1. El documento discute el concepto de persona en derecho privado, incluyendo la evolución histórica del término y las diferentes categorías de personas reconocidas legalmente. 2. Explica que para el derecho, una persona es un ente con capacidad legal, ya sea un ser humano u otra entidad como una corporación. 3. Analiza cuestiones como el inicio de la existencia legal de las personas individuales y los desafíos planteados por los avances científicos en este campo.

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INSTITUCIONES DEL DERECHO PRIVADO I
Cristian Piris
CAPÍTULO 1: Sujetos de Derecho Privado.
Persona: Concepto, Categorías. Persona y sujeto de derechos.
Persona individual. Concepto. Principio de su existencia.
Persona Colectiva: Concepto. Clasificación y enumeración (art. 33 del Código Civil).
Condiciones jurídicas para su existencia.
Atributos. Concepto. Capacidad: Concepto y clasificación. Incapacidad de derecho y de
hecho: fundamentos y efectos. Clasificación de los incapaces. Conceptos. Domicilio.
Nombre. Estado civil. Conceptos y funciones.
Fin de la existencia de las Personas individuales y colectivas: causales y consecuencias
jurídicas.
PERSONA: CONCEPTO, CATEGORÍAS. PERSONA Y SUJETO DE DERECHOS.
A. Concepto de persona. Evolución.
El concepto de persona es sin lugar a dudas uno de los más básicos,
principalmente por que “la persona es la protagonista del mundo jurídico, como
destinataria de normas que imponen conductas o le reconocen derechos. Sólo la persona
puede ser sujeto de actividad jurídica...” (CAPILLA RONCERO, Francisco (Coordinador).
1999. Elementos de Derecho Civil. Tirant lo blanch. Valencia. Pág. 145).
Hoy, a la luz de años de una difícil evolución, podemos afirmar que “el
ordenamiento jurídico democrático no crea personas, sino se limita a reconocer la
personalidad como una realidad externa a él” (CARRASCO PERERA, Ángel. 1996.
Derecho Civil. Tecnos. Madrid. Pág. 58). Quizás por eso el Diccionario de la Real
Academia Española (Vigésima Primera Edición, Tomo II, Madrid 1992), se define a la
persona, como “individuo de la especie humana”.
La diferencia entre crear y reconocer no parece ser muy relevante, no obstante es
sustancial, dado que si el Derecho crea las personas puede negarse a darle esa condición
a algunos seres humanos, como el caso de los judíos durante el nazismo o la esclavitud
de los negros durante siglos. En cambio, si solo debe limitarse a reconocer la
personalidad no puede obviar que todos los seres humanos son personas. Esta
concepción humanista es nueva en la historia. En 6.000 años de evolución de las
civilizaciones humanas, esta idea apareció recién hace 200 años atrás.
Para algunas corrientes de pensamiento todo hombre, entiéndase en sentido
genérico de ser humano, es una persona. Para otras corrientes el concepto jurídico de
persona no se identifica necesariamente con el concepto natural de esta, por lo tanto
pueden existir seres humanos que no sean personas (por ejemplo: los esclavos o los

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muertos civiles, que veremos más adelante) y personas que no sea seres humanos (por
ejemplo: las personas jurídicas).
Veamos un poco como han evolucionado las ideas en este sentido.
En primer lugar analicemos la etimología de la palabra persona. La etimología es
la disciplina que estudiar el origen de las palabras, algunas veces no nos dice mucho
sobre el sentido que en la actualidad se le da a un término pero al menos nos indica el
motivo por el cual se lo creó. La palabra persona tiene una historia muy curiosa,
proviene del latín per sonare, cuyo significado original fue “resonar”. Se designaba así a
una careta con la boca abierta provista de láminas metálicas, que cubría la cara del actor
cuando recitaba una escena en una pieza teatral y le servían para hacer la voz más
vibrante y sonora. Cada personare (máscara) representaba un personaje diferente que
desarrollaba un determinado papel en la obra, como la simbología era tan fuerte pronto
el término pasó del teatro a la vida social y de allí al derecho.
También este término halla sus raíces en la Grecia antigua, donde persona
nacería del griego prósopon (compuesto de pro "delante" y de opos "cara") que significa
"máscara".
En Roma antigua aparece el concepto de persona. Para el derecho romano era
claro que no todo ser humano era una persona, para ser tal en sentido estricto se debían
reunir tres condiciones: ser libre, ser ciudadano romano y ser pater familiae, los
extranjeros no eran personas “completas” como los romanos y los esclavos directamente
eran considerados cosas. Entonces, se identificaban personas, seres humanos que no
eran personas y seres humanos que no se los reconocía como tales.
Con el advenimiento del cristianismo todos los seres humanos empezaron a ser
considerados personas, pero de modo alguno iguales dado que se establecieron distintas
categorías y diferentes capacidades para cada una de ellas, era normal distinguir entre
europeos e indígenas, hombres y mujeres, blancos y negros, nobles y siervos, etcétera.
Recién a partir de la revolución francesa se empezó a reconocer que todos los hombres
nacen iguales en dignidad y derechos, y por lo tanto son portadores de una idéntica
personalidad jurídica y capacidad. Esta idea nacida al amparo de la revolución francesa
recién se vio plasmada a escala mundial con la Declaración Universal de Derechos
Humanos de 1948, una consecuencia de las atrocidades cometidas por el nazismo
durante la segunda guerra mundial.
B. Categorías de personas. Persona y de sujeto de derecho.
El Derecho regula la vida del hombre en sociedad, en razón de lo cual el concepto
de relación jurídica es primordial, porque toda la vida social se reduce a relaciones
interpersonales. La relación jurídica es un vínculo entre sujetos del cual nacen derechos
y obligaciones. La relación jurídica cuenta con dos elementos esenciales, el sujeto y el

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objeto. El sujeto de la relación o sujeto de derecho, es quien ejerce la titularidad de un
derecho, y persona en cambio es todo sujeto susceptible de tener derechos u
obligaciones.
Las relaciones jurídicas solo se establecen entre sujetos, cuando no existe más de
uno debemos aludir a una situación jurídica, es decir, “una determinada manera de estar
las personas en la vida social, regulado por el Derecho” (RIVERA, Julio César. 2004.
Instituciones del Derecho Civil. Parte General. Tomo I. Lexis Nexis. Buenos Aires. Pág.
298). Esto permite pensar la posición de una persona frente a sí misma (incapaz,
comerciante, etc.) y frente a los bienes (derechos reales: propietario, usufructuario, etc.).
La Filosofía del Derecho estudia lo que se denomina la teoría de los conceptos
jurídicos básicos, estos son una serie de conceptos fundamentales que sirven de base
para la construcción de muchos otros. Son conceptos básicos del Derecho términos
como sanción, responsabilidad, obligación, persona, etcétera. A partir de estos conceptos
primarios se elaboran otros más complejos que los incluyen (NINO, Carlos. 1998.
Introducción al Análisis del Derecho. Astrea. Buenos Aires. Págs. 165 y ss.).
Para la construcción de estos conceptos básicos se utilizan normalmente los
criterios vigentes en el lenguaje ordinario, al que luego se le agregan ciertas
especificaciones para reducir su vaguedad y ambigüedad, transformando así un término
vulgar en otro técnico-jurídico.
El concepto técnico-jurídico de un término podemos encontrarlo en algún
artículo de una norma y/o en las reconstrucciones e interpretaciones que realiza la
doctrina sobre el sistema jurídico.
En nuestro Derecho la definición de persona lo podemos encontrar en el Código
Civil, que en el artículo 30 establece que "son personas todos los entes susceptibles de
adquirir derechos, o contraer obligaciones".
De ese concepto legal podemos inferir que una persona es un ente con capacidad,
es decir, que ese artículo sólo nos indica que una persona es "algo" que existe en el
universo y que tiene capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones. En
principio ese "algo" puede ser cualquier objeto o sujeto, por ese motivo resulta necesario
integrarlo con otras normas a los efectos de determinar con precisión qué es una
persona para nuestro Derecho.
El artículo 31 del Código Civil afirma que existen dos tipos de personas, las de
existencia ideal o jurídica y las de existencia visible. El artículo 32 afirma que "todos los
entes susceptible de adquirir derechos, o contraer obligaciones, que no son personas de
existencia visible, son personas de existencia ideal, o personas jurídicas", en
consecuencia nos resta saber qué es una persona de existencia visible para terminar de
delimitar nuestro concepto. Para ello debemos remitirnos al artículo 51 que establece
que "todos los entes que presentan signos característicos de humanidad, sin distinción
de cualidades o accidentes, son personas de existencia visible".

