Este documento establece que las entidades estatales tienen la responsabilidad de supervisar el cumplimiento de los contratos que celebran. En casos excepcionales, pueden interpretar los términos del contrato, realizar modificaciones o terminar el contrato de forma unilateral para garantizar la prestación continua de servicios públicos. Los contratistas pueden apelar estas decisiones. El documento también especifica que ciertos tipos de contratos, como los relacionados con monopolios estatales o servicios públicos, incluirán cláusulas que permitan estas acciones ex