Este documento describe tres alternativas a la prosecución de un proceso penal: 1) el principio de oportunidad, 2) los acuerdos reparatorios, y 3) la suspensión condicional del proceso. También describe medidas de coerción personal como la privación de libertad preventiva que puede ordenarse por un juez cuando se cumplen ciertos requisitos legales como pruebas de la comisión de un delito y peligro de fuga.