Llibro derecho procesal del trabajo

PRESENTACIÓN
Estimados participantes:
Tengan la bienvenida al presente curso de Derecho Procesal del Trabajo.
En el presente curso trataremos la materia procedimental de la materia laboral para la cual veremos:
1. Derecho Procesal del trabajo en la doctrina.
2. Los principios del proceso laboral.
3. Los conflictos laborales y formas de solución
4. Jurisdicción y competencia en el proceso laboral.
5. La comparecencia en el proceso laboral.
6. Derecho laboral en la legislación.
7. Cuestiones probatorios en el proceso laboral.
8. Las pruebas en el proceso laboral.
9. Conclusión del proceso laboral.
10.Medios impugnatorios.
11.El derecho procesal al trabajo en el proceso laboral.
12.El proceso sumarísimo.
13.Proceso de ejecución laboral.
14.El proceso contencioso administrativo.
15.Medida cautelar en el proceso laboral.
Por otro lado, no se olviden que en determinados contenidos existen modelos de escritos, lo cual
ayudará a la comprensión de los mismos.
Esperando llegar a la meta.
Atte,
El Docente.

Derecho Procesal del Trabajo
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I UNIDAD
EL DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO EN LA DOCTRINA
1.1.- FUNDAMENTOS TEORICOS DEL DERECHO PROCESAL LABORAL
1.1.1.- CONCEPTO DE PROCESO.
El derecho procesal del trabajo forma parte del derecho procesal en general.
Para una mejor comprensión del primero, es necesaria una revisión de los
conceptos fundamentales de la disciplina jurídica procesal. No es posible
hablar del derecho procesal si antes no se precisa el concepto de proceso,
además de otros aspectos.
Para calamandrei, la palabra “proceso” deriva del verbo “proceder”, que
significa continuación de una serie de operaciones diferentes pero vinculadas
por la unidad del fin. En tal sentido se puede hablar de proceso quirúrgico,
físico, químico, biológico, intelectual, etc.
La doctrina es reiterante en este idea central, al conceptuar el proceso como
progreso, transcurso del tiempo, acción de ir hacia adelante, desenvolviendo,
avance sucesión de acaecimientos, momento dinámico de todo fenómeno en
su devenir.
En conclusión, la noción de proceso encierra como notas caracterizantes una
realidad dinámica, una suma de actos entrelazados y en movimiento, un
fenómeno en desarrollo.
Hasta aquí, hemos precisado el concepto de proceso en general. Cabe ahora
determinar la noción del proceso, que es objeto del derecho procesal, es decir,
de aquel fenómeno jurídico específico que en campo del derecho adopta el
nombre de proceso.
1.1.2.- PROCESO Y PROCEDIMIENTO.
Consideramos necesarias algunas precisiones acerca de estos términos, que el
manejo cotidiano de los abogados pareciera no tener importancia e incluso se
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suele pensar que se trata de lo mismo, sin embargo, debemos señalar que los
grandes procesalistas le han dedicado tiempo y espacio para dilucidar el
contenido de los términos proceso y procedimiento. Los enfoques no se agotan
en el aspecto conceptual, sino que se proyectan en el ámbito de la evolución
histórica de la disciplina procesal en diferentes países.
Para Carnelutti, mientas el proceso es la suma de los actos que se cumplen
para la composición de la litis, el procedimiento es el orden o sucesión de su
cumplimiento. El procedimiento es el proceso en movimiento o en otros
términos, el movimiento del proceso, añade dicho autor. El proceso es la
totalidad, el procedimiento es la sucesión de actos.
Los actos procesales tomando en si mismos son procedimientos y no procesos,
afirma Calamandrei, nos dice que los términos proceso y procedimiento, aun
empleándose en el lenguaje común como sinónimo, tiene significado técnicos
diversos, en cuanto el procedimiento indica las propiamente el aspecto exterior
del fenómeno procesal, siendo posible que en curso del mismo proceso pueda,
en diversa fases, cambiar el procedimiento.
Idea similar nos muestra Pietro Castro, cuando afirma que en el procedimiento
destaca la nota de actuación externa, el trabajo propiamente administrativos
que se realiza en cualquier actividad jurídica y por lo tanto también en el
derecho procesal. Por el contrario, el concepto de proceso se ubica mas allá de
los actos de procedimiento, en razón que exige considerar la estructura y los
nexo que median entre tales actos, los sujetos que lo realizan, la finalidad de
los principios inspiradores, las condiciones de quienes los producen, los
deberes y derechos que están en juego.
Históricamente, el proceso es posterior a procedimiento, es decir, este ultimo
ha cedido su paso al primero. El termino proceso viene de la doctrina alemana
y se origina en el termino canónico processus judicii, mientas que
procedimiento, es de origen francés. Los franceses utilizaban la denominación
de procedimiento debido a la concepción empírica que tenia del juicio, antes
que científica.
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El termino proceso, es pues de cuño reciente y entre nosotros los peruanos
recién en los códigos de 1993, se utiliza la denominación de código procesal
civil y código procesal penal. Los anteriores se denominaban código de
procedimientos civiles y código de procedimientos penales de los años 1911 y
1940, respectivamente.
1.1.3.- DERECHO PROCESAL.
Para la realización de la paz social en una comunidad, no basta con el derecho
sustantivo o material, sino que es necesario el derecho adjetivo o instrumental.
Si revisamos la doctrina encontramos una serie de definiciones desde las muy
concretas hasta las más amplias. Así por ejemplo, Carnelutti expresa que el
derecho procesal es el conjunto de normas jurídicas del derecho público que
por razón de su esencia forma parte del derecho instrumental. Existen, sobre
este tema, definiciones mucho mas simple, tales como la de Zanzucchi, para
quien el derecho objetivo que regula el proceso. Con un criterio similar. Guasp
nos dice que el derecho proceso recaen sobre el proceso.
Dentro de las definiciones amplias, son dignas de mencionarse las de Hugo
Alsina y de Leonardo Prieto Castro. Para el primero, el derecho procesal es el
conjunto de normas que regula la actividad jurisdiccional del estado para la
aplicación de las leyes de fondo y su estudio comprende de la organización del
poder judicial, determinación de la competencia de los funcionarios que la
integran y la actuación del juez y las partes en la substancian del proceso.
Para Prieto Castro, el derecho procesal es el que se refiere al proceso, y añade
“derecho procesal (en sentido objetivo), es el conjunto de normas que ordenan
el proceso. Regula la competencia del órgano publico que actúa en el, la
capacidad de las partes y establece los requisitos, forma y eficacia de los actos
procesales, los efectos de la cosa juzgada y las condiciones para la ejecución
de la sentencia”. En otras palabras agrega este tratadista “el derecho procesal
fija las normas para el desenvolvimiento del proceso, lo que equivale a decir,
normas para la realización del fin de la justicia objetiva”
Cabe añadir que, teniendo en cuenta los avances de esta disciplina, cuando
hablamos del derecho procesal nos estamos refiriendo a una rama de la
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ciencia jurídica, jerarquía admitida casi por unanimidad por los principales
tratadistas. Si bien, las definiciones antes glosadas se refieren a una
normatividad, no significa en manera alguna que estemos solamente frente a
reglas técnicas, sino que las mismas tienen una profunda conexión con el
derecho y la realización de sus fines, como es la preservación de la paz social.
1.1.4.- CONCEPTO Y FINES.
De Litala, nos dice que el derecho procesal del trabajo es aquella rama de las
ciencias jurídicas que dicta las normas instrumentales para la actuación del
derecho del trabajo y que regula la actividad del juez y de las partes, en todos
los procedimientos concernientes a la materia del trabajo.
El mismo tratadista señala que de una manera más amplia, el derecho procesal
del trabajo, puede definirse como el conjunto de normas referentes a la
constitución, la competencia del juez, la disciplina del procedimientos, la
sentencia y los medios de impugnación para la resolución de las controversias
colectivas, intersindicales no colectivas e individuales del trabajo y de toda otra
controversia referente a normas sustancias del trabajo.
Para Nestor de Buen, la definición del derecho procesal del trabajo no
constituye un problema de mayores dimensiones. Sin embargo, afirma que
dicha disciplina puede conceptualizarse como el conjunto de nomras relativas a
la solución jurisdiccional de los conflictos de trabajo.
Incidiendo en el rol socioeconómico de esta disciplina. Alberto Trueba Urbina,
nos dice que se trata de un conjunto de reglas jurídicas que regulan la actividad
jurisdiccional de los tribunales y el proceso de trabajo, para el mantenimiento
del orden jurídico y económico en la relaciones obrero – patronales,
interobreras e interpatronales.
En la medida en que dicha normatividad satisfaga las aspiraciones de
empleadores y trabajadores, y ambos adecuen cotidianamente su
comportamiento a dicha normatividad, dentro de la comunidad social, exisitira
satisfacción en las relaciones de carácter laboral, lo que proporcionara la
denominada paz social, en ese aspecto.
Surge, entonces, el derecho procesal del trabajo como una respuesta a la
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necesidad de resolver el conflicto laboral, que se origina como consecuencia de
la inaplicación de la norma sustantiva. Pero la superación del conflicto no
puede efectuarse de cualquier forma, sino de acuerdo a un proceso regulado
por el derecho. Es por eso que para Guasp, el proceso es un instrumento de
satisfacción de pretensiones.
1.1.5.- AUTONOMIA DEL DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO.
Litala, afirma que una disciplina jurídica es autónoma cuando abarca un
conjunto de principios y de institutos propios. Con criterios más actual, Américo
Pla, dice que la afirmación de la autonomía del derecho del trabajo se sostiene
generalmente en que este tiene principios propios diferentes a los que inspiran
otras ramas del derecho.
Así por ejemplo, dentro de los que nos simpatizan con la autonomía podemos
citar a Podetti, quien sostiene que es imposible prescindir de la doctrina del
proceso civil y de sus instituciones para comprender, explicar y aplicar las
normas específicas del procedimiento laboral.
Entre nosotros, Fernando Elias, antes la aparición del nuevo código procesal
civil peruano, afirma que este es el instrumento más eficaz para la tramitación
de toda clase de juicios, por lo que no debería haber ningún inconveniente para
que el mismo sea aplicado a los juicios laborales.
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1.2.- LOS PRINCIPIOS DEL PROCESO LABORAL
1.2.1.- PRINCIPIO TUTELAR DEL TRABAJADOR.
En primer lugar es necesario distinguir el derecho de tutela jurisdiccional que
concierne al derecho procesal en general, de lo que es el principio tutela del
trabajador, que es una particularidad del derecho procesal del trabajo. el
primero, consiste en el derecho que tiene toda persona de requerir la
intervención de la función jurisdiccional del estado para solucionar cualquier
litigio que se presente entre los miembros de una comunidad social. De ahí que
se conceptué, a la tutela jurisdiccional, como un presupuesto de convivencia
social pacifica.
En cambio, el principio de tutela procesal del trabajador, tiene que ver con las
consideraciones que se le guarda dentro del proceso laboral.
a. Gratuidad procesal para el trabajador.- Toda persona tiene derecho a
reclamar justicia del órgano estatal correspondiente. Es decir, cuando un
miembro de una sociedad pretenda algo de otra, pretensión es atendida
por un órgano jurisdiccional, a través de un proceso con garantías
mínimas. La doctrina es casi unánime al considerar que la tutela
jurisdiccional corresponde exclusivamente al estado, criterio que ha sido
recogido por la legislación nacional. En base a tales consideraciones
podemos concluir que la actividad de administrar justicia es un servicio
público indispensable para la consecución de la paz social.
Consecuentemente el acceso a ese servicio de la búsqueda de justicia
debe ser gratuito. Es decir, los derechos de acción y contradicción
procesal no deben estar supeditados al pago de sumas de dinero. Esto
ni impide la posibilidad de que la ley contemple el abono de costas en
determinadas circunstancias, incluso en la actualidad dadas las
limitaciones económicas de los estados, se sostiene que la gratuidad no
debe ser absoluta sino excepcional. En el caso del proceso laboral, el
principio de gratuidad a favor del trabajador, tiene una aceptación casi
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unánime. Por el mismo, se busca facilitar al trabajador el acceso a los
órganos de administración de justicia para demandar la restitución de
sus derechos laborales. La facilidad se sustenta en la carencia de
recursos económicos por parte del trabajador y en la prioridad de sus
beneficios laborales. Sin la gratuidad, el trabajador, en muchos casos, no
podría acceder a la tutela jurisdiccional, con lo cual se consagraría el
atropello en beneficio del empleador.
b. Inversión de la carga de la prueba.- Lo anterior sirva para afirmar que en
derecho procesal la regla general es que el demandante tiene la carga
de la prueba. Es decir, quien demanda debe probar los hechos que
invoca en su demanda. De lo contrario, se absolverá al demandado
aunque nada hubiera alegado en su favor. Como se puede apreciar, aquí
se invierte la regla general que busca que sea el demandante el que
pruebe los extremos de su demanda, para trasladar, tal obligación, al
demandado. De ahí el nombre de inversión de la carga de la prueba. Por
tanto, al trabajador le basta afirmar que se ha incumplido con su
derechos y será el empleador o demandado quien tiene que acreditar lo
contrario.
c. In dubio pro operario.- Este principio puede interpretarse en términos
amplios, si se acepta que todo tipo de duda, incluso la que tenga que ver
con los hechos, favorece al trabajador tal como sucede en el derecho
penal con el indubio pro reo.
d. Sentencia plus o ultra petita.- Este principio es necesario referirnos
primero al tema de la congruencia de la sentencia. En esta materia, el
derecho procesal civil exige que toda sentencia debe ser congruente con
la demanda. Esto significa, que el juez cuando falla tiene que
pronunciarse sobre todos los aspectos que contiene la pretensión del
demandante y, por otra parte, no puede resolver extremos que no estén
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contenidos en demanda, ni otorgar mas allá de lo demandado.
Sentencia “citra petita”, es la que omite pronunciarse sobre alguno o
todos los extremos o puntos que contiene la demanda. Sentencia “extra
petita”, es la que resuelve una cuestión que no contiene la demanda.
Sentencia “plus o ultra petita”, cuando se concede valores mayores a los
que el demandante pide en su demanda.
1.2.2.- PRINCIPIO DE VERACIDAD O PRIMACIA DE LA REALIDAD.
En el desarrollo de un proceso se mueven dos tipos de versiones respecto a
los hechos que originan el conflicto. Una de esas versiones es la que las partes
buscan mostrarle al juez a través de los medios probatorios, y que
frecuentemente no se ajustan a la realidad. En muchos casos ese alejamiento
de la verdad es intencional. Pero no se puede negar la otra situación, que se da
cuando en el proceso hay una concidencia entre la realidad y lo que se logra
probar. En el primer caso estamos ante lo que se denomina la “verdad formal”.
En el segundo, ante la “verdad real”.
A menudo, una sentencia se sustenta en cualquier de las dos versiones de los
hechos, esto es, en la real o en la aparente. El idea de una correcta
administración de justicia es que las sentencias se base en la verdad real, es
decir, que prime la realidad frente a la verdad formal. La sentencia que no se
asiente en la realidad, será una sentencia formal. Sentencia que se base en la
realdad, será una sentencia justa.
De esta manera, el juez desplaza a las partes en la correcta calificación jurídica
de los hechos; es decir, rectifica el error casual o intencional de los litigantes.
Aquí también se produce una diferencia con el proceso civil; en este el juez, por
ejemplo, por lo general busca aquello que las partes realmente han deseado en
un negocio jurídico y da a esa voluntad la denominación jurídica adecuada.
Es preciso señalar que el principio de la primacía de la realidad no tiene valor
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absoluto en el proceso laboral, porque este debe funcionar en concordancia
con las reglas del proceso. Es así que, algunos apercibimientos buscan
establecer verdades presuntas que impiden buscar la verdad real. Tal por
ejemplo en el caso de las presunciones a que se refiere el art. 40º de la Ley
Procesal del Trabajo.
Los principios operativos que contribuyen a la realización del principio de
veracidad, son los siguientes:
a. Dirección del Proceso.- Según este principio, el juez tiene la facultad de
dirigir el proceso y puede ordenar las diligencias necesarias para el
esclarecimiento de los hechos controvertidos o para la exactitud del fallo,
sin que tenga que suplir a las partes en las obligaciones de probanza
que les respecta.
b. Sencillez y Oralidad.- El fin del proceso es obtener la restitución del
derecho vulnerado. Para el cumplimiento de tal propósito la disciplina
jurídica exige determinado formalismo. El proceso es esencialmente
formal, pero el exceso de atención de la forma puede distorsionar los
fines del proceso, retardando la sentencia o desatendiendo el fondo del
litigio. La jurisprudencia laboral, al declarar nulos e insubsistentes los
actos procesales por el hecho de incurrir en informalidades
intrascendentes, ha creado un estado de animo y actitud en los jueces
de trabajo y sus auxiliares que los lleva a dar prioridad al cumplimiento
de las formalidades y a descuidar el fondo del proceso. La oralidad, es
un principio estrechamente ligado a la sencillez, por que se busca, con
ambos, es facilitarle al trabajador la defensa de sus derechos. Lo que se
quiere, es que en proceso laboral prevalezca la forma oral antes que la
escrita. Solo así el juez puede obtener una impresión más cercana a los
hechos y al conflicto mismo. En el proceso escrito, las partes escriben
sus versiones, y a través de los escritos llega a conocimiento del
magistrado. En el proceso oral, los litigantes y terceros hablan
directamente al juez y este tiene la posibilidad de darse cuenta de las
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falsedades y sofisma y, de inmediato, exigir las aclaraciones y
precisiones. Para los litigantes, significa la eliminación del papeleo y de
diligencias fatigosas, en las que hay que estar más atento a los que
debe escribirse que a lo que debe constarse. Por otra parte la oralidad
permite el cumplimiento de otros principios como el de celeridad,
veracidad, inmediación, concentración, etc.
c. Inmediación.- Por este principio, se busca que el magistrado que va a
resolver el conflicto dirija personalmente las diligencias más importantes
del proceso. Pero la inmediación, busca también que las partes puedan
apreciar la personalidad e idoneidad del magistrado que debe juzgar la
causa encomendada. Sobre el tema de la inmediación, el contenido del
articulo 90º de la ley de procedimiento laboral de España es muy
elocuente, al disponer que si “por causa justificada el magistrado que
presidio el acto de juicio no pudiese dictar sentencia deberá celebrarse
nuevamente”.
d. Lealtad Procesal.- También este principio contribuye a hacer el principio
a hacer efectivo el principio de veracidad. Algunos tratadistas al referirse
al mismo. Lo denominan principio de probidad o buena fe. Consiste en el
deber de decir la verdad en el proceso. Lo que se busca es evitar que se
empleen actitudes que no conduzcan al cumplimiento de la finalidad de
una adecuada administración de justicia.
e. Doble Instancia.- Se denomina instancia, a cada una de las etapas o
niveles del proceso y que abarcan desde la interposición de la demanda
hasta la sentencia. Es por eso que se suele hablar de sentencia de
primera, segunda o tercera instancia, según el caso.
1.2.3.- PRINCIPIO DE CELERIDAD PROCESAL.
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Lo que se busca con este principio es la restitución del bien jurídico tutelado,
objeto de la transgresión, en el menor tiempo posible.
La celeridad procesal esta muy ligada a la realización del valor de la justicia.
Para destacar su importancia, como medio correctivo, frente al retardo de su
administración, las comunidades y tratadistas han propuesto algunos
aforismos, como los siguientes “justicia tardía, no es justicia” “tiempo no es oro,
es algo mas justicia” “mas vale un mal arreglo que un buen juicio”.
a. Economía Procesal.- Consideremos a la economía procesal como un
principio operativo de la realización del principio de la celeridad, podría
dar lugar a sostener que, por el contrario, la celeridad contribuye a la
consecución de la economía procesal. Pero tal apreciación se
desvanece si tenemos en cuenta que la economía procesal no solo se
refiere a la reducción del gasto, sino también a la economía del tiempo y
esfuerzo, ingredientes sustanciales para el logro del principio de la
celeridad, que es sinónimo de urgencia.
b. Concentración.- Ante que un principio, la concentración es un
mecanismo para el logro de la celeridad del proceso. Consiste en
realizar diferentes actos procesales en una sola diligencia. Así por
ejemplo, en el comparendo laboral se contesta la demanda, se busca
conciliar el conflicto, y se actúa las pruebas, de manera que la causa
quede expedita para sentenciar. Se trata, pues de concentrar la
realización de diferentes actos procesales en el menor tiempo posible.
c. Conciliación.- Viene de la voz latina conciliare que quiere decir
componer ajustar los ánimos de quienes estaban opuestos entre si, la
conciliación tiene su origen en el derecho internacional publico. Como
una figura para la solución a los problemas entre estados. La
conciliación libre y sincera, contribuye a que el conflicto se solucione en
forma satisfactoria para ambos litigantes, lo que no siempre consigue
una sentencia. Esta ultima, puede generar enconos y resentimientos en
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le perdedor, en cambio, la conciliación, por se producto del consenso
entre las partes en litigio, muchas veces es causa de simpatías entre los
mismos.
d. Impulso de Oficio.- Según este principio el procedimiento debe ser
impulsado de oficio por los jueces. Este deber cesara con la sentencia.
Este es un tema que tiene que ver con el impulso procesal y que según
Couture, consiste en la acción o fenómeno por virtud del cual se asegura
la continuidad de los actos procesales y su dirección hacia el falo
definitivo. El impulso procesal, en teoría, puede corresponder a las
partes o al juez según lo establezca la ley. Pero tal aseveración no es
absoluta, desde que cuando se habla de impulso de oficio, no significa
que las partes queden totalmente liberadas de impulsar el proceso, ni
que existan sistemas procesales en los cuales el magistrado este
impedido absolutamente del impulso procesal.
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Derecho Procesal el Trabajo
Plan de sesión de aprendizaje Nº 03
1. Unidad de aprendizaje: I El Derecho Procesal Del Trabajo en la Doctrina.
2.- Objetivo especifico.
4.3.1.2.1 Comprender y estudiar los conflictos laborales
3.- Tema.-Conflictos laborales.
4.- Objetivos operacionales.
Al concluir la sesión de aprendizaje los estudiantes estarán capacitados para.
4.3.1.2.1- Tener una visión clara de los conflictos laborales y su forma de solución.
5.- Contenidos analíticos.
1.3.- Conflictos laborales.
− Conceptos
− Conflictos puros típicos, u obreros patronales.
− Conflictos individuales.
− Conflictos colectivos
− Conflictos impropios.
− Conflictos entre sindicatos y el estado.
− Conflictos entre sindicatos y empleadores.
− Conflictos intersindicales..
6.- Programación.
Para una semana lectiva 3 horas (135minutos).
7.- Estrategias de aprendizaje
Actividad
a. El docente presenta brevemente el tema de la sesión a través de una introducción.
b. Los estudiantes darán su opinión en forma oral y/o escrita.
c. El docente monitorea las participaciones y responde a cuestiones planteadas por los
alumnos.
d. Los estudiantes y el docente reflexionan en torno al proceso de síntesis de los
aprendizajes desarrollados y establecen acuerdos relacionados con el sistema de
trabajo en la asignatura.
e. Actividad de motivación: el docente presenta situaciones comunicativas breves, el
alumno las lee y analiza.
f. Trabajo en plataforma moodle: los alumnos realizan una lectura analítica de la
información y elaboran características de cada tema leído y lo publicaran en el foro de
trabajo para su discusión.
g. Foro de trabajo colaborativo: los alumnos emiten opiniones sobre las siguiente
preguntas: ¿Qué importancia tiene el curso de Procesal Laboral en los conflictos
laborales de nuestro País?
h. El docente presenta una síntesis de la información a través de organizadores visuales.
i. Se empleara la evaluación formativa en la cual se calificara la participación en el foro y
el desarrollo de actividades de aplicación de contenidos. Asimismo, los estudiantes
participaran en la autoevaluación
Dr. Wuilbe Jaime Gonzáles Santos
jaime_wilbe@hotmail.com.

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1.4.- JURISDICCION Y COMPETENCIA EN EL PROCESO LABORAL.
1.4.1.- LA JURISDICCION.
Etimológicamente, jurisdicción deriva de dos voces latinas, ius que significa
derecho y decire, es decir, esto es decir o aplicar el derecho. Se trata pues de
la jurisdicto o iure dicendo.
Por estas voces implica algo más que el simple decir el derecho pues ellas
conllevan, principalmente, la potestad de ejecutar las resoluciones en las que
declaran o dicen el derecho.
La jurisdicción, dice Alsina “Es la potestad conferida por el estado a
determinados órganos para resolver, mediante la sentencia las cuestiones
litigiosas que les sean sometidas y hacer cumplir sus propias resoluciones”.
La constitución peruana dispone que “La potestad de administrar justicia
emana del pueblo y se ejerce por el poder judicial a través de sus órganos
jerárquicos con arreglo a la constitución y las leyes” (art. 138º). En cuanto a la
exclusividad de la función jurisdiccional del estado, el art. 139º. Inc. 1 ordena
que “no existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente con
excepción de la militar y arbitral”.
En cuanto a la jurisdicción, en materia laboral, la nueva ley procesal dispone
que la potestad jurisdiccional se ejerza por los órganos judiciales que
contempla la ley orgánica del poder judicial (art. 1º). De acuerdo a esta, esos
órganos son los siguientes:
A. En la corte suprema: la sala de derecho constitucional y social.
B. En las cortes superiores: las salas laborales y mixtas.
C. Los juzgados de trabajo y juzgados mixtos.
D. Los juzgados de paz letrados.
E. Los juzgados especializados de derecho público y juzgados civiles en
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materia en garantía constitucionales, cuando se trata de derechos
laborales.
Como el proceso laboral se sustenta sobre el principio de la doble instancia,
estos órganos se escalonan de la siguiente manera:
• Las sentencias expedidas por los juzgados de paz letrados son
revisados en apelación, por los juzgados de trabajo.
• Los fallos que en primera instancia son expedidas por los juzgados de
trabajo o mixtos, son objeto de apelación ante las salas laborales o
mixtas de las cortes superiores.
• Finalmente, las sentencias que en primera instancia expiden las salas
laborales o mixtas, son objeto de revisión, en apelación, por la sala de
derecho constitucional y social de la corte suprema.
1.4.2.- LA COMPETENCIA.
Para tener una idea de este tema veamos el siguiente párrafo que pertenece a
Couture “la competencia es una medida de jurisdicción, todos los jueces tiene
jurisdicción; pero no todos tienen competencia para conocer en un determinado
asunto. Un juez competente es, al mismo tiempo, juez con jurisdicción; pero un
juez incompetente es un juez von jurisdicción y sin competencia”.
De manera que la competencia es la potestad conferida a los jueces para
ejercer la función de jurisdicción en determinados casos. Si la jurisdicción es un
poder de todo magistrado. La competencia sirve para delimitar ese poder.
La ley procesal del trabajo expresa que la competencia se determina por razón
de territorio, materia, función y cuantía. Es decir, que se contempla cuatro
clases de competencias. (art.2º).
A.- COMPETENCIA POR RAZÓN DE TERRITORIO.- Esta competencia
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esta basada en la necesidad de distribuir, a través del territorio de un
país, los tribunales y juzgados encargados de administrar justicia, esto
quiere decir, que a los mismos se les asigna una determinada extensión
territorial para que puedan ejercer su jurisdicción. Pero además, se trata
de acerca al magistrado al lugar donde se encuentren las partes, o
donde se producen los hechos que dan origen al conflicto. De acuerdo a
ley peruana, es juez competente el del lugar donde se encuentra el
centro de trabajo en el que el trabajador halla laborado, o el del lugar del
domicilio principal del empleador. La potestad de elegir la tiene el
trabajador (art. 3º). Así por ejemplo, si un trabajador domicilia en la
ciudad de Lima, su último centro de trabajo esta en Ica y el domicilio del
empleador se ubica en Trujillo, el trabajador podrá elegir entre el juez de
Ica y el de Trujillo. De conformidad con la ley orgánica del poder judicial
(LOPJ), la competencia territorial de los órganos jurisdiccionales en
materia laboral tiene el siguiente funcionamiento:
 La sala de derecho constitucional y social tiene competencia en todo el
territorio del Perú desde que forma parte de la corte suprema. Su sede
es la capital de la república (art. 28º de LOPJ).
 Las salas laborales y mixtas de las cortes superiores, son competentes
en el ámbito del distrito judicial correspondiente (art. 36º de LOPJ). Cada
corte superior cuenta con salas especializadas o mixtas para conocer los
asuntos laborales. Estas salas especializadas o mixtas para conocer los
asuntos laborales. Estas salas pueden funcionar en ciudad o provincia
distinta de la sede del corte superior (art. 37º de la LOPJ).
 Los juzgados de trabajo o mixtos: en cada provincia hay cuando menos
un juzgado de trabajo o mixto. Tiene competencia en el ámbito de la
respectiva provincia, salvo disposición distinta de la ley o del consejo
ejecutivos del poder judicial. Lo hubiera mas de un juzgado de trabajo o
mixto se distinguen por numeración correlativa (art.47º LOPJ).
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 Los juzgados de paz letrados son mixtos. Es decir, que pueden conocer
asuntos civiles, penales y laborales. Sin embargo, la ley orgánica ha
previsto la posibilidad de que el consejo ejecutivo distrital disponga la
especialización de estos juzgados, cuando lo justifiquen la carga
procesal y una mejor administración de justicia (art. 55º).
B.- LA COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA MATERIA.- Es la que
delimita el poder jurisdiccional teniendo en cuenta la naturaleza del
conflicto objeto de la litis. Por eso se habla de litigio civil, penal, laboral,
comercial, etc. La competencia por razón de la materia, dice Carnelutti,
atiende al modo de ser la litis o del negocio desde el punto de vista de
los sujetos, del objeto o de la causa. Con la competencia por razón de la
materia se busca una eficaz administración de justicia mediante la
especialización de los magistrados. La ley procesal del trabajo, dispone
que la competencia por razón de la materia se regula por la naturaleza
de la pretensión (art.4º). la misma ley se encarga de fijar criterios para
determinar la competencia por razón de la materia de los diferentes
órganos jurisdiccionales, en la siguiente forma:
 Competencia por razón de la materia de las salas laborales:
 Acción popular en materia.- la acción popular es una garantía, que
procede por infracción de la constitución y de la ley, contra los
reglamentos, normas administrativas y resoluciones y decretos de
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carácter general, cualquiera sea la autoridad de la que emanen
(art.200º, inc. 5).
 Impugnación de laudos arbitrales emanados de una negociación
colectiva.- el decreto ley Nº 25593, norma las relaciones colectivas de
trabajo. Este dispositivo establece el arbitraje, como medida definitiva en
la solución de los conflictos económicos derivados de los pliegos de
reclamos. Este laudo, de conformidad con el articulo 66º del decreto ley
acotado, puede ser impugnado ante la sala laboral de la corte superior
en los casos siguientes:
 Por razón de nulidad.
 Por establecer menores derechos a los contemplados por la ley a favor
de los trabajadores.
 La acción contencioso – administrativa en materia laboral y seguridad
social.- se trata de una acción que tiene por objeto someter la actividad
administrativa genera relaciones con los particulares o súbitos. En esta
relación en la que el administrado es una de las partes y el estado la
otra, pero a la vez es juez ha sido menester establecer la acción
contencioso – administrativa, que pueden utilizar los particulares frente a
cualquier exceso del poder administrador. Así por ejemplo, frente a una
multa excesiva que impusiera el ministerio de trabajo a un empleador,
este puede plantear la acción contencioso – administrativa contra el
estado, para dejar sin efecto la medida administrativa, igualmente, ante
la negativa por parte de una prestación de seguridad social, por parte del
IPSS, se podrá plantear dicha acción. La competencia en primera
instancia de las salas laborales, contemplada por la ley citada, tiene su
antecedente en el art. 240º de la constitución de 1979, que ordenaba
que se precisara por ley en que casos la acción contencioso –
administrativa debía iniciarse en las cortes superiores o en la corte
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suprema. Pero esta disposición no ha sido recogido por la actual
constitución, de ahí que la ley podría ordenar que la acción en cuestión,
se inicie en los juzgados.
 Conflictos de competencia promovidos entre juzgados de trabajo y entre
estos y otros juzgados de distinta especialidad del mismo distrito
judicial.- En primer lugar debemos señalar que la redacción del presente
inciso no es la más adecuada. El hecho de utilizar los términos de
conflictos y promovidos distorsiona la intención de la ley. En este caso
no se puede hablar de promover conflictos. El código de procedimientos
civiles hablaba de promover contienda, que es totalmente distinto a decir
promover conflicto. Hubiera sido mas apropiado utilizar los términos de
conflictos de competencia originados o generados entre juzgado.
 Conflicto de autoridad entre los juzgados de trabajo y autoridad
administrativos en los casos previstos por la ley.- Así como se presentan
conflictos entre jueces en el tema de la competencia, así también
pueden existir conflictos entre jueces y autoridades administrativas. Esto
implica la existencia de dudas respecto del carácter contencioso o
administrativo del asunto materia de la disputa. De ser esa la situación,
en asuntos de trabajo, corresponde dirimirlos a las salas laborales.
 Las quejas de derecho por denegatoria de recurso de apelación.- el
recurso de queja se plantea contra la resolución del juez que deniega el
recurso de apelación. De manera que el litigante afectado puede recurrir
a la instancia superior inmediata para que revoque la denegatoria del
juez y de esa manera el tema principal de fondo del litigio pueda ser
objeto de revisión.
 La homologación de conciliaciones privadas.- este dispositivos señala
que la conciliación privada es voluntaria y puede realizarse ante una
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entidad o ente un conciliador individual, debiendo para su validez ser
homologada por una sala laboral, cuyo caso adquiere la autoridad de
cosa juzgada.
 Las demás que señale la ley.- esto quiere decir que por la ley se les
puede asignar, a las salas laborales cualquier otro asunto pertinente. Así
sucedió por ejemplo, cuando el decreto ley Nº 25593, dispuesto que las
mismas eran competentes para conocer en primera instancia, la
impugnación de los aludos arbitrales.
COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA MATERIA DE LOS
JUZGADOS.- el tema de los conflictos jurídicos ha sido tratado con
suma amplitud en el capitulo anterior. Para recordad, basta
mencionar que se trata de aquellos que tienen su causa en el
incumplimiento de disposiciones legales o convencionales. En este
caso el juez de trabajo declara el derecho y ordena su cumplimiento.
En contraposición, están los conflictos económicos que originan en la
necesidad de los trabajadores de crear nuevos derechos. Estos
conflictos son resueltos, en el sistema peruano mediante negociación
entre trabajadores y empleadores, sin intervención de autoridades
jurisdiccionales. La razón de esta limitación esta en la consideración
de que los jueces no pueden crear derechos, sino simplemente
declarar derechos y ordenar su cumplimiento.
 Impugnación del despido, tanto en el caso de arbitrario como del
denominado despido nulo.
 Cese de actos de hostilidad del empleador.
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 Incumplimiento de disposiciones y normas laborales cualquiera fuera su
naturaleza.- el señalamiento de este punto es innecesario, porque todas
las demás circunstancias que se especifica en este dispositivo, implica
incumplimiento de disposiciones laborales.
 Pago de remuneraciones y beneficios económicos, siempre que
excedan de 10 unidades de referencia procesal.
 Ejecución de resoluciones administrativas, sentencias emitidas por las
salas laborales, laudos arbitrales firmes que ponen fin a conflictos
jurídicos o títulos de otra índole que la ley señale.- las autoridades
administrativas tiene algunas limitaciones para hacer cumplir sus
resoluciones administrativas. Por ejemplo, no tienen facultades para
ordenar la medida de embargo de bienes. El derecho administrativo ha
establecido algunos mecanismos para el cumplimiento de las
resoluciones administrativas, como las multad. Pero cuando esta medida
es ineficaz, se puede recurrir a la autoridad judicial para que ejecute la
resolución administrativa, lo que significa que esta tiene la calidad de
titulo de ejecución. En cuanto a la sentencia de las salas laborales, su
ejecución es de competencia de los jueces de trabajo, tanto cuando se
trata de las expedidas en segunda instancia, como las que recaen en
asuntos cuya competencia, en primera instancia, corresponde a dichas
salas.
 Actuación de prueba anticipada sobre derechos de carácter laboral.- se
denomina prueba anticipada aquella que se puede actuar antes del inicio
del proceso dentro del cual se pretende utilizar. Así por ejemplo, un
trabajador puede solicitar ante un juzgado de trabajo el reconocimiento
de un documento por parte de su otorgante, con el propósito de utilizar,
dicho medio probatorio, en un juicio que posteriormente plantee contra
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su empleador.
 Impugnación de actas de conciliación celebradas ante las autoridades
administrativas de trabajo, reglamentos internos de trabajo y estatutos
sindicales.- las impugnaciones a que se refiere este inciso abre la
posibilidad de plantear las mismas, como acciones independientes. El
problema que surge aquí radica en que la LPT no señala cual será el
procedimiento para su tramitación, lo que significa que habrá que
someterlo al proceso ordinario.
 Entrega, cancelación o reducción de certificados, poliza, acciones y
demás documentos que contengan derechos o beneficios laborales.
 Conflictos intra e inter sindicales.
 Indemnización por daños y perjuicios derivados de la comisión de falta
grave que cause perjuicio económico al empleador, incumplimiento del
contrato y normas laborales cualquiera fuera su naturaleza por parte de
los trabajadores.
 Materia relativa al sistema privado de pensiones.
 Las demás que no sean de competencia de los juzgados de paz letrado
y las que la ley señale.
 COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA MATERIA DE LOS JUZGADOS
DE PAZ LETRADOS.- respecto a estos juzgados, la LPT les asigna
competencia en los siguientes casos:
 Pago de remuneraciones, compensaciones y derechos similares.- este
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inciso tiene que ver con la competencia por razón de la cuantía de
manera que volveremos sobre el tema en la parte pertinente.
 Impugnación de las sanciones disciplinarias impuestas por el empleador
durante la vigencia de la relación laboral.- el empleador, como conductor
del centro de trabajo, esta dotado de facultades disciplinarias. En su
condición de tal, puede imponer sanciones al trabajador que pasando
por la amonestación y suspensión, llega a la destitución.
 Reconocimiento de los derechos comprendidos en el régimen de trabajo
del hogar, cualquiera que fuere su cuantía.- se denominan trabajadores
del hogar a los que se dedican en forma habitual y continua a labores de
limpieza, cocina, asistencia a la familia y demás propias de la
conservación de una casa – habitación y del desenvolvimiento de la vida
de un hogar, que no importen lucro o negocio para el empleador o sus
familiares, y con un mínimo de cuatro horas diarias y veinticuatro
semanales.
 Las demás que la ley señale.
C.- COMPETENCIA POR RAZON DE FUNCION.- Esta competencia,
también llamada por razón de grado tiene que ver con el principio de la
doble instancia. Según esta clase o modalidad de competencia, existen
magistrados cuya función es revisar las decisiones de instancias
inferiores para confirmarlas o revocarlas.
 Competencia funcional de la sala de derecho constitucional y social
de la corte suprema.- esta sala es competente para conocer:
 Del recurso de casación en materia laboral.- el recurso de casación será
objeto de estudio dentro del capitulo correspondiente a los medios
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impugnatorios.
 Del recurso de apelación de las resoluciones pronunciadas por las salas
laborales en primera instancia.- existen asuntos que son de
competencia, en primera instancia, de las salas laborales, tales por
ejemplo: como la acción popular, impugnación de laudos arbitrales, etc.
 De los conflictos de competencia entre juzgados laborales de distinto
distrito judicial.- ha sido explicado cuando nos ocupamos de la
competencia por razón de la materia de las salas laborales.
 Competencia funcional de las salas laborales y los juzgados de
trabajo.- por su parte los juzgados de trabajo son competentes para
resolver los recursos de apelación contra los fallos que expidan los
juzgados de paz letrado, en materia laboral.
D.- COMPETENCIA POR RAZON DE LA CUANTIA.- La cuantía de la
pretensión es un criterio para determinar la competencia. La LPT la
trata, en parte, dentro de la competencia por razón de la materia para
diferenciar en que casos se puede acudir a los jueces de trabajo o a los
juzgados de paz letrados. Las competencias por razón de la cuantía esta
referida al valor económico del petitorio, en los casos que tengan
expresión monetaria.
4.3. CUESTIONAMIENTO DE LA COMPETENCIA.- La competencia
puede ser cuestionada cuando el demandado considera que el juez,
ante el que se le emplaza, es incompetente. Esto implica, que los
asuntos de incompetencia puede llegar a las citadas salas por la vía de
la interposición de inhibitoria. Si se trata de hacer valer como excepción,
la misma se formula en el escrito de contestación a la demanda y se
resuelve en la audiencia de saneamiento procesal.
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Derecho Procesal el Trabajo
Plan de sesión de aprendizaje No 05
1. Unidad de aprendizaje: I El Derecho Procesal Del Trabajo en la Doctrina.
2.- Objetivo especifico.
4.3.1.2.1 Comprender y estudiar la comparecencia al proceso laboral.
3.- Tema.-La Comparecencia en el Proceso Laboral
4.- Objetivos operacionales.
Al concluir la sesión de aprendizaje los estudiantes estarán capacitados para.
4.3.1.2.1- Tener una visión clara de la Comparecencia en el Proceso Laboral
5.- Contenidos analíticos.
1.5.- La Comparecencia en el Proceso Laboral.
− Conceptos.
− Capacidad procesal de las partes.
− La representación procesal
− Clases de poderes
− La representación mediante organismo sindicales
− Patrocinio por abogado
− La acumulación del proceso laboral
− Desacumulación del proceso laboral.
6.- Programación.
Para una semana lectiva 3 horas (135minutos).
7.- Estrategias de aprendizaje
Actividad
a. El docente presenta brevemente el tema de la sesión a través de una introducción.
b. Los estudiantes darán su opinión en forma oral y/o escrita.
c. El docente monitorea las participaciones y responde a cuestiones planteadas por los
alumnos.
d. Los estudiantes y el docente reflexionan en torno al proceso de síntesis de los
aprendizajes desarrollados y establecen acuerdos relacionados con el sistema de
trabajo en la asignatura.
e. Actividad de motivación: el docente presenta situaciones comunicativas breves, el
alumno las lee y analiza.
f. Trabajo en plataforma moodle: los alumnos realizan una lectura analítica de la
información y elaboran características de cada tema leído y lo publicaran en el foro de
trabajo para su discusión.
g. Foro de trabajo colaborativo: los alumnos emiten opiniones sobre las siguiente
preguntas: ¿Existe en nuestro pais muchas localidades o distritos en extrema pobreza a
consecuencia de la falta de trabajo y del incumplimiento de los derechos laborales, ¿cree usted
que deben instalarse un taller comunal donde se de charlas laborales a los trabajadores para
que tengan conocimiento de todos sus beneficios y derechos laborales y de esta manera se
podrá erradicar en algunos extremos la pobreza?
h. El docente presenta una síntesis de la información a través de organizadores visuales.
i. Se empleara la evaluación formativa en la cual se calificara la participación en el foro y
el desarrollo de actividades de aplicación de contenidos. Asimismo, los estudiantes
participaran en la autoevaluación
Dr. Wuilbe Jaime Gonzáles Santos
jaime_wilbe@hotmail.com.

