Hacia un reconocimiento equitativo y plural de las victimas

ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
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Hasta hoy las políticas de víctimas en Euskadi no responden a un criterio de equidad. 5 Julio 2010 Noticias de Alava

Diario de Noticias de Álava Lunes, 5 de julio de 2010 OPINIÓN 5
Tribuna Abierta
P O R V Í C T O R C O R C O B A H E R R E R O
Elabecedariodesabervivir
A
finales de este mes de
junio, por mandato del
Parlamento Vasco de 22 de
diciembre de 2009, debería
haberse presentado una continua-
ción del “Informe de víctimas de
vulneraciones de derechos huma-
nos derivadas de la violencia de
motivación política”. Este Informe
se elaboró a finales de la legislatu-
ra pasada, en junio de 2008, también
por mandato parlamentario y supu-
so un primer intento serio por girar
la mirada a todas esas personas que
murieron asesinadas o resultaron
gravemente lesionadas por atenta-
dos mortales, secuestros, abuso de
poder, violaciones sexuales, tortu-
ras… llevados a cabo por agentes
policiales o por grupos para-poli-
ciales, ultras, incontrolados… Una
realidad que desconocemos más
allá del rifirrafe político, que care-
ce de registro oficial, que durante
décadas se ha seguido negando por
algunos y cuyas víctimas han sido
sometidas al olvido institucional
con una falta evidente de reconoci-
miento o han sido objeto de mani-
pulación política.
Estas víctimas llevan esperando
décadas a que se tomen en serio las
violaciones de derechos humanos
que sufrieron, con resultado de
muerte o violaciones a su integri-
dad personal. Mientras, han vivido
todo este tiempo sin un reconoci-
miento social de los hechos, de la
responsabilidad del Estado o de su
impunidad posterior.
Además de esta falta de reconoci-
miento oficial, muchos de esos
hechos no contaron con una inves-
tigación judicial acorde a su grave-
dad. La Administración de Justicia,
en la mayoría de los supuestos, o no
inició actividad alguna (falta de ins-
trucción, permisividad...) o si la
hubo fue parcial o no llegó a una
sentencia. Hasta la actualidad, en
numerosos de esos casos no se ha
realizado ninguna investigación
independiente. Todo está por hacer:
aclarar qué pasó, establecer res-
ponsabilidades y promover una
reparación. Para ello resulta
imprescindible un discurso públi-
co que asuma, antes que nada, la
implicación y responsabilidad del
Estado, y sea creíble y eficaz con las
víctimas en términos del discurso
simbólico y de las políticas públicas
que deben desplegarse. La reciente
resolución del gobierno de Gran
Bretaña respecto de la represión
del Domingo Sangriento en Irlan-
da del Norte ofrece un ejemplo cer-
cano de lo saludable que supone
además para la democracia dicho
reconocimiento. Hacerlo así no sig-
nifica igualar los procesos que han
llevado a la victimización, ni a los
perpetradores, ni mucho menos
justificar cualquier tipo de actua-
ción violenta.
Según la Declaración Universal de
los Derechos Humanos, en sus artí-
culos 1 y 2, “todos los seres huma-
nos nacen libres e iguales en digni-
dad y derechos”, y “toda persona
tiene todos los derechos y liberta-
des proclamados en esta Declara-
ción, sin distinción alguna de raza,
color, sexo, idioma, religión, opi-
nión política o de cualquier otra
índole” y, por si lo anterior no bas-
tara, el artículo 7 explicita que
“todos son iguales ante la ley y tie-
nen, sin distinción, derecho a igual
protección de la ley”. Los “Princi-
pios y directrices básicos de Nacio-
nes Unidas sobre el derecho de las
víctimas de violaciones manifies-
tas de las normas internacionales
de derechos humanos” tampoco
incluyen diferenciación alguna
entre víctimas a la hora de estable-
cer y definir las obligaciones de ver-
dad, justicia y reparación. El Artí-
culo 10 de la Constitución Españo-
la de 1978 no deja lugar a dudas
sobre la aplicabilidad de estos prin-
cipios cuando afirma: “Las normas
relativas a los derechos fundamen-
tales y a las libertades que la Cons-
titución reconoce se interpretarán
de conformidad con la Declaración
Universal de Derechos Humanos y
los Tratados y acuerdos interna-
cionales sobre las mismas materias
ratificados por España”.
