El presente documento elaborado por Gerardo Jiménez González, muestra un análisis de los procesos de formación del mercado de tierras y aguas, en la Comarca Lagunera, así como las posibles implicaciones ambientales, económicas y socio-políticas en el campo regional.

1. 1 Ponencia presentada en la VIII Semana Internacional de Agronomía de la Facultad de Agricultura y Zootecnia de
la Universidad Juárez del Estado de Durango. Gómez Palacio, Dgo. 1996
Formación del mercado de tierras y aguas en la Comarca Lagunera1
Gerardo Jiménez González
INTRODUCION
Cualesquier persona que tenga relación o conozca la problemática por l oque atraviesa actualmente el campo
lagunero ha observado que en los ejidos se viene presentando la enajenación de sus superficies agrícolas, de los derechos
de agua disponibles que provienen de los escurrimientos superficiales controlados y de las concesiones de pozos profundos
para extracción de volúmenes depositados en el acuífero granular de la región.
Esa transferencia de dominio de tierras y aguas no es un fenómeno nuevo, ya que se tiene conocimiento
generacional desde fechas postrimeras al reparto agrario cardenista sobre prácticas de rentismo y aparcería entre los
mismo ejidatario dentro de las comunidades o entre ellas, o de otras personas avecindadas y externas. Incluso, no son
extraños los convenios informales de enajenación “a muerte” que llegaron a establecerse cuando por alguna circunstancia
el derecho decide vender definitivamente la tierra, aún cuando otra no fuese lícitamente permisible.
Lo que si aparece como novedoso es que esas transacciones se hayan intensificando durante los últimos años;
que los1 períodos de duración de los convenios sean por tiempos más prolongados; que aumente el número de integrantes
de cada ejido que participen en el tráfico de estos recursos, como también que de manera localizada sean pocas o las
mismas personas que aparecen como los beneficiarios. Tampoco era común que los grupos ejidales que poseyeran
permisos para la extracción de agua del acuífero a través de pozos profundos los enajenaran con o sin superficies
agrícolas, o que hoy en día esas transacciones se efectúen de manera legal e implique un posible cambio en el patrón de
cultivos.
Existen diferentes interpretaciones sobre el fenómeno descrito y quizás éste se vuelva más complejo si se le
agrega el tráfico de las superficies ejidales localizadas en la periferia de la zona conurbana que comprende a las principales
ciudades de la Comarca. En el presente trabajo se presenta una de esas interpretaciones al considerar estos hechos que
tienen como base y fin la “desamortización” de las parcelas agrícolas cultivadas por los campesinos laguneros.
OBJETIVOS
1. Analizar Los procesos de formación del mercado de tierras y aguas en la Comarca Lagunera, tanto el ocurrido
durante la segunda mitad del siglo XIX, como el que acontece actualmente.
2. Analizar y conjeturar algunas de sus posibles implicaciones ambientales, económicas y socio-políticas en el campo
regional.
METODOLOGIA
Los argumentos que se presentan en esta conferencia constituyen una interpretación parcial de los resultados de
una investigación realizada durante 1995 en la Comarca Lagunera, sobre el impacto de las reformas al artículo 27
constitucional en los sistemas de tenencia de la tierra y agua de esta región, la cual comprendió una parte de revisión
documental y otra de campo.
En la primera se analizó la evolución histórica de los recursos de agua y suelo, así como de las formas sociales de
apropiación que sobre ellos se dieron, destacándose para este trabajo los elementos que explican el fenómeno de
formación del mercado de tierras y aguas, tanto en el siglo pasado como el que sucede actualmente.
