El documento establece la creación de un Instituto para la Atención Integral y Protección a Víctimas de Violencia. El Instituto brindará asesoría jurídica, psicológica y social a las víctimas de delitos como homicidio, violación, robo agravado y otros. Tendrá autonomía funcional y estará integrado por una Dirección General, consejo y diferentes direcciones y departamentos. Su director será nombrado por el Congreso por un periodo de 4 años.