En el mes de diciembre de 2014, luego de seis años de conflicto, se logró un Acuerdo Marco entre el Gobierno de El Salvador, a través del Fiscal General de la República, y la empresa italiana ENEL. Dicho acuerdo puso fin al conflicto generado por el incumplimiento, por parte del Gobierno, al acuerdo de accionistas suscrito entre la autónoma estatal CEL, y la empresa italiana ENEL, para la generación de energía eléctrica a partir del recurso geotérmico. El Acuerdo Marco incluye que el Gobierno de El Salvador comprara a ENEL todas sus acciones de LaGeo, equivalentes a una participación del 36.2% en la geotérmica, por un monto de $287.62 millones, poniendo fin a la relación de socio estratégico en LaGeo. Fusades, en distintas oportunidades, reiteró la importancia de que este conflicto se resolviera por la vía del diálogo, respetando las obligaciones adquiridas por el Estado y enviando un mensaje que en El Salvador se pueden hacer negocios porque se respetan las reglas del juego. Si bien se logró llegar a un acuerdo, este dista de ser la mejor solución para el país, ya que no fue un acuerdo ganar-ganar. No obstante, el Gobierno lo ve como el final de una disputa, para los salvadoreños puede significar la pérdida de oportunidad de ampliar la matriz energética y reducir el costo de la energía eléctrica, y mejorar así la competitividad del país. El caso CEL – ENEL representa un precedente negativo en el país. En el ámbito económico por ejemplo, cabe destacar, que mientras duró la disputa, el incremento de la generación por geotermia ha sido prácticamente nulo. Por otra parte, en el ámbito político, en el transcurso del conflicto, el Estado se dedicó a trasladar la discusión al campo penal, bajo acusaciones judiciales a los exfuncionarios involucrados en la política energética, y a promover una campaña mediática en contra de ENEL, como excusa para no cumplir los laudos arbitrales. Esta situación afectó de forma negativa la imagen y el clima de negocios de El Salvador, y ahora, luego del Acuerdo Marco alcanzado, el reto que queda es la necesidad de recuperar la confianza que poco a poco fuimos perdiendo durante este conflicto, y como país debemos mandar las señales de que en El Salvador se respetan las reglas del juego y que los conflictos se resuelven conforme a derecho.

1. Consideracionessobreelconflicto
entreCELyENEL:
Sinconfianza,nohayinversión
Posición
institucional
I. RESUMEN EJECUTIVO
En el mes de diciembre de 2014, luego de seis años de
conflicto, se logró un Acuerdo Marco entre el Gobierno de
El Salvador, a través del Fiscal General de la República, y la
empresa italiana ENEL. Dicho acuerdo puso fin al conflicto
generado por el incumplimiento, por parte del Gobierno, al
acuerdo de accionistas suscrito entre la autónoma estatal
CEL, y la empresa italiana ENEL, para la generación de
energía eléctrica a partir del recurso geotérmico.
El Acuerdo Marco incluye que el Gobierno de El Salvador
comprara a ENEL todas sus acciones de LaGeo, equivalentes
a una participación del 36.2% en la geotérmica, por un
monto de $287.62 millones, poniendo fin a la relación de
socio estratégico en LaGeo.
Fusades, en distintas oportunidades, reiteró la importancia
de que este conflicto se resolviera por la vía del diálogo,
respetando las obligaciones adquiridas por el Estado y
enviando un mensaje que en El Salvador se pueden hacer
negocios porque se respetan las reglas del juego.
Si bien se logró llegar a un acuerdo, este dista de ser la
mejor solución para el país, ya que no fue un acuerdo
ganar-ganar. No obstante, el Gobierno lo ve como el final
de una disputa, para los salvadoreños puede significar la
pérdida de oportunidad de ampliar la matriz energética
y reducir el costo de la energía eléctrica, y mejorar así la
competitividad del país.
El caso CEL – ENEL representa un precedente negativo
en el país. En el ámbito económico por ejemplo, cabe
destacar, que mientras duró la disputa, el incremento de
la generación por geotermia ha sido prácticamente nulo.
Por otra parte, en el ámbito político, en el transcurso del
conflicto, el Estado se dedicó a trasladar la discusión
al campo penal, bajo acusaciones judiciales a los
exfuncionarios involucrados en la política energética, y
a promover una campaña mediática en contra de ENEL,
como excusa para no cumplir los laudos arbitrales.
Esta situación afectó de forma negativa la imagen y el clima
de negocios de El Salvador, y ahora, luego del Acuerdo
Marco alcanzado, el reto que queda es la necesidad de
recuperar la confianza que poco a poco fuimos perdiendo
durante este conflicto, y como país debemos mandar las
señales de que en El Salvador se respetan las reglas del
juego y que los conflictos se resuelven conforme a derecho.
Asimismo, se requiere de una política de promoción de
inversiones que garantice un clima de negocios estable
y seguro para invertir. Se necesita una firme convicción y
concientización en el país de que todas las acciones que
1
Enero de 2015