En la segunda se toman como referencia los datos de los muestreos sobre calidad del agua por riego de pozos
profundos y sobre las formas de enajenación que practican los grupos ejidales de sus concesiones y predios como

2. 2 Ponencia presentada en la VIII Semana Internacional de Agronomía de la Facultad de Agricultura y Zootecnia de
la Universidad Juárez del Estado de Durango. Gómez Palacio, Dgo. 1996
consecuencia de factores económicos, sociopolíticos y jurídicos que favorecieron la transferencia de estos recursos del
sector social al privado.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
1. Fraccionamiento de los latifundios y mercado de tierras y aguas en el siglo XIX.
Es durante la segunda mitas del siglo pasado cuando se forma por primera ves un mercado de tierras y aguas en
la comarca Lagunera, hecho que ocurre al fraccionarse las propiedades herederas de los enormes latifundios
agroganaderos coloniales.
En este proceso influyen factores exógenos y endógenos. Sobre los primeros desempeñan un papel decisivo la
conjunción de la Guerra de Secesión norteamericana (1861-1865), la intervención francesa en México con la instauración
del II Imperio (1862-1867) y la política liberal juarista; mientras que sobre los segundos destacan los conflictos locales que
se suscitaron entre los propietarios del suelo, los grupos de colonos y los gobiernos estatales en su disputa por las tierras
fértiles y los derechos sobre los escurrimientos que los ríos Nazas y Aguanaval derraman en esta gran planicie.
La Guerra de Secesión impactó favorablemente el mercado algodonero cuando los yanquis cierran los puertos del
Este a través de los cuales los confederados comercializaban con Europa, obligando a que estos últimos realizaran su
tráfico mercantil frontera abajo por rutas que atravesaban los estados y los puertos mexicanos.
Este flujo de mercancías por el territorio nacional incidió en la formación de capitales entre sectores de
comerciantes y empresarios del noreste, los cuales ante el conflicto que involucraba a Texas estimuló la demanda de la
fibra, ya que algunos de ellos fueron canalizados como inversiones directas o en forma de créditos para financiar la compra
o arriendo de haciendas y ranchos en la Laguna, abriendo nuevas tierras al cultivo y construyendo obras hidráulicas en aras
de expandir las superficies de algodonero. Simultáneamente a dicho proceso también llegaron a la región compañías y
empresas extranjeras que invirtieron sus capitales con el mismo fin que los nacionales (Plana, 1991).
Un año después de estallar la guerra civil norteamericana inicia la intervención francesa en México que en 1864
instauró el II Imperio, obligando al gobierno liberal juarista a desplazarse de manera itinerante por el país. Entre los grupos
conservadores que apoyaron la invasión extranjera y la monarquía de los Hamburgo estaban los terratenientes de la región:
Zuloaga, Jiménez y Flores, quienes habían adquirido las haciendas que pertenecieron a los enormes latifundios coloniales
creados en el siglo anterior con el otorgamiento, desde 1729, de las “mercedes reales” sobre las tierras realengas en las
que hoy se localiza la Laguna (Guerra, 1957).
Tal toma de posición política de los terratenientes tuvo como respuesta del gobierno liberal la confiscación de sus
propiedades, que en algunos casos fueron parcialmente afectadas en beneficio de los colonos que respaldaron a la
República, aunque la mayoría fueron sometidos a largos y costosos litigios hasta que les fueron devueltos. En este
contexto los conflictos que con anterioridad se venían suscitando entre los latifundistas y los colonos derivaron en el
reconocimiento que estos últimos obtuvieron sobre tierras y aguas para la creación de sus poblados y el cultivo agrícola
(Martínez, 1989).
De esa manera, la formación del primer mercado de tierras y aguas que ocurre como consecuencia de la
desintegración de los latifundios coloniales, es producto de la conjunción de: 1) la confiscación de las haciendas, su
afectación parcial y los litigios por recuperarlos: 2) la disputa que tenían los propietarios con los colonos, que hay algunos
Ciertamente, las razones del constituyente de Querétaro fueron establecer candados para evitar que se repitiese la absurda
concentración de la propiedad del suelo en México como ocurrió durante el porfiriato, procurando con ello aplicar no solo la
justicia agraria sino asegurar permanentemente el derecho y la posesión sobre la tierra a los núcleos campesinos. Sin
embargo, esta situación de “cautiverio” dificultó la canalización de recursos financieros por parte del capital privado en
aquellas zonas donde se practicaba la agricultura, quedando sujetas al flujo de los recursos estatales.

