20160517 parlamentaria

Gaceta
Parlamentaria
Año XIX Palacio Legislativo de San Lázaro, martes 17 de mayo de 2016 Número 4530
Martes 17 de mayo
CONTENIDO
Comunicaciones
De la Mesa Directiva
De la Junta de Coordinación Política
Iniciativas
Que reforma el artículo 73 de la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos, recibida de la
diputada Karina Padilla Ávila, del Grupo Parlamen-
tario del PAN, en la sesión de la Comisión Perma-
nente del miércoles 4 de mayo de 2016
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal,
para crear la secretaría de control interno del Ejecu-
tivo, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del
Grupo Parlamentario del PRD, presentada en la se-
sión de la Comisión Permanente del miércoles 11 de
mayo de 2016
De Ley General de Responsabilidades Adminisitra-
tivas de los Servidores Públicos y Particulares Vin-
culados con Faltas Administrativas Graves, presen-
tada por el diputado Virgilio Dante Caballero
Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena, en la
sesión de la Comisión Permanente del miércoles 4
de mayo de 2016
Que reforma la fracción IV del artículo 64 de la Ley
General de Salud, recibida del diputado José Cle-
mente Castañeda Hoeflich, en nombre de las diputa-
das Claudia Sofía Corichi García y Marbella Toledo
Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento
Ciudadano, en la sesión de la Comisión Permanente
del miércoles 4 de mayo de 2016
Que reforma diversos artículos de la Ley General
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral, recibida del diputado Alejandro Gonzá-
lez Murillo, del Grupo Parlamentario del PES, en la
de mayo de 2016
Que adiciona un segundo párrafo a la fracción VIII
del artículo 5o. de la Ley de Caminos, Puentes y
Autotransporte Federal, recibida de la diputada Xi-
tlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del
PRI, en la sesión de la Comisión Permanente del
miércoles 11 de mayo de 2016
Que reforma diversas disposiciones de la Ley del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, presentada por el diputa-
do Virgilio Dante Caballero Pedraza, en nombre de
4
12
12
17
23
58
63
74
76
Pase a la página 2

Gaceta Parlamentaria Martes 17 de mayo de 20162
la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del
Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la
Comisión Permanente del miércoles 11 de mayo
de 2016
Que adiciona los artículos 112 Bis y 112 Ter a la
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Pro-
tección al Ambiente, presentada por el diputado
Francisco Javier Pinto Torres, del Grupo Parla-
mentario de Nueva Alianza, en la sesión de la Co-
misión Permanente del miércoles 11 de mayo de
2016
Que reforma y adiciona el artículo 2 de la Ley Ge-
neral de Turismo, presentada por la diputada Gretel
Culin Jaime, del Grupo Parlamentario del PAN, en
la sesión de la Comisión Permanente del miércoles
11 de mayo de 2016
Que reforma el artículo 143 del Código Nacional
de Procedimientos Penales, recibida del diputado
Francisco Escobedo Villegas, del Grupo Parlamen-
tario del PRI, en la sesión de la Comisión Perma-
nente del miércoles 11 de mayo de 2016
Que reforma los artículos 22 y 37 de la Ley Fede-
ral para el Fomento a la Microindustria y la Activi-
dad Artesanal, y la fracción III del artículo 79 de la
Ley del Impuesto sobre la Renta, recibida de la di-
putada Yarith Tannos Cruz, del Grupo Parlamenta-
rio del PRI, en la sesión de la Comisión Permanen-
te del miércoles 11 de mayo de 2016
Que adiciona un segundo párrafo a la fracción III
del artículo 57 de la Ley General de Educación,
presentada por el diputado Juan Manuel Cavazos
Balderas, del Grupo Parlamentario del PRI, en la
de mayo de 2016
Que reforma el artículo 71 de la Ley Federal del
Trabajo, recibida del diputado José del Pilar Cór-
dova Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI,
en la sesión de la Comisión Permanente del miér-
coles 11 de mayo de 2016
Que modifica la denominación del título decimo-
quinto del libro segundo y adiciona un capítulo
sexto al Código Penal Federal, presentada por la
diputada María Bárbara Botello Santibáñez, del
Grupo Parlamentario del PRI, en la sesión de la
Comisión Permanente del miércoles 11 de mayo de
2016
Convocatorias
De la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte, a
la séptima reunión ordinaria, que tendrá verificati-
vo el martes 17 de mayo, a las 15:00 horas
De la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Supe-
rior de la Federación, a la entrega de conclusiones
y recomendaciones del Análisis del Informe de Re-
sultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta
Pública de 2014, por celebrarse el miércoles 18 de
mayo, a las 10:00 horas
Del Consejo Editorial, a la sexta reunión ordinaria,
que tendrá verificativo el miércoles 18 de mayo, a
las 10:00 horas
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a la
reunión ordinaria que se efectuará el miércoles 18
de mayo, a las 11:00 horas
De la Comisión de Marina, a la octava reunión or-
dinaria, que tendrá verificativo el miércoles 18 de
mayo, a las 11:00 horas
De la Comisión de Protección Civil, a la séptima
reunión plenaria, que se llevará a cabo el jueves 19
de mayo, a las 9:30 horas
Del Grupo de Trabajo en materia de medio ambien-
te, a la reunión de instalación, que se realizará el
viernes 20 de mayo, a las 11:00 horas
De la Comisión de Asuntos Indígenas, a la sexta
reunión ordinaria, por realizarse el lunes 23 de ma-
yo, a las 11:00 horas
De la Comisión de Educación Pública y Servicios
Educativos, a la reunión plenaria que se llevará a ca-
bo el martes 14 de junio, de las 17:00 a las 19:00 ho-
ras
Invitaciones
Del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pú-
blica, a la presentación del libro Institucionaliza-
86
91
97
99
109
111
113
115
115
115
115
116
116
117
117
117
118

Martes 17 de mayo de 2016 Gaceta Parlamentaria3
ción de procesos de evaluación, calidad y utiliza-
ción de sus resultados, que se llevará a cabo el jue-
ves 19 de mayo, a las 11:00 horas
De la Comisión de Pesca, al primer encuentro re-
gional Políticas para el sector pesquero y acuícola
en el sur-sureste mexicano: retos para definir un
esquema productivo y sustentable, por celebrarse
el jueves 19 de mayo
blica, al seminario nacional La planeación del de-
sarrollo urbano y regional en México, a cuatro dé-
cadas de la Ley General de Asentamientos
Humanos que, con el Instituto de Investigaciones
Económicas y la Facultad de Arquitectura de la
Universidad Nacional Autónoma de México, se lle-
vará a cabo del miércoles 25 al viernes 27 de ma-
yo, de las 9:00 a las 18:00 horas
De la Comisión de Ciencia y Tecnología, al curso
Forjando innovadores protegidos, que se llevará a
cabo el miércoles 8 de junio, a las 9:00 horas
De la Comisión de Reforma Agraria, al diplomado
Políticas públicas para el desarrollo rural: eva-
luación y estrategia que, con la Facultad de Cien-
cias Políticas y Sociales, División de Educación
Continua y Vinculación, de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, se realizará los viernes y
sábados, hasta el 18 de junio, de las 16:00 a las
21:00 horas y de las 9:00 a las 14:00, respectiva-
mente
Del Centro de Estudios de Derecho e Investigacio-
nes Parlamentarias, al Diplomado en derecho elec-
toral, que en colaboración con el Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, a través del
Centro de Capacitación Judicial Electoral, se im-
partirá hasta el jueves 4 de agosto
blica, al sexto Premio nacional de investigación
social y de opinión pública.
118
118
118
122
122
124

Comunicaciones
DE LA MESA DIRECTIVA
Diputado José Erandi Bermúdez Méndez
Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural
Edificio
Por acuerdo de la Mesa Directiva, y en atención a la
solicitud de la diputada Minerva Hernández Ramos,
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
para retirar la iniciativa que reforma y adiciona diver-
sas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sus-
tentable y reforma el artículo 7 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gu-
bernamental, obsequia el trámite de conformidad con
lo que establece el artículo 77, numeral 2, del Regla-
mento de la Cámara de Diputados, toda vez que hasta
el momento no se tiene dictamen recibido por la co-
misión que usted preside.
La Presidencia de la Mesa Directiva, dictó el siguien-
te trámite: “Retírese de las Comisiones de Desarrollo
Rural, y de Transparencia y Anticorrupción, y actualí-
cense los registros parlamentarios”.
Ciudad de México, a 13 de mayo de 2016.
Diputada Verónica Delgadillo García (rúbrica)
Secretaria
Diputado Rogerio Castro Vázquez
Presidente de la Comisión de Transparencia y
Anticorrupción
Edificio
solicitud de la diputada Minerva Hernández Ramos,
para retirar la iniciativa que reforma y adiciona diver-
sas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sus-
tentable y reforma el artículo 7 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gu-
bernamental, obsequia el trámite de conformidad con
lo que establece el artículo 77, numeral 2 del Regla-
mento de la Cámara de Diputados, toda vez que hasta
el momento no se tiene dictamen recibido por la co-
misión que usted preside.
te trámite: “Retírese de las Comisiones de Desarrollo
Rural, y de Transparencia y Anticorrupción, y actualí-
cense los registros parlamentarios”.
Secretaria
Diputado Armando Luna Canales
Presidente de la Comisión de
Derechos Humanos
Edificio
La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en
atención a la solicitud del diputado Jesús Salvador Va-
lencia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática, para retirar la proposi-
ción con punto de acuerdo por el que se exhorta al go-
bernador de Guerrero, para que implemente acciones y
políticas públicas enfocadas a la debida atención de
los sectores de la población que han sido desplazados
de sus comunidades al interior de su estado, obsequia
el trámite de conformidad con lo que establece el artí-
culo 79, numeral 2, fracción VII, del Reglamento de la
Cámara de Diputados, toda vez que hasta el momento
no se tiene dictamen recibido por la Comisión que us-
ted Preside.
La Presidencia de la Mesa Directiva dictó el siguiente
trámite:
Retírese de la Comisión de Derechos Humanos, actua-
lícense los registros parlamentarios.
Ciudad de México, 13 de mayo de 2016.
Diputada María Eugenia Ocampo Bedolla (rúbrica)
Secretaria