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II UNIDAD
EL DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO EN LA LEGISLACION
2.1.- ETAPA POSTULATORIA DEL PROCESO LABORAL EN LA LEY 26636
2.1.1.- LA DEMANDA Y REQUISITOS
La demanda es el acto por el cual el actor o demandante ejercita un juicio civil,
una o varias acciones, o entabla recurso en la jurisdicción contencioso –
administrativa. Para Almeida, es la petición inicial y la materialización de la
pretensión.
Se trata de un acto procesal que implica el ejercicio del derecho de acción y el
señalamiento de la pretensión. Quiere decir, que es el medio para acudir
formalmente ante la autoridad jurisdiccional, requerir la actividad de esta y
exponer lo que se pide o pretende del demandado.
La demanda es una pieza procesal fundamental porque a través de la misma,
el magistrado puede informarse de la dimensión del problema y el demandado
del contexto de la pretensión. Es por eso que la ley la rodea de determinadas
formalidades, lo que da lugar a que el juez no la admita cuando no reúne los
requisitos que debe contener.
A. La designación del juez ante quien se interpone.- toda demanda
debe iniciarse dirigiéndose al juez ante el que se interpone. Esto no
significa señalar el nombre y apellido del magistrado, sino simplemente
la función o jerarquía. Así, se podrá decir “señor juez de trabajo” “señor
juez de paz letrado” o “señor presidente de la sala laboral”.
B. Nombre o denominación, datos de identidad, dirección domiciliaria
y domicilio procesal del demandante o de su representante, si no
pudiera comparecer o no comparece por si mismo.- con este
requisito, la ley busca que el demandante se identifique con su nombre y
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apellidos, y documento oficial de identidad, si se trata de persona
natural. Cuando el demandante sea persona jurídica o de otra índole
diferente a la persona natural, debe consignar su denominación y los
datos relacionados con su creación, tales como la escritura publica, ley u
otro documento por el que se constituye, así como la indicación de su
inscripción en el registro pertinente. Este es un aspecto muy importante
para evitar que una persona natural se atribuya la representación de una
entidad inexistente. Sin embargo la LPT no hace hincapié sobre este
aspecto. En cuanto a la identificación de personas naturales, se puede
utilizar cualquier documento de identidad, como puede ser el DNI, la
libreta electoral, militar, carnet de extranjería, pasaporte. En el caso de
los menores de edad será menester hacer constar esta circunstancia,
para evitar que el juez no considere como una omisión el hecho de no
hacer referencia al documento de identidad.
C. El nombre o denominación de la persona natural o jurídica
demandada con indicación de la dirección domiciliaria donde debe
ser notificada.- la razón de este requisito tiene que ver con la
identificación de la persona a la que debe emplazarse y el lugar donde
ser notificada. Puede darse el caso que la entidad a la que haya que
demandar carezca de personalidad, situación que no ha sido
contemplada por la LPT, en tal eventualidad la demanda habrá que
plantearla contra los gestores o responsables individuales del negocio.
También es frecuente que el trabajador ignore el nombre completo o
denominación social del empleador al que debe demandar. Para superar
estos inconvenientes, en algunos precedentes judiciales se ha
establecidos que se tendrá por cumplido con este requisito, si el
trabajador señala el nombre del centro de trabajo y su ubicación, en el
cual labora o ha laborado, así, por ejemplo se podrá decir que se
demanda al propietario del centro de trabajo “la casa del radio” “ubicado
en tal lugar”.
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D. La situación laboral del demandante, si un trabajador individual con
indicación del tiempo de servicios, función o cargo desempeñados
y la ultima remuneración percibida.- no encontramos la razón por la
que la LPT ha separado, en inciso aparte, estos aspectos que muy bien
podían formar parte del inciso numero 6, esto es dentro de la
remuneración de los hechos. Por otra parte la redacción del inciso crea
confusión al referirse al trabajador individual. De acuerdo al derecho
sustantivo. El trabajador necesariamente es una persona natural.
E. La determinación clara y concreta del petitorio contenido con
indicación de montos cuando los derechos tengan naturaleza
económica o expresión monetaria.- en este caso, lo que la ley busca
es la determinación precisa de la pretensión, requisito que servirá de
base para que el juez dicte la sentencia en forma congruente con la
demanda. El petitorio puede contener la exigencia para el demandado
haga lo deje de hacer algo entregue una cosa o una cantidad de dinero
o simplemente que se declare la existencia o inexistencia de un derecho.
F. La enumeración de los hechos y los fundamentos jurídicos de la
pretensión.- la necesidad y utilidad de una exposición clara y concisa
de los hechos que tiene relación con la demanda, es múltiple. Por una
parte, le servirá al juez para saber si ha existido o no una violación del
derecho del demandante. Por otra, permitirá al demandado fijar los
términos de su contestación. De esa manera, al confrontarse las
versiones del demandante y demandado será posible establecer los
puntos controvertidos y posteriormente orientar el uso de los medio
probatorios pertinentes. En lo que concierne al señalamiento de los
fundamentos jurídicos de la pretensión, el derecho comparado no es
unánime en considerar como indispensable para la formulación de la
demanda, tan como ocurre, por ejemplo con la ley española que se afilia
3

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al criterio según el cual, son los hechos y no los derechos los que
identifican la demanda.
G. Ofrecimiento de los medios probatorios.- la prueba es el medio
utilizado para la comprobación de la verdad de las afirmaciones o
proposiciones que formulan las partes en un proceso. Los medios
probatorios que se ofrecen deben estar relacionados con los hechos
expuestos en la demanda. De lo contrario resultarían impertinentes. En
cuanto a la clase de medios probatorios que pueden utilizarse en el
proceso laboral, la LPT nos remite al CPC (art. 26º). Este a su vez,
contempla dos tipos de medios probatorios: los típicos y los atípicos.
Dentro de los primeros se consideran los siguientes: (art. 192º).
• La declaración de parte.
• La declaración de testigo.
• Los documentos.
• La pericia.
• La inspección judicial.
H. La firma del demandante.- finalmente, la demanda debe contener la
firma del demandante o de su representante legal o apoderado. Si se
trata de personas jurídica, quien debe firmar, será su mandatario o
apoderado. Si el accionante es un persona natural, la demanda será
suscrita por esta, salvo que lo haga por intermedio de apoderado. La ley
se ha puesto en la situación de que el demandante sea un analfabeto,
en cuyo caso deberá imprimir su huella digital debiendo el secretario del
juzgado, certifica dicho acto. La demanda, también debe ser firmada por
le abogado patrocinante, en razón de que la LPT dispone que es
obligatorio dicho patrocinio, salvo que en el lugar donde se plantea la
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demanda la defensa no fuera cautiva.
2.1.2.- ANEXO DE LA DEMANDA.
Para que una demanda sea admitida, no basta que reúna los requisitos antes
señalados. La LPT dispone que la misma deba presentarse acompañada de los
siguientes anexos:
• Copia legible del documento de identidad del demandante o en si caso,
el del representante.
• Copia del documento que contiene el poder para iniciar el proceso
cuando se actué por apoderado.
• Copia del documento que acredite la representación legal del
demandante, si se trata de personas jurídicas o naturales que no pueden
comparecer por si mismas.
• Todos los medios probatorios ofrecidos en la demanda.
2.1.3.- MODIFICACION Y AMPLIACION DE LA DEMANDA.
La LPT no contempla esta posibilidad. Ello podría llevar a la conclusión de que
en este proceso no se puede variar la demanda una vez presentada.
Consideramos que el silencio de la LPT, en este tema, no significa una
prohibición absoluta. Pensamos que la ley busca corregir el defecto del decreto
supremo 03 – 80 – TR que permitía variar la demanda hasta antes de la
diligencia de comparendo, esto es, después que el demandando había sido
emplazado. La consecuencia, era la postergación de dicha diligencia.
Si este era el problema, no existe inconveniente para que el demandante
modifique su demanda, antes que el demandado haya sido notificado. Esta s la
situación contemplada por el CPC (art. 428º).
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EXP : Nro.
SEC :
ESC : Nro. UNO.
SUMILLA : INTERPONGO DEMANDA DE
BENEFICIOS SOCIALES UTILIDADES ASIGNA-.
CION FAMILIAR Y HORAS EXTRAS.
SEÑOR JUEZ DEL JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO LABORAL.
VAVERDE MARIÑOS EDILBERTO BERNANDO Identificado,
con DNI Nro. 40163856, y con domicilio real en LA LIBERTAD Nro. 308 - Chimbote, Y con
domicilio Procesal en la Av. Víctor Raúl Haya de la Torre Nro. 576, segundo piso Of, 201-
Chimbote, lugar donde pido se me haga llegar las notificaciones conforme a ley. A UD,
dignamente me presento y digo.
I.-PERSONERIA.- Que, estando mi persona acreditada con la copia simple de mi DNI.
Que, adjunto a la presente Demanda que interpongo en la presente Acción que instauro
Y por tener Legitimo Interés para Accionar y Obrar conforme lo establece el Art, I, IV, DEL
TITULO PRELIMINAR DEL CODIGO PROCESAL CIVIL, y el Art. VII. DEL CODIGO
SUSTANTIVO VIGENTE, con Capacidad Procesal para Comparecer en el presente
Proceso conforme lo establece el Art. 58, de la Norma Adjetiva me apersono a su
Honorable despacho designando mi Domicilio Procesal en la dirección que aparece
indicado en el EXORDIO. Lugar donde pido que me haga llegar las Notificaciones con
arreglo a ley. En cuanto a la presente Acción que Instauro.
II.-PETITORIO. Que, haciendo uso de mis Derechos que me otorga el Ordenamiento
Jurídico Constitucional en su Art, 138, 139, y Ss., de nuestra Carta Magna, el
Ordenamiento Jurídico Laboral y en las demás Normas Legales Vigentes, en Ejercicio de
mis Derechos a la Tutela jurisdiccional Efectiva acudo a su honorable despacho Señor
Juez a efecto de interponer DEMANDA DE BENEFICOS SOCIALES – UTILIDADES
ASIGNACION FAMILIAR Y HORAS EXTRAS. CORRESPONDIENTE A LOS AÑO 2000,
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006. Que me corresponde por ley dicha acción la dirijo en
contra de la empresa pesquera PRODUCTOS MARINOS DEL PACIFICO SUR S.A.
REPRESENTADA POR SU GERENCIA CON DOMICILIO REAL EN LA Av. LOS
PESCADORES Nro. 596, del P.J. 27, DE OCTUBRE DE ESTA CIUDAD y del mismo modo
el pago de los intereses legales mas los costos y costas del proceso. Derechos que por ley
me corresponde dicha acción es en base a los siguientes fundamentos de Hecho y de
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Derecho que a continuación paso a expone.
III.- FUNDAMENTOS DE HECHO DE MI DEMANDA.
PRIMERO.- Que mi persona ingrese a Trabajar el 02, de Enero del año 2000, hasta el 31
de Diciembre del año 2006, habiendo mi persona laborado en la EMPRESA PESQUERA
PRODUCTOS MARINOS DEL PACIFICO SUR S.A. En mi condición de obrero trabajando
en forma permanente e ininterrumpida hasta el 31, de diciembre del año 2006 fecha en
que fui injustamente despedido.
SEGUNDO.- Que quiero decir que También Señor Juez que mi relación laboral desde el
02, de Enero del año 2000, hasta el 31, de Diciembre del año 2006, esta probado con los
documentos que adjunto a la presente demanda, mi ultima remuneración fue de S/.
1,500.00 NUEVOS SOLES MENSULES y que en la actualidad soy ex Trabajador de la
Empresa
TERCERO.- Que, durante el tiempo que he laborado para la demandada la empresa
PODRUCTOS MARINOS DEL PACIFICO SUR S.A.A. HA OPTENIDO BUENOS
INGRESOS ECONOMICOS EN FORMA MENSUAL Y ANUAL PERO SIN EMBARGO
ESTA NO HA CUMPLIDO CON CANCELARME OPORTUNAMENTE EL PAGO DE LOS
DERECHOS DE UTILIDADES QUE ME CORRESPONDE POR LEY Que, en nuestro
Ordenamiento Legal el Decreto Legislativo Nro. 677, expedido con fecha 02, de Octubre
del año de 1991, regula la participación de UTILIDADES, gestión y propiedad de los
trabajadores de las empresas que desarrollan actividad generadoras de Renta de Tercera
Categoría y que estén sujeta al régimen laboral de la actividad privada indicando en su Art.
6, ultimo parte taxativamente ESTE REGIMEN SUSTITUYE AL REGIMEN DE
PARTICIPACION DE LA GESTION VIGENTE A PARTIR DEL EJERCICIO DEL AÑO DE
1995, ES DECIR CONFORME LO ESTIPULA ESTE DECRETO LEGISLATIVO Nro. 677.
Mi empleadora a partir de los años de 1992, me tenía que pagar el CONCEPTO DE
UTILIDADES, al vencimiento del plazo para la presentación de la declaración jurada anual
al IMPUESTO A LA RENTA, y dentro de los 30 días.
CUARTO.- Que, Que, el Decreto Legislativo Nro. 677, Modificado por el D. Leg. Nro. 892,
en su Art. 9. Indica cuales son las entidades exclusivas de la participación en las
UTILIDADES, a la que taxativamente dice… “ SE ENCUENTRAN EXCLUIDAS DE LAS
PARTICIPACION DE LAS UTILIDADES DE ACUERDO A SU MODALIDA-LAS
COOPERATIVAS, LAS EMPRESASAUTEGESTIONARIA LAS SOCIEDADES CIVILES Y
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LAS EMPRESAS QUE EXCEDAN DE 20 TRABAJADORES “, por lo que no estando
incurso dentro de la entidad excluidas de la participación de las UTILIDADES , me
corresponde el pago oportuno de este concepto por parte de mi ex empleadora que este
mismo Decreto Supremo en su Art. 2, indica claramente el porcentaje que corresponde a
los trabajadores por concepto de UTILIDADES. Indicando TAXATIVAMENTE LOS
TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS COMPRENDIDAS EN EL PRESENTE DECRETO
LEGISLATIVO PARTICIPAN DE LAS UTILIDADES DE LA EMPRESA MEDIANTE LAS
DISTRIBUCIONES POR PARTE DE ESTA DE UN PORCENTAJE DE LA RENTA ANUAL
ANTES DEL IMPUESTO EL PORCENTAJE REFERIDO ES COMO SIGUE.
….. EMPRESA PESQUERA……………………………………………………10%.
Por lo que no habiendo efectuado la demandada el pago de este concepto en su
oportunidad correspondiente, deberá de cancelarme las sumas que indica el monto del
PETITORIO. Con su respectivo interés legal conforme lo establece el Decreto Ley, Nro.
25920.
QUINTO.- Que, Que, con fecha 11, de Noviembre del año 1996, se expide el Decreto
Legislativo Nro. 892, el cual modifica al Decreto Legislativo Nro. 677. El que regula el
Derecho de los trabajadores a participar en las UTILIDADES. De las empresas que
desarrollan actividades generadoras de renta de tercera categoría, el cual con respecto al
pago de UTILIDADES, lo regula a partir de la presentación de la declaración jurada anual
antes del impuesto a la renta de 1997, esto es estrictamente aplicable de que dispone la
tercera disposición complementaria derogatoria y final del D. Leg. Nro. 892, el cual
prescribe literalmente. TERCERA EL PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO ENTRA EN
VIGENCIA EL 10 DE ENERO DEL AÑO DE 1997, Que, este mismo Decreto Legislativo
contiene con respecto al pago de UTILIDADES, idéntico porcentaje al que estipula el
Decreto Legislativo Nro. 677, es decir el 10%, del porcentaje de la Renta Anual antes de
impuesto el cual lo contiene en su Art. 2.
SEXTO.- Que, de igual manera desde que ingrese a laborar para la empresa demandada
nunca me pago los derechos DE ASIGNACION FAMILIAR EL CUAL SE ENCUENTRA
REGULADO POR LEY Nro. 25129, que determina que los ingresos a los trabajadores de
la actividad privada tienen derecho al 10%, del ingreso mínimo vital por concepto de
ASIGNACION FAMILIAR y dichos derechos la demandada nunca me ha pagado y ni
mucho menos me ha otorgado boletas de pago y tan solo lo hacia por evadir el pago
SEPTIMO.- Que, actualmente soy ex trabajador de la demandada y que la demandada tan
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solo me ha pagado mi remuneración mensual por concepto de mi trabajo pero en ningún
momento me ha pagado los derechos que me corresponde por ley derechos de
UTILIDADES ASIGNACION FAMILIAR Y NI MMUCHO MENOS LOS DERECHOS DE LAS
HORAS EXTRAS DE LOS CUALES CONSIDERO QUE LA DEMANDADA ME ESTA
ADEUDANDOQUE ASI MISMO LA DEMANDADA TIENE PLENO CONOCIMIENTO QUE
MI PERSONA LABORABA MAS DE DOS HORAS DIARIAS CONSIDERANDO QUE
DICHOS DERECHOS DE HORAS EXTRAS TAMBIEN ME ADEUDA POR LO QUE PIDO
QUE EN SU OPORTUNIDAD DECLARE FUNDADA MI DEMANDA SEÑOR JUEZ POR
SER JUZTA Y LEGAL.
IV.- FUNDAMENTACION JURIDICA DE MI DEMANDA. La presente Demanda
La fundamento a través de
los siguientes dispositivos legales.
- Fundamento mi Demanda en el Decreto Legislativo Nro. 677728, el cual contempla
sobre la participación de UTILIDADES, de los trabajadores en las UTILIDADES,
desde el año 1992, hasta el año 1996.
- Decreto Legislativo Nro. 892, el cual contempla sobre la participación de los
trabajadores en las UTILIDADES, desde el año 1997, hasta delante.
- Ley, Nro. 25920, que regula sobre el pago de intereses legales.
- Ley Nro. 25129, que determina que los ingresos a los trabajadores de la actividad
privada tienen derecho al 10%, del ingreso mínimo vital por concepto de
ASIGNACION FAMILIAR y dichos derechos la demandada nunca me ha pagado.
- D.L. Nro. 728, concordante con EL ORDENAMIENTO JURIDICO
CONTITUCIONAL Y EL DECRETO LEGISLATIVO Nro. 854, y la modificatoria de la
ley 008-97-TR.
- Ley, Nro. 26636, Ley Procesal del Trabajo que regula sobre la competencia vía
procedimental, así como los requisitos de la demanda.
- Art. 130, 424, 425, del C.P.C. aplicado en forma supletoria al presente proceso el
cual prescribe sobre forma del escrito, requisito de la Demanda y Anexos.
V.- VIA PROCEDIMENTAL. Proceso Ordinario.
VI.- MONTO DEL PETITORIO.- El monto del Petitorio de mi Demanda es por la
Suma de S/. 65,962.40 nuevos soles Por concepto de
BENEFICOS SOCIALES – UTILIDADES ASIGNACION FAMILIAR Y HORAS EXTRAS.
Mas los intereses legales Costos y Costas del proceso divido de la siguiente manera.
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DERECHOS ADEUDADOS:
A.- BENEFICIOS SOCIALES.
UTILIDADES.
AÑOS.
2000 .…………………………………………. S/. 2,000.00 .
2001. ………………………………………… 2,000.00
2002 ………………………………………… 2,000.00
2003. ………………………………………… 2,000.00 .
2004 ………………………………………… 2,000.00
2005 ………………………………………… 2,000.00.
2006 ………………………………………… 2,000.00
S/. 14,000.00
B.- DERECHO DE ASIGNACION FAMILIAR.
AÑOS. = 2000 HASTA EL AÑO 2006 = 7 AÑOS Y LA REMUNERACION
EN FORMA MENSUAL FUE DE S/. 1,500.00 NUEVOS SOLES
10% = S/. 150.00 NUEVOS SOLES MENSUAL MULTIPLICADO POR 12
MESES = S7. 1,800.00 NUEVOS SOLES POR AÑO
S/. 1,800.00 X 7 AÑOS = 12,600.00 NUEVOS SOLES.
C.- DERECHOS DE HORAS EXTRAS. (AÑO 2000. ENERO – DICIEMBRE 12
MESES).
1. Mes = 60 Horas Extras.
60. H.E. X 12 meses = 720 H.E.
10

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AÑO 2000 = 720. HORAS EXTRAS
720 H.E x 7 años = 5040 HORAS EXTRAS.
- 5040 H.E = 25%.
REMUNERACION MENSUAL. = S/.1,500.00 NUEVOS SOLES.
S/. 1,500.00 -:- 30 = S/. 50.00 x DIA.
S/. 50.00 -:- 8 = S/. 6.25. x HORA .
S/. 6.25 + 1.56 = S7. 7.81. HORA EXTRA.
S/. 7.81 x 5040 HORAS EXTRAS = S/. 39,362.40. NUEVOS SOLES HORAS EXTRAS
ADEUDADO.
CANTIDAD ADEUDADA.
- UTILIDADES …………S/. 14,000.00. +
- ASIGNACION FAMILIAR …………. 12,600.00.
- HORAS EXTRAS …………. 39,362.40
CANTIDAD TOTAL ADEUDADA S/. 65,962.40.
VII.- MEDIOS PROBATORIOS. Documentos consistentes a los siguientes.
a).- Boletas de pago de 14/12/2006 AL 20/12/2006.
b).-.Boletas de pago de 25/05/2006 AL 31/05/2006
C.-Hojas de control de los años 2003, y del año 2004.- 11 HOJAS de control.
d).- Solicito Señor Juez ordene a la demandada PRODUCTOS MARINOS DEL PACIFICO
SUR. S.A. – Chimbote para que Exhiban ante su juzgado LA BOLETAS DE PAGOS DE
LOS DERECHOS DE ASIGNACION FAMILIA, y DE HORAS EXTRAS DE LOS AÑOS
2000 AL AÑO 2006, BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY.
e).- Solicito Señor Juez ordene a la demandada PRODUCTOS MARINOS DEL PACIFICO
SUR. S.A. – Chimbote para que Exhiban ante su juzgado LA BOLETAS DE PAGOS DE
LOS DERECHOS DE UTILIDADES DE LOS AÑOS 2000 AL AÑO 2006, BAJO
APERCIBIMIENTO DE LEY.
f).-. Solicito Señor Juez ordene, a la. PRODUCTOS MARINOS DEL PACIFICO SUR. S.A.
– Chimbote para que Exhiban ante su juzgado LOS LIBROS DE PLANILLAS DEL AÑO
11

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2000 HASTA EL AÑO 2006, BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY.
VII.- ANEXOS A LA PRESENTE DEMANDA.
1. A.- Copia simple de mi DNI.
1 B.- Boletas de pago de 14/12/2006 AL 20/12/2006
1. C.- Boletas de pago de 25/05/2006 AL 31/05/2006
1. D.- Hojas de control de los años 2003, y del año 2004.- 11 HOJAS de control.
1. E.- Cedulas de notificaciones.
1. F.- Tasa judicial por ofrecimiento de pruebas
OTRO SIDIGO. Señor Juez doy las facultades de ley al letrado
que suscribe la presente demanda para que me represente en todo el proceso, por estar
bien instruido al Dr. WUILBE JAIME GONZALES SANTOS.
Por las consideraciones antes expuestas líneas arriba pido A UD,
Señor Juez admitir a tramite mi Demanda y oportunamente declararlo FUNDADA, en todo
sus extremo por ser justa y legal.
Chimbote 11 de Febrero del 2009.
2.1.4.- TRASLADO DE LA DEMANDA Y EMPLAZAMIENTO.
La LPT, sobre el traslado, dispone que si el juez califica la demanda positivamente, tendrá
por ofrecidos los medios probatorios corriendo traslado al demandado para que
comparezca al proceso y conteste la demanda en el plazo fijado para cada proceso
(art.19º).
Cuando la ley se refiere a la calificación positiva, significa que la demanda reúne los
requisitos de admisibilidad y procedencia. No obstante ese cumplimiento, la ley quiere que
el juez precise que se dan por ofrecidos los medios probatorios, en razón que la
oportunidad de dicho ofrecimiento es en el escrito de la demanda.
Corre traslado, significa poner en conocimiento del demandado el escrito de la demanda.
En base a ello, deberá apersonarse al proceso y contestar la demanda, dentro del plazo
que la ley establece en cada uno de los procesos. Todos estos aspectos el juez lo
plasmara en una resolución que de por presentada la demanda.
El emplazamiento es un requerimiento o convocatoria que se hace a una persona por
orden de un juez, para que dentro de un plazo indicado conteste la demanda.
Según la LPT, el emplazamiento del demandado se realiza por medio de cedula que se
entrega en su domicilio real, en forma personal si es persona natural o a través de sus
representantes o dependientes, si es persona jurídica, haciendo constar con su firma el día
12

