Este documento define la soberanía alimentaria como el derecho de los países a definir su propia política agraria y alimentaria sin dumping. Explica que la soberanía alimentaria prioriza la producción agrícola local para alimentar a la población, garantizando a los campesinos acceso a recursos como tierra, agua y semillas. También destaca la importancia de que los consumidores puedan decidir lo que consumen y cómo y quién lo produce.