorio
Federación.
a 11 de Mayo de 2016.
Diputadas: Nora Liliana Oropeza Olguín, Mariana Benítez Tibur-
cio (rúbricas)
(Tunada a la Comisión de Gobernación. Mayo 18 de 2016.)

QUE REFORMA EL ARTÍCULO 127 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PRE-
SENTADA POR EL DIPUTADO OMAR ORTEGA ÁLVAREZ, EN
NOMBRE DEL DIPUTADO VICTORIANO WENCES REAL, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESIÓN DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 18 DE MAYO DE
2016
El suscrito, Victoriano Wences Real, diputado federal
de la LXIII Legislatura integrante del Grupo Parla-
mentario del Partido de la Revolución Democrática,
con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del
artículo 71 y la fracción III del artículo 78 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por
el artículo 122, numeral 2, de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
y el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Go-
bierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía la si-
guiente iniciativa con proyecto de decreto.
En nuestro país existen 46.2 millones de personas que
viven en pobreza, de las cuales 9.5 millones en pobre-
za extrema, según datos del Consejo Nacional de Eva-
luación de la Política de Desarrollo Social, existiendo
municipios de muy alta y alta marginación que tienen
servidores públicos municipales como ediles cuyo re-
muneración o retribución es sumamente desproporcio-
nal a las actividades que desempeñan y a las condicio-
nes sociales de la ciudad, además dicha retribución no
está sujeta a comprobación, por lo que resulta de suma
importancia moderar esta desigualdad social.
Es innegable que la pobreza en nuestro país es un asun-
to de suma importancia para los tres órdenes de go-
bierno, debemos de reconocer que se han implementa-
do una serie de programas sociales que buscan como
objetivo el reducir la pobreza, sin embargo no existe
una planificación integral que tienda a reducirla, ac-
tualmente de acuerdo al Consejo Nacional de Evalua-
ción de la Política de Desarrollo Social que en nuestro
país existen 46.2 millones de personas que viven en po-
breza, de las cuales 9.5 millones en pobreza extrema.
Por otra parte en muchos municipios de muy alta y al-
ta marginación, se contrasta la pobreza de las y los me-
xicanos que apenas llegan a subsistir con el equivalen-
te a 10 pesos diarios por familia con los sueldos de
servidores públicos municipales que son exorbitantes,
el cual no está sujeto a comprobación.
Es evidente que los servidores públicos municipales
requieren muchas de las veces apoyos para atender las
solicitudes de la ciudadanía, pero también es cierto
que estos jugosos sueldos que reciben no son utiliza-
dos para dicho fin y mucho menos son comprobados.
Es indudable que el sueldo de los servidores públicos
no debe de ser exorbitante, debe de ser inherente a las
funciones que se realicen, sin embargo en nuestro pa-
ís el ostentar un cargo de elección popular es sinónimo
de derroche de recursos públicos, los altos sueldos no
se justifican con la labor que realizan, existen ayunta-
mientos que incluso no celebran con normalidad las
sesiones de cabildo, los ediles no atienden a la ciuda-
nía ni mucho menos erogan gastos que tengan como
finalidad el atender demandas sociales.
En México no podemos tener millones de personas en
pobreza extrema y ediles de municipios de muy alta y
alta marginación con sueldos exorbitantes, es tiempo
de frenar estas enormes desigualdades sociales, los
cargos de elección popular no deben de estar motiva-
dos por sus jugosos sueldos deben de estar motivados
por el servicio a la sociedad, debe de privilegiarse la
atención de las demandas sociales, en nuestra sociedad
no se justifica estas diferencias sociales, no debe de
existir ningún privilegio ni social ni económico ni po-
lítico de los servidores públicos en relación con las y
los mexicanos.
Es de tomarse en cuenta también que a muchos servi-
dores públicos municipales se les otorga dieta que de-
be de ser destinada a las necesidades de la gestión so-
cial, sin que realmente exista la obligación de
comprobar dichos recursos públicos, lo que indica que
los servidores públicos no lo invierten en la sociedad,
lo dejan para ellos, pero más aún cuando dichos remu-
neración o retribución no está sujeta a comprobación
puede considerarse como parte de su sueldo, existien-
do incluso la inmoralidad de algunos ediles de deman-
dar a los ayuntamientos reclamando estas prestaciones
como parte de su retribución o remuneración.
Es importante señalar que de acuerdo a los portales
oficiales de algunos Ayuntamientos de la República
Mexicana los sueldos que reciben los ediles son los si-
guientes:

Cargo (Sueldo mensual)
Presidente de Acapulco: $76, 146.95
Síndico de Acapulco: $64,954.22
Regidor de Acapulco: $58,985.66
Presidente de Monterrey: $98,090.67
Síndico de Monterrey: $50,335.13
Regidor de Monterrey: $42,758.06
Presidente de Puebla: $91,198.36
Regidores y síndico de Puebla: $68,694.40
Presidente de Metlatonoc: $18,500.00
Síndico de Metlatonoc: $16,500.00
Regidor de Metlatonoc: $14,000.00
Presidente, síndico y regidores
de Tlapa de Tlapa de Comonfort: $120,000.00
Presidente de Veracruz: $45,000.00
Presidente de Querétaro: $92,000.00
Regidor de Querétaro: $48,000.00
Por las razones anteriormente expuestas, sometemos a
consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa
con proyecto de
Decreto por el que se reforma el artículo 127 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, adicionando un segundo párrafo a la frac-
ción I
Artículo Único. Se reforma el artículo 127 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
adicionando un segundo a la fracción I, para quedar
como sigue:
Artículo 127. (…)
(…)
I. (…)
Los servidores públicos municipales no podrán
tener una remuneración o retribución económi-
ca mensual superior a seiscientas ni inferior a
cien unidades de medida actualizada.
De la II a la VI. (…)
Transitorios
Único. El presente decreto entrará en vigor al día si-
guiente de su publicación en el Diario Oficial de la Fe-
deración.
Dado en la Sede de la Comisión Permanente,
Diputado Victoriano Wences Real (rúbrica)
2016.)
QUE MODIFICA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 65 DE LA
LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, A CARGO DE LA DIPUTADA
CLAUDIA SOFÍA CORICHI GARCÍA, DEL GRUPO PARLA-
MENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO, EN LA SESIÓN
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 18 DE
MAYO DE 2016
La suscrita Claudia Sofía Corichi García, diputada fe-
deral integrante del Grupo Parlamentario de Movi-
miento Ciudadano en la LXIII Legislatura del honora-
ble Congreso de la Unión con fundamento en los
artículos 71, fracción II, y 78 de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 176, 179
y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea
iniciativa con proyecto de decreto por el que se refor-
ma la fracción VII del artículo 65 de la Ley General de
Educación, al tenor de las siguientes:
I. En el marco del análisis de las cuentas públicas de
la federación, han sido recurrentes las observaciones e
incluso sanciones respecto del gasto erogado a profe-
sores comisionados, de los que no existe certeza de su
labor, ni de su perfil respecto de las tareas a las que son
encargados. En el caso extremo de este tipo de irregu-
laridades se han suscitado casos como el pago de nó-
mina a personal inexistente, o incluso ya fallecido.

Los gastos dispersados por concepto de maestros co-
misionados, –aunque suprimidos por la Secretaría de
Educación Pública en enero de 2016– llegaron a con-
vertirse en una práctica común. En 2011 por ejemplo,
con recursos públicos se erogaron 403 millones 562
mil 115 pesos para el pago de 12 mil 467 maestros co-
misionados durante el primer trimestre, además de que
se detectaron 29 mil 590 licencias, se encontraron 124
mil 521 comprobantes de pago con registro federal de
causantes o clave única de registro de población inco-
rrectos y 3 mil 576 docentes que tenían plazas en mu-
nicipios o estados no colindantes. Por ejemplo, hay
quien debería dar clases en Nuevo León y Quintana
Roo al mismo tiempo.
De acuerdo con el estudio “Censo educativo: radiogra-
fía del dispendio presupuestal”, realizado en 2014 por la
organización “México Evalúa” se encontraron hasta 10
por ciento de inconsistencias en el pago de nómina a los
maestros de México, lo que significa que existen avia-
dores en la nómina, que se llevan parte del presupuesto
de la educación en México, proveniente del pago de los
impuestos de los mexicanos. El estudio destaca, ade-
más, que se desconocen las funciones y la ubicación de
más de 591 mil 222 maestros que, sin embargo, están en
la nómina del magisterio, lo que representa pérdidas
anuales por 51 mil 487 millones de pesos.
II. De esta forma las irregularidades han representado
graves daños al erario público, sobre todo en el marco
de la dispersión de recursos a las entidades mediante el
gasto federalizado. En el caso particular, destaca el Fon-
do de Aportaciones para la Educación Básica (conocido
como FAEB) que creado desde 1998, como parte del
Ramo 33 coordino la distribución de estos recursos.
En el margen de sus erogaciones, por ejemplo, datan
las siguientes recuperaciones determinadas por la Au-
ditoría Superior de la Federación para las observacio-
nes de las siguientes Cuentas Públicas:
A partir de esta relación se hace evidente que aunque
el número de maestros comisionados ha ido disminu-
yendo progresivamente, el daño al erario en millones
de pesos, no lo ha hecho, pues la reducción casi de dos
tercios de los maestros comisionados a significado a
penas una reducción menor a la mitad de los gastos
por este concepto en el marco del FAEB, que tuvo co-
mo último año de ejercicio 2014.
Se tratan de erogaciones de miles de millones de pe-
sos, que no contribuyen al mejoramiento de la educa-
ción en México, y que se diluyen entre la corrupción
que caracteriza a algunos sindicatos.
III. Según el índice del Foro Económico Mundial
de 2015, la falta de calidad en la educación dificul-
ta el desarrollo de una fuerza de trabajo sana, edu-
cada y productiva. Para el caso de México, éste se
ubica en el sitio 102 de 124 en calidad de educación
primaria, es decir, aquella que reciben los menores
de 15 años. Para el grupo de entre 15 y 24 años de
edad, la calidad del sistema de educación se ubica
en el sitio 107, lo que deriva en que el país se ubi-
que en el sitio 63 en las oportunidades para ese sec-
tor poblacional.
IV. Un análisis del gasto erogado en Educación para
México, indica que el gobierno mexicano gasta 5.19
por ciento del producto interno bruto (PIB) en este ru-
bro. La incongruencia en este gasto está reflejado en la
calidad de la educación en México, pues Chile y Uru-
guay por ejemplo, gastan en promedio un 4.5 por cien-
to de su PIB en educación, y son mejor evaluados al
respecto.
V. Considero muy importante dar un puntual segui-
miento a la labor de los profesores en el margen de lo
establecido por la reforma educativa. Para ello es ne-
cesaria no sólo la transparencia, y la rendición de
cuentas, sino también la efectiva participación de los
padres de familia en la vigilancia de la política públi-
ca de educación, lo que cruza estrictamente con super-
visar que los recursos destinados al pago de maestros
devengan en servicios concretos y al personal presen-
te, no en gastos a comisionados.
El otorgar el pleno derecho a los padres de familia de
conocer y verificar la plantilla oficial del personal do-
cente y empleados adscritos en la escuela en la quees-
tén inscritos sus hijos o pupilos, es una primera vía pa-

ra promover si participación, y vigilancia en la calidad
de la educación que reciben sus hijos e hijas, así mis-
mo posibilitará que los padres de familia verifiquen
que dicho personal realice las funciones y labores pa-
ra las que fue contratado.
Por lo expuesto, es que someto a consideración del
pleno de esta honorable asamblea, la siguiente inicia-
tiva con proyecto de
Decreto
Por el que se modifica la fracción VII, del artículo 65,
de la Ley General de Educación, para quedar como si-
gue:
Capítulo VII
De la participación social en la educación
Sección 1. De los padres de familia
Artículo 65. Son derechos de quienes ejercen la patria
potestad o la tutela:
I. …
…
…
…
…
…
VII. Conocer la relación oficial del personal docente
y empleados adscritos en la escuela en la que estén
inscritos sus hijos o pupilos al inicio de cada ciclo es-
colar, que será proporcionada obligatoriamente por la
autoridad escolar;
…
Transitorio
Federación.
Diputada Claudia Sofía Corichi García (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educa-
tivos. Mayo 18 de 2016.)
QUE REFORMA LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y TERCERO DEL
ARTÍCULO 201, Y PRIMERO DEL ARTÍCULO 205 DE LA LEY
DEL SEGURO SOCIAL, RECIBIDA DE LOS DIPUTADOS NORA
LILIANA OROPEZA OLGUÍN Y JOSÉ LUIS OROZCO SÁN-
CHEZ ALDANA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI,
EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉR-
COLES 18 DE MAYO DE 2016
Los suscritos, Nora Liliana Oropeza Olguín y José
Luis Orozco Sánchez Aldana, diputada federal a la
LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integran-
tes del Grupo Parlamentario del Partido Revoluciona-
rio Institucional, con fundamento en los artículos 55,
56 y 57 del Reglamento para el Gobierno Interior del
sometemos a consideración del pleno de la honorable
Comisión Permanente la siguiente iniciativa con pro-
yecto de decreto por el que se reforman los párrafos
primero y tercero del artículo 201, así como el primer
párrafo del artículo 205 de la Ley del Seguro Social, al
tenor de la siguiente:
Planteamiento del problema
El artículo primero de la Constitución Política de los
Estado Unidos Mexicanos, en su primer párrafo seña-
la que en nuestro país todas las personas gozarán y po-
drán acceder a todos los derechos humanos y funda-

mentales inscritos en su texto y en los tratados inter-
nacionales de los que el Estado Mexicano sea parte,
así como a las garantías para su protección.
La Constitución es clara cuando señala que el ejercicio
de derechos no podrá restringirse ni suspenderse, sal-
vo en los casos y bajo las condiciones que la misma es-
tablece.
El propio artículo primero, en su párrafo quinto, seña-
la que en nuestro país queda prohibida toda discrimi-
nación motivada por origen étnico o nacional, el géne-
ro, la edad, las discapacidades, la condición social, las
condiciones de salud, la religión, las opiniones, las
preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra
que atente contra la dignidad humana y tenga por ob-
jeto anular o menoscabar los derechos y libertades de
las personas.
El párrafo noveno, artículo 4o. de la Constitución Fe-
deral, establece que “los niños y las niñas tienen dere-
cho a la satisfacción de sus necesidades de alimenta-
ción, salud, educación y sano esparcimiento para su
desarrollo integral”, además de que “este principio de-
berá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evalua-
ción de las políticas públicas dirigidas a la niñez”.
En otro orden de ideas, es de considerar que si bien la
ley suprema mexicana establece reglas cardinales, sin
embargo, los estereotipos y prejuicios están aún pre-
sentes y son problemas para la niñez mexicana que ve
coartados sus derechos.
Ello es así que se limita la acción del padre en la ins-
cripción de sus hijos en guarderías. En caso de que
ambos padres trabajen, los hijos menores de edad no
pueden acceder a una institución que les otorgue cui-
dados adecuados, lo cual redunda en perjuicio de la si-
tuación económica familiar ya que tendrán que buscar
opciones.
De acuerdo con la -ONU Mujeres-, la Entidad de las
Naciones Unidas para la Igualdad de Género y Empo-
deramiento de las Mujeres, es necesario actuar, prote-
ger y compensar a los grupos vulnerables de ser dis-
criminados por factores definidos como estructurales,
los cuales están fuertemente arraigados en el compor-
tamiento y la organización de la sociedad y a menudo
implican actos de discriminación indirecta o no cues-
tionada.
Y una consecuencia de esos factores estructurales de
discriminación puede originarse y justificarse en nor-
mas legales, políticas o prácticas culturales predomi-
nantes que generan desventajas comparativas para al-
gunos grupos y privilegios para otros.
Es de observar que la igualdad en el acceso a derechos
y oportunidades de los gobernados se sustenta en el
derecho mexicano, en tratados y convenciones inter-
nacionales de los que México es parte, sin embargo,
persisten procesos administrativos que fueron imple-
mentados para atender coyunturas específicas y pue-
den incurrir en omisiones, por ello, no debe soslayarse
su revisión y replanteamiento, es un deber del Poder
Legislativo.
A lo anterior, es de indicar que en el marco jurídico ac-
tual del sistema de guarderías infantiles, que depende
del Instituto Mexicano del Seguro Social, promueve
responsabilidades inequitativas ya que contiene dispo-
siciones que discriminan al padre y a la madre al im-
pedir que inscriban a sus hijos, por el hecho de que los
divorciados, viudos y los que judicialmente conserven
la custodia del menor, contraigan nuevamente matri-
monio o se una en concubinato.
Esta simplificación complica el escenario familiar: la
obligación de los adultos de cumplir con los derechos
de sus hijos. En este sentido el sistema de guarderías
del país debe atender el interés superior de la infan-
cia y custodiar sin discriminación a los padres la in-
tegridad del infante, en el entendido de que tanto el
hombre como la mujer laboran, aún en los casos en
los que la madre no se encuentre en un entorno labo-
ral formal, para contribuir con los gastos propios del
hogar.
Sobre el tema, las disposiciones en la inscripción al
programa de guarderías deben ser sensibles a las nece-
sidades de los trabajadores, evitar que sufran perjuicio
en su salario, prestaciones y derechos y cambiar esce-
narios ante el proceso de transformación que se vive
tanto en lo laboral como en lo personal, al negar servi-
cios a los que tienen derecho las y los trabajadores, co-
mo el servicio de guardería.
En correlación con lo anterior es imprescindible hacer
el esfuerzo y encontrar soluciones, mediante una fór-
mula de igualdad, en función de lo laboral y con las
prestaciones que esta condición conlleva, para brindar

un espacio de atención y cuidado para las niñas y ni-
ños de todo el país, cuyos progenitores trabajen.
Argumentación
La Convención sobre los Derechos del Niño, en el pá-
rrafo segundo del artículo tercero, señala que “los Es-
tados parte se comprometen a asegurar al niño la pro-
tección y el cuidado que sean necesarios para su
bienestar”, y reconoce que para dicho propósito será
necesario “tomar en cuenta los derechos y deberes de
sus padres, tutores u otras personas responsables de él
ante la ley” con el fin de tomar todas las medidas le-
gislativas y administrativas adecuadas.
Mientras que en el párrafo segundo y tercero del artí-
culo 18, de dicha Convención, deja en claro la respon-
sabilidad de los Estados parte, como México, de pres-
tar la asistencia apropiada a los padres y a los
representantes legales para el desempeño de sus fun-
ciones en lo que respecta a la crianza del niño y vela-
rán por la creación de instituciones, instalaciones y
servicios para el cuidado de los niños. Adoptar todas
las medidas apropiadas para que los niños cuyos pa-
dres trabajan tengan derecho a beneficiarse de los ser-
vicios e instalaciones de guarda de niños para los que
reúnan las condiciones requeridas.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Empleo y Se-
guridad Social –ENESS– 2013, en ese año, poco más
de 3.1 millones de niñas y niños menores de 6 años fue-
ron cuidados por terceros, de este universo no se deter-
mina cuántos de ellos pudieron acceder al servicio de
guardería del Instituto Mexicano del Seguro Social, si
otro fuera el esquema de inscripción a este servicio.
De acuerdo con lo señalado en la ENESS, las familias
que pagaban por el cuidado de sus hijas e hijos, inver-
tían en promedio 987 pesos mensuales en guarderías y
866 pesos si una persona, con algún tipo de parentes-
co o conocida, los apoyaba.
Se estima pertinente mencionar que de lograr las pre-
sentes reformas al Texto de la Ley del Seguro Social,
para eliminar la exigibilidad de pruebas discriminato-
rias para el ingreso a guarderías infantiles estaríamos
contribuyendo al desarrollo de un estado de derecho
donde la igualdad es tema prioritario para favorecer el
desarrollo equitativo y pleno de oportunidades de to-
dos los mexicanos.
En el entendido de que los servicios de guardería asis-
ten al desarrollo de los menores beneficiados, permi-
tiendo un espacio seguro y de atención integral en sus
primeros años de vida, la iniciativa de reforma busca
dotar de mecanismos ecuánimes, de armonización de
las responsabilidades laborales con los familiares, ac-
tualmente no previsto en la ley, temas importantes pa-
ra las madres y padres trabajadores.
El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Uni-
das en su recomendación número 56 emitida en junio
de 2015, recomienda que el Estado Mexicano, “Des-
arrolle y amplíe la educación de la primera infancia,
desde el nacimiento, sobre la base de una política inte-
gral y holística para su atención y desarrollo”.
De acuerdo con la iniciativa 10 por la infancia, promo-
vida por UNICEF, sobre la niñez dice que “un buen ini-
cio en la vida es crítico para que las y los niños des-
arrollen su máximo potencial. Un niño o niña saludable,
protegido, cuidado y estimulado tiene mayores probabi-
lidades de convertirse en un adulto sano, con mejores
capacidades, recursos y oportunidades. Es importante
que todos los niños y niñas tengan igual acceso a servi-
cios de cuidado de calidad y acorde a su etapa de desa-
rrollo. En contraste, si el niño o niño no recibe este tipo
de trato y cuidado en los primeros años de vida, el daño
es irreparable para su desarrollo y bienestar”. Iniciativa,
que entre sus objetivos destaca que los países adheren-
tes, como México, deben contar con leyes en materia de
prestación de servicios para atención, cuidado y desa-
rrollo integral infantil. Con su adhesión nuestro país re-
afirma su compromiso del Estado mexicano con la ni-
ñez y da un decidido impulso a privilegiar en la agenda
nacional, los derechos de la infancia.
Por lo anterior, es ineludible actualizar el marco jurí-
dico para garantizar el derecho tutelado de la seguri-
dad social de los y las derechohabientes del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS), con el fin de
atender sus demandas de servicios de guardería sin im-
portar su estado civil.
Con ese propósito es fundamental reformar los artícu-
los 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, al conside-
rar que su contenido actual resulta discriminatorio y
transgrede los derechos de las y los trabajadores.
Por ejemplo, en el primer párrafo del artículo 205 de
la citada ley señala que tendrán derecho al ramo de

guarderías “Las madres aseguradas, los viudos, divor-
ciados o los que judicialmente conserven la custodia
de sus hijos, mientras no contraigan nuevamente
matrimonio o se unan en concubinato”. Con la re-
dacción actual no solo se conculcan los derechos de
los trabajadores, sino también el derecho de los niños
a su protección y cuidado para su bienestar. Impacta a
las madres de tener un trabajo mejor remunerado.
La propuesta de esta iniciativa es que tanto mujeres y
hombres trabajadores, indistintamente de su estado ci-
vil, tengan derecho sus hijos al servicio de guardería.
En el caso particular de la mujer el contar con este ser-
vicio aumentaría hasta en un dieciocho por ciento la
probabilidad de contar con un empleo, de acuerdo a la
evaluación al Programa Estancias Infantiles para Apo-
yar a Madres Trabajadoras.
ción de esta soberanía, el siguiente proyecto de
Decreto por el que reforma los párrafos primero y
tercero del artículo 201, así como el primer párra-
fo del artículo 205 de la Ley del Seguro Social
Único. Se reforman los párrafos primero y tercero del
artículo 201, así como el primer párrafo del artículo
205 de la Ley del Seguro Social, para quedar como si-
gue:
Artículo 201. El ramo de guarderías podrá proporcio-
nar cuidados durante la jornada de trabajo a sus hijos
en la primera infancia de la mujer trabajadora y del
hombre trabajador, ya sea viudo o divorciado y de
aquél al que judicialmente se le hubiera confiado la
custodia, mediante el otorgamiento de las prestaciones
establecidas en este capítulo.
…
El servicio de guardería se proporcionará en el turno
matutino y vespertino, a los cuales podrá tener acce-
so, a alguno de estos turnos, el hijo del trabajador o
trabajadora cuya jornada de labores sea nocturna.
Artículo 205. Las madres y padres asegurados, los
viudos, divorciados o aquellas personas que judicial-
mente conserven la custodia de sus hijos, tendrán de-
recho a los servicios de guardería, durante las horas de
su jornada de trabajo, en la forma y términos estable-
cidos en esta Ley y en el reglamento relativo.
Transitorio
Federación.
Diputada: Nora Liliana Oropeza Olguín, José Luis Orozco Sán-
chez Aldana (rúbricas).
(Turnada a la Comisión de Seguridad Social. Mayo 18 de 2016.)
QUE REFORMA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LAS LEYES GE-
NERALES DE EDUCACIÓN, Y DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO ADOLFO MO-
TA HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI,
EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉR-
COLES 18 DE MAYO DE 2016
El que suscribe, Adolfo Mota Hernández, diputado de
la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamen-
tario del Partido Revolucionario Institucional, con
fundamento en lo establecido en los artículos 55, 56 y
57 del reglamento para el Gobierno interior del Con-
greso General de los Estados Unidos Mexicanos, so-
mete a consideración de esta Comisión Permanente la
iniciativa con proyecto de decreto por el que se refor-
man diversos artículos de la Ley General de Educa-
ción y de La ley General de Infraestructura Física Edu-
cativa, al tenor de la siguiente
Con las reformas a los artículos 3o. y 73 de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos, en febrero de