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y hora del acto (art.20º).
Como se puede apreciar, la ley ordena que la notificación se hará por cedula. Esto
coincide con el CPC, tratándose del traslado de la demanda. Por este ultimo contempla, la
notificación por nota, cuando se trata de determinar resoluciones (art.156º), aspecto sobre
el cual no dice nada la LPT. Al no haber hecho la ley ninguna distinción podemos concluir
que todas las resoluciones deben notificarse por cedula, siendo inaplicable la notificación
por nota, en el proceso laboral. Las notificaciones por nota son las que se efectúan en las
secretarias de los juzgados, para cuyo efecto debe apersonarse los interesados a
escuchar la lectura de la resolución (art. 156º).
Los aspectos relativos al contenido de la cedula de notificación. Así como a su
diligenciamiento, no son contemplados por la LPT, razón por la que deberá efectuarse de
acuerdo al CPC, tal como lo dispone la tercera disposición derogatoria, sustitutoria y final
de la LPT.
El contenido de la cedula esta señalado por el art. 158º del CPC. En cuanto a la entrega,
este mismo dispositivo indica que debe hacerse por el órgano de auxilio judicial o por el
encargado de la oficina respectiva, según el caso.
2.1.5.- CALIFICACION DE LA DEMANDA
El juez al calificar la demanda puede resolver de la siguiente manera.
A.- INADMISIBILIDAD DE LA DEMANDA
Para que una demanda sea admitida y siga su trámite, debe cumplir con los requisitos
formales que señale la ley, a los que acabamos de referirnos en el punto anterior. En caso
contrario, será admitida provisionalmente, pero no podrá continuar con su trámite. En tal
eventualidad, el juez indicara con claridad que requisitos se ha omitido y ordenara que el
demandante los subsane en un plazo de 5 días, vencido el cual, sin haberse satisfecho el
requerimiento, se tendrá por no presentada la demanda ordenándose su archivamiento y
la devolución de los anexos que sirvieron de recaudo. (Art. 17º LPT).
Cuando una demanda se declara inadmisible, y por lo tanto archiva, no impide que se
vuelva a presentar ante el mismo juez o ante otro diferente, en razón que la admisibilidad
tiene que ver solo con los requisitos formales y no con los de fondo. En otras palabras, el
derecho del accionante no sufre desmedro alguno.
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EXPEDIENTE : 2008 – 0040 – 0 – 2505 – JM – LA – 01
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES.
ESPECIALISTA: MARIANNELA TELLO MONZON.
DEMANDADO : INSTITUTO EDUCATIVA DE GESTION PRIVADA LA CATOLICA.
DEMANDANTE : ZUÑIGA YRAITA, LAURITA YESENIA.
RESOLUCION NÚMERO: UNO.-
Nuevo Chimbote, Dieciocho de abril del año
Dos mil ocho.-
AUTOS Y VISTOS: Dado cuenta en la fecha con la demanda y anexos que
antecede; Y CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, mediante escrito de la referencia, recurre
a la instancia Doña Laurita Yesenia Zúñiga Yraita a fin de interponer demanda de pago de
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Beneficios Sociales, la misma que la dirige contra la institución educativa particular “ LA
CATOLICA” E.IR.L; conforme a sus fundamentos de hecho y derecho que expone en el
escrito de su propósito: SEGUNDO.- Que de la calificación del escrito de demanda, se
puede advertir que la demandante si bien ha cumplido con efectuar su liquidación de los
beneficios que reclama, empero, es cierto también, que no se ha indicado con claridad la
ultima remuneración percibida y no se ha cumplido con señalar el calculo aritmético que le
da como resultado un sueldo anual de cinco mil nuevos soles, según señala en su
liquidación de compensación por tiempo de servicios; razones por las cuales la demanda
se encuentra inmersa dentro de los supuestos contemplado en los inciso 4 y 5 del articulo
15º de la Ley Procesal del Trabajo, Ley Nº 26636, por lo que deberá ser subsanada como
se tiene indicado y dentro del plazo de ley.- por estas consideraciones y de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 17º de la ley procesal laboral Nº26636; SE RESUELVE:
ADMITIR PROVISIONALMENTE la demanda de pago de beneficios sociales, presentada
por doña Laurita Yesenia Zuñiga Yrayta contra la institución educativa particular “ La
Católica” E.I.R.L. En consecuencia CONCEDASE a la recurrente el plazo de CINCO DIAS
a fin de que subsane las omisiones advertidas en el segundo considerando de la presente
resolución; bajo apercibimiento de rechazarse la demanda en caso de incumplimiento.- Y
CUMPLA la demandante con señalar DOMICILIO PROCESAL dentro del radio urbano de
esta jurisdicción, bajo el mismo apercibimiento decretado en caso de incumplimiento.-
Notifíquese conforme a ley.
B.- IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA Y SUS CAUSALES.
Verifica que la demanda reúne todos los requisitos de formalidad, corresponde al juez
comprobar si cumple las condiciones de procedibilidad. La LPT no indica en que casos la
demanda es procedente o improcedente, sino que nos remite, para tal efecto al CPC
(ART.18º).
Con esta calificación se busca controlar que la demanda contenga las condiciones
necesarias para el ejercicio de la acción. Es decir, la improcedencia le cierra el paso a la
acción, mientras que la procedencia le allana el camino.
El código procesal civil, en su art. 427º, dispone que el juez declarara improcedente la
demanda cuando exista:
 Carencia de legitimidad para obrar.- cuando el demandante carezca evidentemente
de legitimidad para obrar, dice el CPC. La legitimidad para obrar es la condición
jurídica en que se halla una persona con relación al derecho que invoca en el
juicio, ya sea en razón de intitularidad o de otras circunstancias que justifiquen su
pretensión. En otras palabras, la acción debe ser ejercida por el titular del interés o
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por su representante. Esta misma idea lo encontramos en el art. IV del CPC
cuando dice que el proceso se promueve solo a iniciativa de parte la que invocara
interés y legitimidad para obrar. Así por ejemplo, gozara de legitimidad para obrar o
su apoderado cuando se trate de demandar el pago de remuneraciones insolutas
por parte del empleador. No tendrá esa legitimidad la esposa del trabajador sino
esta dotada de un poder otorgado por este. Tampoco tendrá legitimidad para
demandar, si la persona no ha tenido la calidad de trabajador, esto es, no ha
prestado servicios laborales a la persona a la que demanda. Puede también
presentarse la situación en la que una persona, aun siendo titular de un derecho
carezca de legitimidad para obrar en un proceso.
 Carencia de interés para obrar.- el demandante carezca manifiestamente de
interés para obrar, señala CPC. El interés para obrar esta dado por el motivo o
razón de carácter jurídico material, serio y particular que lleva a una persona a
procurar la intervención de los órganos jurisdiccionales del estado a fin de que se
acceda a las retenciones formuladas en la demanda.
 Caducidad del derecho.- el CPC ordena que el juez declara improcedente la
demanda cuando advierta la caducidad del derecho (art. 427º inc. 3). Según la real
academia de la lengua española, caducar significa extinguirse un derecho, una
facultad, una instancia o recurso, jurídicamente, la caducidad es la perdida de un
derecho por falta de uso o ejercicio dentro de un lapso. Por el acabamiento del
mismo. Los plazos de caducidad se sustentan en el principio de legalidad, toda vez
que los mismos solo pueden ser fijados por la ley, sin admitir pacto en contrario
(art.2004º).
 Incompetencia.- el art. 427º del CPC, objeto del comentario, ordena que la
demanda será declarada improcedente cuando el juez carezca de competencia. La
competencia es un presupuesto procesal, lo que significa una condición para la
validez del proceso. La competencia es un tema que debe funcionar en la forma
establecida por la ley (art. 6º CPC). Por otra parte, la competencia es irrenunciable
e indelegable (art. 6º y 7º). De manera que un juez incompetente no puede
avocarse al conocimiento de una causa que no le concierne, sino por el contrario,
declarar la improcedencia de la demanda. De esa manera el demandante podrá
plantear su demanda ante el juez competente y evitar un proceso inútil. Lo que la
ley quiere, en este caso, es que el juez no espere que el demandado formule la
excepción o inhibitoria, sino que de oficio declare la improcedencia de la demanda.
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En el ámbito laboral, si un juez de trabajo recibe una demandan cuya competencia
corresponde aun juez de paz letrado, o a una sala laboral, declarara la
improcedencia de la misma, por carecer de competencia para tramitarla.
 Falta de conexión lógica entre los hechos y el petitorio.- según el CPC, cuando no
exista esta conexión, también el juez declarará la improcedencia de la demanda
(art. 427º inc. 5). Lo que busca la ley, en este caso, es que los hechos que se
expongan en la demanda respalden el petitorio que contengas la misma. Se trata
de evitar que se siga un proceso basado en una demanda absurda o sin sentido,
circunstancia que impedirá un adecuado proceso. Así por ejemplo, no existirá una
condición lógica si un trabajador expone que ha sido objeto de un despido, por
parte de su empleador, y sobre esa base solicita que se le abone una cantidad de
dinero por concepto de horas extras.
 Petitorio jurídico o físicamente imposible.- una demanda no puede contener un
petitorio de esta naturaleza. De ser ese el caso, el juez la declarara improcedente
(art. 427º inc. 5). Aquí se trata del objeto de la demanda, el mismo que debe
contener una petición que no sea contraria al orden jurídico. Así por ejemplo,
constituirá un petitorio jurídicamente imposible, si una persona que ha prestado
servicios elaborando pasta básica de cocaína para el tráfico ilícito de drogas,
pretendiera demandar remuneraciones o cualquier otro beneficio laboral.
Igualmente, será un imposible jurídico si un trabajador que ha sido objeto de un
despido arbitrario, plantee su reposición en el trabajo. en la legislación peruana, el
despido arbitrario, platee su reposición en el trabajo. en la legislación peruana, el
despido arbitrario da lugar al pago de una indemnización pero no a la reposición en
el trabajo.
 La indebida acumulación de pretensiones.- ya hemos tratado el tema de la
acumulación. Dijimos que es posible acumular varias pretensiones en una misma
demanda o varios procesos en uno solo para ser decididos todos en una misma
sentencia. Pero esta acumulación no puede ser caprichosa, sino que debe existir
factores de conexión y compatibilidad entre acciones y entre sujetos, los mismos
que son determinados por la ley. Cuando el demandante pretendiera una
acumulación que se salga de las reglas, el juez declara improcedente la demanda
por la dificultad o de imposibilidad de tramitarla adecuadamente.
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DECLARACION DE LA IMPROCEDENCIA.
La LPT dispone que el juez declare la improcedencia de la demanda mediante resolución
especialmente fundamentada, cuando no reúna los requisitos de procedibilidad en esta ley
en el código procesal civil (art. 18º). La LPT no señala en forma directa los requisitos de
procedibilidad, el CPC, tampoco lo hace, sino que se concreta a precisar en que caos la
demanda es improcedente (art.427º). De manera que de tal precisión podemos deducir
cuales son los requisitos de procedibilidad, los mismos que serian los siguientes: evidente
legitimación para obrar, existencia manifiesta de interés para obrar, que el derecho no haya
caducado, que el juez sea competente, que exista conexión lógica entre los hechos y el
petitorio, que el petitorio sea jurídica o físicamente posible y que no contenga una indebida
acumulación de pretensiones. Este deberá ser el criterio rector que debe aplicarse para
calificar el aspecto de procedibilidad de la demanda en el proceso laboral.
C.- ADMISION DE LA DEMANDA
Según la Ley Nº 26636 determina que cuando la demanda cumpla con los requisitos de
procedibilidad y los anexos de ley el juez puede calificar la demanda en forma positiva
resolviendo dar por admitida y corre traslado a otra parte para que pueda contestarla
conforme a Ley.
EXPEDIENTE : 2009 – 00269 – 0 – 2501 – JR – LA – 6
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ESPECIALISTA : BEATRIZ JARAMILLO AYALA.
DEMANDADO : EMPRESA PESQUERA PRODUCTOS
MARINOS DEL PACIFICO SUR.
DEMANDANTE : VEVERDE MARIÑOS EDILBERTO
BERNANDO.
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES (MAYORES
DE 10 URP).
Resolución Nº UNO
Chimbote tres de marzo
Del año dos mil nueve.-
AUTOS Y VISTOS; Dado cuenta con la fecha, terminadas las
vacaciones; con el escrito de la demanda y anexos que anteceden, Y CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, la demanda presentada reúne los requisitos señalados por los artículos
15º y 16º de la Ley Procesal de Trabajo numero 26636, concurriendo los presupuestos
SEGUNDO: Que, asimismo no se encuentra incurso dentro de los supuestos generales de
inadmisibilidad e improcedencia establecidos por los artículos 17º y 18º de la misma norma
invocada; TERCERO: Que, estando a lo dispuesto por los artículos 19º y 61º de la Ley
Procesal del Trabajo antes acotada SE RESUELVE : ADMITIR A TRAMITE LA DEMANDA
interpuesta por VALVERDE MARIÑOS EDILBERTO BERNANDO contra la demandada
EMPRESA PESQUERA PRODUCTOS MARINOS DEL PACIFICO DEL SUR S.A sobre
PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES, debiéndose sustanciarse en la vía procedimental
correspondiente al PROCESO ORDINARIO laboral, confiriéndose TRASLADO a la
demanda por el plazo de DIEZ DIAS, para que contesten la demanda, bajo apercibimiento
de continuarse el proceso en su rebeldía; A los medios probatorios, téngase por ofrecidos;
A los anexos, agréguese a los autos.- Al primer otrosí: Deléguese las facultades generales
de representación a favor del letrado que se indica, así mismo por señalado su domicilio
procesal donde indica.
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EXPEDIENTE : 2007 – 00807 – 0 – 2501 – JR – LA – 4
MATERIA : POR DEFINIR MATERIA.
ESPECIALISTA : APONTE HERRERA DIANA VANESSA.
DEMANDADO : EMPRESA PESQUERA PRODUCTOS MARINOS DEL PACIFICO SUR
S.A.
DEMANDANTE: RUIZ TOMAS ELVIA.
RESOLUCION Nº DOS
Chimbote, ocho del mayo
Del dos mil siete.-
AUTOS Y VISTOS: Dado cuanta con el escrito que antecede y tasa judiciales
que se adjuntan, por cumplido el mandato; Y CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que del
análisis de la demanda, se desprende que se ha interpuesto ante el Juzgado
Especializado Laboral, que es el competente para reconocer esta clase de conflictos, a
tenor de lo dispuesto por el articulo 1º de la Ley Nº 26636, Ley Procesal de Trabajo;
SEGUNDO.- Que, la demanda cumple con los requisitos de ley anexos, como acto
procesal de introducción al proceso conforme a lo previsto por los artículos 15º y 16º de la
Ley Procesal acotada, no estando incurso en las causales de inadmisibilidad o
improcedencia de demanda, correspondiendo el tramite del proceso ordinario, de
conformidad con el articulo 61º de la Ley Procesal de Trabajo, y en consecuencia; SE
RESUELVE: ADMITIR a tramite la demanda interpuesta por ELVIA RUIZ TOMAS, contra
EMPRESA PESQUERA PRODUCTOS MARIÑOS DEL PACIFICO SUR S.A sobre PAGO
DE HORAS EXTRAS Y ASIGNACION FAMILIAR en la vía de Procesal Laboral
ORDINARIO, en consecuencia, TRASLADO de la demanda por el plazo de DIEZ DIAS a
la demandada, bajo apercibimiento de continuarse en su rebeldía en caso de
incumplimiento por ofrecidos los medios probatorios a los autos los anexos que se
adjuntan; al otro si. Por delegadas las facultades de representación a favor del letrado que
autoriza el presente escrito de conformidad con lo normado por el articulo 80º del Código
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Procesal Civil, aplicable supletoriamente al caso de autos.-
2.1.6.- CONTESTACION DE LA DEMANDA.
La contestación de la demanda es un derecho del demandado que tiene su fundamente en
el principio que a nadie se le puede condenar sin haberle dejado la oportunidad de
defenderse. Con la contestación a la demanda se ejercita el derecho de defensa, o como
dice Rocco, el derecho de contradicción en juicio o derecho de accionar del demandado.
La contestación de la demanda, dice Guasp, es toda intervención del demandado en el
proceso, formulando alegaciones y peticiones que considera necesarias frente a la
pretensión del actor.
Al igual que la demanda, la contestación constituye una pieza fundamental en el proceso,
porque sirve para conocer los puntos de vista del demandado frente al objeto de la
pretensión del demandante. En consecuencia, arribas guardan una estricta relación, de tal
manera que frecuentemente se dice que son el anverso y reverso de la misma medalla.
La LPT, así como lo hace con la demanda, exige determinados requisitos de formalidad
para la contestación, la misma que debe formularse por escrito y contener lo siguiente (art.
21º):
1. Observar los requisitos previstos para la demanda en lo que corresponda.
2. Exponer los hechos en que funda su defensa en forma precisa, ordenada y clara,
contradiciéndose cada una de las pretensiones expuestas o allanándose a las
mismas de ser el caso.
3. Proponer la compensación de los créditos exigibles al demandante, de ser el caso.
4. Ofrecer los medios probatorios.
5. Proponer o deducir las oposiciones o tachas contra los medios probatorios
ofrecidos por el demandante, así como el reconocimiento o negación de los
documentos que se le atribuyen.
6. Incluir su firma o la de su representante o apoderado y la del abogado
patrocinante. En caso que el demandado sea analfabeto, deberá certificar su
21