Cualquier política de atención y
reconocimiento a las víctimas debe
promover la investigación de los
hechos, y contar con medidas y
mecanismos con la legitimidad
moral y el apoyo para poder efecti-
vamente llevarlas a cabo respetan-
do los derechos de las víctimas. Oja-
lá también que conlleven el mayor
consenso político posible, pero éste
no puede ser una excusa para negar
los derechos de las víctimas o nego-
ciar a la baja su satisfacción.
Sería una buenísima noticia, en
primer lugar para las víctimas, que
cualquier nueva decisión desde la
administración pública dé pasos en
la dirección señalada. El mandato
del Parlamento Vasco es “conti-
nuar” y, para ello también se nece-
sita un debate y participación social
que permita avanzar en la recons-
trucción del tejido social fractura-
do por la violencia y el terror en
Euskadi. Entendemos que una polí-
tica pública de víctimas debería
abrir un horizonte a esta recons-
trucción del tejido social, sin dis-
criminaciones, sanando las heridas
y con relatos incluyentes. Puntos
clave que apuntan a la delicada
arquitectura de confluencia de las
políticas de víctimas del terrorismo
de ETA, víctimas de “otros terro-
rismos” (GAL, BVE, Triple A, etc.)
y de “otras víctimas” de violaciones
de derechos humanos.
Hasta hoy las políticas de víctimas
en Euskadi no responden a un cri-
terio de equidad: a igual violación
la misma reparación o reconoci-
miento. Las víctimas de ETA cuen-
tan con un marco legal estatal y
autonómico que recoge sus dere-
chos y que impulsa también un dis-
curso público de reconocimiento y
reparación. Sin embargo, aquellas
“víctimas del terrorismo” que no es
el de ETA, no han recibido el mis-
mo tratamiento. En muchas oca-
siones los tribunales han hecho
interpretaciones restrictivas,
negándoles la condición de víctima,
o sólo reconociéndoles como tal -y
abriendo así la posibilidad de bene-
ficiarse de la ley- después de una
interminable batalla judicial, como
en el caso de Normi Menchaca (san-
turtziarra muerta por disparos en
una manifestación en 1976), aumen-
tando injustamente su discrimina-
ción y sufrimiento. Otras muchas
no han tenido fuerzas o apoyo para
hacerlo, pero se encuentran en la
misma situación. El discurso públi-
co, además, las ha relegado de la
memoria, las formas de reconoci-
miento o los homenajes oficiales.
Incluso los propios conceptos que
se usan para definir las violaciones
de derechos humanos están some-
tidos a restricciones y falta de reco-
nocimiento. Por ejemplo, en
muchos casos la condición de vícti-
ma del terrorismo depende de que
los perpetradores hayan actuado de
forma clandestina o lo hayan hecho
con uniforme. El problema de estas
categorías no es el análisis que cada
quién quiera hacer de las mismas o
el juicio histórico que merezcan
según la ideología, sino que conlle-
van consecuencias negativas y dis-
Muchos de esos
hechos no contaron
con una investigación
judicial acorde a
su gravedad
-
Hasta hoy las políticas
de víctimas en Euskadi
no responden a un
criterio de equidad
E
S tiempo de cambios. Hay
que vivir de otra manera.
Con otro abecedario más
transparente y más direc-
to al corazón. La vida, por sí misma,
es una alegría que muchos no
alcanzan a vivirla. Esto sí que es
una pena. Por ello, hacen falta sem-
bradores de jovialidad, y tomar
todos los días el pan del entusiasmo
como alimento, virtud tan valiosa
como necesaria, para no caer en la
tristeza del camino. Se habla del
motor económico mundial, de que
algunas naciones industrializadas
no consiguen arrancar, que otras se
hunden en la crisis y que la pobre-
za aumenta, mientras se elude
encender la ecuanimidad del ánimo
como lenguaje a compartir, que es
de lo que se trata en esta existencia,
de donarse y darse.