2013, así como con la posterior aprobación de la Ley
del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educa-
ción, la Ley General del Servicio Profesional Docente
y la Ley General de la Educación, se establecen las ba-
ses para la transformación, modernización y democra-
tización del Sistema Educativo Nacional, el cual está
integrado por más de 36 millones de alumnos, que son
atendidos por 2 millones de docentes en 260 mil 297
escuelas en el país.
La Reforma busca convertir a la educación en la fuer-
za transformadora del país y fortalecer la autonomía
de gestión de las escuelas, para que bajo el liderazgo
de los directores, maestros y padres de familia, tengan
una mejor organización para solucionar las necesida-
des escolares más apremiantes.
Un eje fundamental de esta transformación educativa
es mejorar la infraestructura física en las escuelas, su
equipamiento y los materiales educativos disponibles
para los alumnos y docentes. Para lograrlo, el Gobier-
no Federal anunció que en los próximos tres años, se
invertirán 50 mil millones de pesos para la mejora de
las condiciones físicas de más de 33 mil planteles con
lo que se beneficiará a más de 5 millones de alumnos
y tan solo en 2016 se tiene previsto rehabilitar 16 mil
419 planteles educativos.
De nada servirán los recursos presupuestados, ni los
programas educativos si no se logra un verdadero im-
pacto en los alumnos, docentes y padres de familia que
ven en los centros escolares una oportunidad para lo-
grar una verdadera transformación social.
Una escuela de tiempo completo, en donde además de
las clases regulares se sirvan alimentos nutritivos y se
puedan realizar actividades físicas y practicar un de-
porte, serían sin duda espacios generadores de cam-
bios profundos en nuestra sociedad.
Sin lugar a dudas, es necesario acompañar las decisio-
nes de política pública con un andamiaje jurídico que
brinde certidumbre legal a las acciones que hoy inician
como programas públicos con grandes objetivos.
Si queremos lograr escuelas realmente de calidad, ac-
cesibles a todos los alumnos, sus maestros y sus fami-
lias; que sean un lugar en donde se pueda hacer ejerci-
cio o practicar un deporte, es necesario alinear los
contenidos de la Ley General de Educación y de la Ley
General de Infraestructura Física Educativa con esta
nueva realidad que se construye cotidianamente en las
los espacios educativos de nuestro país.
De esta manera, se hace necesario incluir en el marco
legal educativo, la obligación del Gobierno Federal, de
los gobiernos estatales y municipales, por asegurar el
libre acceso a los centros educativos y dotarlos de las
mejores condiciones para realizar actividades físicas y
practicar deportes de una manera segura y en instala-
ciones dignas.
Por ello, se propone reformar la fracción II del ar-
tículo 55 y el segundo párrafo del artículo 59 de la
Ley General de Educación a fin de que el Gobierno
Federal, los gobiernos estatales y los gobiernos mu-
nicipales, sean los encargados de regular que tanto
los espacios educativos privados como públicos
cuenten con condiciones de libre acceso para per-
sonas con discapacidad.
Nuestra Constitución con la reforma, en el año de 201,
de los párrafos sexto y séptimo del artículo 4o. y la adi-
ción de la fracción XXIX-P al artículo 73, establece que
en todas las decisiones y actuaciones del Estado se ve-
lará y cumplirá con el principio del interés superior de
la niñez, garantizando de manera plena sus derechos.
De esta manera, queda garantizado el pleno derecho de
los niños y las niñas a la satisfacción de sus necesida-
des de alimentación, salud, educación y sano esparci-
miento para su desarrollo integral, sin importar sus
condiciones de discapacidad.
En materia reglamentaria, Ley General de Educación
(LGE) en su reforma del 20 de mayo de 2014, estable-
ció en su artículo 7, fracción IX, como uno de los fines
de la educación estimular la educación física y la prác-
tica del deporte. De la misma manera, el artículo 14,
fracción IX, del mismo ordenamiento, establece como
atribuciones concurrentes de la federación y las autori-
dades locales fomentar y difundir actividades físico-de-
portivas en todas sus manifestaciones. Sin embargo, no
se toma en cuenta las barreras físicas a las que se en-
frentan aquellos niños con alguna discapacidad.
El artículo 55 de este ordenamiento general, determi-
na que las autorizaciones y los reconocimientos de va-
lidez oficial de estudios se otorgarán cuando los soli-
citantes cuenten: I) con personal que acredite la

preparación adecuada para impartir educación; II) con
instalaciones que satisfagan las condiciones higiéni-
cas, de seguridad y pedagógicas que la autoridad otor-
gante determine; y III) con planes y programas de es-
tudio que la autoridad otorgante considere
procedentes, en el caso de educación distinta de la pre-
escolar, la primaria, la secundaria, la normal, y demás
para la formación de maestros de educación básica.
El párrafo segundo del artículo 59 de la LGE, prevé
que en el caso de educación inicial deberán, además,
contar con personal que acredite la preparación ade-
cuada para impartir educación; contar con instalacio-
nes y demás personal que satisfagan las condiciones
higiénicas, de seguridad y pedagógicas que la autori-
dad educativa determine; cumplir los requisitos a que
alude el artículo 21; presentar las evaluaciones que co-
rrespondan, de conformidad con lo dispuesto en esta
ley y demás disposiciones correspondientes que deri-
ven en el marco del Sistema Nacional de Evaluación
Educativa, y tomar las medidas a que se refiere el artí-
culo 42, así como facilitar la inspección y vigilancia de
las autoridades competentes.
Por lo tanto, esta iniciativa propone las siguientes re-
formas a los artículos en comento:
Por otro lado, la presente iniciativa, propone refor-
mar los artículos 6, 7, 11 y el tercer párrafo del ar-
tículo 16 de la Ley General de Infraestructura Edu-
cativa a fin de que el Instituto Nacional de
Infraestructura Física Educativa, considere la
creación de espacios para la realización de activi-
dades físicas y la práctica de deportes en los espa-
cios educativos públicos, con la participación de las
autoridades locales, estatales y federales.
Se ha demostrado que la práctica de una actividad fí-
sica o de algún deporte, es primordial para la salud, el
control de sobrepeso, la generación de solidaridad de
grupo y el aumento en la autoestima de nuestros niños
y jóvenes.
El 12 de octubre de 2011 se publicó en el Diario Ofi-
cial de la Federación, el decreto por el que se adicio-
na un párrafo décimo al artículo 4o. y se reforma la
fracción XXIX-J del artículo 73 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, recono-
ciendo así que toda persona tiene derecho a la cultu-
ra física y a la práctica del deporte y se establece co-
mo obligaciones del Estado su promoción, fomento y
estímulo.
Nuestro país ocupa el primer lugar mundial en obesi-
dad infantil, y el segundo en obesidad en adultos, con-
forme cifras de la UNICEF. Además, según datos de la
más reciente Encuesta Nacional de Salud y Nutrición,
uno de cada tres adolescentes de entre 12 y 19 años
presenta un sobrepeso y obesidad.
Resulta a todas luces necesario que los espacios edu-
cativos cuenten con espacios dignos que promuevan la
actividad física y la práctica de algún deporte si es que
queremos que nuestros centros escolares se transfor-
men en verdaderos espacios de cambio.
Debemos construir el andamiaje jurídico que permita
el sano desarrollo de los educandos, así como contar
con instalaciones adecuadas para que puedan tener ac-
tividades físicas de ejercicio dentro de las escuelas.
El 1 de febrero de 2008 se publicó en el Diario Oficial
de la Federación la Ley General de la Infraestructura
Física Educativa, la cual norma los elementos que in-
tervienen en el diagnóstico, la planeación y evaluación
de los espacios educativos en términos de calidad y
con una organización administrativa que a nivel na-

cional oriente y apoye las acciones de los distintos ni-
veles de gobierno.
También se creó el Instituto Nacional de la Infraes-
tructura Física Educativa como un organismo técnico
cuya función está encaminada a formular el programa
de mejoramiento de la infraestructura física educativa
en las entidades federativas, órgano que contribuirá a
mejorar las condiciones de funcionalidad de la in-
fraestructura física educativa del país en beneficio de
los educandos.
Con la publicación de la Ley General de la Infraes-
tructura Física Educativa se abrogó la Ley que crea el
Comité Administrador del Programa Federal de Cons-
trucción de Escuelas publicada en el Diario Oficial de
la Federación el 10 de abril de 1944, organismo des-
centralizado del Gobierno Federal que tenía por obje-
to organizar, dirigir y llevar a cabo los programas fe-
derales de construcción, equipamiento y habilitación
de inmuebles e instalaciones destinados al servicio de
la educación en general, ley que facultó a la Secretaría
de Educación Pública para que llevara a cabo la cons-
trucción de escuelas en todo el territorio nacional
mientras durara el estado de emergencia en que se en-
contraba el país.
El Instituto Nacional de la Infraestructura Física Edu-
cativa, es el órgano asesor encargado de emitir la nor-
matividad y especificaciones técnicas para la elabora-
ción de estudios, proyectos, obras e instalaciones en
materia de construcción, equipamiento, mantenimien-
to, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción, re-
conversión y habilitación de los inmuebles e instala-
ciones destinados al servicio del sistema educativo
nacional.
Asimismo, tiene como funciones crear, actualizar y
mantener de manera permanente, en coordinación con
las autoridades locales, un sistema de información del
estado físico de las instalaciones que conforman la in-
fraestructura educativa y certifica en todo el país su la
calidad.
El Instituto Nacional de la Infraestructura Educativa
debe ser un órgano articulador de los esfuerzos del Go-
bierno Federal, gobiernos estatales y municipales en
esta materia, generando sinergias que permitan reco-
nocer y atender necesidades resultantes de un desarro-
llo desequilibrado en nuestro país y en sus regiones.
Por su parte, la Ley General de la Infraestructura Físi-
ca Educativa (LGIFE), en el artículo 9, prevé el cum-
plimiento de diversos requisitos para que en un in-
mueble puedan prestarse servicios educativos, como:
las licencias, avisos de funcionamiento y, en su caso,
el certificado, que garantizan el cumplimiento de los
requisitos de construcción, estructura, condiciones es-
pecíficas o equipamiento que sean obligatorios para
cada tipo de obra, en los términos y las condiciones de
la normatividad municipal, estatal y federal aplicable.
Respecto de la educación que impartan los particulares
con autorización o con reconocimiento de validez ofi-
cial de estudios, mandata que se demuestre además el
cumplimiento de las obligaciones en materia de in-
fraestructura señaladas en los artículos 55, fracción II,
y 59 de la Ley General de Educación.
El artículo 11 de la LGIFE, obliga a las autoridades
responsables a que en la planeación de los programas
y proyectos para la construcción, equipamiento, man-
tenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstruc-
ción y habilitación de la infraestructura física educati-
va se cumplan con las disposiciones de la Ley General
para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y
las leyes en la materia de las entidades federativas.
Asimismo, obliga a garantizar la existencia de bebede-
ros suficientes y con suministro continuo de agua po-
table en cada inmueble de uso escolar conforme a los
lineamientos que emita la Secretaría de Salud en coor-
dinación con la Secretaría de Educación Pública; y a
asegurar la atención a las necesidades de las comuni-
dades indígenas y las comunidades con escasa pobla-
ción o dispersa, se asegurará la aplicación de sistemas
y tecnologías sustentables, y se tomarán en cuenta las
condiciones climáticas y la probabilidad de contingen-
cias ocasionadas por desastres naturales, tecnológicos
o humanos, procurando la satisfacción de las necesi-
dades individuales y sociales de la población.
Por lo anteriormente expuesto, se proponen las si-
guientes reformas:

Como puede observarse, tanto en la Ley General de
Educación expedida en 1993, como la Ley General de
la Infraestructura Física Educativa de 2008, no se en-
cuentran alineadas transversalmente con otros ordena-
mientos generales que han otorgado derechos exigi-
bles a los niños, niñas y adolescentes de nuestro país.
Resulta pertinente entonces, proponer reformas que
contemplen en el marco jurídico educativo temas co-
mo el derecho a la actividad física y el deporte, y la
creación de condiciones de libre acceso y uso de espa-
cios educativos en nuestro país.
ción de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa
con proyecto de
Decreto por el que reforman la fracción II del artí-
culo 55 y el segundo párrafo del artículo 59 de la
Ley General de Educación; y los artículos 6, 11 y el
tercer párrafo del artículo 16 de la Ley General De
Infraestructura Educativa
Artículo Primero. Se reforman la fracción II del ar-
tículo 55 y el segundo párrafo del artículo 56 de la Ley
General de Educación, para quedar como sigue:
Artículo 55. Las autorizaciones y los reconocimientos
de validez oficial de estudios se otorgarán cuando los
solicitantes cuenten:
I. ...
II. Con instalaciones que satisfagan las condiciones
higiénicas, de seguridad, pedagógicas, accesibili-
dad para discapacitados, y para la activación fí-
sica y la práctica del deporte que la autoridad
otorgante determine. Para establecer un nuevo plan-
tel se requerirá, según el caso, una nueva autoriza-
ción o un nuevo reconocimiento, y
III.
Artículo 59. …
En el caso de educación inicial deberán, además, con-
tar con personal que acredite la preparación adecuada
para impartir educación; contar con instalaciones y de-
más personal que satisfagan las condiciones higiéni-
cas, de seguridad, pedagógicas y para la práctica del
deporte que la autoridad educativa determine; cumplir
los requisitos a que alude el artículo 21; presentar las
evaluaciones que correspondan, de conformidad con
lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones corres-
pondientes que deriven en el marco del Sistema Na-
cional de Evaluación Educativa, y tomar las medidas a
que se refiere el artículo 42, así como facilitar la ins-
pección y vigilancia de las autoridades competentes.

Artículo Segundo. Se reforman los artículos 6, 11 y
el tercer párrafo del artículo 16 de la Ley General de
Infraestructura Educativa, para quedar como sigue:
Artículo 6. Para el cumplimiento de esta Ley se esta-
rá a lo dispuesto en los tratados internacionales en la
materia suscritos por el Ejecutivo Federal y ratificados
por el Senado de la República, la Ley General de Edu-
cación, Ley General de Inclusión para Personas con
Discapacidad, la Ley General de Bienes Nacionales,
la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueoló-
gicos, Artísticos e Históricos, la Ley Federal de Res-
ponsabilidades Administrativas de los Servidores Pú-
blicos, así como aquellas que se refieran a la materia
de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y ser-
vicios relacionados con la misma y las demás disposi-
ciones legales aplicables.
…
Artículo 11. En la planeación de los programas y pro-
yectos para la construcción, equipamiento, manteni-
miento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción
y habilitación de la INFE deberán cumplirse las dispo-
siciones de la Ley General de Inclusión para Personas
con Discapacidad, y las leyes en la materia de las en-
tidades federativas, especialmente respecto a garan-
tizar accesibilidad universal a personas con disca-
pacidad y realizar ajustes razonables a las barreras
arquitectónicas que representen los espacios de la
INFE. Asimismo, se garantizarán la existencia de be-
bederos suficientes y con suministro continuo de agua
potable en cada inmueble de uso escolar conforme a
los lineamientos que emita la Secretaría de Salud en
coordinación con la Secretaría de Educación Pública;
y de un área destinada para la activación física y la
práctica del deporte, conforme a los lineamientos
que emita la Secretaría de Educación Pública en
coordinación con la Comisión Nacional de Cultura
Física y Deporte. Se asegurará la atención a las nece-
sidades de las comunidades indígenas y las comunida-
des con escasa población o dispersa, se asegurará la
aplicación de sistemas y tecnologías sustentables, y se
tomarán en cuenta las condiciones climáticas y la pro-
babilidad de contingencias ocasionadas por desastres
naturales, tecnológicos o humanos, procurando la sa-
tisfacción de las necesidades individuales y sociales de
la población.
Artículo 16. …
…
El instituto estará encargado de emitir la normativi-
dad y los lineamientos técnicos relacionada a la
construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabili-
tación, refuerzo, reconstrucción, reconversión y habi-
litación de inmuebles e instalaciones destinados al ser-
vicio de la educación pública que construyan los
organismos que para este fin se encuentren estable-
cidos en los gobiernos de las entidades federativas.
Artículos Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor al si-
guiente día de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Segundo. La Secretaría de Educación Pública contará
con 180 días hábiles para la publicación de los linea-
mientos en materia de áreas destinadas a la práctica de
algún deporte.
Tercero. Las instituciones educativas del estado, sus
organismos descentralizados y los particulares que im-
partan educación inicial, tendrán un plazo de 360 días
hábiles, para que sus instalaciones cuenten con áreas
destinadas a la práctica de algún deporte.
Diputado Adolfo Mota Hernández (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educa-
tivos. Mayo 18 de 2016.)

QUE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 123 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS ME-
XICANOS, EN MATERIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL,
RECIBIDA DE LAS DIPUTADAS CLAUDIA SOFÍA CORICHI
GARCÍA Y VERÓNICA DELGADILLO GARCÍA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO, EN LA
18 DE MAYO DE 2016
Las suscritas, Claudia Sofía Corichi García y Verónica
Delgadillo García, diputadas federales integrantes del
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en
esta LXIII Legislatura del honorable Congreso de la
Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artícu-
los 71, fracción II, de la Constitución Política de los
Estados Unidos mexicanos y 6, numeral 1, fracción I,
77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados,
someten a consideración del pleno de esta asamblea la
siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que
se reforma la Fracción V, del Artículo 123 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos al
tenor de la siguiente
Primero. La presente iniciativa tiene por objeto mejo-
rar las condiciones de igualdad laboral entre mujeres y
hombres, con la finalidad de llegar a incidir en la arrai-
gada percepción de los roles de género, particularmen-
te en aquellos que se desarrollan en torno al cuidado
del hogar y de los hijos.
De igual forma un tercer factor al que se pretende al-
canzar, es incidir en una de las grandes barreras que
definen la propia contratación de mujeres y el creci-
miento laboral que pueden llegar a tener dentro del
ámbito profesional, siendo únicamente su calidad de
mujer la causa que define ambas circunstancias.
El escenario laboral al que las mujeres deben de en-
frentarse se encuentra marcado por una evidente des-
igualdad, ya que las oportunidades reales de trabajo
para una mujer se ven por debajo de las que pueden
llegar a tener los hombres, incluidas las fuentes de tra-
bajo, calidad de empleo, y en la retribución económi-
ca así como de prestaciones. Todo lo anterior a pesar
de que en la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos en su artículo 4o., primer párrafo, se
encuentra claramente establecido que: “El varón y la
mujer son iguales ante la ley.”
Incluso donde la igualdad de género se encuentra ple-
namente respaldada por un gran marco jurídico espe-
cializado internacional, como es el caso de los tratados
internacionales de la Declaración Universal de Dere-
chos Humanos, la Convención de las Naciones Unidas
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discri-
minación Contra la Mujer, la Declaración de Beijing,
la Declaración de la Conferencia Internacional del
Trabajo sobre la igualdad de oportunidades y de trato
para las trabajadoras, así como aquellos convenios y
recomendaciones con el propósito de garantizar la
igualdad de oportunidades entre trabajadoras y traba-
jadores.
Si en verdad se anhela con una sociedad donde exista
una igualdad entre hombres y mujeres, debe ser fun-
damental identificar, atender y corregir y aquellas po-
líticas que se han instalado en el colectivo social a cau-
sa de estereotipos “naturales” y roles de género.
Por lo que es necesario ir construyendo un mejor es-
cenario para las mujeres, el cual debemos reconocer ha
sido un proceso de grandes logros, aunque también la-
mentablemente se ha caracterizado por un desarrollo
no tan acelerado como la igualdad de género lo re-
quiere, ya que las condiciones de igualdad entre muje-
res y hombre todavía se encuentran marcadas por una
brecha socioeconómica.
Actualmente pueden ser distinguidos “cuatro principa-
les brechas o condicionamientos socioeconómicos que
requieren alcanzar igualdad sustantiva de género: I)
los ingresos y las pensiones; II) el empleo y la ocupa-
ción; II) los estándares de seguridad social, y IV) toda
otra forma de discriminación socioeconómica en dife-
rentes niveles: individual (en la esfera de lo privado),
así como, municipal, estatal y nacional en los poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial (en la esfera de lo pú-
blico)”1
Por otro lado la nueva conformación y concepción de
la familia hace inminente una mayor participación de
los hombres en las labores del hogar y del cuidado de
los hijos, por lo que será esencial “involucrar a los
hombres en la fórmula de colectivización de las labo-
res del hogar y del cuidado de los dependientes- sien-
do ellos quienes- se verán directamente beneficiados
con políticas fuertes de flexibilización de horarios, li-
cencias de paternidad, guarderías y valorización del
trabajo doméstico”2

Segundo. La Conferencia General de la Organización
Internacional del Trabajo convocada en Ginebra por el
Consejo de Administración de la OIT a mediados del
año 2000, tuvo como objeto velar por las condiciones
de vida e igualdad de las mujeres, en particular de
aquellas que se encuentren como parte de la fuerza la-
boral de los Estados Miembro.
En dicha conferencia fue revisado y reafirmado el con-
venio sobre la protección a la maternidad (C183), ins-
trumento que además de establecer los principios y de-
rechos sobre protección de la salud, prestaciones, de
protección del empleo y no discriminación, también
menciona respecto a la licencia de maternidad, ya que
en su artículo 4 primer párrafo señala que el tiempo
que debe ser otorgado no debe ser menor al de 14 se-
manas.3
Realizando una simple comparación, respecto al tiem-
po que se encuentra constitucionalmente establecido
como licencia de maternidad en nuestro país, podemos
concluir que existe una diferencia de dos semanas me-
nos a la recomendación hecha por la Organización In-
ternacional del Trabajo, ya que el artículo 123 fracción
V del apartado A de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos menciona que las mujeres
“gozarán forzosamente de un descanso de seis sema-
nas anteriores a la fecha fijada aproximadamente para
el parto y seis semanas posteriores al mismo”.4
Tercero. Precisamente una de las razones que han per-
mitido que las mujeres se encuentren en una situación
de vulnerabilidad laboral, y que puede ser corroborado
con la falta de oportunidades dignas de trabajo, así co-
mo los salarios que se encuentran rezagados en com-
paración con lo que perciben los hombres, es la cons-
tante aplicación de roles y estereotipos que
tradicionalmente se le han asignado a la mujer y a los
hombres, específicamente aquellos relacionados con
el cuidado y atención del hogar y de los hijos.
“En México se incumple la garantía relativa a que a
trabajos iguales, corresponden salarios iguales. El
caso más notorio es el relativo a los directivos de to-
dos los sectores, entre quienes el promedio salarial
por hora trabajada alcanza los 95.2 pesos, frente a
81.2 pesos para las mujeres.”5
La vulnerabilidad anteriormente mencionada se con-
vierte en algo impensable cuando actualmente las mu-
jeres que se encuentran dentro de la población econó-
micamente activa representan una mayor escolaridad
que la que tienen los hombres (10 grados frente a 9,4
grados de escolaridad) 6 pero esta condición de venta-
ja no se mantiene cuando son jefas de hogar ya que sus
grados de estudio disminuyen considerablemente.
Aunado a lo anterior habría que considerar que una
tercera parte de los hogares en México tienen como je-
fe de hogar a una mujer. Inegi revela que hemos llega-
do a 32.27 millones de hogares de los cuales, 8.53 mi-
llones tienen como jefa a una mujer, y de estos 1.31
millones labora en la informalidad,7 situación que co-
loca a las mujeres en una evidente vulnerabilidad.
Cuarto. El departamento de Condiciones de Trabajo e
Igualdad y el de Servicio de Género, Igualdad y Di-
versidad de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), llevó a cabo la investigación denominada “La
maternidad y la paternidad en el trabajo: La Legisla-
ción y la práctica en el mundo, 2014”, donde de 185
países y territorios que fueron estudiados respecto a la
licencia de maternidad, se encontró que: “el 53 por
ciento (98 países) cumple con la norma de la OIT de la
licencia de 14 semanas como mínimo; 42 países cum-
plen o superan la licencia propuesta de 18 semanas; 60
países conceden una licencia de entre 12 y 13 sema-
nas, inferior a la duración prevista en el Convenio
núm. 183 pero en consonancia con los Convenios an-
teriores; solo el 15 por ciento (27 países) concede me-
nos de 12 semanas”.8
Respecto a la licencia de paternidad y licencia paren-
tal se desprenden los siguientes elementos fundamen-
tales:
“Las disposiciones relativas a la licencia de paterni-
dad son cada vez más habituales y reflejan la evo-
lución de la visión de la paternidad. El derecho obli-
gatorio a la licencia de paternidad rige en 78 de los
167 países sobre los que se disponía de informa-
ción. En la mayoría de ellos (70), la licencia es re-
munerada; ello pone de manifiesto la tendencia a
una mayor participación de los padres en torno al
nacimiento.
En 66 de los 169 países estudiados, había disposi-
ciones relativas a la licencia parental; sobre todo, en
las Economías Desarrolladas, Europa Oriental y
Asia Central y muy rara vez en otras regiones.