Diputado Armando Luna Canales
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos
Edificio
solicitud de la diputada Maricela Contreras Julián, del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución De-
mocrática, para retirar la Proposición con Punto de
Acuerdo, por el que se exhorta a las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal, así
como a los gobiernos de las entidades federativas, pa-
ra que garanticen y respeten la labor de las personas
defensoras de Derechos Humanos, obsequia el trámite
de conformidad con lo que establece el artículo 79, nu-
meral 2, fracción VII del Reglamento de la Cámara de
Diputados, toda vez que hasta el momento no se tiene
dictamen recibido por la Comisión que usted preside.
te trámite:
Retírese de la Comisión de Derechos Humanos, y
actualícense los registros parlamentarios.
Secretaria
Diputado José Bernardo Quezada Salas
Presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología
Edificio
solicitud del Grupo Parlamentario del Partido Encuen-
tro Social, para retirar la Proposición con Punto de
Acuerdo por el que se exhorta al Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología, a fin de incentivar la contrata-
ción de investigadores y ex becarios por parte de la
iniciativa privada, obsequia el trámite de conformidad
con lo que establece el artículo 79, numeral 2, fracción
VII del Reglamento de la Cámara de Diputados, toda
vez que hasta el momento no se tiene dictamen recibi-
do por la Comisión que usted preside.
te trámite:
Retírese de la Comisión de Ciencia y Tecnología, y
actualícense los registros parlamentarios.
Secretaria
Diputado Rogerio Castro Vázquez
Transparencia y Anticorrupción
Edificio
atención a la solicitud de la diputada Natalia Karina
Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, para retirar la Proposición
con Punto de Acuerdo para exhortar a los Gobiernos
de los Estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Vera-
cruz, Hidalgo, Michoacán, Guanajuato, Puebla, Zaca-
tecas y San Luis Potosí, a transparentar los recursos
otorgados mediante el Fondo Regional (Fonregión),
así como el proceso de su ejecución y/o aplicación,
obsequia el trámite de conformidad con lo que esta-
blece el artículo 79, numeral 2, fracción VII del Re-
glamento de la Cámara de Diputados, toda vez que
hasta el momento no se tiene dictamen recibido por la
Comisión que usted preside.
te trámite:
Retírese la Proposición con Punto de Acuerdo de la
Comisión de Transparencia y Anticorrupción, y ac-
tualícense los registros parlamentarios.
Secretaria
Gaceta Parlamentaria5Martes 17 de mayo de 2016

Diputada Hortensia Aragón Castillo
Presidenta de la Comisión de Educación Pública y
Servicios Educativos
Edificio
mocrática, para retirar la Proposición con Punto de
Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Edu-
cación Pública y a la Secretaría de Salud, para que re-
alicen una evaluación sobre el cumplimiento del
acuerdo mediante el cual se establecen los lineamien-
tos generales par~ el expendio y distribución de ali-
mentos y bebidas preparados y procesados en las es-
cuelas del sistema educativo nacional, obsequia el
trámite de conformidad con lo que establece el artícu-
lo 79, numeral 2, fracción VII del Reglamento de la
ted preside.
te trámite;
Retírese de la Comisión de Educación Pública y
Servicios Educativos, y actualícense los registros
parlamentarios.
Diputado Ramón Bañales Arámbula (rúbrica)
Secretario
Diputado Elías Octavio Iñiguez Mejía
Presidente de la Comisión de Salud
Edificio
atención a la solicitud de la diputada Maricela Contre-
ras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, para retirar la Proposición
con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de
Salud, a elaborar un diagnóstico respecto al uso actual
de la medicina tradicional en nuestro país, obsequia el
lo 79, numeral 2, fracción VII del Reglamento de la
ted preside.
te trámite:
Retírese la Proposición con Punto de Acuerdo de la
Comisión de Salud, y # actualícense los registros
parlamentarios.
Secretaria
Diputado Arturo Álvarez Angli
Presidente de la Comisión de Medio Ambiente y
Recursos Naturales
Edificio
mocrática, para retirar la proposición con punto de
acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, pa-
ra que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, se inicie juicio de lesividad contra
la manifestación de impacto ambiental en su modali-
dad particular (MIA-P) para evaluar el proyecto Male-
cón Cancún Tajamar, obsequia el trámite de conformi-
dad con lo que establece el artículo 79, numeral 2,
fracción VII del Reglamento de la Cámara de Diputa-
dos, toda vez que hasta el momento no se tiene dicta-
men recibido por la comisión que usted preside.
te trámite:
“Retírese de la Comisión de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales, y actualícense los registros parla-
mentarios”.

Secretaria
Diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán
Presidente de la Comisión de Derechos de la Niñez
Edificio
acuerdo por el que se exhorta a los congresos locales
de las entidades federativas y de la Ciudad de México,
para que armonicen su legislación a efecto de prohibir
el castigo corporal denominado Derecho a Corregir,
obsequia el trámite de conformidad con lo que esta-
blece el artículo 79, numeral 2, fracción VII del Re-
comisión que usted preside.
te trámite;
“Retírese de la Comisión de Derechos de la Niñez,
y actualícense los registros parlamentarios”.
Secretario
Diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente
Presidenta de la Comisión de Gobernación
Edificio
Revolución Democrática, para retirar la proposición
con punto de acuerdo para exhortar al Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía, para que genere una va-
riable que aporte datos a nivel nacional y estatal sobre
la desaparición de niñas, niños y adolescentes y de los
feminicidios en el país, a fin de diseñar políticas que
atiendan dicha problemática, obsequia el trámite de
conformidad con lo que establece el artículo 79, nu-
dictamen recibido por la comisión que usted preside.
te trámite:
“Retírese la proposición con punto de acuerdo de la
Comisión de Gobernación, y actualícense los regis-
tros parlamentarios”.
Secretaria
Diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco
Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género
Edificio
acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de
Puebla, para que implemente acciones para la preven-
ción y sanción de los feminicidios cometidos en esa
entidad, obsequia el trámite de conformidad con lo que
establece el artículo 79, numeral 2, fracción VII del
Reglamento de la Cámara de Diputados, toda vez que
comisión que usted preside.
te trámite:

“Retírese de la Comisión de Igualdad de Género, y
actualícense los registros parlamentarios”.
Secretario
Diputado Arturo Álvarez Angli
Presidente de la Comisión de Medio Ambiente y
Recursos Naturales
Edificio
acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las en-
tidades federativas, para que en sus proyectos de obra
pública contemplen la creación de espacios públicos
para animales de compañía, obsequia el trámite de
dictamen recibido por la comisión que usted preside.
trámite:
“Retírese de la Comisión de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales, y actualícense los registros parla-
mentarios”.
Ciudad de México, a 13 de mayo de 2016
Secretario
Diputado Daniel Ordoñez Hernández
Puntos Constitucionales
Edificio
acuerdo, por el que se exhorta al Senado de la Repú-
blica, para que dictamine el proyecto de decreto que
reforma los artículos 16 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de arraigo
y décimo primero transitorio del decreto por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el
18 de junio de 2008, obsequia el trámite de conformi-
dad con lo que establece el artículo 79, numeral 2,
fracción VII, del Reglamento de la Cámara de Diputa-
men recibido por la comisión que usted preside.
te trámite:
“Retírese de la Comisión de Puntos Constituciona-
les, y actualícense los registros parlamentarios”.
Secretaria
Diputada Ana Georgina Zapata Lucero
Presidenta de la Comisión de Trabajo y
Previsión Social
Presente
Revolución Democrática, para retirar la proposición
con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secre-
taría de Trabajo y Previsión Social, para que realice las

acciones necesarias a efecto de generar datos actuali-
zados y desagregados sobre el trabajo infantil en Mé-
xico, turnada el 29 de marzo de 2016, obsequia el trá-
mite de conformidad con lo que establece el artículo
79, numeral 2, fracción VII, del Reglamento de la Cá-
mara de Diputados, toda vez que hasta el momento no
se tiene dictamen recibido por la comisión que usted
preside.
La Presidencia de la Mesa Directiva, dicto el siguien-
te tramite:
“Retírese de la Comisión de Trabajo y Previsión
Social, y actualícense los registros parlamentarios”.
Secretario
Diputado Germán Escobar Manjarrez
Presidente de la Comisión de Agricultura y
Sistemas de Riego
Edificio
solicitud del diputada Exaltación González Ceceña,
para retirar la proposición con punto de acuerdo, por el
que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación, se establezcan mecanis-
mos que den solución al bajo precio de la tonelada de
trigo y se implemente un plan para su desarrollo y pro-
ducción en el estado de Baja California, obsequia el
lo 79, numeral 2, fracción VII, del Reglamento de la
no se tiene dictamen recibido por la comisión que us-
ted preside.
te trámite:
“Retírese de la Comisión de Agricultura y Sistemas
de Riego, y actualícense los registros parlamenta-
rios”.
Secretaria
Diputado Germán Escobar Manjarrez
Presidente de la Comisión de Agricultura y
Sistemas de Riego
Edificio
atención a la solicitud del diputado Exaltación Gonzá-
lez Ceceña, del Grupo Parlamentario del Partido Ac-
ción Nacional, para retirar la proposición con punto de
acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, pa-
ra que a través de la Secretaría de Agricultura, Gana-
dería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, se esta-
blezcan mecanismos que den solución al bajo precio
de la tonelada de algodón, obsequia el trámite de con-
formidad con lo que establece el artículo 79, numeral
2, fracción VII del Reglamento de la Cámara de Dipu-
tados, toda vez que hasta el momento no se tiene dic-
tamen recibido por la comisión que usted preside.
te trámite: “Retírese de la Comisión de Agricultura y
Sistemas de Riego, actualícense los registros parla-
mentarios”.
Secretaria

