La reforma del estado venezolano busca reestructurar la administración pública y funciones del estado para lograr equilibrio laboral y reducir la pobreza. Ha promovido nuevas leyes y organizaciones como consejos comunales pero ha generado polarización social y debates políticos. Asimismo, ha afectado negativamente al sector empresarial al restringir la libertad económica y propiedad privada.