Características políticas

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TEMA 1: CARACTERÍSTICAS POLÍTICAS, ECONÓMICAS Y SOCIALES DEL ANTIGUO
RÉGIMEN. LA POLÍTICA CENTRALIZADORA DE LOS BORBONES
1. INTRODUCCIÓN
El siglo XVIII es el siglo de las luces. En gran parte de Europa parecen mantenerse constantes las estructuras
política, social y económica, pero a lo largo de toda la centuria se van produciendo cambios que anuncian la
crisis del Antiguo Régimen y la proximidad de un tiempo nuevo. La llegada de la Ilustración, la aparición
de nuevas formas productivas (inicio de la Revolución Industrial en Inglaterra) y el desarrollo comercial y
por tanto del sector social de la burguesía son muestras de ello. A nivel político se producen los primeros
movimientos que anticipan los Estados Contemporáneos: la Revolución inglesa, en el siglo XVII y, ya en el
siglo XVIII, la guerra de independencia Americana y por supuesto la Revolución Francesa en 1789, que
marcará el inicio de una nueva era.
En España el siglo se abre con una guerra sucesoria y con la entronización de una nueva dinastía, la casa de
Borbón, que introduce cambios decisivos en la orientación europea de la monarquía. El objetivo principal
era la defensa del Imperio colonial frente a la otra gran potencia emergente, Inglaterra, para lo que se recurrirá
a constantes alianzas con Francia.
El otro gran cambio fue la centralización administrativa en la corona de Castilla, eliminando las
instituciones de la de Aragón. El Estado unitario y centralista se inspiraba en el vecino francés, de donde
provenían los Borbones.
Por lo demás, el siglo XVIII fue un siglo de recuperación, de crecimiento demográfico y económico y
de auge del comercio. Los Borbones modificaron los sistemas de control de las colonias y de sus recursos,
buscando mejores resultados. También se introdujo, al igual que en otros países europeos, una nueva forma
de gobierno, el Despotismo Ilustrado, que buscaba una cierta modernización para conseguir un Estado más
potente y capaz.
Al final de siglo, sin embargo, la grave crisis económica, militar y política mostrará los límites del sistema.
El absolutismo es la última fórmula del poder político del Antiguo Régimen. Apareció en Francia en el siglo
XVII. La llegada al trono español de la dinastía francesa de los Borbones significó la implantación de dicha
fórmula en nuestro país.
2. CARACTERÍSTICAS POLÍTICAS, ECONÓMICAS Y SOCIALES DEL ANTIGUO
RÉGIMEN.
La España de comienzos del siglo XVIII estaba
definida por el absolutismo monárquico, y en lo
económico y social, por la pervivencia de la
economía rural y señorial y por la jerarquización en
estamentos, con muy pocas diferencias respecto a los
siglos anteriores.
2.1. Características políticas: El Absolutismo
monárquico.
La monarquía autoritaria de los Austrias, había
iniciado, en el siglo XVII, un proceso de
concentración de poder en Castilla. Sus Cortes no se
reunían desde 1665 y, desde el siglo XVI, sólo lo
habían hecho para aprobar impuestos. En cambio, en

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la Corona de Aragón, Navarra y País Vasco, se habían conservado instituciones propias (Cortes) y un cierto
grado de soberanía respecto al poder central.
Al instalarse los Borbones en el trono español, a principios del siglo XVIII, impusieron el modelo de
absolutismo implantado en Francia por Luis XIV durante el siglo XVII. En esta fórmula política el monarca
absoluto constituía la encarnación misma del Estado. A él pertenecía el territorio y de él emanaban las
instituciones.
Su poder era prácticamente ilimitado pues era fuente de ley (legislaba, promulgaba las leyes), autoridad
máxima de lo gobierno (gobernaba) y cabeza de la justicia (juzgaba). Con esta nueva concepción, los
monarcas, secundados por consejeros combatieron las pocas limitaciones que aún actuaban sobre las
prerrogativas de la Corona, fortaleciendo el poder real.
2.2. Características económicas: Economía agraria y debilidad de la industria y comercio interior.
La economía de la España del XVIII presenta los rasgos típicos del Antiguo Régimen. A lo largo del siglo
XVIII un porcentaje muy alto de la Renta Nacional procedía de la agricultura (según el censo de 1787 el
71 % de la población activa trabajaba en la agricultura). Parece probado que la producción total agraria
aumentó a lo largo del siglo XVIII en España, aunque ello se debió más a la ampliación de la superficie
cultivada (con puesta en cultivo de tierras incultas) que a la mejora de los rendimientos o a la implantación de
técnicas de cultivo intensivo.
Estructura de la propiedad de la Tierra.