Diputado Álvaro Ibarra Hinojosa
Presidente de la Comisión de Justicia
Edificio
Por acuerdo de la Mesa Directiva de la Cámara de Di-
putados, en atención a la solicitud del diputado Ricar-
do Ramírez Nieto, del Grupo Parlamentario del Parti-
do Revolucionario Institucional, para retirar la
iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas dis-
posiciones de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los
artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, obsequia el trámite de
meral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados,
toda vez que hasta el momento no se tiene dictamen
recibido por la comisión que usted preside.
trámite:
Retírese de la, Comisión de Justicia, y actualícense
los registros parlamentarios.
Secretario
Diputado Álvaro Ibarra Hinojosa
Presidente de la Comisión de Justicia
Presente
atención a la solicitud del diputado Ricardo Ramírez
Nieto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolu-
cionario Institucional, para retirar la Iniciativa con
proyecto de decreto que reforma el artículo 458 del
Código Nacional de Procedimientos Penales, turnada
el 19 de octubre de 2015, obsequia el trámite de con-
formidad con lo que establece el artículo 77, numeral
2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, toda
vez que hasta el momento no se tiene dictamen recibi-
do por la Comisión que usted preside.
trámite:
Retírese de la Comisión de Justicia, y actualícense
Secretario
Diputada Gina Andrea Cruz Blackledge
Presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito
Público
Presente
atención a la solicitud del diputado José Erandi Ber-
múdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional, para retirar la iniciativa por la que se
reforma el artículo 4-Bis de la Ley para la Transparen-
cia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, ob-
sequia el trámite de conformidad con lo que establece
el artículo 77, numeral 2 del Reglamento de la Cáma-
ra de Diputados, toda vez que hasta el momento no se
tiene dictamen recibido por la comisión que usted pre-
side.
trámite:
Retírese la Iniciativa de la Comisión de Hacienda y
Crédito Público, y actualícense los registros parla-
mentarios.
Secretaria

Diputado Gustavo Enrique Madero Muñoz
Presidente de la Comisión de Atención a Grupos
Vulnerables
Edificio
atención a la solicitud del diputado Marco Antonio
García Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido Re-
volucionario Institucional, para retirar la Iniciativa que
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de
los Derechos de las Personas Adultas Mayores, obse-
quia el trámite de conformidad con lo que establece el
artículo 77, numeral 2 del Reglamento de la Cámara
de Diputados, toda vez que hasta el momento no se tie-
ne dictamen recibido por la Comisión que usted Presi-
de.
te trámite:
Retírese de la Comisión de Atención a Grupos Vul-
nerables, actualícense los registros parlamentarios.
Secretaria
Diputada Gretel Culin Jaime
Presidenta de la Comisión de Turismo
Presente
atención a la solicitud del diputado Andrés Fernández
del Valle Laisequilla, del Grupo Parlamentario del Par-
tido Verde Ecologista de México, para retirar la inicia-
tiva con proyecto de decreto que reforma los artículos
16 y 17 de la Ley General de Turismo, turnada el 16
de marzo de 2016, obsequia el trámite de conformidad
con lo que establece el artículo 77, numeral 2 del Re-
Comisión que usted preside.
trámite:
Retírese de la Comisión de Turismo, y actualícense
Secretario
Diputado Javier Guerrero García
Desarrollo Social
Presente
atención a la solicitud del Diputado Pedro Luis Noble
Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Re-
volucionario Institucional, para retirar la iniciativa por
la que se reforma el artículo 28 de la Ley General de
Desarrollo Social, suscrita por diputados integrantes
de diversos grupos parlamentarios, obsequia el trámi-
te de conformidad con lo que establece el artículo 77,
numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputa-
men recibido por la Comisión que usted preside.
trámite:
Retírese la iniciativa de la Comisión de Desarrollo
Social, y actualícense los registros parlamentarios.
Secretaria

DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva
Presidente de la Mesa Directiva
Honorable Cámara de Diputados
Presente
Por instrucciones del diputado César Camacho, presi-
dente de la Junta de Coordinación Política, y con base
en el acuerdo por el que se establece el procedimiento
para informar al pleno de la Cámara de Diputados las
modificaciones en la integración de comisiones, comi-
tés, grupos de trabajo y delegaciones permanentes an-
te organismos internacionales, durante el segundo re-
ceso del primer año de ejercicio de la LXIII
Legislatura, le ruego publicar en la Gaceta Parlamen-
taria la siguiente modificación en la integración del
comité que se señala, solicitada por el Grupo Parla-
mentario del Partido de la Revolución Democrática:
• Que el diputado Fernando Galván Martínez cause
alta como integrante en el Comité del Centro de Es-
tudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la So-
beranía Alimentaria.
Reciba un cordial saludo.
Atentamente
Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica p.a.)
Iniciativas
QUE REFORMA EL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN PO-
LÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RECIBIDA
DE LA DIPUTADA KARINA PADILLA ÁVILA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESIÓN DE LA COMI-
SIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 4 DE MAYO DE 2016
La suscrita Karina Padilla Ávila, Diputada Federal a la
LXIII Legislatura integrante del Grupo Parlamentario
del PAN, con fundamento en los artículos 71 fracción
II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como los artículos 6, fracción I, 77 y
78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del ho-
norable Congreso de la Unión, someto a la considera-
ción del pleno de esta asamblea la siguiente Iniciativa
con proyecto de decreto por el que se adiciona un in-
ciso d) a la fracción XXI del artículo 73 de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al
tenor de la siguiente:
Exposición de motivos
Ciertamente las reformas y adiciones y adiciones a los
artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones
XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artí-
culo 115 y la fracción XIII del apartado B del artículo
123, todos de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos
del año 2011 representaron un gran progreso; sin em-
bargo, a pesar de dicho avance, las autoridades y per-
sonal penitenciario aún tiene la errónea idea de que la
pena se debe entender como un castigo ante acciones
u omisiones que den origen a la comisión de delitos y
por tanto olvidan u omiten garantizarles del goce ple-
no de sus derechos humanos.
Esta percepción ha mermado el desarrollo armónico y
reeducativo al interior de la vida en los centros peni-
tenciarios mexicanos, que sumado a la sobrepoblación
carcelaria, el abuso de poder, la corrupción adminis-
trativa y la desvinculación con los otros sectores del
sistema de justicia penal dificultan todavía más cual-
quier posibilidad reinserción social, la cual conforme
al artículo 18 constitucional, implica un tratamiento
individualizado para encauzar a la persona en reclu-
sión a incorporarse nuevamente en la sociedad y evi-
tando en la medida de lo posible, que vuelva a delin-
quir.

El sistema penitenciario mexicano busca el equilibrio
entre garantizar la seguridad y la protección de los de-
rechos humanos de las personas en reclusión; lo cual
debe atenderse de forma simultánea, tanto el asegurar
su integridad física y mental, como el brindarle las me-
jores condiciones posibles en el cumplimiento de la
pena. Todo ello en un marco de legalidad y respeto a
los derechos humanos.
Es irrefutable que actualmente contamos con un siste-
ma de administración penitenciaria que deja muchos
espacios a la discrecionalidad y a la interpretación lo
que provoca desconfianza ante la población y mayor
riesgo de vulneración a las garantías individuales de
las personas reclusas y no cumple con su tarea de rein-
sertar socialmente al sentenciado.
Reconocemos los esfuerzos y avances en materia pe-
nitenciaria; sin embargo, también tenemos claro que
los esfuerzos no han sido suficientes, ya que una de las
causas que originan los graves problemas al interior de
los centros penitenciarios, es el tener diversos ordena-
mientos locales y uno federal, que regulan con dispa-
ridad las condiciones que deben imperar en la vida in-
terna los centros penitenciarios mexicanos. Incluso, es
de subrayarse el hecho de que existen algunos ordena-
mientos estatales en cuyo contenido se omiten precep-
tos garantes de los derechos más sensibles de toda per-
sona, como lo son los derechos humanos.
Dicha situación deriva en una grave inestabilidad en el
sistema penitenciario, lo que preocupa a autoridades,
representantes de organismos gubernamentales nacio-
nales e internacionales y ciudadanía en general; pues
al vulnerar derechos de las personas en reclusión, al
permitir prácticas de violencia al interior de los cen-
tros de reclusión y no contar con regulación estandari-
zada en materia de administración penitenciaria, ni
condiciones mínimas de bienestar al interior de los
centros de reclusión, resulta cada vez más inminente el
riesgo de motines en prisiones estatales. Ello princi-
palmente por confrontaciones entre grupos de poder al
interior de los centros de reclusión e incluso el surgi-
miento de autogobiernos.
Definitivamente, las condiciones que inciden signifi-
cativamente en los riesgos al interior de los centros
penitenciarios representan una constante afectación a
los derechos de las personas en reclusión, ello se agra-
va por la inobservancia o plena nulidad para normar
conforme a recomendaciones en materia de pleno res-
peto a los derechos humanos, desatendiendo lo esta-
blecido en el artículo 1º constitucional.
En este tenor, la Comisión Nacional de Derechos Hu-
manos, a través del Diagnóstico Nacional de Supervi-
sión Penitenciaria 2015,1 publicado el 12 de abril del
2016, destaca omisiones e inobservancia o carencia de
normatividad y acciones más recurrentes en los cen-
tros de reclusión, apreciando mayor índice de observa-
ciones, principalmente, en aquellos que se encuentran
a cargo de autoridades estatales y municipales.
Este documento destaca muchas de las irregularidades
observadas durante las visitas efectuadas a los 130
centros estatales penitenciarios más poblados del país,
incluyendo varoniles, mixtos y femeniles, así como a
21 centros federales, considerando de manera separa-
da los cinco que conforman el Complejo de las Islas
Marías.2
En el documento se precisa que en algunos en Centros
de Reinserción Social no existe normatividad respecto
a los procedimientos para la presentación de quejas, ni
para la visita íntima o familiar; así como la inexisten-
cia de reglamentos, manuales o normatividad de pro-
cedimientos para el ingreso, traslado, de audiencia con
las autoridades y con el Consejo Técnico Interdiscipli-
nario. A ello se suma la constante falta de personal, au-
sencia de personal calificado, deficiencias de acciones
para la prevención y atención de incidentes. Entre las
cosas más graves que se reportan, está el que no se tie-
nen considerados protocolos para hacer frente a moti-
nes ni se prevé la forma de utilizar la fuerza para con-
tener los mismos.
Por lo que hace a las condiciones mínimas de bienes-
tar para todas las personas, y en el caso particular alu-
diendo a las que se encuentran en reclusión, el propio
Diagnóstico observa que existen centros penitencia-
rios en los que existe la falta de agua, condiciones in-
salubres en las áreas que se encuentra la población pe-
nitenciaria, ausencia de actividades laborales de
capacitación para el trabajo, falta de personal pedagó-
gico para los supuestos en que ese encuentren menores
en reclusión con su madre o padre; además, en muchos
de ellos no existe proceso de clasificación criminoló-
gica e incluso se presenta falta de personal de crimi-
nología.