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De la conjunción de los artículos 30, 31, 32 y 51 podemos afirmar que persona es
en primer lugar el "ente" ser humano y en segundo lugar cualquier otro "ente" al la ley le
repute capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones.
A manera de conclusión preliminar podemos afirmar:
1. Existe un concepto biológico o natural de persona que lo identifica totalmente
con el ser humano.
2. Para el Derecho la persona es un ente, en principio todo aquel que evidencie
signos característicos de humanidad, pero no sólo ellos, también se reconoce como
personas a entes colectivos como las fundaciones o las sociedades anónimas, y en un
futuro quizás este concepto pueda ampliarse a otros entes como podría ser también
algún objeto dotado de inteligencia artificial. Pero lo que se encuentra fuera de discusión
es que todo ser humano es persona aunque la inversa no vale.
3. Sujeto de derecho y persona no son exactamente lo mismo. Persona es un ente
susceptible de adquirir derechos y contraer obligación, la palabra susceptible nos indica
que tiene la potencialidad de adquirir derechos y contraer obligaciones, en cambio el
sujeto de derecho es una persona que goza de un determinado derecho, ya no se trata de
una posibilidad sino de un ejercicio efectivo. Toda persona puesta en una relación
jurídica determinada es un sujeto de derecho.
4. Para nuestro Derecho existen dos tipos de personas: los entes individuales, es
decir los seres humanos, denominados personas individuales, físicas o de existencia
visible; y los entes colectivos, denominados personas jurídicas, morales, colectivas o de
existencia ideal.
PERSONA INDIVIDUAL. CONCEPTO. PRINCIPIO DE SU EXISTENCIA.
Ya vimos el concepto de persona individual en nuestro Derecho, nos queda por
estudiar el inicio de su existencia, quienes presentan en este aspecto un régimen
diferente a las personas de existencia ideal como se verá en el capítulo correspondiente.
Determinar con precisión cuándo se produce el comienzo de la existencia de una
persona física es un debate apasionante que incluye a juristas, teólogos, filósofos y
hombres de las más diversas ciencias, esto es así por cuanto constituye un problema
tanto jurídico como religioso, moral, ético, biológico, etcétera.
Veamos cómo han evolucionado los diversos sistemas jurídicos que se han
ocupado de este tema. Para el derecho romano la existencia de una persona física
comenzaba desde su nacimiento, esta noción fue dominante en todo derecho occidental
hasta bien entrado el siglo XIX, no obstante ello en algunas legislaciones como el Código

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Napoleón se le brindaba cierta protección a las personas por nacer, lo cual significaba
una grave incoherencia desde el punto de vista que importaba reconocerle derechos a
un sujeto que aun no era persona.
El Código de Vélez, con una visión avanzada para su tiempo, estableció en su
artículo 70 que comienza la existencia de las personas desde su concepción en el seno
materno. Seguramente Vélez consideró que con esta fórmula abarcaría la más amplia
protección posible de brindar a los seres humanos, pero claramente no pudo prever que
el avance de la ciencia permitiría que la concepción se produjera fuera del seno materno
y que, aun así, ese ser merecería protección jurídica. En este sentido se ha producido una
derogación tácita del artículo 70 del código civil a partir de una norma de rango superior
como es el Pacto de San José de Costa Rica que forma parte de nuestra Constitución
Nacional y establece en su artículo 4º que la existencia de las personas comienza desde
su concepción no importando donde se produjera esta, dentro o fuera del seno materno.
De todos modos, establecer que la existencia de una persona física comienza
desde su concepción no nos deja a salvo de fuertes interrogantes ante casos concretos,
por ejemplo para las ciencias médicas cabe distinguir entre un pre-embrión y un
embrión. Producida la fertilización (unión del óvulo con el espermatozoide) hasta el día
14 estamos ante un pre-embrión, a partir de aquí se forma el surco neural y pasa a ser
un embrión, y recién a partir de este momento estaríamos ante un nuevo ser (RIVERA,
Julio César. 2004. Instituciones de Derecho Civil. Parte General. Lexis Nexis. Buenos Aires.
Tomo I. Págs. 353-354), para otros en cambio el embrión aún no se constituye en un
nuevo ser dotado de individualidad, siendo el feto la instancia de la evolución que ha
completado su desarrollo cerebral, produciéndose esto a las ocho, diez o doce semanas
de la gestación. Según una ley francesa de 1975 la madre puede abortar voluntariamente
al embrión hasta la décima semana de la gestación, en virtud del derecho a disponer del
propio cuerpo, puesto que se considera que el feto forma parte de este hasta ese
momento.
En general, todo lo que implica la "obtención" de un nuevo ser de una manera no
tradicional como la fecundación in vitro, la fecundación asistida, la inseminación
artificial, el alquiler de vientres, los embarazos múltiples, la manipulación de embriones,
etcétera, se encuentran en una zona de penumbra donde el Derecho no puede arrimar
suficiente claridad. Tampoco las ciencias médicas o la biología pueden emitir un
dictamen determinante en esta materia, es por eso que se ha abierto un muy interesante
campo de discusión en una nueva disciplina, la bioética, donde se abordan
interdisciplinariamente cuestiones que tienen que ver con la vida humana, la dignidad
del hombre y las influencias que sobre esto tiene el avance de la ciencia. De las
conclusiones que allí se obtengan el Derecho seguramente se verá fuertemente influido.
A. Condición jurídica de la persona por nacer
Para nuestro Derecho, el ser que ha sido concebido pero que aún no han nacido
se le considera persona por nacer; se trata de una persona pero con las consiguientes

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limitaciones a su capacidad que surgen de su especial situación de dependencia orgánica
de su madre.
El Código de Vélez al legislar en esta materia hizo excesivo hincapié en los
derechos patrimoniales de la persona por nacer, limitándose a establecer que estos
tienen capacidad de derecho para adquirir bienes a título gratuito, por actos entre vivos
o mortis causa (artículo 64). Esto quiere decir que básicamente podrían adquirir bienes
por donación o herencia.
Evidentemente también la persona por nacer puede reclamar alimentos -a través
de sus padres-, ser beneficiario de un contrato de seguro de vida, ser titular de acciones
de daños y perjuicios por ejemplo si éstos fueran cometido contra su madre durante la
gestación, etcétera. Todos ellos derechos patrimoniales que Vélez no tomó en
consideración.
Un capítulo aparte merecen los derechos personalísimos de los que gozan las
personas por nacer, entre ellos los más importantes son el derecho a la vida y a la
integridad física, que tampoco forman parte del catálogo de derechos reconocidos por el
Código Civil pero aún así les asiste. En espacial el derecho a la vida de la persona por
nacer es protegido por el Derecho Penal al penalizar el aborto.
Entonces, desde el punto de vista jurídico la persona por nacer es un incapaz
absoluto de hecho y dependiente de su representación (sus padres, o los representantes
de estos si a su vez estos fueran incapaces). Desde el punto de vista de la capacidad de
derecho, poseen una capacidad relativa limitada principalmente a lo establecido en el
artículo 64 del Código Civil. No tienen capacidad para contraer obligaciones sólo
aquellas que puedan ser accesorias a los derechos que adquieran por donación,
herencia, por ejemplo: el pago de impuestos de aquellos bienes recibidos en tal carácter.
Gozan plenamente de los derechos personalísimos que le pudieran corresponder en su
particular situación biológica.
B. el nacimiento
Para el Derecho el nacimiento es un hecho jurídico (este concepto se tratará
ampliamente en el capítulo referido a los hechos y actos jurídicos). Según el artículo 71
del Código Civil es el momento en que el “nuevo ser es naturalmente expulsado o
quirúrgicamente extraído de la matriz de la madre” (RIVERA, Julio César. 2004.
Instituciones de Derecho Civil. Parte General. Lexis Nexis. Buenos Aires. Tomo I. Pág. 363).
El nacimiento marca la transformación de la persona por nacer en una persona
física completa y esto tiene importantes consecuencias jurídicas. Pero para que, estas
consecuencias operen, el nacimiento debe producirse con vida, es decir, que la persona
pueda vivir al menos unos pocos instantes una vez separado de la madre.