En general, podemos decir que la estructura de la propiedad de la tierra en España era de dos tipos:
minifundios en el tercio norte y ciertas zonas del Mediterráneo; y latifundios, en la Meseta Sur,
Extremadura y, especialmente, Andalucía occidental.
El problema para los agricultores minifundistas era que, en muchas ocasiones, sus propiedades eran
demasiado pequeñas para poder subsistir y no obtenían rentas suficientes para la modernización de sus
explotaciones. Igualmente, cualquier situación desfavorable (subida de rentas, años sequía, malas
cosechas…) suponía que estas familias se vieran en auténticas dificultades para subsistir.
Pero el auténtico problema de la tierra en España fue la extensión del latifundismo. Sus orígenes pueden
retrotraerse a la época de la Reconquista, cuando los grandes avances cristianos hicieron que los reyes
otorgaran grandes lotes de tierras a la nobleza, la Iglesia y las Órdenes Militares (generalmente para su defensa
frente a los musulmanes). La situación se fue agudizando con el paso del tiempo, pues los latifundistas
adquirieron aún más tierras (comprándolas a agricultores arruinados, robándolas de tierras comunales, etc.).
Así, en el s. XVIII, el 90 % de la tierra en España era propiedad de unos pocos nobles, de la Iglesia o de unas
pocas Órdenes Militares.
Esta situación era todavía más problemática si pensamos que la tierra estaba amortizada y, por tanto, en
manos muertas. Efectivamente, desde 1505 (Leyes de Toro) existía la institución del mayorazgo. El
mayorazgo permitía vincular la tierra a una familia (que transmitía todas las propiedades por línea hereditaria
al primogénito varón) o institución (Iglesia, Órdenes Militares, la Corona). Estas propiedades reciben el
nombre de señorío, institución que nunca se debilitaba, pues las propiedades eran indivisibles,
invendibles e intransferibles, es decir, estaban vinculadas.
Los propietarios de los grandes latifundios en España basaban su riqueza y prestigio social en la extensión de
sus propiedades, por lo que no existía en nuestro país una masa de medianos campesinos que estuvieran
interesados en modernizar sus explotaciones para obtener de ellas el máximo rendimiento. Los latifundistas,
con una mentalidad poco capitalista, tampoco estaban dispuestos a invertir parte de sus fortunas para obtener
una mayor producción. Además, incluso aunque estuvieran arruinados, no podían vender sus tierras, porque
éstas estaban amortizadas (manos muertas).

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Situación del Campesinado
España presenta una estructura agraria que encaja dentro del modelo feudal propio de la Europa occidental,
pero existen variantes regionales que hay que tener en cuenta para comprender la situación de los
campesinos:
a) La situación más favorable estaría representada por el campesino propietario, aunque existían
grandes diferencias dentro de este grupo. Por un lado tenemos al latifundista, pero también existían
pequeños propietarios. Este caso, que se daba especialmente en el norte de España, era poco frecuente
en un país dominado por los señoríos.
b) Una situación intermedia estaba compuesta por los arrendatarios (alquileres, enfiteusis). Su
situación dependía de la zona de España que estudiemos. En Cataluña, los contratos enfitéuticos eran
estables y a perpetuidad, por lo que no estaban expuestos a la subida de las rentas. En Galicia y
Asturias, los arrendamientos eran fijos por tres generaciones. La subdivisión de éstos, agudizó el
problema del minifundismo, de manera que estas propiedades eran insuficientes para mantener a una
familia.
c) La peor situación está compuesta por los
jornaleros. Eran agricultores no propietarios
que trabajaban a sueldo, generalmente para
los grandes latifundistas. Eran el 90 % de los
campesinos y estaban indefensos ante las
presiones y la explotación que ejercían los
latifundistas. Tenían condiciones de trabajo y
de sueldo miserables.
A lo largo del siglo XVIII se observa un
aumento de las tensiones en el mundo
agrario debido a varios motivos: por un lado,
la subida de los arrendamientos o la
ocupación de tierras comunales por los
grandes propietarios; por otro, las
tradicionales disputas entre agricultores y
ganaderos por las tierras incultas. Una causa
importante era el de la escasez de tierras que
podían ser vendidas, en manos muertas. Por
último habría que señalar la subida de los
precios agrícolas, especialmente de trigo y
que en ocasiones el abastecimiento de las
ciudades era muy dificultoso.
La política agraria de los ilustrados españoles.
Los ilustrados españoles, sobre todo Jovellanos, denunciaron esta injusta distribución de la propiedad agraria
en la que abundaban los rentistas: los que cobraban los derechos señoriales, los propietarios que arrendaban
la tierra, los arrendatarios que tampoco cultivaban la tierra subarrendándola y los eclesiásticos que vivían
de los diezmos pagados por los campesinos. Estos rentistas estaban, en general, poco interesados no sólo por
cultivar tierras, sino por introducir las mejoras técnicas que ya se estaban presentando en Europa. La tierra
sólo le interesaba como fuente de ingresos para mantener los gastos de su rango social.