De igual manera, en la mayoría de dichos centros pe-
nitenciarios no existe separación entre procesados y
sentenciados en dormitorios, ni en áreas comunes, se
aprecia la existencia de objetos y sustancias prohibi-
das, así como de cobros por parte de los custodios, in-
existe capacitación del personal técnico, a lo que se su-
ma la ausencia de medidas para evitar el trato
discriminatorio de las personas indígenas, falta de re-
gistros y programas de desintoxicación voluntaria o de
prevención de adicciones, carencia en medicamentos y
material de curación y en casos extremos, inexistencia
de áreas para atención médica.
En cuanto a las condiciones para realizar actividades
educativas y deportivas, se aprecia que en varios cen-
tros de reclusión no existe normatividad que establez-
ca parámetros, horarios, programas, etc., que permitan
hacer efectivos estos derechos; en tanto que en otros
centros penitenciarios se da cuenta de que no se fo-
menta el trabajo ni la capacitación para el mismo.
Respecto al rubro: garantía de la integridad física y
moral del interno, se detalla que en algunos centros no
se dispone del acceso a números gratuitos desde telé-
fonos públicos; además no existe registro de que los ti-
tulares de dichos centros de reclusión realicen super-
visiones para verificar el correcto funcionamiento de
los mismos.
Todo lo anterior, hace evidente que existen dispari-
dades significativas en las normas establecidas para
la administración penitenciaria en cada centro de re-
clusión del territorio mexicano, además de que aten-
tar contra lo establecido en el artículo 18 constitucio-
nal, que trae como consecuencia que no se atienda de
manera puntual al desarrollo de los ejes rectores so-
bre el que se organiza el sistema penitenciario, como
medio de reinserción social de la persona, procuran-
do que no vuelva a delinquir; además hace evidente
la necesidad de que la Federación, los Estados y Mu-
nicipios en el ámbito de sus respectivas competen-
cias, articulen bajo un mismo parámetro, las acciones
que permitan enfrentar responsabilidades equitativa-
mente, ante la actual problemática en los centros de
reclusión.
Las supervisiones y recomendaciones de los organis-
mos de derechos humanos, han incidido aunque sea de
una manera mínima para comenzar a mejorar las con-
diciones en los centros de reclusión; es innegable que
el avance aún es insuficiente, de ahí la urgencia de se-
guir abonando en la materia.3
Lo señalado obliga a reflexionar acerca de la urgente
necesidad de unificar criterios normativos y acciones
que garanticen el respeto a los derechos humanos al
interior de los centros penitenciarios; por lo menos se
debería asegurar la existencia del equipamiento nece-
sario, alimentación saludable, suficiente, balanceada e
higiénica, así como el derecho a la salud, a la educa-
ción, al trabajo, a la capacitación para el mismo, el de-
porte y la cultura, la educación, entre muchos otros as-
pectos por atender conforme a las recomendaciones de
organismos de derechos humanos nacionales e inter-
nacionales.
Toda vez que esta facultad se encuentra conferida a los
Estados, por lo que hace a los centros de reclusión a su
cargo y a la federación en centros de su jurisdicción, re-
sulta aún más complejo que existan leyes homogéneas
para regular de manera integral las condiciones míni-
mas que deben observarse en la administración y la vi-
da al interior de los centros penitenciarios; por ello, in-
sisto en la necesidad de generar un ordenamiento legal
que sirva de modelo para que por igual, los tres niveles
de gobierno concurran en la atención en ésta materia.
De ahí que para avanzar en el tema, considero de la
mayor relevancia adicionar un inciso d) a la fracción
XXI del artículo 73 constitucional, para incluir la fa-
cultad del Congreso para expedir la Ley General en
materia de administración penitenciaria y centros re-
clusión, con la finalidad de homologar principios
constitucionales, compromisos señalados en Tratados,
Convenciones y otros instrumentos internacionales de
los que el Estado Mexicano es parte, en materia de
reinserción social como fin del sistema penitenciario,
garantizando los derechos humanos y libertades fun-
damentales de los internos. Se trata de un cambio pro-
fundo, que reconoce la dignidad de la persona y ofre-
ce condiciones reales de readaptación social.
Por lo antes expuesto y fundamentado, someto a la
consideración de esta asamblea, la iniciativa con pro-
yecto de
Decreto por el que se adiciona un inciso d) a la frac-
ción XXI del artículo 73 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.

Único. Se adiciona un inciso d) a la fracción XXI del
artículo 73 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
I. a XX...
XXI… Para expedir
a)
b)
c)
d) Leyes de carácter general, que establezcan
la concurrencia de la federación, las entida-
des federativas, los municipios, y las demar-
caciones territoriales de la Ciudad de México,
en el ámbito de sus respectivas competencias,
en materia de Centros Penitenciarios y Admi-
nistración Penitenciaria conforme a lo dis-
puesto en el artículo 18 constitucional.
…
…
XII a XXX…
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día si-
guiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Notas
1http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc//sistemas/DNSP/DNSP_20
15.pdf
2 Anexo 1. “Irregularidades con mayor incidencia”. Diagnóstico
Nacional de Situación Penitenciaria 2015. Publicado por la CNDH
el 12 de abril del 2016. Pág. 382 a 384, 460 y 461.
3 Anexo 2. “Temas que presentaron avances en 2015”. Diagnósti-
co Nacional de Situación Penitenciaria 2015. Publicado por la
CNDH el 12 de abril del 2016. Pág. 384 y 461.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 4 de mayo de 2016.
Diputada Karina Padilla Ávila (rúbrica)
Anexo 1
Irregularidades con mayor incidencia
De los 130 centros de reclusión estatales visitados pa-
ra la elaboración del Diagnóstico de la Comisión Na-
cional de los Derechos Humanos 2015, se señalan las
siguientes irregularidades por tema:

De los 21 centros de reclusión federales visitados, se
señalan las siguientes irregularidades:
Anexo 2
Temas que presentaron avances en 2015
De los 130 centros de reclusión estatales visitados en
2015 para la elaboración del diagnóstico, se señalan 8
temas en donde ha habido avance, conforme a diag-
nósticos anteriores:

Por lo que hace a los 21 centros de reclusión federales
visitados en 2015, se da cuenta de 7 temas con avance
de acuerdo a diagnósticos anteriores:
(Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. Mayo 4 de
2016.)
QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE
LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FE-
DERAL, PARA CREAR LA SECRETARÍA DE CONTROL INTER-
NO DEL EJECUTIVO, A CARGO DEL DIPUTADO OMAR OR-
TEGA ÁLVAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD,
PRESENTADA EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANEN-
TE DEL MIÉRCOLES 11 DE MAYO DE 2016
El suscrito, diputado Omar Ortega Álvarez, integrante
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, en la LXIII Legislatura de la Cámara de
Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los ar-
tículos 71, fracción II, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, así como en el 55,
fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso General de los Estados Unidos Mexica-
nos, somete a la consideración de esta soberanía la
presente iniciativa.
Exposición de Motivos
El decreto de la reforma constitucional en materia de
combate a la corrupción publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 27 de mayo de 2015 instruye al
Congreso de la Unión a expedir en un plazo de un año
a partir de la publicación, la legislación secundaria pa-
ra lograr que dicha reforma constitucional pueda co-
brar vigencia.
Dentro de los ordenamientos que el Congreso está
obligado a expedir en el mes de mayo, destacan la Ley
General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley
General de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos, la Ley del Tribunal Federal de
Justicia Administrativa, la Ley de la Auditoría Supe-
rior de la Federación y las reformas a la Ley Orgánica
de la Administración Pública Federal que precisamen-
te son motivo de la presente iniciativa, que tiene el ob-
jeto de crear la Secretaría de Control Interno del Eje-
cutivo, entidad que se encargará de vigilar, prevenir y
corregir posibles actos u omisiones que se susciten en
la administración pública federal y para que en caso de
detectar anomalías, sustancie y presente las denuncias
correspondientes, ya sea ante el Tribunal de Federal de
Justicia Administrativa, cuando sea necesaria una san-
ción de carácter administrativo, o bien, ante la Fiscalía
Especializada en Combate a la Corrupción, cuando se
trate de anomalías graves que sean consideradas como
actos de corrupción.
En enero de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la
Federación el decreto de reforma a la Ley Orgánica de
la Administración Pública Federal con el que se creó la
Oficina de la Presidencia de la República y la Secreta-
ría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en sus-
titución de la Reforma Agraria. En ese decreto también
se fortalecieron las facultades de la Secretaría de Go-
bernación, la cual atrajo las atribuciones que tenía la
entonces Secretaría de Seguridad Pública. En princi-
pio, se previó la desaparición de la Secretaría de la
Función Pública en la idea de constituir a corto plazo
una entidad mucho más fuerte para atender las funcio-
nes de evaluación y control interno en la administra-
ción pública federal. Para lo cual se acordó establecer
un régimen transitorio que estipuló que en tanto no se
creará un nuevo organismo para el combate a la co-
rrupción, las reformas referentes a la desaparición de
la Secretaría de la Función Pública, así como la trans-
ferencia de sus atribuciones a la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público previstas en las modificaciones a
los artículos 26, 31, 37, 44 y 50 no entrarían en vigor.
No obstante y contrario a esa disposición, el decreto
que se publicó el 30 de diciembre de 2015 en el Dia-