3. 3 Ponencia presentada en la VIII Semana Internacional de Agronomía de la Facultad de Agricultura y Zootecnia de
la Universidad Juárez del Estado de Durango. Gómez Palacio, Dgo. 1996
De esa manera, la creación de ejidos establecía con respecto a las instituciones gubernamentales, además del
vínculo agrario, aquel que se mantenía a través del crédito, llegando a habilitar la banca oficial a nivel nacional hasta
740,000 campesinos entre 1979-77 (Rello, 1986). Pero lo importante de esta dependencia de la economía ejidal con casos
como la revuelta agraria de 1963 se expresaron en confrontaciones violentas, invasiones y saqueos, conduciéndolos a la
quiebra y enajenación en fracciones que fueron adquiridas por una nueva clase de capitalistas nacionales y extranjeros; y,
3) las inversiones que estos realizaron en la compra y venta de tierras y derechos de agua, roturando las primeras y
creando la infraestructura de riego para el establecimiento y explotación del cultivo del algodonero.
2. La “desamortización” ejidal y el actual mercado de tierras y aguas.
El proceso descrito de fraccionamiento de los 3 grandes latifundios existentes en la región a mediados del siglo
decimonono ( que en 1852 sus dueños establecen un “Acuerdo Privado” para distribuirse los derechos de agua de los ríos
locales), deriva en una estructura agraria compuesta por 221 propiedades identificadas al final de la segunda década del
presente siglo (Nájera et. al., 1928) que fueron afectadas y fraccionadas hasta conformar en la siguiente década 332 ejidos
con 38,086 ejidatarios en una superficie de 157,446 has. con derecho a riego en dotaciones individuales medias de 4.13
has., y 2,000 propiedades privadas en 71,700 has. con derecho a riego en extensiones medias de 35.85 has. (Jiménez,
1996).
Aún cuando siempre fue ficticia gran parte de la superficie con derecho a riego, aquellas que se mantuvieron bajo
el régimen ejidal sujetas a la legislación agraria vigente desde 1917, se convirtieron en “tierras muertas”. Esa posesión y
usufructo que indefinidamente ejercían con estas tierras y aguas los núcleos ejidales impidió que ingresaran al mercado
como cualesquier otra mercancía, estableciendo un “régimen cautivo” sobre ellas, mientras que las superficies privadas
circulaban liberalmente de un dueño a otro.
Debe destacarse que esta última circulación ocurrió durante seis décadas en las cuales también se mercantilizaron
algunas propiedades entre los mismos agricultores y ganaderos privados, favoreciendo una hipotética concentración sobre
algunos predios de menor tamaño. Dicho ocurrió tanto en tierras irrigadas con agua superficial como de pozo profundo y se
efectuó en el margen de superficies que persistieron en este sector que tenía como frontera al régimen ejidal.
Respecto a los recursos financieros estatales fue el tipo de relación que rigió entre estas instituciones y los núcleos
campesinos, llegándose a afirmar que existía una “economía estática “basándose en el control que tenían aquellas sobre la
producción agropecuaria ejidal (Gordillo, 1979), y utilizando dichos recursos para crear una clientela electoral entre los
habilitados (Martínez, 1980).
Con los cambios introducidos recientemente por el Estado a través de su política económica neoliberal se empieza
a modificar las condiciones que caracterizaron el contexto social en que se desarrolló la agricultura ejidal, destacando por su
importancia aquellos que ocurren con el Programa de Modernización y Fortalecimiento del Sistema BANRURAL en 1990 y
las reformas al artículo 27 constitucional con sus leyes reglamentarias a partir de 1992. Tales cambios se inscriben dentro
de los ajustes que la política estatal instrumenta en un ámbito más amplio de crisis estructural y transformaciones mundiales
como los procesos de globalización económica y la suscripción del Tratado Trilateral de Libre Comercio (TLC).
