El documento explica que la falta de participación ciudadana en Chile desde 1992 se debe al desequilibrio entre las ampliadas funciones político-administrativas de los municipios y su limitado control sobre los recursos. Los alcaldes dependen de los fondos de los GORE para sus proyectos pero estos carecen de legitimidad ante los ciudadanos. Además, las leyes orgánicas constitucionales establecen reglas que desincentivan la participación ciudadana real y fomentan una relación instrumental con ella.