En este discurso, Manuel Azaña argumenta que España ha dejado de ser un país católico y que el Estado debe ser laico. Azaña cree que el problema religioso es un asunto personal y no político, y que el gobierno debe organizar el Estado de acuerdo con esta nueva etapa secular en la historia de España. Además, Azaña aboga por abordar otros problemas seculares como las autonomías locales y las reformas sociales y de propiedad.