Para intentar solucionar los problemas del agro español había que conocer la situación real del país y fue el
Consejo de Castilla quién recopiló una serie de informes de los intendentes en el llamado “Expediente

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General”, que debía ser el punto de partida para elaborar una Ley Agraria que se enfrentara con los problemas
agrarios del país. Aunque la ley no llegó a realizarse todo este material sirvió para posteriores análisis del
problema, ya que a partir del Expediente General se elaboraron una serie de informes en los que se apuntan
posibles soluciones.
La preocupación básica de Floridablanca era la existencia de tierras sin cultivar. Por esto insiste en un tipo
determinado de soluciones: hay que poner en manos de los labradores las tierras aún incultas (las tradicionales
tierras comunales, las de propios –tierras comunales arrendadas a particulares por los ayuntamientos–, los
baldíos y las dehesas). Campomanes defiende la necesidad de modificar el tipo de contratos de
arrendamiento propio de las provincias castellanas (a corto plazo y revisados continuamente) por otros de un
tipo parecido a los censos enfitéuticos que eran típicos de Cataluña. El más influyente de todos fue sin
duda el «Informe» de Jovellanos que se centra sobre todo en los problemas derivados de la existencia de
grandes extensiones de tierra que no se podían vender. Se trataba de las tierras de los grandes patrimonios
nobiliarios y de las instituciones religiosas, que era preciso fueran parar a manos de personas con intención de
hacerlas producir. Jovellanos creía que una agricultura moderna debía convertir la tierra en una mercancía que
estuviera en manos de los que tenían verdadero interés en ponerla en cultivo.
De esta forma los ilustrados españoles pusieron encima de la mesa el problema agrario español, que iba ir el
tema central de todo intento de renovación económica o de cambio social en el país durante el XIX y buena
parte del XX.
Así, durante el reinado de Carlos III y Carlos IV se adoptaron algunas medidas reformistas que
contrastan, por su limitación, con la magnitud del problema agrario y con la lucidez con que los ilustrados
habían sabido plantearlo en el terreno teórico. La Ley Agraria no se llegó ni a redactar y las medidas
adoptadas por el gobierno fueron sólo tímidas medidas puntuales.
Entre ellas, podemos destacar:
a) La repoblación. Ensenada inició ya en 1749 una política que fue continuada con mayor empuje en
tiempos de Carlos III. Se trataba, básicamente, de crear pueblos nuevos con colonos del país, o incluso
extranjeros, para poner en explotación tierras incultas situadas en zonas muy alejadas de los núcleos
de población. En Andalucía destaca la llevada a cabo por Olavide en Sierra Morena.
b) La Mesta. La política de supresión de los privilegios de la Mesta, iniciada en 1758, pero con mención
especial a los decretos de 1779-1788 que autorizaban a los propietarios de fincas rústicas a cercarlas
con vallas.
c) Bienes «de propios». La política en torno a las tierras de propios se inició con una medida adoptada
en Badajoz: repartir en arrendamiento las tierras de propios entre los vecinos más pobres de cada
municipio. Esta iniciativa se hizo extensiva después a toda Extremadura (1766) y más tarde a todo el
país. Con esto se pretendía proporcionar a los campesinos pobres, tierras en unas condiciones de
arrendamiento más favorables que las que imperaban en los contratos normales. Sin embargo, los
poderosos de los pueblos, que controlaban los municipios encargados de realizar esta acción,
desvirtuaron no pocas veces esta medida logrando incluso en algunos casos convertirse en
beneficiarios de tales arrendamientos.
d) Primera desamortización. Los primeros intentos de desamortización de tierras del clero se iniciaron
en 1798 con la orden de venta de las propiedades de una serie de instituciones benéficas que eran
administradas por el clero. Parece que se pusieron en venta algo así como la sexta parte de las
propiedades eclesiásticas en los territorios de la Corona de CastilIa. Esta venta fue realizada por el
gobierno, que utilizó los fondos así obtenidos para salvar algunas dificultades de la Hacienda y se
comprometió, a cambio, a pagar una renta anual para hacer frente a las necesidades de las instituciones
que habían perdido sus propiedades.

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La Industria y el comercio
Respecto a la industria y el comercio, estos eran sectores económicos subsidiarios del mundo agrario.
La industria tradicional (talleres artesanos) continuaba organizada de forma gremial, la escasez de la
demanda y el poder de las jerarquías gremiales mantenían intacta esta forma proteccionista de producción.