La vida carece de sentido si no nos
aporta satisfacciones. Éstas no se
consiguen acumulando riquezas
que es lo que muchos piensan. La
estimación de los demás es lo que
cuenta y cuenta en la medida de la
donación. La solidaridad es el vie-
jo y nuevo valor que nos debemos
injertar en las acciones diarias. Hay
mayor felicidad en dar que en reci-
bir. Lo sabemos, pero se nos olvida
practicarlo en todo momento y en
todo lugar. Hay muchas personas
que precisan reconstruir sus vidas
y no encuentran manos donde sos-
tenerse. Otras precisan que le sal-
vemos de las injusticias, de la falta
de libertades, de las redes ideológi-
criminatorias para muchas vícti-
mas. Los derechos que se les deben,
y que vienen marcados por el dere-
cho internacional de los derechos
humanos, no encuentran en las
leyes actuales una traducción cabal
sino un tamiz que genera categorías
de mejor y peor condición, con pres-
taciones y discursos de reparación
que se basan más en la categoriza-
ción que en el reconocimiento de los
hechos. Esta asimetría es injusta
para las víctimas directas y sus
familiares, y tiene implicaciones
colectivas porque perpetúa heridas
que no permiten ir reconstruyendo
nuestro tejido social para el futuro
que queremos de convivencia y paz.
Saludamos la iniciativa de revisar
estas políticas y recomendamos a
los partidos políticos y a los movi-
mientos sociales una actitud proac-
tiva y positiva de traspasar fronte-
ras de análisis e ideologías. Una
política pública e incluyente de víc-
timas debe responder no solo a una
demanda siempre postergada de
reconocimiento a unas víctimas
para que deje de llamárseles “las
otras víctimas”; además debe ser
una contribución al respeto de los
derechos humanos y a la recons-
trucción social.
Volver a dejar las cosas en la dis-
criminación y en la falta de reco-
nocimiento, o encerrarse en los
esquemas excluyentes, o limitarse
a los casos que tengan una senten-
cia judicial, reproduciría de nuevo
la marginación de las víctimas.
Como ya sucede en la minoría de
casos de tortura que han contado
con investigación judicial efectiva
o una determinación de responsa-
bilidades individuales, la repara-
ción se ha establecido con el bare-
mo de los accidentes de tráfico y no
con estándares de derechos huma-
nos. No dejemos que este legado de
injusticia forme parte de nuestra
historia. Cientos de personas que
resultaron víctimas de violaciones
de derechos humanos esperan y
merecen una respuesta digna en la
que ellas y ellos sean el centro y no
las preocupaciones políticas de este
o aquel partido político.
*Firman también este artículo: Pedro
Larraia, Iñaki Lekuona, Carlos Martín,
Benito Morentin y Sabino Ormazabal,
miembros asimismo de la Asociación Pro
Derechos Humanos ARGITUZ
Tribuna Abierta
P O R J O A N A A B R I S K E TA , A N D R É S K R A K E N B E R G E R , J O N L A N D A ( * )
Hacia un reconocimiento equitativo y plural de las víctimas
cas que predican el odio... Qué bien
vendría aquí utilizar el abecedario
del amor sin condiciones ni condi-
cionantes, sabiendo que cuánto más
compartimos más descubrimos
nuestros genes comunes.
El mundo precisa de un inmenso
abecedario renovador, capaz de
hacer valer las palabras, sobre todo
aquellas que nos hacen despertar
como personas. Cada individuo for-
ja su propia gloria. La de saber vivir
es una hermosa tarea para alcan-
zarla, no es nada fácil, hay que
invertir en fondos de humanidad y
no resignarse a lenguajes vacíos ni
encogerse de hombros ante los que
amargan y desprecian hacer fami-
lia, hacer vida en definitiva.