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Si la criatura naciere muerta o muriese antes de estar completamente separada
del seno materno se considerará como si nunca hubiese existido (art. 74 del Código
Civil). Esta es una disposición que merece una doble lectura crítica, por un lado el
nacimiento con vida no puede ser condicionante del reconocimiento de la existencia de
una persona que efectivamente existió. Este es un principio que hoy en día no se
sostiene conforme a las concepciones humanistas vigentes en la materia. Y por otro lado
desde el punto de vista fáctico no resulta claro el requisito de la total separación del
seno materno, porque un recién nacido que se encuentre fuera del seno materno y haya
respirado por si mismo, ya ha nacido con vida aunque no se hubiera cortado el cordón
umbilical que lo une aún a su madre.
Savigny, fue un importante jurista alemán del siglo XIX, quien realizó una obra
monumental interpretando al derecho romano clásico. Este autor difundió la idea que
los no nacidos pero concebidos en el seno materno no son personas sino que formaban
parte de las viseras de la madre y no serían personas hasta tanto no estén
completamente separados de ella. Ésta era una solución lógica en el derecho romano y
en toda la legislaciones que se inspiraron en este, por cuanto consideraba que se iniciaba
la existencia de la persona con el nacimiento, pero no tiene razón de ser en el sistema de
Vélez por cuanto este estableció que se iniciaba la existencia de la persona con su
concepción en el seno materno.
Jurídicamente el nacimiento con vida es una especie de condición resolutoria de
la existencia de la persona (Cf. CIFUENTES, Santos. 2005. Elementos de Derecho Civil.
Parte General. Astrea. Buenos Aires. Pág. 115. También; ALTERINI, Atilio Aníbal. 1989.
Derecho Privado. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires. Tomo I. Pág 107-108), es decir, una
criatura será considerada persona siempre y cuando hubiese nacido con vida, si hubiese
nacido muerta se considerará como que si nunca hubiera existido.
Aun así, se trata de una disposición con profundas implicancias patrimoniales.
Imaginemos el siguiente ejemplo, una mujer sola se encuentra embarazada de seis
meses y un amigo de la familia deja asentado en su testamento que una importante suma
de dinero de su patrimonio deberá ser entregado al niño aún no nacido. Supongamos
ahora que un mes antes del nacimiento el testador muere, si el niño nace con vida se
verá beneficiado con el legado, si el niño nace con vida y muere a los pocos minutos su
madre será la heredera del legado, pero si el niño nace muerto se considerará que nunca
existió y el legado nunca se efectivizará pasando a engrosar la herencia de los herederos
forzosos si los hubiere (este tema se ampliará al estudiar el capítulo de Sucesiones).
C. Registro y prueba del nacimiento
Si el nacimiento con vida es una condición con tan importantes consecuencias
jurídicas, indudablemente la prueba del mismo es una de las más importantes para
nuestro Derecho.

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En la actualidad los avances de la ciencia médica permiten establecer con
absoluta certeza si el niño ha nacido con vida o no. Pero en la época de la sanción del
Código Civil esto no era tan claro; por ese motivo se incluyeron dos artículos referidos a
este tema, el 73 y el 75. Según el primero un niño debía considerase como nacido con
vida cuando las personas que asistieron al parto hubiesen oído la respiración, o la voz
del recién nacido o hubiesen observado algún otro signo de vida; se trataba básicamente
de una prueba por testigos. Según el artículo 75, en caso de duda se presumía que el niño
nació con vida y el que alegara lo contrario debía cargar con las pruebas
correspondientes. Esto último en una postura favorable a convalidar los derechos,
poniendo a cargo de quien pretendiera su nulidad la prueba del hecho que alegaba.
Una vez producido el nacimiento con vida de una persona éste debe inscribirse
en el Registro Nacional del Estado Civil y Capacidad de las Personas dentro de los 40
días de producido el hecho. Este es el periodo normal; de todos modos el plazo de
asentamiento puede extenderse hasta los seis años, en cuyo caso deberá acreditarse
fehacientemente las causas que justifiquen la demora. Pasados los seis años del
nacimiento sin haberse hecho la inscripción se deberá recurrir a un juez para que este
ordene judicialmente la inscripción.
Están obligados a inscribir el nacimiento en primer lugar los padres del recién
nacido y a falta o incapacidad de estos, los parientes más cercanos o quienes estuvieron
a cargo del recién nacido; como ser parteras, encargados de establecimientos médicos,
quien hubiera hallado a un recién nacido no inscripto, capitanes de buques o aeronaves
si el nacimiento se produjera en estas, etc.
Según el art. 36 del Decreto-Ley 8202/63 si la criatura naciera muerta se registra
la novedad en el libro de defunciones, y si naciera con vida y posteriormente hubiese
muerto, se ha asentarán estos hechos en el libro de nacimientos y en el de defunción
respectivamente.
D. Consecuencias del nacimiento con vida
Hemos visto que nuestra legislación establece la condición del nacimiento con
vida de la persona por nacer. En este caso los derechos (patrimoniales) de los que
resultare titular quedan irrevocablemente adquiridos, aún si el niño muriese a los
pocos segundos de nacido. En este sentido se manifiesta el artículo 72 que implica
romper con un requisito muy difundido en la época de Vélez, la viabilidad, esto es la
posibilidad de que el recién nacido tenga aptitud para seguir viviendo. Para algunas
legislaciones el recién nacido inviable, es decir, con enfermedades o defectos congénitos
que le hicieran imposible continuar con la vida se lo consideraba como que nunca existió
por más que hubiera nacido con vida. Veamos un ejemplo de un régimen jurídico
distinto, para el Derecho Español un feto se considerara nacido con vida si tuviera
“figura humana” y viviera 24 horas “enteramente” desprendido del seno materno, en
caso contrario se considera que se trata de un sujeto que no adquirió personalidad (cf.

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CAPILLA RONCERO, Francisco (Coordinador). 1999. Elementos de Derecho Civil. Tirant
lo Bblanch. Valencia. Págs. 154-155)
PERSONA COLECTIVA: CONCEPTO. CLASIFICACIÓN Y ENUMERACIÓN (ART. 33 DEL
CÓDIGO CIVIL). CONDICIONES JURÍDICAS PARA SU EXISTENCIA.
El concepto de que ciertos entes, aparte del ser humano, debieran ser personas,
parece algo extraño. En el primitivo derecho romano no existía personas que no fueran
humanos, recién en la época del Imperio, cuando las ciudades vencidas perdieron su
soberanía, se las facultó para actuar en el derecho privado, de tal modo que se les
reconoció “personalidad”. Tiempo después se actuó de igual manera respecto de algunas
corporaciones, colegios sacerdotales, o de empelados públicos, etc.
Corresponde al Cristianismo buena medida de la ulterior evolución de esa figura,
sobre todo a través de las “fundaciones”, sujetos del Derecho que fluían de un aporte
patrimonial de los fieles, puesto bajo la advocación de un santo patrono.
Pero sin duda el auge de la persona jurídica concuerda con el despliegue del
fenómeno del maquinismo a partir de mediados del siglo XIX. Proyectado a través del
capitalismo hizo necesaria la creación de entes titulares de los bienes de producción que,
sobre todo, alcanzó su expresión máxima en la figura de la sociedad anónima.
Expresa el Código Civil en su Artículo 33: “Las personas jurídicas pueden ser de
carácter público o privado.
Tienen carácter público:
1º) El Estado Nacional, las Provincias y los Municipios.
2º) Las entidades autárquicas.
3º) La Iglesia Católica.
Tienen carácter privado:
1º) Las asociaciones y las fundaciones que tengan por principal objeto el bien
común, posean patrimonio propio, sean capaces por sus estatutos de adquirir bienes, no
subsistan exclusivamente de asignaciones del Estado, y obtengan autorización para
funcionar.
2º) Las sociedades civiles y comerciales o entidades que conforme a la ley tengan
capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, aunque no requieran
autorización expresa del Estado para funcionar. (Según Ley 17.711)
A. Condiciones jurídicas para la existencia de las personas jurídicas.
Existen una serie de requisitos de fondo y otros de forma. Entre los requisitos de
fondo:

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a) Que tengan por principal objeto el bien común. Es una aplicación del concepto
genérico de licitud que surge del artículo 953 del Código Civil con respecto al objeto del
acto jurídico.
b) Que posean patrimonio propio ya que los bienes de ella no pertenecen a sus
miembros, quienes en principio, no responden por las deudas de la persona ideal.
c) Que sean capaces por sus estatutos de adquirir bienes. En correlación con el
punto anterior (que posean patrimonio propio y que posean capacidad, es evidente que
si no obtuvieran tales cualidades se trataría de una persona de carácter público.
d) Que no subsistan exclusivamente de asignaciones del estado. Si bien es cierto
que el estado puede efectuar determinados subsidios, que contribuyan a su subsistencia,
dichos subsidios no pueden significar la totalidad de sus ingresos.
e) Que tengan un dispositivo de gobierno. No aparece enunciado por el artículo
33, pero se lo deduce de la necesidad de que la persona jurídica tenga representantes
para su actuación.
En lo que respecta a los requisitos de forma podemos encontrar los siguientes:
a) Acto constitutivo. Por él se expresa la voluntad de crear la persona jurídica, ya
sea que emane de la voluntad de quienes desean asociarse o de la única voluntad del
fundador.
b) En su caso, autorización estatal. El artículo 45 del Código civil dispone que:
“Comienza la existencia de las corporaciones, asociaciones, establecimientos, etc., con el
carácter de personas jurídicas, desde el día en que fuesen autorizadas por la ley o por el
gobierno, con aprobación de sus estatutos, y confirmación de los prelados en la parte
religiosa.
Las decisiones administrativas en esta materia podrán ser revocadas
judicialmente por vía sumaria, en caso de ilegitimidad o arbitrariedad.
En el supuesto de fundaciones cuyos estatutos no prevean el procedimiento para su
reforma, podrá el Poder Ejecutivo disponer su modificación para hacer posible el
cumplimiento del fin de la entidad. En este caso los órganos de gobierno de la fundación
podrán interponer los recursos mencionados en el párrafo anterior.” (Párrafos agregados
por Ley 17.711)
ATRIBUTOS. CONCEPTO. CAPACIDAD: CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN. INCAPACIDAD
DE DERECHO Y DE HECHO: FUNDAMENTOS Y EFECTOS. CLASIFICACIÓN DE LOS
INCAPACES. CONCEPTOS. DOMICILIO. NOMBRE. ESTADO CIVIL. CONCEPTOS Y
FUNCIONES.
A. Atributos. Concepto
Los atributos de una persona son una “serie de cualidades o circunstancias que
hacen a la esencia de su personalidad y que la determinan en su individualidad”
(RIVERA, Julio César. 2004. Instituciones del Derecho Civil. Parte General. Tomo I. Lexis
Nexis. Buenos Aires. Pág. 391), también pueden definirse como “cualidades o
propiedades del ser jurídico, por medio de las cuales el sujeto-persona puede

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individualizarse y formar parte de la relación de derecho” (CIFUENTES, Santos. 2005.
Elementos de Derecho Civil. Parte General. Astrea. Buenos Aires. Pág. 120). Ambos
conceptos son coincidentes en el hecho que se tratan de ciertas cualidades inherentes a
la persona, que son inseparables de ella y la definen en su individualidad.
Los atributos corresponde, básicamente a las personas humanas, no obstante las
jurídicas participan de algunas de ellas con las limitaciones del caso. La principal
diferencia viene dada por el hecho que los atributos de las personas físicas son
emanaciones de su humanidad, en cambio en las personas jurídicas solo son
mecanismos para facilitar el cumplimiento de su objeto social y el desarrollo de sus
actividades.
Por ello, como regla general, a las personas naturales les son permitidos todos los
actos y derechos que no estén prohibidos (art. 53 Código Civil), y a las personas jurídicas
les son permitidos todos los actos y derechos que establecen las leyes y sus estatutos.
CARACTERES
Si bien los autores brindan varias caracterizaciones de los atributos, lo más
difundidos son los siguientes:
a) NECESARIOS: dado que toda persona los tiene y resulta imposible concebir que
carezca de ellos.
b) INALIENABLES: como consecuencia de ello no se pueden enajenar, trasmitir, y no
pueden ser objeto de relación jurídica porque no están en el comercio.
c) UNICOS: no se admite la pluralidad de un mismo atributo en una misma persona
(tener la misma persona dos nombres y apellido distintos, dos estados civiles
simultáneos, como ser soltero y casado a la vez)
d) IMPRESCRIPTIBLES: no se adquieren ni extinguen por el transcurso del tiempo o el
ejercicio de los mismos.
ENUMERACIÓN
Existen algunas discrepancias a la hora de enumerar los atributos. En general
todos los autores son coincidentes en reconocer como tales a la capacidad, estado civil,
nombre y domicilio, no obstante para otros autores también lo serían los derechos
personalísimos (RIVERA, Julio César. 2004. Instituciones del Derecho Civil. Parte General.
Tomo I. Lexis Nexis. Buenos Aires. Pág. 391) mientras que algunos lo niegan sosteniendo
que se tratan de categorías diferentes (CIFUENTES, Santos. 2005. Elementos de Derecho
Civil. Parte General. Astrea. Buenos Aires. Págs. 120 y 121). Este tipo de disputas no son
algo nuevo, algo similar ocurrió con el patrimonio, al cual la escuela clásica concibió
como atributo para luego ser desestimado, al punto que actualmente no lo trata como tal
ningún autor moderno.

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B. Capacidad: Concepto y clasificación. Incapacidad de derecho y de hecho:
fundamentos y efectos. Clasificación de los incapaces.
La capacidad puede definirse como la aptitud para adquirir derechos y,
correlativamente, contraer obligaciones. Se puede apreciar la cercanía que existe entre
este concepto y el de persona, al punto que puede afirmarse que se define persona a
través del atributo capacidad, lo cual nos da una muestra de su importancia.
Hay dos tipos de capacidades jurídicas, la de derecho y la de hecho. La capacidad
de derecho supone la aptitud de ser titular de derechos y obligaciones, y la capacidad de
hecho implica la aptitud de ejercer por sí mismo los derechos y deberes de los cuales se
tiene la titularidad. Existe una relación lógica entre ambos conceptos, dado que solo se
puede gozar de aquellos derechos de los cuales se es titular, aunque no siempre una
persona podrá ejercer por sí mismo de todos sus derechos.
La cara opuesta de la capacidad es la incapacidad, en consecuencia también hay
dos tipos de ellas. La incapacidad de derecho implica la imposibilidad de ser titular de
derechos, por lo cual siempre es relativa, y es por ello que se traduce en prohibiciones
puntuales. Por ejemplo se prohíbe que los padres compren los bienes de los hijos bajo
patria potestad (art. 1361 Código Civil). En cambio la incapacidad de hecho solo supone
que el titular de un derecho u obligación no puede ejercerlo por si mismo pudiendo
hacerlo por intermedio de sus representantes legales (art. 56 Código Civil). Por ejemplo
un menor puede comprar bienes a través de su padre o tutor.
La incapacidad de derecho tiene finalidad a proteger el orden público, la moral y
la buena fe, por ello imposibilitan a de manera parcial a una persona de ser titular de
derechos en referencia a determinadas personas (por ejemplo, padres con relación a
hijos) y en determinadas circunstancias (por ejemplo, mientras dure la patria potestad).
Esta incapacidad está concebida en contra del incapaz por lo tanto en caso de violación a
la norma, la consecuencia es una nulidad absoluta e insalvable.
La incapacidad de hecho tiene por finalidad proteger al titular del derecho, que
por su situación de debilidad (falta de madurez, enfermedad mental, etc.) puede ser
objeto de abusos, por ello el Derecho le asigna un representante legal y necesario para
protegerlo. Esta incapacidad está prevista en beneficio del incapaz, en razón de lo cual
en el supuesto de violación de la norma su consecuencia es una nulidad relativa que
puede ser salvada en caso que se beneficie al incapaz.
La incapacidad de hecho puede ser absoluta o relativa. Los absolutos no pueden
realizar ningún acto valido por sí mismos (art. 54), en cambio los relativos tienen
capacidad para los actos que las leyes les autoricen otorgar (art. 55). Son incapaces
absolutos de hecho las personas por nacer, los menores impúberes (hasta los 14 años),
los dementes declarados tales en juicio, los sordomudos que no pueden darse a
entender, y los penados a penas de prisión de más de 3 años. Son incapaces relativos los
menores adultos (de 14 a 18 años).