En la primera mitad del siglo XVIII se intentó adaptar a España el modelo francés de fábricas reales. Estos
centros fabricaban bajo control técnico y financiero del gobierno. A veces eran artículos de lujo (tapices,
cristal, porcelanas...); otras productos destinados al abastecimiento del ejército –armas–; en algunos casos el
Estado protegía alguna industria tradicional que estaba en dificultades (industrias de paños de
Guadalajara...). En general estas empresas se caracterizaron por su escasa rentabilidad y fueron una carga
para los presupuestos del Estado.
Lo que si se produce en esta centuria es el nacimiento de la industria moderna en España con la
organización de las fábricas de estampados de algodón (“indianas”) creadas a mediados del siglo XVIII
en Cataluña. Veamos algunos de los aspectos principales:
a) En su origen tenían un escaso grado de mecanización, pero sus características principales ya les
permitían ser equiparadas a las británicas de la misma época: concentración de telares en un mismo
sitio, propiedad del dueño de la fábrica de los medios y de los productos finales, etc.
b) Este tipo de industria experimentó un importante crecimiento en el período entre 1750 y 1797
especialmente en Barcelona (8 Fábricas de indianas en 1746; 62 en 1785; y 125 en 1797). Tales Industrias
empezaron pronto un proceso de mecanización incorporando los cambios dados en las industrias británicas
de la época varios años atrás, como por ejemplo, las hiladoras mecánicas.
Respecto al comercio, destacar que el mercado interior era débil y escaso, limitado en su mayoría a los
intercambios de tipo local o comarcal. Existían graves problemas de transporte y perduraba el
aislamiento del interior respecto a la periferia. Pero el problema más serio para el comercio era la economía
agraria de subsistencia, donde los escasos excedentes de los campesinos, apenas alcanzaban para la compra
de los productos más indispensables. Sólo el comercio colonial mantenía cierta importancia.
2.3. Población y sociedad española en el S.XVIII.
La población.
Si durante el siglo XVII España tuvo una época de estancamiento o incluso retroceso demográfico en este
siglo XVIII hay una fase de crecimiento (el promedio de crecimiento anual para todo el siglo fue del 4,2
%.) debido fundamentalmente a un notable descenso de la mortalidad catastrófica (frente a los largos
periodos epidémicos del siglo anterior, en este siglo sólo se producen a fines de siglo). La natalidad y la
mortalidad fueron elevadas, con poca variación a lo largo del siglo y superiores a las de Europa occidental
(Tasa de natalidad: 42 ‰; tasa de mortalidad 38 ‰). A pesar de ello no podemos decir que es España se
iniciase una verdadera Revolución demográfica, como por ejemplo en Inglaterra donde la población llegó a
duplicarse. El país está aún poco poblado, y presenta las densidades más bajas de la Europa occidental.
En cuanto a la distribución regional de este crecimiento continúa la tendencia iniciada el siglo anterior de
mayor crecimiento de las regiones periféricas con respecto a las centrales.

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Una sociedad
estamental.
La sociedad española durante el s. XVIII participaba de las características generales de cualquier sociedad
europea durante el Antiguo Régimen. Es, por tanto, estamental, existiendo unos grupos privilegiados
(nobleza y clero) y una gran masa de población no privilegiada. Los privilegios se basaban en la desigualdad
jurídica existente entre ambos grupos. Por otra parte, la movilidad social era escasa, es decir, apenas había
ascenso social.
La nobleza y el clero (privilegiados) no llegaron nunca a superar el 10 % de la población. Sin embargo,
poseían el 90 % de la tierra, bien que fue la base de la riqueza y de la dignitas de estos grupos. Además,
no pagaban impuestos, tenían leyes especiales según las cuales eran juzgados los miembros de cada
estamento y ocupaban casi todos los cargos públicos dentro de la administración, especialmente, los de
mayor importancia. No obstante, era un grupo poco homogéneo, pues podemos encontrar desde los Grandes
de España (las casas nobiliarias más importantes) o los obispos, hasta hidalgos empobrecidos (nobles con
título, pero sin recursos económicos) o párrocos de aldeas. Aun así, todos participaban de los privilegios de
su estamento.
El tercer estamento, el más heterogéneo, estaba compuesto por la mayor parte de los habitantes del reino
(campesinos, burguesía, sectores populares de las ciudades). Soportaba la mayor parte de las cargas
económicas del Estado y se hallaba marginado de las decisiones políticas. El poder de la nobleza y del
clero durante los siglos XVI y XVII habían impedido el desarrollo de la burguesía comercial e industrial,
pero la mejora de la actividad económica y el desarrollo del comercio a lo largo del siglo XVIII, permitió
el crecimiento de la buerguesía en algunas ciudades comerciales como Cádiz o Barcelona.