Lo habitual es que la licencia parental se ofrezca co-
mo derecho compartido, y son las mujeres quienes
principalmente hacen uso de la misma. El índice de
utilización de la licencia por parte de los hombres es
bajo, en especial si la licencia no es remunerada.”9
Quinto. A manera de ilustrar la situación en que se en-
cuentran las mujeres y que claramente las coloca al
frente del cuidado del hogar y de los hijos, se presen-
tas los siguientes datos que resultan relevantes al res-
pecto, la publicación “Los Invisibles 2014. Las niñas y
los niños de 0 a 6”, resalta un panorama no muy alen-
tador para las madres en México ya que 8 de cada 1010
casos la mamá es la única responsable del cuidado in-
fantil; esto aunado a que gran parte de las mamás son
niñas el 12% de las mujeres entre 15 y 19 ya tienen un
hijo; y donde el nivel educativo del 50% de las madres
con hijos recién nacidos se coloca por debajo de la se-
cundaria.
Sexto. A pesar de existir un incremento tanto de la pre-
sencia de las mujeres en la fuerza laboral así como de
los derechos y prestaciones a las que pueden acceder
laboralmente, esta tendencia global puede ser única-
mente observable de manera clara en países que pre-
sentan un gran desarrollo económico, mientras que en
los Estados en vías de desarrollo requieren de un nue-
vo marco y disposiciones jurídicas, donde estos pue-
das ser eficientemente aplicados, y permitan mejorar
las condiciones de igualdad laboral entre mujeres y
hombres.
Para llevar a cabo lo anterior, la propia Organización
Internacional del Trabajo ha llegado a recomendar la
necesidad de diseñar y aplicar instrumentos que prote-
jan la maternidad, a través de una “conciliación” entre
el trabajo y la familia, donde los Estados miembro de-
ben de “adoptar y aplicar leyes y políticas incluyentes,
para lograr la protección efectiva, […] prevenir y eli-
minar la discriminación contra las mujeres y los hom-
bres con responsabilidades familiares, […] diseñar po-
líticas de protección de la maternidad y de
conciliación de la vida laboral y familiar, para lograr la
igualdad de género sustantiva” así como “abordar la
maternidad, la paternidad y el cuidado como responsa-
bilidades colectivas”11
De forma particular el reporte anteriormente citado
propone promover una distribución equitativa de las
responsabilidades familiares a lo interno de los hoga-
res, entre mujeres y hombres, así como dos elementos
claves: hacer de la maternidad y la paternidad elemen-
tos fundamentales en los programas de protección so-
cial y, crear una cultura favorable en el lugar de traba-
jo. Este último se refiere a que la calidad de
maternidad y paternidad que adopten las mujeres o los
hombres, sea considerada por la sociedad de forma na-
tural, permitiendo mejorar la relación y condición la-
boral de las personas con la propia familia.
De forma similar el informe “Progreso de las Mujeres
en el Mundo 2015-2016: Transformar las Economías
para Realizar los Derechos” por parte de ONU Muje-
res, propone en uno de sus ejes centrales el reconocer,
reducir y redistribuir el trabajo doméstico y de cuida-
dos no remunerado, colocando sobre este eje la pro-
puesta de alcanzar una igualdad sustantiva para las
mujeres por medio de un sistema integral de licencias
remuneradas de maternidad, paternidad y parentales,
siendo fundamental que los padres asuman el papel
que les corresponde en las tareas del hogar y del cui-
dado de los hijos, actividades que principalmente no
son remuneradas.12
Séptimo. Es fundamental hacer énfasis en que la li-
cencia de paternidad no debe ser concebida como un
simple periodo de descanso vacacional, o de una etapa
parental enfocada a crear un vínculo más cercano en-
tre padre e hijo,13 sino que el objetivo principal de es-
te tipo de licencias y que se ha tratado de dar a cono-
cer en la presente iniciativa es, redistribuir las
actividades no remuneradas que se realizan tanto en el
cuidado de los hijos como en las del hogar, así como
eliminar grandes barreras laborales a las que deben en-
frentarse las mujeres.
“El hecho de consagrar en la legislación nacional un
derecho legal a la licencia de paternidad sería un in-
dicador del valor que la sociedad atribuye al traba-
jo de cuidado de las mujeres y de los hombres, y
propiciaría la igualdad de género.”14
Por todo lo anteriormente expuesto se somete a la con-
sideración de esta honorable asamblea la presente ini-
ciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforma la fracción V, del ar-
tículo 123 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos

Artículo Único. Por el que se reforma la fracción V,
del artículo 123 de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 123. …
…
V. Las mujeres durante el embarazo no realizarán
trabajos que exijan un esfuerzo considerable y sig-
nifiquen un peligro para su salud en relación con la
gestación; gozarán forzosamente de un descanso de
seis semanas anteriores a la fecha fijada aproxima-
damente para el parto y ocho semanas posteriores al
mismo, debiendo percibir su salario íntegro y con-
servar su empleo y los derechos que hubieren ad-
quirido por la relación de trabajo. En el período de
lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por
día, de media hora cada uno para alimentar a sus hi-
jos;
Los hombres gozarán de un descanso obligatorio
otorgado por los patrones por el nacimiento de
sus hijos de al menos cinco días anteriores, y
veinte días posteriores al parto.
Las modalidades de la licencia de maternidad y
paternidad estarán establecidas en la Ley Fede-
ral del Trabajo.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día si-
Federación.
Segundo. Se deroga toda aquella disposición que con-
travenga el presente decreto.
Notas
1 ¿Igualdad sustantiva de género en México? Parte I, Animal Polí-
tico, Carmina Borja, diciembre 25, 2014, www.animalpolitico.com
2 El matrimonio igualitario y la(s) agenda(s) feminista(s), DSYR
CIDE Inter(sex)iones, Luz Helena Orozco, julio 7 de 2015,
www.animalpolitico.com
3 C183- Convenio sobre la protección de la maternidad, 2000
(núm. 183) Convenio relativo a la revisión del Convenio sobre la
protección dela maternidad (revisado) 1952 (Entrada en vigor: 07
febrero 2002) www.ilo.org
4 Es de mencionar que en acuerdos y convenios anteriores de la
OIT se encontraba contemplado el número de 12 semanas como
tiempo mínimo para la licencia de maternidad, pero el desarrollo
por mejorar las condiciones de igualdad así como laborales de las
mujeres, se ha dado una serie de recomendaciones donde señalan
el incremento a 14 semanas incluso a una ampliación mínima de
18 semanas véase la R191- Recomendación sobre la protección de
la maternidad, 2000 (núm. 191).
5 La inequidad y el mundo laboral, México Social, 1º enero 2016,
www.mexicosocial.org
6 Ibídem. Con datos de la ENOE, I Trimestre 2015, indicadores
por género www.inegi.gob.mx
7 La inequidad y el mundo laboral, México Social, 1º enero 2016,
www.mexicosocial.org
8 La maternidad y la paternidad en el trabajo: La Legislación y la
práctica en el mundo, Organización Internacional del Trabajo OIT,
2014, Servicio de Género, Igualdad y Diversidad, Departamento
de Condiciones de Trabajo e Igualdad www.ilo.org
9 Ibídem.
10 Los Invisibles 2014. Las niñas y los niños de 0 a 6, Mexicanos
Primero.
de Condiciones de Trabajo e Igualdad www.ilo.org
12 El Progreso de las Mujeres en el Mundo 2015-2016: Transfor-
mar las Economías para Realizar los Derechos, 2015 ONU Muje-
res, www.progress.unwomen.org
13 Sobre este tema la constitucionalista y especialista en temas de
derechos fundamentales y equidad de género, Geraldina González
de la Vega, hace un gran reflexión al respecto en uno de sus artí-
culos publicados respecto a licencias de paternidad donde se com-
parte la opinión respecto que “la licencia no es una vacación para
ver al recién nacido, la licencia tiene como objetivo la distribución
de tareas en el hogar y del cuidado de los hijos” “#Reforma Labo-
ral: La licencia de paternidad, un tema importante” Animal Políti-
co, 28 de septiembre 2012, www.animalpolitico.com

de Condiciones de Trabajo e Igualdad www.ilo.org.
Diputadas: Claudia Sofía Corichi García, Verónica Delgadillo
García (rúbrica).
2016.)
QUE DEROGA LA FRACCIÓN XXVII BIS DEL ARTÍCULO
132, MODIFICA EL NOMBRE DEL TÍTULO QUINTO, SE DE-
ROGAN LAS FRACCIONES II, II BIS, III, V, VI Y VII DEL
ARTÍCULO 170, SE REFORMA EL ARTÍCULO 172, SE ADI-
CIONA EL CAPÍTULO I AL TÍTULO QUINTO Y SE RECORREN
LOS ARTÍCULOS SUBSECUENTES DE LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO, RECIBIDA DE LAS DIPUTADAS CLAUDIA SOFÍA
CORICHI GARCÍA Y VERÓNICA DELGADILLO GARCÍA,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADA-
NO, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL
Las suscritas, Claudia Sofía Corichi García y Verónica
Delgadillo García, Diputadas Federales integrantes del
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en
esta LXIII Legislatura del honorable Congreso de la
Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artícu-
los 71, fracción II, de la Constitución Política de los
Estados Unidos mexicanos y 6, numeral 1, fracción I,
77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados,
sometemos a consideración del pleno de esta asamblea
la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el
que se deroga la fracción XXVII Bis del artículo 132,
modifica el nombre del Título Quinto, se derogan las
fracciones II, II Bis, III, V, VI y VII del artículo 170,
se reforma el artículo 172, se adiciona el Capítulo I al
Título Quinto y se recorren los artículos subsecuentes,
de la Ley Federal del Trabajo, al tenor de la siguiente
I. Las políticas orientadas a la corresponsabilidad y a
la distribución igualitaria de las tareas de cuidado son
un eje fundamental para avanzar hacia sociedades con
mayor igualdad de género. Sin embargo, dichas políti-
cas no son suficientes.
II. La licencia de maternidad y paternidad son dos po-
líticas públicas útiles en la conciliación de la vida la-
boral y la doméstica de hombres y mujeres. Estas me-
didas se han adoptado buscando no solamente
subsanar las brechas de género provocadas por una
cultura que ha privilegiado el espacio público para los
hombres, mientras que el privado –con sus consecuen-
tes responsabilidades inherentes a la crianza de los hi-
jos- ha sido asignado desde las sociedades tradiciona-
les y patriarcales, a las mujeres. El Estado ha sentado
en las últimas décadas las bases para institucionalizar
ambas políticas con el fin de -eventualmente- provocar
cambios culturales en la sociedad que se traduzcan en
nuevos esquemas de corresponsabilidad y ejercicio de
los derechos para los hombres y las mujeres.
III. La presente iniciativa tiene por objeto mejorar las
condiciones de igualdad laboral entre mujeres y hom-
bres, con la finalidad de llegar a incidir en la arraiga-
da percepción de los roles de género, particularmente
en aquellos que se desarrollan en torno al cuidado del
hogar y de los hijos. De igual forma incidir en una de
las grandes barreras que definen la propia contratación
de mujeres y el crecimiento laboral que pueden llegar
a tener dentro del ámbito profesional, siendo única-
mente su calidad de mujer la causa que define ambas
circunstancias.
IV. Es fundamental hacer énfasis en que la licencia de
paternidad no debe ser concebida como un simple pe-
riodo de descanso vacacional, o de una etapa parental
enfocada a crear un vínculo más cercano entre padre e
hijo,1 sino que el objetivo principal de este tipo de li-
cencias y que se ha tratado de dar a conocer en la pre-
sente iniciativa es, redistribuir las actividades no re-
muneradas que se realizan tanto en el cuidado de los
hijos como en las del hogar, así como eliminar grandes

barreras laborales a las que deben enfrentarse las mu-
jeres. “El hecho de consagrar en la legislación nacio-
nal un derecho legal a la licencia de paternidad sería
un indicador del valor que la sociedad atribuye al tra-
bajo de cuidado de las mujeres y de los hombres, y
propiciaría la igualdad de género.”2
V. En México, como en todo el mundo, se han esta-
blecido legislaciones que tienen por objeto proteger a
las mujeres y hombres en los ámbitos laborales. Sin
embargo, la brecha entre géneros es en extremo visible
en la materia.3 Nos referimos a salarios asimétricos,
dobles o triples jornadas, acoso sexual, entre otras co-
sas las que tienen que soportar las mujeres en los tra-
bajos, sino que también el hecho de que su calidad de
mujeres sea la razón de esa discriminación.
El derecho laboral vigente en México, sin embargo, no
ha podido reflejar la realidad social del país, lo que
hasta la fecha imposibilita la protección y garantía del
ejercicio de la maternidad y paternidad, toda vez que
las medidas tendientes a otorgar y garantizar el goce
de estos derechos no son funcionales a la luz de las di-
námicas sociales modernas, por lo que como políticas
públicas han fallado en reflejar las necesidades de su
población objetivo.4
Esto último se ha hecho evidente en dos hechos prin-
cipalmente, la baja tasa de lactancia materna en Méxi-
co, que duramente supera al 14 por ciento del total de
mujeres en condiciones de amamantar,5 y los altos ín-
dices de discriminación laboral hacia las mujeres por
encontrarse embarazadas,6 que según cifras del Con-
sejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Cona-
pred) colocan a la maternidad como el principal moti-
vo de discriminación para las mujeres en el ámbito
laboral, ya sea para ingresar a un empleo o de perma-
necer en éste.7
VI. Las mujeres son soporte fundamental de la fami-
lia, contribuyen con sus actividades al bienestar de la
misma y al desarrollo de la sociedad, por lo que la ma-
ternidad y el papel que éstas realizan en la procreación
de los hijos no deben ser causa de su discriminación.
La Observación General número 18 del Comité
DESC, en el marco de las Naciones Unidas señala que
“los embarazos no deben constituir un obstáculo para
el empleo ni una justificación para la pérdida del mis-
mo”.8 y 9
VII. El empleo representa para cualquier persona una
fuente de desarrollo en el ámbito individual, cultural,
social y económico, lo que implica por lo tanto, un
medio de realización personal. El Banco Mundial se-
ñala que el empleo, representa una transformación, al
menos, en tres dimensiones: a) nivel de vida, b) pro-
ductividad, y c) cohesión social.10
VIII. La violencia laboral que viven las mujeres en
México vulnera su situación económica y con ello la
de las personas que dependen de su ingreso. Las afec-
taciones se incrustan en un esquema de discriminación
interseccional, en el que confluyen otros elementos
como pobreza, nulo acceso a oportunidades de desa-
rrollo profesional y personal, entre otros; mismos que
contribuyen negativamente en el acceso a garantías
como lo son servicios de salud pública y gratuita, y
que por ende propician condiciones de mayor vulnera-
bilidad a las mujeres durante el parto y puerperio.11
IX. Las prestaciones laborales más importantes para
las madres trabajadoras en México se reducen a la pro-
tección de la salud de la madre y su hijo durante la ges-
tación; un periodo pre y posparto de doce semanas con
goce de sueldo; el periodo posparto sin goce de sueldo
(desde las seis semanas después del parto hasta el
cumplimiento del primer año de vida del infante), así
como a la no discriminación por embarazo, la cual in-
cluye la prohibición expresa de exigir la presentación
de certificados médicos de no embarazo para el ingre-
so, permanencia o ascenso en el empleo. Estos dere-
chos nacieron como resultado de la lucha feminista y
debido a la incorporación de las mujeres al campo la-
boral; sin embargo, en la actualidad, en las sociedades
desarrolladas estos derechos se han expandido hacia el
derecho que le asiste a los varones como resultado del
ejercicio de su paternidad y en muchos casos se han
transformado en derechos laborales para las familias y
no ligados a las mujeres.”12
X. La desigualdad entre los permisos de padres y ma-
dres para la atención infantil (llámense de paternidad,
de maternidad o parentales) es una pieza clave en todo
el engranaje que consolida las desigualdades entre
hombres y mujeres. Esta importancia se deriva de que
los permisos inciden en ese momento crucial en el que
se instalan los roles de género en el seno de la pareja,
se conforman (o no) las relaciones de apego con un re-
cién nacido y se ofrece un determinado modelo al res-
to de los niños/as de la familia y del entorno.

XI. La Organización Internacional del Trabajo señala
sobre las licencias de paternidad, que las investigacio-
nes indican una relación entre la licencia del padre, la
participación de los hombres en las responsabilidades
familiares, y el desarrollo infantil. Los padres que ha-
cen uso de la licencia, en especial los que toman dos
semanas o más inmediatamente después del parto, tie-
nen más probabilidades de interactuar con sus hijos/as
pequeños/as.13
Diversos estudios señalan que la licencia para los pa-
dres es más habitual en las Economías Desarrolladas,
África y Europa Oriental, y Asia Central, lo que sitúa
a América lejos de los estándares de protección y go-
ce de la paternidad.14
XII. “Los 10 países con mayor igualdad de género son
Islandia, Finlandia, Noruega, Suecia, Dinamarca, Ni-
caragua -único país de Latinoamérica y el Caribe-
Ruanda -único país de África y recién incorporado en
2014-, Irlanda, Filipinas y Bélgica. A lo largo de 9
años en los que el Foro Económico Mundial ha hecho
la medición de las brechas de oportunidades entre
hombres y mujeres en los distintos países del mundo,
algunos han permanecido entre los 10 mejores lugares
y otros se han movido de manera sorprendente, como
es el caso de Nicaragua que en 2006 se encontraba en
el lugar 62 -incluso llegó a estar en el lugar 90 en
2007- hasta ocupar el sexto lugar en 2014. Por otro la-
do, los países que se han mantenido dentro de los 10
mejores lugares a lo largo de los 9 años de medición
son los nórdicos: Dinamarca, Finlandia, Islandia, Nor-
uega y Suecia. Esto se debe a que dichos países tienen
una larga tradición en el fomento de la igualdad de gé-
nero.”15
Consideraciones
I. Que con la reforma constitucional de 2011, la dis-
criminación por motivos de origen étnico o nacional,
género, edad, capacidades, condición social o de sa-
lud, religión, opiniones, preferencias o estado civil
quedó expresamente prohibida en todo México. Asi-
mismo, es de destacar que el artículo 4o. de la Carta
Magna garantiza la igualdad entre mujeres y hom-
bres.
II. Que la igualdad laboral está fundamentada en el ar-
tículo 5o. constitucional, donde señala que “a ninguna
persona podrá impedirse que se dedique a la profesión,
industria, comercio o trabajo que le acomode” y debe
entenderse en tres modalidades principales, las oportu-
nidades, el trato y el pago.
III. Que desde un enfoque de derechos humanos la ne-
gación del trabajo a una mujer por encontrarse emba-
razada atenta contra su derecho al trabajo y a no ser
discriminada, ya que dicha condición forma parte de la
identidad femenina y no puede ser motivo de diferen-
ciación en perjuicio de sus derechos laborales.
IV. Que de acuerdo con el artículo 4 de la Ley Federal
para Prevenir y Eliminar la Discriminación, toda dis-
tinción por condición de embarazo que tenga por efec-
to impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de
los derechos y la igualdad real de oportunidades de las
personas es un acto discriminatorio.
V. Que la igualdad de oportunidades es el derecho de
hombres y mujeres a exigir trabajo bajo condiciones
equitativas, sin menoscabo de su clase social, edad, es-
tado civil, situación familiar, o cualquier otro motivo y
siempre dignificando su calidad de persona.
VI. Que el artículo 2, párrafo 2, de la Ley Federal del
Trabajo señala que el trabajo digno es “aquel en el que
(...) no existe discriminación por origen étnico o na-
cional, género, edad, discapacidad, condición social,
condiciones de salud, religión, condición migratoria,
opiniones, preferencias sexuales o estado civil”. El
mismo artículo señala en los párrafos 4 y 5 que la
igualdad sustantiva es un derecho de las y los trabaja-
dores frente al patrón, y que ésta se logra eliminando
la discriminación contra las mujeres, que supone el ac-
ceso a las mismas oportunidades, considerando las di-
ferencias biológicas, sociales y culturales de mujeres y
hombres.
VII. Que en el ámbito internacional, la Convención
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discri-
minación contra la Mujer, que México suscribió y ra-
tificó, señala en el artículo 11, numeral 1: “Los Esta-
dos parte adoptarán todas las medidas apropiadas
para eliminar la discriminación contra la mujer en la
esfera del empleo a fin de asegurar, en condiciones
de igualdad entre hombres y mujeres, los mismos de-
rechos, en particular”. El inciso f, numeral 2, del
mismo artículo indica: “A fin de impedir la discrimi-
nación contra la mujer por razones de matrimonio o
maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a

trabajar, los Estados Partes tomarán medidas adecua-
das para...Implantar la licencia de maternidad con
sueldo pagado o con prestaciones sociales compara-
bles sin pérdida del empleo previo, la antigüedad o
beneficios sociales”.
El artículo 12 de la citada convención señala en el nu-
meral 2: “Los Estados parte garantizarán a la mujer
servicios apropiados en relación con el embarazo, el
parto y el periodo posterior al parto...”.
VIII. Que el Convenio 102 de la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT), sobre la seguridad social,
ratificado por México establece que “la obligación de
brindar atención médica-obstétrica a la trabajadora de-
be cubrir cualquier contingencia, cualquiera que fuere
su causa, durante el embarazo”, y que la asistencia mé-
dica deberá comprender por lo menos:
a) La asistencia prenatal, la asistencia durante el parto
y la asistencia puerperal prestada por un médico o por
una comadrona diplomada; y b) la hospitalización,
cuando fuere necesaria.
IX. Que México tienen pendiente como Miembro de la
Organización Internacional del Trabajo, adherirse al
Convenio 183 de ésta, por el que establece medidas de
avanzada en la protección de las mujeres embarazadas
en sus trabajos.16 En este se establece un mínimo de 14
semanas de prestaciones de maternidad· para las mu-
jeres a las que se aplica el instrumento.17
El convenio dispone que los Estados parte deberán
adoptar medidas para garantizar que no se obligue a
las embarazadas o a las madres en periodo de lactan-
cia a realizar un trabajo que haya sido considerado co-
mo perjudicial para su salud o la de su hijo, y estable-
ce la protección contra la discriminación basada en la
maternidad.
La norma prohíbe que los empleadores despidan a una
mujer durante el embarazo, o durante su ausencia por
licencia de maternidad, o después de haberse reinte-
grado al trabajo, excepto por motivos que no estén re-
lacionados con el embarazo, con el nacimiento del hi-
jo y con sus consecuencias o la lactancia.
Se garantiza a la mujer el derecho a reintegrarse en el
mismo puesto de trabajo o en un puesto equivalente
con la misma remuneración. Asimismo, otorga a la
mujer el derecho a una o más interrupciones al día o a
una reducción diaria del tiempo de trabajo para la lac-
tancia de su hijo.
Si México reforma desde ahora sus ordenamientos le-
gales, una vez que el Convenio sea ratificado, no será
necesaria una nueva discusión sobre el tema.
X. Que el pasado 15 de diciembre de 2015, la Comi-
sión de Trabajo y Previsión Social de la H. Cámara de
Diputados de la LXIII Legislatura en un ejemplo de
solidaridad con la mejora y perfeccionamiento de un
marco jurídico que garantice la protección de las mu-
jeres durante la maternidad, aprobó un Punto de
Acuerdo suscrito por la Diputada Federal Claudia So-
fía Corichi García por el que se asentaron los siguien-
tes resolutivos:
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Con-
greso de la Unión, en el marco de la respetuosa cola-
boración entre Poderes, exhorta al titular del Poder
Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de
Relaciones Exteriores establezca las acciones corres-
pondientes para suscribir el Convenio 183 de la Orga-
nización Internacional del Trabajo.
Segundo. Así mismo, esta Cámara de Diputados ex-
horta al Senado de la República, para que una vez sus-
crito el citado instrumento, sea ratificado.
XI. Que durante la reunión de líderes globales sobre
igualdad de género y empoderamiento de las mujeres,
encabezada por los cuatro países sede de las Confe-
rencias Internacionales de la Mujer (México, Dina-
marca, Kenia y China), junto con ONU-Mujeres, el
Presidente de México, Enrique Peña Nieto, compartió
que se haría promoción a una mayor corresponsabili-
dad entre mujeres y hombres para mejorar la distribu-
ción de la carga del trabajo en el hogar; y se intensifi-
carían las acciones para prevenir la violencia en contra
de las mujeres, el embarazo en adolescentes y la mor-
talidad materna; por lo que este anuncio refuerza el
compromiso de México con garantizar el goce de ple-
nos derechos a las mujeres.
XII. Que durante la X Conferencia Regional sobre la
Mujer de América Latina y el Caribe, que se realizó en
Quito, Ecuador, del 6 al 9 de agosto de 2007, se adop-
tó el Consenso de Quito , en cuyo numeral 25, inciso
xiii) se acordó: “Adoptar medidas de corresponsabili-