13. 13
Los representantes de los incapaces son los siguientes, de las personas por nacer
y los menores sus padres o en su defecto se le asignan tutores, a los restantes incapaces
se les designan curadores. En todos los casos los incapaces cuentan con la
representación complementaria del ministerio pupilar, a esa representación se la llama
promiscua porque abarca a todos los incapaces (art. 59 Código Civil). El ministerio de
menores o pupila es parte en todo asunto judicial o extrajudicial en que los incapaces
demanden o sean demandados, o que se trata sobre la persona o bienes de ellos.
Recapitulando podemos graficar lo visto en los siguientes cuadros:
INCAPACIDAD Derecho Hecho
Absoluta Personas por nacer.
Menores impúberes.
Dementes declarados tales en
juicio.
Sordomudos que no pueden
darse a entender.
Condenados a penas de más de
3 años de prisión o reclusión.
Relativa Prohibiciones puntuales
que pesan sobre
determinadas personas en
determinadas
circunstancias
Menores adultos
Fundamentos Categorías
Forma de
suplir la
incapacidad
Consecuencia
De la
violación
INCAPACES
de derecho
Salvaguarda
de ciertos
principios
supremos:
orden público,
buena fe,
moral, buenas
costumbres
Siempre parcial y
relativa a ciertas
personas en
determinados actos
No puede ser
suplida en
ningún caso
NULIDAD
Absoluta
INCAPACES
de
hecho
Protección de
la persona
incapaz
- Absolutas
(todos los actos)
- Relativas
(algunos actos)
Es suplida por
medio de
representantes
legales
NULIDAD
Relativa

14. 14
Incapaz Representante
Legal
En su
Defecto
Representante
Promiscuo
Persona por nacer Padres Tutor Ministerio pupilar
Menor Padres Tutor Ministerio pupilar
Demente Curador Ministerio pupilar
Sordomudo Curador Ministerio pupilar
Clasificación de los incapaces. Conceptos.
PERSONAS POR NACER
Ya fue tratado en extenso en el titulo de inicio de la existencia de las personas
física, al cual remitimos.
MENORES DE EDAD
Son todas aquellas personas que no hubieren cumplido la edad de 18 años.
La edad de 18 años es una pauta objetiva para valorar el grado de madurez
intelectual y el desarrollo físico. No se trata de un criterio rígido sino más bien
valorativo, téngase presente que hasta el año 1968 el límite de la minoridad eran los 22
años, reducido a los 21 por la ley 17.711 y rebajado nuevamente en 2009 a los 18.
Nuestro derecho distingue dos tipos de menores, los impúberes y los adultos. Los
primeros se extienden desde el nacimiento hasta los 14 años, y los otros de esa edad
hasta los 18. La razón de esta distinción se sustenta en la amplitud de la incapacidad,
que en los impúberes es absoluta y en los menores adultos es relativa. No obstante se
trata de una distinción poco relevante dado que los menores de 14 pueden realizar
válidamente algunos actos jurídicos por sí mismos, como pequeños contratos de la vida
cotidiana y los adultos solo están habilitados a realizar los actos que le autoriza la ley, en
razón de lo cual la regla que lo rige es la incapacidad.

15. 15
DEMENTES
Desde el punto de vista legal, el demente es una persona declarada incapaz en
juicio, por haberse demostrado que padece de una enfermedad mental que le
imposibilita dirigir persona o administrar su patrimonio.
El término demente es equívoco, dado que desde el punto de vista médico remite
a un solo tipo de enfermedad mental. Por ello los proyectos de reforma de Código Civil
utilizan el termino insano por ser más abarcativo y correcto.
En términos generales para poder declarar la incapacidad por demencia se
requiere:
 Desde el punto de vista formal (art. 140 Código Civil):
o Sentencia judicial.
 Desde el punto de vista material (art. 141 Código Civil):
o Existencia de enfermedad mental (cualquiera sea, no solo
demencia)
o Que la enfermedad mental sea de tal grado que impida a quien lo
padece dirigir su persona o administrar sus bienes.
Vale precisar que el juicio de insania no puede iniciarse de oficio, sino a instancia
de parte interesada como ser conyugue o parientes, o bien cualquier persona si el
demente fuese furioso, es decir, que fuera peligroso o incomodase a los vecinos. No
puede iniciarse este juicio a un menor de 14 años dado que no tiene relevancia jurídica
declarar una incapacidad absoluta sobre un incapaz absoluto.
La demencia no se presume, por el contrario la ley presume que todos están en
sano juicio mientras no se pruebe lo contrario (art. 3616 Código Civil).
Cesa la incapacidad por demencia, por el restablecimiento del demente, es decir
su curación. Para ello se requerirá nuevamente la intervención judicial y una declaración
de rehabilitación (art. 150 Código Civil)
SORDOMUDOS
Los sordomudos son aquellas personas que por carecer de audición no han
podido desarrollar la aptitud de hablar. Son incapaces en la medida que no puedan darse
a entender, si bien el art. 153 del Código Civil alude a los que no pueden darse a
entender por escrito, la doctrina considera que debe ampliarse el concepto en la
inteligencia que la incapacidad radica en la imposibilidad de exteriorizar la voluntad en
general y no solo de escribir.
La razón de esta incapacidad está dada por el hecho que un sordomudo que no ha
podido establecer un mecanismo de comunicación, sufre de insuficiencia en su
crecimiento intelectual por falta de estímulos externos lo cual afecta directamente su

16. 16
discernimiento, además de la obvia dificultad de conocer su voluntad atento que no ha
desarrollado medios para exteriorizarla.
El régimen legal es similar al demente en lo que se refiere a al juicio de insania y
los efectos jurídicos de la declaración de incapacidad.
PENADOS
Según el art. 12 Código Penal, los condenados a penas de más de 3 años de prisión
o reclusión son privados de la patria potestad, la administración de sus bienes y la
disposición de ellos por actos entre vivos, quedando asimilados al régimen de la
incapacidad.
INHABILITADOS
En este caso no estamos frente a casos de incapaces, sino de sujetos que sin llegar a
ser insanos presentan ciertas anomalías que los inhabilita parcialmente para los actos de
la vida civil porque pueden causarse perjuicios a sí mismos (en su persona o
patrimonio).
También en estos casos se busca la protección de la persona, o de la familia en el caso
del pródigo. También se requiere una declaración judicial, pero la diferencia radica en
que la intensidad de la protección es menor que en la incapacidad, por ello el curador no
sustituye al inhabilitado sino que solo lo asiste.
Según el art. 152 bis del Código Civil, se pueden inhabilitar a la siguientes categorías
de personas:
 Ebrios consuetudinarios: son aquellas personas que por embriaguez
habitual estén expuestos a realizar actos jurídicos perjudiciales a su
persona o patrimonio.
 Toxicómanos: se refiere a los drogadictos (pueden tratarse del uso ser
drogas ilegales o el abuso de drogas permitidas) que, al igual que los
ebrios consuetudinarios, estén expuestos a realizar actos jurídicos
perjudiciales a su persona o patrimonio.
 Semialienados: son los disminuidos en sus facultades mentales, que sin
llegar al supuesto de la demencia tampoco puedan ser tratados como
plenamente capaces (por ejemplo, ancianos seniles)
 Pródigos: son sujetos que dilapida su fortuna en gastos sin sentido. En
principio no constituye más que un desorden de la conducta que siendo
realizada por una persona capaz queda fuera del alcance del Derecho, pero
en el supuesto caso que contara con familia se justifica la inhabilitación en
protección de ésta. El Código Civil requiere que para inhabilitar se haya
dilapidado una parte importante de la fortuna, existe habitualidad en los