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La reciente resolución del gobierno de Gran Bretaña respecto de la represión del Domingo Sangriento en Irlan- da del Norte ofrece un ejemplo cer- cano de lo saludable que supone además para la democracia dicho reconocimiento. Hacerlo así no sig- nifica igualar los procesos que han llevado a la victimización, ni a los perpetradores, ni mucho menos justificar cualquier tipo de actua- ción violenta. Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en sus artí- culos 1 y 2, “todos los seres huma- nos nacen libres e iguales en digni- dad y derechos”, y “toda persona tiene todos los derechos y liberta- des proclamados en esta Declara- ción, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opi- nión política o de cualquier otra índole” y, por si lo anterior no bas- tara, el artículo 7 explicita que “todos son iguales ante la ley y tie- nen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley”. Los “Princi- pios y directrices básicos de Nacio- nes Unidas sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifies- tas de las normas internacionales de derechos humanos” tampoco incluyen diferenciación alguna entre víctimas a la hora de estable- cer y definir las obligaciones de ver- dad, justicia y reparación. El Artí- culo 10 de la Constitución Españo- la de 1978 no deja lugar a dudas sobre la aplicabilidad de estos prin- cipios cuando afirma: “Las normas relativas a los derechos fundamen- tales y a las libertades que la Cons- titución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Tratados y acuerdos interna- cionales sobre las mismas materias ratificados por España”. Cualquier política de atención y reconocimiento a las víctimas debe promover la investigación de los hechos, y contar con medidas y mecanismos con la legitimidad moral y el apoyo para poder efecti- vamente llevarlas a cabo respetan- do los derechos de las víctimas. Oja- lá también que conlleven el mayor consenso político posible, pero éste no puede ser una excusa para negar los derechos de las víctimas o nego- ciar a la baja su satisfacción. Sería una buenísima noticia, en primer lugar para las víctimas, que cualquier nueva decisión desde la administración pública dé pasos en la dirección señalada. El mandato del Parlamento Vasco es “conti- nuar” y, para ello también se nece- sita un debate y participación social que permita avanzar en la recons- trucción del tejido social fractura- do por la violencia y el terror en Euskadi. Entendemos que una polí- tica pública de víctimas debería abrir un horizonte a esta recons- trucción del tejido social, sin dis- criminaciones, sanando las heridas y con relatos incluyentes. Puntos clave que apuntan a la delicada arquitectura de confluencia de las políticas de víctimas del terrorismo de ETA, víctimas de “otros terro- rismos” (GAL, BVE, Triple A, etc.) y de “otras víctimas” de violaciones de derechos humanos. Hasta hoy las políticas de víctimas en Euskadi no responden a un cri- terio de equidad: a igual violación la misma reparación o reconoci- miento. Las víctimas de ETA cuen- tan con un marco legal estatal y autonómico que recoge sus dere- chos y que impulsa también un dis- curso público de reconocimiento y reparación. Sin embargo, aquellas “víctimas del terrorismo” que no es el de ETA, no han recibido el mis- mo tratamiento. En muchas oca- siones los tribunales han hecho interpretaciones restrictivas, negándoles la condición de víctima, o sólo reconociéndoles como tal -y abriendo así la posibilidad de bene- ficiarse de la ley- después de una interminable batalla judicial, como en el caso de Normi Menchaca (san- turtziarra muerta por disparos en una manifestación en 1976), aumen- tando injustamente su discrimina- ción y sufrimiento. Otras muchas no han tenido fuerzas o apoyo para hacerlo, pero se encuentran en la misma situación. El discurso públi- co, además, las ha relegado de la memoria, las formas de reconoci- miento o los homenajes oficiales. Incluso los propios conceptos que se usan para definir las violaciones de derechos humanos están some- tidos a restricciones y falta de reco- nocimiento. Por ejemplo, en muchos casos la condición de vícti- ma del terrorismo depende de que los perpetradores hayan actuado de forma clandestina o lo hayan hecho con uniforme. El problema de estas categorías no es el análisis que cada quién quiera hacer de las mismas o el juicio histórico que merezcan según la ideología, sino que