dad para la vida familiar y laboral que se apliquen por
igual a las mujeres y a los hombres, teniendo presente
que al compartir las responsabilidades familiares de
manera equitativa y superando estereotipos de género
se crean condiciones propicias para la participación
política de la mujer en toda su diversidad.
XIII. Que la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-
2009 para la Igualdad Laboral entre Mujeres y Hom-
bres, establece los requisitos para obtener la certifica-
ción y el emblema que comprueban que las prácticas
laborales de las organizaciones respetan la igualdad y
la no discriminación, la previsión social, el clima la-
boral adecuado, la libertad y la accesibilidad laborales
entre mujeres y hombres.
La norma incluye indicadores, prácticas y acciones
para fomentar la igualdad de oportunidades entre mu-
jeres y hombres; asimismo, busca la igualdad y la in-
clusión laborales, además de consolidar la previsión
social a través de la creación de condiciones para el
trabajo digno, bien remunerado con capacitación, con
seguridad, libre de toda discriminación, con corres-
ponsabilidad entre la vida laboral y la vida familiar,
que posibilite la realización plena de mujeres y hom-
bres. Uno de los reactivos que contiene dicha norma
es “Contar con el esquema de licencia de paternidad”
y entre las evidencias de dicho reactivo está la: crea-
ción de estrategias, difusión y promoción de la parti-
cipación masculina en el cuidado y educación de los
hijos.
Lejos de las medidas unilaterales adoptadas por algu-
nos gobiernos locales y estatales,18 en México las li-
cencias de maternidad y paternidad permanecen muy
por debajo de los estándares internacionales y de dere-
cho comparado. La Cámara de Diputados en el marco
de su compromiso con la igualdad de género y por la
mejora de la calidad de vida de las y los ciudadanos
debe promover cambios positivos en la materia que
coadyuven a materializar ésta ampliación y garantía
del goce de derechos para padres y madres. Por lo an-
teriormente expuesto y fundamentado sometemos a
consideración del pleno de esta H. Asamblea, la si-
guiente Iniciativa con proyecto de
Decreto
Primero. Por el que se deroga la fracción XXVII
Bis del artículo 132, modifica el nombre del Títu-
lo Quinto, se derogan las fracciones II, II Bis, III,
V, VI y VII del artículo 170, se reforma el Artí-
culo 172, se adiciona el capítulo I al Título Quin-
to y se recorren los Artículos subsecuentes, de la
Ley Federal del Trabajo, para quedar como si-
gue:
Artículo 132. …
…
XXVII Bis. Se deroga
Titulo Quinto
Protección en la Maternidad
Artículo 170. …
…
II. Se deroga
II Bis. Se deroga
III. Se deroga
…
V. Se deroga
VI. Se deroga
VII. Se deroga
Artículo 172.En los establecimientos en que trabajen
mujeres, el patrón debe mantener el mobiliario nece-
sario, en condiciones óptimas y a disponibilidad,
para garantizar la seguridad e integridad de las
mujeres trabajadoras durante la gestación o lac-
tancia.
Capítulo I
Licencias de maternidad y paternidad
Artículo 173. Las modalidades que se consignan en
este capítulo tienen como propósito establecer los
lineamientos sobre los que las mujeres u hombres
trabajadores podrán acceder a las licencias de ma-
ternidad o paternidad.

Artículo 174. La licencia de maternidad compren-
derá de un descanso obligatorio otorgado por los
patrones a las mujeres trabajadoras embarazadas
de al menos catorce semanas.
I. Se deberán tomar al menos, cuatro semanas
anteriores y seis posteriores del parto. En caso de
que la trabajadora no haya gozado de las cator-
ce semanas obligatorias, al término de las seis
posteriores al parto, podrá optar por solicitar el
goce de las semanas restantes hasta cuatro meses
después del alumbramiento.
Los períodos de descanso a que se refiere esta
Fracción se prorrogarán por el tiempo necesario
en el caso de que las trabajadoras se encuentren
imposibilitadas para laborar a causa del emba-
razo o del parto.
II. En caso de que los hijos hayan nacido con
cualquier tipo de discapacidad o requieran aten-
ción médica hospitalaria, el descanso podrá ser
de hasta doce semanas posteriores al parto, pre-
via presentación del certificado médico corres-
pondiente. Posterior a las seis semanas obligato-
rias podrá por solicitar el goce de las semanas
restantes hasta seis meses después del alumbra-
miento.
En caso de que se presente autorización de mé-
dicos particulares, ésta deberá contener el nom-
bre y número de cédula profesional de quien los
expida, la fecha y el estado médico de la trabaja-
dora y del hijo.
II Bis. En caso de fallecimiento del hijo, la tra-
bajadora podrá gozar de las seis semanas de des-
canso a las que se refiere la Fracción I de este Ar-
tículo.
III. En caso de adopción de un infante disfruta-
rán de un descanso de ocho semanas con goce de
sueldo posteriores al día que lo reciban.
IV. Durante los períodos de descanso a que se re-
fiere la fracción I, las trabajadoras percibirán su
salario íntegro. En los casos de prórroga men-
cionados en la fracción II, tendrán derecho al
ochenta por ciento de su salario en los términos
que establece este Artículo.
V. Las trabajadoras tendrán derecho a regresar
al puesto que desempeñaban, siempre que no ha-
ya transcurrido más de un año de la fecha del
parto; y
VI. A que se computen en su antigüedad el tiem-
po que dure la licencia de maternidad.
Artículo 175. La licencia de paternidad compren-
derá de un descanso obligatorio otorgado por los
patrones a los hombres trabajadores, por el naci-
miento de sus hijos, de al menos cinco días anterio-
res y veinte días posteriores al parto.
I. Los trabajadores tendrán al menos diez días
consecutivos de descanso posteriores al parto.
Los días restantes de descanso deberán ser otor-
gados a los trabajadores a solicitud de éstos den-
tro de los primeros cuatros meses de vida del re-
cién nacido, y no podrán superar los cuatro días
por mes. Los trabajadores deberán haber goza-
do de los veinticinco días que señala este artícu-
lo al cumplirse los primeros cuatros meses de vi-
da del recién nacido.
II. En caso de que no haya gozado de los cinco
días anteriores al parto, podrá solicitar el goce
de los mismos hasta cuatro meses después del
alumbramiento.
III. En caso de que los hijos hayan nacido con
cualquier tipo de discapacidad o requieran aten-
ción médica hospitalaria, el descanso podrá ser
de hasta seis semanas posteriores al parto, pre-
via presentación del certificado médico corres-
pondiente, dentro de los cuatro primeros meses
después del alumbramiento.
En caso de que se presente autorización de mé-
dicos particulares, ésta deberá contener el nom-
bre y número de cédula profesional de quien los
expida, la fecha y el estado médico de la madre y
del hijo.
III Bis. En caso de fallecimiento del hijo, el tra-
bajador podrá gozar de los veinte días de des-
canso a los que se refiere este Artículo.
IV. En caso de adopción de un infante disfruta-
rán de un descanso de hasta veinticinco días

con goce de sueldo posteriores al día que lo re-
ciban.
V. Durante los períodos de descanso a que se re-
fiere este Artículo los trabajadores percibirán su
salario íntegro. En los casos de prórroga men-
cionados en la fracción II, tendrán derecho al
ochenta por ciento de su salario en los términos
que establece este Artículo.
VI. Los trabajadores tienen derecho a que se
computen en su antigüedad el tiempo que dure la
licencia de paternidad.
Transitorio
Federación.
a los 18 días del mes de mayo del 2016.
Diputadas Claudia Sofía Corichi García, Verónica Delgadillo Gar-
cía (rúbricas).
2016.)
Proposiciones
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE LA COMISIÓN PER-
MANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN CONVOCA A LA
CÁMARA DE DIPUTADOS A SESIONES EXTRAORDINARIAS A
FIN DE DESAHOGAR EL DICTAMEN DE LA SECCIÓN INS-
TRUCTORA RELATIVO AL REQUERIMIENTO PARA LA DE-
CLARACIÓN DE PROCEDENCIA CONTRA LUCERO SÁNCHEZ
LÓPEZ, PRESENTADA POR OMAR ORTEGA ÁLVAREZ, EN
NOMBRE PROPIO Y DE FRANCISCO MARTÍNEZ NERY, DI-
PUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA
18 DE MAYO DE 2016
Los suscritos, diputados federales integrantes del Gru-
po Parlamentario del PRD en la LXIII legislatura, con
fundamento en los artículos 67 y 78 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4o., nume-
ral 4, de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, 35, 58 y 59 del Reglamen-
to para el Gobierno Interior del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, así como decimoterce-
ro del acuerdo relativo a las sesiones y el orden del día
de la Comisión Permanente del honorable Congreso de
la Unión, correspondiente al segundo receso del primer
año de la LXIII Legislatura, sometemos a considera-
ción de esta honorable asamblea, la siguiente proposi-
ción con punto de acuerdo de urgente resolución, por el
que la Comisión Permanente del honorable Congreso
de la Unión convoca a la Cámara de Diputados a se-
siones extraordinarias, para desahogar el dictamen de
la Sección Instructora relativo al requerimiento para la
declaración de procedencia, en contra de la ciudadana
Lucero Sánchez López, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El Poder Legislativo es el órgano del Estado que os-
tenta la máxima representación popular. Además de
generar las normas con rango de ley, ejerce funciones
de control y fiscalización del gobierno, así como fa-
cultades jurisdiccionales en el caso de las responsabi-
lidades de los servidores públicos. En el caso de la Cá-
mara de Diputados, tiene a su cargo funciones
exclusivas, como la señalada en el artículo 74, frac-
ción V, que es la de declarar si ha o no lugar, a proce-
der penalmente contra los servidores públicos que hu-
bieren incurrido en delito, en los términos del artículo
111 de la Carta Magna.

La declaración de procedencia es la instancia que se
sigue ante la Cámara de Diputados por la que se de-
termina si el servidor público que goza de inmunidad
procesal, es presunto responsable de la comisión de un
delito y como tal, se le debe retirar esa prerrogativa pa-
ra poderlo someter a la jurisdicción y competencia de
un juez a fin de que le imponga la pena que en dere-
cho le corresponda.
El 1 de marzo, la Procuraduría General de la Repú-
blica solicitó a la Cámara de Diputados la realiza-
ción de un juicio de procedencia para retirar el fuero
a la diputada local de Sinaloa, Lucero Sánchez Ló-
pez, por la falsificación de documentos oficiales y su
posible participación y nexo con la delincuencia or-
ganizada.
Según el artículo 28 de la Ley Federal de Responsabi-
lidades de los Servidores Públicos, en este caso, por
imputarse un delito federal, la declaración de proce-
dencia que al efecto dicte la Cámara de Diputados, se
remitirá a la legislatura local respectiva, para que en
ejercicio de sus atribuciones proceda como correspon-
da y, en su caso, ponga al inculpado a disposición del
Ministerio Público federal o del órgano jurisdiccional
respectivo.
El 10 de marzo, en sesión ordinaria del pleno de la Cá-
mara de Diputados aprobó la integración de la Sección
Instructora, que está facultada para resolver asuntos
relacionados con imputaciones o fincamiento de res-
ponsabilidades, juicio político y declaración de proce-
dencia a servidores públicos.
La Sección Instructora tiene a su cargo las diligencias
necesarias para la comprobación de la conducta o he-
cho materia de querella, estableciendo las característi-
cas y circunstancias del caso y precisando la interven-
ción que haya tenido el servidor público denunciado.
Con base en estos elementos la Sección Instructora de-
be emitir un dictamen que presenta al pleno de la Cá-
mara de Diputados para su votación.
El dictamen respectivo se aprobó por unanimidad en
reunión de la Sección Instructora, el 11 de mayo pa-
sado. Ese mismo día fue entregado a la Mesa Direc-
tiva.
De acuerdo con la Ley Federal de Responsabilida-
des de los Servidores Públicos, en sus artículos 25,
26 y 27, se debe convocar a la Cámara de Diputa-
dos para que se erija en jurado de procedencia y sea
sometido dicho dictamen a discusión y votación en
el pleno.
Al no estar reunida la Cámara de Diputados, por estar
en curso el segundo receso de este primer año legisla-
tivo, se abre la posibilidad de que dicha Cámara sea
convocada a un período de sesiones extraordinarias
para votar dicho dictamen.
Esto significa que de manera inminente se debe solici-
tar a la Comisión Permanente a convocar a dicha se-
sión. La convocatoria debe señalar el objeto de las se-
siones, y no podrá abordarse ningún otro, como dicta
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, en sus artículos 67 y 78.
Como se señaló, el juicio de procedencia (desafuero)
sólo compete a la Cámara de Diputados, por lo que la
convocatoria sólo sería a esta soberanía.
Es importante señalar que la convocatoria a este perí-
odo extraordinario debe sujetarse a los términos mar-
cados por la ley. A diferencia de otras propuestas u
otras temáticas, en el caso en comento ya se cuenta
con un dictamen entregado a la Mesa Directiva.
El procedimiento legal indica que una vez entregado el
dictamen de la Sección Instructora a la Mesa Directi-
va (el miércoles 11 de mayo pasado), el presidente de
la Cámara anunciará que ésta debe erigirse en Jurado
de Procedencia al día siguiente a la fecha en que se hu-
biese depositado el dictamen, haciéndolo saber a la in-
culpada y a su defensor, así como al Ministerio Públi-
co (artículo 26).
La ley remite en el artículo 27 al procedimiento que
marca el artículo 20, que a su vez nos remite al 18, en
donde se indica que “la Cámara debe reunirse y resol-
ver sobre la imputación, dentro de los tres días natu-
rales siguientes” (énfasis propio) a la entrega del dic-
tamen.
El término a que se refiere el párrafo anterior ya se
cumplió, y la única posposición que podría aceptarse
sería esperar a que esta Comisión Permanente acuerde
hacer la convocatoria al período extraordinario en
cuestión.

La ley es clara cuando dice que “en ningún caso podrá
dispensarse un trámite” de los establecidos en el pro-
cedimiento (artículo 32).
Esto implica que a los argumentos legales no se
pueden anteponer intereses o situaciones particula-
res, sean políticas o de partido, al cumplimiento de
la ley.
A los retrasos que se han tenido en la aprobación de
otros temas, como los relativos a la legislación secun-
daria en materia del sistema nacional anticorrupción,
no podemos añadir la posposición de una tarea juris-
diccional depositada en la Cámara de Diputados, cuyo
cumplimiento no está sujeto a condicionamientos de
ninguna naturaleza.
Por lo expuesto y fundado, sometemos a la considera-
ción de esta asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
De urgente resolución
Primero. La Comisión Permanente del honorable
Congreso de la Unión, durante el segundo receso del
primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y 78
de la Constitución Política de los Estados Unidos Me-
xicanos, así como 4o., párrafo 4, de la Ley Orgánica
del Congreso General de los Estados Unidos Mexica-
nos y 35 del Reglamento para el Gobierno Interior del
acuerda convocar a la Cámara de Diputados para la ce-
lebración de sesiones extraordinarias, a efecto de que
se aboque a la resolución del asunto urgente que se
enuncia en el presente acuerdo.
Segundo. El periodo de sesiones extraordinarias ini-
ciará el jueves 19 de mayo del presente año y conclui-
rá una vez que se hayan resuelto los asuntos legislati-
vos que establezca la convocatoria.
Tercero. La convocatoria que emita la Presidencia de
la Mesa Directiva contemplará como asunto a resolver
durante el periodo de sesiones extraordinarias, el dic-
tamen de la Sección Instructora relativo al requeri-
miento para la declaración de procedencia, en contra
de la ciudadana Lucero Sánchez López.
Cuarto. La Presidencia de la Mesa Directiva de la Cá-
mara de Diputados convocará a sesiones en las fechas
que sean necesarias a fin de atender los asuntos pre-
vistos en el artículo tercero de este decreto.
Dado en el salón de sesiones de la
Comisión Permanente, el 18 de mayo de 2016.
Diputados: Francisco Martínez Neri y Omar Ortega Álvarez (rú-
bricas)
(Turnada a la Junta de Coordinación Política. Mayo 18 de 2016.)
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CREA LA COMI-
SIÓN BICAMARAL DE SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES EN
MATERIA DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA HACIA LAS MU-
JERES, RECIBIDA DE LA SENADORA MARTHA ANGÉLICA
TAGLE MARTÍNEZ EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PER-
MANENTE DEL MIÉRCOLES 18 DE MAYO DE 2016
La suscrita senadora Martha Tagle Martínez, integran-
te de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión,
en ejercicio de la facultad que confieren los artículos
78, fracción III de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, el artículo 122 de la Ley Or-
gánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos y los artículos 58 y 59 del Reglamento pa-
ra el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración
de esta Comisión Permanente la presente proposición
con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El 1 de febrero de 2007, gracias a la lucha de muchas
mujeres y a su mayor presencia en el Congreso, se pro-
mulgó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una
vida Libre de Violencia en la que se define la violen-

cia contra las mujeres “como una respuesta al contex-
to de violencia que prevalecía en ese momento y a
otros factores como la falta de información sistemáti-
ca debido a que los criterios de registro son diversos
sobre la misma y a que no había homogeneidad en la
consideración sobre la violencia contra las mujeres…
hechos flagrantemente violentos en contra de mujeres
son desechados como tales por diversas instancias con
el argumento de que podrían haberle ocurrido a cual-
quier persona mujer u hombre, sin distinción ni espe-
cificidad genérica, o se desechan esgrimiendo la edad,
el oficio, la actividad o la calidad moral de la víctima
o del agresor”.1
La LGAMVLV surgió de la inadmisible y grave pre-
valencia de diversas formas de violencia contra las
mujeres y sentó las bases para que las entidades fede-
rativas legislaran en la materia.
Dada la complejidad de la problemática de la violen-
cia su prevención, atención sanción y erradicación la
LAMVLV es marco para definir políticas de carácter
integral, multidisciplinario e interinstitucional, en par-
ticular cuando hablamos del nivel de atención, al res-
pecto, en concordancia con la Convención para la Eli-
minación de todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer como la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar, Erradicar la Violencia contra
la Mujer que señalan la obligación de los Estados par-
te de “otorgar medidas de atención a las mujeres vícti-
mas de violencia a través de la creación de refugios o
casas de acogida en donde se pueda brindar atención
integral y servicios especializados para las víctimas”.
Además de armonizar instrumentos internacionales la
LAMVLV fue de avanzada pues preveía la asignación
de presupuestos necesarios para la operación del Sis-
tema.
A casi 10 años de la publicación de la LGAMVLV sur-
ge la necesidad de revisar y replantear los mecanismos
y medidas que establece.
Sobre todo ante el panorama de incremento de violen-
cia contra las mujeres que se vive en el país.
El Observatorio Ciudadano de Violencia Feminicida
ha documentado entre 2012 y 2013 a 3,892 asesinatos
de mujeres.2 De estos casos, sólo 613 fueron investi-
gados como feminicidios.3 60 de cada 100 mujeres
declararon haber sido víctimas de algún tipo de
violencia, ya sea psicológica, física, sexual, económi-
ca o patrimonial, si hablamos de violencia económica,
de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámi-
ca de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH)
2011, dos de cada 10 mujeres en México han sufri-
do violencia económica; y el 3.9 por ciento de las mu-
jeres de 15 años y más violencia patrimonial; las mu-
jeres casadas o que alguna vez lo fueron son
quienes más han sufrido este tipo de violencia (7.9
por ciento).4
En 2013 las tasas de defunciones por homicidio más
altas se ubicaron entre 6 y 13 por cada 100 mil muje-
res en Guerrero, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, Mo-
relos y Durango.
Las mujeres de 30 a 39 años están más expuestas a la
violencia: 68 por ciento ha enfrentado al menos un
episodio de violencia o abuso. Chihuahua registra 80
por ciento y el Estado de México 78 por ciento, 47 de
cada 100 mujeres de 15 años y más que han tenido al
menos un vínculo de pareja, matrimonio o noviazgo,
han sido agredidas por su actual o más reciente pareja
durante la relación.
De 2011 a 2015, “se registraron 7,060 mujeres des-
aparecidas o extraviadas… De estas mujeres, 1,170
desaparecieron en Tamaulipas, 1.007 en el Estado de
México, 579 en Baja California, 549 en Nuevo León,
412 en Coahuila, 367 en Guanajuato, 333 en Puebla,
323 en Jalisco, 281 en Distrito Federal, 224 en Chi-
huahua, 218 en Michoacán, 206 en Sinaloa, 173 en So-
nora, 154 en Guerrero, 148 en Hidalgo, 143 en Vera-
cruz, 124 en Aguascalientes, 111 en Tabasco, 100 en
Oaxaca, 99 en Querétaro, 72 en Quintana Roo, 54 en
Campeche, 42 en Durango, 42 en Zacatecas, 40 en
Morelos, 24 en Yucatán, 21 en Colima, 19 en Chiapas,
12 en San Luis Potosí, 7 en Tlaxcala y 2 en Baja Cali-
fornia Sur”.5
Datos del INEGI, registran un mayor porcentaje de
mujeres víctimas (respecto a hombres) de violación
simple (82 por ciento), trata de personas (81 por cien-
to), abuso sexual (79 por ciento), violencia familiar
(79 por ciento), violación equiparada (71 por ciento),
otros delitos contra la familia (56 por ciento), y otros
delitos contra la libertad y seguridad sexual (83 por
ciento).6