2.4. La cultura: el movimiento ilustrado.
El modelo político y socio-económico del Antiguo Régimen, será criticado por una serie de pensadores a
partir del s. XVIII (especialmente en su segunda mitad: 1750-1800), aglutinados en un movimiento que
conocemos como Ilustración.
Dicha corriente tiene su base en algunos autores ingleses del s. XVII (Hobbes, Locke), pero sobre todo
franceses, ya en el XVIII (Montesquieu, Voltaire, Rousseau).
La característica básica de este movimiento es la confianza en la Razón. Todo lo que ésta no pueda aceptar
(soberanía de origen divino, concentración de poderes; privilegios, desigualdad jurídica; etc.), debe ser
revisado y rechazado. Los hombres, conducidos por su raciocinio, podrían alcanzar la felicidad mediante el
conocimiento, por lo que los ilustrados defendieron la extensión de la educación.
Otra de las ideas claves era el individualismo. Muchos creían que el enriquecimiento personal beneficiaría
a la sociedad, siendo la base para el progreso.
Los ilustrados defendían la igualdad ante la ley y el derecho a la libertad de todos los hombres. En el campo
económico, la propiedad como base de la riqueza y la libertad de comercio e industria. También atacaron
los fundamentos de la monarquía absoluta, puesto que eran partidarios de la separación de poderes y de la
soberanía popular.

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En el campo de las mentalidades, se opusieron al dominio ideológico de la Iglesia, de sus privilegios y de la
visión conservadora e inmovilista de esta institución. Eran partidarios de la secularización de la
sociedad.
La introducción de estas ideas en España fue lenta y difícil. La ausencia de amplios grupos burgueses, el
peso en nuestra sociedad de la Iglesia o el conservadurismo de los grupos intelectuales dificultaron el
triunfo de estas teorías en la sociedad.
A partir de mediados del XVIII, una serie de intelectuales (Feijoo, Campomanes, Jovellanos,
Floridablanca…) comenzaron a criticar el modelo social imperante. Centraron su atención en la necesidad
de extender lo más posible la educación; y de solucionar el atraso económico del país. Eran además
cuestiones relacionadas pues sin la primera, difícilmente se conseguiría la segunda. Culpaban a los grupos
privilegiados de estas cuestiones, pues la educación estaba prácticamente dominada por la Iglesia y nobleza
y clero tenían buena parte de las fuentes de riqueza del país (agricultura) en manos muertas, sin aplicar
las nuevas técnicas, avances e inventos que sí se estaban difundiendo por Europa.
En sus escritos aparecían críticas a distintas cuestiones: Las supersticiones de la cultura popular, alimentada
con mitos y leyendas; El desprestigio de las actividades artesanales y mercantiles; La mala distribución
de la tierra y los privilegios de la Mesta; El desinterés por la ciencia y la técnica; Los abusivos privilegios de
la Iglesia y de la nobleza, y su resistencia a los cambios.
Entre los instrumentos de difusión cultural del siglo XVIII destacaron las Academias, las Sociedades
Económicas, la prensa, y las tertulias y salones.
Las Academias, tanto las Reales Academias, creadas en Madrid (de la Lengua, de la Historia o de Bellas
Artes), como las que surgieron en Barcelona, Sevilla, Valencia, Zaragoza o Galicia, tuvieron una importante
participación en la difusión de la Ciencia.
Las Sociedades Económicas de Amigos del País pueden ser consideradas una clase de Academia.
Las Sociedades eran reuniones de pequeños grupos de ilustrados que buscaban el desarrollo de las «ciencias
útiles» y el fomento de la economía de sus respectivas regiones. En suma, perseguían el progreso técnico y la
reflexión económica. Su actividad más característica fue la redacción de informes y la promoción de
escuelas de primeras letras y de formación profesional.
La proliferación de periódicos muestra la existencia de una «opinión pública». Sin embargo, a partir del
estallido de la Revolución Francesa, en 1789, se ejerció un férreo control sobre las publicaciones. Las
tertulias y los salones, algunos de los cuales giraban en torno a mujeres distinguidas como la duquesa
de Osuna, fueron también vehículo de difusión de las ideas ilustradas.
3. LA POLÍTICA CENTRALIZADORA DE LOS BORBONES.
El absolutismo es la última fórmula del poder político del Antiguo Régimen. Apareció en Francia en el siglo
XVII. La llegada al trono español de la dinastía francesa de los Borbones significó la implantación de dicha
fórmula en nuestro país.
3.1. La Guerra de Sucesión.
La dinastía Habsburgo, que había reinado en España durante los siglos XVI y XVII, terminaba con la
muerte de Carlos II (noviembre de 1700). La decadencia de la Corona española había reducido su peso en
la política europea, pero seguía siendo el mayor estado territorial con sus dominios europeos y americanos.

