El Estatuto de Roma establece la Corte Penal Internacional, adoptado el 17 de julio de 1998, con el objetivo de juzgar crímenes internacionales graves como genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. La corte es una institución permanente con sede en La Haya, y su jurisdicción es complementaria a las jurisdicciones penales nacionales. Estados Unidos e Israel firmaron el tratado, pero no lo ratificaron, y la corte operará de acuerdo a lo estipulado en el estatuto.