17. 17
gastos injustificados o ruinosos, y que el pródigo tenga cónyuge,
ascendientes o descendientes.
B. Domicilio
Según Borda es el “lugar que la ley fija como asiento o sede de la persona para la
producción de determinados efectos jurídicos”, o de modo más sintético como expresa
Cifuentes es “el asiento jurídico de las personas” (CIFUENTES, Santos. 2005. Elementos
de Derecho Civil. Parte General. Astrea. Buenos Aires. Pág. 147).
Hay que distinguir entre el domicilio, que es un concepto jurídico, atributo de la
personalidad, de la con residencia que es una definición vulgar –no jurídica- y hace
alusión al lugar donde la persona está viviendo en forma estable, y la habitación que es
el lugar donde la persona está en forma pasajera.
El domicilio sirve para regir la capacidad de hecho de las personas, el Derecho
aplicable a las cosas muebles/inmuebles, establecer el lugar cumplimiento obligaciones
(art. 747 Código Civil) y determinar el juez competente
Hay varios tipos de domicilio, en principio pueden ser general o especial. El primero
alude a una sede donde se producen efectos jurídicos indeterminados, a diferencia de los
especiales donde se producen solo algunos efectos jurídicos:
GENERAL
Real: según el art. 89 del Código Civil “el domicilio real de las personas, es el lugar
donde tienen establecido el asiento principal de su residencia y de sus negocios”, y
según el art. 93 “en el caso de habitación alternativa en diferentes lugares, el
domicilio es el lugar donde se tenga la familia, o el principal establecimiento.”
Legal: según el art. 90 del Código Civil “es el lugar donde la ley presume, sin
admitir prueba en contra, que una persona reside de una manera permanente
para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones, aunque de
hecho no esté allí presente”.
Algunos casos de domicilio legal determinados por el art. 90:
 Los funcionarios públicos, eclesiásticos o seculares, tienen su domicilio en
el lugar en que deben llenar sus funciones, no siendo éstas temporarias,
periódicas, o de simple comisión.
 Los militares en servicio activo tienen su domicilio en el lugar en que se
hallen prestando aquél, si no manifestasen intención en contrario, por
algún establecimiento permanente, o asiento principal de sus negocios en
otro lugar.
 Los incapaces tienen el domicilio de sus representantes.
 El domicilio que tenía el difunto determina el lugar en que se abre su
sucesión.
ESPECIAL

18. 18
Contractual o convencional: es el domicilio consignado en los contratos
para todos los efectos jurídicos derivados del mismo (art. 101 del Código
Civil)
Procesal o ad litem: es el domicilio denunciado por los litigantes en el
marco de un juicio, tiene que establecerse en el radio de la jurisdicción del
tribunal y tiene efecto para las notificaciones.
C. Nombre.
Según Alterini es el “modo de designar una persona” y según Rivera el “medio de
identificación de una persona en la sociedad” (RIVERA, Julio César. 2004. Instituciones de
Derecho Civil. Parte General. Lexis Nexis. Buenos Aires. Tomo I. Pág. 593).
En el mundo antiguo cuando solo existían comunidades poco numerosas y estas
estaban poco comunicadas entre sí se estilaba tener un nombre individual. Al ir
aumentando el número de integrantes de estas comunidades se empezó a acompañar al
nombre individual de alguna característica particular distintiva, como alguna reseña de
su personalidad o su profesión (P. Ej. Alejandro Magno, Diógenes “el cínico”, los
apellidos Calvo, Zapatero, Herrero), su filiación (P. Ej. Aquiles hijo de Peleo), o su lugar
de origen (P .Ej. Tales de Mileto).
En Roma el nombre tenía tres elementos y podía contener hasta un cuarto, el
nombre individual (Praenomen), el nombre familiar (Nomen), el nombre de la rama
familiar a la que pertenecía (Cognomen) y eventualmente un sobrenombre honorífico
(Agnomen). Ese era el caso del vencedor de Aníbal en las llanuras de Zama, el general
romano “Publio Cornelio Scipión Africano”.
En España como en toda la península Ibérica, se siguió el mismo criterio que en el
mundo antiguo, pero a la práctica de designar a una persona con referencia a su filiación
se acostumbró a agregar los prefijos “ez” a los nombres de pila que significan
precisamente “hijo de” y luego pasaron a ser considerados apellidos Pérez (hijo de
Pedro), González (Hijo de Gonzalo), Ramírez (hijo de Ramiro), etc.
En nuestro país se continúo con las practicas hispánicas al punto que el código de
Vélez no lo reguló en su articulado. Hasta el año 1943 esta materia se rigió por las
ordenanzas del Registro Civil, la costumbre y la Jurisprudencia. En el año 1943 se dictó
un decreto del PEN que reglamentó esta cuestión hasta llegar a nuestra actual ley del
nombre (Ley 18.248) que data de 1969.
En la actualidad el nombre está constituido por dos elementos:
 En nombre de pila: llamado así por la pila bautismal, sitio donde se bautizaba a
los recién nacidos y se les daba un nombre individual.
 El apellido: también llamado nombre de familia o patronímico que indica la
familia (generalmente paterna) al que pertenece el individuo. Es la designación
común de todos los miembros de una familia.

19. 19
EL RÉGIMEN DEL NOMBRE EN NUESTRA LEGISLACIÓN
EL NOMBRE DE PILA
En nuestro derecho el nombre de pila se adquiere por la inscripción en el acta de
nacimiento. Su elección corresponde a quienes ejercen la Patria Potestad del menor.
En caso de hijos matrimoniales la elección es conjunta entre padre y madre.
En caso de hijos extramatrimoniales reconocidos por ambos padres lo ejerce
ambos en idéntica situación que el caso anterior.
Si fuera extramatrimonial reconocido por un solo progenitor, es este a quien le
corresponde la elección.
En el supuesto de ausencia o impedimento de los padres, a quien estos hubieran
dado la correspondiente autorización. En su defecto a los guardadores, el Ministerio
Público de Menores o los funcionarios del Registro Civil.
En principio se pueden la elección es amplia pero respetando las limitaciones del
art. 3 de la ley 18.248. Estas limitaciones son:
1. Nombres extravagantes, ridículos, contrarios a nuestras costumbres, que
expresen o signifiquen tendencias políticas o ideológicas (P.Ej: Peronista), o que
susciten equívocos respecto del sexo de la persona a quien se impone.
2. Los nombres extranjeros, salvo los castellanizados por el uso o cuando se
tratare de los nombres de los padres del inscripto, si fuesen de fácil
pronunciación y no tuvieran traducción en el idioma nacional.
3. Los apellidos como nombre (P.ej: González).
4. Primeros nombres idénticos a los de hermanos vivos.
5. Más de tres nombres.
Con relación a los nombres aborígenes o derivados de voces aborígenes
autóctonas y latinoamericanas, estos estaban originariamente prohibidos pero
actualmente se los pueden inscribir siempre que no sean más de tres.
APELLIDO
Aquí es necesario distinguir distintos casos:
1. Hijos matrimoniales:
Llevarán el primer apellido del padre (simple o compuesto). A pedido de
los padres podrá agregarse el de la madre, eventualmente el menor desde
los 18 años puede requerir la adición del apellido materno.
2. Hijos extramatrimoniales:
Si fuere reconocido solo por un progenitor, llevará el apellido de este.
Si fuere reconocido por ambos padres simultáneamente se regirá por las
normas que regulan al apellido de los hijos matrimoniales.

20. 20
Si fuere reconocido por ambos padres sucesivamente, pero primero por el
padre, llevará su apellido.
Si fuere reconocido por ambos padres sucesivamente, pero primero por la
madre, llevará el apellido del padre salvo que fuese reconocido
públicamente por el apellido materno y cuente con autorización judicial
para ello.
Si el hijo no fuere reconocido por ninguno de sus progenitores el oficial del
Registro Civil lo anotará con un apellido común, salvo que anteriormente
hubiese usado un apellido determinado.
3. Hijos adoptivos:
Si la adopción fuese plena, el adoptado llevará el primer apellido del
adoptante. Si los adoptantes fuesen un matrimonio se rige por las normas
de los hijos matrimoniales. En ningún caso podrá usar su apellido de
sangre.
Si la adopción fuese simple, se aplican las mismas normas que en el caso
anterior pero con la salvedad que el adoptado podrá requerir, a partir de
los 18 años, que se le adicione su apellido de sangre.
4. Mujer casada:
Es optativo para la mujer casada añadir a su apellido el de su marido
precedido de la preposición “de”.
5. Mujer separada:
Una vez decretada la separación personal será optativo para la mujer
continuar usando su apellido de casada si lo hubiese estando utilizando.
En casos graves el marido puede requerir al juez que se le prohíba usar su
apellido.
6. Mujer divorciada:
Una vez decretado el divorcio vincular la mujer deberá dejar de usar su
apellido de casada, salvo que fuese públicamente conocida por el mismo.
7. Mujer viuda:
Puede seguir utilizando su apellido de casada, o requerir ante el Registro
Civil su supresión. Si contrajese nuevas nupcias pierde al apellido del
cónyuge anterior.
MODIFICACIÓN DEL NOMBRE
Una vez inscriptos los nombres en las partidas correspondientes, estos no pueden
ser modificados, excepto por resolución judicial fundada en motivos atendibles.
SEUDÓNIMO
Etimológicamente significa “falso nombre”. Según el art. 23 “Cuando el
seudónimo hubiere adquirido notoriedad, goza de la tutela del nombre”.