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Luis XIV de Francia y Leopoldo I de Austria optaban a la corona española ya que ambos eran hijos y esposos
de princesas españolas. Desde el nacimiento de Carlos II, ambos reyes establecieron acuerdos secretos para
repartirse las posesiones españolas en caso de que éste muriese sin herederos directos.
La sucesión española se planteaba como una lucha por la hegemonía europea, perseguida por Luis XIV de
Francia, y podía provocar la ruptura del equilibrio internacional, defendido por Inglaterra y Holanda. La
Corona española era una cuestión de Estado de crucial importancia para el futuro de la política europea, que
afectaba a las grandes potencias.
Los candidatos a ocupar el trono español eran Felipe de Borbón, duque de Anjou, nieto de Luis XIV de
Francia y el archiduque Carlos, hijo del emperador Leopoldo I de Austria.
El 2 de octubre de 1700, Carlos II dictó su testamento definitivo: designó a Felipe de Borbón como su
sucesor y prohibió todo reparto de la Corona española. El futuro rey debía renunciar a sus derechos de
Francia para evitar una posible unión entre Francia y España. El 1 de noviembre de 1700, Carlos II murió.
Luis XIV aceptó públicamente el testamento de Carlos II y su nieto fue reconocido como rey de España con
el nombre de Felipe V de Borbón. Únicamente el emperador Leopoldo I de Austria, que defendía la
candidatura a la Corona española de su hijo el archiduque Carlos, rechazó la proclamación de Felipe V y
rompió relaciones con Francia.
El joven rey fue recibido en España con grandes esperanzas ya que la nueva dinastía borbónica contaba con
el apoyo de Francia (la potencia más poderosa en Europa) y se creía que el cambio de dinastía resolvería los
grandes problemas del reino, frenaría la decadencia de la corona española, conservando la integridad de sus
territorios. Sin embargo la actitud de Luis XIV y sus decisiones desencadenaron la guerra:

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- Luis XIV mantuvo los derechos
sucesorios al trono francés de su
nieto, en contra del testamento de
Carlos II.
- Asumió el gobierno de los
Países bajos y ocupó militarmente
Flandes.
- Consiguió privilegios
comerciales para los
comerciantes franceses en las
colonias españolas que
perjudicaban los intereses de
Inglaterra y de Holanda.
- Marcó las directrices de la
política interior española que se
organizó según el modelo francés.
Estos hechos provocaron la alianza entre el Imperio Austrohúngaro, Inglaterra, Holanda y Portugal contra
Francia y España.
En el interior de España la cuestión sucesoria también había dividido a los territorios peninsulares. Castilla
se mostró fiel a Felipe V, a excepción de la alta nobleza temerosa de perder poder e influencia ante el
absolutismo borbónico. En cambio, la Corona de Aragón, especialmente Valencia y Cataluña, respaldaron
al candidato austríaco. La competencia comercial de los aragoneses con Francia y el recelo hacia el
absolutismo francés y su obsesión por la centralización provocaban un tremendo recelo hacia el vecino francés.
El enfrentamiento entre los dos candidatos al trono, derivó en España en una guerra civil, que se desarrolló
durante una década.
Los Tratados de Utrecht y Rastadt, firmados en 1713 y 1714, ratificaron la victoria de Felipe de Borbón en
España y la de Carlos de Austria en el resto de Europa. Felipe V fue reconocido rey de España y de las
Indias, pero tuvo que renunciar al derecho de sucesión al trono de Francia y, como resultado de la
guerra, la monarquía española perdió su imperio en Europa:
-El emperador Carlos recibió Flandes, Milán, Nápoles y Cerdeña.
-Inglaterra se hizo con Gibraltar y Menorca, en 1704 y 1708 respectivamente, aunque esta última fue
recuperada por España en 1802.
-Adquirió, además, el asiento de negros, que le permitió introducir esclavos negros en las colonias americanas,
y el permiso de enviar un navío cada año a la América española.
-El duque de Saboya recibió Sicilia.

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3.2. Las reformas en la administración del estado: la monarquía centralista.
Con Felipe V se implantó el absolutismo real, según el modelo francés de Luis XIV. El rey se identificaba
con el Estado y era el único depositario de la soberanía, de origen divino, concentrando en su persona todos
los poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Los monarcas de la dinastía Borbón ejercieron un poder absoluto
e ilimitado, los intereses dinásticos se identificaron con los del Estado.
La nueva idea de Estado suponía el fortalecimiento del poder monárquico y exigía la reforma de las
instituciones de la monarquía española, para que la autoridad regia pudiera llegar a todos los territorios de la
Corona y a todos los súbditos.
