La Constitución de 1837 estableció el régimen constitucional en España e implantó un sistema parlamentario similar al francés. Redactada por Cortes extraordinarias de mayoría progresista, buscó un marco jurídico aceptable tanto para los progresistas como para los moderados, aunque inspirándose en la Constitución de Cádiz de 1812. Otorgó derechos y libertades a los ciudadanos, pero también concedió amplios poderes al rey, como disolver las Cortes y nombrar ministros.