21. 21
La ley de Propiedad Intelectual establece que los autores que empleen
seudónimos podrán registrarlos adquiriendo la propiedad del mismo.
El seudónimo no deber ser confundido con el sobrenombre, que es una
denominación común que suele darse a una persona en el trato familiar o coloquial. En
cambio el seudónimo es
D. Estado civil
Es la posición que corresponde al individuo en la sociedad.
El estado se puede definir a través de varias referencias, a saber:
 Respecto de la persona misma: sexo, edad, sano o insano, etc.
 Respecto a la sociedad: nacionalidad (argentino o extranjero), profesión
(comerciante, magistrado, etc.), etc.
 Respecto de la familia: casado, soltero, viudo, pariente, etc.
FIN DE LA EXISTENCIA DE LAS PERSONAS INDIVIDUALES Y COLECTIVAS: CAUSALES
Y CONSECUENCIAS JURÍDICAS.
A. Fin de la existencia de las personas físicas
Conforme el artículo 103 del Código Civil la existencia de las personas físicas
termina con la muerte natural de ellas.
Evidentemente lo primero que llama la atención de la fórmula que emplea este
artículo es la referencia a la muerte natural, pareciera prima facie, que una muerte
violenta o producida de modo no natural no importaría el fin de la existencia de una
persona física para nuestro Derecho, pero esto no es así. La fórmula muerte natural
utilizada por Vélez no debe interpretarse por oposición a muerte violenta o provocada,
si no a muerte civil.
La muerte civil era una sanción accesoria que se imponía a aquellas personas que
cometían delitos infamantes, en esos casos se lo declaraban jurídicamente muerto
aunque biológicamente continuaban viviendo, se abría la sucesión de sus bienes, se
declaraba viudo/a a su cónyuge, huérfanos a sus hijos, se le impedía a adquirir nuevos
bienes, etc. También se aplicó esta institución a los religiosos profesos, no como sanción
sino como una consecuencia luego de haber realizado votos solemnes de pobreza,
obediencia y castidad. Es decir una forma de asegurar jurídicamente la sujeción a esos
votos religiosos.

22. 22
La muerte natural debe entenderse como muerte real, sin atender a las causas
que hayan provocado la misma que puede ser por enfermedades, accidente, homicidio o
suicidio.
Hechas estas aclaraciones podemos entrar de lleno al análisis del concepto de
muerte natural.
El Código no dice nada al respecto, en el sentido de establecer una disposición de
alcance general que nos defina la muerte. A diferencia de los que ocurre con el
nacimiento tampoco establece las circunstancias que deben concurrir a los efectos de
establecer cuando debe considerarse que una persona ha muerto, en cambio en
determinadas leyes especiales, como la de trasplantes de órganos, podemos encontrar
conceptos de muerte que resultan válidos para su campo de aplicación. Esto puede
fundarse en el simple hecho que en la época de Vélez la definición de muerte y
determinación del momento en que esta se producía no era una cuestión controvertida,
pero esto ha variado sensiblemente hoy en día, dado que los avances de la ciencia
permiten prolongar la vida artificialmente durantes periodos que pueden ser bastante
extensos.
En general se acepta la definición que considera que la muerte implica el cese
irreversible y definitivo de funciones vitales, principalmente de los sistemas circulatorio
(corazón), respiratorio (pulmón) y nervioso (cerebro) (RIVERA, Julio César. 2004.
Instituciones de Derecho Civil. Parte General. Lexis Nexis. Buenos Aires. Tomo II. Pág.
144).
De todos modos queda bajo un cono de sombras si podemos considerar muerta a
una persona en la que haya cesado una de estas funciones permaneciendo el resto en
cierta actividad aunque sea asistida mecánicamente. En principio podemos afirmar que
aun no ha muerto, aunque a los efectos de los trasplantes de órganos se considera que ya
ha acaecido la muerte cuando se produzca el total cese de sus funciones encefálicas, vale
decir la muerte cerebral. Esto se prueba al no verificarse ninguna actividad al realizar un
electroencefalograma.
LA SIMPLE AUSENCIA Y LA AUSENCIA CON PRESUNCIÓN DE FALLECIMIENTO
La ley 14.394 establecen un régimen para ser aplicado a los casos de ausencia o
desaparición de personas por lo largo tiempo, sin tener ninguna noticia de ellas, como
una forma de poner fin al estado de incertidumbre que puede pesar respecto de su
patrimonio y de su situación familiar.
Esta ley establece dos regimenes diferentes, el de la simple ausencia y la ausencia
con presunción de fallecimiento.
LA DECLARACIÓN DE AUSENCIA

23. 23
La simple ausencia la prevé el artículo 15 de la menciona ley y opera “cuando una
persona hubiere desaparecido del lugar de su domicilio o residencia, sin que de ella se
tengan noticias y sin haber dejado apoderado, podrá el juez, a instancia de parte
interesada, designar un curador a sus bienes, siempre que el cuidado de éstos lo
exigiere. La misma regla se observará si, existiendo apoderado, sus poderes fueren
insuficientes, no desempeñare convenientemente el mandato, o éste hubiese caducado.”
Para declararse la simple ausencia de una persona se requiere:
- Que la persona hubiere desaparecido del lugar de su domicilio o
residencia, sin que de ella se tengan noticias (art. 15).
- Que no haya dejado apoderado, o hubiera dejado apoderado con poderes
insuficientes, o el apoderado no desempeñe convenientemente su mandato o su poder
hubiese caducado (art. 15).
- Una o varias personas interesadas, con interés legitimo con respecto a los
bienes del ausente (estos pueden ser los familiares directos o acreedores), que
solicitasen la declaración (art. 17).
- Que la solicitud se realice ante un juez competente (art. 16).
- Que el presunto ausente sea citado por edictos durante cinco días (art. 18).
Si cumplidos estos recaudos el ausente no se presentase -personalmente o por
apoderado-, el Juez lo declarará ausente y le nombrara un curador a los bienes que lo
represente para proteger y conservar su patrimonio.
Esta situación puede durar hasta que el ausente se presente -por si o por
apoderado-, sea conocida su muerte o se declare su muerte presunta, según el
procedimiento que veremos a continuación.
LA DECLARACIÓN DE AUSENCIA CON PRESUNCIÓN DE FALLECIMIENTO
La ausencia con presunción de fallecimiento es un trámite distinto al anterior y
puede realizarse después de solicitarse la declaración de simple ausencia o en forma
independiente de ella.
En el caso de simple ausencia no se duda sobre la vida del ausente. En principio
se busca dar solución a problemas urgentes y transitorios de naturaleza patrimonial,
hasta tanto el ausente haga su aparición nuevamente. Pero con este instituto no se busca
proteger el patrimonio del ausente sino obtener una declaración de muerte presunta a
los efectos de abrirse la sucesión, que el cónyuge sobreviviente pueda recobrara su
capacidad nupcial, etc.
La ley prevé distintos casos según las circunstancias que hayan rodeado la
desaparición de la persona y a cada uno de ellos establece un plazo de espera diferente
para solicitar la declaración de ausencia con presunción de fallecimiento.