La reforma del Estado tuvo como objetivo centralizar el poder, cuyo núcleo era el rey, e implantar la
uniformidad legal e institucional en los reinos que componían la Corona española.
Los Decretos de Nueva Planta
La guerra de Sucesión representó el fin del régimen jurídico e institucional histórico de los territorios de
la Corona de Aragón. El instrumento para ello fueron los Decretos de Nueva Planta, justificados por el
«derecho de conquista» y promulgados de modo gradual en 1707 en Valencia y Aragón, en 1715 en Mallorca
y en 1716 en Cataluña.

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-Se suprimieron los fueros, la autonomía municipal y las Cortes
de Cataluña, Aragón, Valencia y Mallorca. Ciertas ciudades fueron
admitidas en las Cortes de Castilla, con escaso papel, salvo para la jura
del heredero.
-Se sustituyeron los antiguos virreinatos por provincias. Al frente de
cada una se puso a un capitán general, con competencias militares (tenían
el mando sobre las tropas de la provincia) y civiles (actuaban como
presidentes de las Audiencias).
-Se introdujo un nuevo sistema impositivo, inicialmente muy gravoso y
después asimilándolo a la carga impositiva de Castilla que hasta entonces
había llevado el peso fiscal.
-Se nombraron funcionarios y militares castellanos al frente de las nuevas
instituciones.
Sin embargo, la completa homogeneización institucional no se logró
porque los territorios vascos y navarro, leales a Felipe V durante la
guerra, conservaron sus fueros. Pero el sistema pactista que hasta
entonces había regulado las relaciones del monarca con cada reino tocaba
a su fin.
La administración.
En el siglo XVIII se crearon las
secretarías de Estado, que fueron el
antecedente de los ministerios del siglo
XIX. Esta transformación suponía
convertir al rey en el motor de la política
del Estado, centralizar las decisiones
y agilizar el ejercicio del poder. Los
secretarios desempeñaron un destacado
papel político y algunos reunieron
grandes cotas de poder.
Los consejos, excepto el de Castilla,
perdieron influencia y algunos, como
los de Aragón, Flandes e Italia,
desaparecieron por no ser ya
necesarios. En 1711 se crearon los
intendentes como nexo entre el poder
central y las provincias. Éstos atendían
la recaudación de impuestos, el equipamiento militar y otros aspectos relativos a urbanismo, obras
públicas y sanidad.
La capacidad de intervención de la monarquía se expresó también en el ámbito local. Los municipios fueron
perdiendo paulatinamente atribuciones, especialmente a partir del reinado de Carlos III, que controló las
haciendas municipales y creó determinados cargos municipales elegidos por los vecinos.
3.4. El Despotismo Ilustrado.
El absolutismo se caracterizaba por una exaltación de la monarquía y del rey, que trata de controlar la vida
pública porque su función última es la felicidad de sus súbditos, pero «haciendo felices a sus pueblos, si es
necesario, por la fuerza». Es un soberano por derecho divino, cuyos intereses personales y dinásticos no están
separados de los del Estado.

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En el Despotismo Ilustrado, el soberano tampoco reconoce la separación entre el rey y el reino, pero acepta
los principios de la Ilustración y quiere ponerlos en práctica para lograr una mayor eficiencia del Estado
en beneficio de éste y de los súbditos. El lema “todo para el pueblo pero sin el pueblo” resume perfectamente
este tipo de filosofía política. Se considera que todo es reformable, pero no por un cambio súbito, sino por
una paciente labor educativa y legislativa, para lo que necesita el concurso de los ilustrados. Así se produce
una asociación que parecía imposible: los filósofos y los monarcas se alían con el fin de trabajar en provecho
de la monarquía y de los súbditos. Esta alianza no siempre tuvo éxito en España pues los monarcas acabaron
tomando de la Ilustración sólo aquello que les resultaba útil.
Carlos III (1759-1788) es el mejor exponente de la práctica de Despotismo
Ilustrado en España. Puso en marcha una reforma general del país con la
intención de modernizarlo según los principios de la Ilustración.
Destacaron las medidas para favorecer y desarrollar la industria, mejorar el
comercio, modernizar la agricultura, y potenciar la educación y la
investigación científica. La economía fue una preocupación básica para los
ilustrados españoles. Todos ellos fueron conscientes de que el atraso del país,
en relación con otras potencias europeas, provenía de la pervivencia del
predominio de la propiedad nobiliaria y eclesiástica, del excesivo control
sobre las actividades económicas y del desconocimiento de las nuevas
técnicas, inventos y avances aplicados en otros países como Gran Bretaña y
Holanda.
De este modo, Carlos III llevará a cabo un programa de reformas económicas con la ayuda de
colaboradores desde diversos puestos del gobierno. Adoptó una serie de medidas tendentes a solucionar el
problema económico del país:
- Limitó los privilegios de la Mesta y apoyó la propuesta de Olavide en la colonización de nuevas tierras
(Sierra Morena).