rio Oficial de la Federación en el que se reforman la
Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacen-
daria, se estableció en el artículo cuarto transitorio, la
entrada en vigor de la fracción XIX del artículo 31 de
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal,
relativa a la facultad de la Secretaría de Hacienda de
coordinar la evaluación que permita conocer los resul-
tados de la aplicación de los recursos públicos federa-
les, así como concertar con las dependencias y entida-
des de la administración pública federal la validación
de los indicadores estratégicos.
Cuarto transitorio del decreto publicado el 30 de di-
ciembre de 2015:
En la fecha a que se refiere el transitorio primero
del presente decreto, entrará en vigor la modifica-
ción prevista a la fracción XIX del artículo 31 de la
establecida en el decreto por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2
de enero de 2013.
Cabe destacar que la vigencia de esta disposición se
mantenía pendiente hasta que entrara en funciones el
nuevo organismo anticorrupción, tal como lo estable-
ce el artículo segundo transitorio del decreto del 2 de
enero de 2013:
Las modificaciones previstas en el presente Decreto
para los artículos 26, 31, 37, 44, y 50 de esta Ley ex-
clusivamente por lo que se refiere a la desaparición y
transferencia de las atribuciones de la Secretaría de la
Función Pública, entrarán en vigor en la fecha en que
el órgano constitucional autónomo que se propone cre-
ar en materia anticorrupción entre en funciones, con-
forme a las disposiciones constitucionales y legales
que le den existencia jurídica.
Al expedir los ordenamientos reglamentarios de la re-
forma constitucional correspondiente, el Congreso de
la Unión revisará que el control interno y el sistema in-
tegral de control y evaluación gubernamental sean
congruentes con las atribuciones que le sean conferi-
das a dicho órgano y compatibles con las bases y prin-
cipios del sistema nacional de fiscalización, para lo
cual realizará las reformas legales a que haya lugar.
Entre tanto se expiden y entran en vigor las disposi-
ciones a que se refiere este artículo, la Secretaría de la
Función Pública continuará ejerciendo sus atribucio-
nes conforme a los ordenamientos vigentes al momen-
to de expedición de este decreto.
Con la entrada en vigor de la fracción XIX del artícu-
lo 31, anteriormente referido, se traslada en forma ex-
clusiva a la Secretaría de Hacienda una atribución que
anteriormente requería del trabajo coordinado con la
Secretaría de la Función Pública. Por tal motivo, con
la presente iniciativa se propone ampliar esta atribu-
ción a la nueva Secretaría de Control Interno del Eje-
cutivo.
Asimismo, se propone trasladar a la nueva Secretaría,
las facultades que en el decreto del 2 de enero de 2013
se establecieron como facultades exclusivas de la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público, ya que de
acuerdo con la reforma constitucional en materia de
combate a la corrupción, el Congreso de la Unión, al
expedir la legislación secundaria, deberá garantizar
que la Secretaría no solo mantenga las atribuciones
que tenía sino que además se fortalezca y potencie sus
mecanismos para la prevención, evaluación, correc-
ción, auditoría e investigación y pueda estar en condi-
ciones óptimas para sustanciar las faltas administrati-
vas en que incurran los servidores públicos y presentar
denuncias ante el Tribunal Federal de Justicia Admi-
nistrativa o ante la Fiscalía Especializada en Combate
a la Corrupción.
Dentro de las nuevas disposiciones que se incorporan
en esta propuesta destacan el nuevo procedimiento pa-
ra la designación del titular de la Secretaría de Control
Interno del Ejecutivo, que de acuerdo con lo que esta-
blecen las nuevas disposiciones del artículo 76 consti-
tucional aprobadas con la reciente reforma anticorrup-
ción, la Cámara de Senadores intervendrá en la
ratificación del funcionario que proponga el Presiden-
te de la República. No obstante, de acuerdo con lo que
establece el régimen transitorio de la reforma constitu-
cional anticorrupción del 27 de mayo de 2015 en su ar-
tículo octavo transitorio, el titular de la Secretaría de la
Función Pública se mantendrá en el cargo:
…los titulares de los órganos a que se refieren las adi-
ciones y reformas que establece el presente decreto en
las fracciones VIII del artículo 74 y II del artículo 76,
que se encuentren en funciones a la entrada en vigor

del mismo, continuarán en su encargo en los términos
en los que fueron nombrados.
La Secretaría de Control Interno será la autoridad en-
cargada de llevar el registro y dar seguimiento a las de-
claraciones de intereses y patrimoniales de los servi-
dores públicos de la administración pública federal,
con lo cual cobra vigencia la nueva disposición cons-
titucional establecida en el artículo 108 respecto a la
nueva obligación que tienen los servidores públicos de
presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración
patrimonial y de intereses.
Como integrante del Comité Rector del Sistema Na-
cional Anticorrupción, la Secretaría deberá informar
periódicamente los resultados de la evaluación sobre
la gestión de las dependencias y entidades de la admi-
nistración pública federal. También atenderá las solici-
tudes que le presenten los integrantes del Comité Rec-
tor del Sistema Nacional Anticorrupción.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta asam-
blea la presente iniciativa con proyecto de:
Decreto por el que se reforman y adicionan diver-
sas disposiciones de la Ley Orgánica de la Admi-
nistración Pública Federal para crear la Secretaría
de Control Interno del Ejecutivo
Único. Se reforman los artículos 26, 31, 44 y 50; se
adiciona el artículo 37, así como un tercer párrafo al
artículo 43 Terde la Ley Orgánica de la Administra-
ción Pública Federal.
Artículo 26. Para el despacho de los asuntos del orden
administrativo, el Poder Ejecutivo de la Unión contará
con las siguientes dependencias:
Secretaría de Gobernación;
Secretaría de Relaciones Exteriores;
Secretaría de la Defensa Nacional;
Secretaría de Marina;
Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
Secretaría de Control Interno del Ejecutivo;
Secretaría de Desarrollo Social;
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Natura-
les;
Secretaría de Energía;
Secretaría de Economía;
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación;
Secretaría de Comunicaciones y Transportes;
Secretaría de Educación Pública;
Secretaría de Salud;
Secretaría del Trabajo y Previsión Social;
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urba-
no;
Secretaría de Cultura;
Secretaría de Turismo, y
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
Artículo 31. A la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico corresponde el despacho de los siguientes asun-
tos:
I. a XVIII. …
XIX. Coordinar conjuntamente con la Secretaría
de Control Interno del Ejecutivo la evaluación
que permita conocer los resultados de la aplicación
de los recursos públicos federales, así como concer-
tar con las dependencias y entidades de la Adminis-
tración Pública Federal la validación de los indica-
dores estratégicos, en los términos de las
disposiciones aplicables;
XX. …
XXI. Se deroga.
XXII. Se deroga.

XXIII. Vigilar en coordinación con la Secretaría
de Control Interno del Ejecutivo el cumplimiento
de las obligaciones derivadas de las disposiciones
en materia de planeación nacional, así como de pro-
gramación, presupuestación, contabilidad y evalua-
ción;
XXIV. Se deroga.
XXV. Llevar el registro de la declaración fiscal
de los servidores públicos de la administración
pública federal y sistematizar la información con
la Secretaría de Control Interno del Ejecutivo.
XXVI. Se deroga.
XXVII. Se deroga.
XXVIII. Se deroga.
XXIX. Se deroga.
XXX. Se deroga.
XXXI. …
XXXII. …
XXXIII. Se deroga
XXXIV. …
Artículo 37. La Secretaría de Control Interno del
Ejecutivo es la entidad encargada de prevenir, co-
rregir e investigar actos u omisiones que pudieran
constituir responsabilidades administrativas.
El titular de la Secretaría de Control Interno del
Ejecutivo será propuesto por el presidente de la Re-
pública y ratificado por la mayoría de los senado-
res, de conformidad con lo que establezca la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Uni-
dos Mexicanos.
A esta secretaría le corresponde el despacho de los
siguientes asuntos:
I. Conocer, investigar y en su caso, sustanciar de-
nuncias ante el Tribunal Federal de Justicia Ad-
ministrativa, por las faltas administrativas en las
que incurran los servidores públicos y particula-
res, por actos u omisiones que afecten los princi-
pios de legalidad, honradez, lealtad e imparciali-
dad.
II. Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y
aplicación de recursos públicos federales y pre-
sentar las denuncias correspondientes por he-
chos u omisiones que pudieran ser constitutivos
de delito ante la Fiscalía Especializada en Com-
bate a la Corrupción.
III. Organizar y coordinar el desarrollo adminis-
trativo integral en las dependencias y entidades
de la administración pública federal, a fin de que
los recursos humanos, patrimoniales y los proce-
dimientos técnicos de la misma, sean aprovecha-
dos y aplicados con criterios de eficiencia, bus-
cando en todo momento la eficacia,
descentralización, desconcentración y simplifi-
cación administrativa.
IV. Recibir y registrar, verificar y dar seguimien-
to a las declaraciones de intereses y patrimonia-
les de los servidores públicos de la Administra-
ción Pública Federal, así como la información
sobre las sanciones administrativas que, en su
caso, les hayan sido impuestas, en los términos
de los ordenamientos aplicables;
V. Determinar los perfiles que deberán cubrir los
titulares y el personal de los Órganos Internos de
Control en las dependencias y entidades de la ad-
ministración pública federal, así como las dispo-
siciones generales para su organización, funcio-
namiento y régimen disciplinario;
VI. Coordinar y supervisar el sistema de control
gubernamental, establecer las bases generales
para la realización de auditorías internas, trans-
versales en las dependencias y entidades de la
administración pública federal;
VII. Expedir las normas que regulen los instru-
mentos y procedimientos de control de la admi-
nistración pública federal;
VIII. Vigilar el cumplimiento de las normas de
control y fiscalización así como asesorar y apo-
yar a los órganos internos de control de las de-