24. 24
a) EL PLAZO ORDINARIO: es de tres años contados desde de la última noticia que
se tuvo del ausente. No interesa si haya dejado o no apoderado, tampoco se requiere que
la desaparición se haya producido en circunstancias de accidentes o catástrofes.
b) LOS PLAZOS EXTRAORDINARIOS: en estos casos los tiempos de espera se
reducen porque la desaparición de la persona se produce en un contexto de accidente o
desastre.
b.1) EL PLAZO EXTRAORDINARIO GENÉRICO: es de dos años desde que ocurrió o
pudo haber ocurrido el suceso cuando se trate de un desastre como incendio, terremoto,
guerra o empresa riesgosa, de la cual haya participado el ausente.
b.2) EL PLAZO EXTRAORDINARIO ESPECÍFICO: es de seis meses en caso de
naufragio de una nave o aeronave en donde se encontraba la persona, a contar desde el
momento que ocurrió o pudo haber ocurrido el suceso
En todos estos supuestos todas aquellas personas que tuvieran algún derecho
subordinado la muerte del ausente (por ejemplo herederos o legatarios, cónyuge, socios,
etcétera), puede presentarse ante un juez competente, señalando la ausencia de la
persona y, si fuere el caso, que no se tiene noticia de está desde que se produjo un
accidente o desastre en el cual el ausente se encontraba.
El presunto ausente será citado por edictos una vez al mes, durante seis meses, y
si no apareciese se declarara su fallecimiento presunto y la inscripción del mismo en el
Registro Civil.
Pero aquí no termina las complicaciones porque una vez declarada la muerte
presunta de una persona es necesario establecer con claridad el día presuntivo del
fallecimiento, esto es muy importante a los efectos de la sucesión. En este sentido la ley
14.394 establece las siguientes pautas:
En el plazo ordinario el día del fallecimiento presunto es el último día del año y
medio que se haya tenido noticia del ausente.
En los casos extraordinarios, el día que ocurrió en el hecho. Si éste no pudiera
establecerse con precisión (por ejemplo un incendio o un huracán de varios días), en el
caso genérico será el término medio de la época en que ocurrió obtuvo haber ocurrido el
acontecimiento, y en el caso específico será el último día que se tuvo noticias del buque o
aeronave naufragaba o pérdida.
Una vez declarada la ausencia con presunción de fallecimiento esto tiene
importantes efectos tanto desde el punto de vista personal como patrimonial.
Con respecto a los bienes el juez mandará a abrir la sucesión y el testamento si lo
hubiera, se hace la distribución de bienes conforme las reglas pertinentes y se hace
entrega de los bienes a los sucesores del ausente.
Aquí hace aparición un instituto denominado prenotación, a través de este los
bienes que se entregan a los sucesores cuentan con una restricción inscripta en los

25. 25
registros correspondientes que les impide enajenarlos o gravarlos sin autorización
judicial, vale decir que sólo pueden usarlos y gozarlos pero no venderlos, regalarlos,
hipotecarlos o prendarlos según el tipo de bien.
El dominio de los bienes prenotados quedarán plenos a partir del quinto año de el
día presuntivo del fallecimiento o el transcurso de 80 años desde el nacimiento de la
persona desaparecida, lo que suceda primero.
En el caso de la ausente reapareciera tiene derecho a reclamar la devolución de
todos sus bienes, si esto se produjera durante el periodo de la prenotación los sucesores
deberán entregar todos los bienes porque precisamente la anotación registral es a los
efectos de evitar que el ausente se vea desprovisto de su patrimonio. Pero si la
reaparición se produjera fuera del periodo de prenotación se le deberá reintegrar los
bienes que existiesen y en el estado en que se encontrasen.
Desde el punto de vista de los efectos personales, con relación al matrimonio la
declaración de ausencia con presunción de fallecimiento restituye al cónyuge
sobreviviente la capacidad nupcial, vale decir la posibilidad de contraer un nuevo
matrimonio, pero el vinculo matrimonial con el ausente no queda disuelto
automáticamente con la declaración sino una vez que se contraiga nuevo matrimonio. La
reaparición de la ausente no afecta al nuevo matrimonio.
LA PRUEBA DE LA MUERTE
El artículo 104 establece que la muerte de las personas se prueba, como el
nacimiento en iguales casos, en consecuencia la muerte de una persona se deberá probar
mediante la partida de defunción expedida por el Registro Civil atento a que resulta
obligatoria la inscripción en este Registro.
Para que el Registro Civil asiente la defunción de una persona es necesario que se
denuncie el hecho de la muerte ante un oficial del Registro. Esta denuncia debe estar
acompañada por un certificado de defunción expedido por un médico y en el caso que no
existiese médico en el lugar donde se produjo la muerte, es suficiente un certificado de
defunción otorgado por una autoridad civil o policial, que deberá contener la
declaración de dos testigos que afirman haber visto el cadáver.
En este sentido podemos afirmar que una persona se encuentra biológicamente
muerta desde el cese definitivo e irreversible de sus funciones vitales, pero estará
jurídicamente muerta una vez que se le hayan expedido el certificado de defunción
correspondiente por el Registro Civil.
En determinadas circunstancias probar el hecho biológico de la muerte resulta
imposible principalmente porque se haya producido la desaparición del cadáver, aunque
no queden dudas que la muerte se ha producido.

26. 26
En estos casos cuando no fuera posible encontrar el cadáver o encontrándose
éste no fuere posible identificarlo, resulta inadmisible pretender hacer la inscripción
conforme a las normas que hemos analizado. En estos casos, al no poder obtenerse la
partida de defunción, se obligaría a los interesados a iniciar el juicio de presunción de
fallecimiento que es largo y complicado como veremos a continuación, y como
consecuencia de ello se demoraría injustificadamente la apertura de la sucesión, la
readquisición del cónyuge viudo de contraer nuevas nupcias, etc.
Para estos supuestos el artículo 108 del Código Civil (modificado por la ley
14.394) establece que "en los casos en que el cadáver de una persona no fuese hallado, el
juez podrá tener por comprobada la muerte y disponer la pertinente inscripción en el
registro, siempre que la desaparición se hubiera producido en circunstancias tales que la
muerte deba ser tenida como cierta. Igual regla se aplicará en los casos en que no fuese
posible la identificación del cadáver".
Se trata de supuestos en los cuales resulta materialmente imposible que una
persona pudiese sobrevivir a una determinada catástrofe, y no debe ser confundido con
la ausencia con presunción de fallecimiento.
Esta solución es una consecuencia de un famoso caso judicial que data de 1952.
En ese año se hundió en los canales de tierra del fuego en pleno invierno un barco
denominado “rastreador Fournier", y dada la circunstancias del hecho resultaba
imposible que alguien hubiese sobrevivido a la catástrofe, pero no obstante ello no pudo
rescatarse ningún cuerpo para verificar indubitablemente la muerte de los tripulantes y
pasajeros. A partir de este caso la jurisprudencia empezó a cambiar al ordenarse la
inscripción de las defunciones en el Registro sin cumplimentar los recaudos del Art. 104.
Posteriormente la necesidad de contar con una norma general que prevea una solución
justa pare estos casos dieron origen a la modificación del artículo 108.
EFECTOS DE LA MUERTE
La muerte tiene importantes efectos tanto desde el punto de vista patrimonial
como extrapatrimonial, ya que importa la disolución del vínculo matrimonial, la
conclusión de las relaciones de parentesco, perdida de derechos políticos y civiles,
disolución de la sociedad conyugal, la transmisión de los derechos patrimoniales
(sucesión), etc.
B. Fin de la existencia de las personas jurídicas
Del juego de los artículos 48 y 49 del Código Civil se deducen las causales en
virtud de las cuales se puede disolver o retirar la personería jurídica a las personas de
existencia ideal.

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Art. 48: Termina la existencia de las personas jurídicas que necesitan autorización
expresa estatal para funcionar:
1º) Por su disolución en virtud de la decisión de sus miembros, aprobada por la
autoridad competente;
2º) Por disolución en virtud de la ley, no obstante la voluntad de sus miembros, o
por haberse abusado o incurrido en transgresiones de las condiciones o cláusulas de la
respectiva autorización, o porque sea imposible el cumplimiento de sus estatutos, o porque
su disolución fuese necesaria o conveniente a los intereses públicos;
3º) Por la conclusión de los bienes destinados a sostenerlas.
La decisión administrativa sobre retiro de la personería o intervención a la
entidad dará lugar a los recursos previstos en el artículo 45. El juez podrá disponer la
suspensión provisional de los efectos de la resolución recurrida. (Según Ley 17.711)
Art. 49: No termina la existencia de las personas jurídicas por el fallecimiento de sus
miembros, aunque sea en número tal que quedaran reducidos a no poder cumplir el fin de
su institución. Corresponde al gobierno, si los estatutos no lo hubiesen previsto, declarar
disuelta la corporación, o determinar el modo cómo debe hacerse su renovación.
Art.50: Disuelta o acabada una asociación con el carácter de persona jurídica, los
bienes y acciones que a ella pertenecían, tendrán el destino previsto en sus estatutos; y si
nada se hubiese dispuesto en ellos, los bienes y acciones serán considerados como vacantes
y aplicados a los objetos que disponga el Cuerpo Legislativo, salvo todo perjuicio a tercero
y a los miembros existentes de la corporación.

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