conlle- van consecuencias negativas y dis- Muchos de esos hechos no contaron con una investigación judicial acorde a su gravedad - Hasta hoy las políticas de víctimas en Euskadi no responden a un criterio de equidad E S tiempo de cambios. Hay que vivir de otra manera. Con otro abecedario más transparente y más direc- to al corazón. La vida, por sí misma, es una alegría que muchos no alcanzan a vivirla. Esto sí que es una pena. Por ello, hacen falta sem- bradores de jovialidad, y tomar todos los días el pan del entusiasmo como alimento, virtud tan valiosa como necesaria, para no caer en la tristeza del camino. Se habla del motor económico mundial, de que algunas naciones industrializadas no consiguen arrancar, que otras se hunden en la crisis y que la pobre- za aumenta, mientras se elude encender la ecuanimidad del ánimo como lenguaje a compartir, que es de lo que se trata en esta existencia, de donarse y darse. La vida carece de sentido si no nos aporta satisfacciones. Éstas no se consiguen acumulando riquezas que es lo que muchos piensan. La estimación de los demás es lo que cuenta y cuenta en la medida de la donación. La solidaridad es el vie- jo y nuevo valor que nos debemos injertar en las acciones diarias. Hay mayor felicidad en dar que en reci- bir. Lo sabemos, pero se nos olvida practicarlo en todo momento y en todo lugar. Hay muchas personas que precisan reconstruir sus vidas y no encuentran manos donde sos- tenerse. Otras precisan que le sal- vemos de las injusticias, de la falta de libertades, de las redes ideológi- criminatorias para muchas vícti- mas. Los derechos que se les deben, y que vienen marcados por el dere- cho internacional de los derechos humanos, no encuentran en las leyes actuales una traducción cabal sino un tamiz que genera categorías de mejor y peor condición, con pres- taciones y discursos de reparación que se basan más en la categoriza- ción que en el reconocimiento de los hechos. Esta asimetría es injusta para las víctimas directas y sus familiares, y tiene implicaciones colectivas porque perpetúa heridas que no permiten ir reconstruyendo nuestro tejido social para el futuro que queremos de convivencia y paz. Saludamos la iniciativa de revisar estas políticas y recomendamos a los partidos políticos y a los movi- mientos sociales una actitud proac- tiva y positiva de traspasar fronte- ras de análisis e ideologías. Una política pública e incluyente de víc- timas debe responder no solo a una demanda siempre postergada de reconocimiento a unas víctimas para que deje de llamárseles “las otras víctimas”; además debe ser una contribución al respeto de los derechos humanos y a la recons- trucción social. Volver a dejar las cosas en la dis- criminación y en la falta de reco- nocimiento, o encerrarse en los esquemas excluyentes, o limitarse a los casos que tengan una senten- cia judicial, reproduciría de nuevo la marginación de las víctimas. Como ya sucede en la minoría de casos de tortura que han contado con investigación judicial efectiva o una determinación de responsa- bilidades individuales, la repara- ción se ha establecido con el bare- mo de los accidentes de tráfico y no con estándares de derechos huma- nos. No dejemos que este legado de injusticia forme parte de nuestra historia. Cientos de personas que resultaron víctimas de violaciones de derechos humanos esperan y merecen una respuesta digna en la que ellas y ellos sean el centro y no las preocupaciones políticas de este o aquel partido político. *Firman también este artículo: Pedro Larraia, Iñaki Lekuona, Carlos Martín, Benito Morentin y Sabino Ormazabal, miembros asimismo de la Asociación Pro Derechos Humanos ARGITUZ Tribuna Abierta P O R J O A N A A B R I S K E TA , A N D R É S K R A K E N B E R G E R , J O N L A N D A ( * ) Hacia un reconocimiento equitativo y plural de las víctimas cas que predican el odio... Qué bien vendría aquí utilizar el abecedario del amor sin condiciones ni condi- cionantes, sabiendo que cuánto más compartimos más descubrimos nuestros genes comunes. El mundo precisa de un inmenso abecedario renovador, capaz de hacer valer las palabras, sobre todo aquellas que nos hacen despertar como personas. Cada individuo for- ja su propia gloria. La de saber vivir es una hermosa tarea para alcan- zarla, no es nada fácil, hay que invertir en fondos de humanidad y no resignarse a lenguajes vacíos ni encogerse de hombros ante los que amargan y desprecian hacer fami- lia, hacer vida en definitiva.