pendencias y entidades de la administración pú-
blica federal;
IX. Establecer las bases generales para la reali-
zación de auditorías en las dependencias y enti-
dades de la administración pública federal, así
como realizar las auditorías que se requieran a
las dependencias y entidades en sustitución o
apoyo de sus propios órganos de control;
X. Vigilar el cumplimiento, por parte de las de-
pendencias y entidades de la Administración Pú-
blica Federal, de las disposiciones en materia de
planeación, presupuestación, ingresos, financia-
miento, inversión, deuda, patrimonio, fondos y
valores;
XI. Emitir políticas, normas, lineamientos y pro-
cedimientos en materia de adquisiciones, arren-
damientos, servicios y obras públicas y servicios
relacionados con las mismas de la administra-
ción pública federal; emitir y en su caso opinar
sobre las normas relacionadas con la desincor-
poración de activos; administrar el sistema
Compranet, llevar los procedimientos de conci-
liación en dichas materias, en términos de las
disposiciones respectivas y aplicar la Ley de Fir-
ma Electrónica Avanzada;
XII. Dirigir, organizar y operar el sistema de ser-
vicio profesional de carrera en la administración
pública federal;
XIII. Realizar, por sí o a solicitud del Comité Co-
ordinador del Sistema Nacional Anticorrupción,
auditorías y evaluaciones a las dependencias y
entidades de la administración pública federal;
XIV. Coordinar y supervisar el sistema de con-
trol gubernamental, establecer las bases genera-
les para la realización de auditorías internas,
transversales y externas, y expedir las normas
que regulen los instrumentos y procedimientos
en dichas materias en las dependencias y entida-
des de la administración pública federal;
XV. Inspeccionar y vigilar, directamente o a tra-
vés de los órganos internos de control, que las
dependencias y entidades de la administración
pública federal cumplan con las normas y dispo-
siciones en materia de sistemas de registro y con-
tabilidad, contratación y remuneraciones de per-
sonal, contratación de adquisiciones, arrenda-
mientos, servicios, y ejecución de obra pública,
conservación, uso, destino, afectación, enajena-
ción y baja de bienes muebles e inmuebles, al-
macenes y demás activos y recursos materiales
de la administración pública federal;
XVI. Designar a los titulares de los Órganos In-
ternos de Control de las entidades de la adminis-
tración pública federal, así como normar sus
atribuciones y desempeño;
XVII. Colaborar con la Auditoría Superior de la
Federación para el establecimiento de los proce-
dimientos necesarios que permitan a ambos ór-
ganos el mejor cumplimiento de sus respectivas
responsabilidades;
XVIII. Informar periódicamente al Comité Rec-
tor del Sistema Nacional Anticorrupción, sobre
el resultado de la evaluación respecto de la ges-
tión de las dependencias y entidades de la Admi-
nistración Pública Federal, así como de aquellas
que hayan sido objeto de fiscalización;
XIX. Atender las solicitudes que le presenten los
integrantes del Comité Rector del Sistema Na-
cional Anticorrupción, de conformidad con lo
que establece la Ley General del Sistema Nacio-
nal Anticorrupción;
XX. Conducir la política inmobiliaria de la ad-
ministración pública federal, salvo por lo que se
refiere a las playas, zona federal marítimo te-
rrestre, terrenos ganados al mar o cualquier de-
pósito de aguas marítimas y demás zonas fede-
rales; administrar los inmuebles de propiedad
federal cuando no estén asignados a alguna de-
pendencia o entidad, así como llevar el registro
público de la propiedad inmobiliaria federal y el
inventario general correspondiente;
XXI. Regular la adquisición, arrendamiento, en-
ajenación, destino o afectación de los bienes in-
muebles de la Administración Pública Federal y,
en su caso, representar el interés de la Federa-
ción; expedir las normas y procedimientos para
la formulación de inventarios, para la realiza-

ción y actualización de los avalúos sobre dichos
bienes, así como expedir normas técnicas, auto-
rizar y, en su caso, proyectar, construir, rehabili-
tar, conservar o administrar, directamente o a
través de terceros, los edificios públicos y, en ge-
neral, los bienes inmuebles de la federación;
XXII. Llevar el registro público de la propiedad
inmobiliaria federal y el inventario general co-
rrespondiente;
XXIII. Reivindicar los bienes propiedad de la
nación, en los términos de las disposiciones apli-
cables; y
XXIV. Las demás que le otorguen expresamente
las leyes y reglamentos.
Artículo 43 Ter. …
…
Cada uno de los órganos reguladores contará con
un Órgano Interno de Control, cuyo titular será de-
signado por las dos terceras partes de los miembros
presentes de la Cámara de Diputados y funciona-
rán de conformidad con lo que establezca la Ley
General de Responsabilidades Administrativas de
los Servidores Públicos.
Artículo 44. Los titulares de las dependencias y enti-
dades de la administración pública federal y los titula-
res de los Órganos Internos de Control, serán respon-
sables de mantener el control interno y de gestión de la
dependencia o entidad, con el apoyo de unidades de
auditoría preventiva. Los propios titulares tendrán la
obligación de nombrar a los auditores preventivos de
su respectiva dependencia y entidad, con base en los
perfiles que establezca la Secretaría de Control In-
terno del Ejecutivo, para apoyar la política de control
interno y la toma de decisiones relativas al cumpli-
miento de los objetivos y políticas institucionales, al
óptimo desempeño de servidores públicos y órganos, a
la modernización continua y desarrollo eficiente de la
gestión administrativa y al correcto manejo de los re-
cursos públicos.
Las unidades de auditoría preventiva se regirán por las
leyes y disposiciones sobre adquisiciones, obra públi-
ca, presupuesto, contabilidad, fiscalización superior,
procedimiento administrativo, transparencia y acceso
a la información, responsabilidades, combate a la co-
rrupción y otras afines a la materia, y por las disposi-
ciones generales que emita la Secretaría de Control
Interno del Ejecutivo respecto de dichos asuntos, so-
bre la organización, funcionamiento y supervisión de
los sistemas de control interno, además de las de audi-
toría preventiva, mejora de gestión en las dependen-
cias y entidades de la administración pública federal y
presentación de informes por parte de dichas unidades.
Las unidades de auditoría preventiva formarán parte
del sistema nacional de fiscalización, e incorporarán
en su ejercicio las normas técnicas y códigos de ética,
de conformidad con las mejores prácticas, que consi-
dere el referido sistema.
…
En los meses de mayo y noviembre entregarán infor-
mes tanto al titular de la dependencia o entidad de que
se trate, así como a la Secretaría de Control Interno
del Ejecutivo, sobre hallazgos en la gestión y reco-
mendaciones en relación con las acciones correctivas,
preventivas y oportunidades de mejora respecto de la
calidad y eficiencia de los distintos procesos internos
y ejecución de los programas, así como sobre la efi-
ciencia y eficacia en la administración de los recursos
humanos, materiales y financieros y de los servicios
generales, además de los correspondientes a la situa-
ción de desempeño y el ejercicio del gasto; y en su ca-
so, sobre la relación de los procedimientos abiertos por
causas disciplinarias, de presunta responsabilidad ad-
ministrativa y de sanciones aplicadas por la propia
unidad de auditoría preventiva, así como de las denun-
cias presentadas ante la autoridad competente por ac-
tos de corrupción. Con base en dichos informes, tanto
las dependencias y entidades, así como la Secretaría
de Control Interno del Ejecutivo, formularán las re-
comendaciones pertinentes para mejora de la gestión.
(Se suprime quinto párrafo.)
Artículo 50. Las relaciones entre el Ejecutivo federal
y las entidades paraestatales, para fines de congruen-
cia global de la administración pública paraestatal, con
el sistema nacional de planeación y con los lineamien-
tos generales en materia de gasto, financiamiento y
evaluación, se llevarán a cabo en la forma y términos
que dispongan las leyes, por conducto de los Órganos
Internos de Control, sin perjuicio de las atribuciones

que competan a la dependencia coordinadora del sec-
tor correspondiente.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día si-
guiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Dado en la sede de la Comisión Permanente,
a 11 de mayo de 2016.
Diputado Omar Ortega Álvarez (rúbrica)
DE LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISI-
TRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICULA-
RES VINCULADOS CON FALTAS ADMINISTRATIVAS GRA-
VES, PRESENTADA POR EL DIPUTADO VIRGILIO DANTE
CABALLERO PEDRAZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL MIÉRCOLES 4 DE MAYO DE 2016
Los que suscriben, Norma Rocío Nahle García y Vir-
gilio Dante Caballero Pedraza, en nuestro carácter de
Diputados Federales de la LXIII Legislatura del hono-
rable Congreso de la Unión y en nombre del Grupo
Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dis-
puesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos; por el
artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Go-
bierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de
esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que
crea la Ley General de Responsabilidades Adminisi-
trativas de los Servidores Públicos y Particulares Vin-
culados con Faltas Administrativas Graves, al tenor de
la siguiente
Exposición de Motivos
Evolución del marco constitucional y legal de la
responsabilidad de los servidores públicos en Méxi-
co
El artículo 134 de la Carta Magna señala que los fun-
cionarios de las diferentes instancias de gobierno de-
ben utilizar con responsabilidad los recursos públicos.
El artículo ha sido modificado en cuatro ocasiones
dando como resultado el artículo 134 vigente.
La primera modificación se hizo en 1982 cuando se
lleva a cabo una reforma que dispone que la adminis-
tración de los recursos económicos del gobierno fede-
ral y del Distrito Federal, debe ser eficiente, eficaz y
honrada. Un aspecto de gran relevancia en esta refor-
ma, es que para lograr estas condiciones se establece
la responsabilidad de los Servidores Públicos refor-
mando el artículo 108 de la misma Constitución y se
establece que son servidores públicos “…los funcio-
narios y empleados, y, en general a toda persona que
desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier
naturaleza en la Administración Pública Federal o en
el Distrito Federal, quienes serán responsables Por los
actos u omisiones en que incurran en el desempeño de
sus respectivas funciones”, y no se limita a goberna-
dores, diputados, senadores y al presidente de la Re-
pública, como en la publicación original.
La iniciativa fue presentada en 1982 por el Titular del
Ejecutivo Federal dentro de la estrategia de su gobier-
no que denominó la “Renovación moral de la socie-
dad”. En el marco de esa estrategia y durante el primer
mes de haber iniciado su mandato, en diciembre de
1982, se hicieron diversas modificaciones entre las
cuales se incluyó la primera al artículo 134 Constitu-
cional. Por ello, en la exposición de motivos señala
que en esa renovación, el Estado tiene dentro de los
propósitos asumir tres responsabilidades esenciales:
1. Prevenir la corrupción en sus relaciones con la
sociedad;
2. Identificar, investigar, procesar y sancionar con
legalidad, eficiencia, severidad e imparcialidad la
corrupción, y
3. Utilizar todos los medios a su alcance para que la
Sociedad, en especial la niñez y la juventud, refuer-

