El documento discute la importancia de la educación sexual integral para personas con discapacidad intelectual. Señala que aunque la ley argentina exige educación sexual en las escuelas, no existe una ley equivalente para instituciones de asistencia para personas con discapacidad. Argumenta que la educación sexual es necesaria para este grupo y debe ser personalizada, adaptada a sus necesidades y nivel cognitivo, y compensatoria para brindar herramientas que ayuden a regular su sexualidad.