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huella digital ante el secretario del juzgado.
7. En el caso de personas jurídicas que cuenten con más de un representante con
facultades suficientes, al apersonarse al proceso deberán indicarlo a fin de que
cualquiera de ellos pueda asistir a la audiencia.
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SEC : DRA B. JARAMILLO
EXP Nº : 2009 – 269
ESCRITO Nº : 01
SUMILLA : DEDUCE EXCEPCION, CONTESTA
DEMANDA Y OFRECE MEDIOS PROBATORIOS.
SEÑOR JUEZ DEL SEXTO JUZGADO LABORAL DE CHIMBOTE.
EMPRESA PRODUCTOS MARINOS DEL PACIFICO SUR S.A, con RUC Nº
20114205916, debidamente representado por ELMER HIDALGO CASTILLO, identificado
con DNI Nº 09301445, con domicilio real en Urb. Casuarinas Mz. W2 – lote 13 SEGUNDA
ETAPA- NUEVO CHIMBOTE, y con domicilio procesal en el JR. Elías Aguirre Nº 278 2º
piso de esta ciudad, en los seguidos por VALVERDE MARIÑOS EDILBERTO
BERNANDO, sobre pago de CTS Y GRATIFICACIONES, en base a los siguientes
fundamentos:
APERSONAMIENTO.
En merito al poder que en copia debidamente legalizada acompaño, me apersono en
nombre y representación de EMPRESA PRODUCTOS MARINOS DEL PACIFICO SUR.
S.A señalando como domicilio procesal el antes indicado, donde se me hará llegar todas
las notificaciones que recaigan en el presente proceso.
PETITORIO.
Que, he sido notificado con la Resolución Nº uno de fecha 03 de marzo del 2009, con la
demanda interpuesta por VALVERDE MARIÑOS EDILBERTO BERNANDO que admite la
demanda en la vía del proceso ordinario laboral.
Al respecto, de conformidad con lo establecidos por el articulo 446 del código procesal civil
deducimos EXCEPCIONES DE FALTA DE LEGITIMIDAD PARA OBRAR DEL
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DEMANDANTE, conforme a lo dispuesto por el art. 36º del D.S- 003 – 97 – TR en base a
los siguientes argumentos de hecho y derecho:
EXCEPCION DE FALTA DE LEGITIMIDAD PARA OBRAR
Es importante tener presente que el demandante dirige su demanda contra mi
representada como tal es que me apersono al proceso para contestar la demanda ya que
he sido injustamente demandada.
Sin embargo, el actor pretende el pago de beneficios sociales respecto a un periodo de
tiempo anterior en el cual no ha laborado para mi representada.
Obsérvese que vagamente se puede deducir de la demanda en la que el demandante
pretende se le reconozca un pago de beneficios laborales por el periodo de tiempo: del 02
de enero del 2000 al 03 de mayo del 2006.
04de mayo del 2006 al 20 de diciembre del 2006.
Sin embargo el actor ingreso a laboral para la recurrente el día 04 de mayo del 2006,
nótese de las propias boletas de pago que ha adjuntado y que es de fecha muy posterior a
la que indicada en la demanda.
De acuerdo a lo preceptuado en el artículo 424º del código procesal civil la demanda
deberá contener el nombre y la dirección domiciliaria del demandado. Este requisito es
indispensable para dar trámite a la demanda. Sin embargo para este caso concreto la
demanda a sido erróneamente dirigida a una persona distinta persona que en mi caso NO
HA SIDO LA EMPLEADORA del actor durante le periodo correspondiente del 02 de enero
del 2000 al 03 de mayo del 2006.
En efecto, en autos no existe medio probatorio alguno que acredite una supuesto relación
laboral con el actor durante el periodo antes indicado y muchos menos indicio alguno. Aun
cuando del documento que en copia simple adjunta consistente en hojas de control, según
fecha de los años 2003 y 2004 el cual a todas luces resulta siendo un documento falso; la
misma que se puede apreciar por cuanto ellas no tienen distintos alguno que lo identifique
como de mi representada. Mas aun que no tiene sello de algún representada de la
empresa.
Que así mismo queremos hacer conocimiento del juzgado y con la cual acreditamos la
mala fe y temeridad para demandar del actor, al señalar datos falsos que el actor nos
interpuso con fecha octubre del 2007, dos demandas de pagos de beneficios sociales EXP.
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Nº 2007 – 2416 – 3 JL Y 2008 – 1274 – 6 JL, en la que se puede apreciar lo siguiente:
Que en ellas señalo como fechas e ingreso el día 16 de abril del 2003. Y no como
pretende hacerlo sorprender a su despacho con fechas distintas.
Que, nunca presento en ellas las supuestas hojas de control que ahora adjunta y que con
la que prende acreditar fecha de ingreso de labores.
Como se apreciara solamente pretenden sorprender al juzgado con dicho documento a fin
de acreditar relación de un periodo laboral en la que ha trabajado para mi representada.
MEDIOS PROBATORIOS: ofrecemos en calidad de medios probatorios los siguientes:
- Copia de libro de planillas de remuneraciones, correspondiente al mes de mayo del
2006, en donde se puede observar claramente la fecha de ingreso.
- Copias de demandas y admisorios de los procesos EXP. Nº 2007 – 2416 – 3JL Y
2008 – 1274 – 6 JL con la cual acreditamos la falsedad en las fechas señaladas por el
actor.
OTROSI DIGO: CONTESTA DEMANDA
Dentro del plazo de ley y de conformidad con lo establecido en el articulo 21 de la ley
26636 ley procesal de trabajo, cumplimos con CONTESTAR LA DEMANDA, negándola y
contradiciéndola en todos sus extremos, sobre la base de los fundamentos de hecho y de
derecho que detallamos a continuación.
FUNDAMENTOS DE HECHO DEL PETITORIO
SOBRE EL RECORD LABORAL DEL ACTOR
1.- Que como se advierte de la demanda el actor peticiona el pago CTS y gratificaciones
por el supuesto record laboral del 02 de enero del 200 al 31 de diciembre del 2006.
2.- Que los datos señalados por ele actor con respecto a su supuesta fecha de ingreso es
totalmente falso. Que conforme es de verse de la propia boleta de pago de este y que la
adjunta como anexos a su demanda señala con fecha de ingreso el día 04 de mayo del
2006 y no desde el 02 de enero del 2000 (con fecha no aprobada y antojadiza).
3.- Que asimismo queremos hacer de conocimiento del Juzgado y con la cual acreditamos
la mala fe y temeridad para demandar del actor al señalar datos falsos que el actor nos
interpuso con fecha octubre del 2007 dos demandas de pagos de beneficios sociales Exp.
Nº 2007-2416-3JL y 2008 – 1274- GJL, en la que se puede apreciar lo siguiente:
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G. Que en ellas señalo como fechas de ingreso el día 16 de abril del 2003. Y no
como pretende hacerlo y sorprender a su despacho con fecha distinta.
H. Que nunca presento en ellas las supuestas hojas de control que ahora adjunta y
que con la que pretende acreditar fecha de ingreso de labores.
SOBRE A LA NATURALEZA DE LA RELACION LABORAL DEL TRABAJADOR
1.- Que debemos en primer lugar hacer de conocimiento al juzgado sobre la naturaleza
discontinua de la relación laboral que mantiene los trabajadores de las empresas
pesqueras las mismas como el día que dadas a las vedas decretadas por el gobierno
durante un año a fin de preservar la especie marina hace que cualquier relación laboral
del trabajador pesquero sea de naturaleza discontinua. Premisa que la sala Laboral de
esta corte en diversas sentencias vienen reconociéndolo como tal.
2.- Que en el caso de autos es imposible que este haya laborado en forma permanente y
continua dada a las condiciones de escases de materia prima. A fin de acreditar lo antes
expuesto cumplo con presentar copia del informe emitido por PRODUCE que contiene la
secuencia de vedas decretadas desde el año de 1997 al 2004 hecho que ha sido materia
de pronunciamiento por parte de esta corte Superior en su caso seguidos contra mi
representada.
3.- Lo manifestado se deberá de tener en cuenta para su oportunidad dado que el actor ha
procedido a realizar una liquidación de beneficios sociales a un cuando es incorrecta su
calculo lo ha hecho como si hubiera laborado todos los días del año.
SOBRE LOS PETITORIOS DE LA DEMANDA
EN CUANTO AL EXTREMO DE CTS Y GRATIFICACIONES
6.- Que el actor demandante no le tenemos adeudo alguno por pago de cualquier beneficio
social sea esta por pago de CTS, GRATIFICACIONES, mas aun que de autos se advierte
que no adjuntado medio probatorio alguno que acredite relación laboral alguno para con mi
representada desde el 02 de enero del 2000 al 03 de mayo del 2006.
7.- Que debemos de indicar que el actor por el periodo laborado para mi representada se
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le ha pagado todos sus beneficios sociales conforme a ley y de acuerdo a los días
efectivamente laborados, tal hecho se acreditara con la revisión de planillas que su
despacho ordenara en su oportunidad.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
El articulo 62º de la Ley Procesal del Trabajo que dispone literalmente lo siguiente:
“El plazo para contestar la demanda es de 10 días. El plazo para emitir sentencia es de 15
días luego de la Audiencia Única o concluida la actuación de pruebas.
De acuerdo a lo preceptuado en el artículo 424 del Código Procesal Civil, la demanda
deberá contener el nombre y la dirección domiciliaria del demandado. Este requisito es
indispensable para dar trámite a la demanda.
MEDIOS PROBATORIO
A.- DOCUMENTOS
1.- Copia de sentencia de vista que acredita la naturaleza discontinua de la relación
laboral.
2.- Copias de la demanda y admisorios de los procesos Exp. Nº 2007-2416-3 JL y 2008-
1274-GJL. Con la que acreditamos la falsedad en las fechas señaladas por el actor.
3.- Copias de libros de planillas 2006 donde acreditamos que el actor ingreso a laborar
para mi representada con fecha 04 de mayo del 2006.
4.- Copia legalizada de liquidación de beneficios sociales del periodo Agosto a Octubre con
la cual acreditamos modalidad contractual y pago correspondiente.
OTROSI DECIMOS: TACHA CONTR DOCUMENTOS
A.- EN CUANTO A LA TACHA DE DOCUMENTOS
De acuerdo a lo establecido en los artículos 300 y siguientes del Código Procesal Civil de
aplicación supletoria para este proceso interponemos TACHA contra los siguientes
documentos:
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A.- HOJA DE CONTROL DIARIO correspondiente A MARZO A DICIEMBRE DEL 2003,
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2004.
Que tachamos de nulo el referido documentos debido a que el mismo como se podrán
apreciar solamente consistente una relación de personas mas no tiene la firma de algún
jefe de rea de mi representada mas aun que es una copia simple.
Además que con las copias de demandas interpuestas y que fueron materia de archivo en
otros dos procesos nunca las adjunto.
OTROSI DIGO: Que cumplimos con poner a disposición los libros de planillas y boletas de
pago en nuestras Oficinas Centrales de la Urb. Buenos Aires sito en las Urb. Casuarinas W
2 lote 13 nuevo Chimbote, en la que acreditamos fecha de ingreso, cese de
remuneraciones así mismo exhibiremos los contratos modales suscritos con el acto.
ANEXOS
1.A.- Copia de DNI
1.B.- Poder legalizado.
1.C .-02 copias de demanda y admisorios.
1.D.- Liquidación de beneficios sociales.
1.E.- Copia de libro de planillas del 2006.
1.F.- Copia de sentencia de vista.
1.G.- Tasa judicial respectiva.
1.H.- Cedulas de notificación.
POR TANTO:
A Usted señor juez solicitamos se tenga por contestad la demanda y por ofrecidos los
medios probatorios la misma que deberá ser declarada INFUNDADA por los fundamentos
expuestos anteriormente.
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Chimbote 23 de Marzo del 2009
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2.3.- LAS PRUEBAS EN EL PROCESO LABORAL
2.3.1.- LA PRUEBA
A.- CONCEPTO.- En términos generales, probar significa demostrar la certeza
de un hecho o la verdad de las proposiciones que hacen las partes litigantes en
un proceso. Tradicionalmente se pensó que la demostración de la certeza de
un hecho era un aspecto que fundamentalmente concernía a la prueba en lo
penal. En tanto que la comprobación de las proposiciones de las partes era un
tema del derecho procesal civil.
Esta especie de línea divisoria ha sido superada por criterios procesales
recientes que aconsejan que todo proceso debe basarse en el principio de la
veracidad es decir la certeza de los hechos y no solamente en la verificación de
las observaciones de los litigantes. En el ámbito laboral los sistemas
procesales vienen confiando cada vez más al juez una misión de averiguación
y de investigación jurídica. La prueba de ello lo encontramos en los artículos
194º del CPC y 28º de la LPT, los mismos que disponen que cuando los medios
probatorios ofrecidos por las partes sean suficientes para producir certezas y
convicción, el juez puede ordenar la actuación de los medios probatorios que
consideren convenientes.
La LPT refiriéndose a la finalidad de la prueba señala que los medios
probatorios en el proceso laboral se orientan a la acreditación de los hechos
expuestos por las partes producir certeza en el juez respecto de los hechos
controvertidos y fundamentar sus decisiones. El mismo dispositivo añade, es
admisible todo medio probatorio que sirva a la formación de la convicción del
juez.
La finalidad de de la prueba no solamente se constriñe a la acreditación de los
hechos expuestos por las partes sino además a producir certeza en el juez
respecto a los hechos controvertidos y a encontrar una decisión fundamentada
en la verdad o realidad. Para la consecución de esos propósitos, cualquier
medio probatorio es idóneo con el solo límite de las prohibiciones de la Ley, el
orden público o la moral.
En cuanto a los hechos controvertidos, objeto de la prueba a que se refiere el
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artículo acotado los mismos se producen cuando el juez se encuentra frente a
la afirmación de una parte y la negación de la otra, es decir ante la discusión de
un hecho. Frente a esta situación es necesario proporcionarle el medio o
indicarle la vía para resolver la discusión.
B.- OPORTUNIDAD DEL OFRECIMIENTO DE LOS MEDIOS PROBATORIOS
La LPT sobre este particular recoge casi literalmente el contenido del art. 189º
del CPC en el sentido de que los medios probatorios deben ser ofrecidos por
las partes en los actos postulatorios salvo disposición legal distinta.
El precepto legal al remitirnos a los actos postulatorios ha establecido como
regla general que los medios probatorios sean ofrecidos con la demanda si se
trata del demandante y con la contestación de la demanda cuando sea el
demandado el que las ofrece.
Al margen de los medios probatorios que pueden ofrecer las partes la LPT
contempla la actuación de pruebas de oficio. En ese caso el juez en decisión
motivada e inimputable puede ordenarlas cuando las ofrecidas por las partes
resulten insuficientes para producirles certeza y convicción.
C.- LA CARGA DE LA PRUEBA
Abordar este tema significa preguntarse quien debe probar es decir cual de las
dos partes en conflicto debe aportar la prueba. Sea cual fuera la respuesta, La
carga de la prueba es la obligación impuesta a uno o ambos litigantes para que
acrediten la verdad de los hechos enunciados por ellos.
La carga de la prueba no siempre se distribuye entre el demandante y
demandado sino que en algunos casos se concreta en principios. En la
legislación procesal laboral peruana, la inversión de la carga de la prueba ha
sido un mecanismo constante porque el demandado siempre era el empleador.
Pero la razón para hace descansar la carga de la prueba es en demandado se
debía fundamentalmente a la consideración de que es este el poseedor de los
elementos probatorios de la regulación de la relación del trabajo por ser el que
administra el centro laboral.
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La LPT al permitir que el empleador pueda ser demandante la inversión de la
carga de la prueba cambia de matiz. En adelante este mecanismo habrá que
formularlo de manera que se entienda que la carga de la prueba no
corresponde necesariamente al demandante sino más bien al empleador.
Contrariamente, cuando el empleador sea demandante corresponderá al
mismo probar sus aseveraciones.
Esta nueva versión de la inversión de la carga de la prueba se encuentra
contemplada por el art. 27º inc. 2 de la LPT, al disponer que corresponde al
empleador demandado probar el cumplimiento de las obligaciones contenidas
en las normas legales, los convenios colectivos, la costumbre, el reglamento
interno, y el contrato individual de trabajo.
En aplicación de la inversión de la carga de la prueba al trabajador le bastara
expresar en su demanda por ejemplo que no se le abono sus derechos
vacacionales. Sera el empleador el que demuestre que si se los pago, de lo
contrario la sentencia ordenara el cumplimiento de la obligación demandada
aunque el trabajador no haya aportado pruebas.
Finalmente respecto a la carga de la prueba la LPT también contempla la
distribución de la misma entre demandante y demandado. En este aspecto el
art. 27º establece como regla general que corresponde a las partes probar sus
afirmaciones. El numeral 1 de este mismo artículo dispone que corresponda al
trabajador probar la existencia del vínculo laboral.
D.- CLASES DE MEDIOS PROBATORIOS
Los aspectos relativos al ofrecimiento de los medios probatorios ya fueron
tratados en la parte relativa al contenido de la demanda. De manera que en
este capitulo nos concretamos a las puntualizaciones que hace la LPT.
La LPT en cuanto a la clase de medios probatorios que se pueden ofrecer en el
proceso laboral los remite al CPC el mismo que señala los siguientes:
• La declaración de Parte
• La declaración de Testigos
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• Los documentos
• La pericia
• La inspección Judicial
Prueba pertinente es aquella que versa sobre las proposiciones y hechos que
deben ser probados. Por el contrario prueba impertinente es aquella que no
versa sobre las proposiciones y hechos que son objeto de demostración.
En cuanto a la prueba innecesaria el citado artículo del CPC contempla algunos
casos tales como los hechos que sean notorios o de pública evidencia los
hechos que la ley presume sin admitir prueba en contrario los hechos
afirmados por una de las partes y admitidos por la otra. Hecha esta
introducción respecto a los medios probatorios veamos a continuación uno de
ellos:
a) LAS DECLARACIONES.- La LPT contempla como medios probatorios
la declaración de parte y la declaración de testigos. Estas
denominaciones han sido recogidas del CPC el mismo que cambio el
nombre de confesión que contenía el Código de Procedimientos Civiles
por el de declaración de parte.
La LPT respecto a la declaración de parte solo se concreta a señalar
que la misma se lleva a cabo personalmente y en presencia del juez
bajo sanción de nulidad. Las personas jurídicas prestan su declaración a
través de sus representantes.
Este dispositivo debe complementarse con el numeral 4 del artículo 16º
que señala que dentro de los anexos de la demanda deberá presentarse
el pliego cerrado de posiciones. Esto significa que la actuación de esta
declaración requiere de un pliego de preguntas.
Ante el silencio que guarda la LPT respecto a aspectos fundamentales
de esta prueba debe aplicarse supletoriamente el CPC dentro de estos
aspectos es necesario señalar las siguientes: Las preguntas del pliego
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interrogatorio deben estar formuladas de manera concreta, clara,
precisa. Las preguntas oscuras, ambiguas, impertinentes o inútiles serán
rechazadas de oficio o a solicitud de parte por resolución debidamente
motivada e inimpugnable. Ningún pliego interrogatorio tendrá mas de
veinte preguntas por cada pretensión.
En cuanto al procedimiento de la declaración el CPC dice que el
interrogatorio es realizado por el juez, concluido la absolución, las partes
a través de sus abogados y con la dirección del juez puede hacerse
nuevas preguntas y solicitar aclaraciones a las respuestas. Por su parte
el juez en este acto también puede formular las preguntas que estime
conveniente.
Sobre la declaración de testigos, la LPT señala que en el proceso laboral
también pueden prestar declaración los trabajadores que tengan relación
laboral con el empleador que es parte del proceso.
Testigo es toda persona que sin ser parte en el litigio presumiblemente
tiene conocimiento de los hechos controvertidos sobre los cuales debe
declarar. Aquí también es de aplicación el CPC para todos aquellos
aspectos no contemplados en la LPT. La forma como debe ofrecerse la
prueba testimonial ya fue tratada en el capitulo relativo a la demanda.
En lo que concierne a la actuación el CPC ordena que la declaración de
los testigos se realizara individualmente y separadamente previa
identificación y lectura del art. 371º y 409º del código penal, que tiene
que ver con la responsabilidad del testigo que no declare correctamente.
La declaración se lleva a cabo de acuerdo al pliego de preguntas que las
partes presentan en la etapa postulatoria. Sin embargo la parte que pida
la declaración del testigo puede hacerle preguntas por si o por su
abogado. La otra parte también puede formular contra preguntas.
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Si el testigo sin justificación alguna no comparece a prestar el testimonio
será sancionado con multa no mayor de cinco Unidades de Referencia
procesal, sin perjuicio de ser conducido al juzgado con el auxilio de la
fuerza pública, si se considera necesario.
b) LOS DOCUMENTOS.- Respecto al significado del termino documento
existe alguna discusión en la doctrina. Ese desacuerdo se encuentra
expresado en el diccionario de la Real Academia al darnos una doble
versión acerca de lo que debe entenderse por documento. Por una parte
se señala que documento es, Diploma, carta, relación u otro escrito que
ilustra acerca de algún hecho principalmente de los históricos. Pero
luego añade que también se trata de cualquier otra cosa que sirva para
ilustrar o comprobar algo.
El CPC se afilia al criterio amplio al señalar que documento es todo
escrito u objeto que sirve para acreditar un hecho. Luego señala como
documentos a los escritos públicos o privados, los impresos, fotocopias,
planos, cuadros, dibujos, fotografías, radiografías, cintas
cinematográficas y otras reproducciones de audio o video, la telemática
en general y demás objetos que recojan contengan o representen algún
hecho o una actividad humana o su resultado.
La LPT solo se refiere a las boletas de pago y al libro de planillas lo que
significa que en proceso laboral no pueda actuarse otra clase de
documentos.
LAS BOLETAS DE PAGO.- Las boletas de pago son documentos de
carácter laboral y contable en los que se registra principalmente las
operaciones relativas a las remuneraciones, su establecimiento
responde a una doble necesidad al empleador le sirve para acreditar que
cumplió con el pago de las remuneraciones lo que se consigue
recabando un ejemplar debidamente firmado por el trabajador. Por otra
parte también es de utilidad del servidor en la medida que en el
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documento aparece las cantidades que recibe lo que le permitirá
acreditar cualquier pago diminuto de sus remuneraciones.
Los datos que deben consignarse en el libro de planillas de conformidad
con el mismo Decreto Supremo art. 10º son:
• El nombre, apellido y numero de seguro social del trabajador.
• Categoría y ocupación.
• La remuneración por hora, por día u por otro periodo, la tarifa, el
porcentaje o la comisión.
• El numero de horas trabajadas por semana.
• La remuneración por horas extraordinarias o por trabajo en días de
descanso semanal obligatorio y en feriados y el número de horas
extraordinarias trabajadas.
• El salario dominical.
• Remuneración total a pagarse.
• Los descuentos a que estuvieran sujetas las remuneraciones.
Por los datos e información que contiene la boleta de pago se deduce la
importancia probatoria de este documento. El valor probatorio del mismo
se encuentra consignado por el mismo decreto supremo acotado en el
sentido de que las boletas de pago, junto con el libro de planillas
constituye el medio a través del cual el empleador prueba que ha
cumplido con pagar las remuneraciones. Si el empleador no presenta los
ejemplares de las boletas firmadas por el trabajador se tienen por ciertas
las afirmaciones del trabajador en cuanto a su contenido salvo que se
demuestre lo contrario.
EXHIBICION DE PLANILLAS
El uso de planillas por parte de los empleadores esta regulado por
Decretos Supremos según los mismos todo empleador esta obligado a
llevar libros de planilla de pago de remuneraciones y otros derechos
sociales de sus trabajadores. Dichos libros podrán ser sustituidos por
planillas en hojas sueltas cuando el empleador pruebe que dicho sistema
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le es más conveniente sin perjuicio para los trabajadores.
Al igual que las boletas de pago se trata de documentos estrictamente
laborales, cuyo formato y contenido esta regulado por la Ley. En
consecuencia se trata de instrumentos de carácter formal. Los datos que
deben consignarse en las planillas así como su valor probatorio de las
mismas ya fueron señalados en el punto anterior en razón de que tienen
un tratamiento similar al que la Ley le brinda a las boletas de pago.
c) LA PERICIA.- La pericia es la operación efectuada por un perito.
Conocimientos calificados o experiencia reconocida en un arte o ciencia,
sabiduría, práctica, experiencia y habilidad de una ciencia y arte. En
cambio el peritaje, es el informe del perito, a su vez perito es el sabio
experimentado hábil, práctico en una ciencia o arte. Procesalmente
perito es la persona elegida por el juez o las partes para emitir su
parecer sobre puntos relativos a su ciencia, conocimiento o arte en la
que es versado de manera de asesorar al juez en la decisión de un
litigio. Por lo tanto no es la pericia lo que constituye el medio probatorio
sino el dictamen o informe pericial al que suele también denominarse
peritaje. Siendo así tanto el CPC como la LPT incurren en error al
referirse a la pericia como medio probatorio cuando lo correcto es hablar
de peritaje. El peritaje en materia laboral es esencialmente contable,
señala la LPT y es practicada por peritos inspectores judiciales
dependientes de los juzgados de trabajo. Para la designación del perito
el juez debe recurrir a la lista que actualmente formula el Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial tomando como base la propuesta de cada
colegio profesional. Cuando la pericia no requiere de profesionales
universitarios, el juez nombrara a la persona que considere idónea.
Asimismo la ley señala que la finalidad del peritaje laboral es presentar
al órgano jurisdiccional la información obtenida de los libros y
documentación contable que sirvan para calcular los montos de los
beneficios en litigio.
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d) LA INSPECCION JUDICIAL.- El conocimiento de un hecho por parte del
juez no se puede tener sin que el mismo perciba algo con los propios
sentidos. Por ello es inevitable el contacto, entre el juez y la realidad
acerca de lo cual debe juzgar. Luego añade la prueba es tanto mas
segura cuanto mas próximo a los sentidos del juez se halle el hecho a
probar. He ahí los fundamentos de la prueba de la inspección judicial
que sirven de punto de partida a las diferentes definiciones de este
tema. Así Néstor De Buen, al explicar su naturaleza nos dice citando a
Pallares, que se trata de un acto jurisdiccional que tiene por objeto que
el juez tenga un conocimiento directo y sensible de alguna cosa o
persona, relacionada con el litigio. Igualmente, Guasp en la cita del
maestro mexicano, caracteriza, a este medio probatorio, como una
autentica prueba. Dentro de la misma línea el CPC señala que la
inspección judicial procede cuando el juez debe apreciar personalmente
los hechos relacionados con los puntos controvertidos (art.272º). la LPT
hace la precisión de que la inspección judicial procede cuando subsistan
las circunstancias materiales que deban constatarse (art.38º). esto
quiere decir, que la procedencia de la inspección estará supeditada a
que los hechos estén presentes, o como quiere Carnelutti, durables
hasta el tiempo del proceso, o los hechos transeúntes que se
desenvuelven en presencia del juez durante el curso del proceso. En
otras palabras, no es posible una inspección judicial sobre hechos que
ya no existen. Por otra parte, la LPT permite que en casos
excepcionales y en resolución fundamentada, el juez puede encargar a
la autoridad administrativa de trabajo la realización de una inspección de
carácter especial, señalando con precisión los aspectos a ser
constatados (art. 38º).
2.3.2.- LA PRUEBA ANTICIPADA.
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Se denomina prueba anticipada porque la misma se actúa antes de la iniciación
del juicio. Es decir, fuera del proceso y no dentro del proceso en el cual debe
ser utilizada. Realmente, no se trata de una variedad de prueba, sino de un
procedimiento que se puede aplicar a cualquier medio probatorio típico. En
efecto, de acuerdo al CPC, puede ser objeto de prueba anticipada la pericia, el
testimonio, los documentos, la declaración de parte y la inspección judicial. A
mayor abundamiento, se trata de un procedimiento no contencioso (art. 297º
del CPC).
Es por eso que creemos mas acertadas la denominación de diligencias
preparatorias, que daba a este tema el código de procedimientos civiles, antes
que una variedad de prueba, que permite diligenciar medios probatorios antes
del inicio del proceso en el que se tramita el litigio. En todo caso, la
denominación más adecuada seria actuación anticipada de la prueba.
Precisamente el texto del artículo 284º del CPC nos revela esa naturaleza y
objeto. En efecto este dispositivo señala que toda persona legitimada puede
solicitar la actuación de medio probatorio antes del inicio de un proceso. Para
ello, deberá expresar la pretensión genérica que va a reclamar y la razón que
justifica su actuación anticipada.
La LPT respecto a la motivación señala que la prueba anticipada se admite
solo en los casos en que exista un riesgo inminente de desaparición o
adulteración de los hechos que deben ser constatados. Así por ejemplo se
podría pedir la declaración testimonial anticipada cuando exista riesgo de la
desaparición o ausencia del testigo.
La LPT no permite que sea materia de prueba anticipada la pericia laboral y la
exhibición de planillas de remuneraciones.
No comprendemos la razón de esta prohibición. Cuando se debatió la LPT en
el pleno del congreso, el congresista olivera, respecto a este punto, formulo la
correspondiente observación.
Sin embargo, el presidente de la comisión manifiesto que era difícil poder
asumir la observación debido a que se encontraban en asamblea plenaria.
La prohibición, en referencia pierde asidera si se tiene en cuenta que los libros
de planillas pueden encontrarse en riesgo inminente de desaparición,
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fundamento que señala la ley para la procedencia de la prueba anticipada. Lo
mismo se puede decir de la pericia.
Según el CPC, admitida la solicitud, el juez ordenara la actuación del medio
probatorio, con citación de la persona a la cual se pretende emplazar. Son
embargo, a pedido de parte, sustentando en razón de garantía y seguridad,
habiéndose especificado el petitorio de la futura demanda. Se podrá ordenar la
actuación sin la referida citación (art.298º).
Actuada la prueba anticipada, el expediente correspondiente se entrega al
interesado (art.299º).
Si el emplazado no cumpliera con actuar el medio probatorio para el que fue
citado, se aplican los siguientes apercibimientos:
1) En el reconocimiento se tendrá por verdadero el documento.
2) En la exhibición se tendrá por verdadera la copia presentada o por
ciertas las afirmaciones concretas sobre el contenido del documento.
3) En la absolución de posiciones se tendrá por absolutas en sentido
afirmativo las preguntas del interrogatorio presentado (art.296º).
2.3.4.- SUCEDANEOS DE LOS MEDIOS PROBATORIOS.
La actividad probatoria, para que cumpla con eficacia sus fines, no solo se vale
de los medios probatorios típicos a los que nos hemos referido. La ley ha
dotado al proceso de otros mecanismos o auxilios que lo sustituyan o los
complementen. Es por eso que a estos se les denomina sucedáneos.
El CPC, al referirse a los medios, los caracteriza como auxilios establecidos por
la ley o asumidos por el juez para lograr la finalidad de los medios probatorios,
corroborando, completando o sustituyendo el valor o alcance de estos
(art.275º). Esos sucedáneos son el indicio y la presunción, señalados tanto por
el CPC como por la LPT.
I. Indicios.- Respecto al indicio, el CPC establece que el acto,
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circunstancia o signo suficiente acreditados a través de los medos
probatorios, adquieren significación en su conjunto cuando conducen al
juez a la certeza en torno a un hecho desconocido relacionado con la
controversia (art. 276º). La precisión no es muy afortunada ni lo
suficientemente clara. De manera que es necesario su explicación
mediante un ejemplo: un indicio que pueda llevar a convencer al juez de
que hubo prestación de servicios laborales podría ser el hecho
acreditado de la existencia de las huellas de trabajo y de ordenes
impartidas por el empleador.
II. Presunción.- en otro sucedáneo, que señala tanto la LPT como el CPC,
es la presunción, definida por Capitant, como la consecuencia que la ley
o el magistrado extraen de un hecho conocido, para otro desconocido. El
CPC lo define como el razonamiento lógico critico que a partir de uno o
mas hechos indicadores lleva al juez a la certeza del hecho investigado
(art.277º). en cuanto a las clases de presunciones, la doctrina distingue
la denominada juris et de jure, es decir, de pleno y absoluto derecho, y
como tal, no admite prueba en contrario. El CPC, a estas presunciones
juris tantum, aceptan la prueba en contrario. El CPC, a estas
presunciones las denomina absolutas y relativas, respectivamente. La
LPT contempla algunas presunciones legales de carácter relativo, el art.
40º señala que se presume ciertos los datos remunerativos y de tiempo
de servicios que contenga la demanda, cuando el demandado.
• No acompañe a su contestación los documentos exigidos en el art. 35º,
es decir los libros de planillas.
• No cumpla con exhibir sus planillas y boletas de pago en el caso le
hayan sido solicitado.
• No haya registrado en planilla ni otorgado boletas de pago al trabajador
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que acredita su relación laboral.
2.3.5.- VALORIZACION DE LA PRUEBA.
No obstante que la LPT ubica este tema dentro de las consideraciones
generales relativas a los medio probatorios, hemos considerado pertinentes
abordar primero todos los aspectos concernientes a la prueba, para estar en
una mejor disposición de tratar la valorización de la prueba.
Según Coutere, el tema de la valorización de la prueba busca una respuesta
para la pregunta ¿Qué eficacia tienen los diversos medios de prueba
establecida en el derecho positivo? Luego añade ya no se trata de saber que
es la prueba, ni sobre que debe recaer, ni por quien o como debe ser
producida. Lo que interesa, al aspecto de la valorización de la prueba, es
determinar como gravitan y que influencia ejercen los diversos medios de
prueba sobre la decisión o sentencia que el magistrado debe expedir.
Para tal efecto, la doctrina han elaborado los denominados sistemas de
valorización de la prueba que son fundamentalmente dos: el sistema de las
pruebas legales y el de las pruebas libres o libre convicción.
El sistema de las pruebas legales, la ley le señala anticipadamente, al juez la
eficacia que debe atribuir a los diferentes medio probatorios. Es por eso que
algunos tratadistas suelen hablar del sistema de la tarifa legal o prueba tasada.
Como dice Devis Echandia, este sistema sujeta al juez a reglas abstractas
preestablecidas que le señalan la conclusión que forzosamente debe aceptar
en presencia o ausencia de determinados medio de prueba.
En otras palabras, es el legislador el que le dice al juez el grado de eficacia que
debe atribuir a los elementos probatorios y hasta de que manera debe tenerse
por probado un hecho. El juez, en todo caso, solo tiene facultad de comprobar
que las pruebas cumplen con los requisitos de valoración que la ley suministra
en forma tasada.
Por el contrario, para el sistema de libre convicción, el magistrado adquiere el
conocimiento de la verdad con la prueba de autos, fuera de la prueba de autos
y aun contra la prueba de autos. La justificación a este criterio, según el mismo
Couture, esta en la consideración de que ninguna regla positiva, ningún
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principio de lógica jurídica, brindan apoyo a la afirmación de que el juez no
puede contar con mas elementos de convicción que los que puede conocer el
legislador en el tiempo y en lugar en que redacto sus textos.
En conclusión, para el sistema de la prueba, lo esencial es dejarle al juez la
menor arbitrariedad posible. Para el sistema de libre convicción, toda limitación
a la inteligencia del juez en su recorrido hacia la verdad, es un obstáculo que
impide el imperio de la justicia.
En una posición intermedia entre el sistema de las pruebas legales y el de la
libre convicción, un sector de la doctrina. Ubica el sistema de la sana crítica.
Según el mismo, se permite que el juez haga uso de la libre convicción sobre
un caso concreto, pero se le obliga a que fundamente su criterio, utilizando
razonamientos jurídicos.
I. La apreciación razonada.- falta determinar, que es lo que quieren
decir, tanto el CPC como la LPT, cuando señalan que los medios
probatorios deben ser valorados por el juez utilizando su apreciación
razonada. Los términos de apreciación razonada son nuevos en nuestra
legislación. Cabe entonces preguntarse si estamos frente a
denominaciones similares a las sana critica o prudente arbitrio del juez,
que contenía el código de procedimiento civiles. Si buscamos una
interpretación literal, encontramos que razonaba viene de razonar, que
significa, valerse de la razón para juzgar una cosa. Dar razones de los
afirmados. En tanto que, razonado quiere decir fundado en razones o
argumentos. Lo que el CPC y la LPT buscan con el enunciado en
cuestión es ubicarse dentro de esa posición intermedia de la sana
crítica. Para el criterio de la libre convicción, esta no tiene por que
apoyarse en hechos probados, puede apoyarse en circunstancias que le
consten al juez por su conocimiento privado. Tampoco es necesario
desarrollar en forma lógica las razones que conducen al juez a tal o cual
convicción. En muchos caos, bastara que el magistrado afirme que tiene
la convicción que los hechos ocurrieron de tal materia. Esto es lo que no
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quiere la ley peruana. Para no caer en excesos que se pueden derivar
de la aplicación del sistema de la libre convicción, a ley la exige al juez
que de razón de su apreciación, es decir, que la justifique, que sea
razonada, lo que implica que se expresen las razones de la valoración
de la prueba. La LPT no ha recogido la segunda parte del art. 197º del
CPC que dispone que la resolución solo serán expresadas las
valoraciones esenciales y determinantes que sustentan la decisión del
juez.
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2.4.- CONCLUSION DE PROCESO LABORAL
2.4.1.- FORMAS DE CONCLUSION
La forma más generalizada mediante la cual se pone fin a un proceso es la
sentencia.
El CPC señala formas especiales de conclusión del proceso tales como la
conciliación y allanamiento el reconociendo, la transacción judicial, el
desistimiento y el abandono.
La LPT no se refiere a formas especiales de conclusión del proceso, sino a la
conclusión anticipada del proceso a través de la conciliación y el desistimiento.
Se trata pues de situaciones distintas, lo que nos lleva a sostener que el
precepto de la LPT no es limitativo, lo que significa que un proceso laboral
puede terminar por allanamiento, o por transacción siempre que se aplique el
criterio del derecho laboral.
De manera que para la LPT, hay dos maneras de concluir el proceso una, en
forma anticipada, mediante la conciliación y el desistimiento; la otra, a través de
la sentencia, lo que no impide, como ya lo dijimos que el proceso laboral,
también concluya por algunas de las vías a las que el CPC denomina formas
especiales de conclusión del proceso. Tal es así que el art. 47º de la LPT
dispone que el proceso se encuentre expedido para sentencia cuando se haya
producido allanamiento o reconocimiento.
A.- LA CONCILIACION
La conciliación es forma de poner fin al conflicto sin recurrir al a sentencia. En
el derecho del trabajo adquiere una importancia vital debido al bien jurídico que
este tutela y a la necesidad de una pronta restitución de un derecho violado del
trabajador. Es por eso que el derecho procesal del trabajo lo considera como
un principio, lo que lleva a Pérez Botija a hablar de una hipervaloracion de la
conciliación.
Por nuestra parte, compartimos ese criterio. De ahí que los aspectos
sustantivos de la conciliación han sido tratados en capitulo de los principios del
derecho procesal. De manera que en esta oportunidad de la conciliación,
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formalización de la conciliación y efectos de la conciliación.
En cuanto a las clases de conciliación y oportunidad del texto de la LPT fluyen
las siguientes. Las que se puedan dar antes del proceso, es decir prejudiciales.
Están tratadas por los artículos 102º y 103º, pueden ser de carácter privado y
de índole administrativo. Ambas son potestativas.
La otra clase es la interprocesal, regulada por el art. 66º que tiene un carácter
obligatorio porque constituye una etapa dentro del proceso y se leva a cabo en
audiencia única.
De manera que, en los que respecta a las clases de conciliación y oportunidad
de ser promovidas, podemos concluir afirmando que la conciliación perjudicial
es voluntaria y se puede producir en cualquier momento. Por su parte, la
conciliación judicial o intraprocesal puede ser obligatoria y potestativa.
i. Formalización.- en cuanto a la formalización, la LPT ordena que la
conciliación intraprocesal potestativa se formaliza mediante acta suscrita
ante el órgano jurisdiccional respectivo al final de la audiencia
conciliatoria que se fije para el efecto (art.45º). mientras que el artículo
66º, respecto a la conciliación de carácter judicial obligatorio, dispone
que el juez dejara constancia en el acta de la invitación a conciliar y de
la falta de acuerdo si fuera el caso. Luego, se añade que el juez al
aprobar la fórmula conciliatoria deberá observar el principio de
irrenunciabilidad respecto a los derechos que tengan ese carácter.
Finalmente, en lo referente a la formalidad, debemos señalar el requisito
de la aprobación de la conciliación por parte de la autoridad judicial, el
todos los casos, para que el acuerdo surta los efectos. así se desprende
de los artículos 45º,66º y 103º de la LPT, que se refiere a las diferentes
clases de conciliación que hemos analizado.
ii. Efectos.- el aspecto relativo a los efectos de la conciliación. Para tal fin
será necesario distinguir los efectos en cada una de las clases de
conciliación. Si se trata de la conciliación producida dentro del proceso,
el RT. 45º de la LPT establece meridianamente que aprobada la
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conciliación por el juez, adquiere el valor de cosa juzgada. Este precepto
es de aplicación tanto a la conciliación intraprocesal o judicial a la
conciliación como medio de conclusión anticipada del proceso. Ese
efecto de cosa juzgada no se adquiere en los casos de las
conciliaciones privadas y administrativas a que se refieren el artículo
102º y 103º, debido a que las primeras requieren de una homologación
por las salas laborales para que surtan sus efectos. en tanto que las
administrativas son impugnables ante los juzgados de trabajo.
B.- EL DESISTIMIENTO
El desistimiento significa la renuncia por parte del actor al proceso promovido a
la pretensión, a un recurso o medio de defensa. En otras palabras, planteada la
demanda, el demandante puede abandonarla en forma expresa. Se trata, pues
de una acto de disposición por parte del accionante.
La LPT, no define el desistimiento, razón por la que es necesario recurrir a
otros textos. El código de procedimientos civiles señalaba que por el
desistimiento se separa expresamente el litigante del juicio, recurso o medio de
defensa pendiente y que el desistimiento no se presume. El escrito que lo
contiene debe precisar su contenido y alcance. Legalizando su firma el
proponente ante el secretario respectivo (art. 341º).
La pretensión como lo sostiene Carnelutti, no es un derecho sino un acto, algo
que se hace pero que no se tiene o como lo quiere Guasp, una declaración de
voluntad por la que se solicita la actuación de un órgano jurisdiccional frente a
una persona determinada y distinta de la proponente de la declaración.
Esta declaración de voluntad, o pretensión se expresa a través de la demanda.
De ahí que esta no puede confundirse con la pretensión. Una demanda puede
contener más de una pretensión.
En lo que concierne al desistimiento del proceso, el CPC ordena que el mismo
lo da por concluido sin afectar la pretensión, lo que significa que podrá volverse
a plantear un nuevo proceso con las mismas pretensiones. Pero si el
desistimiento se formula después de notificada la demanda, requiere la
conformidad del demandado. Si hubiera oposición el desistimiento carecerá de
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eficacia, debiendo continuar el proceso.
En cuanto al desistimiento del acto procesal, que puede ser un medio
impugnatorio, medio de defensa u otro, deja sin efecto la situación favorable a
su titular. Así por ejemplo, el desistimiento de una apelación tendrá el efecto de
dejar firme el acto apelado, salvo que la otra parte se hubiera adherido a la
impugnación.
La LPT señala que el desistimiento debe formularse antes que los aspectos
desistidos surtan sus efectos. Es decir, el desistimiento de la pretensión se
podrá formular antes que se expida la sentencia de primera instancia. Por su
parte, el desistimiento del proceso se planteara en la oportunidad que señala el
CPC, aspecto al que ya nos hemos referido. Por ultimo el desistimiento del acto
procesal deberá formularse antes que los mismos se hayan practicado o
resuelto.
Considerando el carácter tuitivo del derecho del trabajador, la LPT dispone que
cuando sea este el que formule el desistimiento, debe estar motivado. De lo
contrario, el juez no aprobara el desistimiento, al margen de velar por el
cumplimiento del principio de irrenunciabilidad de derechos (art. 46º).
C.- LA SENTENCIA
Cuando un magistrado decide en todo o en parte una controversia emite una
sentencia. La palabra sentencia procede la latín sintiendo que equivale a
sintiendo, por expresar la sentencia lo que siente u opina quien la dicta. La
sentencia debe analizarse en un doble aspecto. Como acto jurídico procesal y
como documento en el cual aparece el mismo. Como acto, la sentencia emana
de los magistrados para decidir las causas o controversias sometidas a su
decisión. En tanto, como documento, la sentencia es la pieza escrita que
contiene el texto de la decisión emitida.
El CPC tiene un mayor contenido. Sobre el particular, establece que a través de
la sentencia el juez pone fin a la instancia o al proceso en forma definitiva,
pronunciándose en decisión expresa, precisa y motivada sobre la cuestión
controvertida declarando el derecho de las partes o excepcionalmente sobre la
validez de la relación procesal.
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El acto de sentenciar es un proceso mental. Para algunos tratadistas es un
juicio deductivo que partiendo de una premisa mayor que el precepto jurídico
se pasa a una premisa menor que es el caso controvertido. Del cotejo de
ambas, se obtiene una conclusión que es el fallo.
Sin embargo, esta concepción antigua, acerca del acto de sentenciar, ha sido
atenuada por nuevas consideraciones. Si bien estas aceptan que la sentencia
tiene una lógica que la es particular, pero de ninguna manera se puede reducir
a un simple silogismo, sin tener en cuenta otras circunstancias, y con el
perjuicio de convertir al juez en un ser inanimado, incapaz de apreciar otros
ingredientes.
La etapa final, que es la decisión o fallo, no es sino el resultado de la
adecuación o desadecuación de la norma al hecho controvertido, lo que implica
la existencia de una estimatoria o de una denegatoria de la demanda.
De lo expuesto se puede apreciar que la sentencia es un proceso de
individualización y actuación de la norma legal. Toda sentencia es, en cierto
modo, la ley especial del caso concreto.
La LPT, en la parte relativa a la sentencia, solo comprende dos aspectos: uno
que tiene que ver con las diversas situaciones en que la causa se encuentra
expedita para dictar sentencia. El otro aspecto se ocupa del contenido de la
sentencia.
A continuación analizaremos tales temas:
 ESTADOS DE SENTENCIA DEL PROCESO.- La LPT señala cuatro
circunstancias en las que la causa se encuentra expedita para
sentenciar. Alguna de ellas, en el CPC, son consideradas como formas
especiales de conclusión del proceso. La LPT no hace la distinción entre
forma general y forma especial de conclusión del proceso, salvo la
referencia a la conclusión anticipada del proceso.
• La primera circunstancia que señala la ley como exigencia para dictar la
sentencia, esta referida al proceso normal y completo, es decir, al que ha
recorrido todas las etapas procesales. En tal sentido el inciso 1 del
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artículo 47º, señala que el proceso se encuentra expedito para
sentenciar cuando ha concluido la actuación de todos los medios
probatorios admitidos y actos de investigación ordenados por el juez. Es
decir, que el juez cuenta con todos los elementos a su alcance para
poder decidir la controversia.
• La otra circunstancia, que pone la causa en estado de sentencia esta
referida a los procesos en los que la cuestión debatida sea de puro
derecho. En este caso, no hay hechos controvertidos, simplemente se
trata de decidir la correcta aplicación de la norma jurídica, lo que se hará
precisamente en el acto de la sentencia. La situación será la misma
cuando no haya necesidad de actuar medio probatorio alguno en la
audiencia respectiva.
• La LPT, también se refiere a la circunstancia en la que, saneado el
proceso, la rebeldía del demandado produzca convicción al juez
respecto de los hechos y pretensiones contenidos en la demanda.
• Finalmente, la LPT establece que la causa se encuentre expedita para el
fallo cuando se haya producido allanamiento o reconocimiento admitidos
por el juez.
 CONTENIDO DE LA SENTENCIA.- La LPT, en cuanto al contenido de la
sentencia, mantiene el esquema doctrinario clásico que comprende tres
partes fundamentales: la relación de la causa, la fundamentación o
motivación y el fallo. El CPC por su lado dispone que la sentencia exigirá
en su redacción la separación de sus partes expositivas, considerativa y
resolutiva.
• La parte expositiva o relación de la causa, que en los expedientes
aparecen con el titulo de “vistos” o en otras legislaciones con la
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denominación de “resultando”, es la exposición resumida y clara de los
argumentos expresados por las partes. Para el efecto, será necesario
recurrir a la demanda y a la contestación. La ley española, a esta parte
lo llama antecedentes de hecho que es el resumen suficiente de los que
hayan sido objeto de debate en el proceso.
• En una segunda parte, la sentencia debe contener las consideraciones,
debidamente numeradas, a las que llega el juez sobre los hechos
probados en el proceso y las normas que le sirven de fundamento.
• La tercera parte de la sentencia es el fallo que debe contener la
expresión clara y precisa de lo que se decide u ordena, respecto de
todos los puntos controvertidos. El fallo por su contenido puede dar lugar
a las sentencias declarativas, que son las que declaran la existencia o
inexistencia de un derecho. Sentencias de condena, son las que
imponen el cumplimiento de una prestación ya sea de dar, de hacer, de
no dar y abstenerse de hacer algo. Con falta de unanimidad, la doctrina
suele hablar también de las sentencias constitutivas, que son aquellas
que sin limitarse a la declaración de un derecho o establecer el
cumplimiento de una prestación, crean modifican o extinguen un estado
jurídico.
• Finalmente, la LPT ordena que la sentencia se pronuncie sobre la
condena o exoneración de cosas, costos, así como de la imposición de
multa. Las costas, según el CPC, están constituidas por las tasas
judiciales, los honorarios de los órganos de auxilio judicial y los demás
gastos judiciales realizados en el proceso. En tanto que los costos
comprenden el honorario del abogado de la parte vencedora, más a un
cinco por ciento destinado al colegio de abogados del distrito judicial
respectivo para su fondo mutual. La LPT denomina a los primeros costos
procesales y a los segundos, costas personales.
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EXPEDIENTE : 2004 – 01892 – 0 – 2501 – JR – LA – 06.
MATERIA : POR DEFINIR MATERIA.
ESPECIALISTA : SILVIA FERRE RODRIGUEZ.
DEMANDADO : ALIMENTOS MARITIMOS S.A.
DEMANDANTE : CACERES MARCA RAUL FLORENTINO.
SENTENCIA: No. 188 – 2006
RESOLUCION NÚMERO: VEINTIDOS
Chimbote, tres de noviembre
Del dos mil seis.-
VISTOS; resulta de autos que a folios 17 a 21 don RAUL
FLORENTINO CACERES MARCA, interpone demanda de Reintegro de Remuneraciones
contra la demandada ALIMENTOS MARITIMOS SOCIEDAD ANONIMA; por la suma de
S/. 16,400.00 Nuevos soles, mas intereses legales costas y costos del proceso;
amparándose en los dispositivos que invoca. Aduce que ingreso a trabajar para la
demandada el 01 de diciembre de 1985, en la embarcación pesquera “ San Lorenzo 1”,
hasta el 23 de junio del 2004, fecha en la que es despedido arbitrariamente, habiendo
desempeñado labores de tripulante pescador percibiendo por ello como ultima
remuneración mensual la suma de S/.2,500.00 Nuevos Soles; que, en el año 1993, la
demandada no tenia boliche, por lo que la gerencia manifestó que se les descontaría el
diez por ciento de la remuneración por participación de pesca por tonelaje descargado de
anchoveta, siendo dicho descuento ilegal por no estar amparado en la emisión de boletas
de pago utiliza las siglas ALIMAR SOCIEDAD ANONIMA, pero debajo de dichas siglas
pone el nombre de la embarcación pesquera “ San Lorenzo I”, mientras que en otras
boletas pone la denominación alimentos marítimos; presenta cuadro de liquidación, la
fundamenta jurídicamente, dándose por admitida la demanda mediante resolución numero
uno obrante a folios 22 y se corre traslado de la misma por el termino de ley, el mismo que
es absuelto conforme al escrito de contestación de la demanda de folios 48 a 52,
solicitando que se declare infundada, señala que si bien el actor laboro para la demandada
en calidad de tripulante pescador; pero resulta falso que su ultima remuneración ascienda
a la suma de S/. 2,500.00 cuando el último mes laborado (junio del 2004) percibió la suma
de S/. 902.09 nuevos soles; que la embarcación pesquera “ San Lorenzo I” si tenia
boliche, pero este era para pesca de sardina, por lo que se acordó con los trabajadores el
descuento del diez por ciento en sus remuneraciones a fin de alquilar un boliche
anchovetero, es por ello que este descuento al nacer de un acuerdo entre las partes no
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resulta ilegal; que resulta cierto al nacer de un acuerdo entre las partes no resulta ilegal;
que resulta cierto que la demandada en las boletas de pago utiliza las siglas ALIMAR
SOCIEDAD ANONIMA, que la demandada ha cumplido con registrar el planilla al actor y
abonarle por participación de pesca el porcentaje de veintitrés por ciento, como consta en
las declaraciones juradas de partes y retenciones presentadas a la caja de beneficios y
seguridad social del pescador; que, la embarcación pesquera “ san Lorenzo I”, es una
embarcación dotada de los medios que permiten la captura de sardina, en tal sentido, en el
año 1994 ante la escases de la especie en la zona de pesca, se privo a la tripulación de la
embarcación pesquera “ san Lorenzo 1” de salir a realizar sus faenas de pesca,
perjudicando a la tripulación y empresa, por lo que la empresa AMG embarcación sociedad
anónima, hoy la recurrente y toda la tripulación convinieron en el descuento del diez por
ciento a los trabajadores a fin que se pueda pagar el alquiler del boliche para la pesca de
anchoveta; teniéndosele por apersonada y por contestada la demanda mediante
resolución número cinco obrante de folios 53, señalando fecha para llevarse a cabo la
audiencia por lo que luego de admitidos y actuados los medios probatorios ofrecidos, y con
los alegatos, el estado del proceso es el de emitir sentencia, por lo que el juzgado pasa a
pronunciar la que corresponde; Y CONSIDERANDO: PRIMERO: Que; la relación laboral
no es materia del contradictorio la misma que asimismo se encuentra acreditada
debidamente por el merito de las boletas de pago obrantes de folios 11 a 16, con el record
de producción por beneficiario obrante de folios 66 a 70, relación laboral que es aceptada
por la demandada conforme a su escrito de folios 48 a 52; SEGUNDO: Que; en
consecuencia, es materia de la presente determinar si el hecho de que al trabajador se le
haya descontado el diez por ciento de su remuneración como es la participación de pesca
descargada; constituye rebaja en sus remuneraciones precisando la demandada en su
escrito de contestación de folios 48 a 52 que esto se debió a un acuerdo con los tripulantes
pues dichos descuentos servirían para alquilar un boliche anchovetero, pues la
demandada no contaba con los fondos suficientes para afrontar solo los gastos de alquiler;
TERCERO: Que; al respecto teóricos como Capitant, Colin y básicamente Paul Durand,
demostraron que en los contratos de trabajo, cuando menos una de las partes es un
persona humana y a partir de esta observación, era imperativo tratar el trabajo no como
una mercancía, sino como una actividad humana en dicha relación laboral, es débil
económica y jurídicamente respecto a su contraparte, el empleador. Es así como se puso
el humanismo laboral, recogido plenamente en el preámbulo de constitución de la
organización internacional del trabajo, proyectándose de esta manera hacia el futuro;
manteniéndose incólumes los principios del derecho del trabajo a pesar del liberalismo
como la primacía de la realidad, razonabilidad, protector, entre otros. Al respecto conformo
manifiesta el autor GOMEZ VALDEZ, Francisco, e su obra relaciones individuales de
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trabajo, editorial San Marcos, Lima primera edición 1996 pagina 85 manifiesta: “el
empleador, al echar andar su empresa, lo que parta es su capital, el deseo de crear
riquezas que le aseguren recuperar los riesgos de su inversión y obtener los beneficios
propuestos al iniciar su actividad. Para le trabajador, la situación es menos complicada, por
cuanto aportar solo su fuerza de trabajo. al criterio económico que impregna el empleador
a su empresa, se le unirá la subordinación jurídica del trabajador. Ambos criterios
determinaran la diferencia del trabajo autónomo respecto del trabajo de dependencia, este
ultimo, colocado inexplorablemente, en un ambiente de protección legal que inexistente
para aquel” : CUARTO: Que; al respecto se debe tener en cuenta que el trabajo, en sus
diversas modalidades, es objeto de atención prioritaria por parte del estado, teniendo el
trabajador derecho a una remuneración equitativa y suficiente, que procure para el y su
familia, el bienestar material y espiritual, siendo este quien regula las remuneraciones
mínimas con participación de las organizaciones respectivas de los trabajadores y de los
empleadores, conforme a lo prescrito por los artículos 23º y 24º de la carta magna
constituyendo sus antecedentes los artículos 42º y 43º del a constitución política de 1979;
por lo que es dentro de este contexto que el estado a través de diversos dispositivos
legales establece remuneraciones mínimas a efectos de que esta sean equitativas y
suficientes para los fines del bienestar del trabajador, como lo es en los regímenes
especiales como por ejemplo el de construcción civil, mineros, periodistas, médicos,
deportistas, profesores, pescadores, hoteles, entre otros, en razón de las peculiaridades
propias de sus labores, en el supuesto que la percepción de montos menores no va a ser
permitido; de lo que se infiere que la voluntad de las partes con respectos al pago de
remuneraciones no es absoluta sino que debe enmarcarse dentro de determinados
lineamientos legales, ello basado en una interpretación sistemática de la misma norma
constitucional; QUINTO: Que, la remuneración del trabajador pesquero señalada en el
articulo trece concordante con su segunda disposición transitoria del decreto supremo Nº
009 – 76 – TR, norma vigente; es una forma de participación en la productividad, ya que se
determina en función al as toneladas métricas de pesca descargada y a un porcentaje del
precio que se paga por ella, siendo dicha norma la que regula el contrato del trabajador
pescador así como su remuneración y que consiste en una participación de pesca
descargada ascendente al 22 punto cuatro por ciento de la venta que efectúa el armador,
no Habiéndose expedido a la fecha dispositivos legal alguno que enerve su contenido;
SEXTO: Que; el decreto supremo Nº 009 . 76 TR; es la norma que resulta de aplicación
pues es observado en la actividad pesquera de extracción de anchoveta y en cuanto a la
existencia de un acuerdo con todos los tripulantes para el descuento del diez por ciento de
su remuneraciones, lo cual acepta el demandado haber efectuado, dicho acuerdo no se ha
acreditado su existencia con documentos alguno a través de la secuela del proceso; en tal
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virtud mantiene su plena vigencia y corresponde la aplicación del decreto supremo
mantiene su plena vigencia y corresponde la aplicación del decreto supremo Nº 009 – 76 –
TR al caso de autos; cuya norma establece como remuneración un piso normativo que
debe ser observado en la actividad pesquera de extracción de anchoveta; actividad a la
cual conforme lo afirma la demandada en su contestación de folios 48 a 52 se dedica;
encontrándose el referido porcentaje relacionado directamente a lo señalado en el estatuto
de la caja de beneficios y seguridad social del pescador, aprobado por el decreto supremo
001 del 28 de enero de 1995 y resolución suprema 001 – 93 – TR, en cuya octava
disposición precisa tan solo la admisión de los porcentajes de aportación a los fondos de
pensiones de salud y de pensiones y al otorgamiento de subsidios, así como el monto
correspondiente a los beneficios compensatorios de los trabajadores pescadores no
menores de veintidós punto cuatro por ciento; SETIMO: Que: en este orden de ideas y
teniendo en cuenta el reconocimiento expreso efectuado por la empresa demandada en su
escrito de contestación de demanda de folios 48 a 52 de haberle pagado anteriormente el
veintitrés por ciento como remuneración por participación de pesca descargada y de haber
descontado a la parte actora el equivalente al diez por ciento por porcentaje de
remuneración por participación de pesca desde 1994 en la embarcación pesquera SAN
LORENZO 1, fondos que contribuyeron en forma indebida al pago del alquiler del boliche
lo cual era única y exclusiva responsabilidad del demandado como empleador, debe
reintegrarle la diferencia del diez por ciento por cada uno de los años peticionado, siendo
así y considerando la información contenida en el record de producción por beneficiario de
folios 66 a 70; la liquidación del reintegro que le corresponde al actor es como sigue: 01)
por el año de 1993, habiendo abonado la suma de S/. 5,665.20 nuevos soles en base al
noventa por ciento cuando le correspondía el ciento por ciento por la suma de s/. 6,294.66
nuevos soles que es lo que le corresponde por reintegro de participación de pesca de este
periodo; 02) por 7,076.05 nuevos soles en base al noventa por ciento cuando le
correspondía el cien por ciento por la suma de S/.7.786.22 nuevos soles, la diferencia
pagada de menos equivale a la suma de S/. 786.22 nuevos soles que es lo que le
corresponde por reintegro de participación de pesca de este periodo: 03) por el año mis
novecientos noventa y cinco, habiendo abonado la suma de S/. 5.746.31 nuevos soles en
base al noventa por ciento cuando le correspondía el ciento por ciento por la suma de S/.
6.384.78 nuevos soles, la diferencia pagada de menos equivale a la suma de S/. 638.47
nuevos soles, la diferencia pagada de menos equivale a la suma de S/. 14.362.823 nuevos
soles que es lo que le corresponde por reintegro de participación de pesca de este
periodo; 04) por el año mil novecientos noventa y seis, habiendo abonado la suma de S/.
12.926.54 nuevos soles en bases al noventa por ciento cuando le correspondía el cien por
ciento pro la suma de S/. 14.362.823 nuevos soles, la diferencia pagada de menos
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equivalente a la suma de S/. 1.436.28 nuevos soles que es lo que le corresponde por
reintegro de participación de pesca de este periodo: 05) por el año mil novecientos noventa
y ocho, habiendo abonado la suma de S/. 1.235.22 nuevos soles en base al noventa por
ciento cuando le correspondía el cien por ciento por la suma de S/. 1.372.46 nuevos soles,
la diferencia pagada de menos equivale a la suma de S/. 137.24 nuevos soles que es lo
que le corresponde por reintegro de participación de pesca de este periodo; y 06) por el
año mis novecientos noventa y nueve, habiendo abonado la suma de S/. 7.795.32 nuevos
soles en base al noventa por ciento cuando le correspondía el cien por ciento por la suma
de S/. 8. 661.46 nuevos soles, la diferencia pagada de menos equivale a la suma de S/.
866.14 nuevos soles que es lo que le corresponde por reintegro de participación de pesca
de este periodo; y que sumadas estas cantidades arroja la suma total de S/. 5,003.38
NUEVOS SOLES( CINCO MIS TRES NUEVOS SOLES CON TREINTA Y OCHO
CENTIMOS); suma que deberá reintegrar la demandada al actor por este concepto el
mismo que se debe declarar fundado; OCTAVO: Que; las demás pruebas glosadas no
enervan lo anteriormente expuesto por lo que por estas consideraciones y de conformidad
por lo dispuesto por el articulo 51º de la ley orgánica de poder judicial y por artículos 1º y
48º de la ley procesal de trabajo numero 26636, administrando justicia a nombre de la
nación: FALLO: declarando: FUNDADA la demandada folios 17 a 21 interpuesta por don
RAUL FLORENTINO CACERES MARCA contra la demandada la empresa pesquera
ALIMENTOS MARITIMOS S.A, sobre pago reintegro de remuneraciones por participación
de pesca; en consecuencia cumpla la demandada dentro de tercero día con pagar al
demandante la suma total de S/. 5.003.38; que le corresponde por reintegro de
remuneraciones por participación de pesca correspondiente a los años 1993, 1994, 1995,
1996, 1997, 1998 y 1999; con costos y costas e intereses legales que se liquidaran en
ejecución de sentencia; conforme a los considerativos expuestos en la presente; por lo que
consentida o ejecutoriada que sea la presente; HAGASE SABER.-
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA
SENTENCIA DE LA SALA LABORAL
EXPEDIENTE Nº: 2004 – 0 – 2501 – JR – LA – 06.
DEMANDANTE : CACERES MARCA RAUL FLORENTINO.
DEMANDADO : ALIMENTOS MARITIMOS S.A.
MATERIA : REINTEGRO DE PARTICIPACION DE PESCA.
POR DESCUENTOS INDEBIDOS.
RESOLUCION NÚMERO: VEINTISIETE
Chimbote, dieciséis de mayo
Del año dos mil siete.-
ASUNTO:
Apelación interpuesta por la empresa demandada contra la sentencia expedida por el
sexto juzgado de trabajo que declara fundada la demanda y ordena el abono de S/. 5, 003.
38 por concepto de reintegro de participación de pesca por descuento indebidos.
ANTECEDENTES:
Con fecha catorce de setiembre del dos mil cuatro Don Raúl Florentino Cáceres Marca
interpone demanda contra la empresa alimentos marítimos S.A, sobre reintegro de
remuneraciones participación de pesca en la cantidad de S/. 16,400.00, correspondiente a
los años mil novecientos noventa y tres a mil novecientos noventa y nueve; aduce que
ingreso a laboral a la empresa emplazada con fecha primero de diciembre de mil
novecientos ochenta y cinco, hasta el veintitrés de junio del dos mil tres, desempeñándose
como pescador tripulante en la embarcación pesquera “San Lorenzo” de propiedad de la
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demandada, percibiendo como ultima remuneración S/. 2.500.00; se le descontó el diez
por ciento de las remuneraciones para la compra de un boliche para seguir trabajando de
lo contrario seria despedido en forma ilegal por no estar de acuerdo con lo establecidos en
el Decreto Supremo Nº 009 – 76.
La empresa emplazada mediante escrito de fojas cuarenta y ocho a cincuenta y dos
contesta la demanda, negándola y contradiciéndolas, y solicita se declare infundada. El
juzgado expide la sentencia que es objeto de la presente impugnación.
FUNDAMENTOS DE LA APELACION:
Si bien es cierto la constitución en su articulo 23º y 24º norma el rol prioritario que debe dar
el estado al trabajo y el derecho de todo trabajador a una remuneración equitativa y
suficiente (remuneración vital sea del sector común o del especial), debiendo
expresamente ser promulgada por el presidente, lo que no ha ocurrido en el sector
pesquero ya que hasta la fecha no existe norma legal referido a la remuneración mínima
del pescador industrial. Que, el decreto supremo Nº 009 – 76 – TR no constituye una base
mínima ya que dicho Decreto Supremo y la remuneración en el establecida pertenece solo
a los pescadores provenientes o asignados por la ex empresa estatal pesca Perú a las
pequeñas empresas de extracción de anchovetas y al status laboral aplicable a estos
pescadores.
FUNDAMENTOS DE ESTA INSTANCIA:
PRIMERO: El punto controvertido versa sobre la procedencia del descuento del diez por
ciento de las remuneraciones que efectuó la empresa al actor; arguye la emplazada que
dicha modalidad fue aceptada por mutuo acuerdo por toda la tripulación, cuyo descuento
fue destinado al alquiler de un boliche anchovetero necesario para el zarpe de la
embarcación, teniendo en cuenta que la empresa solo tenia boliche para la pesca de
sardina a la también se dedicaba, SEGUNDO: Que teniendo en cuenta lo expresado por la
propia demandada en la contestación de demanda, obrante a folios cuarenta y ocho a
cincuenta y dos, manifiesta haber pagado el veintitrés por ciento de la participación por
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pesca descargada al actor y de haber descontado el diez por ciento por porcentaje de
participación por pesca desde el año mil novecientos noventa y cuatro en la embarcación “
San Lorenzo” fondo que contribuyeron al pago de alquiler del boliche para la pesca de
anchoveta; TERCERO: De otra parte, el agenciamiento del boliche de pesca, por consistir
en un elemento o parte integrante de la embarcación, o del centro de trabajo propiamente,
indispensable para el desarrollo de la actividad empresarial de la emplazada, es de cuenta
y cargo del empleador, por lo que no resulta factible que el importe del arrendamiento se
deduzca de las remuneraciones de los trabajadores; CUARTO: El importe que se ordena
abonar responde a lo efectivamente descontado al trabajador; pues, en este caso la
empresa no ha debido deducir las remuneraciones, incumpliendo de este modo sus
obligaciones, como la que emerge del articulo 6º de la Ley de Productividad y
Competitividad Laboral: “ constituye remuneración para todo efecto legal el integro de lo
que el trabajador recibe por sus servicios, en dinero o en especie, cualquiera sea la forma
o denominación que tenga, siempre que sean de su libre o en especie, cualquiera sea la
forma o denominación que tenga, siempre que sean de su libre disposición”, por lo que
corresponde ratificar lo resuelto por el funcionario de primera instancia; QUINTO: En lo
concerniente a la liquidación del adeudo laboral, se aprecia del reporte de producción por
beneficiario de fojas sesenta y seis y nueve que por el lapso de tiempo laborado al servicio
de la empresa demandada, desde el año mil novecientos noventa y tres a mil novecientos
noventa y nueve, el importe total ganado asciende a S/. 45,030.83 de lo la emplazada ha
descontado el diez por ciento, ascendente a S/.4,503.08, por lo que debe modificarse la
sentencia recurrida. La Sala Laboral del Santa:
FALLA:
CONFIRMARON la sentencia de fojas ciento cuarenta y seis a ciento cincuenta, su fecha
tres de noviembre del dos mil seis que declara fundada en parte la demanda y ordena que
la empresa Alimentos Marítimos S.A. abone al actor por concepto de reintegro de
participación de pesca, por descuentos indebidos, correspondiente a los años mil
novecientos noventa y tres a mil novecientos noventa y nueve, MODIFICARON el monto
en la cantidad de S/. 4,503.08 al juzgado de origen. Interviniendo la Relatora como
Secretaria en adición a sus funciones por vacaciones del titular. Vocal Ponente Doctor
Bernabé Zúñiga Rodríguez.-
S.S.
Sánchez melgarejo, S.
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Zúñiga Rodríguez, B.
Rodríguez soto, R.
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2.5.- MEDIOS IMPUGNATORIOS
2.5.1.- FINES
Para comprender el rol de los medios impugnatorios veamos el siguiente texto:
“como todo acto humano, la sentencia de un juez puede ser defectuosa o
equivocada, y esto que decimos para la sentencia es perfectamente valido para
todo tipo de resoluciones que dicten los órganos jurisdiccionales. Los jueces,
como seres humanos, son falibles, esto es, pueden incurrir en error. Para
conjurar tales situaciones las leyes procesales reconocen el derecho de
impugnación, a fin de que las partes y eventualmente los terceros que se
sientan perjudicados por una decisión judicial puedan provocar por medio de
mismo juez o por un superior jerárquico, la revisión del defecto o del error de la
resolución anterior.
El CPC, sobre el particular, ordena que mediante los medios impugnatorios las
partes o terceros legitimados soliciten que se anule o revoque, total o
parcialmente, un acto procesal presuntamente afectado por vicio o error.
Los medios impugnatorios más importantes son los recursos y los medios. Son
recursos, los medios que la ley brinda a las partes, y en su caso a terceros,
para que el mismo juez que dicto una resolución o el superior jerárquico la
revise, con el fin de corregir los errores en los que se hubiera incurrido.
En cambio, los remedios, de acuerdo al CPC son medios impugnatorios que se
pueden formular por quien se considere agraviado por actos procesales no
contenidos en resoluciones.
Sin embargo, existen algunos tratadistas que utilizan la denominación de
remedios, para referirse a las impugnaciones que deban ser resueltas por el
mismo juez que la expidió.
2.5.2.- RECURSO DE REPOSICION
Se trata de un recurso horizontal, en razón que se recurre ante el mismo
órgano que dicto una providencia, para que la revoque.
El criterio del CPC es similar, al puntualizar que dicho recurso procede contra
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los decretos a fin de que el juez los revoque.
La LPT, sobre el particular, dispone que el mismo proceder contra los decretos.
Se plantea, en el plazo de dos días, ante el mismo órgano que los expide. El
auto que los resuelve es inapelable.
El carácter lacónico de este dispositivo, da lugar a que aspectos fundamentales
como el trámite del recurso, sean regulados por el CPC. En primer lugar, hay
que hacer la precisión de que el plazo de dos días se cuente desde la
notificación de la resolución. Por otra parte, el CPC dispone que si el juez
advierte que el vicio o erros son evidentes o que el recurso es notarialmente
inadmisible o improcedente, lo declarara así sin necesidad de trámite. Si el juez
considera necesario, conferida por tres días. Vencido el plazo, resolverá con su
contestación sin ella.
2.5.3.- RECURSO DE APELACION.
La apelación es un recurso impugnatorio por el cual el litigante que se
considera agraviado, por la sentencia del juez, busca que la misma sea
revisada por un juez o tribunal, superior para que la revoque. En otros términos,
mediante la apelación, el proceso decidido por el juez inferior es llevado a un
tribunal superior para que revoque o reforme una resolución que se estima
errónea en la aplicación del derecho o en la aplicación de los hechos.
La LPT, nuevamente guarda silencio sobre el significado del recurso de
apelación y otros aspectos, razón por la que es necesario recurrir al CPC. Este,
en cuanto al objeto de la apelación, establece que tal recurso busca que el
órgano jurisdiccional superior examine, a solicitud del litigante o del tercero
legitimado, la resolución que le produzca agravio con el propósito de que sea
anulada o revocada total o parcialmente.
Del análisis de este artículo, surgen tres elementos en el tema de la apelación:
el relativo al objeto de la apelación, el que tiene que ver con el sujeto de la
apelación y el referido al efecto de la apelación.
1. El objeto de la apelación es el agravio y su necesidad de reparación por
acto del superior. El hecho de que el art. 364º, en su ultima parte, señale
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que el propósito de la apelación sea la anulación o revocación, total o
parcial de la sentencia impugnada, da pie para las siguientes
conclusiones: si la sentencia rechaza totalmente una pretensión, es
apelable íntegramente; si la acoge solo en parte, es apelable en cuanto
desecha; si la acoge totalmente, es inapelable, es decir, el que ha
triunfado no puede apelar.
2. El aspecto relativo al sujeto de apelación, también es recogido por el
dispositivo materia de análisis. Sobre el particular, se señala que los
sujetos titulares de la apelación pueden ser las partes o tercero
legitimado. Pero aquí habría que preguntarse quien es el tercero
legitimado o cuando un tercero se legitima.
3. Corresponde ahora referirnos a los efectos de la apelación. El hecho de
que sea un órgano jurisdiccional superior el que examine la causa, da
lugar al tema de los efectos. el código de procedimientos civiles
hablaban de de los efectos devolutivos y suspensivo de la apelación.
Tales denominaciones que no eran adecuadas, llevo al CPC a
modificarlas. Hoy se habla de la apelación con efecto suspensivo y sin
efecto suspensivo. En el primer caso, la eficacia de la resolución
impugnada queda suspendida hasta que el superior la haya confirmado,
quedando también en suspenso la competencia del juez hasta que el
expediente sea devuelto. En conclusión, queda en suspenso, tanto la
eficacia de la sentencia como la competencia del juez.
REQUISITOS DEL RECURSO DE APELACION.
El art. 52º dispone que constituya requisito de procedencia de este recurso su
debida fundamentación, la cual debe precisar el error de hecho o de derecho
presente en la resolución y el sustento de la pretensión impugnativa.
Al margen de las circunstancias en las que es posible la apelación, que son
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señaladas por la ley mas adelante, el citado articulo establece una especie de
envoltura para que proceda todo tipo de apelación. Es decir la LPT señala
condiciones generales y comunes de procedibilidad. Pero además
encontramos condiciones específicas de procedibilidad en el art. 53º.
 Una de las condiciones generales y comunes, que es de primer orden,
esta dada por el requisito de la fundamentación de la apelación. Esta
fundamentación debe expresar el error de hecho o de derecho que
contenga la resolución, la naturaleza del agravio y el sustento de la
pretensión impugnativa. Esto significa que es necesario precisar la
inadecuada apreciación de los hechos e incorrecta aplicación del
precepto jurídico en los que se hayan incurrido. Cuando la ley se refiere
a la naturaleza del agravio, quiere decir que el apelante debe señalar la
injusticia, la ofensa o perjuicio material o moral causados por la
resolución. En lo que concierne al sustento de la pretensión impugnativa,
significa que debe señalarse la fuente legal que permite impugnar el
acto.
 En cuanto al plazo, para interponer el recurso de apelación, la ley lo fija
en cinco días contados desde la fecha de notificación de la resolución
que es impugnada, a excepción del proceso sumarísimo, que se rige por
sus propias normas.
 La LPT, también contempla la posibilidad de presentar documentos en el
recurso de apelación o en su absolución, cuando hayan sido expedidos
con posterioridad al inicio del proceso.
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Expediente: 2007-0663 -0-2501- JR- LA- 06
Secretario: Dr. Beatriz Jaramillo
Escrito: 07
Sumilla: APELAMOS SENTENCIA
SEÑOR JUEZ DEL SEXTO JUZGADO LABORAL DE LA CORTE SUPERIOR
DE JUSTICIA DEL SANTA
CAJA DE BENEFICIOS Y SEGURIDAD
SOCIAL DEL PESCADOR, debidamente
representada por su apoderado Sr. JIM
ROGELIO CANO COLONIA, identificado con
DNI. Nº 32918801, con domicilio real y
domicilio procesal en la Av. Francisco
Bolognesi 540 Chimbote en los seguidos por
ALEJANDRO VALVERDE CULUPU sobre
pago de vacaciones y gratificaciones a Ud.
dice:
I.- PETITORIO
Que, dentro del termino de ley INTERPONEMOS RECURSO DE APELACION,
contra la resolución Nº 22 que contiene la SENTENCIA en el extremo que
declara Fundad la demanda de pago de vacaciones y gratificaciones en la
suma de S/. 11.957.77 a los años de 1992, 1993, 1994, 1995 y 1996 mas los
correspondientes intereses legales ante ello solicitamos que los autos se
eleven al Superior Jerárquico donde espero alcanzar su revocatoria en todos
sus extremos en base a los siguientes considerados:
II.- ERROR DE HECHO Y DERECHO
PRIMERO:
Que, constituye un error de derecho al declarar fundada la demanda ya que
actualmente dicho estatuto se encuentra modificado mediante el acuerdo Nº
012002-2004-CEMR-SBSSP aprobado el día 20 de abril del año de 2004 en
observancia de las leyes 27666 y 28193 de fechas 26 de junio del 2002 y 18 de
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mayo del 2004 respectivamente que autorizaron expresamente reestructurar de
manera integral a la CBSSP, contemplando una nueva organización
económica, financiera y administrativa.
Conforme a lo regulado por el articulo 2º del Estatuto la SBSSP, es una
institución de derecho privado creada por el decreto supremo Nº 01 de fecha
22 de enero de 1965, con personería jurídica y patrimonio propio que tiene
como finalidad brindar el servicio de administra eficientemente los
recursos provenientes de los aportes al fondo de pensiones de los
trabajadores pescadores activos, pensiones y otorgar las pensiones
correspondientes con arreglo a lo dispuesto en el presente estatuto así
como supervisar el pago por los empleadores de los beneficios sociales
de los trabajadores pescadores.
La función de mi representada es RECAUDAR Y ADMINISTRA FONDOS DE
LOS PESCADORES y la obligación la debe cumplir los retenedores que son
los armadores pesqueros y no nuestra institución lo que se expresa claramente
en el art. 21 de nuestro Estatutos que dicen ”los armadores están obligados a
retener las aportaciones de los pescadores en el momento del pago de sus
remuneraciones y de ENTREGARLAS a la caja, conjuntamente con los aportes
que les corresponde abonar como empleadores esto es las dos terceras partes
de lo que aporta el pescador( Art. 17 de nuestro estatutos).
Nuestros Estatutos en su art. 14 inciso b), señala que son recursos financieros
que ADMINISTRA LA CAJA: “El monto correspondiente a las gratificaciones de
fiestas Patrias y navidad así como a la compensación por Descanso Periódico
Anual (vacaciones) a “CARGO EXCLUSIVO DE LOS ARMADORES”.
Según el art. 1251 del Código Civil vigente: el deudor queda libre de su
obligación (en este caso el deudor es el armador), si consigna la prestación
debida. En el presente caso el Armador no ha consignado el pago de las
semanas adeudadas ni tampoco a cumplido con depositar o entregar los
aportes a la caja. Así mismo en nuestros Estatutos en ningún de sus artículos
se señala que la caja del pescador este obligada a otorgar los beneficios y
seguridad social sin que el armador haya cumplido con el pago : es decir NO
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SE PUEDE OBLIGAR EL PAGO A QUIEN SOLO ESTA FACULTADO PARA
RECAUDAR Y ADMINISTRAR LOS FONDOS DE LOS PESCADORES, y el
hecho de que las normas civiles y penales esta facultado para actuar
judicialmente con la cobranza de los adeudos no se puede exigir un pago de
una obligación que no nos corresponde asumir porque no somos una entidad
que capta ingresos propios que les permita subsistir sin el pago de los
armadores ya que ellos son los que nos proporcionan los recursos para poder
entregar los beneficios a los pescadores.
SEGUNDO: La empresa empleadora del demandante no ha cumplido con
abonar los aportes por los beneficios sociales esta obligado a realizar a la
CBSSP, tampoco el demandante ha demostrado que existe una aportación real
por parte de la empresa pesquera que era su empleadora por lo tanto no existe
los medios probatorios idóneos que demuestren la pretensión las mismas que
deben ser presentadas por el recurrente.
II.- SUSTENTO DE LA PRETENSION IMPUGNATORIA:
Amparo la presente en los siguientes preceptos legales:
- Código Procesal Civil.
- Art.08 de la Ley Procesal Laboral Nº 26636.
IV.- NATURALEZA DEL AGRAVIADO:
La resolución impugnada causa agravio de naturaleza económica por cuanto
ordena que mi representada cumpla con pagar una suma que no ha sido
depositada en la institución lo causa que representada no pueda cumplir con el
pago de las pensiones de jubilación de los beneficiarios atentando contra el
derechos a la seguridad social de los beneficiarios de la caja.
V.- ANEXOS:
04.-A: Tasa judicial
04.-B: Cedulas de notificación (2)
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POR TANTO:
Solicito al juzgado se sirva conceder el presente recurso de apelación y elevar
los actuados al Superior Jerárquico.
Chimbote 05 de Julio del 2009
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RESOLUCION APELABLES Y EFECTOS.
En el punto anterior hemos señalado que la LPT contiene, además de
condiciones generales de procedibilidad que están dadas por la
fundamentación y el plazo, condiciones especificas de procedibilidad, las
primeras fueron materia de estudio corresponde ahora analizar estas ultimas,
bajo la denominación de resoluciones apelables.
Las referencias de procedibilidad que analizaremos a continuación no son
autónomas, sino que están supeditadas a que se cumplan con la
fundamentación y el plazo que son requisitos de primer orden.
La LPT, en los incisos 1 y 2 del artículo 53º nos dice que procede la apelación
contra las sentencias de primera instancia y los autos que pongan fin a la
instancia, respectivamente.
Los aspectos relativos al objeto, sujeto y efectos de la apelación ya han sido
expuestos. Cabe si hacer presente, ante el silencio de la LPT, que el efecto de
la apelación de sentencia y de este tipo de autos es de carácter suspensivo, a
tenor de los dispuestos por el art. 371º del CPC.
A continuación, la LPT se refiere a la procedencia de la apelación contra los
autos que se expidan en el curso del proceso antes de la sentencia, en cuyo
caso, la ley se refiere a los autos que no ponen fin al proceso. En la referencia
que hace la ley a la calidad diferida de la apelación, realmente se trata de un
efecto diferido de la alzada. En este caso, el trámite del recurso se reserva
hasta la eventual apelación de la sentencia definitiva, oportunidad en la que los
recursos se resolverán conjuntamente. Si no existiera apelación de la
sentencia. La apelación diferida queda sin efecto.
También procede la apelación contra los autos que se expidan después de
dictada la sentencia, en cuyo caso se concede sin efecto suspensivo, salvo que
el juez decida concederla con efecto suspensivo en resolución debidamente
fundamentada.
Finalmente la LPT en el art. 53º fija el plazo de tres días para la apelación de
autos, como ya lo vimos, cuando se trata de sentencia dicho plazo es de cinco
días.
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2.5.4.- RECURSO DE CASACION.
Casación deriva del latín quassare que significa romper. Cuando un tribunal de
casación casa un fallo, significa que lo rompe, lo anula, lo deja sin efecto, por
tener los vicios que la ley señala.
El recurso de casación es el que se interpone ante la Corte Suprema de la
República contra los fallos definitivos en los casos que se consideran que se
han infringido leyes o doctrina admitida por la jurisprudencia o incumplido
reglas de procedimiento.
La casación, en el derecho comparado, tiene una regulación y funcionamiento
distinto, lo que ha dado lugar a que la doctrina hable de sistemas de casación,
tales como el francés español y germánico. El primero se caracteriza por su
rigidez, en excluir del ámbito de la casación, la revisión de las cuestiones de
hecho y de fondo del litigio, así como la consagración de la autonomía del juez
de reenvío, es decir, el juez al que se le devuelve la causa para que vuelva a
dictar el fallo.
De los conceptos antes expuestos, el recurso de casación lo podemos
caracterizar de la siguiente manera:
1. Se trata de un recurso extraordinario, porque solo se puede interponer
en los casos puntuales que señala la ley.
2. El recurso de casación solo busca la revisión de los errores jurídicos y
no de los aspectos de hecho. De ahí que no se trata de una instancia
que le permite al tribunal revisar todo.
3. De acuerdo al sistema de casación imperante, el tribunal que resuelve el
recurso puede limitarse a anular el fallo y disponer que la instancia
inferior vuelva a dictar sentencia de acuerdo a lo resuelto por el tribunal
de casación. Esta es la denominada casación con reenvío. La otra
posibilidad, que el propio tribunal que casa la sentencia dicte un nuevo
fallo que resuelva la controversia. Aquí estamos frente a la casación sin
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reenvió.
4. Por lo general, la casación esta reservada al mas alto órgano de
administración de justicia y en algunos casos a tribunales especiales,
como son las cortes de casación.
LA CASACION EN EL PROCESO LABORAL.
La LPT recoge los aspectos conceptuales antes expuestos así como el
contenido en el CPC, al establecer que el recurso de casación tiene por fines
esenciales obtener la correcta aplicación e interpretación del derecho objetivo y
unificar la jurisprudencia nacional. Por lo tanto, tiene por objeto anular las
resoluciones de las salas laborales o mixtas de las cortes superiores.
En este dispositivo están expuestos como fines fundamentales de la casación
laboral el controlar la justa aplicación de la ley, como garantía del derecho
objetivo, y de esa manera preservar los valores que se propuso el legislador.
Pero la casación no solo busca asegurar el exacto cumplimiento de la ley, sino
también que ese cumplimiento sea uniforme, lo que se plasmara en la
aplicación de criterios judiciales igualitarios. Se trata pues, de la creación de los
precedentes judiciales que en su conjunto constituyen la jurisprudencia
nacional.
Para el logro de estos fines el recurso de casación lleva implícito la potestad de
destruir lo incorrecto mediante la anulación del fallo infractor. De ahí que el
mismo articulo 54º, en su segunda parte, señala las causales por las que se
puede producir la anulación, lo que equivale a hablar de las causales de
casación, tal como lo hace el CPC, las mismas que son los siguientes:
1. Por evidente violación interpretación errónea o incorrecta
aplicación de la norma.- Consideramos que la redacción de este inciso
no es lo suficientemente claro, por el contrario, es confuso. En efecto el
término evidente es muy subjetivo cuando uno enfoca un dispositivo
legal. La evidencia en este terreno surge del análisis de la norma y no es
un concepto o arquetipo a priori. En segundo lugar, la violación de la
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norma puede tener su causa en una interpretación errónea o incorrecta
aplicación de la misma. A su vez, la incorrecta aplicación puede deberse
a una errónea interpretación. Por otro lado, los términos errónea e
incorrecta carecen de objetividad porque en ellos esta implícito un juicio
valorativo. Creemos que en estos casos se incurre en los mismos
defectos que se aprecian en el CPC. Si tenemos en cuenta que los que
aplican la ley no son los mismos que la elaboran, entonces surgen los
inconvenientes en materia de interpretación. La propia disciplina jurídica
acepta esta realidad, de ahí que haya establecido criterios para
solucionar las dudad interpretativas. Así, por ejemplo la constitución
peruana dispone la interpretación favorable al trabajador en caso de
duda insalvable sobre el sentido de una norma. Asimismo, el dispositivo
objeto de análisis se refiere a la incorrecta aplicación. Para una
explicación de este tema, recurrimos a precisar en que consiste la
correcta aplicación, aspecto que ya expulsiones cuando nos ocupamos
del acto de sentenciar. En esta oportunidad dijimos que para aplicar la
norma, previamente los hechos son reducidos a tipos jurídicos para ver
de que manera se adecuan o no, a los preceptos legales. Es decir, se
produce un enlace lógico de una situación particular y concreta con la
previsión abstracta que contiene la ley. Por lo tanto, existirá incorrecta
aplicación de la ley cuando no exista enlace lógico o cordón umbilical
entre la situación concreta, materia del expediente y el deber ser que
contiene la norma.
2. Por estar en contradicción con otros pronunciamientos emitidos
por la misma sala, por otra sala laboral o mixta de la república o por
la corte suprema de justicia, en casos objetivamente similares.-
Esta es otra de las causales que señala el dispositivo acotado para
anular un fallo contra el que se interpone recurso de casación. Aquí
estamos frente a la indebida o errónea aplicación o inaplicación de la
doctrina jurisprudencial. Este tema de la doctrina jurisprudencial el CPC
lo resuelve de la siguiente forma. Cuando una de las salas concreto lo
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solicite, en atención a la naturaleza de la decisión a tomar en un caso
concreto, se reunirán los jueces en sala plena para discutirlo y
resolverlo. La decisión adoptada constituye doctrina jurisprudencial y
vincula a los órganos jurisdiccionales del estado, hasta que sea
modificada por otro pleno casatorio.
3. Para terminar con el análisis del art. 54º de la LPT, debemos
precisar que las circunstancia antes expuestas, como causales
para anular los fallos mediante recurso de casación el CPC los
caracteriza como causales para interponer el recurso de casación.-
Finalmente, observamos que la LPT no contempla, dentro de las citadas
causales, la contravención de las normas que garantizan el derecho a un
debido proceso, o la infracción de las formas esenciales para la eficacia
y validez de los actos procesales, lo que si hace el CPC. Este silencio de
la LPT podría dar lugar a sostener que el incumplimiento de aspectos
procesales no da lugar a interponer el recurso de casación.
 Resoluciones contra las que procede el recurso.- La LPT asigna a su
artículo 55º el titulo de casos en que procede indudablemente que se
refiere al recurso de casación. Visto así, el titulo completo seria. Casos
en que procede el recurso de casación, sin embargo, el contenido de
dicho articulo no esta referido enteramente a requisitos de
procedibilidad, sino fundamentalmente a designar las resoluciones
casables, que no es lo mismo. Tampoco es lo mismo hablar de requisitos
de procedibilidad, como lo inducen el art. 55º de la LPT al referirse a
resoluciones contra las que procede el recurso y el CPC en su art. 385º,
hecha la precisión, veamos a continuación cuales son las resoluciones
contra las que se puede plantear el recurso de casación. La LPT dispone
que solo se permite el recurso de casación en materia laboral contra
determinadas resoluciones de segunda instancia expedidas por salas
laborales o mixtas de las cortes superiores. Esas resoluciones son las
siguientes:
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• Sentencias expedidas en revisión en los procesos de cuantía superior a
50 unidades de referencia procesal o indeterminable o que traten sobre
obligaciones con prestaciones de hacer o de no hacer. Esto quiere decir,
en primer lugar, que no es posible interponer el recurso de casación
contra toda sentencia, sino contra alguna sentencia. Para que el fallo
sea impugnable, por este medio, es indispensable que el mismo se haya
dictado en base a un recurso de apelación y no sea de aquellos que, por
mandato de la ley, es expedido por las salas laborales en primera
instancia. Es por eso que el dispositivo habla de sentencias expedida en
revisión. En segundo lugar, además del requisitos ya señalados, el fallo
debe haber recaído en un proceso de cuantía superior a las 50 URP. Si
la cuantía es indeterminable o se trata de obligaciones de hacer o no
hacer, también es posible el recurso.
• Auto expedido en revisión que ponen fin al proceso. Al igual que en el
caso anterior, el auto debe haberse dictado como consecuencia de un
recurso impugnatorio contra la resolución del juez de trabajo.
• Auto expedido en revisión, que contengan mandatos de pago superior a
50 URP u obligaciones de hacer o no hacer.
 Requisitos formales del recurso de casación.- La LPT hace una
distinción entre requisitos formales y requisitos de fondo, pero no dice
que sucede con el recurso cuando no reúne los mismos. Ante el silencio,
hay que recurrir al CPC, el mismo que ordena que en el caso de
incumplimiento de los requisitos formales, se declara inadmisible el
recurso. En cambio, si le faltan las exigencias de fondo el recurso es
improcedente. La referida ley señala, como requisitos formales los
siguientes:
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• Que el recurso se interponga en el plazo de diez días de notificada la
resolución que se impugna.
• El recurso debe interponerse ante la misma sala que emite el fallo,
objeto de la impugnación.
• Señalar con claridad y precisión la fuente de contradicción
jurisprudencial y acompañar el documento que acredite su existencia.
• Finalmente, en el recurso debe expresarse los motivos de la
disconformidad con su respectiva fundamentación.
 Requisitos de fondo del recurso de casación.- se denominan
requisitos de fondo, porque son el sustento del recurso la justificación
del recurso, lo que implica un enjuiciamiento del fallo materia de la
casación. Sobre el particular la LPT señala los siguientes:
• Que el recurrente no hubiere consentido previamente la resolución
adversa de primera instancia, cuando este fuere confirmanda por la
resolución objeto del recurso.
• Que se fundamente con claridad y precisión, expresando el cual de las
causales descritas en el art. 54º de la presente ley se sustenta. Es decir,
debe indicarse de que manera se han infringido las leyes sustantivas o
procesales, o no se han respetado fallos jurisprudenciales.
 La sentencia de casación.- La sentencia de casación puede declarar
fundado o infundado el recurso. De manera que la denominación de
sentencia fundada que adopta el art. 58º de la LPT y que ha sido
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recogido del CPC, no es correcta. En este aspecto consideramos que la
LPT es muy lacónica e incompleta. En efecto el art. 58º antes citado
dispone que si la sentencia es fundada, la sala declara la nulidad de la
resolución impugnada y resuelve en forma definitiva el fondo del asunto,
es decir, estamos frente a la casación sin reenvió. La LPT no dice nada
respecto a la sentencia que declara infundada el recurso. En este
aspecto, el CPC dispone que el fallo casatorio debe estar debidamente
fundamentado. Asimismo, se dispone que la sala no cesara la sentencia
por el solo hecho de estar erróneamente motivada, si su parte resolutiva
se ajusta a derecho. Sin embargo, debe hacerse la correspondiente
rectificación. Otro de los aspectos que tiene intima relación con la
sentencia de casación, es el de la imposición de la multa. Sobre este
particular, la LPT establece que la multa al trabajar solo es aplicable en
caso de notoria mala fe en la interposición del recurso. Esto quiere decir,
que si no esta de por medio tal circunstancia, la multa no procede
aunque el recurso se haya declarado infundado. Pero al no liberarlo la
ley al empleador, de ser pasible de tal sanción, significa que se puede
imponer la multa, en los casos de recurso inadmisible, improcedente o
infundado, tal como lo dispone el art. 398º del CPC.
2.5.5.- RECURSO DE QUEJA
Según la LPT, el recurso de queja procede contra la denegatoria de apelación o
de casación. El objeto de este recurso es el reexamen de la resolución que
declara inadmisible o improcedente los recursos antes indicados. En otras
palabras, cuando un juez o una sala deniegan la alzada, la parte agraviada
tiene derecho a interponer el recurso de queja, y el mismo es declarado
fundado, en la misma resolución se concede la alzada.
El plazo para interponer este recurso es de tres días de notificada la resolución
denegatoria. La queja se interpone ante el órgano superior; es decir, en caso
de la denegatoria de un juez de paz, el recurso se presenta ante el juez de
trabajo. Si es este el que deniega la apelación, ante la sala laboral. Si se trata
del recurso de casación, ante la corte suprema.
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Finalmente, en lo que respecta a este tema, la LPT dispone que el recurso de
queja por denegatoria del recurso de casación esta sujeto al pago de la tasa
determinada para procesos civiles, cualquiera que sea la parte que lo
interponga. Es decir, en este caso, el trabajador no goza de la gratuidad.
Según este código, el escrito que contiene el recurso de queja debe
acompañarse de copias simples, con sello y firma del abogado del recurrente
de los siguientes documentos: resolución recurrida, es decir, la que fue objeto
de la impugnación que no fue admitida por el órgano que la dicto; escrito en el
que interpuso la apelación o casación y resolución que deniega la apelación.
La LPT no contempla en forma expresa ninguna de las dos posibilidades. Sin
embargo, consideramos que seria de aplicación el criterio establecido por el
CPC, con el carácter de supletorio.
ACLARACION DE RESOLUCIONES
La LPT no contempla el pedido de aclaraciones de resoluciones, cosa que si
hacia el Decreto Supremo 03 – 80 – TR. Esto nos lleva a preguntarnos si es
posible, en el proceso laboral, este tipo de los recursos impugnatorios. El CPC,
si bien considera la aclaración, pero tampoco lo incluye dentro de los medio
impugnatorios, toda vez que esta regulado en un titulo diferente.
Realmente, el pedido de aclaración no es un recurso impugnatorio. De ahí que
el hecho de que la LPT no lo mencione, no significa que lo prohíba. Venimos
constatando que esta ley no se ocupa de muchos aspectos fundamentales. De
manera que consideramos viable el pedido de aclaración de resoluciones, en
los términos señalados por el CPC.
Sobre el tema, el art. 406º establece que el juez no puede alterar las
resoluciones después de notificadas. Sin embargo, antes que la resolución
cause ejecutoria, de oficio o a pedido de parte, puede aclarar algún concepto
oscuro o dudoso expresado en la parte decisoria de la resolución o que influyan
en ella.
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III UNIDAD
EL DERECHO PROCESAL AL TRABAJO EN EL PROCESO LABORAL
3.1.- EL PROCESO ORDINARIO LABORAL
3.1.1.- INTRODUCCION
El proceso laboral ha experimentado un cambio considerable con la expedición de la LPT.
A diferencia del D.S. 03 – 08 – TR que consideraba un solo tipo de proceso, hoy existen
varios procesos que se clasifican en unos procesos ordinarios y diferentes procesos
especiales.
Este esquema lo encontramos en muchas legislaciones del derecho comparado, aunque
con diferentes criterios. Así por ejemplo, en algunos países como España existen un
proceso ordinario y las modalidades procesales que equivalen a procesos especiales. El
fundamento para esta clasificación esta dado por la naturaleza jurídica de la pretensión y
no siempre por razones jurídico – procesales. Así existe una modalidad procesal para
tramitar las reclamaciones por despido disciplinario, por vacaciones, etc.
En cambio, en legislaciones como la nuestra prevalece el criterio jurídico – procesal, al
establecerse las vías procesales con prescindencia de la clase de derecho sustantivo que
se demanda. Es decir, no tenemos un proceso especial para demandar por despido
arbitrario, o por el incumplimiento del pago de la compensación por tiempo de servicios.
La LPT, además del proceso ordinario, consideramos los siguientes procesos especiales:
proceso sumarísimo, proceso de ejecución, proceso contencioso – administrativo, proceso
de impugnación de laudos arbitrales, proceso no contencioso y lo que podríamos llamar el
procedimiento de la medida cautelar.
El criterio de clasificar los procesos laborales en ordinario y especiales, ha sido recogido
del derogado C de PC. En cambio el CPC hizo un cambio en esta nomenclatura al sustituir
la denominación de juicio ordinario por el proceso de conocimiento.
El juicio o proceso ordinario, a decir de cabanellas, es el que se substancia con mayores
garantías para las partes, donde las pruebas pueden ser mas completas y las alegaciones
mas extensas por los lapsos mayores que para las diversas actuaciones y tramites se
establecen.
Esta consideración puede aplicarse en el ámbito laboral, pero respetando los principios y
fines propios de esta disciplina. En realidad se trata de un proceso general por su ámbito
de aplicación en cuanto a conflictos. En cambio, los procesos especiales constituyen las
excepciones, que se establecen por la naturaleza peculiar de los asuntos que se tramitan
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en los mismos.
En cuanto a los asuntos que se tramitan en este proceso. La LPT dispone que son todos
los contenciosos y no contenciosos que son de competencia de los juzgados
especializados de trabajo, salvo disposición legal distinta. Como se puede apreciar la ley
recurre al elemento de la competencia para determinar que asuntos deben tramitarse en el
proceso ordinario, lo que significa tener en cuenta la enumeración que hace el art. 4º inc. 2
de la LPT.
Para una mejor visión del proceso ordinario es necesario establecer un perfil aproximado,
el mismo que se podría esquematizar en la siguiente forma:
1. Presentación de la demanda.
2. Calificación de la demanda en los aspectos de admisibilidad y procedencia.
3. Traslado de la demanda y emplazamiento.
4. Contestación de la demanda. audiencia única en la que se concentran el
saneamiento procesal, la conciliación, fijación de puntos controvertidos y actuación
de pruebas.
5. Alegato.
6. Sentencia.
Los aspectos relativos a los cuatros primeros puntos, han sido ya tratados anteriormente,
por ser temas generales concernientes a los demás procesos temperamento que sigue la
LPT. En efecto, dentro del articulado correspondiente el proceso ordinario ya no se
encuentran regulados esos aspectos, salvo la fijación del plazo de diez días la
contestación de la demanda.
3.1.2.- LA AUDIENCIA UNICA
Se denomina única, porque en una sola audiencia, y aplicando el principio de
concentración, se llevan a cabo los actos de saneamiento procesla, búsqueda de la
conciliación y actuación de pruebas. Esta situación no se da en el proceso de
conocimiento civil, en el que para el cumplimiento de los actos antes señalados son
necesarias dos audiencias: audiencia conciliatoria y audiencia de pruebas. En el proceso
abreviado, existen dos audiencias, una de saneamiento y conciliación y la otra de pruebas.
De manera que existen razones suficientes para, en el caso de proceso laboral, hablar de
la audiencia única.
3.1.3.- ACTOS PREVIOS A LA AUDIENCIA UNICA.
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La LPT dispone que contestada la demanda, el juez notifica la misma demandante
concediéndole un plazo de tres días para la absolución escrita de las excepciones y
cuestiones probatorias propuestas por el demandado.
Ya vimos que el demandado, al contestas su demanda, puede deducir excepciones o
proponer cuestiones probatorias como la tacha contra testigos y documentos y oponerse a
la declaración de parte. Lo que la ley quiere, es que el demandante exprese su punto de
vista, antes de la audiencia, acerca de las excepciones que se formulen en su contra y de
las cuestiones probatorias que se planteen contra sus pruebas. Por toro lado, en el mismo
escrito, el demandante podrá proponer cuestiones probatorias, contra las pruebas del
demandado, toda vez que recién tiene conocimiento de las mismas.
De manera que los actos previos a la audiencia única, después de contestada la
demanda, consiste en la absolución por parte de demandante, de las excepciones y
cuestiones probatorias formuladas por el demandado; así como en la proposición de
cuestiones probatorias por el lado del demandante. La absolución a estas, por el
demandado, ya se lleva a cabo dentro de la audiencia única.
La LPT dispone que l juez, en la misma resolución en la que se ordena poner en
conocimiento del demandante, la contestación de mal demanda, se señalara día y hora
para la audiencia única, la que debe realizarse dentro de un plazo máximo de 15 días.
La LPT se pone en el caso de inconcurrencia a la audiencia única de ambas partes. En tal
eventualidad cualquiera de ellas dentro de los 30 días, puede solicitar el señalamiento de
nuevo día y hora para la indicada audiencia. De lo contrario, el expediente será archivado.
Si a la audiencia solo concurre una de las partes, la misma se lleva a cabo con la parte
concurrente.
3.1.4.- EL SANEAMIENTO PROCESAL
Al saneamiento procesal también suele denominarse despacho saneado audiencia de
saneamiento o instituto básico para que la relación procesal sea valida.
Por el saneamiento procesal, el juez determina si existe o no una relación jurídica procesal
valida. El despacho saneado, en el primer caso significa una apreciación positiva de
validez del proceso y por ende la convicción de proseguirlo con la seguridad de que el
fondo de la causa podrá ser juzgado en su oportunidad.
Por el contrario, el juez llega al convencimiento que no existe una relación jurídica procesal
valida, podrá poner fin a la causa en ese instante, evitando continuar con un proceso inútil
que solo conducirá a la perdida de tiempo y de recursos económicos.
La finalidad del saneamiento es la de verificar que el proceso no tenga ingredientes que lo
invaliden posteriormente. Es por eso que la ley contempla la posibilidad de subsanar
cualquier inconveniente subsanable que el juez aprecie, en el momento del saneamiento.
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Para apreciar la importancia y utilidad del saneamiento procesal, veamos el siguiente texto
que corresponde a Nelson Ramírez.
El llamado despacho saneado no podía dejar de estar presente en el nuevo código mas
aun si se tiene en cuenta la demostrada y manifiesta inclinación de nuestro corte suprema
para declarar nulidades, algunas absurdas otras innegables pero todas en la hora final del
proceso; luego de agotadores y frustrantes años del litigio, llegábamos ante ella y como
respuesta recibimos declaraciones de inadmisibilidad, nulidad, insubsistencia o
improcedencia, basadas por ejemplo, en el que las facultades del apoderado eran
insuficientes o porque no se habían acompañado el recibo de pago del impuesto.
En el proceso laboral, la resolución de saneamiento se dicta en la audiencia única.
Sobre el particular, la LPT ordena que iniciada la audiencia, el juez actúa las pruebas
referida a las excepciones que hubieran sido propuestas; luego, de oficio, y aun cuando el
emplazado hubiese sido declarado rebelde, emitirá en el mismo acto resolución
declarando:
1. La validez de la relación jurídica procesal.
2. La nulidad y consiguientes conclusión del proceso por invalidez insubsanable de la
relación, precisando sus defectos.
3. La suspensión de la audiencia, concediendo un plazo de cinco días para la
subsanación de los defectos si estos lo permitieran. Subsanados los defectos, el
juez señalara fecha para la audiencia; el caso contrario, declara concluido el
proceso.
De los puntos señalados se desprenden tres posibilidades respecto al futuro del
proceso; que el proceso continúe, que el proceso concluya y que la audiencia se
suspenda, en cuyo caso el proceso entra en una situación incierta hasta que venza el
plazo de los cinco días.
Dictada la resolución que declara la existencia de la relación jurídica procesal valida,
se cierra toda posibilidad de petición futura referida a cuestionar dicha relación.
3.1.5.- CONCILIACION
La conciliación es un acto procesal que se lleva a cabo dentro de la audiencia única y
luego que el juez declara saneado el proceso.
El aspecto sustantivo de la conciliación ya fue objeto de estudio dentro de los
principios del derecho procesal. De modo que esta oportunidad nos concretaremos
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solo al aspecto procesal.
La LPT dispone que una vez que el proceso ha sido saneado, en la misma audiencia
única, el juez invita a las partes a conciliar el conflicto. Se puede conciliar en forma
total o parcial el petitorio contenido en la demanda.
En el acto de la conciliación pueden darse las siguientes posibilidades:
1. Que el conflicto quede conciliado en forma total, cuyo caso concluye el proceso. El
acuerdo de conciliación, aprobado por el juez, adquiere el valor de cosa juzgada.
2. Que el conflicto se concilie en forma parcial, cuya circunstancia continuara el
proceso con los puntos no conciliados.
3. Que el litigio no se concilie. En este caso, el juez dejara constancia en el acta de la
invitación a conciliar y de la falta de acuerdo.
4. Si el conflicto se concilia, ya sea total o parcialmente, el juez debe cuidar que
formula conciliatoria se adecue al principio de irrenunciabilidad respecto de los
derechos que tengan ese carácter.
La conciliación, antes que un acto procesal, lleva en el propósito de propiciar el arreglo
entre las partes. De ahí que la LPT permite que este fin se cumpla también después de la
audiencia única, en cualquier momento del proceso, antes de la sentencia.
Si bien la conciliación es un arreglo que concierne a las partes, mucho de esto depende
del interés, la fe y la convicción que ponga el juez de su parte. El juez que gracias a su
intervención logra conciliar una causa, sirve mejor a la administración de justicia que
cuando dicta una buena sentencia. La conciliación es la oportunidad en la que encuentra
su realización el aforismo popular mas vale un mal arreglo que un buen juicio
3.1.6.- FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS Y ACTUACION DE PRUEBAS
Según, la LPT en caso de no haberse producido la conciliación, el juez procede a
determinar y enumerar los puntos controvertidos, asi como los que reuqiean de probanza.
Al ponerse, en la audiencia única, la demanda frente a la contestación de la misma, será
posible determinar los aspectos de la pretensión en los que existen controversias y en los
que se ha producido concordancias. De esta manera, el juez tendrá un mejor panorama
del proceso y podrá encausarlo hacia el cumplimiento de sus fines.
A continuación, en la audiencia única, se procede a la actuación de los medio probatorios
que tienen que ver con las cuestiones probatorias, tales como la tacha de testigos y
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documentos, así como la oposición a la actuación de medio probatorios, cumplida esta
etapa, el juez estará en situación de resolver las cuestiones probatorias antes referidas.
Resueltas las cuestiones probatorias, la causa queda expedita para la actuación de
pruebas de los hechos controvertidos señalados por el juez, en esta misma audiencia.
La LPT dispone que dicha actuación es dirigida personalmente por el juez. Cuando
corresponda, el juez toma a cada uno de los convocados juramento o promesa de decir la
verdad.
Los medios probatorios que se pueden hacer valer en el proceso ordinario, son los que
señala la LPT. Este aspecto, asi como la forma en qe se actua cada uno de ellos, han sido
tratados en el capitulo en el que nos ocupamos de los medios probatorios. Es necesario
tener presente, como ya lo hemos dicho en más de una oportunidad, que para la actuación
de pruebas será necesario recurrir al CPC, en razón de que la LPT, no contempla todos los
aspectos relativos a este tema.
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AUDIENCIA UNICA
En Chimbote, a los veinte y seis días del mes de abril del dos mil cinco siendo las once de
la mañana, ante el séptimo juzgado laboral que despacha el Juez Titular Doctor ENRIQUE
SALAZAR GUZMAN y secretaria que da cuenta, se hizo presente la demandante ELVIA
RUIZ TOMAS con DNI 32807912, dejándose constancia de la inasistencia de la parte
demandada PRODUCTOS MARINOS DEL PACIFICO SUR S.A; a efectos de llevar a
cabo la audiencia única señalada para el día de la fecha en el expediente: nº 2004 – 2527-
JL07 sobre pago de utilidades, la misma que se lleva a cabo con el siguientes
resultado.-------------------------------------------------------------------------
Que, habiendo interpuesto la demandada excepción de falta de legitimidad para obrar del
demandado y prescripción, se pasa a expedir la siguiente resolución: -------------------
RESOLUCION NUMERO CINCO: AUTOS Y VISTOS Y considerando: PRIMERO: Que la
demandada ha deducido la excepción de falta de legitimidad para obrar del demandado
argumentado que, si bien reconoce que la demandante ha laborado para su representada
en el periodo del 01 de setiembre al 25 de octubre del 2004, fecha en la cual hace la
actora hace su retiro voluntario, posteriormente la emplazada adopta una modalidad
laboral distinta para el área de conservas, debido a que la emplazada celebra contratos
denominados de alquiler de planta de conservas, lo que la desliga de responsabilidad,
pues una cosa es laborar para la misma demandada y otra distinta en sus instalaciones:
SEGUNDO: Que, los argumentos que expone la emplazada se encuetan dirigidos a
cuestionar el vinculo laboral con la demandante situación que constituye un punto
controvertido y siendo de fondo corresponde ser dilucido al emitirse la resolución de merito
respectiva, por lo que la formulada no resulta atendible: TERCERO: Que, asimismo la
emplazada excepción prescripción alegando haber prescrito la pretensión de la actora, en
lo que respecta al pago de utilidades demandados por el periodo de 1993 a 1998 por lo
que el plazo presciptorio es de tres años debiendo la actora haberse accionado en su
oportunidad, CUARTO: Que sin embargo cabe decir que el plazo de prescripción corre a
partir del cese, así como lo estipula la ley 27321, aplicable al caso de autos por lo que al
haber cesado en sus labores el treinta de agosto del dos mil tres, no ha prescrito el
derecho de acudir ante le órgano jurisdiccional, en consecuencia se resuelve: declarar
INFUNDADAS las excepciones formuladas por la demandada, debiendo proseguirse con
la tramitación del proceso según su estado.--------
RESOLUCION NUMERO SEIS: AUTOS Y VISTOS: Y considerando : PRIMERO: Que la
demanda reúne los requisitos de admisibilidad y procedencia exigidos por los artículos
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424º y 425º del código procesal civil; SEGUNDO: Que, las partes han acreditado
legitimidad e interés para obrar y capacidad procesal en el proceso siendo este juzgado
competente para su conocimiento en la vía ordinaria y al estas las mismas debidamente
notificas con las resoluciones emitidas por esta consideración, conforme al articulo 65º
inciso 1 de la ley 26636, SE RESUELVE TENER POR SANEADO EL PROCESO por
existir entre las partes una relación jurídica procesal valida---------------
CONCILIACION: No se pudo realizar la conciliación por la inasistencia de la demandada
-------------------------------------------------------------------------------------------
FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: Determinar o no si le corresponde a la
demandante el pago de utilidades del periodo de 1993 al 2002-----------------------------
ADMISION DE MEDIOS PROBATORIOS OFRECIDOS: ------------------------------
RESOLUCION NUMERO SIETE: AUTOS Y VISTOS: Y considerando: Que el articulo 192
inciso 3 del código procesal civil, aplicable en vía supletoria por mandato del articulo 29 de
la ley 26636, precisa los medios probatorios que pueden ofrecer las partes en
consecuencia: Se Resuelve: admitir los siguientes medios probatorios-----------
DE LA DEMANDANTE: Las documentales y exhibiciones que se han ofrecido en el escrito
de demanda-----------------------------------------------------------------------------------
DE LA DEMANDADA: Las documentales y exhibición que se han ofrecido en su escrito de
contestación de demanda--------------------------------------------------------------
ACTUACION DE MEDION PROBATORIOS OFRECIDOS: ------------------------------
DE LA DEMANDANTE: --------------------------------------------------------------------------
DOCUMENTAL: A que se refiere el rubro medios probatorios de su escrito de demanda los
mismos que serán merituadas en su oportunidad.-------------------------------------------
EXHIBICIONAL: Que habiendo la demandada formulado oposición a la exhibición de los
libros de planillas y boletas de pago por el periodo de 1993 al 2003, se pasa a expedir la
siguiente resolución: --------------------------------------------------------------------
RESOLUCION NUMERO OCHO: AUTOS Y VISTOS Y considerando PRIMERO: Que la
demandada formula oposición a la exhibición de los libros de planillas y boletas de pago
del periodo de 1993 al 2002 argumentado que dicha exhibición constituye un imposible
jurídico, ya que nunca han existido ni ha sido argumentado que dicha exhibición constituye
un imposible jurídico, ya que nunca han existido ni han sido expedidas por PROMARPA
además la empresa no esta obligada a conservar información con antigüedad mayor de los
cinco años e inclusive su representada fue victima de un robo documentario de las
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planillas y boletas de pago de los años de 1986 al 1999, acreditándolo con la copia simple
de la respectiva denuncia policial, por tanto existe una imposibilidad de poder exhibirlas:
SEGUNDO: Que, el articulo 27 y 35 de la Ley 26636, establece que es obligado del
empleador acreditar el cumplimiento de las obligaciones laborales asimismo es también su
obligación exhibir las planillas en caso que le fueran ordenadas presentar, siendo dicha
norma de carácter especial, no pudiendo otras normas de mayor rango, cual es la ley
procesal; por lo que el decreto supremo 01 - - 98 – TR no puede modificar la norma de
mayor rango, cual es la ley procesal; por lo que no puede ampararse la oposición
formulada que solo desnaturalizaría el proceso; además la denuncia policial no es prueba
de perdida de documentos pues dicha denuncia no ha sido corroborada por investigación
policial posterior, además solo se menciona en dicha denuncia a las planillas mas no a las
boletas de pago INFUNDADA la oposición formulada por la emplazada en consecuencia
COMISIONESE de oficio y por celeridad la realización de una pericia, debiendo
constituirse el perito a la oficinas de la demandad proceda a realizar el calculo de las
utili8dades debiendo la demandada cumplir con exhibirlas bajo apercibimiento de MULTA
en caso de incumplimiento.
Habiendo la demandada cumplido con exhibir las declaraciones juradas de impuesto a la
renta del periodo de 1997 al 2002, NOTIFIQUESE a la demandada cumpla con exhibir
ante este despacho, dentro del tercer día de notificada las declaraciones juradas de
impuesto a la rent5a de los años de 1993 a 1996 bajo apercibimiento de MULTA en caso
de incumplimiento.
Habiendo la demandada tachado el documento consistente en las hojas de control de
jornadas diarias se pasa a expedir la siguiente resolución:
RESOLUCION NUMERO NUEVE:
AUTOS Y VISTOS: Y Considerando: Primero: Que la demandada formula tacha contra el
documento consistente en las hojas de control de jornadas diarias indicando que las
mismas constan de unas simples hojas de copias las que no tienen la formalidad del
documento acreditable y mucho menos constituye ser propio de la emplazada ,
SEGUNDO: Que la demandada no acredita que el referido documento sea falso mas aun
si a fojas tres a doce obran las copias de los denominados documentos de control de
jornadas diarias observándose el sello de la empresa demandada no acreditando la
emplazada su falsificación de los documentos en mención por lo expuesto se resuelve.
Declarar IMPROCEDENTE la tacha formulada por la demandada respecto a las hojas de
control de jornadas diarias de la demandada.
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DOCUMENTALES: A que se refiere el rubro de sus medios probatorios ofrecidos en su
escrito de la contestación de la demanda los mismos que serán merituados en su
oportunidad.
En este caso se notifica a las partes que el proceso se encuentra expedito para sentencia
concluida la actuación de pruebas pendientes el juzgado concede el plazo de cinco días
para presentar sus alegatos.
Con lo que termino la Audiencia Única firmándose para constancia después que lo hizo el
Señor Juez de lo que doy fe.
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AUDIENCIA UNICA
En Chimbote siendo las Diez de la mañana del día doce de Setiembre del año dos mil
siete fueron presentes en el local del Cuarto Juzgado Especializado en lo Laboral que
despacha la señora Juez Doctora Lola. E. Peralta García y secretaria que da cuenta el
demandante ELVIA RUIZ TOMAS identificada con su documento de identidad numero
32807912, asesorada por el doctor Wuilbe Jaime Gonzales Santos con registro de C.A.S
Nº 276, dejándose constancia de la inasistencia de la parte demandada
EMPRESAPRODUCTOS MARINOS DEL PACIFICO SUR S.A, a efectos de llevarse a
cabo la Audiencia Única señalada para el día de la fecha por resolución numero tres de
fojas 120 en el expediente seguido entre las mismas partes sobre el PAGO DE HORAS
EXTRAS Y ASIGNACION FAMILIAR, proceso signado con el numero 2007- 0087-
251808- JL04, de la misma que tiene el siguiente resultado.
SANEAMIENTO PROCESAL:
RESLOUCION NUMERO : SIETE : AUTOS Y VISTOS Y CONSIDERANDO: PRIMERO:
Que la demandada en su escrito de contestación formula excepción de prescripción
manifestando que Ley Nº 27321 establece que las acciones por los derechos derivados de
la relación laboral prescriben a los cuatro años respectivamente contados desde el día
siguiente en que se extingue el vinculo laboral con fecha 02 de abril del 2003 tal como se
desprende del medio probatorio que adjunta para acreditarlo es decir el actor tenia hasta el
02 de abril de 2007 para interponer su acción por lo que concluye que los derechos
laborales del actor ya que la demanda ha sido interpuesta con fecha 23 de abril de 2007.
Como medio de probatorio de la excepción ofrece copia de la demanda y la copia de libro
de planillas, Corrido traslado de la excepción propuesta al demandante es absuelta
mediante escrito de fojas 133 a 135, SEGUNDO : Que la demandada al proponer la
excepción de prescripción extintiva de derecho solo se limita a fundamentar que la
demandante debió reclamar sus derechos que ahora pretende dentro de los cuatro años,
termino exigido en la Ley Nº 27321, sin embargo no acredita la extinción del vinculo laboral
y dada la disparidad material de las partes en cuanto al ofrecimiento de los medios
probatorios estando acreditado con las copias de control de jornadas diarias que obran en
fojas 04 a 20 que la demandante ha trabajado al servicio de la demandada a abril del 2003
y habiéndose determinado jurisdiccionalmente en el Expediente Nº 2004-2798-0-2501-JR-
LA- 04, que el vinculo laboral de la demandante se inicia el primero de mayo del 1994
hasta el 30 de agosto delo 2003 conforme es de verse en la copia de resolución de
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sentencia que obra de fojas 129 a 132 se tiene como fecha de cese la indicada en la
resolución de sentencia del proceso seguidos entre las mismas partes y por concepto de
pago de beneficios sociales. TERCERO: Que teniendo como fecha de cese el 30 de
agosto del 2003 computado el decurso prescriptorio la demandante tenia la facultada para
accionar jurisdiccionalmente hasta agosto del 2007, que habiendo interpuesto su demanda
el 23 de abril del 2007 la norma aplicable en el tiempo es la Ley Nº 27321 que establece
como plazo prescriptorio cuatro años a partir del día siguiente en que se extingue el
vinculo laboral en consecuencia la excepción de prescripción es infundada, CUARTO: Que
de la revisión de los actuados se verifica la concurrencia de los presupuestos procesales y
las condiciones de la acción por lo que de conformidad con el articulo 65 de la Ley Nº
26636, SE RESUELVE: DECLARAR INFUNDAD LA EXCEPCION DE PRESCRIPCION
EXTINTIVA DE LA ACCION Y TENER POR VALIDO LA RELACION JURIDICA
PROCESAL Y POR SANADO EL PROCESO.
ETAPA CONCILIATORIA:
No se invita a las partes a conciliar por incurrencia de la demandada FRUSTRANDOSE la
conciliación.
FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS:
Determinar si al demandante le corresponde el pago de horas extras y asignación familiar
correspondiente a los años 1993 a 2003.
CUESTIONES PROBATORIAS:
RESOLUCION NUMERO OCHO: AUTOS Y VISTOS: Y CONSIDERANDO: PRIMERO:
Que la demandada formula oposición a la exhibicional de los libros de planillas y a las
boletas de pago desde el año 1993 al 2003 alegando que no existen los documentos
mencionados ya que la demandante no laboro para su representada, SEGUNDO: Que la
demandante en su escrito de su demanda afirma que la empresa en ningún momento le
otorgo boleta de pago manifestando en este acto de audiencia que solo le otorgaron
boletas y le registraron en planillas en el año 1994 a 1995 manifestando que se tiene como
declaración asimilada en la cual admite que la empresa no le entrego boletas de pago y
por ende tampoco fue registrada en los libros de planillas excepto en los años que precisa
y siendo un hecho admitido tanto por la demandante como por la demandada de no estar
registrada en los libros de planillas ni haberse otorgado boletas de pago en los años por
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los cuales se solicita la exhibicional de documentos inexistentes por lo que por estas
consideraciones conforme lo establece el art. 43º de la Ley Nº 26636, SE RESUELVE:
DECLARAR FUNDAD LA OPOSICION A LA EXHIBICIONAL SOLICITADA POR LA
DEMANDADA DE LOS LIBROS DE PLANILLAS Y BOLETASA DE PAGO DEL ANO
1993 AL 2003.
RESOLUCION NUMERO NUEVE: AUTOS Y VISTOS Y CONSIDERANDO: PRIMERO:
Que la demandada formula tacha contra el certificado de afiliación a la AFP de fecha 22 de
octubre del 2004 y hojas de control de jornadas diarias fundamenta a que los mismos
como se podan apreciar solamente tienen un supuesto logo de su representada y una
firma legible que no indica a quien pertenece y no tiene sello u otro distintivo de su
representada, que tacha de nulos dichos documentos porque han sido elaborados de
parte para acreditar una supuesta relación laboral . Ofrece como medio probatorio de la
tacha los originales de las hojas de control diaria los mismos que obran de fojas 109 a
110; SEGUNDO: Que la tacha contra documentos opera por la falsedad o nulidad de los
mismos conforme lo establece el articulo 242º y 243º del CPC y si bien la demandada
alega que los tachados son copias simples sin membrete alguno que contenga el logotipo
de la empresa de la revisión de los documentos o de las hojas de control de jornadas
diarias se parecía que si bien son copias simples sin embargo llevan el nombre de la
empresa demandada en la parte superior izquierda conteniendo en la parte inferior las
firmas del jefe de turno y el visto bueno del responsable de producción que se presume es
de la persona encargada de supervisar la producción de los trabajadores y tal como se ha
manifestado up supra, dada la diferencia material de las partes estos documentos a criterio
de la juzgadora guardan validez probatoria en merito al principio tuitivo del derecho de
trabajo en consecuencia las tachas propuestas contra los documentales antes referidas es
declarada infundada. TERCERO: Que la tacha contra el certificado de afiliación no es
procedente porque la demandada no es quien la emitido como para cuestionar su validez
ya que el documento tachado se aprecia que este es copia original que contiene el logotipo
de la AFP Horizonte el mismo que esta suscrita por la ejecutiva de la referida AFP, por lo
que la tacha debe ser declarada improcedente. Por tales consideraciones y de
conformidad con el art. 42º de la Ley Nº 26636, SE RESUELVE DECLARAR INFUNDAD
LA TACHA CONTRA LAS HOJAS DE CONTROL DE JORNADAS DIARIAS DE FOJAS
04 A FOJAS 20 E IMPROCEDENTE LA TACHA CONTRA EL CERTIFICADO DE
AFILIACION DE FOJAS 03.
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ADMISION DE LOS MEDIOS PROBTORIOS:
DE LA PARTE DEMANDANTE: Admítase las documentales de fojas 03 a 20, en merito a
lo resuelto en la oposición no se admite la exhibicional de las boletas de pago y libros de
planillas.
DE LA PARTE DEMANDADA: Admítase como medios probatorios de esta parte las
documentales de fojas 51 a 110 admítase el informe que deberá emitir el informe AFP
Horizonte quien deberá informar quien ha venido efectuando los aportes de pensiones y
desde cuando a favor de la demandante.
No se admite el informe de ESSALUD, porque es la misma demandada y la demandante
quienes afirman que la trabajadora no esta registrada en los libros de planillas ni se le
otorgo boletas de pago en consecuencia al no haberse efectuado las deducciones de Ley
como los aportes para ESSALUD resulta ser un hecho cierto que la trabajadora no ha
tenido durante u record laboral el beneficio de ESSALUD por lo que el informe solicitado
deviene en INNECESARIO conforme al articulo 31º de la Ley Nº 26636.
ACTUACION DE LOS MEDIOS PROBATORIOS:
A LAS DOCUMENTALES: En cuanto a los documentales admitidas al demandante y a la
demandada merituese su valor probatorio al expedir sentencia.
DE LA DEMANDADA:
AL INFORME solicitado por la demandada CURSESE de oficio a la AFP Horizonte
preguntadas a las partes si tiene algo que decir dijeron que no.--------
Con lo de efectuar se da por concluida la Audiencia, firmando el compareciente después
que lo hizo la señora por ante mi de lo que doy fe.
3.1.7.- LOS ALEGATOS Y SENTENCIA
la LPT dispone que dentro de un plazo de cinco días de concluida la actuación de pruebas,
las partes pueden presentar alegatos. Con el alegato, se permite proponer un proyecto de
sentencia, que puede ser o no considerado por el juez.
El alegato es la exposición oral o escrita del abogado, sintetizando lo actuado y las
razones que abona a favor de su patrocinado o defendido, impugnando las de su
adversario.
El tema de la sentencia ya fue ampliamente tratada en la parte anterior del presente libro.
La LPT, no hace ninguna referencia a la sentencia dentro de la sección dedicada al
proceso ordinario, en razón de ser un aspecto general concerniente a todo proceso.
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EXP : Nro. 2007 – 807.
SEC : APONTE HERRERA.
ESC : Nro. 11
SUMILLA : PRESENTO ALEGATOS.
SEÑOR JUEZ DEL CUARTO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO LABORAL.
RUIZ TOMAS ELVIA, en los seguidos en contra
Productos Marinos del Pacifico Sur, S/A, sobre pago
de horas extras y otros a UD, me presento y digo:
Que, habiendo uso de mis derechos que me otorga
la ley me apersono a su honorable despacho con la finalidad de presentar mis alegatos en
el termino de ley el cual pido señor juez que en su oportunidad declaro fundada mi
demanda en base a los siguientes fundamentos que paso a exponer:
1.- Que mi persona ha demostrado en forma fehaciente que ingrese a trabajar el 02, de
enero del año de 1993, para la demanda en mi condición de obrero trabajando en forma
permanente e interrumpida hasta el 30 de agosto del año 2003, fecha en que fui
injustamente despedido.
2.- Que señor juez mi relación laboral lo estoy demostrando con los documentos
presentado en mi demanda boletas de pago hojas de control de jornadas diarias certificado
de afiliación AFP, tomando en cuenta al momento de resolver.
3.- Que señor juez también debo decir que desde que ingrese a trabajar para la empresa
demandada es decir desde el 02, de enero del año 1993 hasta el año 2003, no me otorgo
mis derechos de horas extras y ni mucho menos mis derechos de asignación familiar
derechos que por ley no corresponde.
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4.- Que, señor juez los derechos que mi persona estoy reclamando esta regulado en la Ley
Nº25129 que determina que los ingresos de los trabajadores de la actividad pesquera
privada tiene derecho al 10% del ingreso mínimo vital por conceptos de asignación familiar
y de la ley que regula las horas extras derechos que en ningún momento la demandada
me ha cumplido en pagarme por ello vengo a su honorable despacho a efectos de que se
me administro justicia siendo que lo reclamado esta regulado en las leyes vigentes.
ANEXO.
1.- RES. Nº 26, EXP. 2004 – 2798.
2.- RES. Nº 21, EXP. 2004 – 2798.
POR TANTO.
A UD, ruego acceder conforme a ley.
Chimbote 07, de diciembre del 2007.
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3.1.8.- EL TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
Ya hemos visto que una sentencia puede ser objeto de impugnación a través el recurso de
apelación. Cuando se trata de la impugnación de un fallo dictado por un juez especializado
de trabajo, corresponde resolver el recurso a la sala laboral o mixta, según el caso.
Pero la LPT, no dice absolutamente nada a cerca del trámite del expediente en segunda
instancia, razón por la que habrá que recurrir al CPC, de conformidad con la tercera
disposición sustitutoria de la indicada ley.
El CPC establece el mismo procedimiento, tanto en el proceso de conocimiento como en el
abreviado. Este último tiene una mayor semejanza con el proceso ordinario laboral.
Sobre el particular, refiriéndose a la segunda instancia, el CPC dispone que en los proceso
de conocimientos y abreviado, el superior conferirá traslado del escrito de apelación por un
plazo de diez días.
Al contestar el traslado, la otra parte podrá adherirse al recurso, fundamentado sus
agravios, de los que se conferirá traslado al apelante por diez días.
Con la absolución de la otra parte o del apelante si hubo adhesión, el proceso queda
expedito para ser resuelto, con la declaración del juez superior en tal sentido, señalando
día y hora para la vista de la causa.
Debemos recordar que la LPT, permite la presentación de documentos con el recurso de
apelación y con el escrito de su absolución cuando hayan sido expedidos con posterioridad
al inicio del proceso.
Dentro del tercer día de notificada la fecha de la vista, el abogado que desee informar lo
comunicara por escrito, indicando si la parte informara sobre hechos. El pedido del uso de
la palabra se considerara aceptado, sin que sea necesaria citación complementaria. No se
admite aplazamiento.
Contra la sentencia de la sala, como ya lo vimos, cabe la posibilidad de recurso de
casación en los casos puntuales señalados por la LPT. De no suceder esto, resuelta la
causa, el expediente retornara a la primera instancia para la ejecución del fallo definitivo.
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3.2.- EL PROCESO SUMARISIMO
3.2.1.- CONSIDERACIONES GENERALES
Otros de los procesos contemplados por la LPT es el sumarísimo. Se tramitan
en el mismo los asuntos contenciosos que son de competencia de los juzgados
de paz letrados y están señalados en el art. 4º numeral 3 de la LPT, tema que
ya fue tratado cuando nos ocupamos de la competencia.
El proceso sumarísimo es uno de los procesos especiales considerados por la
LPT, pero no se ocupa de su regulación, sino que nos remite al CPC,
equiparando de esta manera al proceso sumarísimo laboral con el civil.
Sumarísimo dice Cabanellas, es superlativo de sumario y quiere decir
abreviadìsimo por los trámites más acelerados. De acuerdo al CPC el proceso
sumarísimo tiene el siguiente perfil: demanda, contestación y audiencia única y
sentencia, con plazos muy cortos que lo veremos más adelante.
La LPT, al parecer no tuvo en cuenta esta circunstancia razón por la que para
tramitar el proceso sumarísimo laboral, solo se podrá recurrir a los aspectos
generales del proceso sumarísimo civil. Hubiera sido de gran utilidad que la
LPT estableciera algunos lineamientos específicos además de los indicadores
generales considerados en el art. 71º de la LPT. En efecto son de aplicación al
proceso sumarísimo, las normas sobre postulación, comparencia, medios
probatorios, conciliación y sentencia, contenidas en la LPT.
3.2.2.- DEMANDA Y CONTESTACION
La demanda en el proceso sumarísimo debe reunir los requisitos de
admisibilidad y procedibilidad que señala la LPT en sus artículos 17º y 18º
respectivamente en razón de que estos son aspectos de carácter general y
aplicable a todos los procesos.
De manera que el juez al calificar la demanda puede declarar su inadmisibilidad
o improcedencia. Inadmisible, si la demanda no contiene los requisitos
establecidos en el art. 15º de la LPT. Improcedente cuando concurran las
circunstancias contempladas en el art. 427º del CPC. Estos asuntos ya fueron
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tratados en la parte relativa a la postulación del proceso.
Si se declara inadmisible la demanda se le concederá al demandante tres días
para que subsane la omisión o defecto, bajo apercibimiento de archivar el
expediente. Esta resolución es inimpugnable.
Si la demanda es declarada improcedente, el juez ordenara la devolución de
los anexos presentados.
Admitida la demanda el juez concede al demandado cinco días p0ara que la
conteste. La contestación debe reunir los requisitos señalados por el art. 21 de l
LPT. El CPC dispone que las excepciones y defensa previas solo se acrediten
como medios probatorios de acción inmediata que ocurrirá en la audiencia
única.
En este proceso solo se permiten los medios probatorios de actuación
inmediata.
Contestada la demanda o transcurrido el plazo para hacerla el juez fijara para
la audiencia única y sentencia.
3.2.3.- AUDIENCIA UNICA Y SENTENCIA
Se denomina audiencia única porque en el se llevan a cabo todos los actos
procesales posteriores a la contestación de la demanda tales como la
actuación de pruebas concernientes a las excepciones o defensas previas, el
saneamiento del proceso la posible conciliación el diligenciamiento de las
pruebas de fondo el alegato de los abogados y la sentencia.
Contestada la demanda dice el CPC o transcurrido el plazo para hacerlo el juez
fijara fecha para la audiencia de saneamiento, conciliación, pruebas y sentencia
las que deberá realizarse dentro de los diez días siguientes de contestada la
demanda o de transcurrido el plazo para hacerlo bajo responsabilidad. En esta
audiencia las partes se pueden hacer representar por apoderado sin restricción
alguna.
El desenvolvimiento de la audiencia antes referida de acuerdo al art. 555º del
CPC tiene la siguiente secuencia:
1. Si el demandado en su escrito de contestación ha deducido excepciones
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o defensas previas al iniciar la audiencia, el juez ordenara al
demandante que las absuelva luego de lo cual se actuaran los medios
probatorios pertinentes a ellas. Las excepciones que pueden deducirse
están numeradas en el art. 446º del CPC. Las defensas previas pueden
ser beneficio de inventario de excusión y otras.
2. Si el juez encuentra infundadas las excepciones o defensas previas las
declarará y pasara a la siguiente etapa.
3. El tercer acto de la audiencia única en esta secuencia que estamos
siguiendo lo constituye el saneamiento procesal que permitirá determinar
si existe o no una relación jurídica procesal valida.
4. En el siguiente acto procesal consiste en propiciar la conciliación la
misma que se llevara a cabo siguiendo el mismo procedimiento que se
utiliza en el proceso ordinario, al que ya nos hemos referido.
5. A falta de conciliación el juez con la intervención de las partes fijara los
puntos controvertidos y determinara los que serán materia de prueba.
6. De inmediato se prosigue con la actuación, oportunidad en la que el juez
puede rechazar los medios probatorios que considere inadmisible o
improcedentes. En esta etapa en primer lugar se diligencian las pruebas
que tengan que ver con las cuestiones probatorias resolviéndose de
inmediato las mismas seguidamente se actúan los medios probatorios
referentes a las cuestiones de fondo.
7. En la última parte de la audiencia única el juez concederá la palabra a
los abogados que lo soliciten después de lo cual expedirá la sentencia.
3