cen su formación en los valores nacionales funda-
mentales y en las responsabilidades individuales y
sociales que ellos imponen.
Para tal reforma existía ya la voluntad política inamo-
vible del pueblo de México y del gobierno para erra-
dicar lo que corrompe los fundamentos de su convi-
vencia social. Era imprescindible contar con una
administración eficaz, llenar los vacíos existentes y
construir bases nuevas para que los recursos económi-
cos nacionales fortalecieran el bienestar del pueblo.
Era necesario asimismo, evitar que la arbitrariedad, in-
congruencia, confusión, inmunidad, inequidad e inefi-
ciencia no prevalecieran; no corrompieran los valores
superiores que deben tutelar el servicio público.
Se consideró ya en ese entonces, que la eficacia para
controlar y vigilar el buen manejo del patrimonio del
pueblo depende de la capacidad de los ciudadanos pa-
ra desarrollar normas eficaces de gestión; de nuestra
capacidad para auditar su cumplimiento con seriedad,
imparcialidad, rigor y profundidad; de nuestra capaci-
dad para atender con diligencia las denuncias de vio-
laciones a las leyes, a los derechos de quienes compran
y venden al Estado; de nuestra capacidad para resar-
cirlos; y de nuestra capacidad para prevenir y sancio-
nar su atropello. La iniciativa propone establecer las
bases constitucionales para definir ampliamente las
responsabilidades de los servidores públicos.
Junto con la reforma al artículo 134, la Reforma Cons-
titucional de 19821 planteó la reforma al Título Cuar-
to en materia de responsabilidades de los servidores
públicos y estableció un sistema federal de responsa-
bilidades de los servidores públicos, clasificándose en
penales, políticas, administrativas y civiles, cuya dife-
rencia esencial radica en los distintos bienes jurídicos
que respectivamente tutelan.
Esa reforma constitucional tuvo el mérito de regular
por primera vez la responsabilidad administrativa por
conductas que atentan contra los principios que rigen
el ejercicio de la función pública, además de sustituir
la denominación de funcionarios públicos por servido-
res públicos, estableciendo que son todas aquellas per-
sonas que desempeñan un empleo, cargo o comisión
en los poderes u órganos del Estado. Lo que sin duda
le dio mayor precisión jurídica y conceptual a los su-
jetos obligados a que se refería dicha reforma.
Esta reforma constitucional se vio acompañada inme-
diatamente de modificaciones legales tanto para la ad-
ministración pública federal y como con la creación
dela ley secundaria correspondiente.
Primero, el 29 de diciembre de 1982 en el Diario Ofi-
cial de la Federación, se publicó decreto por el que se
adicionaba a la Ley Orgánica de la Administración Pú-
blica Federal el artículo 32 Bis, con el cual se creó a la
Secretaría de la Contraloría General de la Federación,
quien ejercería su competencia disciplinaria a través
de los órganos de control interno denominados Con-
tralorías Internas.
Segundo. Dos días después de publicada la reforma
constitucional, el 31 de diciembre de 1982 se publicó
en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Federal
de Responsabilidades de los Servidores Públicos,
reglamentaria del Título Cuarto Constitucional, que
reguló el juicio político y la declaración de proceden-
cia y al mismo tiempo significó un avance sustancial
al implementar la responsabilidad administrativa y el
procedimiento administrativo.
El título tercero de esta ley preveía la responsabilidad
administrativa en la que incurren los servidores públi-
cos por incumplir con sus obligaciones para salva-
guardar los principios constitucionales que rigen el
ejercicio de la función pública, que son la legalidad,
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el des-
empeño de sus empleos, cargos o comisiones.
Los actos u omisiones debían ser investigados por las
Contralorías Internas de las dependencias y entidades
federales, por la Dirección General de Responsabilida-
des y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Con-
traloría General de la Federación, y las Contralorías
Internas en los otros poderes federales; si de las inves-
tigaciones se obtenían elementos de responsabilidad,
entonces se instruía el procedimiento disciplinario y se
imponían de ser el caso, las sanciones correspondien-
tes.
Esta ley determinó la naturaleza, el objeto, la finalidad
y el régimen de responsabilidad administrativa, en ra-
zón del interés del Estado de proteger los valores que
presiden el ejercicio de la función pública.
Veinte años después, el 13 de marzo de 2002 se publi-
có en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Fede-

ral de Responsabilidades Administrativas de los Servi-
dores Públicos, reglamentaria del Título Cuarto de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, en materia de los sujetos de responsabilidad ad-
ministrativa, obligaciones, responsabilidades y sancio-
nes administrativas; autoridades competentes y el
procedimiento para aplicarlas y el registro patrimonial
de los servidores públicos.
Con esta norma se especificaba que los sujetos de res-
ponsabilidad administrativa son los servidores públi-
cos federales, como son los representantes de elección
popular, miembros del Poder Judicial, funcionarios,
empleados y toda persona que desempeñe un empleo,
cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Con-
greso de la Unión o en la Administración Pública Fe-
deral, así como en los organismos a los que la Consti-
tución otorga autonomía, y todas aquellas personas
que manejen o apliquen recursos públicos federales.
Esta norma menciona que dentro de la Administración
Pública Federal compete a la Secretaría de la Función
Pública aplicar dicha ley; que la investigación, trami-
tación, sustanciación y resolución de los procedimien-
tos y recursos previstos en la ley, corresponderá a los
contralores internos y los titulares de las áreas de au-
ditoría, de quejas y responsabilidades de los órganos
internos de control en las dependencias y entidades de
la Administración Pública Federal y de la Procuradu-
ría General de la República.
La ley hace tal distinción, en virtud de que correspon-
derá a las Cámaras de Senadores y Diputados; a la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de
la Judicatura Federal; al Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa; a los tribunales de trabajo y
agrarios; al Instituto Federal Electoral; a la Auditoría
Superior de la Federación; a la Comisión Nacional de
Derechos Humanos; al Banco de México y demás ór-
ganos jurisdiccionales e instituciones autónomas que
determinen otras leyes; en el ámbito de su competen-
cia y conforme a la legislación respectiva, establecer
los órganos y sistemas para identificar, investigar y de-
terminar las responsabilidades, así como para imponer
las sanciones.
La expedición de la Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos, creó un
conflicto de competencias con la Ley Federal de Res-
ponsabilidades de los Servidores Públicos de 1982.
Las coincidencias y antinomias se dieron al contar con
dos leyes sobre el mismo tema y que en principio, una
sería suplementaria de la otra, al enfocarse únicamen-
te la segunda ley del año 2000.
Es decir, la Ley Federal de Responsabilidades Admi-
nistrativas de los Servidores Públicos, a establecer
precisamente las responsabilidades administrativas.
Al limitar la responsabilidad de los funcionarios pú-
blicos en el ejercicio del cargo únicamente a los as-
pectos administrativos, así como observar y en su ca-
so, sancionar sólo este tipo de faltas, tuvo como
consecuencia que los ordenamientos y el trabajo de
verificación de las contralorías, órganos internos de
control así como de la Secretaría de la Función Pú-
blica, se enfocarán a los funcionarios operativos y a
quienes realizan las actividades por instrucciones su-
periores, dejando fuera la observancia de las faltas
graves y en consecuencia, aquellas que podrían cons-
tituirse como hechos de corrupción e incluso en deli-
tos.
De facto, al quedar el juicio político señalado en la pri-
mera ley de 1982, la Ley Federal de Responsabilida-
des de los Servidores Públicos, se consideró que ésta
sería la aplicable al ámbito nacional y la segunda sólo
al ámbito federal lo cual creó gran confusión.
Así, la permanencia de estas dos leyes, lejos dar clari-
dad sobre el procedimiento de responsabilidad admi-
nistrativa de los servidores públicos y dotar al país de
un marco normativo para el combate a la corrupción
gubernamental, dejó muchos vacíos legales, con lo
que en lugar de prevenir y ayudar a disminuir las fal-
tas cometidas por los funcionarios públicos tuvo el
efecto contrario, contribuyó al incremento de la co-
rrupción.
La corrupción
Lamentablemente, la corrupción es un fenómeno que
ha formado parte de cualquier sociedad organizada a
través de estructuras jerárquicas y de poder.
Es algo que ha estado presente a lo largo de la historia,
desde los asirios,2 por lo que no puede estimarse como
privativa de las sociedades modernas; tampoco es ex-
clusiva de regímenes políticos determinados puesto
que puede darse tanto en gobiernos democráticos co-

mo dictatoriales; ni es privativa de sociedades que pre-
sentan bajos niveles de desarrollo; Y no es un fenóme-
no meramente político, puesto que se presenta puede
en todos los ámbitos de la actividad humana, como la
empresa privada o los deportes.3
La corrupción encuentra estrecha relación con la eva-
sión que el servidor público hace de su compromiso
con la colectividad y se presenta en las siguientes cir-
cunstancias: “No servir a intereses generales; favore-
cer intereses particulares o indirectos; favorecer los in-
tereses de un tercero y utilizar la legalidad o el fraude
a la ley, o la insuficiencia de la ley para ello, desde un
cargo público”.4
Samuel Huntington menciona que “La corrupción es
una desviación de la conducta de los funcionarios pú-
blicos, que se aparta de las normas establecidas para
ponerse al servicio de intereses privados”.5
Transparencia Internacional, por su parte señala que la
corrupción consiste en “El mal uso del poder enco-
mendado para obtener beneficios privados”, pero tam-
bién incluye el incumplimiento del deber de establecer
cierta distancia en el ejercicio de la función pública,
como la que se da en las relaciones personales o de pa-
rentesco.6
La corrupción requiere de una condición: Un decisor,
alguien con autoridad que tome las decisiones de rea-
lizar los actos que determinan la corrupción a través de
un acto voluntario.7
Esta capacidad decisoria le otorga al individuo una es-
pecial posición dentro de una estructura de la que se
desprenden deberes ‘institucionales’, mismos que son
relegados para realizar acciones de propio o particular
beneficio.8
Así definida puede entenderse que la corrupción es la
conducta de un servidor público con capacidad de de-
cisión respecto del uso del poder derivado de la insti-
tución gubernamental a la que pertenece, que se desvía
de las normas políticas y legales que regulan dicha
función para favorecer intereses particulares propios o
de terceros y que soslaya los intereses públicos cuya
salvaguarda le ha sido encomendada causando con es-
to daños a la sociedad o a los patrimonios guberna-
mental o privados.
Estas definiciones, por su importancia conceptual, han
sido consideradas dentro de esta iniciativa. Sin embar-
go, es necesario señalar que sólo abarcan a uno de los
sujetos involucrados en actos de corrupción, en este
caso al funcionario público, y no toma en considera-
ción a las personas físicas o morales que también par-
ticipan de manera activa en estos actos o son las di-
rectas beneficiarias de ellos.
El daño y las causas de la corrupción
La corrupción es una actividad que causa grave daño a
la sociedad. Los estudios al respecto han concluido
que el impacto negativo de este fenómeno en las eco-
nomías es grave, impidiendo su crecimiento así como
el desenvolvimiento de la democracia.9
La corrupción y el desarrollo de un país, son pautas
que van unidas en proporción. Al respecto, Reyes He-
roles señala: “Si se toma el Índice de Desarrollo Hu-
mano de la Naciones Unidas y se le sobrepone otro de
los niveles de corrupción encontraremos una primera
lectura tan veraz como inútil: los países más desarro-
llados, son a la par los menos corruptos o, a la inver-
sa, los países más corruptos son los menos desarrolla-
dos”.10
Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) señala:
“La corrupción es una plaga insidiosa que tiene un
amplio espectro de consecuencias corrosivas para la
sociedad. Socava la democracia y el estado de dere-
cho, da pie a violaciones de los derechos humanos,
distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de
vida y permite el florecimiento de la delincuencia
organizada, el terrorismo y otras amenazas a la se-
guridad humana. Este fenómeno maligno se da en
todos los países — grandes y pequeños, ricos y po-
bres— pero sus efectos son especialmente devas-
tadores en el mundo en desarrollo. La corrup-
ción afecta infinitamente más a los pobres
porque desvía los fondos destinados al desarro-
llo, socava la capacidad de los gobiernos de ofre-
cer servicios básicos, alimenta la desigualdad y
la injusticia y desalienta la inversión y las ayudas
extranjeras. La corrupción es un factor clave del
bajo rendimiento y un obstáculo muy importan-
te para el alivio de la pobreza y el desarrollo”.11

