Este documento establece la distribución de funciones entre las autoridades educativas federal y locales en México. Asigna responsabilidades exclusivas a cada nivel de gobierno en áreas como planes de estudio, libros de texto, capacitación de maestros y más. También define funciones concurrentes en donde ambos niveles de gobierno deben colaborar. El objetivo es establecer un sistema educativo nacional coordinado pero que respete la autonomía de cada entidad.