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3.2.4.- APELACION Y TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
La sentencia que expide un juez de paz en materia laboral puede ser
impugnada en el plazo de tres días de notificada a través del recurso de
apelación el mismo que es resuelto por el juez especializado de trabajo.
El CPC dispone sobre el particular que las sentencias dictadas en el proceso
sumarísimo así como las que declaran fundada una excepción o defensa previa
son apelables con efecto suspensivo.
El tramite del expediente en segunda instancia se encuentra indicado en el art.
558º del CPC el mismo que nos remite al art. 376º según este ultimo el
secretario de juzgado enviara el expediente al superior dentro de cinco días de
concebida la apelación o la adhesión en su caso bajo responsabilidad.
Dentro de los cinco días de recibido el superior comunicara a las partes que los
autos están expeditos para ser resueltos y señalara día y hora para la vista de
la causa. La resolución definitiva se expedirá dentro de los cinco días
siguientes a la realización de dicha audiencia.
En el proceso sumarísimo no procede el ofrecimiento de medios probatorios en
segunda instancia lo que si sucede en el proceso ordinario laboral. Tampoco es
posible plantear reconvención, modificar o ampliar la demanda o invocar dentro
del proceso, hechos que no hayan sido expuestos en la demanda.
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3.3.- PROCESO DE EJECUCION LABORAL
3.3.1.- LOS TITULOS EJECUTIVOS
El titulo ejecutivo es el que trae aparejada ejecución o sea, aquel en virtud del
cual cabe proceder sumariamente al embargo y venta del deudor moroso, a fin
de satisfacer el capital, los intereses y costas.
La LPT no define a los títulos ejecutivos concentrados a señalarlos. En efecto,
son títulos ejecutivos para el proceso laboral, los siguientes:
 El acta entre el trabajador y empleador ante la autoridad administrativa
de trabajo, que contenga el reconocimiento de obligación exigible en vía
laboral.
 El acta de conciliación extrajudicial debidamente homologada.
En el primer caso, se trata del acta suscrita ante las autoridades del servicio
gratuito del ministerio de trabajo, regulado por el D.S 002 – 96 – TR.
De manera que la LPT, con mayor jerarquía, han consagrado el merito
ejecutivo que por un decreto supremo ya se le había atribuido a este
documento.
El otro titulo ejecutivo que señala la LPT, como ya hemos dicho es el acta de
conciliación extrajudicial debidamente homologada. Aquí se trata de la
conciliación privada, porque si hablamos de la extrajudicial habría que
incorporar dentro de la misma, al acta referida en el punto anterior que también
es extrajudicial.
La LPT además señala que las obligaciones que se puede demandar
ejecutivamente son las de dar sumas de dinero, dar bienes determinados hacer
y no hacer. Aquí habría que precisar que si se trata de dar sumas de dinero,
estas deben ser liquidas o liquidables mediante operación aritmética
3.3.2.- TRAMITE DE EJECUCION DE TITULOS EJECUTIVOS.
La LPT no señala cual será el procedimiento en este caso, concretándose a
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señalar algunos aspectos de la apelación del mandato ejecutivo y de la
sentencia. Sin embargo, la misma ley hace una diferenciación entre el proceso
de ejecución de dar suma cierta de dinero y el de ejecución de obligaciones de
hacer y no hacer.
I. Interponer de la demanda al primero el contenido del art.74º de la LPT
debe ser completado con las disposiciones establecidas por el CPC para
el proceso ejecutivo. De acuerdo a esos lineamientos la secuencia, en el
caso de las obligaciones de dar sumas de dinero, seria la siguiente:
a. Interposición de la demanda con las formalidades pertinentes
establecidas por la LPT, acompañando el correspondiente titulo
ejecutivo.
b. El juez califica el titulo y expide el mandato ejecutivo debidamente
fundamentado, el que contendrá una orden de pago de lo adeudado,
incluyendo intereses y gastos demandados, bajo apercibimiento de
iniciarse la ejecución forzada.
c. Apelación del mandato ejecutivo, el mismo que se puede conceder sin
efecto suspensivo. La apelación solo podrá fundarse en la falta de
requisitos formales del titulo.
d. El ejecutado puede contradecir la ejecución y proponer excepciones o
defensas previas dentro de cinco días de notificación con el mandato
ejecutivo, ofreciendo los medios probatorios.
e. De plantearse contradicción se concede traslado al ejecutante, quien
deberá absolverlo dentro de tres días proponiendo los medio probatorios
respectivos.
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f. Absuelvo el citado traslado, el juez citara a audiencia para dentro de diez
días de realizada la absolución o sin ella. Esta audiencia se lleva a cabo
en forma parecida a la del proceso sumarísimo regulada por el art. 555º
del CPC.
g. Expedición de sentencia, dentro de cinco días de realizada la audiencia.
h. La sentencia es apelable en el plazo de cinco días de notificada. Aquí la
LPT establece un requisito para que proceda la apelación.
II. En lo que concierne a la ejecución de títulos ejecutivos que contienen
obligaciones de hacer y de no hacer, la LPT ha establecido autonomía
en el procedimiento, no siendo necesario recurrir al CPC, en este caso la
secuencia es la siguiente:
a. Interposición de la demanda con las formalidades pertinentes,
acompañado el respectivo titulo ejecutivo.
b. El juez califica el titulo y expide el mandato ejecutivo, ordenando que se
cumpla con la obligación.
c. El mandato ejecutivo es apelable sin efecto suspensivo, lo que significa
que el trámite del expediente no se detiene.
d. Si el demandado se resiste a cumplir las obligaciones de hacer o de no
hacer, el juez adoptara las siguientes medidas.
D.1.- impondrá multas sucesivas acumuladas y crecientes hasta
que el demandado cumpla con el mandato judicial. El monto de
las multas será equivalente al importe de una a veinte unidades
de referencia procesal.
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D.2.- si persiste el incumplimiento, denunciar penalmente al
demandado por el delito contra la libertad de trabajo o resistencia
a la autoridad.
3.3.3.- TITULO DE EJECUCION.
La LPT no define los títulos de ejecución. Peri en este mismo capitulo hemos
precisado el concepto, al diferenciarlos los títulos ejecutivos. Para la LPT son
títulos de ejecución los siguientes:
a. Las resoluciones judiciales firmes.
b. Las actas de conciliación judicial o extrajudicial.
c. Las resoluciones administrativas firmes.
d. Los laudos arbitrales firmes que resuelvan conflictos jurídicos.
 Cuando la LPT señala a las resoluciones judiciales firmes, se esta
refiriendo a las que gozan de la autoridad de cosa juzgada o res
iudicata, como llamaban los romanos. La cosa juzgada no es sino el
litigio juzgado, es decir, el litigio después de la decisión definitiva.
 En cuanto a las actas de conciliación, la ley se refiere primero a las
judiciales, es decir, aquellas que se suscribieron dentro del proceso y
que como ya hemos visto dar por concluido el litigio. Estas
conciliaciones son aprobadas por el juez razón por la que ya no
requieren de ninguna homologación.
 También la LPT le da el carácter de titulo de ejecución a las resoluciones
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administrativas. Si bien las autoridades administrativas no tiene
facultades para ordenar cierta clase de medidas como el embargo, por
ejemplo, no por esos sus resoluciones pierden su eficacia. Si las mismas
han sido expedida dentro de un debido proceso administrativo. Si las
mismas han sido expedida dentro de un debido proceso administrativo,
no hay inconveniente para que recurriendo a la autoridad judicial, se
logre su cumplimiento. Estas son las razones por las que a dichas
resoluciones se les confiere el merito de títulos de ejecución.
 Finalmente la LPT considera como titulo de ejecución a los laudos
arbitrales que resuelvan conflicto jurídico. Ya hemos visto que le conflicto
jurídico es aquel que se origina por el incumplimiento de una ley o un
convenio.
Cabe entonces, precisar que los laudos que se expiden en los procesos de
negociación colectiva, no tienen el carácter de títulos de ejecución, por los
mismos no resuelven conflictos jurídicos sino económicos, esto es, son
constitutivos de derechos.
3.3.4.- TRAMITE PARA EJECUTAR LOS TITULOS DE EJECUCION
Analizando ya los títulos de ejecución, corresponde ahora ver como se
materializa el proceso.
1. De acuerdo con tal dispositivos, es competente para ejecutar estos
títulos el mismo juez que conoció la demanda que origino la resolución
judicial. Si la causa que dio lugar a la resolución, materia de la ejecución
se hubiera iniciado en una sala laboral, es competente el juez de trabajo
de turno. Esto puede ocurrir, por ejemplo en los casos de una acción
popular o una acción contenciosa administrativa, en los que por mandato
de la LPT corresponde a las salas laborales conocer en primera
instancia.
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2. En cuanto al tramite de ejecución, del tenor del art. 77º podemos
establecer la siguientes secuencia:
a. El juez inicia la ejecución requiriendo al ejecutado a cumplir con la
obligación establecida, bajo apercibimiento de afectar los bienes en la
forma que señale el demandante, si se trata de pagar una cantidad de
dinero. La ley no fija plazo dentro del cual debe efectuarse este pago,
por lo que habrá que recurrir a lo señalado por el CPC que es de tres
días.
b. Cuando se trata de ejecutar obligaciones de hacer o no hacer
provenientes de títulos de ejecución, el procedimiento que se sigue es el
mismo que el utilizado en la ejecución de títulos ejecutivos, al que ya nos
hemos referido y que esta señalado por el art. 75º de la LPT. Baste
recordar que esta basado en la imposición de multas o en el hecho de
denunciar al obligado en la vía penal.
3. La LPT contempla la posibilidad de oponerse a la ejecución, pero solo
cuando acredite el ejecutado que ha cumplido con la obligación.
3.3.5.- CALCULO DE LOS DERECHOS ACCESORIOS
Con esta denominación, la LPT menciona a los conceptos accesorios que se
originan en los derechos o beneficios que se ejecutan, tales como
remuneraciones, intereses y otros similares. Estos conceptos deben liquidarse
por la parte vencedora con el auxilio pericial respectivo de ser necesario.
La parte contraria puede observar dicha liquidación siempre que la
observación se sustente en una liquidación de similar naturaleza. De ser este el
caso, el juez decide cual es la liquidación correcta, pudiendo recurrir a los
peritos contables con los que cuenta el juzgado a los que designe.
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3.4.- EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
3.4.1.- EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Se trata del proceso para hacer efectiva la acción contencioso administrativa en
materia laboral y seguridad social, acordada por la LPT. Esta acción, como ya
lo dijimos anteriormente, tiene por objeto someter la actividad administrativa del
estado a un control jurisdiccional. El estado, al ejercer su función
administrativa, genera relaciones con los particulares o súbditos. Esta relación,
en la que el administrado es una de las partes y el estado la otra, pero a la vez
el juez ha sido menester establecer la acción contencioso administrativa, que
pueden utilizar los particulares frente a cualquier exceso del poder
administrador.
Concordante con la consideración anterior, la constitución vigente dispone que
las resoluciones administrativas que causen estado son susceptibles de
impugnación mediante la acción contencioso administrativa.
En el mismo sentido, la LPT establece que procede la impugnación del acto o
resolución de la autoridad administrativa de trabajo o de la administración en
general que haya causado estado, se refiera a derechos del régimen laboral de
la actividad privada o del régimen publico cuando, en este último caso, se haya
agotado y seguido la vía administrativa correspondiente.
Estos procesos se regulan por las normas previstas para el proceso ordinario
laboral y por las contempladas en el proceso especial que estamos comentado.
El objetivo que se busca es la declaración de nulidad del acto o resolución
administrativa que se impugna.
3.4.1.1.- SECUENCIA DEL PROCESO, DEMANDA Y CONTESTACION.
Del articulado de la LPT, fluye la siguiente secuencia de este proceso:
a. Demanda.
b. Contestación de la demanda.
c. Saneamiento procesal y actuación de pruebas.
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d. Dictamen del ministerio publico.
e. Sentencia.
f. Apelación.
3.4.1.2.- DEMANDA
La demanda debe contener los requisitos de admisibilidad y procedencia
señalados por la LPT. Además deben acompañarse los anexos comunes a
toda demanda laboral. Este proceso requiere un anexo especial, que
consiste en la copia autenticada de las resoluciones que se impugna, con la
respectiva constancia de notificación que acredite el fin de la instancia
administrativa.
La demanda debe interponerse dentro del plazo de tres meses de notificada
la resolución impugnada o de producida resolución ficta por silencio
administrativo. Esta última tiene que ver con el art. 87º de la ley de normas
generales de procedimientos administrativos, que dispone que transcurridos
treinta días, desde que se inicio el procedimiento administrativo sin que se
hubiera expedido resolución, el interesado podrá considerar denegada su
petición o reclamo.
La demanda se dirige contra la autoridad que realizo el acto o dicto la
resolución materia de impugnación, emplazando, si fuera el caso, al
procurador general de la república. En el emplazamiento se cita también,
con la demanda, al tercero que tenga legítimo interés en el acto o
resolución.
En conclusión, para que la demanda sea admitida se requiere:
 Que el acto o resolución impugnada cause estado.
 Que el acto o resolución haya sido objeto de impugnación en la vía
administrativa, agotando los recursos previstos.
 Que se interponga la demanda dentro de tres meses de notificada o de
producida la resolución ficta por silencio administrativo.
Al ser admitida la demanda, se ordena que la autoridad administrativa
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emplazada, remita el expediente, los informes y documentos relativos a la
resolución o acto impugnado.
3.4.1.3.- CONTESTACION DE DEMANDA
No remite a las normas previstas para el proceso ordinario laboral. Esto
significa por una parte, que la contestación debe reunir los requisitos
señalados por los artículos 21º y 22º y por otra que contestada la demanda
el juez notifica la misma al demandante, concediéndole un plazo de tres
días para que absuelva por escrito las excepciones y cuestiones
probatorias propuestas por el demandado, quien a su vez absolverá las
cuestiones probatorias propuestas contra sus pruebas en la audiencia
única.
3.4.1.4.- SANEAMIENTO PROCESAL Y ACTUACION DE PRUEBAS
Dispone que contestada la demanda o las excepciones, si estas se
hubieran deducido o convencido el plazo para hacerlo se dicta el
correspondiente auto de saneamiento procesal.
Todo esto se llevara a cabo en la forma establecida por el art. 65º el mismo
que ya fue objeto de análisis cuando tratamos el proceso ordinario.
3.4.1.5.- DICTAMEN Y SENTENCIA
Emitido el auto de saneamiento o culminada la audiencia única, según el
caso, el juez remite el expediente al Ministerio Publico para que emita su
dictamen a través del fiscal correspondiente.
El plazo para el cumplimiento de tal pronunciamiento es de 15 días,
contados a partir de la fecha de recepción del expediente.
Finalmente respecto a este proceso, la LPT se refiere a la sentencia, la
misma que debe expedirse en un plazo de 15 días de concluida la
actuación de pruebas o de evacuado el dictamen del Ministerio Publico de
ser el caso
La sentencia puede declarar la nulidad o anulación total o parcial del acto o
resolución, en cuyo caso ordenara que la autoridad administrativa emplace
expida nueva resolución subsanado los defectos que contiene.
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La otra posibilidad es que la sentencia revoque el contenido de la
resolución administrativa impugnada, en esta eventualidad el juez resuelve
el fondo del conflicto, expresando los términos en los que se reforma la
resolución u acto materia del proceso contencioso administrativo.
3.4.1.6.- RECURSO DE APELACION
La LPT en el caso de este proceso no dice respecto al recurso de
apelación, tratándose de la aplicación del principio de doble instancia y de
la naturaleza de la resolución, no cabe que procede el recurso de apelación
contra la sentencia recaída en primera instancia.
En cuanto al plazo para interponer el recurso de apelación, es de cinco
días de conformidad con el párrafo segundo del art. 52º de la LPT
disposición general y común a todos los procesos, en vista que dentro del
articulado de este proceso no se señala plazo distinto.
En el CPC la impugnación de acto o resolución administrativa se tramita en
el proceso abreviado. De conformidad con el mismo, cabe el recurso de
apelación con efecto suspensivo contra las sentencias recaídas en este
tipo de acción, aunque en todos los casos son resueltos por la Corte
Suprema. Hay demandas que se platean ante jueces civiles del lugar
donde se produjo el acto o se dicto la resolución.
3.4.2.- PROCESO DE IMPUGNACION DE LAUDOS ARBITRALES
3.4.2.1.- ARIBTRAJE Y LAUDO ARBITRAL
El arbitraje en lo laboral, es una forma de solución pacifica de los conflictos
de trabajo ya sean individuales o colectivos. Consiste en la designación de
un tercero llamado árbitro, por parte de los sujetos en conflicto, para que
decida en forma extrajudicial el diferendo existente, mediante un
pronunciamiento denominado laudo arbitral.
El arbitraje esta contemplado por la Constitución como vía de solución de
conflictos derivados de la resolución contractual, según los mecanismos de
protección previstos en el contrato o contemplados en la ley.
Poe la forma como se resuelve el conflicto se suele distinguir el arbitraje de
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conciencia y el arbitraje de derecho. El primero quienes arbitran de
amigables componedores que fallan de acuerdo con su leal saber entender.
No están obligados a fundamentar legalmente sus fallos por que son
expedidos con criterio de conciencia.
En cambio, en el arbitraje de derecho quienes arbitran el diferendo deben
hacerlo de acuerdo a preceptos jurídicos, debiendo motivar sus fallos y
respetar estrictamente las disposiciones que regulan el procedimiento del
arbitraje.
El concepto de aludo arbitral lleva implicada la obligatoriedad de
acatamiento por las partes en conflicto. Esta obligatoriedad, no depende
una vez dictado, de la voluntad de las partes, sino de la fuerza interna de la
misma decisión, emanada de la voluntad del tercero en cuestión.
Pero esa fuerza interna no tiene su fundamento en el carácter del órgano
que la dicta, como ocurre en la sentencia del juez, sino en la adhesión que
las partes le han prestado de antemano es decir, en el compromiso
adquirido por las mismas con carácter previo.
3.4.2.2.- CAUSALES DE IMPUGNACION DEL LAUDO
La impugnación del laudo arbitral no puede interpretarse como una
instancia, porque ello atendería contra su carácter de inapelable. Se trata
de una acción que solo procede en circunstancias excepcionales. La ley de
relaciones colectivas de trabajo, en su art. 66º señala como causales de
impugnación:
a. Por razón de nulidad.- no cabe duda que la norma antes citada es
imprecisa porque se refiere a causales de impugnación, dentro de la
causal señala la nulidad, pero no dice cuando el laudo adolece de
nulidad. Algunas circunstancias que puedan encasillarse dentro de las
caudales de nulidad:
• Por nulidad del convenio arbitral, que puede darse cuando el mismo no
reúna los requisitos de validez del acto jurídico a que se refiere el art.
5

