Presentación caso Guardería ABC Vs Estado Mexicano, por denegación de justicia, e ineficacia de instituciones investigadoras y procuradoras de justica en México, violación al derecho a la vida y garantia de no repetición. A más de 5 años del Homicidio de 49 niñas y niños, en Guardería ABC. 05 junio 2009, Homicidio de 25 niñas, 24 niños y lesiones de más de 70, en hermosillo, Sonora.

1. Guardería ABC presenta petición ante la CIDH, a más de 5 años de la tragedia
Washington, DC, 27 de octubre. El día de hoy, un grupo de padres y madres de niñas y niños fallecidos en la Guardería ABC (José Francisco García, Patricia Duarte Franco, Manuel Rodríguez y Malú García), acompañados por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), presentó una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, DC, para denunciar que a más de cinco años de la tragedia, el Estado mexicano no ha proporcionado acceso a la verdad, a la justicia y a garantías efectivas de no repetición.
Les recibieron Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la CIDH; Rosa María Ortiz, relatora para los derechos de la niñez; y James Cavallaro, relator para México, quienes se mostraron receptivos, y reconocieron que la lucha que han emprendido es importante para la seguridad de la niñez mexicana.
Los padres y madres que presentaron la petición, denunciaron que el incendio ocurrido el 5 de junio de 2009 en la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora, en el que perdieron la vida 49 niños y niñas, no fue un suceso imprevisible, sino que fue el resultado de una política concreta en materia de estancias infantiles, ya que dicha guardería operaba en una nave industrial sin mínimos estándares de seguridad: se trata del esquema de “subrogación” de estancias infantiles implementado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), una política que produjo un “desorden generalizado” en el sistema de estancias infantiles a nivel nacional —según concluyó una Comisión Investigadora nombrada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)— a grado tal que en 2009 sólo 0.3 por ciento de las estancias operaban de manera regular, es decir, actualizando los dictámenes y constancias legalmente requeridas. Dicho sistema, tendiente a transformar un servicio público del Estado en un negocio, tuvo el efecto de poner en riesgo a un sinnúmero de niñas y niños.
La Comisión que impulsó la SCJN llevó a cabo una investigación del incendio y del sistema de estancias infantiles del IMSS, arrojando datos y generando una lista de posibles responsables. Sin embargo, dichos resultados fueron rechazados por 6 de los 11 Ministros de la Suprema Corte, dejando esta verdad histórica en limbo y sin ser reconocida por el Estado mexicano.
Por otra parte, actualmente están procesadas diversas personas por estos hechos, pero ninguna de alto rango; dichos procesos se han prolongado por más de cinco años y a juicio de los padres y madres, tampoco tienen posibilidades reales de llevar al pleno esclarecimiento de los hechos, puesto que no parten de las causas estructurales del incendio.

2. Cabe recordar, que en 2011 madres y padres afectados, lograron la publicación de la Ley 5 de Junio con el fin de establecer obligaciones acordes a los estándares internacionales en materia de estancias infantiles en todo el país. No obstante, la vigencia de esta Ley General no ha llevado a todos los estados a armonizar su legislación en cumplimiento de sus obligaciones legales, ni tampoco ha garantizado el cabal cumplimiento de los requisitos de seguridad por parte de todas las estancias infantiles. Hasta hoy el Estado mexicano no garantiza la no repetición de los hechos y no llegamos al 50 por ciento de armonización.
Ante este panorama, las y los peticionarios decidieron llevar el caso a la CIDH por violaciones al derecho a la vida; la integridad personal; garantías y protección judiciales; y protección a la niñez.
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