Los feminicidios, la máxima expresión de violencia
contra las mujeres, no son prevenidos, ni investigados,
no hay acceso a la justicia para las víctimas, menos
aún, se atienden las causas y consecuencias de esta
violencia brutal en el tejido social y en la vida y segu-
ridad de las mujeres y niñas.
El Sistema coordina diversas medidas y mecanismos
de atención a la violencia entre ellos:
Vida sin Violencia a cargo de la Secretaría de Gober-
nación, a través de la CONAVIM te ofrece los servi-
cios de la línea 01800 Háblalo (01 800 422 5256),
cuenta con un chat de atención directa en tiempo real,
en el Twitter @01800HABLALO o en el correo elec-
trónico 01800hablalo@segob.gob.mx.
Los Centros de Justicia para las Mujeres CJM, se
crean de conformidad con el Acuerdo 10/XXXI/11 de
la XXXI Sesión del Consejo Nacional de Seguridad
Pública, celebrada el 31 de octubre de 2011, actual-
mente existen veintisiete centros en veinte estados de
la República, el pasado 2 de mayo SEGOB anunció
que por acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad
Pública, a más a tardar en agosto de 2017, todas las en-
tidades federativas deberán contar con por lo menos
un Centro de Justicia para las Mujeres, la SEGOB ha
asignado más de 790 millones de pesos del 2013
al2016 para su creación de los cuales 659 millones de
pesos han sido destinados por el Secretariado Ejecuti-
vo y 140 millones por la CONAVIM.7
Los CJM brindan atención psicológica, legal y médi-
ca, entre otras, en un proceso integral que comprende
fases de prevención, atención, seguimiento y empode-
ramiento. Los Centros forman parte de una estrategia
de seguridad ciudadana y derechos humanos que bus-
ca atender la problemática de la violencia de género y
familiar. Se está trabajando en unificar y adecuar un
Modelo único para la atención integral a las usuarias
en el marco del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acu-
satorio.
Los Refugios para mujeres violentadas y sus hijos e
hijas, actualmente operan 72 de los cuales 34 pertene-
cen a organizaciones de la sociedad civil, 4 a institu-
ciones de asistencia privada y 34 son instituciones pú-
blicas. De ese universo, 44 refugios (33 de la OSC y
11 de gobierno) se articularon en la Red Nacional de
Refugios (RNR), una organización de la sociedad civil
que desempeña un papel representante de los intereses
de los refugios a nivel nacional, prevé espacios para el
intercambio de buenas prácticas en los procesos de
atención y supervisa que los servicios sean otorgados
siguiendo los principios de derechos humanos y pers-
pectiva de género.8
Como medida extrema para enfrentar y erradicar la
violencia feminicida la LGAMVLV contempla la de-
claratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG),
que contempla acciones gubernamentales de emergen-
cia, conducidas por la Secretaría de Gobernación en el
ámbito federal y en coordinación con las entidades fe-
derativas y los municipios, hasta el momento se han
recibido 9 solicitudes de AVG, aunque solo se ha de-
clarado en tres estados; para 11 Municipios de Estado
de México, en 8 de Morelos y en el Municipio de Ca-
jeme Sonora.
De abril de 2008 a 2015, la sociedad civil ha promovi-
do 13 solicitudes de Alerta para 10 entidades del país
(Oaxaca, Guanajuato, Estado de México, Nuevo León,
Hidalgo, Morelos, Chiapas, Colima, Michoacán y Ba-
ja California); de 2008 a 2015 se han destinado entre
32 y 34 millones de pesos de las arcas públicas para la
operación de la AVG.9
Pese a la diversidad de medidas no existe un mecanis-
mo que les dé puntual seguimiento y permita la eva-
luación y monitoreo, no hay una verdadera coordina-
ción, a nivel presupuestal intervienen diversas
secretarías desde Salud, hasta Gobernación.
Las autoridades no han cumplido con todas sus obli-
gaciones establecidas en las leyes. Se desconocen los
resultados del ejercicio presupuestal de las dependen-
cias encargadas de atender, prevenir y garantizar una
vida sin violencias, principalmente de las instancias de
justicia y seguridad pública, así como del poder judi-
cial.
Desde el Legislativo como representación de los inte-
reses de la ciudadanía tenemos la obligación de hacer
todo lo que esté dentro de nuestro ámbito de acción
para vigilar y garantizar que las mujeres vivan en un
ambiente libre de violencias, para que exista una ver-
dadera democracia.
En razón de lo anterior, y a 10 años de la publicación
de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vi-

da Libre de Violencia se considera necesaria la crea-
ción de la Comisión Bicameral de Seguimiento a las
Acciones en materia de Atención a la Violencia, que
realice un balance y evaluación de la implementación
de las medidas y mecanismos contemplados en la
LGAMVLV, el ejercicio presupuestal, en suma el im-
pacto que han tenido estas acciones en la vida de las
mujeres, de manera que se cuente con información que
permite generar propuestas para mejorar la Ley y ga-
rantizar de manera efectiva el derecho de las mujeres
a una vida libre de violencia.
Por lo anteriormente expuesto, y en fundamento al nu-
meral 3 del artículo 114 del Reglamento del Senado de
la República, me permito someter a la consideración
de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente exhorta a la Junta
de Coordinación Política del Senado de la República,
para que en el marco de los 10 años de la publicación
de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vi-
da Libres de Violencia, determine la creación de la
Comisión Bicameral de Seguimiento a las Acciones
en materia de Atención a la Violencia contra las Mu-
jeres.
La Comisión Bicameral tendrá entre otros los siguien-
tes objetivos:
• La revisión del marco jurídico nacional relaciona-
do con la violencia de género.
• La evaluación, revisión del cumplimiento de Ley
General de Acceso de las Mujeres a una vida libre
de violencia, contrastando resultados comprobables
de los recursos asignados para prevención, atención
y sanción de la violencia contra las mujeres; de los
recursos contra la pobreza, el hambre y la atención
a salud sexual y reproductiva, con los impactos en
la vida de las mujeres y las niñas.
• La vinculación, relación y colaboración con orga-
nizaciones de la sociedad civil, instituciones acadé-
micas, organismos públicos y otras instituciones es-
pecializadas en la temática, para analizar, difundir y
garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre
de violencia.
• Promover la investigación, elaboración de estu-
dios, foros y documentos que coadyuven a fortale-
cer la política de atención a la violencia.
• Dar seguimiento a la aplicación de las alertas de
género, de las sentencias por feminicidios y de las
sanciones a las autoridades responsables.
• Impulsar campañas sistemáticas y masivas para
informar a las mujeres de sus derechos y publicitar
los servicios disponibles para su atención.
Notas
1 Lagarde y de los Ríos, Marcela, “Por los derechos humanos de
las mujeres: la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia”, Revista Mexicana de Ciencias Políticas y So-
ciales [en línea] 2007, XLIX (Mayo-Agosto): [Fecha de consulta:
10 de mayo de 2016] Disponible en: ISSN 0185-1918
2 Demandan organizaciones declaratoria de alerta de género. Am-
nistía Internacional, En URL:
http://amnistia.org.mx/nuevo/2015/04/29/organismos-de-la-socie-
dad-civil-exigen-al-estado-frenar-la-violencia-feminicida/
3 http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Mexico2016-es.pdf
4 ¿Qué es violencia económica y cuántas mujeres la sufren en Mé-
xico?, EL Universal, 8 de marzo de 2016, en URL: http://www.di-
neroenimagen.com/2016-03-08/69839, fecha de consulta: 8 de
marzo de 2016.
5 Informe sobre la situación de derechos humanos en México,
CIDH, Marzo de 2016. En URL: http://www.oas.org/es/cidh/infor-
mes/pdfs/Mexico2016-es.pdf página consultada 07 de marzo de
2016.
6 Ibídem.
7 Boletín No. 227/16 http://www.gob.mx/segob/prensa/a-traves-
del-sesnsp-y-la-conavim-se-trabaja-en-un-modelo-unico-que-me-
jore-la-atencion-en-los-centros-de-justicia-para-las-mujeres-del-
pais
8 Cecilia Toledo Escobar Cécile Lachenal, Diagnóstico sobre los
refugios en la política pública de atención a la violencia contra las
mujeres en México, Fundar, Centro de Análisis e Investigación,
AC, documento PDF.

9 Sin ejercer más de la mitad del presupuesto para alerta de géne-
ro.
h t t p : / / w w w . c o n t r a l i n e a . c o m . m x / a r c h i v o -
revista/index.php/2015/07/05/sin-ejercer-mas-de-la-mitad-del-
presupuesto-para-alerta-de-genero/
Dado en la honorable Cámara de Senadores
el 11 de mayo de 2016.
Senadora Martha Angélica Tagle Martínez (rúbrica)
Actas
DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, RELATIVA A
LA REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA CELEBRADA EL MIÉRCO-
LES 2 DE MARZO DE 2016
A las 14:57 horas del 2 de marzo de 2016, en el salón
F del edificio G, ubicado en la Cámara de Diputados
con domicilio en avenida Congreso de la Unión, nú-
mero 66, colonia El Parque, delegación Venustiano
Carranza; se reunieron los diputados integrantes de la
junta directiva de la Comisión de Desarrollo Social; el
diputado Javier Guerrero García, presidente de la co-
misión, solicitó se le informara del resultado del cóm-
puto de asistencia, y al confirmar catorce integrantes
de la comisión presentes; declaró el quórum corres-
pondiente; acto seguido el presidente dio lectura al
contenido del orden del día, la sometió a consideración
de la asamblea y fue aprobada por unanimidad.
A continuación, y siguiendo el orden del día, el dipu-
tado Javier Guerrero García solicitó a las diputadas y
los diputados si se omitía la lectura y si era de apro-
barse el acta de la reunión celebrada el 10 de febrero
de 2016; como resultado fue aprobada por la mayoría;
en cuanto al desahogo del punto cuatro y cinco del or-
den del día, informó el diputado Javier Guerrero Gar-
cía que para la reunión ordinaria por celebrarse ese
mismo día, 2 de marzo del presente año, se tendría la
exposición con la ingeniera Paula Hernández Olmos,
quien es coordinadora general de Prospera y el licen-
ciado Jorge de Jesús Diez Sollano Elcoro, coordinador
general de Planeación y Evaluación del Instituto Na-
cional de la Economía Social (Inaes); además comen-
tó que se reprogramaría la reunión con la directora de
Inaes, dejando a consideración de las diputadas y los
diputados la fecha que consideren pertinente; para
concluir el orden del día, en el punto de asuntos gene-
rales mencionó que existen dos temas importantes que
plantearía en la reunión ordinaria:
1. El calendario de reuniones con los funcionarios;
a lo cual puntualizó que sólo se llevaría a cabo la
reunión con la licenciada Vanessa Rubio Márquez,
subsecretaria de Planeación, Evaluación y Desarro-
llo Regional; ya que por el momento en la Subse-
cretaría de Desarrollo Social y Humano aún no se
ha designado a un titular; estando de acuerdo las di-
putadas y los diputados en que dicha reunión se lle-
ve a cabo el 10 de marzo del presente año; en cuan-
to a Diconsa y Liconsa comunicó que la reunión
sigue en pie, salvo que las diputadas y los diputados
señalaran lo contrario.
2. El tema de los dictámenes, a lo que el diputado
Javier Guerrero García, señaló que en la pasada reu-
nión se votaron y reservaron tres dictámenes, con el
fin de obtener una propuesta de agenda y calenda-
rio; haciendo mención en que ahí lo importante es
con la diputada Gabriela Ramírez Ramos, puesto
que se considera un posible calendario para realizar
las reuniones de análisis, discusión y estudio de las
iniciativas, estableciendo fechas de dictamen; una
de las iniciativas pertenece al diputado Waldo Fer-
nández del PRD, que vence el 30 de marzo de 2016,
la cual informó que se tendría que dictaminar antes
y en caso de fuerza mayor se solicite prorroga; asi-
mismo consultó a la diputada Gabriela Ramírez Ra-
mos, si se habían reunido como subcomisión o si ya
contaban con alguna propuesta por parte de los di-
putados ponentes para procesos de trabajo; al res-
pecto la diputada Gabriela Ramírez Ramos, comen-

tó que es un tema en el cual por primera ocasión ha-
brá paneles; en el caso de la diputada María del Ro-
sario Rodríguez del PAN vienen tres; la primera se-
ria para el 9 de marzo de 2016 y para el 16 de marzo
del mismo año, sería la del diputado de Morena, Je-
sús Emiliano Álvarez; además puntualizó que allí
en las reuniones con la subcomisión, se vote a favor
o en contra.
Asimismo mencionó que expondrían dos personas;
una pertenece a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público y otra al Sistema de Focalización de Desarro-
llo con el fin de poder ver si es factible o no la inicia-
tiva; acto seguido el diputado Javier Guerrero García
manifestó que la idea de abrir el proceso de análisis
fue porque se reservaron las iniciativas ya que no qui-
siera recurrir al expediente del mayoriteo en el plena-
rio de la comisión; por otra parte indicó que los espe-
cialistas que vengan a exponer en aquellas iniciativas
que se consideren importantes deberá ser una decisión
que debe tomar la comisión en su conjunto; propo-
niendo en que si había algunas reservas se recalenda-
rizaran para no votar en el pleno y sobre todo en ne-
gativo.
Asimismo mencionó que existen tres temas que están
involucrados en las iniciativas que se reservaron; el
primero tiene que ver con el tema del padrón único, el
segundo con las reglas de operación y el tercero con
los polígonos; por lo que señaló que una reserva se tie-
ne por parte de la diputada María del Rosario Rodrí-
guez del PAN, la otra es el diputado de Morena, Jesús
Emiliano Álvarez y la última pertenece al diputado
Daniel Torres, del PRI; en el caso de la diputada Ma-
ría del Rosario del PAN se tiene una propuesta de es-
cuchar a especialistas con el tema de padrón único,
quien propuso a que se invite en el seno de esta comi-
sión a la politóloga e investigadora Edna Jaime, direc-
tora general de México Evalúa; al licenciado en socio-
logía Rogelio Gómez Hermosillo; posteriormente el
presidente consultó a las diputadas y los diputados, si
estaban de acuerdo en que sean esos especialistas o se
propone a alguien más; lo que al respecto informó que
esta iniciativa se tiene que codictaminar con la Comi-
sión de Transparencia a la que se le ha enviado una
propuesta de predictamen o un proyecto de dictamen,
obteniendo una respuesta negativa debido a la excesi-
va carga de trabajo y por lo tanto la iniciativa no es
prioritaria en este momento; acto seguido el diputado
Javier Guerrero García externó su preocupación en el
sentido de que la Comisión de Desarrollo Social gene-
re un proceso de dictamen y que no se pueda empatar
con la Comisión de Transparencia para trabajar con-
juntamente.
Asimismo, la diputada Araceli Damián González pre-
guntó qué sucede con los dictámenes que se tienen que
elaborar cuando se ven involucradas las comisiones,
que por su carga de trabajo y su naturaleza no podrán
ir a la par. Por otra parte comentó que se tienen que re-
formar de alguna manera la normatividad que los está
rigiendo en los tiempos legislativos; por tanto propuso
se invite a las diputadas y los diputados que retiren las
iniciativas, no con la intención de que se desechen, si-
no que en algún momento más propicio vuelvan a pre-
sentarla.
Posteriormente, el diputado Javier Guerrero García in-
formó que se tienen tiempos fatales por ello no le gus-
taría solicitar prórroga y en el caso de que de los tres
dictámenes reservados se genere un proceso de análi-
sis y diálogo con los diputados, viendo si se consigue
que la puedan replantear o retirar para después volver
a presentarla, haciendo todo esto antes de programar
una reunión con especialistas y de ser así la próxima
semana ver un calendario de reuniones; implicando la
obligación y la responsabilidad de asistir a las reunio-
nes de trabajo, ya que si viene un especialista y se que-
da solo con el diputado proponente no sería lo correc-
to. Asimismo, la diputada Gabriela Ramírez Ramos
manifestó que es a lo que no quisieran llegar, porque
en las subcomisiones no asisten los diputados sino en-
vían a sus asesores.
Acto seguido, la diputada Araceli Damián González
expresó que las prórrogas no son malas y que existen
iniciativas que por la misma naturaleza del trabajo le-
gislativo no dan tiempo de analizar, por lo cual solici-
tó al presidente no lo dijera muy categóricamente co-
mo que no quisiera pedir prórroga.
Dicho lo anterior el diputado Javier Guerrero García
aclaró que se dará prórroga cuando realmente se justi-
fique, más no como método de trabajo en la comisión;
asimismo la diputada Araceli Damián González exter-
nó no haberlo entendido de esa manera y puntualizó
que como comisión se tienen dos puntos importantes
que son subsanar y señalar cuáles son las deficiencias
para solicitar una mayor fundamentación jurídica y un
estudio de presupuesto.

La diputada Ximena Tamariz García destacó que las
prórrogas y dictámenes no tienen un precedente para
que sea el procedimiento habitual hacia todas las inicia-
tivas que vayan en sentido negativo, en el entendido de
que los proponentes y grupos parlamentarios que real-
mente están convencidos, apoyen las propuestas; sin
embargo argumentó que la propuesta que hizo el presi-
dente sobre las expectativas que se crearon de la reu-
nión pasada para los proponentes se verán afectadas con
lo ya expuesto; acto seguido el diputado Javier Guerre-
ro García comentó que la diputada María del Rosario
Rodríguez propuso una reunión con especialistas para
ver el tema de su iniciativa el miércoles 9 de marzo del
año en curso, con el fin de ver el tema jurídico.
La diputada Araceli Damián González externó estar
confundida, ya que a fin de cuentas no sabe si se acep-
ta un dictamen negativo o se van a hacer reuniones con
especialistas a petición del afectado o afectada; asi-
mismo el diputado Javier Guerrero García manifestó
que el proyecto de la subcomisión venía en sentido ne-
gativo y hubo diputados que se reservaron proponien-
do que se recalendarizaran sesiones con el fin de ana-
lizar en el sentido de la reserva y esos dictámenes se
votaran, aclarando que esto no necesariamente se ha-
ría en todas las reservas; a lo que la diputada Araceli
Damián González agregó que si la iniciativa está mal
fundamentada y no cuenta con el respaldo jurídico
desde la opinión del predictamen, no se podría hacer
un análisis del tema.
El diputado Miguel Ángel Huepa Pérez comentó que
se trata de un tema de sentido común, en un aspecto
técnico; ya que consideró que deberían reunirse los
técnicos con los abogados aterrizando la idea para po-
der analizarla y después presentarla al pleno de la co-
misión y si es una buena iniciativa abría que impulsar-
la independientemente de quién venga.
Posteriormente el diputado Ángel García Yáñez co-
municó que se vería un poco afectado con su iniciati-
va ya que su intención ha sido buscar la manera de
convencer sin traer especialistas; por otra parte coinci-
dió con el comentario del diputado Miguel Ángel Hue-
pa Pérez, el no estar en contra de un partido, un color
o un diputado, sino simplemente que es una iniciativa
que favorece a los ciudadanos.
Por su parte el diputado Javier Guerrero García mani-
festó que independientemente del método que se siga
en la subcomisión para analizar el dictamen o el ante-
proyecto de dictamen, se tendría que establecer una fe-
cha; en otro tema informó a la junta directiva que se
tendría que presentar el informe semestral; al respectó
el secretario técnico, licenciado Roberto Garza Mén-
dez, informó que ya se cuenta con el informe semes-
tral y que a la brevedad se les enviaría a las diputadas
y los diputados, teniendo como fecha límite el 31 de
marzo de 2016, teniendo que ser validado por la junta
directiva; posteriormente el diputado Javier Guerrero
García comunicó que se redactará el informe, se pre-
sentara a la junta directiva, llevándose a cabo de ma-
nera económica; posteriormente mencionó que se dic-
taminará el 13 de abril del presente año.
La diputada Araceli Damián González, consultó en el
sentido de la opinión de la comisión si se daría algo a
la Auditoría, puesto que ya se tiene el informe y está
en el entendido de que se entregue en un mes; al res-
pecto la asesora legislativa, maestra Anabell Avendaño
Salazar, explicó que es un acuerdo que establece la
Comisión de Vigilancia, que las comisiones ordinarias
puedan emitir opinión si así lo estiman conveniente,
siendo una reunión programada para explicar el análi-
sis del sector de desarrollo social, sin embargo, no han
oficializado en la Comisión de Vigilancia un oficio pa-
ra solicitar esa opinión, externando que no se tiene una
fecha para presentarla.
Por otra parte el diputado Javier Guerrero García ex-
plicó que se debe formar una línea de trabajo que ten-
dría que desarrollarse del 2 de marzo de 2016 al mes
de abril, independientemente de que nos manden for-
mato o no, teniendo la disposición y la capacidad en la
Comisión de Desarrollo Social de analizar, como ma-
teria de trabajo, el informe del auditor respecto de los
programas sociales.
Posteriormente la diputada Araceli Damián González
informó a la junta directiva que presentó un punto de
acuerdo, respecto a la Auditoría Superior de la Fede-
ración (ASF) porque se han identificado desvíos de
recursos en materia de la Cruzada contra el Hambre a
través de las universidades; por tal motivo manifestó
que se debe estar muy al pendiente ya que las univer-
sidades no están sujetas a la misma normatividad que
los entes públicos en materia de cómo se asignan los
contratos, externando que lo pueden hacer directa-
mente.

Por su parte, el diputado Javier Guerrero García co-
mentó al respecto que desconoce si es su facultad in-
tervenir en el tema del ejercicio de la acción penal de
la Procuraduría General de la República (PGR). En
cambio se tendría una responsabilidad por parte de las
diputadas y los diputados de la comisión en incorporar
algún tipo de reflexión o de comentario en las obser-
vaciones de la ASF en materia de fiscalización.
Acto seguido, el licenciado Roberto Garza Méndez,
secretario técnico de esta comisión, mencionó que se
les enviará el informe semestral a las diputadas y los
diputados, para que realizaran aportaciones y observa-
ciones pertinentes; al respecto el diputado Javier Gue-
rrero García comunicó que se tiene que presentar en el
mes de marzo del presente año y si estaba de acuerdo
la junta directiva, en que se envíe de manera económi-
ca, se enriquezca y se presente para validarlo.
Sin más asuntos por tratar, el diputado Javier Guerre-
ro García dio por concluida la reunión de la junta di-
rectiva de la Comisión de Desarrollo Social, a las
15:55 horas del miércoles 2 de marzo de 2016, citán-
dose para la siguiente reunión previa convocatoria.
a 2 de marzo de 2016. Damos fe.
La Junta Directiva de la Comisión de Desarrollo Social
Diputados: Javier Guerrero García (rúbrica), presidente; Alejan-
dro Armenta Mier, David López Gutiérrez (rúbrica), Adriana Te-
rrazas Porras, Miguel Ángel Huepa Pérez (rúbrica), Gabriela Ra-
mírez Ramos (rúbrica), Ximena Tamariz García, Natalia Karina
Barón Ortiz (rúbrica), Érika Irazema Briones Pérez (rúbrica), Ma-
ría Elida Castelán Mondragón (rúbrica), Araceli Damián Gonzá-
lez, Carlos Lomelí Bolaños (rúbrica), Ángel García Yáñez (rúbri-
ca), Hugo Éric Flores Cervantes (rúbrica), Diego Valente Valera
Fuentes, secretarios.
DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, RELATIVA A
LA REUNIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL MIÉRCOLES 2 DE
MARZO DE 2016
A las 16:09 horas del miércoles 2 de marzo de 2016,
en la zona C del edificio G, ubicado en la Cámara de
Diputados con domicilio en avenida Congreso de la
Unión, número 66, colonia El Parque, delegación Ve-
nustiano Carranza; se reunieron los legisladores inte-
grantes de la Comisión de Desarrollo Social; el dipu-
tado Javier Guerrero García, presidente de la
comisión, solicitó respetuosamente a la secretaría in-
formará sobre el resultado del cómputo de asistencia
de diputadas y diputados, presentes; acto seguido la di-
putada Gabriela Ramírez Ramos, secretaria de la co-
misión, informó de la asistencia de diecisiete integran-
tes de la comisión presentes; en consecuencia, el
presidente declaró el quórum correspondiente
A continuación el diputado Javier Guerrero García, so-
licitó a la secretaria diera lectura al orden del día y se
consultara si era de aprobarse; por consiguiente la di-
putada Gabriela Ramírez Ramos dio lectura al conte-
nido del orden del día y sometió a votación para su au-
torización, resultando ser aprobado por unanimidad.
Como parte del tercer punto del orden del día, el dipu-
tado Javier Guerrero García solicitó a la secretaria se
consultara si se omitía la lectura del acta de la reunión
anterior del 10 de febrero de 2016, tomando en consi-
deración que ha sido previamente enviada a cada uno
de los diputados, para sus observaciones y comenta-
rios; por lo cual la diputada Gabriela Ramírez Ramos
consultó si se omitía la lectura y si era de aprobarse el
acta de la reunión celebrada el día 10 de febrero de
2016, fue aprobada por mayoría.
Acto seguido el diputado Javier Guerrero García men-
cionó que para el desahogo de los dos siguientes pun-
tos del orden del día, expondrían en seguida: la inge-
niera Paula Hernández Olmos, quien es coordinadora
general de Prospera y el licenciado Jorge de Jesús Diez
Sollano Elcoro, coordinador general de planeación y
evaluación del Instituto Nacional de la Economía So-
cial (Inaes); al mismo tiempo, cedió el uso de la pala-
bra a la ingeniera Paula Hernández, no sin antes dar la
bienvenida, agradeciendo su presencia.
La ingeniera Paula Hernández Olmos, en uso de la pa-
labra, agradeció la invitación que le hizo la Comisión