Después de sostener por décadas una política de saldos negativos en su manejo crediticio, el BANRURAL como
principal instrumento de la banca de desarrollo para el financiamiento de la producción agrícola ejidal, modifica sus criterios
y normas de operación aplicado restricciones en el otorgamiento de sus créditos, atendiendo el problema de las carteras
vencidas y depurando su padrón de clientes donde sólo permanecieron en él aquellos que mantuvieran un potencial
productivo que le asegurara las recuperaciones de los recursos invertidos en las parcelas ejidales (Navarrete, 1992).
En la Comarca Lagunera esta modificación en la política crediticia tuvo un impacto severo en la medida que para
1994 el nivel de crédito colocado por el banco descendió en un 50% y el número de habilitados disminuyó de 30,000
(Brecha, 1994). En cuanto a al superficie habilitada, de 92,598 has. operadas en los ciclos 0-1 de 1988-89 y P-V de 1989,
desciende a 53,078 en 1989-90/90; continuó bajando a 33,505 has. en 1990-91/91, recuperándose ligeramente en 35,600
has. en 1991-92/92 para alcanzar 45,747 has. en 1993-94/94 (SARH, 1994).

4. 4 Ponencia presentada en la VIII Semana Internacional de Agronomía de la Facultad de Agricultura y Zootecnia de
la Universidad Juárez del Estado de Durango. Gómez Palacio, Dgo. 1996
Los cambios más drásticos se presentan en los principales cultivos que habilitaba a los ejidatarios que sembraban
con agua superficial, destacando el algodonero que se desploma sucesivamente de 34,831 has. en 1990 a 15,915 has. en
1991, bajando drásticamente hasta desaparecer de plan de operación del banco en los siguientes años de 1992 y 1993.
Desafortunadamente lo anterior coincide con dos procesos regionales que aparecen como variantes endógenas
circunstanciales: el llamado “colapso algodonero” de 1990 y la sequía que se prolonga por varios años desde 1992, aunado
al añejo proceso de descapitalización que enfrentaban las explotaciones ejidales. Como se observa en las estadísticas
anteriores sobre algodonero, en 1990 los cambios en la política crediticia convergen con un pésimo año en lo referente al
control de plagas y enfermedades que sin bien la nueva legislación agraria establece procedimientos que aparecen como
candados en la transferencia de dominio de estos recursos, las condiciones económicas y sociales (descapitalización y
quiebra de la economía ejidal, aunado a las restricciones crediticias) y ambientales (sequía prolongada que vuelve más
escasa el agua para riego) imperantes, crean un medio adecuado para que en el campo lagunero se presente un verdadero
“tianguis de tierras y aguas” como se le denominó en un reportaje aparecido en un diario de circulación nacional (Jornada,
1995).
Al margen de los propósitos políticos de las reformas constitucionales, lo cierto es que estas se orientaron a
promover la “desamortización” de las parcelas agrícolas ejidales, una vez eliminado el candado jurídico que impida su
ingreso al mercado como cualesquier mercancía, objetivo que en la Laguna por las condiciones expuestas se está
cumpliendo mediante la formación de un mercado de tierras y aguas, siniestra ron una parte de superficies destinadas a él
(Palomo, 1992), problema que repercutió en los rendimientos obtenidos y en el estado de las carteras de los habilitados.
Así la alta incidencia de plagas elevó los costos de producción del cultivo por el número de aplicaciones de
agroquímicos realizadas sin contrarrestar efectivamente la siniestrabilidad, descendiendo la superficie de 52,281 has.
sembradas en 1990 a 27,427 has. en 1991, alcanzando su nivel más bajo en 1992 con 385 has. (SARH, 1994). Si bien el
año siguiente inicia una gradual recuperación hasta cubrir las 19,500 has. en el presente año (Silva, 1996), la cual no ha
logrado crecer en las extensiones previas al desplome entre otros factores, debido a la sequía que ha afectado a todo el
norte del país, mismo que en la Laguna se expresa principalmente en el descenso de los niveles de capacitación de agua
en las presas de las cuales depende la producción agrícola regional.