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140º del CC.
• Haber actuado como arbitro. Las personas impedidas, tales como
abogados, asesores, representantes, apoderados o en general las
personas que tengan relación con las partes o intereses directo o
indirecto en el resultado.
• Por no haber laudo recogiendo en su integridad la propuesta final de una
de las partes o haber combinado los planteamientos de trabajadores y
empleadores.
• Haber expedido el laudo fuera de plazo.
• Por violación del debido proceso es decir no haberse respetado las
nomas de procedimientos, establecidas por la ley de relación colectiva.
b. Por establecer menores derechos a los contemplados por a ley a
favor de los trabajadores.- en el derecho del trabajo, la ley laboral tiene
como finalidad garantizar al trabajador un mínimo de condiciones, las
mismas que son irrenunciables. De manera que el pacto o la convención
colectiva es un medio para mejorar esos beneficios mínimos pero no
para recortarlos. Para una mejor visión de las causales de impugnación
del laudo arbitral me la legislación peruana, veamos que aspectos tiene
en cuenta la ley general de arbitraje. Para esta los laudos arbitrales de
derecho y de conciencia solamente pueden ser anulados por los
siguientes motivos:
• Nulidad del convenio arbitral, salvo que se haya formalizado
judicialmente.
• Haber actuado como arbitro quien no hubiera aceptado el cargo o quien
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tuviera incompatibilidad.
• Haber laudo sin las mayorías requeridas.
• Haber expedido el laudo fuera de plazo, siempre que la parte que
invoque esta causal lo hubiera manifestado por escrito a los árbitros,
antes de ser notificado con el laudo.
• Haber laudado sobre materia no sometida expresa o implícitamente a
decisión de los árbitros.
3.4.2.3.- PLANTEAMIENTO DE LA DEMANDA Y SECUENCIA DEL
PROCESO
Ya vimos que la demanda debe ser planteada ante la sala laboral o mixta,
según el caso en el plazo de cinco días de notificado el laudo definitivo. La
demanda debe formularse con las formalidades establecidas por la LPT,
hay que tener presente que ya no se puede hablar de recurso de
impugnación, tal como lo conceptuaba la LRC, sino de pretensión.
Del tenor de la LPT y de la LRC, podemos establecer la siguiente
secuencia en el presente proceso:
1) Interposición de la demanda.
2) Admisibilidad y procedencia de la demanda.
3) Solicitud, por parte de la sala del expediente administrativo en el que se
expidió el laudo.
4) Traslado de la demanda.
5) Alegato de las partes.
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6) Sentencia de primera instancia.
7) Apelación de la sentencia.
8) Sentencia de la sala de derecho constitucional y social de la corte
suprema.
3.4.2.4.- ALEGATOS Y SENTENCIA
Los alegatos pueden ser escritos u orales a través de los informes. La LPT
no señala plazo para los alegatos escritos, peor el reglamento de la LRC lo
fija en tres días hábiles de ingresado el expediente a la mesa de partes de
la sala respectiva. Si se trata de informes orales, se entiende que los
mismos deben llevarse a cabo en la fecha señala para la vista y resolución
de la causa. La LPT no hace en la fecha señala para la vista y resolución
de la causa. La LPT no hace referencia a esta audiencia, la misma que si
esta prevista en la ley general del arbitraje.
La sala laboral o mixta resuelve por el solo merito de los alegatos de las
partes y del expediente remitido por la autoridad administrativa de trabajo
en el termino de diez días de la ultima actuación ocurrida.
3.4.2.5.- APELACION Y SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA
Como los procesos laborales están basados en el principio de doble
instancia, la LPT ha previsto el recurso de apelación ante la sala de
derecho constitucional y social de la corte suprema. Esta ley en la parte
relativa a los medios impugnatorios establece un plazo de cinco días para
la interposición del recurso de apelación que seria aplicable a esta clases
de procesos, por ser una disposición general y común a todos los
procesos, salvo al sumarísimo.
Debemos señalar que ni la LRC, menos la LPT ha previsto que sucede con
el expediente de negociación colectiva cuando la demanda de impugnación
del laudo arbitral es acogida y por lo tanto, se declara nulo e insubsistente
8