Es claro entonces que la corrupción impide que haya
mejores condiciones de igualdad entre los ciudadanos.
Aunado al daño que la corrupción causa a la econo-
mía, está también el daño que la corrupción ocasiona a
la democracia y la cultura de la legalidad; los actos de
desvío de poder minan la credibilidad en las institu-
ciones y, por consecuencia, en el sistema legal que de-
be sustentar las relaciones entre las personas y los ór-
ganos estatales y por tanto inhiben la participación
ciudadana en la actividad pública. Sobre el particular
se ha afirmado que “la corrupción no es simplemente
ilegal; va contra las normas continuamente proclama-
das de un gobierno honesto y de una burocracia neu-
tral. Cuando a diario se viola una norma central, el
único resultado posible es la propagación del desen-
canto”.12
En lo que se refiere al daño que la corrupción causa en
el sistema democrático, se dice que “Hay una asom-
brosa correlación entre más democracia y menos co-
rrupción: de los 25 países menos corruptos en el índi-
ce de percepción de corrupción de transparencia
internacional, 23 son democracias desarrolladas”.13
También la corrupción va creando en la sociedad una
deslegitimación de las instituciones y, por consecuen-
cia, corroyendo las instituciones democráticas. De
aquí que, casi siempre, los regímenes autoritarios son
por lo general los más corruptos.14
En suma, se puede concluir que el deterioro que la
corrupción causa en el sistema democrático y la
cultura de legalidad en un país, daña también la
imagen del Estado y sus instituciones, a nivel inter-
no e internacional, así como al servidor público que
se deja corromper como al ciudadano que corrom-
pe.
Respecto a las causas que provocan la corrupción,
pueden mencionarse las siguientes:
a) La ausencia de derechos políticos y de libertades
civiles, en tanto que el fortalecimiento de los siste-
mas políticos a través de elecciones democráticas,
la competencia entre partidos y la libertad en las
áreas de comunicación y expresión son factores que
ayudan a reducir la corrupción, por el contrario, los
bajos niveles de éstos facilitan su proliferación;
b) Los altos índices de la intervención estatal en los
campos de acción de las empresas privadas, así co-
mo la excesiva reglamentación, y
c) La ausencia de un servicio civil de carrera que
garantice la selección, capacitación y permanencia
de los servidores públicos en las instituciones que
trabajan.15
A las anteriores causas, hay que sumar la impunidad
Corrupción e impunidad en México
El Diccionario de la Real Academia Española de la
Lengua define la impunidad como “falta de castigo”.
Aun cuando esta iniciativa versa sobre las faltas admi-
nistrativas graves y hechos de corrupción y no sobre
delitos, consideramos necesario, abordar el problema
de la impunidad, aun cuando este se ve mucho más
evidentemente en el ámbito penal que en el adminis-
trativo.
La impunidad se ha definido como: “la falta de san-
ción o castigo en contra de una persona que ha perpe-
trado un delito, principalmente se origina por una cri-
sis de institucionalidad en la cual se encuentran
sumergidos los diferentes órganos que integran la ad-
ministración de justicia penal”,16 así que “La impuni-
dad significa, sencillamente, que los delitos cometidos
no son sancionados por una u otra causa”.17
Ahora bien, cuando la impunidad es regla general en
una sociedad, el sistema jurídico se vuelve ineficiente
para el control de las conductas ilícitas y por conse-
cuencia se transforma en un desencadenante de la ili-
citud.
El sistema penal mexicano adolece de una impunidad
endémica. De acuerdo a estudios realizados por el Ins-
tituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, en
el año 2010 se denunciaron ante el Ministerio Público
solo el 22% de los delitos, y de éstos, sólo el 5% fue
consignado ante la autoridad judicial. El estudio con-
cluye que el nivel de impunidad abarca el 99.3%, lo
que significa que de cada cien delitos que se cometen
en menos de uno se sanciona al delincuente.18
Según algunas estimaciones, la llamada cifra negra,
compuesta por los delitos efectivamente cometidos

que no llegan al conocimiento de la autoridad, alcanza
el 75% del total de los delitos cometidos en México.
En otras palabras, tres de cuatro delitos no se denun-
cian. Del 25% de delitos que sí son denunciados, sola-
mente se concluye la investigación ministerial en el
4.55%, pero se pone a alguna persona a disposición de
los jueces solamente en el 1.6 % del total de delitos co-
metidos. Es decir, de cada 100 delitos solamente 1.6
llega ante conocimiento de un juez, las condenas judi-
ciales alcanzaron la cifra del 1.06%, lo que significa
que la impunidad alcanza una cifra del 99%.19
En relación con la ineficiencia del sistema penal en
México, se ha resaltado que el nivel de confianza res-
pecto a éste implica un 35.6%, tan solo por encima del
de Ecuador y Perú en Latinoamérica y en considera-
ción a la percepción de corrupción que existe en la co-
munidad es posible que esto contribuya a disminuir
esos niveles de confianza.20
Las investigaciones realizadas sobre como el grave
problema de la impunidad en el sistema penal se refle-
ja en la lucha contra la corrupción, señalan que:
“En materia de responsabilidades penales, los códi-
gos penales contienen ambigüedades en los tipos,
son poco garantistas, lo que favorece la impunidad
de los servidores públicos: hace falta incrementar
las sanciones para que todo los delitos relacionados
con la función pública sean considerados graves, y
esto debe darse en el marco de una reforma que de-
termine la autonomía del ministerio público”.
... en México no existe un sistema nacional de lu-
cha contra la corrupción, no hay vinculación y
coordinación institucional entre los órganos de
investigación de conductas de corrupción y los
que resuelven responsabilidades penales, fisca-
les, administrativas, etcétera. Lo que se agrava
cuando se traslapan los ámbitos locales con los fe-
derales. Esta falta de vinculación es aún más noto-
ria cuando se trata de la corrupción política, en don-
de no siempre existe coordinación entre los órganos
electorales, los de fiscalización y los ministeria-
les...mientras las formas de corrupción se mo-
dernizan, sofistican y globalizan, los órganos de
investigación y de resolución de responsabilida-
des, siguen métodos tradicionales que dejan
grandes zonas de impunidad.21
Transparencia Internacional publica anualmente el Ín-
dice de Percepción de la Corrupción, mismo que se
obtiene de los análisis estadísticos en diversos secto-
res de la sociedad a partir de consultas realizadas,
existe en relación con la corrupción en cada país de-
terminado.
Este índice se mide en una escala del 1 al 10, en el cual
1 implica el mayor índice de corrupción y 10 el menor.
Esto es así tomando en consideración que en el 2008,
el país estaba catalogado con un 3.6 del referido índi-
ce y en el lugar 72 de 180 países examinados.22 En la
encuesta realizada para el 2010, México se encontraba
con una percepción de corrupción del 3.1 y en el lugar
98 de 178, de donde se observa que, contrario a dis-
minuir, el fenómeno de la corrupción ha ido en au-
mento.23
En 2015 México obtuvo 3.5 puntos, con esa puntua-
ción México se coloca hasta la posición número 95,
de los 167 del ranking de corrupción gubernamental.
Estos datos evidencian que la ciudadanía cree firme-
mente que existe mucha corrupción en el sector pú-
blico.
El 27 de noviembre de 2015 se presentó el estudio “Ín-
dice de Competitividad Internacional 2015IMCO:
transamos y no avanzamos”, y en el cual se señala
que los costos económicos de la corrupción oscilan en-
tre 2 y 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB),
lo que refleja que es más grande que el crecimiento
económico de México.24
Los datos nos señalan que el sistema penal y adminis-
trativo en México es claramente ineficiente para com-
batir la corrupción tanto por la impunidad genérica co-
mo por las causas específicas. Más aún parecieran ser
fórmulas estructuralmente diseñadas para encubrir las
responsabilidades administrativas y aquellas que po-
drían llegar a considerarse como penales, de los servi-
dores públicos.
Existen quienes mencionan que la corrupción es parte
de la cultura. Los datos y en análisis demuestran que
no es un asunto meramente cultural. Se trata funda-
mentalmente de un sistema organizado desde arriba,
que permite el desvío de recursos a favor de un interés
particular o de grupo.

20160517 parlamentaria

Recomendados

Recomendados

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (20)

Similar a 20160517 parlamentaria

Similar a 20160517 parlamentaria (16)

Último

Último (16)

20160517 parlamentaria