Desde 1991 la mayor parte de los ejidatarios que operaban con el BANRURAL habilitados en algodonero fueron
transferidos en la operación cultivos básicos (maíz y frijol) regidos por las condiciones de esta nueva política, los cuales en
gran parte no pudieron mantenerse como sujetos de crédito acosados por la deuda contraída con el banco e incrementada
por los resultados del ciclo de 1990, enfrentando las pérdidas. Simultáneamente a la depuración de los ejidatarios
habilitados que cultivaban sus parcelas con aguas de las presas se efectuaba la depuración de los grupos ejidales que lo
hacían con extracciones del subsuelo a través del subsuelo a través de los de los pozos profundos, quienes también
dejaron de sembrar sus predios porque además de sus deudas acumuladas resintieron los incrementos en el costo de la
energía eléctrica por liberación de la Tarifa No. 9 que venía operando de manera subsidiada.
Con los procesos anteriores también convergen los cambios en la política agraria del régimen, particularmente las
reformas al artículo 27 constitucional de 1992. El impacto directo que estas tuvieron en la Laguna se expresó en que ante la
imposibilidad, por parte e los ejidatarios, de disponer recursos financieros para poder continuar cultivando sus parcelas se
delimita un nuevo marco jurídico que licita su enajenación, surgiendo el tráfico de tierras, derechos y concesiones de aguas.
3. La evidencia de los grupos ejidales con pozos profundos.
Es muy probable que no existan estadísticas sobre las transacciones de superficies agrícolas y derechos o
concesiones de agua ejidales, tanto sobre las que se realizaron ante de su licitación o posteriores a ella. En las
instituciones gubernamentales a la vez de que aceptan la inexistencia de quien las registre de manera confiable, según las
declaraciones vertidas a principios de este año por funcionarios y representantes de esas entidades (Opinión, 1996).

5. 5 Ponencia presentada en la VIII Semana Internacional de Agronomía de la Facultad de Agricultura y Zootecnia de
la Universidad Juárez del Estado de Durango. Gómez Palacio, Dgo. 1996
En algunos trabajos se ha señalado la presencia de este fenómeno (ABC Consultores, 1991), pero sin embargo,
durante los últimos 50 años no se han realizado estudios de gran visión donde se exponga de manera general, sistemática y
detallada, información que permita caracterizar puntualmente la estructura agraria regional, como fueron aquellos a él (Liga
de Agrónomos Socialistas, 1940). Esta deficiencia de información dificulta el conocimiento sobre la magnitud en que las
tierras y aguas ejidales circulan en el mercado regional, particularmente si se considera que sólo se registran en los
organismos oficiales las transacciones referentes a las ventas, ya que las rentas se efectúan como transacciones privadas.
En la investigación de campo realizada sobre una muestra del 18.52% de un total de 926 pozos profundos
concesionados a grupos ejidales dentro de la “zona crítica del acuífero” (SARH, 1994), se observó que la mayoría de estos
decidieron rentarlos, parcial o totalmente, debido a diversas causas entre las cuales destacan la suspensión de créditos por
el BANRURAL, la elevación de los costos de energía eléctrica, el deterioro descompostura de los equipos y la presión de la
CNA de aplicar la normatividad al mantenerse la inoperancia de los pozos tonel riego de cancelar las vigencias.
También se identificó que los principales beneficios de las rentas y otras formas de enajenación fueron los
empresarios ganaderos y agrícolas, con quienes los grupos ejidales suscribieron contratos que oscilaban entre 1 y 5 años,
donde los arrendatarios sustituyeron los cultivos tradicionales de granos y oleaginosas por hortalizas y principalmente
forrajes (Jiménez, 1996).