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el pronunciamiento de los árbitros. Aquí cabe alguna interrogantes como
las relativas a que árbitros deben laudar en esta segunda oportunidad, que
sucede cuando los árbitros que expidieron el primer fallo tienen
inconvenientes o impedimentos. Están obligados los árbitros que dictaron
el laudo anulado a expedir el nuevo.
El proyecto de una nueva ley de relaciones colectivas trata de resolver
estas inquietudes en los siguientes términos, art. 63º la impugnación de un
ludo se sujeta a lo dispuesto por la ley procesal del trabajo.
De declararse la nulidad del laudo, se prorroga automáticamente la
jurisdicción del árbitro a efectos de emitir nuevo laudo, conforme al
dispuesto por la resolución judicial pertinente, dentro de un plazo de 10
días calendario. El nuevo laudo se sujetara a lo resuelto.
En cado de no poder integrarse el tribunal arbitral o asumir un árbitro
unipersonal se procederá conforme al artículo 53º y siguiente de la
presente ley.
En este ultimo caso, el que remite al art. 53º, significa que para designar a
los nuevos árbitros habrá que seguir el mismo procedimiento que la LRC
establece para el efecto.
3.4.2.6.- EJECUCION DEL LAUDO
La LPT no incluye dentro de los títulos ejecutivos o de ejecución al laudo
que pone fin a un negociación colectiva, luego no esta comprendido dentro
del proceso de ejecución contemplado por esta ley. Esto implicaría que en
el caso que un empleador se negara a cumplir con el laudo, el trabajador
tendría que interponer una demanda para que previamente se dicte una
sentencia que declare el derecho del trabajador al beneficio o prestación
establecida en el laudo.
Se podría alegar, a favor de este comportamiento que el laudo que se
expide en el proceso de negociación colectiva tiene un carácter constitutivo
de derecho y no declaratorio, razón por la que la autoridad judicial,
previamente, debe declarar el derecho, tal como sucede con una ley. Este
podría haber sido el espíritu de la LPT, al considerar que tienen merito de
9