- Libre circulación de mercancías (Ley de Libre Circulación de Granos de 1765), liberalización del
comercio colonial (fin del monopolio del puerto de Cádiz en 1765).
- Liberalización gradual de la industria, a partir de 1768, abandonando la gestión directa de las Reales
Fábricas.
- Construcción de la red de carreteras que comunicara Madrid con la periferia.
Pero sus medidas más controvertidas intentaban someter a la Iglesia al control del Estado. Para ello declaró
el derecho del monarca a nombrar cargos eclesiásticos o la percepción de las rentas de las sedes vacantes. Esta
política tuvo dos hechos significativos:
1. La expulsión de los Jesuitas (1767), a los que se consideró instigadores del motín de Esquilache
(1766), contrarios a las iniciativas reformistas y depositarios de un gran poder económico, político
y cultural que escapaba de la autoridad real.
2. Los recortes del poder de la Inquisición, aunque no se eliminó su capacidad de control social, ya
que la Inquisición era un instrumento útil para los objetivos de la Corona.
La política de Carlos III dio unos resultados menos espectaculares de lo esperado. No se consiguió
una reactivación económica significativa, en gran medida por la oposición de la nobleza y de la Iglesia a
cualquier medida que afectase al mantenimiento de sus privilegios.
3.5.La política exterior y en América.
La transformación de España en una potencia de segundo orden en el contexto europeo hizo que su política
exterior cambiase respecto a la de los dos siglos anteriores. Durante el siglo XVIII sus principios básicos

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fueron la permanente alianza con Francia a través de los Pactos de Familia, la búsqueda de territorios
en Italia y la defensa de los intereses españoles en América.
- Pactos de Familia, con Francia que empujaron a la participación española en la guerra de los 7 años y en la
guerra de independencia de los EEUU.
- La búsqueda de territorios en Italia: La segunda esposa de Felipe V, Isabel de Farnesio buscó asegurar
un trono para sus hijos Carlos y Felipe. Para ellos serán el Ducado de Parma, Plasencia y Toscana, así como
Nápoles y Sicilia, donde reinará Carlos, antes de convertirse en Carlos III de España.
- Defensa de los intereses en América: El siglo XVIII fue para las colonias españolas en América un período
de crecimiento económico. España, privada de las posesiones europeas, centró su atención en sus colonias,
sobre todo como fuente de ingresos de una Hacienda siempre necesitada. La población de las colonias
aumentó casi un 50%. Esta época representa el momento de mayor esplendor urbano en todos los
virreinatos; ciudades como México, la antigua Guatemala, Cartagena de Indias, Lima o Cuzco ampliaron los
trazados urbanos con calles anchas y rectas, y se construyeron imponentes catedrales, conventos y palacios.
La economía de las colonias, basada hasta entonces en la producción agraria de las inmensas propiedades
rurales, se dinamizó con una fuerte actividad comercial que supuso el crecimiento de las principales
ciudades portuarias, como La Habana o Buenos Aires. Se pusieron en cultivo grandes extensiones en las
zonas más fértiles del Virreinato de Nueva España y de los dos virreinatos de Sudamérica. Comenzó la
exportación de grandes cantidades de productos tropicales, como el cacao (para la fabricación de
chocolate), el tabaco, el azúcar, el algodón o el café.
La minería se recuperó, después de la decadencia de la centuria anterior, basándose en nuevos métodos y
técnicas de explotación.
Este esplendor dio origen a unas burguesías urbanas ricas y cultivadas que, junto con los terratenientes,
constituían el grupo social privilegiado. Sus integrantes, en su mayor parte descendientes de colonos o
funcionarios españoles, eran denominados criollos. En estos grupos sociales surgió un resentimiento contra
los españoles, ya que estos continuaban ocupando los principales puestos del gobierno de las colonias.
Desde la independencia de Estados Unidos en 1776, los criollos comenzaron a sentir simpatía hacia las ideas
liberales que habían defendido los líderes de la revolución norteamericana.
4. CONCLUSIÓN
El siglo XVIII se inició en España con una ruptura. El final de la dinastía de los Habsburgo, planteó la sucesión
de la Corona española como una cuestión de política internacional. La instauración de la nueva dinastía
francesa de los Borbón se realizó mediante una larga guerra europea y civil.
La llegada de los Borbones al trono español significó la implantación del absolutismo real, la aplicación de
medidas que trataban esencialmente de introducir elementos de reorganización, racionalización y
centralización en el Estado heredado de los Habsburgo. La llegada al trono de Carlos III inició un reformismo
ilustrado sin poner nunca en duda el poder y la autoridad real.

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