4. Los costos sociales y ambientales de la desamortización ejidal.
En la Laguna estos cambios tienen una repercusión económico-social y ambiental que no ha sido debidamente
estudiada y evaluada, de modo tal que pueda delinearse un horizonte sobre las tendencias que caracterizan el desarrollo
rural regional actual. Esto no impide la formulación de conjeturas basadas en la evidencia disponible, donde la
desamortización ejidal al tener como contraparte la concentración privada de los recursos de suelo y agua, expresa la
disputa por el gran valle o planicie irrigada, no así con su zona periférica.
La transferencia del manejo de estos recursos no ha impedido su explotación, ya que ésta ha ocurrido de modo
más intensivo con las modificaciones que se presentan en el patrón de cultivos. La sustitución de maíz, sorgo, frijol
algodonero o trigo que sembraban los grupos ejidales con sus pozos, por alfalfa, melón y otras hortalizas ha implicado
necesariamente un incremento en los volúmenes extraídos de subsuelo.
Si los cambios en el patrón de cultivos ocurridos en los predios enajenados por los grupos ejidales muestreados se
presentaran en la misma proporción sobre el conjunto de pozos que tiene esta misma condición a nivel regional, entonces el
incremento de los volúmenes extraídos sería considerable y quizás esto constituya un factor parcial un factor parcial que
explique el aumento en la producción también regional de leche que ha convertido a la Laguna en la principal cuenca de
este tipo en el país.
De la anterior conjetura puede inferirse, además de que sería adecuado encontrar la evidencia que lo pruebe, que
la mercantilización de tierras y aguas ejidales en la Laguna ha impulsado un crecimiento económico basado en la expansión
de los capitales privados y con ello de sus actividades y explotaciones principalmente en lo referente a la producción de
forrajes sobre los cuales se sustenta la ganadería bovina, en contraparte con la contracción que sufre la inversión
gubernamental.
Este es el perfil positivo o progresivo del caso, pero también es pertinente no olvidar que permitir un incremento no
regulado de las extracciones en un manto severamente abatido y con un desbalance negativo desde hace cinco décadas,
es también un elemento que debe incorporarse en una evaluación que fundamente un uso indiscriminado del recurso por
sus altos costos ambientales expresados en la escasez y disminución en su calidad.
Otro elemento que debe ser incorporado en el análisis es la situación o estado en que quedan los grupos ejidales
que durante períodos determinados de tiempo como ocurre con las rentas, o en forma definitiva con las ventas, ceden o
pierden el control sobre estos recursos. En el mejor de los casos los ejidatarios arrendadores son empleados en las labores
de cultivo que realizan los arrendatarios, particularmente cuando estos últimos establecen huertas de hortalizas que

6. 6 Ponencia presentada en la VIII Semana Internacional de Agronomía de la Facultad de Agricultura y Zootecnia de
la Universidad Juárez del Estado de Durango. Gómez Palacio, Dgo. 1996
demandan excedentes de mano de obra en ciertas etapas de cultivo; mientras que en el peor se ven obligados a buscar
ocupación en otras actividades en virtud de su nueva condición de jornaleros asalariados.
CONCLUSIONES
1. En la Comarca Lagunera se han presentado dos períodos de mercados de tierras y aguas: uno a partir de la
desintegración de las propiedades heredadas de los latifundios agroganaderos credos en a colina, durante la
segunda mitad del siglo XIX y otro que ocurre en la actualidad como consecuencia de la desamortización ejidal.
2. La transferencia de recursos donde han predominado las rentas como forma de enajenación está teniendo
implicaciones ambientales y económicos-sociales: con respecto a las primeras está siendo modificado el patrón
productivo en la superficies irrigadas con agua de subsuelo, donde se vienen sustituyendo los cultivos tradicionales
de grano y oleaginosas que sembraban los grupos ejidales antes de las rentas o ventas por otros de hortalizas y
forrajes que establece los nuevos usufructuarios, mismos que requieren usos consuntivos mayores en una región
con un acuífero abatido en el que ha disminuido tanto la disponibilidad como la calidad de este recurso.