de Desarrollo Social y sobre todo el diputado Javier
Guerrero García; acto seguido procedió a dar inicio al
tema principal relativo a la evolución de Prospera; co-
mo primer tema mencionó el cambio que se le dio al
programa de Oportunidades a Prospera. Oportunida-
des fue un programa exitoso en mejorar las condicio-
nes de educación, salud y nutrición entre sus benefi-
ciarios; en cumplimiento al compromiso que adquiere
el presidente Enrique Peña Nieto, donde estipula que
el programa crecería, fortalecería y evolucionaría de
Oportunidades a Prospera, retornando los componen-
tes básicos del programa desde hace 18 años de Pro-
gresa, como son: educación, salud y alimentación; en
el caso de Educación se otorgan becas de educación
básica y media superior, se brinda apoyo monetario
para útiles escolares, el cual se otorga dos veces al
año; uno en el primer mes del año con el fin de suplir
un poco los útiles y el otro al inicio del ciclo escolar;
en el caso de los Jóvenes con Prospera, está orientado
a que concluyan la educación media superior, con mo-
tivo de incentivar su inscripción en la educación supe-
rior; además se incorpora como parte del programa el
otorgamiento de becas de educación superior y técni-
co superior, en modalidades no escolarizadas; hacien-
do hincapié en que a través de la vinculación Prospera
en los comités estatales participa en la discusión del
otorgamiento de las becas.
La Secretaría de Educación Pública autorizó hacer un
piloto en cuatro entidades del país, donde no se estaría
solamente sujeto a la discusión de un comité estatal,
sino ya sería la garantía de todo joven Prospera, obte-
ner una beca federal, donde Prospera, la Coordinación
Nacional de Becas estarían otorgando recursos con la
garantía de que todo Joven Prospera que tiene la edu-
cación media superior y que se ha inscrito en un insti-
tuto de educación superior pública, reciba una beca.
Además se otorgan becas para personas con discapaci-
dad, que la limitantes es que tiene que estar inscritos
en la Centro de Atención Múltiple (CAM) Laboral,
siendo este una modalidad muy pequeña; asimismo
comentó que en el tema de salud, se cuenta con un pa-
quete básico, garantizado 13 intervenciones, donde las
familias saben que tienen que acudir a su centro de sa-
lud, ya que en las citas médicas reciben su correspon-
sabilidad y que esa información a su vez es capturada
por las delegaciones estatales y la coordinación nacio-
nal, siendo así como se otorga el apoyo alimentario
monetario a estas familias; por lo cual, en 2014 se lo-
gró ampliar con la Comisión Nacional de Protección
en Salud de 13 a 27 intervenciones, así como un nue-
vo acuerdo recientemente donde se estipula que toda
persona que sea familia Prospera, sea incorporada al
Seguro Popular, puesto que ya no solamente van a re-
cibir 27 intervenciones, sino que estarían recibiendo
las 285, más el Fondo Catastrófico que maneja el Se-
guro Popular; también mencionó que se están llevan-
do acciones de prevención de embarazo adolescente y
planificación familiar; al respecto mencionó que se ha
firmado un convenio con el Consejo Nacional de Po-
blación (Conapo), para fortalecer los talleres del auto
cuidado y sobre todo orientación a jóvenes en materia
de prevención de embarazo adolescente; en el caso de
la alimentación, se concede el apoyo alimentario, adi-
cionando que las familias Prospera puedan comprar le-
che Liconsa; además brinda nuevos suplementos ali-
menticios para mujeres embarazadas y mamás en
estado de lactancia, en el caso de niños menores de
cinco años estos suplementos se otorgan a través de los
centros de salud; la estrategia va acompañada de una
consejería especializada en nutrición y además del
equipamiento de unidades médicas para medir tallas y
peso; llevando este año evaluaciones con el Banco
Interamericano de Desarrollo; además señaló que se
han incorporado nuevos elementos al programa Pros-
pera, como la recomendación que realizo la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, que era incorporar el
derecho de auditoría, significando que ningún benefi-
ciario puede dejar de recibir el programa si no antes es
notificado, teniendo la oportunidad de acudir a la de-
legación en un periodo establecido, presentar la infor-
mación que considere necesaria y en todo caso pueden
suceder varias alternativas como: solicitar una nueva
encuesta, permanecer en el programa; otro componen-
te que sea incorporado es la Inclusión Financiera; tam-
bién señaló que se trabajó con la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público el diseñó de un esquema de
apoyos financieros específicos para mujeres, que in-
cluye: ahorro, crédito, seguros, educación financiera y
otros servicios, el cual se llevan a cabo con el Banco
del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Socie-
dad Nacional de Crédito (Bansefi); ya que se busca
que a través de su propio talento y trabajo puedan ge-
nerar proyectos que les generen mayores ingresos, es-
tando convencido en que la manera en que se supera la
pobreza es cuando se tienen estos ingresos adiciona-
les, no solamente a través de la transferencia moneta-
ria, sino poder agregar inclusión financiera, laboral y
productiva para las familias beneficiarias de Prospera;

también puntualizó que el programa actualmente
cuenta con un padrón de 6.1 millones de familias, más
los que son de la tarjeta Sin Hambre y el programa Ali-
mentario, siendo 7 millones de familias las que reciben
esta transferencia monetaria; a lo cual informó al res-
pecto que la tarjeta Sin Hambre por ahora las transfe-
rencias están cerradas, de tal manera que las señoras
por ahora no reciben recursos; lo que reciben son pro-
ductos que intercambia en la tienda Diconsa, que son
productos de la canasta básica definida por un grupo
de expertos, que para ser exactos son 19 productos que
reciben bimestralmente.
Asimismo la ingeniero Paula Hernández comentó que
estos serían los programas que se tiene a cargo de la
coordinación nacional, por último agregó que este año
se ha definido como el año de las evaluaciones en
Prospera, queriendo evaluar la salud de medio térmi-
no, la sobremuestra de lo que es la población de Pros-
pera para ver el impacto en materia de alimentación y
nutrición; generando ya lo que va a ser la evaluación
en materia de educación para saber cómo nuestros ni-
ños siguen cerrando la brecha de desigualdad con
otros niños, cómo han mejorado, cómo transita, cómo
permanecen en la escuela; reiterando estar a la orden
de las diputadas y los diputados y agradeciendo nue-
vamente la oportunidad.
A continuación diputado Javier Guerrero García some-
tió a consideración de las diputadas y los diputados se
llevara a cabo, cuando menos tres rondas de cinco in-
tervenciones, para después dar oportunidad a la coordi-
nadora general, que comente al término de cada ronda.
Posteriormente, el diputado Ángel García Yáñez, for-
muló que uno de los temas que aqueja mucho a los be-
neficiarios es el retraso de los pagos, sobre todo en
adultos mayores, ejemplificando que en el estado de
Morelos se han quejado mucho, ya que vienen atrasa-
dos los pagos y que los representantes de los munici-
pios lo único que dicen es que el dinero no llega a
tiempo ni en forma; otra cuestión es ver cómo aumen-
tar y hacer llegar el apoyo de Prospera, puesto que hay
personas que se encuentran fuera del padrón y sobre
todo la gente que se encuentra alejada de las cabeceras
de los municipios o entidades muy marginadas que no
cuentan con luz, drenaje, ni pavimentación.
Asimismo la diputada Dora Elena Real Salinas reco-
noció el trabajo realizado por Prospera, sin embargo
pide se analice un problema muy fuerte, donde las ma-
dres con hijos discapacitados no han sido incluidas en
este programa porque no asisten a la escuela normal,
no están en sistema escolarizado, enfatizando que fi-
nalmente hay una necesidad que se tiene que resolver,
a lo cual solicitó a la ingeniera Paula Hernández su
orientación al respecto; por otra parte el municipio de
Temoaya, que es de etnia Otomí, se tiene un rezago
importante, por lo cual solicitó se brinde apoyo, ya que
hay madres solteras que no están del todo incluidas
por no tener a sus hijos en edad escolarizada; asimis-
mo reconoció que se ha obtenido frutos, sobre todo en
las etnias Mazahua y Otomí, por lo cual se ha visto a
mujeres empoderadas, reduciendo la pobreza, por tal
razón pide incrementar un poco más el padrón del es-
tado de México, sobre todo en el distrito nueve.
A continuación el diputado Jorge Alejandro Carvallo
Delfín consultó cuáles han sido los cambios que tenía
Oportunidades en comparación con Prospera; y otra
cuestión es cómo se articula Prospera con la Cruzada
contra el Hambre.
La diputada Araceli Damián González puntualizó que
el programa Oportunidades, Prospera es y ha sido un
fracaso en términos de la superación de la pobreza,
siendo que se tiene una reducción en pobreza de 1.3
millones de personas, a lo cual mencionó que es muy
poco para lo grande que es el programa; en términos
de salud, consideró que no se está haciendo lo necesa-
rio, ya que realmente los servicios no llegan a la po-
blación, puesto que hay clínicas que no cuentan con
las herramientas necesarias, doctores suficientes, ca-
rencia de medicamento o instalaciones en malas con-
diciones. En el tema de la educación, puntualizó que
en ocasiones no se tiene a los profesores suficientes,
no se cuenta con agua en los baños, no hay electrici-
dad, estando en condiciones inapropiadas para apren-
der; la otra cuestión, es que se brinde una inclusión fi-
nanciera, pero finalmente en las comunidades no se
tienen los recursos para que estas personas realmente
puedan llevar una actividad económica, ya que se con-
sidera que con cuatro mil quinientos pesos, va a salir
adelante y la realidad es que no es así; señalando que
no existe una política económica, no hay un mejora-
miento real de los servicios, no se están generando em-
pleos; en cuanto a la evaluación, señaló que probable-
mente le corresponda al Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Cone-
val) llevarla a cabo, ya que consideró no se puede ser

juez y parte; asimismo comentó que el programa cum-
ple 20 años, por lo cual es muy importante la evalua-
ción y se debe tener una supervisión muy de cerca y
ver qué es lo que se va a medir para poder así comba-
tir los factores que en realidad importan.
Posteriormente la diputada Natalia Karina Barón Ortiz
consultó cuáles serían las medidas necesarias para evi-
tar que se haga uso político de estos programas, y qué
medidas se están tomando para evitar que las coordi-
nadoras este programa sean las principales protagonis-
tas, movilizadoras de los mítines políticos de ciertos
partidos.
El diputado Javier Guerrero García cedió la palabra a
la ingeniera Paula Hernández: el programa de Adultos
Mayores depende de la Secretaría de Desarrollo Social
(Sedesol) y en el caso de Prospera se entrega “un ini-
cio al inicio del año”, en el cual se les detalla el día y
el lugar de pago, tratando de ser lo más preciso posi-
ble; ahora puede presentarse que el pagador de Banse-
fi no llegó a tiempo o que la terminal se caliente y ten-
gan que esperar a que se enfrié, señalando que sería
asunto de Bansefi; de los comentarios de la diputada
Dora Elena, al respecto comentó que no se ha podido
llegar a más en materia de niños con discapacidad,
más que aquellos que permitan tener una corresponsa-
bilidad en una institución, por su parte consideró como
alternativa implementar el programa Sin Hambre o el
alimentario y quizá allí poder apoyarlos, porque no es
con corresponsabilidad y el otro sí; y si se haría, se es-
taría incurriendo en falta, en el sentido del propio pro-
grama que son las transferencias monetarias condicio-
nadas.
El diputado Jorge Carballo destacó que se tiene en Ve-
racruz proyectos productivos, como es el caso de la
stevia, ya que se sigue peleando donde se pueda colo-
car, teniendo la noción de que se compren productos
de familias Prospera y lograr que generen sus propios
ingresos.
La diputada Araceli Damián expuso que si se refiere a
que el programa es un éxito es porque hay evaluacio-
nes que lo demuestran, ya que al día de hoy se tiene un
mayor grado de salud y educación; en cuanto hablar de
beneficiarios, la palabra está mal empleada, siendo lo
correcto, sujetos de derechos; por otra parte la inclu-
sión financiera, queda claro que ni con los dos mil o
los cuatro mil quinientos pesos los sacarán de pobres,
además existe la posibilidad de poder acceder a un cré-
dito, con una tasa de 9.9 por ciento y poder generar un
historial crediticio; asimismo se refirió a que las eva-
luaciones las hace Coneval, por ello Prospera está
obligado a presentar su programa de evaluaciones a
una dirección en Sedesol y poco después a Coneval
para su aprobación.
La diputada Karina señaló que la principal herramien-
ta que permite hoy blindar el programa es el derecho
de auditoría, significando que ya nadie puede amena-
zar o condicionar el programa; la otra son los padrones
públicos, que se entregan de manera bimestral para
que se publiquen en la página oficial de Sedesol; pun-
tualizando que tanto el año pasado como este, se brin-
dará la capacitación de blindaje, haciendo grupos de
vocales antes de que inicien los periodos de blindaje.
El diputado Javier Guerrero García procedió a dar ini-
ció a la siguiente ronda de preguntas.
El diputado Miguel Ángel Sulub Caamal solicitó a la
ingeniera Paula Hernández, si fuera posible, mejorar
las instalaciones de atención en el municipio de Escár-
cega, ya que es uno de los municipios que más benefi-
ciarios Prospera tiene, en el estado de Campeche; asi-
mismo solicitó que se brinde apoyo al municipio con
mayor población indígena que es Calkiní, donde ya se
han efectuado levantamientos pero que aún se están
esperando las incorporaciones; asimismo planteó que
a través del vínculo que se tiene con el Banco del Aho-
rro Nacional y Servicios Financiero, los jóvenes pue-
dan adquirir un crédito a través de las becas de Pros-
pera, con el fin de poder adquirir un equipo de
cómputo para sus cursos escolares.
La diputada Norma Xóchitl Hernández Colín mencio-
nó que en términos de política pública la ingeniera
Paula Hernández Olmos pudiera ser portavoz de las
observaciones que han hecho algunos legisladores,
con el fin de que se puedan incluir; asimismo comen-
tó que el diseño de la Cruzada contra el Hambre desde
la visión de atención a zonas prioritaria en términos de
combate a la pobreza, es más bien, zonas de atención
relacionadas con procesos electorales; por otra parte
expreso que sea visitado el estado de Chiapas, Oaxaca
y Tlaxcala, donde se han encontrado situaciones muy
claras en donde los derechohabientes se les obliga a
consumir en tiendas Liconsa; otra de las preocupacio-
nes fundamentales es que se invierte una gran cantidad

de recursos para estar observando, supervisando, revi-
sando donde se ubican los pobres, por lo cual conside-
ró disminuir estas brechas de desigualdad desde un di-
seño universal no focalizado.
Acto seguido, el diputado Alejandro Armenta Mier,
manifestó estar de acuerdo con el diputado Miguel
Ángel Sulub, porque quienes conocen el programa de
fondo saben que nace no como política pública y que
en ocasiones los que hacen política se confunden, te-
niendo el error de no distinguir la política pública de la
política de estado; diferenciando en que la política pú-
blica obedece a la moda sexenal o gubernamental, en
el caso del programa ha podido transcender su evolu-
ción de niños de solidaridad a programa de Progresa,
Oportunidades y Prospera, de tal forma que se les re-
gresó el componente productivo dando empodera-
miento a las familias; por otra parte la política de esta-
do combate exitosamente la pobreza y la marginación
siendo aquellas que empoderan a la familia, mujeres,
niños y jóvenes; en uso de la palabra la diputada Ara-
celi Saucedo Reyes, extendió una cordial invitación a
la ingeniera Paula Hernández Olmos a que visitara el
estado de Michoacán, con el fin de poder atender los
municipios que se encuentran en zonas de muy alta
marginación; segundo, respecto al tema de fomento
productivo donde se habla justamente de los progra-
mas, cómo ayudan en el tema de la formulación, el se-
guimiento y la implementación; además consultó cuá-
les son las acciones que se siguen para integrarlos al
mercado, si existe alguna acción en torno a ello y
cuánto recurso se aplica en este sentido o se va a apli-
car en este ejercicio 2016.
La diputada Adriana Terrazas Porras señaló que haría
una propuesta y una consulta; la propuesta es con ba-
se en que se promuevan los proyectos productivos su-
jetos al beneficio de recibir subsidios del Instituto Na-
cional del Emprendedor (Inadem), y que puedan gozar
de una mayor calificación cuando sus proyectos con-
templen la incorporación laboral de los miembros de
la familia; la consulta es respecto al apoyo a embara-
zos adolescentes, ya que desafortunadamente es una
realidad el crecimiento desmedido y alarmante que
hay de adolescentes embarazadas y por lo mismo ex-
terno no conocer lo que hace Prospera al respecto
Hecho lo anterior, el diputado Javier Guerrero García
agradeció a la diputada Terrazas su participación, ce-
diendo la palabra a la ingeniera Paula Hernández, ésta
procedió a dar respuesta a los comentarios, comenzan-
do por el diputado Miguel Sulub; respecto a los espa-
cios que Prospera utiliza para las reuniones y para las
unidades de atención regional, son espacios casi en su
totalidad de los municipios, ya que Prospera no cuen-
ta con un presupuesto habilitado para sus propios es-
pacios; informando que al inicio de la administración
se dictó un decálogo en el que se estableció el trato
digno como una de las más altas prioridades, por lo
cual se ha buscado que estos espacios por lo menos tu-
vieran techos, acceso a un baño, teniendo ciertas con-
diciones mínimas en las que una persona Prospera pu-
diera estar; y en cuanto al caso de Escárcega se
revisará, para ver si se puede hacer algo con el muni-
cipio y mejorar sus condiciones; en cuanto a las incor-
poraciones al programa se darán mediante se vayan
dando algunas bajas; ahora de ser posible un mayor
presupuesto, brindaría una mayor incorporación al
programa al igual que las graduaciones se vayan in-
crementando, teniendo más espacios conforme las fa-
milias tengan y mejoren sus condiciones socioeconó-
micas se podrán ir incorporando; en cuanto a los
jóvenes con crédito consideró que es una buena inicia-
tiva, ya que a través de las tarjetas se les hacen trans-
ferencias y quizá seguramente se pueda implementar
la inclusión financiera; asimismo agradeció al diputa-
do Javier Guerrero García porque ha sido una pieza
importante para lograr esta beca de los jóvenes Pros-
pera en educación superior; respecto al cuestiona-
miento que realizó la diputada Norma Xóchitl, comen-
tó que en el caso de brechas de desigualdad que al paso
de los años ha ido incrementado y lo que busca este
programa es precisamente disminuir esta brecha, por
lo cual en lo que se está trabajando es que los apoyos
sean transversales y que estas familias sean el foco de
atención; al inicio de la cruzada se definieron los mu-
nicipios a través de la acreditación de evaluación de la
Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hoga-
res, demostrando que la pobreza donde se incrementó
fue en zonas urbanas; dando como resultado al inicio
400 municipios, donde poco después se amplió a mil
buscando atender a todas las familias; en el caso de
Prospera siendo un programa que llega a todos los mu-
nicipios incide en las líneas de bienestar de todas las
familias; en cuanto a la obligación de adquirir produc-
tos en tiendas Liconsa no deben existir, ya que se ha
difundido a las familias Prospera que no se está obli-
gada a adquirir productos en ninguna tienda, salvo en
la tarjeta Sin Hambre; señalando que en el caso de ad-
quirir productos de mujeres Prospera y no de alguna

otra marca, se estaría garantizando un mercado; pues-
to que se ha trabajado una marca Manos que Mueven
a México, donde productos hechos por señoras Pros-
pera tengan este distintivo; en el caso de la medición
del hambre, en agosto del presente año arranca la me-
dición del ENIG sabiendo que son seis carencias las
que se miden junto con la línea de ingreso; en el caso
de la carencia alimentaria se sabe que Coneval junto
con el ENIG estará preguntando: si han sufrido ham-
bre, dejado de comer o desayunar por falta de recur-
sos; que de alguna manera habrá forma de discutir el
modelo de medición para 2018, de la Ley General de
Desarrollo Social, donde se verá que la desnutrición es
el tema importante, siendo capaces de medir anemia,
talla, peso, físicamente de nuestros niños, mujeres em-
barazadas y ponerlo más que en la percepción de si se
tiene hambre, será aún mucho mejor ejercicio, ya que
preguntar si se come sano, variado y suficiente será
muy difícil saberlo.
El diputado Alejandro Armenta Mier señaló que exis-
te un análisis de J-Pal Poverty Action Lab, donde in-
vestigadores han determinado que el mejor modelo
para poder superar la pobreza es aquel que acompaña
a la transferencia monetaria con la capacitación e in-
clusión financiera con un activo productivo, conclu-
yendo en que este modelo es el viable; asimismo co-
mentó a la diputada Araceli Damián González, que
con gusto visitaría al estado de Michoacán, verifi-
cando en que se ha estado saliendo permanentemen-
te a todo el país visitando a las delegaciones, a estar
con las señoras; en el caso productivo, se han hecho
proyectos a través de contratos con FIRA, FAO y
hasta con la misma Organización Internacional del
Trabajo (OIT), haciendo también modelos de vincu-
lación; por otra parte el presupuesto que se tiene en
opciones productivas es de casi 80 por ciento; en
cuanto a las dependencias que otorgarán presupuesto
se encuentran: Inaes y Sagarpa, pero lo que en reali-
dad importa es que conforme se vayan entregando
proyectos, se irán obteniendo recursos; respecto a los
comentarios de la diputada Adriana Terrazas Porras,
manifestó estar de acuerdo y en el caso de brindar un
apoyo en cuestiones del Inadem, que sea acompaña-
do de manos de beneficiarios de familias Prospera ya
que si se puede ir vinculando a que la empresa sea so-
cialmente responsable dará como resultado que las
familias Prospera se vayan incorporando a una acti-
vidad productiva formal
Acto seguido el diputado Javier Guerrero García dio
inicio a la tercera ronda de preguntas y que al finalizar,
hará uso de la palabra el coordinador general de Pla-
neación y Evaluación; asimismo cedió la palabra a la
diputada María Elida Castelán:
La diputada María Elida Castelán Mondragón sugirió
que cuando van y realizan el estudio socio-económico,
por lo menos en el estado de México, llegan con mucha
prepotencia a realizar el estudio, por lo cual consideró
ir mejorando ese tipo de situaciones; asimismo consul-
tó cuáles serán los criterio que se utilizan para aprobar
y dar de baja a personas del programa Prospera.
La diputada Érika Irazema Briones Pérez consultó en
relación al tema de discapacidad; qué se puede hacer
en cuanto a comunidades rurales ya que Sedesol no ha
previsto esa parte, el cómo apoyar a las personas con
discapacidad y de lo que se habla es que a lo mejor se
incluirían en el programa Sin Hambre; por otra parte
consultó cuáles son los criterios para determinar el de-
recho de auditoría y cuando hay alguna baja respecto
a los beneficiarios; acto seguido la diputada Ximena
Tamariz García consultó qué pasa y qué se tiene con-
templado hacer con respecto a las personas que por
ciertos criterios, aun a pesar de que se encuentran en
zonas muy marginadas no entran al programa; en
cuanto al tema de salud, propuso que se incluyera el
tema de la lactancia materna así como se incorpore la
asesoría para favorecer la lactancia materna en Méxi-
co; asimismo la diputada Edith Anabel Alvarado Vare-
la, consultó si se ha considerado una evaluación del
Coneval propio del padrón, dado que es uno de los
grandes temas que se tiene a saber si los beneficiarios
son los correctos, sabiendo que es un tema también de
presupuesto, porque cada reactivo y cada revisión re-
presenta un gasto; y por otro lado propuso realizar una
serie de trabajos y propuestas respecto a la profesiona-
lización de los vocales, además de que se busque un
esquema de profesionalización de quienes realizan las
revisiones médicas.
El diputado Javier Guerrero García mencionó que
Prospera es un programa muy importante de la políti-
ca social, no solamente por su recurso que incorpora,
sino por la serie de retos y de reflexiones que ha en-
frentado; además habría que evaluar no solamente lo
que se ha avanzado sino también lo que ha contenido
en términos de retroceso que se ha tenido en algunas
zonas y regiones; por lo cual preguntó ¿Cuáles son los

retos que plantea y qué visualiza la Coordinación Ge-
neral de Prospera en esta perspectiva en materia pro-
ductiva y en materia de lo social, incluso en términos
de educación y de salud? En esa circunstancia de te-
rritorialidad de contexto social, ¿cuáles son los retos
en materia productiva? ¿Qué se tiene que hacer para
generar esos puentes que permitan que una familia en
condiciones de pobreza extrema pueda salir adelante y
romper este ciclo intergeneracional? Al término de su
participación el presidente concedió el uso de la pala-
bra a la ingeniera Paula Hernández Olmos con el fin de
dar respuesta a los cuestionamientos que los compañe-
ros legisladores han realizado; posteriormente la coor-
dinadora general comenzó por dar respuesta:
En el caso de la diputada María Elida Castelán, men-
cionó que en cuanto la calidad de los promotores se ha
invertido en el tema de la capacitación, así como lo es
para toda la estructura operativa que se está desarro-
llando con Flacso; además se están capacitando con el
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) a 160
promotores bilingües con el propósito de que no sólo
sean traductores sino que comprendan el programa pa-
ra poderlo explicar en todas las comunidades de len-
guaje indígena; en cuanto a que se necesita para ser
una familia Prospera; existe una línea de bienestar mí-
nimo definida por Coneval; más o menos son 500 pe-
sos en el caso de zonas urbanas; 750 pesos en el caso
de zonas rurales; esto es per cápita; la familia que esté
por debajo de esta línea, pero además haya niños o
mujeres en edad reproductiva, son beneficiarias de es-
te programa; poniendo en control a mujeres que están
embarazadas y por supuesto en el caso, también cuan-
do están en periodo de lactancia; ahora el instrumento
que se utiliza para la incorporación es la Encuesta de
Características Socioeconómicas de los Hogares (En-
caseh), la encuesta que se realiza en los domicilios;
siendo 160 reactivos que no solamente es lo que con-
testa la señora, sino además hay reactivos que el pro-
motor va contestando, como son: si el hogar es un pi-
so, dos pisos, si vive en hacinamiento, qué tipo de
piso, número de focos, si la casa es propia o rentada y
dependiendo de la carencia sería una familia a la que
se le brindará prioridad; en cuanto al proceso para dar
bajas es la recertificación, buscando encontrar aque-
llas familias que han mejorado su condición socioeco-
nómica, se les aplica la encuesta y vuelve a evaluar
cuál es el ingreso de la familia, cual es la condición
que vive la familia y con esto determinar si la familia
está ya susceptible de poder abandonar el programa,
pero además de todo va acompañado del derecho de
audiencia, ya que no se elimina en automático a la fa-
milia; en cuanto a los criterios para el derecho de au-
diencia se aplica la misma encuesta y el notificador
hace ciertas preguntas de la encuesta y si existen va-
riaciones, es motivo suficiente para volver a enviar la
encuesta.
En el tema de discapacidad, se encuentra Sedesol, en
cuanto a Prospera otorga transferencias monetarias
condicionadas, y si no tiene que ser otro programa el
que atienda la necesidad.
Respecto a la pregunta de la diputada Ximena Tamariz
García, comentó que la gente que no entra al programa
se encontraría en el padrón base, ya que se hacen en-
cuestas, teniendo un padrón que se va sumando a la in-
corporación, considerando que actualmente cualquier
persona puede consultar si es incorporada o no, hasta
el por qué, si es el caso; argumentando quizá en algu-
nas situaciones se vean limitadas por el internet pero
también existe esta línea 01 800 550 50, a la cual tam-
bién se puede hacer la consulta; ahora sobre otras
cuestiones como ¿estoy en padrón base? ¿Por qué no
salí calificada? Porque la encuesta de Encaseh, es un
algoritmo que nos permite identificar cuál es la condi-
ción de la familia y no solamente guiarse con la decla-
ración que puede hacer la persona que está contestan-
do lo que viene siendo nuestra encuesta; la cobertura
del programa es tan grande que pareciera que los es-
pacios de actuación son cada vez menores, pero des-
afortunadamente esto no sucede; en el caso de la lac-
tancia, se promueve en el caso de la Estrategia Integral
de Atención a la Nutrición (Esian), la estrategia de nu-
trición y alimentación se promueve la lactancia exclu-
siva de cero a seis meses, llevándose a cabo con talle-
res, en las citas médicas.
La diputada Edith Anabel Alvarado, respecto a su pre-
gunta, la evaluación del padrón; apenas en el 2014,
Transparencia Mexicana con el Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) evaluaron a
Prospera para ver qué tan asertivo era el esquema de
focalización y salió muy favorable; en el caso de la
profesionalización de las vocales; se tienen vocales de
educación, nutrición, educación para adultos, de salud,
de contraloría social; cada una de ellas tiene acciones
específicas, teniendo que ayudarlas a saber cuál es su
compromiso, su tramo de competencia para que cada
día ayuden más a la gente alrededor.