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ejecución, solo los aludos recaído en controversias de carácter jurídico.
Aunque con naturaleza distinta, la ley general del arbitraje tiene un
comportamiento distinto en este tema. Sobre el particular, el art. 76º
dispone que el laudo arbitral consentido o ejecutoriado, tenga un valor
equivalente al de una sentencia y es eficaz y de obligatorio cumplimiento
desde su notificación a las partes. Solo ordenado en el laudo no se cumple
por la parte o partes a quienes corresponda hacerlo, el interesado podrá
solicitar su ejecución forzosa. Estamos pues, en caso, ante un titulo de
ejecución.
3.4.3.- PROCESOS NO CONTENCIOSOS
3.4.3.1.- ASPECTOS QUE SE TRAMITAN EN ESTE PROCESO
La LPT considera como un proceso especial, al no contencioso. Sin
embargo dentro de su articulado solo trata de la consignación. Tal vez
hubiera sido más apropiado que el titulo V de la sección séptima se
denominara simplemente proceso de consignación, antes que procesos no
contenciosos.
El hecho de que la LPT hable de procesos no contenciosos, aunque solo
se refiera a uno, abre la posibilidad de que laboralmente se puedan
plantear otro tipo de asuntos que reúnan las características del no
contencioso. Tal por ejemplo, la verificación de que a un trabajador no se le
permite el ingreso a su centro de trabajo, al margen de las razones que
puedan existir para ello.
En cambio el CPC señala hasta doce procesos no contenciosos, tales
como el de inventario, administrativo judicial de bienes, adopción
ofrecimiento de pago y consignación, etc.
El referido código, en lo que respecta a este tema, contiene disposiciones
generales que son aplicables a todos los procesos no contenciosos. Luego
legisla por separado cada uno de ellos tiendo en cuenta sus peculiaridades.
En consecuencia en esta oportunidad solo nos referimos al proceso de
consignación. Para el efecto veremos los aspectos puntuales que contiene
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la LPT, siendo necesario además recurrir al CPC.
3.4.3.2.- CONSIDERACIONES SOBRE LA CONSIGNACION
La consignación dentro del contexto del tema que estamos tratando es un
depósito judicial de una cantidad reclamada o adeudada, para evitar de esa
manera una ejecución forzosa o simplemente liberarse de la obligación. De
manera que estamos frente a una forma de pago cuando exista un
requerimiento judicial de por medio o en caso que el acreedor se niegue a
recibir lo adeudado.
Sobre el particular, el CPC dispone que en los casos que establece el
código civil, quien pretenda cumplir una prestación, puede solicitar su
ofrecimiento judicial y en su caso que se le autorice a consignarlo con
propósito de pago.
En el proceso laboral el tratamiento es distinto al qye sigue el CPC. En
efecto, la LPT dispone que la consignación de una obligación exigible no
requiere que el deudor efectué previamente su ofrecimiento de pago, ni que
solicite autorización del juez para hacerlo.
El proceso de consignación tiene dos etapas: la primera consiste en
efectuar el depósito. La segunda, en seguir el procedimiento judicial para
que lo consignado se encuentra a disposición del acreedor de manera que
pueda retirar el bien o cantidad depositada, o en su defecto, contradecir la
consignación.
La primera etapa se cumple haciendo el depósito o entrega de valores en
el Banco de la Nación y recabando el certificado correspondiente,
documento con el cual se inicia la segunda etapa.
Si la obligación consiste en la entrega de otro tipo de bienes, el CPC
dispone que en el acto de la audiencia el juez decida la manera, lugar y
forma de su depósito.
Tratándose de prestaciones no susceptibles de depósito, el juez dispone la
manera de efectuar o tener por efectuado el pago según lo que el titulo de
la obligación tenga establecido o subsidiariamente, lo expuesto por las
partes.
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3.4.3.3.- COMPETENCIA Y SECUENCIA DEL PROCESO DE
CONSIGNACION
En aplicación del art. 750º del CPC, son competente para conocer los
procesos no contenciosos los jueces de trabajo y los de paz letrado de
acuerdo a la cuantía señalada por la LPT. En estos procesos no es
aplicable la competencia por razón de turno.
De conformidad con la LPT, el proceso de consignación tiene la siguiente
secuencia:
 Solicitud del peticionario, la mima que debe reunir los requisitos de una
demanda, en los aspectos que fueran pertinentes.
 Calificación de la solicitud para determinar su admisibilidad.
 Notificación de la consignación al acreedor.
 Contradicción, por parte del acreedor, en el plazo de tres días contados
a partir de la notificación sobre el efecto cancelatorio de la consignación.
 Planteada la contradicción, el juez corre traslado del mismo al
consignante.
 Absolución del traslado por parte del consignante sobre el efecto
cancelatorio de la consignación.
 Resolución de la contradicción.
3.4.3.4.- RETIRO DE LA CONSIGNACION
La LPT dispone que el retiro de la consignación se hace a la sola petición del
acreedor, sin trámite alguno, aun cuando se haya formulado contradicción.
La ley posibilita el retiro de la consignación aun habiendo sido objeto de
contradicción, en razón de que la misma solo esta dirigida al efecto
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cancelatorio, circunstancia que no invalida el pago parcial o tala de la
obligación. De declararse fundada la contradicción formulada por el trabajador,
el retiro del importe consignado, no impedirá la reclamación de la diferencia
adeudada.
El hecho de que la cantidad consignada se entregue sin tramite alguno, se
debe a la naturaleza y fines de sustento alimentario que tiene las cantidades
que se adeudan a los trabajadores.
De manera que planteada la solicitud de retiro el juzgado endosa el certificado
a nombre del trabajador acreedor y se le hace entrega para hacerlo efectivo en
el banco de la nación.
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3.5.- MEDIDA CAUTELAR EN EL PROCESO LABORAL
3.5.1.- CONCEPTO.
La medida cautelar, en el derecho comparado y en la doctrina aparece también
con las denominaciones de providencias cautelares, medidas precautorias,
medida de garantía acciones preventivas, medidas de seguridad, etc.
En términos generales, podemos afirmar que la medida cautelar, es la
deposición o mandato de un juez que tiene por objeto asegurar el resultado de
un proceso o el cumplimiento de una sentencia o cualquier otro titulo de
ejecución. Una de las medidas cautelares mas frecuentes es el embargo.
Sobre el particular, la LPT dispone que todo juez pueda, a pedido de parte
dictar medida cautelar dentro de un proceso, destinada a asegurar el
cumplimiento de la decisión definitiva.
Se dice que la medida cautelar tiene un carácter preventivo, porque el juez
para dictar la medida, tiene un cuenta el peligro al que pueda estar sujeto el
cumplimiento de la obligación por la demora del proceso principal. Frente a
esta contingencia, tal como señala el CPC, toda medida cautelar importa un
prejuzgamiento y es provisoria. La LPT, por su parte señala que la finalidad de
la medida cautelar es asegurar el cumplimiento de la decisión definitiva. Es
claro que si la pretensión se encuentra suficientemente garantizada es
improcedente la medida cautelar.
En cuanto a la responsabilidad la medida cautelar se dicta por cuenta y riesgo
del que lo solicita. De manera que cualquier daño que se cause con la medida,
será de responsabilidad del peticionario y no del juez. De ahí que el CPC
contempla la facultad del juez para solicitar contra cautela, con el objeto de
asegurar al afectado con una medida cautelar. Esta exigencia también es
considerada por la LPT.
3.5.2.- REQUISITOS DE LA SOLICITUD DE LA MEDIDA CAUTELAR.
Los requisitos señalados por el art. 97º de la LPT, han sido tomados caso
textualmente del art. 610º del CPC. Esos requisitos son los siguientes:
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1) Exponer los fundamentos y modalidad de la pretensión cautelar.
Dentro del primer requisito, la LPT exige que en la solicitud debe
precisarse la modalidad de la medida cautelar que se pretende, sobre
este aspecto, hay que tener en cuenta lo señalado por el párrafo
segundo del art. 96º de la LPT, en el sentido de que el proceso laboral
solo son procedentes las medidas cautelares que señala dicha ley y que
consiste en el embargo en sus modalidades de inscripción o
administración.
2) Indicar si fuera el caso, los bienes sobre los que debe recaer la medida
y el monto de su afectación. Esta exigencia tiene que ver con la relación
que debe existir entre le monto del crédito y la dimensión de la
afectación con la medida cautelar.
La medida de inscripción solo es posible cuando los bienes sobre los
cuales recae la medida cautelar se encuentran registrados. Si la medida
de administración recae sobre bienes fructíferos, pueden afectarse en
administración con la finalidad de recaudar los frutos que produzcan.
3.5.3.- LA CONTRACAUTELA
También es un requisito de la solicitud, el juez tomando en consideración la
condición económica del solicitante, puede considerar suficiente la caución
juratoria.
La contra cautela es una garantía que tiene por objeto asegurar al afectado con
una medida cautelar. El resarcimiento de los daños y perjuicios que pueda
causar la ejecución. La naturaleza y monto de la contra cautela será decidida
por el juez quien podrá aceptar la ofrecida por el solicitante, graduarla,
modificarla o incluso cambiarla por la que considere pertinente.
La contra cautela puede ser real o personal. La LPT confiere al juez la protesta
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de considerar suficiente, como contra cautela, la caución juratoria teniendo en
cuenta la condición económica del trabajador. Esto significa, que en términos
generales debe exigirse la contra cautela real y solo excepcionalmente puede
aceptarse la caución juratoria, lo que implica la acreditación de la imposibilidad
económica de afrontar una contra cautela de carácter real.
3.5.4.- FUNDAMENTOS DE LA PRETENSION CAUTELAR.
 Cuando un acta de inspección elaborada por la autoridad administrativa
de trabajo constata el cierre no autorizado del centro de trabajo.
 Cuando el empleador ha sido insolvente por la autoridad administrativa o
judicial competente. De la norma fluye que n basta que el empleador sea
insolvente, sino que requiere su declaración como tal.
 Cuando el empleador ha sido denunciado penalmente por el ministerio
publico por delito contra la libertad de trabajo, en los supuestos de
simulación de causales para el cierre del centro de trabajo y de
abandono de este para extinguir las relaciones laborales.
 La LPT, también se refiere a lo que denomina caos especial de
procedencia. Sobre el particular dispone que procede la medida cautelar
cuando la sentencia de primer a instancia ha sido favorable al
demandante aunque la misma fuera impugnada.
3.5.5.- MEDIDAS CAUTELARES PARA FUTURA EJECUCION FORZADA.
La LPT dispone que las únicas medidas cautelares que se pueden adoptar en
el proceso laboral, son las previstas en esta ley, lo que significa que excluye a
cualquier otros. En este caso no es posible la aplicación del CPC, porque la
LPT es muy clara en su mandato.
En lo laboral la LPT sobre este tema contempla la protesta del juez de disponer
el pago de una asignación provisional y fijar su monto, que no podrá exceder la
3

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remuneración ordinaria del demandante y con cargo a su compensación por
tiempo de servicio, en los procesos de impugnación de despido y de pago de
beneficios sociales.
3.5.6.- FORMAS DE EMBARGO
El embargo es la afectación de bienes a un proceso con la finalidad de
proporcionar al juez los medios necesarios para cumplir en forma eficaz con
una ejecución procesal.
Según el CPC, el embargo consiste en la afectación jurídica de un bien o
derecho del presunto obligado, aunque se encuentre en posesión de tercero
con las reservas que para este supuesto señala la ley.
El embargo adopta diferentes modalidades, pero habla de la afectación de
bienes del deudor en la forma que señale el demandante. Esto quiere decir que
en el proceso laboral es posible aplicar todas las formas de embargo que
contempla el CPC tales como el secuestro, deposito, retención, intervención,
inscripción y administración.
Lo que si hay que tener en cuanta es que a nivel de medida cautelar, la LPT
solo permite la forma de embargo de inscripción y administración, tema que
trataremos más adelante cuando abordemos la medida cautela.
Reservamos también para esa oportunidad el estudio de embargo de
inscripción y administración. De manera que en este capitulo nos referimos a
las demás modalidades contempladas por el CPC.
EMBARGO EN FORMA DE SECUESTRO
El secuestro es una forma de embargo que consiste en la desposesión de un
bien de su tenedor y la entrega a un custodio. El CPC contempla dos clases de
secuestros: el judicial y el conservativo.
El primero se da cuando el proceso principal tiene por finalidad concreta la
dilucidación del derecho de propiedad o posesión sobre determinado bien, en
cuyo caso el secuestro puede afectar a este con carácter de secuestro judicial.
En cambio, cuando la medida tiende a asegurar el pago dispuesto en mandato
ejecutivos, puede recaer en cualquier bien del deudor, en cuyo caso estamos
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frente al secuestro conservativo.
La ejecución del embargo en forma de secuestro, estará a cargo del auxiliar
jurisdiccional quien procederá a precisar en el acta, bajo responsabilidad y con
el auxilio de un perito cuando fuera necesario, lo siguientes: la naturaleza de
los bienes, numero y cantidad, marca de fabrica, año de fabricación, estado de
conservación y funcionamiento, numeración registral y demás datos necesarios
para su cabal identificación. Igualmente debe identificarse al custodio del bien y
certificar su entrega.
Si se trata del secuestro de un vehículo, será internado en el almacén de
propiedad o conducido por el propio custodio, accesible al afectado. El vehículo
no podrá ser retirado sin la orden escrita del juez. La orden de captura del
vehículo no podrá levantarse en tanto este vigente la orden de secuestro.
EMBARGO EN FORMA DE DEPÓSITO
Es una variante del secuestro. El CPC, sobre el deposito, dispone que este se
produce cuando el obligado se constituye en depositario del bien afectado,
salvo que se negara a aceptar la designación, en cuyo caso se procederá al
secuestro del bien. Por el contrario, si la ejecutado acepta ser depositario,
asume las obligaciones que se fija en el CPC. En efecto, el art. 665º dispone
que los depositaros esté en el deber de conservar los bienes en depósitos en el
local destinado para ello, a la orden del juzgado y con acceso permanente para
observación por las partes y veedor, si lo hay. Así mismo, darán cuanta
inmediata al juez de cualquier alteración de los objetos en deposito, bajo
responsabilidad penal.
Esta forma de embargo se ejecuta levantando el acta correspondiente en la
que debe hacerse constar todos aquellos elementos que sirvan para identificar
al bien y poder determinar el estado en que se encuentra, tal como sucede en
la ejecución del secuestro.
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EMBARGO EN FORMA DE RETENCION
Se denomina retención porque la medida consiste en ordenar a un tercero a
que deje de abonar el ejecutado cualquier cantidad que le adeude y ponerlo a
disposición del juzgado, o de la persona o entidad que el juez determine.
Sobre estas clases de embargo, el CPC establece que cuando la medida recae
sobre derechos de créditos u otros bienes en posesión de terceros cuyo titular
es el afectado con ella, puede ordenarse al poseedor retener el pago a la orden
del juzgado, depositando el dinero en el banco de la nación.
La retención se ejecuta mediante la correspondiente acta de embargo en
presencia del retenedor, a quien se le hace entrega de la cédula de notificación
correspondiente, haciendo costar el dicho de este sobre la posesión de los
bienes y otros datos relevantes. Si se niega a firmar, se deja constancia de su
negativa.
Si el retenedor, incumpliendo la orden de retener, paga directamente al
afectado, será obligado a efectuar nuevo pago a la orden del juzgado.
Puede suceder que el notificado, niegue falsamente la existencia de créditos.
En ese caso será obligado a pagar el valor de estos al vencimiento de la
obligación, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que haya lugar.
EMBARGO EN FORMA DE INTERVENCION
El CPC considera dos variedades de intervención. Una denominada
intervención en recaudación y la otra, intervención en información.
La primera tiene por objeto recaudar directamente los ingresos de la empresa o
negocio intervenido. Por la segunda se recaba información sobre el movimiento
económico de una empresa o persona natural.
La medida de intervención se ejecuta levantando el acta del embargo por parte
del secretario interviniente en presencia del afectado notificándolo con el auto
respectivo. En el mismo acto se le informara acerca de la forma y alcances de
la medida, las facultades del interventor y la obligación de atender a sus
requerimientos dentro de los limites establecidos por el juzgado.
El acta de incluir un inventario de los bienes y archivos. Puede el afectado dejar
constancia de sus observaciones respecto de la medida. Si este rehúsa firmar,
6

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el secretario dejara constancia de su negativa.
El interventor o auxilio judicial como lo llama el CPC es responsable de hacer
cumplir la medida. En este sentido, de acuerdo con el art. 662º tiene las
siguientes obligaciones:
a. Verificar el funcionamiento y conservación de lo intervenido, sin interferir
ni interrumpir sus labores propias.
b. Llevar control de ingresos y egresos.
c. Proporcionar, de los fondos que recauda lo necesario para actividad
regular y ordinaria de lo intervenido.
d. Poner a disposición del juez dentro de tercer día las cantidades
recaudadas, consignándolas a su orden en el Banco de la Nación.
e. Informar en los plazos señalados por el juzgado, del desarrollo regular
de la intervención.
EMBARGO EN FORMA DE INSCRIPCION
Este embargo es posible cuando se trata de bienes registrados. Según el CPC,
esta medida puede ejecutarse inscribiéndose el monto de la afectación esta
medida puede ejecutarse inscribiéndose el monto de la afectación siempre que
resulte compatible con el titulo de propiedad ya inscrito. Esta forma de embargo
no impide la enajenación del bien, pero el sucesor asume la carga hasta por el
monto inscrito. La certificación registral de la inscripción se agrega al
expediente.
El tratamiento es distinto cuando el embargo recae en un bien inmueble no
inscrito. En este caso, tal como lo dispone el CPC, la afectación puede limitarse
al bien mismo, con exclusión de sus frutos, debiendo nombrarse
necesariamente como depositario al propio obligado. Pero esta forma no puede
ser aplicada como ya lo señalamos, con la calidad de medida cautelar en el
proceso laboral.
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EXP : Nro. 2007 – 074.
SEC : JOSE PICON ESPINOZA
ESC : Nro. 11.
SUMILLA : SOLICITO SE DE CUMPLIMIENTO
AL APERCIBIMIENTO DECRETADO.
SEÑOR JUEZ DEL CUARTO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO LABORAL
SANCHEZ CRISOL ALBERTO JOSE. En los
seguidos en contra de la CBSSP. Sobre pago de, IMCUMPLIMIENTO DE
DISPOSICIONES Y NORMAS LABORALES. A UD, me presento y digo.
I.- PETITORIO.- Que, haciendo valer mis derechos conforme a ley me
apersono a su honorable despacho Señor Juez a efectos de SOLICITAR: Se de
cumplimiento al apercibimiento decretado y en medida Cautelar se trabe
EMBARGO DE RETENCION hasta por la suma de S/. 8,569.42Nuevos soles,
sobre los Gasto Operativos y Administrativo conforme al D.L 184. De la CAJA
DE BENEFICIOS Y SEGURIDAD SOCIAL DEL PESCADOR Ordenándose a la
EMPRESA PESQUERA EXALMAR S.A. De la ciudad de Chimbote o a nivel
nacional, entidad Retenedora ponga a disposición de su Juzgado la suma
RETENIDA mediante Deposito Judicial.
II.- FUNDAMENTOS DE HECHO DE MI PRETENCION.
1.- Que, Señor Juez mi persona debo decir que el presente Proceso se
encuentra en ejecución de Sentencia.
2.- Que, su juzgado Según resolución Nro. 23, REQUIERE A LA EJECUTADA,
CAJA Y BENEFICIOS Y SEGURIDAD SOCIAL DEL PESCADOR. A fin que
dentro del término de ley cumpla con pagarme a mi favor la suma de
S/.8,569.42. Nuevos soles derechos por concepto DE MIS BENEFICIOS
8

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOCIALES bajo apercibimiento de embargo en caso de incumplimiento. Pero
es el caso que la Demandada a pesar que esta previamente notificada con
arreglo a ley, no cumple con dicho pago, por lo que me veo en la obligación de
interponer la presente acción.
3.-Que, Señor Juez dicho embargo es de RETENCION, a la EMPRESA
PESQUERA. EXALMAR S.A. DE los Gasto Operativos y Administrativo de la
CAJA DE BENEFICIOS Y SEGURIDAD SOCIAL DEL PESCADOR el cual lo
Regula el D.L. 184. Y la Suma es de S/.8,569.42, NUEVOS SOLES. Pidiendo
que ponga en certificado de depósito judicial la suma retenida a mi nombre
conforme a ley.
III.- FORMA DE LA MEDIDA CAUTELAR.- La medida cautelar de embargo de
retención es sobre el dinero que por conceptos de los Gasto Operativos y
Administrativo de la CAJA DE BENEFICIOS Y SEGURIDAD SOCIAL DEL
PESCADOR el cual lo Regula el D.L. 184. Debe de abonar a favor de la
demandada la retención lo hará. EMPRESA PESQUERA EXALMAR S.A
Debiéndose efectuar la notificación y la retención con toma de dicho en la
sucursal que tiene la retenedora en esta ciudad.
IV.- BIENES Y MONTO DEL EMBARGO.- El embargo de retención es sobre el
dinero De los Gasto Operativos y Administrativo de la CAJA DE BENEFICIOS Y
SEGURIDAD SOCIAL DEL PESCADOR el cual lo Regula el D.L. 184. Y abona
la retenedora a la demandada el monto del embargo de retención es hasta por
la suma de S/.8,569.42. Nuevos soles, ordenándose que ponga a disposición
de su juzgado la suma retenida a nombre de mi persona conforme a ley.
V.- FUNDAMENTACION JURIDICA.- Fundamento en los siguientes dispositivos
legales.
- Art. 657, Del Código Procesal Civil.
- Art. 658, Del Código Procesal Civil.
- Art. 610. 613. Del Código Procesal Civil.
- Art. 97 de la ley Procesal del trabajo ley 26636.
- D.L Nro. 184.
9

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OTRO SI DIGO.- Que, a efectos de garantizar la
retención ordenada por su despacho solicito se efectué su acta de toma de
dicho en las instalaciones del domicilio de la empresa del domicilio de la
empresa retenedora sitio Av. Brea y Pariñas S/N Urb. EL TRAPECIO –
CHIMBOTE. Diligencia que deberá de llevar a cabo con la presencia de la
secretaria cursora.
Por tanto A UD, ruego acceder conforme a ley.
Chimbote 13, de Marzo del 2009.
SOLUCION ENTRAJUDICIAL DE LAS CONTROVERSIAS JURIDICAS
La LPT dedica su última sección a señalar las formas de solución extrajudicial,
tales como la conciliación y el arbitraje. Estos temas ya fueron tratados
ampliamente en el curso del represente libro, razón por la que no pecaremos
de redundantes.
Es necesario destacar que la LPT, en esta sección, muestra un interés porque
promueva la conciliación, sea privada o administrativa, como un mecanismo de
solución de los conflictos jurídicos. Se trata pues, de un medio preventivo que
evita que las partes entren en el pleito judicial, con las consiguientes
consecuencias de congestión procesal.
En nuestro país, en el ámbito laboral, no existe un arreglo de la conciliación y el
arbitraje como medios de solución extrajudicial de conflictos.
Para lograr una mayor utilización de los mimos, será necesario que las ideas
contenidas en la LPT, se plasmen en la implementación de un sistema al que
pueden acceder los interesados.
10

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