Sobre los segundos, la enajenación temporal o definitiva ha derivado en la explotación de los recursos son criterios
de mayor rentabilidad y probablemente eficiencia productiva en apoyo a la ganadería regional, con un costo social
que se expresa en la proletarización de los ejidatarios.
Cada uno obedeció a diferentes factores, tanto endógenos como exógenos: en el primero incidió la demanda del
mercado de la fibra y la formación de capitales estimulados por los efectos de la Guerra de Secesión americana,
algunos de los cuales al igual que capitales extranjeros fueron invertidos en la región para financiar o adquirir
fracciones de tierras y derechos de agua, como en la construcción de infraestructura de riego para la explotación
del cultivo del algodonero; también incidió la política liberal juarista que confiscó las propiedades de los
terratenientes locales que apoyaron la intervención francesa en México, mismas que se afectaron parcialmente o
que sometieron a sus dueños en costosos y largos litigios que en su recuperación se arruinaron.
En el segundo está siendo determinante la política neoliberal instrumentada por el Estado Mexicano desde la
década pasada en el contexto de la globalización económica y apertura comercial externa, cuya característica
central fue la modificación central fue la modificación del marco jurídico constitucional que rigió la tenencia de la
tierra desde 1917 (las reformas al Art. 27 de 1992) mediante la cual es posible la privatización del ejido,
favoreciendo su desamortización y mercantilización. En la Laguna.
BIBLIOGRAFIA
 ABC Consultores Análisis de Reconversión Operativa. Comarca Lagunera, 1991. (Mim)
 Brecha Revista de Análisis e Información Regional No. 78 (19-12-1994) Torreón, Méx.
 Gordillo, G. El “núcleo estatal” en el medio rural; algunas consideraciones sobre el crédito agrícola en México. Rev. Investigación Económica
No. 147; Vol. XXXVII; Enero-Marzo 1979; pp. 199-222.
 Guerra, E. Historia de la Laguna. Primer Siglo Agrícola Algodonero. T. I Fondo Editorial Lagunero. Méx. 1953.
 Jiménez, g. Reformas al Art. 27 constitucional y cambios en el régimen de tenencia de la tierra y agua en la Comarca Lagunera. Tesis M.C.
Colegio de Postgraduados, Méx. 1996.
 Jornada Diario Nacional (04-10-95)
 Liga de Agrónomos Socialistas. El colectivismo agrario en México. La Comarca Lagunera. Méx. 1940.
 Martínez, T. Las luchas campesinas en la Comarca Lagunera. 1830-1880. Cuadernos del CEDERU, Colegio de Postgraduados, No. 3-4
Julio-Dic. 1989. Méx.
 El costo social de un éxito político. Colegio de postgraduados, Méx. 1980.
 Navarrete, J. Estructura, objetivos, Políticas y Programas del BANRURAL. Memoria al IV Curso de Inducción para Asesores Técnicos
Agrícolas. UJED-SARH-BNCR-Méx. 1992.
 Nájera, E. et. al. Informe general sobre la Comisión de Estudios de la Comarca Lagunera. Méx. 1928.
 Opinión Diario Regional (23-02-96)
 Palomo, A. Análisis situacional de cultivo del algodonero en la Comarca Lagunera. IV Semana de Agronomía. FAZ-UJED. Méx. 1992.
 Plana, M. El reino del algodón en México. La estructura agraria en la laguna (1855-1910) Méx. 1991.
 Rello, F. El leviatán Lagunero. Méx. 1986.

7. 7 Ponencia presentada en la VIII Semana Internacional de Agronomía de la Facultad de Agricultura y Zootecnia de
la Universidad Juárez del Estado de Durango. Gómez Palacio, Dgo. 1996
 SARH. Estadísticas de la producción agropecuaria y forestal de la Comarca Lagunera. 1994.
 Silva, R. Producción de Algodoneros. SAGAR, 1996.