Al diputado Javier Guerrero García, externó en el ca-
so de la reflexión y los retos que enfrenta el programa,
son retos en materia productiva, ya que se pueden se-
guir generando proyectos productivos que no tengan
mercado, en el entendido que si no hay mercado no
tiene caso entonces el proyecto productivo; uno de los
retos que Prospera enfrenta es encontrar estos nichos
de mercado para que la productividad que generen las
familias Prospera tengan esta alternativa de comercia-
lización; otro de los grandes retos de Prospera, es la
vinculación con lo laboral, cómo hacemos que las fa-
milias, que los jóvenes, sobre todo acudan a los pro-
gramas de Bécate; se tiene un piloto de 50 mil jóvenes
que se está dando a ellos la beca; queriendo saber có-
mo piensan para que se mantengan en curso, Bécate de
la Secretaría del Trabajo, con el fin de poder hacer más
efectiva esta vinculación; es cuanto presidente.
Al ser la última participación, se reiteró el orden de las
diputadas y los diputados, para que juntos sigan cons-
truyendo y tomen las mejores decisiones en beneficio
de los casi siete millones de familias que son parte de
los que reciben esta transferencia monetaria; acto se-
guido el diputado Javier Guerrero García agradeció a
la ingeniera Paula Hernández y reconoció que la in-
tención de la comisión es que se pueda generar una
agenda de trabajo, de reflexión y que en el marco de
las facultades y responsabilidad de las diputadas y los
diputados, se pueda coadyuvar a que en la política so-
cial y particularmente el programa puedan realmente
consolidarse en términos de éxito y de la propia reali-
dad que exige; gracias; asimismo agregó que la si-
guiente presentación estaría a cargo del coordinador
general de Inaes, el licenciado Jorge de Jesús Diez So-
llano, a quien al instante cedió la palabra:
El licenciado Jorge de Jesús Diez Sollano Elcoro, co-
ordinador general de Planeación y Evaluación del In-
aes hizo uso de la palabra agradeciendo a la Comisión
de Desarrollo Social por haberle permitido hacer acto
de presencia; acto seguido planteó el tema central El
Instituto Nacional de la Economía Social en la Estra-
tegia de Inclusión Social; a lo cual informó que en un
dictamen del 2015, se tomó la decisión de impulsar el
cambio del Instituto Nacional de la Economía Social
en cuanto a dependencias, de la Secretaría de Econo-
mía a la Secretaría de Desarrollo Social; posterior-
mente mencionó que el objetivo del instituto es instru-
mentar políticas públicas de fomento al sector social
de la economía, significando la posibilidad de que por
parte del Inaes se impulse capacitaciones, investiga-
ciones, participaciones, difusiones y apoyo a proyec-
tos productivos teniendo que trabajar con las diputadas
y los diputados el cómo fortalecer al instituto para im-
pulsar políticas de fomento; que en el caso de la comi-
sión junto con la Comisión de Fomento Cooperativo,
se construyan elementos de un ecosistema propio, es
decir, cómo generar la posibilidad de que haya em-
prendedores; en el entendido de que el Inaes tiene que
ver los elementos de incubación, capacitación, organi-
zación, asistencia técnica y acompañamiento; en cuan-
to al tema de comercialización, se tiene que asociar la
idea de los proyectos, apoyar a partir el mercado y a
partir de eso, entonces poder construir capacidades;
existe otro tema importante que es ¿cómo quedaron las
reglas de operación? Ya que la discusión central es: se
apoyan a personas o/a organismos del sector social; lo
que parece importante, parte de la Ley de Economía
Social y Solidaria, obligando al Inaes apoye a organis-
mos del sector social, que en algunos casos pueden ser
integrados por personas con ingresos por debajo de la
línea de bienestar; en cuanto al monto del apoyo, la
única diferencia es que si eres un organismo al sector
social constituido y tienes mayores montos, también
tendrás mayores montos para acceder; ahora se tienen
que diseñar toda una política de proyectos productivos
y empresas sociales para zonas urbanas, ya que eso ha-
ce falta; en cuanto a los proyectos estratégicos y cade-
nas de valores, se busca como empezar a trabajar pro-
yectos estratégicos, en cambio el tema de cadena de
valores, lo que se busca es hacer alianzas con otros
grupos que tienen el mercado, no para atarlos sola-
mente a ellos, sino para fortalecer la capacidad pro-
ductiva y garantizar el mercado mientras se vuelve a
garantizar la producción; otro de los elementos que se
está priorizando es el corredor biológico mesoameri-
cano; como son las zonas de Tabasco, Chiapas y la pe-
nínsula de Yucatán, siendo parte de todo el corredor
biológico que es la zona de biodiversidad más impor-
tante que tiene México; en el cual se hicieron alianzas
con la Comisión Nacional para el Conocimiento y uso
de la Biodiversidad (Conabio) para fortalecer este tipo
de proyectos; otro elemento es la atención a organiza-
ciones campesinas; lo que se quiere lograr es trabajar
con esas organizaciones campesinas a que sean pro-
yectos reales, viables y rentables; en cuanto a los po-
yos se están brindado conforme se estableció en el
Presupuesto de Egresos de la Federación, atendiendo a
jóvenes, mujeres, pueblos indígenas con jóvenes; por
otra parte faltaría la experiencia en hacer trabajo con

jóvenes, mencionando que es un proceso de la estrate-
gia de inclusión social; por otra parte dentro de la Cru-
zada, Sagarpa y la Comisión Nacional para el Desa-
rrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) se busca una
estrategia donde se trabaje conjuntamente en el tema
de las carencias, garantizando a los beneficiarios de
los proyectos productivos de Inaes puedan empezar a
acceder a los diferentes programas; en cuanto hacer
proyectos productivos, fortalece el tejido social, gene-
rando la capacidad de incorporación; es decir, se tiene
que construir una política pública de lo productivo so-
cial basado en esta idea territorial, pero también con
los principios de la economía social que implica soli-
daridad, ayuda mutua, que el beneficio sea para la co-
lectividad, porque claro que hay beneficio pero es pa-
ra los miembros del proyecto y eso es importante;
asimismo señaló que en julio del 2015 se publicó el
programa de Fomento a la Economía Social, teniendo
cinco objetivos los cuales son: uno, el sector social; no
se reconoce como sector social, se habla de ejidos, de
comunidades que son dueño de la mitad del territorio
nacional, cooperativas, de sociedades de producción
rural o sociedades de solidaridad social, que lo que se
pretende es que se reconozca; existe una página de in-
ternet que es el observatorio del sector social que es:
osse.org.mx, que la idea es que sea un foro de los or-
ganismos del sector social; dos, el tema central del
programa es el desarrollo de capacidades; es decir, de-
sarrollo de capacidades empresariales implica geren-
ciales, administrativas, fiscales, que muchas veces,
una serie de asuntos mata a los proyectos por no tener
esta experiencia; tres, financiemos los proyectos; ahí
falta información, experiencia y en cuanto se obtenga,
ahora sí ya con la capacidad, entonces sí te financio, te
brindo el apoyo; cuatro, la banca social, implica la po-
sibilidad de pensar en las sociedades cooperativas de
ahorro y préstamos; cinco, es la necesidad de adecuar
el marco jurídico, se tiene un problema serio de la ar-
quitectura jurídica y normativa para el sector social; a
veces es más conveniente ser sociedad anónima que
ser ejido o ser comunidad indígenas, en términos de
negocios; la economía social es un instrumento funda-
mental dentro de la política social, no como asisten-
cialismo, sino como el impulso de lo productivo orga-
nizado en economía social; sería todo, gracias.
Acto seguido, el diputado Javier Guerrero García co-
mentó al respecto que se tiene una serie de temas deri-
vados de esto, teniendo que ver con la necesidad de
que el fomento cooperativo tenga una agenda común
con la Comisión de Desarrollo Social que permite po-
ner una serie de decisiones del Congreso, que impul-
sen una política que ha demostrado ser ya a estas altu-
ras una política suficiente madura; en abril del
presente año se recibirá el primer escenario de Crite-
rios de Política Económica y una de las problemáticas
es que nunca se verá esto como un proceso, sino como
eventos o actos; en el caso de la agenda que se pueda
construir con organismos como Inaes y Fomento Coo-
perativo, pudiera ser una agenda que de alguna mane-
ra permita que cuando se llegue a la discusión del Pre-
supuesto se cuente con los argumentos suficientes para
impulsar las prioridades que eventualmente se tengan
identificadas como las más importantes; ya que no
existen estas libertades, pero no se puede condicionar
70, 50 o 60 por ciento de los recursos de Inaes a dis-
tribución por cúpulas o por organizaciones nacionales,
porque entonces pierde mucha de la riqueza regional
que tiene esta política pública en su conjunto.
En cuanto a la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, no
representa esas organizaciones nacionales porque
existe un proceso regional de trabajo demostrado pero
sí es una distorsión que eventualmente además del flu-
jo de recursos y de monto presupuestal, le mete mu-
chas camisas de fuerza al Inaes en su operación.
Posteriormente la diputada Norma Xóchitl Hernández
Colín, comentó que ha estado de la mano el trabajo
con la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía
Social; puntualizando que el artículo 25 de la Consti-
tución indica los tres pilares de la economía en Méxi-
co, que son el sector privado, público y social, los cua-
les se encuentran totalmente olvidados; en cuanto a la
disposición para elaborar agendas conjuntas y peso es-
pecífico en términos de desarrollo económico, ha sido
una de las grandes brechas para que se tenga un desa-
rrollo social adecuado, el cual tiene que ver con esa
brecha económica, que no sólo tiene que ver con el
asunto del ingreso, porque la economía social incluso
tiene formas tan distintas; entonces es fundamental
que se vea la economía social como un pilar de la eco-
nomía nacional.
Con esta parte de miras en proyectos estratégicos; la
diputada Natalia Karina Barón Ortiz, mencionó que
uno de los programas que mayor demanda tiene es In-
aes y de ahí se puede ver la oferta institucional de lo
que puede acceder a las comunidades o los municipios
semiurbanos; por lo cual comentó que este próximo

mes de septiembre, noviembre, del presente año, se
comenzará a discutir y fortalecer el tema presupuestal,
con el fin de apoyar a las personas que habitan en zo-
nas urbanas; en cuanto al programa de Impulso Pro-
ductivo existen varios criterios que aplican los técni-
cos a la hora de estar recibiendo los proyectos y que en
ocasiones son las mismas reglas de operación uno de
los obstáculos para acceder al programa; ahora el tema
del plazo para subsanar algún requisito consideró que
se brinde el poder para subsanar algunas deficiencias
mas no eliminar a los que se pueden equivocar; otra
cuestión es que se deben poner oficinas regionaliza-
das, ya que en algunos casos resulta verdaderamente
costoso que los solicitantes puedan acudir a la oficina
central.
Asimismo la diputada Angélica Moya Marín, manifes-
tó que se debería reflexionar ya que si Inaes se com-
plica en el tema de la economía social se tendrían con-
secuencias negativas al cambiarlo de la Secretaría de
Economía a la de Desarrollo Social; en consecuencia
externó estar de acuerdo en apoyar absolutamente al
sector social como un sector de la economía.
La diputada María Elida Castelán Mondragón, mani-
festó estar de acuerdo con la diputada Natalia Karina
Barón Ortiz, en el aspecto de que se abren las ventani-
llas y se cierran al siguiente día; por lo cual solicitó
que se amplié el espacio para que puedan acceder a es-
te programa todas las personas interesadas; asimismo
la diputada Edith Anabel Alvarado Varela, comentó en
cuanto a las reglas de operación que existen fallas por
parte de los técnicos, que en algunos casos engañan a
la gente o les exigen pagos por adelantado, sin decir
cuál fue el resultado; por lo cual señaló es un tema de-
licado, habiendo que checar cómo se selecciona a los
técnicos o, en su caso, brindarles una capacitación de
conciencia social.
Posteriormente el diputado Javier Guerrero García
planteó una propuesta a la diputada Norma Xóchitl
Hernández Colín, si así lo considera, nos brinden una
relación de los proyectos estratégicos con lo que tra-
baja Inaes.
En el caso de la diputada Angélica Moya Marín, plan-
teó que el tema de presupuesto, como se hace no tiene
sentido ni resultado, si no se genera como un proceso
que permita llegar a las comisiones y al debate, como
un posicionamiento desde las propias comisiones; se-
ñalando además insistir a las diputadas y los diputados
se inscriban para conocer el proyecto, siendo esto una
forma muy práctica de empezar un esquema de cola-
boración y de trabajo.
Posteriormente el presidente pasó al siguiente punto
del orden del día, asuntos generales. Por lo cual infor-
mó que en la reunión de junta directiva se acordó pre-
sentar el proyecto de informe semestral, cuyo requisi-
to implica el aval de la junta directiva, y que a los
integrantes de la comisión se les brindará dicho infor-
me, esperando hagan sus comentarios, enriqueciendo
el mismo; otro tema son las reuniones que se tienen
con los funcionarios en Sedesol, sería el jueves 10 de
marzo de 2016, con la subsecretaria de Planeación,
Evaluación y Desarrollo Regional, Vanessa Rubio
Márquez, invitando a un grupo de especialistas que la
diputada María del Rosario Rodríguez está proponien-
do, abordando el tema de padrón único; el marte 15, se
tendría la cita con el director de Liconsa y Diconsa y
el martes 29 de marzo, con el abogado general y res-
ponsable de transparencia de la Secretaría de Desarro-
llo Social; quedando pendiente la reunión con la Sub-
secretaría de Desarrollo Humano.
Por otra parte, en cuanto a la directora de Inaes, Nar-
cedalia Ramírez, con mucha disposición, se agendaría
una reunión, llevándose a cabo en las instalaciones de
Inaes o Cámara de Diputados; otro de los temas es que
se estableció que en la próxima reunión ordinaria, 13
de abril, se vería exclusivamente la aprobación de los
dictámenes; en cuanto a la subcomisión de dictamen
estableciera un proceso previo de trabajo dentro de la
subcomisión, para llegar a esa reunión con los ante-
proyectos ya trabajados y consensar para que se pueda
dar esto.
Otro de los temas es que se va a trabajar en generar
una opinión de la comisión en torno al informe de la
Auditoría Superior de la Federación y se estaría socia-
lizando con los diputados integrantes para que nos
proporcionen sus comentarios; por otra parte se tiene
una baja del diputado José Antonio Arévalo González,
como integrante de la comisión y se da de alta al di-
putado José de Jesús Galindo Rosas, del PVEM; y fi-
nalmente el otro tema es que el diputado David López,
del PRI, solicitó ser sustituido como coordinador de la
Comisión de Vinculación y se está proponiendo al di-
putado Miguel Ángel Sulub Caamal. Por último, el di-
putado Javier Guerrero García manifestó que sería to-

do en cuanto asuntos generales y no habiendo algún
otro tema de parte de los diputados; dio por concluida
la sesión ordinaria de la Comisión de Desarrollo So-
cial a las 19:27 horas; citándose para la siguiente reu-
nión de la comisión con previa convocatoria, que para
tal efecto se realice. Palacio Legislativo de San Láza-
ro a 9 de marzo de 2016, Damos Fe.
dro Armenta Mier, David López Gutiérrez (rúbrica), Adriana Te-
rrazas Porras, Miguel Ángel Huepa Pérez (rúbrica), Gabriela Ra-
mírez Ramos (rúbrica), Ximena Tamariz García, Natalia Karina
Barón Ortiz (rúbrica), Érika Irazema Briones Pérez (rúbrica), Ma-
ría Elida Castelán Mondragón (rúbrica), Araceli Damián Gonzá-
lez, Carlos Lomelí Bolaños (rúbrica), Ángel García Yáñez (rúbri-
ca), Hugo Éric Flores Cervantes (rúbrica), Diego Valente Valera
Fuentes, secretarios.
DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, ATINENTE A
LA REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA EFECTUADA EL MIÉRCO-
LES 13 DE ABRIL DE 2016
A las nueve horas con treinta minutos, del miércoles
13 de abril de 2016, en el salón A del edificio G, en la
honorable Cámara de Diputados con domicilio en ave-
nida Congreso de la Unión Número 66, colonia El Par-
que, delegación Venustiano Carranza, se reunieron las
legisladoras y los legisladores integrantes de la junta
directiva de la Comisión de Desarrollo Social.
El presidente, Javier Guerrero García, solicitó a la se-
cretaria que informara sobre el resultado del cómputo
de asistencia. La secretaria Gabriela Ramírez Ramos
informó de la asistencia de catorce integrantes de la
junta directiva presentes.
En consecuencia el presidente declaró el quórum co-
rrespondiente y solicitó a la secretaria diera lectura al
orden del día, y consultase si era de aprobarse. En uso
de la palabra la secretaria dio lectura al orden del día.
La sometió a consideración de los integrantes y fue
aprobada por mayoría.
A continuación, el presidente puso a consideración el
análisis, discusión y, en su caso, aprobación de los dic-
támenes y solicitó a los diputados que si existieran ini-
ciativas a reservar, lo expresaran. A la solicitud plante-
ada se reservaron los siguientes dictámenes:
a) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Ha-
cendaria, de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, y de la Ley
General de Desarrollo Social, presentada por la di-
putada María del Rosario Rodríguez Rubio, del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;
b) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se
adiciona una fracción X y un último párrafo al artí-
culo 19 de la Ley de Desarrollo Social, presentada
por el diputado Waldo Fernández González, del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática;
c) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se
adiciona una fracción V al artículo 11 de la Ley Ge-
neral de Desarrollo Social, presentada por el dipu-
tado Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario
de Nueva Alianza;
d) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se
adiciona una fracción X al artículo 36 de la Ley Ge-
neral de Desarrollo Social, presentada por el dipu-
tado Julio Saldaña Morán, del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática; y
e) Proposición con punto de acuerdo por el que se
exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo So-
cial a ampliar el programa social de estancias infan-
tiles para apoyar a madres trabajadoras y para vigi-
lar el adecuado cumplimiento de las reglas de
operación del programa de estancias infantiles para
apoyar a madres trabajadoras.
En cuanto a la iniciativa presentada por 1a diputada
María del Rosario Rodríguez Rubio, la diputada Xi-
mena Tamariz García manifestó su interés de conocer

la opinión emitida por la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Púbica sobre el impacto presupuestal, a lo que
el Diputado Presidente respondió que dicha iniciativa
no se discutiera en virtud de que debía analizarse en
conjunto con la Comisión de Transparencia y Antico-
rrupción, comisión que no había respondido a la soli-
citud de convocatoria para su discusión.
Referente a la iniciativa del diputado Waldo Fernán-
dez, la diputada Érika Irazema Briones Pérez manifes-
tó que dicha iniciativa iba a ser retirada en los próxi-
mos días por el proponente y que a través de la mesa
directiva se iba a informar a la Comisión de Desarro-
llo Social.
En relación con la iniciativa presentada por el diputa-
do Ángel García Yáñez, e1 proponente solicitó se rea-
lizara una prórroga para la discusión del dictamen a lo
que el presidente manifestó que el tema era darle cau-
se a la iniciativas, además, que está ya contaba con
prórroga y sugirió su retiro a fin de fortalecerla.
El diputado García Yáñez comentó que la retiraría y se
informaría a la comisión a través de la Mesa Directi-
va. Posteriormente la diputada Araceli Damián Gonzá-
lez manifestó que en relación con el dictamen de la ini-
ciativa del diputado Julio Saldaña Morán, fuera
solicitada prórroga para realizar un análisis profundo,
dada la relevancia de tiempo destinado al cuidado de
los niños y ancianos.
Al respecto, el presidente informó que dicha iniciativa
había sido retirada y solicitó a la diputada Araceli Da-
mián González ofreciera una exposición sobre el tema
que se aborda en la iniciativa, ya que era poco conoci-
do pero muy importante y en la cual ella era experta al
publicar un libro sobre el citado tema.
Finalmente, la diputada Araceli Damián González se
refirió al punto de acuerdo presentado por la diputada
Norma Xóchitl Hernández Colín indicando que había
sido retirado. Posteriormente, el presidente dio cuenta
de los dictámenes de iniciativas y puntos de acuerdo
que se iban a poner a consideración para su discusión
en la reunión ordinaria:
a) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se
adiciona un segundo párrafo al artículo 26 de la Ley
General de Desarrollo Social, presentada por el di-
putado Jesús Emiliano Álvarez López, del Grupo
Parlamentario del Partido Movimiento de Regene-
ración Nacional;
b) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se
adiciona una fracción XI al artículo 3o. y un segun-
do párrafo al artículo 32 de la Ley General de De-
sarrollo Social, presentada por el diputado Daniel
Torres Cantú, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional;
c) Proposición con punto de acuerdo por el que se
cial (Sedesol) para que haga del conocimiento pú-
blico las acciones concretas que llevará a cabo para
prevenir el mal uso de los recursos de los programas
sociales y el blindaje electoral, durante los comicios
a celebrarse en diversas entidades federativas en
2016, presentado por el diputado Moisés Guerra
Mota, del Grupo Parlamentario de Movimiento
Ciudadano;
d) Proposición con punto de acuerdo por el que se
exhorta a las legislaturas de las entidades federati-
vas y el Distrito Federal para que actualice y homo-
logue sus ordenamientos en materia de desarrollo
social, tomando como referencia la Ley General de
Desarrollo Social y los lineamientos y criterios ge-
nerales para la definición, identificación y medición
de la pobreza, conceptualizando la pobreza bajo un
enfoque integral y multidimensional con pleno res-
peto al ejercicio de los derecho humanos, presenta-
do por el diputado Pedro Luis Noble Monterrubio,
del Grupo Parlamentario del Partido Revoluciona-
rio Institucional;
e) Proposición con punto de acuerdo por el que se
exhorta a los gobiernos de los estados y a los siste-
mas DIF de las entidades federativas a convenir la
compra directa de leche a la empresa Liconsa, SA
de CV, para dotación de los distintos programas de
desarrollo social, presentada por la diputada Natalia
Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario de la
Revolución Democrática; y
f) Proposición con punto de acuerdo por el que se
cial para que elabore y haga pública una estrategia
para dar respuesta a las acciones emitidas por la Au-
ditoría Superior de la Federación en su Informe del
Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública

de 2014, presentada por el diputado Miguel Alva y
Alva, del Grupo Parlamentario del Movimiento de
Regeneración Nacional.
Como parte del último punto del orden del día refe-
rente a asuntos generales, el presidente concedió el uso
de la palabra al licenciado Guillermo Gazanini, asesor
de la diputada Natalia Karina Barón Ortiz para infor-
mar sobre el foro-taller Criterios de Medición de la
Pobreza, conformación de polígonos y padrones socia-
les, que llevaría a cabo la Subcomisión de Padrones de
los Programas Sociales en conjunto con la Dirección
General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios
de la Secretaría de Desarrollo Social el 20 de abril del
presente año.
En seguida el presidente comentó la pertinencia de ce-
lebrar un acuerdo de colaboración para el programa de
Parlamento Abierto entre la Comisión de Desarrollo
Social y diversas organizaciones de la sociedad civil,
academia, gobierno y expertos en tecnología cívica e
inclusión digital con el objeto de elevar los estándares
de transparencia y apertura en el trabajo legislativo,
mismo que se firmaría el día en que se celebraría el fo-
ro-taller.
Por otro lado, comunicó a los integrantes de la junta
directiva la incorporación como secretaria de la comi-
sión de la diputada Ana Laura Rodela Soto, integrante
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, en sustitución de la diputada Adriana Te-
rrazas Porras.
Por último y en uso de la palabra la diputada María
Elida Castelán Mondragón solicitó fuera programada
una reunión con integrantes de la Comisión de Desa-
rrollo Social y la congregación Mariana Trinitaria. En
respuesta, el presidente planteó como propuesta que la
exposición de la diputada Araceli Damián González
sobre su libro y la presentación por parte de la congre-
gación Mariana Trinitaria se llevara a cabo el mismo
día y comentó que se sostuvo una plática con Narce-
dalia Ramírez Pineda, directora del Instituto Nacional
de Economía Social para programar una reunión en fe-
cha próxima.
No habiendo quien hiciera uso de la palabra, el presi-
dente dio por concluida la reunión de la junta directi-
va de la Comisión de Desarrollo Social, a las 10 horas
con 36 minutos del miércoles 13 de abril de 2016.
dro Armenta Mier, David Epifanio López Gutiérrez (rúbrica),
Adriana Terrazas Porras, Ana Laura Rodela Soto, Miguel Ángel
Huepa Pérez (rúbrica), Gabriela Ramírez Ramos (rúbrica), Xime-
na Tamariz García, Natalia Karina Barón Ortiz (rúbrica), Érika Ira-
zema Briones Pérez (rúbrica), María Elida Castelán Mondragón
(rúbrica), Araceli Damián González, Carlos Lomelí Bolaños (rú-
brica), Ángel García Yáñez (rúbrica), Hugo Éric Flores Cervantes
(rúbrica), Diego Valente Valera Fuentes, secretarios.
Convocatorias
DE LA COMISIÓN DE SALUD
A la séptima reunión de junta directiva, que se efec-
tuará el lunes 23 de mayo, a las 10:00 horas, en el sa-
lón B del edificio G.
Orden del Día
1. Registro de asistencia y declaración del quórum.
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
orden del día.
acta de la sexta reunión de junta directiva.
4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de 2
proyectos de dictamen en sentido positivo de mi-
nutas.
proyectos de dictamen de 5 iniciativas en sentido
positivo.

negativo.
7. Asuntos generales:
a) Solicitudes de prórroga para diversos dictá-
menes.
8. Clausura y cita para la próxima reunión.
Atentamente
Diputado Elías Octavio Íñiguez Mejía
Presidente
DE LA COMISIÓN DE SALUD
A la sexta reunión ordinaria, que se llevará a cabo el
lunes 23 de mayo, a las 12:00 horas, en el salón B del
edificio G.
Orden del Día
1. Registro de asistencia y declaración del quórum.
orden del día.
acta de la quinta reunión ordinaria.
proyectos de dictamen en sentido positivo de mi-
nutas.
positivo.
negativo.
7. Asuntos generales.
Atentamente
Diputado Elías Octavio Íñiguez Mejía
Presidente
DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA
A la séptima reunión ordinaria, que tendrá verificativo
el miércoles 25 de mayo, a las 12:00 horas, en los sa-
lones C y D del edificio G.
Atentamente
Diputado Jorge Enrique Dávila Flores
Presidente
DE LA COMISIÓN DE TURISMO
A la quinta reunión ordinaria, que tendrá lugar el miér-
coles 25 de mayo, a las 12:00 horas, en zona C del edi-
ficio G.
Orden del Día
1. Lista de asistencia y declaración de quórum.
orden del día.
acta de la cuarta reunión ordinaria.
4. Presentación del programa Mejora tu Hotel, a
cargo de los licenciados Rubén Gerardo Corona

González, subsecretario de Innovación y Desarrollo
Turístico de la Secretaría de Turismo federal, y Fer-
nando Hoyo Oliver, director general adjunto de Fo-
mento Bancomext.
5. Asuntos generales.
Atentamente
Diputada Gretel Culin Jaime
Presidenta
DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS
EDUCATIVOS
A la reunión plenaria que se llevará a cabo el martes
14 de junio, de las 17:00 a las 19:00 horas, en la zona
C del edificio G.
En la sesión se presentará el informe del Instituto Na-
cional para la Evaluación de la Educación.
Atentamente
Diputada Hortensia Aragón Castillo
Presidenta
Invitaciones
DEL DIPUTADO JUAN ROMERO TENORIO
Al foro Diálogo con congresistas mexicanos: que las
transnacionales paguen lo justo, por celebrarse el
martes 24 de mayo, de las 9:00 a las 15:00 horas, en el
auditorio norte del edificio A.
Atentamente
Diputado Juan Romero Tenorio
DE LOS DIPUTADOS JUAN ROMERO TENORIO Y ARACELI
DAMIÁN GONZÁLEZ
Al foro Las continuas violaciones a los derechos hu-
manos en México: de la guerra sucia a Iguala, que se
llevará a cabo el martes 24 de mayo, de las 10:00 a las
15:00 horas, en el salón Legisladores de la República.
Atentamente
Diputado Juan Romero Tenorio
Diputada Araceli Damián González
DEL CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y DE OPINIÓN PÚ-
BLICA
Al seminario nacional La planeación del desarrollo
urbano y regional en México, a cuatro décadas de la
Ley General de Asentamientos Humanos que, con el
Instituto de Investigaciones Económicas y la Facultad
de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma
de México, se llevará a cabo del miércoles 25 al vier-
nes 27 de mayo, de las 9:00 a las 18:00 horas.
• Miércoles 25, Instituto de Investigaciones Econó-
micas.

• Jueves 26, Facultad de Arquitectura.
• Viernes 27, zona C del edificio G del Palacio Le-
gislativo de San Lázaro.
Atentamente
Maestro Ernesto Cavero Pérez
Subdirector de Opinión Pública
DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO E INVESTIGA-
CIONES PARLAMENTARIAS
A la suscripción de la carta de intención entre el CE-
DIP y el Congreso de Baja California Sur, que tendrá
lugar el jueves 26 de mayo, a las 12:00 horas, en el sa-
lón B del edificio G.
El enlace para la coordinación del acto es Francisco
Ramírez Vigil, extensiones 58147 y 58135, así como
correo electrónico dracordero@hotmail.com
Atentamente
Doctor Sadot Sánchez Carreño
Director General
BLICA
Al foro Redes sociales y la agenda pública que, en co-
ordinación con la Universidad Iberoamericana, se lle-
vará a cabo el martes 31 de mayo, de las 8:30 a las
15:00 horas, en el auditorio Crescencio Ballesteros
Ibarra de la universidad, situado en el edificio F, plan-
ta baja, con dirección prolongación Paseo de la Refor-
ma 880, Lomas de Santa Fe, delegación Álvaro Obre-
gón, CP 01219, Ciudad de México.
Facebook: www.facebook.com/cesop01
Twitter: @CesopMx
Atentamente
DE LA COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Al curso Forjando innovadores protegidos, que se lle-
vará a cabo el miércoles 8 de junio, a las 9:00 horas,
en los salones C y D del edificio G.
Módulo introductorio
Sesiones: 1
Duración: 1 hora
Objetivo del módulo: Introducir a los asistentes al
sistema de propiedad industrial y al Instituto Mexica-
no de la Propiedad Industrial, IMPI.
Tema: Concepto de Propiedad Intelectual.
Descripción del contenido: Definición de propie-
dad intelectual según la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual, OMPI.
Tema: División de la propiedad industrial en México.
Subtema: Derechos de autor y variedades vegetales.
Descripción del contenido: Derechos de autor y
sus características.
Subtema: Propiedad intelectual.
Descripción del contenido: La propiedad indus-
trial y mencionar brevemente las figuras jurídicas
que se protegen.

Subtema: Variedades vegetales.
Descripción del contenido: Exponer brevemente
este tipo de protección y mencionar al Servicio Na-
cional de Inspección y Certificación de Semillas
(Sagarpa) como la autoridad responsable.
Tema: El Instituto Mexicano de la Propiedad Indus-
trial.
Subtema: Antecedentes.
Descripción del contenido: Mencionar a la Direc-
ción General de Desarrollo Tecnológico, dependien-
te de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.
trial.
Subtema: Creación.
Descripción del contenido: Mencionar la fecha de
creación y definición jurídica del IMPI.
trial.
Subtema: Objetivos.
Descripción del contenido: Mencionar los objeti-
vos del instituto.
trial.
Subtema: Organización.
Descripción del contenido: Mencionar de manera
general la forma en que se constituye el IMPI.
trial.
Subtema: Oficinas centrales y regionales.
Descripción del contenido: Mencionar la ubica-
ción y área de atención de las oficinas centrales y
regionales del IMPI.
Tema: La propiedad industrial y sus beneficios.
Descripción del contenido: Como los títulos de
propiedad industrial al ser activos intangibles ad-
quieren valor, lo cual es un beneficio para la em-
presa y las personas físicas titulares de éstos.
Modalidad de trabajo: Exposición sobre cada te-
ma en forma dinámica y con carácter aplicable. Dis-
cusión y debate, posteriormente a la exposición se
realiza una sesión de preguntas y respuestas que de-
berán formular conclusiones.
Horario: 45 minutos de exposición y 15 minutos
de preguntas y respuestas.
Módulo 1. Signos distintivos
Sesiones: 1
Duración: 2 horas.
Objetivo del módulo: Los asistentes identificarán los
diversos signos distintivos que pueden utilizar, así co-
mo el mecanismo de registro.
Tema: Marcas.
Subtema: Tipos de marcas.
Descripción del Contenido: Definir los tipos de
marcas que existen: nominativa, innominada, mixta
y tridimensional.
Tema: Marcas.
Subtema: Marcas colectivas.
Descripción del contenido: Definir el concepto de
marca colectiva, quiénes y cómo se puede utilizar.
Tema: Marcas.
Subtema: Impedimentos legales.
Descripción del contenido: Describir los impedi-
mentos legales de acuerdo con los artículos 4 y 90
de la Ley de la Propiedad Industrial.

Tema: Avisos comerciales.
Descripción del contenido: Definir los avisos co-
merciales.
Tema: Nombres comerciales.
Descripción del contenido: Definir los avisos co-
merciales.
Tema: Denominaciones de origen.
Descripción del contenido: Definir qué son, para
qué sirven y cuáles son las denominaciones de ori-
gen mexicanas.
Tema: Ventajas del registro marcario.
Descripción del contenido: Explicar a los asisten-
tes cuál es la ventaja que se obtiene al realizar el re-
gistro de signos distintivos.
Tema: Procedimiento administrativo para el registro.
Subtema: Herramientas informáticas en el trámite
de signos distintivos.
Descripción del contenido: Explicar el uso de la
Clasificación de Niza; Marcanet y el llenado de so-
licitud a través de Marca en Línea.
Subtema: Presentación de la solicitud.
Descripción del contenido: Explicar cómo y dón-
de se presenta la solicitud, los documentos anexos
que se requieren y tarifas correspondientes.
Modalidad de trabajo: Exposición sobre cada
tema en forma dinámica y con carácter aplicable.
Discusión y debate, posteriormente a la exposi-
ción se realiza una sesión de preguntas y respues-
tas.
Horario: Una hora 45 minutos de exposición y 15
minutos de preguntas y respuestas.
Módulo 2. Invenciones
Sesiones: 1
Duración: Una hora con 30 minutos.
Objetivo del módulo: Los asistentes distinguirán las
diversas figuras jurídicas que pueden utilizar para la
protección de invenciones, así como el mecanismo de
registro de éstas.
Tema: Patente.
Subtema: Conceptos básicos.
Descripción del contenido: Explicar brevemente
qué es una patente, y las partes que conforman el
documento de información técnica.
Tema: Patente.
Subtema: Requisitos de patentabilidad.
Descripción del contenido: Definir los conceptos
de novedad, estado de la técnica, actividad inventi-
va y aplicación industrial.
Tema: Modelo de utilidad.
Subtema: Conceptos básicos.
Descripción del contenido: Qué es un modelo de
utilidad y sus características.
Tema: Diseño industrial.
Subtema: Dibujo industrial.
Descripción del contenido: Explicar la figura de
dibujo industrial y sus características.
Tema: Diseño industrial.
Subtema: Modelo industrial.
Descripción del contenido: Describir el modelo
industrial y las características que debe poseer.
Subtema: Búsqueda de información tecnológica.

Descripción del contenido: Mencionar la impor-
tancia de la búsqueda de información tecnológica
como un paso previo al trámite, haciendo énfasis en
el análisis del estado de la técnica.
Subtema: Llenado y presentación de la solicitud.
Descripción del contenido: Exponer cómo hacer el
llenado de la solicitud, especificando la diferencia
entre cada una de las diferentes figuras jurídicas de
protección, asimismo explicar cómo y dónde se
presenta la solicitud, además de las tarifas corres-
pondientes.
Modalidad de trabajo: Exposición sobre cada te-
ma en forma dinámica y con carácter aplicable. Dis-
cusión y debate, posteriormente a la exposición se
realiza una sesión de preguntas y respuestas.
Módulo 3. Servicios de información tecnológica
Sesiones: 1
Duración: 1 hora, con 30 minutos.
Objetivo del módulo: Los asistentes identificarán qué
es para qué sirve la información tecnológica.
Tema: La información tecnológica de patentes.
Subtema: Conceptos básicos sobre información
tecnológica de patentes.
Descripción del contenido: Definir la importancia de
la información tecnológica de patentes.
Tema: Uso de la información tecnológica al interior
de la empresa.
Subtema: El aprovechamiento de la información tec-
nológica de patentes por parte de las empresas.
Descripción del contenido: Explicar cómo la in-
formación tecnológica puede contribuir al aumento
de la competitividad de las empresas.
Tema: Formas de acceder a la información.
Subtema: Acceso electrónico.
Descripción del contenido: Mostrar el acceso a las
distintas bases de datos.
Tema: Formas de acceder a la información.
Subtema: Presencial.
Descripción del contenido: Describir el Centro de
Información Tecnológica y sus servicios, así como
los costos de éstos.
Modalidad de trabajo: Exposición sobre cada
tema en forma dinámica y con carácter aplicable.
Discusión y debate, posteriormente a la exposi-
ción se realiza una sesión de preguntas y res-
puestas.
Atentamente
Diputado José Bernardo Quezada Salas
Presidente
DE LA COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA
Al diplomado Políticas públicas para el desarrollo ru-
ral: evaluación y estrategia que, con la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales, División de Educación
Continua y Vinculación, de la Universidad Nacional
Autónoma de México, se realizará los viernes y sába-
dos, hasta el 18 de junio, de las 16:00 a las 21:00 ho-
ras y de las 9:00 a las 14:00, respectivamente.
Atentamente
Diputado Jesús Serrano Lora
Presidente

DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO E INVESTIGA-
CIONES PARLAMENTARIAS
Al Diplomado en derecho electoral, que en colabora-
ción con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, a través del Centro de Capacitación Judi-
cial Electoral, se impartirá hasta el jueves 4 de agosto.
Módulos
I. Democracia como régimen político
1. Regímenes políticos
1.1. Regímenes no democráticos
1.2. Regímenes democráticos
2. Democracia: tipos y calidad de democracia
2.1. Cómo definir la democracia
2.2. Tipos de democracia
2.3. La calidad de la democracia
3. Desarrollo democrático en México
3.1. La época del partido hegemónico
3.2. Reformas electorales y transición
3.3. Componentes importantes de la democracia
mexicana
3.4. Evaluación de la democracia mexicana
II. Derecho electoral sustantivo
1. Elecciones, soberanía y representación
1.1. La soberanía y la representación en su rela-
ción con las elecciones y el voto
1.2. Elecciones y democracia
1.3. México y sus elecciones: marco constitucio-
nal y legal
2. Partidos políticos como sujetos de derecho electoral
2.1. Concepto y evolución de los partidos políticos
2.2. Tipos de partidos políticos
2.3. Funciones de los partidos políticos
2.4. El sistema de partidos en México
2.5. Régimen vigente de los partidos políticos en
México
3. Participación política de los ciudadanos
3.1. Mecanismos de participación ciudadana
3.2. Mecanismos de participación en México
III. Sistemas electorales y de partidos
1. Sistemas electorales
1.1. Elementos de los sistemas electorales
1.2. Clasificación por familias de los sistemas
electorales
2. Sistemas de partidos
2.1. Clasificación de los sistemas de partidos
2.2. Interacciones en los sistemas de partidos
2.3. Sistema electoral y de partidos en México
2.4. Interacciones entre los sistemas electorales
y de partidos
3. Elementos constitutivos de los congresos me-
xicanos
3.1. Conformación del Congreso federal
3.2. Conformación de los congresos locales
IV. Autoridades electorales
1. Autoridades y gobernanza electoral
1.1. Introducción a las autoridades electorales

1.2. Las autoridades electorales en México
2. Autoridades administrativas
2.1. El Instituto Nacional Electoral
2.2. Los Organismos Públicos Locales Electora-
les (Oples)
3. Autoridades jurisdiccionales y en materia penal
3.1. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación
3.2. Suprema Corte de Justicia de la Nación
3.3. Fiscalía Especializada para la Atención de
Delitos Electorales
V. Proceso electoral federal
1. Definiciones, principios y actos previos al proce-
so electoral
1.1. Definiciones y principios del proceso elec-
toral federal
1.2. Geografía electoral
1.3. Registro de partidos políticos
1.4. Registro de agrupaciones políticas nacionales
1.5. Actualización del padrón electoral y expedi-
ción de la credencial para votar con fotografía
2. Etapas del proceso electoral federal (Parte 1):
Preparación de la elección I
2.1. Observadores electorales
2.2. Mesas directivas de casilla
2.3. Encuestas
2.4. Aprobación de documentación y materiales
electorales, definiciones y características
2.5. Integración de los consejos locales y distri-
tales
3. Etapas del proceso electoral federal (parte 2):
Preparación de la elección II
3.1. Listas nominales
3.2. Candidatos
3.3. Registro de coaliciones
3.4. Precampañas electorales
3.5. Campañas electorales
3.6. Fiscalización
4. Etapas del proceso electoral federal (parte 3): jor-
nada electoral
4.1. Instalación de casillas
4.2. Recepción de la votación
4.3. Escrutinio y cómputo en las casillas
4.4. Clausura de casilla y remisión del expedien-
te electoral
5. Etapas del proceso electoral federal (Parte 4): Re-
sultados y declaración de validez
5.1. Recepción, depósito y salvaguarda de los
expedientes electorales
5.2. Programa de Resultados Electorales y Preli-
minares (PREP)
5.3. Cómputos distritales y recuento de votos
5.4. Declaración de validez
5.5. Dictamen y declaración de validez de la
elección presidencial
5.6. Consecuencias del proceso: Pérdida del re-
gistro y liquidación de los partidos políticos
VI. Derecho sancionador
1. Derecho sancionador y el procedimiento ordina-
rio sancionador

1.1. Antecedentes y principios del derecho san-
cionador
1.2. Procedimiento ordinario sancionador (POS)
2. Procedimiento especial sancionador y la indivi-
dualización de la sanción
2.1. Procedimiento especial sancionador (PES)
2.2. Individualización de la sanción
VII. Medios de impugnación y nulidades
1. Sistema de medios de impugnación (Parte 1)
1.1. Marco constitucional y legal
1.2. Principios procesales de los medios de im-
pugnación
1.3. Reglas generales
2. Sistema de medios de impugnación (Parte 2)
2.1. RVV, RAP, REP
2.2. JDC, JRC, JIN, REC
2.3. JLI y CLT
3. Nulidades en materia electoral (parte 1)
3.1. Principios del sistema de nulidades
3.2. Nulidad de la votación recibida en casilla
4. Nulidades en materia electoral (parte 2)
4.1. Nulidad de la elección
Atentamente
Licenciado Sadot Sánchez Carreño
Director General
BLICA
Al sexto Premio nacional de investigación social y de
opinión pública.
La fecha límite para recibir trabajos es el 31 de agosto
de 2016.
• Primer lugar: 150 mil pesos.
• Segundo lugar: 75 mil pesos.
• Tercer lugar: 50 mil pesos.
Informes al teléfono 5036 0000, extensiones 58232 y
51299.
http://www5.diputados.gob.mx/cesop
Atentamente
Avisos
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, PRESU-
PUESTO Y CONTABILIDAD, RELATIVO A LA INSTALACIÓN
DEL MÓDULO DE ATENCIÓN DE LA ASF
Se recuerda a los legisladores y los servidores públicos
de la Cámara de Diputados obligados a presentar de-
claración de modificación patrimonial que un módulo
de la Auditoría Superior de la Federación prestará
atención hasta el martes 31 de mayo, de las 9:30 a las
15:00 horas y de las 16:30 a las 18:30, en el vestíbulo
principal (ala norte del edificio A).
Mayores informes en la extensión 67254.
Atentamente
Licenciado José Aldo García Valdés
Director General

Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, LXIII Legislatura
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados
Director: Juan Luis Concheiro Bórquez, Edición: Casimiro Femat Saldívar, Ricardo Águila Sánchez, Antonio Mariscal Pioquinto.
Apoyo Documental: Dirección General de Proceso Legislativo. Domicilio: Avenida Congreso de la Unión, número 66, edificio E, cuarto nivel, Palacio Le-
gislativo de San Lázaro, colonia El Parque, CP 15969. Teléfono: 5036 0000, extensión 54046. Dirección electrónica: http://gaceta.diputados.gob.mx/
Mesa Directiva
Diputados: Jesús Zambrano Grijalva, presidente; vicepresidentes, Jerónimo Ale-
jandro Ojeda Anguiano, PRD; María Bárbara Botello Santibáñez, PRI; Edmundo
Javier Bolaños Aguilar, PAN; Daniela de los Santos Torres, PVEM; secretarios,
Ramón Bañales Arámbula, PRI; Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, PAN; Isaura
Ivanova Pool Pech, PRD; Juan Manuel Celis Aguirre, PVEM; Ernestina Godoy Ra-
mos, MORENA; Verónica Delgadillo García, MOVIMIENTO CIUDADANO; María Eu-
genia Ocampo Bedolla, NUEVA ALIANZA; Ana Guadalupe Perea Santos, PES.
Junta de Coordinación Política
Diputados: César Camacho Quiroz, presidente, PRI;
Marko Antonio Cortés Mendoza, PAN; Francisco
Martínez Neri, PRD; Jesús Sesma Suárez, PVEM;
Norma Rocío Nahle García, MORENA; José Clemente
Castañeda Hoeflich, MOVIMIENTO CIUDADANO; Luis
Alfredo Valles Mendoza, NUEVA ALIANZA; Alejandro
González Murillo, PES.

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