2. 2
se toman siempre tendrán una consecuencia, de ahí la
importancia que el Estado salvadoreño brinde seguridad
jurídica por medio de las acciones, leyes, sentencias y
políticas públicas.
Con el ánimo de contribuir al análisis del conflicto, el
presente documento pretende sintetizar los principales
acontecimientos, en el marco del acuerdo de accionistas
suscrito entre ambas partes para la generación de energía
eléctrica a partir del recurso geotérmico. Asimismo, se
señalan las principales consecuencias en el clima de
negocios y la seguridad jurídica del país, a partir del
Acuerdo Marco alcanzado entre las partes. El documento
termina con una serie de conclusiones que nos llaman a
la reflexión a todos los salvadoreños sobre qué debemos
hacer como país para evitar que este tipo de situaciones se
vuelvan a repetir.
II. CONFLICTO CEL/INE-ENEL
Es importante contextualizar en qué consistía la política
energética de los años 90 para entender mejor el caso.
De manera resumida, se puede decir que en este período
El Salvador buscaba proveer la infraestructura necesaria
para hacer frente al crecimiento de la demanda para el
suministro de energía eléctrica a través de la rehabilitación
y expansión de los sistemas de generación geotérmica y
transmisión mediante empresas especializadas, entre otros.
Esto llevó al Gobierno a tomar las siguientes acciones: i)
contratar un préstamo con el BID para ejecutar un proyecto
enfocado en el desarrollo eléctrico del país; ii) aprobar la
Ley General de Electricidad en 1996, como marco normativo
para incentivar la inversión privada en las distintas
actividades del sector energético, en aras de buscar el
desarrollo de un mercado competitivo en las actividades
de generación, transmisión, distribución y comercialización
de energía eléctrica; iii) crear la SIGET, como ente regulador
del sector eléctrico y de telecomunicaciones, con facultad
para otorgar las concesiones de generación de energía
eléctrica a partir de los recursos hidráulicos y geotérmicos; y
iv) reestructurar la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río
Lempa (CEL), a efecto que las actividades de mantenimiento
del sistema de transmisión y operación del sistema de
potencias fueran realizadas por entidades independientes
y que las de generación fueran realizadas por el mayor
número posible de operadores.
Como parte de esta nueva etapa, GESAL S.A. de C.V. (ahora
LaGeo S.A. de C.V.), fue una de las empresas creadas por
el Gobierno para generación de energía geotérmica, para
lo cual recibió de la SIGET la concesión para explotar este
recurso natural. En 2001, en aras de hacer más competitivo
el sector eléctrico con precios más bajos y ante la
realidad que existían limitados recursos presupuestarios,
el Gobierno buscó un socio estratégico que invirtiera en el
país. Fue así como en agosto 2001, se realizó una licitación
pública internacional para elegir al socio estratégico para
LaGeo. En abril 2002, se declaró ganador a la empresa
italiana ENEL, como socio inversionista de CEL, en LaGeo1
.
En base a la ley vigente en 2002, el Gobierno de El Salvador,
por medio de la CEL, firmó un acuerdo de accionistas con
ENEL, en el que se establecieron los mecanismos a través de
los cuales esta empresa, en su calidad de socio estratégico,
podía incrementar sus acciones en LaGeo S.A. de C.V., a
través de la generación y optimización de energía de fuente
geotérmica en una“inversión de riesgo”, lo que permitía
que el socio estratégico se convirtiera en el accionista
mayoritario mediante la capitalización de inversiones. Esta
estrategia permitió incrementar la inversión en generación
geotérmica, sin aumentar la deuda del Estado, al mismo
1 ENEL es un actor relevante del mercado energético en Europa y América Latina,
con operaciones en 40 países alrededor de 4 continentes. En cuanto a energía, la
empresa administra 750 plantas con una capacidad instalada de 8,883 MW a partir de
fuentes renovables (sol, viento, hidroeléctrica, geotermia y biomasa), y atiende a más
de 10 millones de familias en 16 países en Europa y América Latina. Asimismo, cuenta
con experiencia en el aprovechamiento de la geotermia para la generación de energía
eléctrica, dado que inició sus labores en Italia, desde hace más de 100 años. ENEL es
un operador que cuenta con la capacidad de cubrir todo el ciclo desde la exploración,
la construcción y explotación de las plantas eléctricas. Fuente: Sitio web de Enel
Green Power, http://www.enelgreenpower.com/en-GB/doc/company/EGP_2013_eng.
pdf y http://www.enelgreenpower.com/en-GB/doc/plants/geotermia.pdf

3. tiempo que le generó utilidades. En 2006, CEL traspasó sus
acciones de LaGeo a la empresa Inversiones Energéticas
S.A. de C.V. (INE), subsidiaria de CEL, con cuestionamientos
sobre la base legal para realizar dicha actuación.
Entre 2004 y 2008, con ENEL como socio estratégico, la
generación de electricidad por geotermia en El Salvador, se
incrementó en 49.9%; pero también hay que destacar, que
mientras ha durado la disputa, desde 2008, el incremento
de la generación por esta fuente ha sido prácticamente
nulo (gráfica).
En octubre de 2008, ENEL inició un arbitraje internacional
ante la Cámara de Comercio Internacional (ICC por sus
siglas en inglés), alegando la falta de cumplimiento de los
compromisos adquiridos por parte de CEL, a través de su
subsidiaria INE, en el acuerdo de accionistas, ya que se le
estaba pidiendo renunciar al derecho de capitalizar sus
inversiones cuando este era el incentivo que se le ofreció
para hacer atractiva la inversión en el país para socios
estratégicos y con capital de riesgo. Pretender quitarle este
derecho, fue visto por ENEL como una violación al acuerdo
original. El arbitraje tuvo como resultado un laudo dictado
en julio de 2011 a favor de ENEL, obligando a CEL a cumplir
con los términos del Acuerdo en mención. Ante esto, CEL,
El Salvador: Generación de Energía Eléctrica
por Geotermia 1998-2014
Fuente:SIGETyUT.
haciendo uso de su derecho ante un laudo arbitral con el
que no estaba de acuerdo, en 2011 interpuso el recurso
de nulidad ante el Tribunal Administrativo de Primera
Instancia de París, argumentando falta de debido proceso
de parte de la Cámara de París (ICC). Posteriormente, en
2013, CEL/INE, frente a un resultado adverso del tribunal,
interpuso el recurso de“casación”ante la Corte de Casación
de Francia, y en septiembre de 2014, la Corte ratificó la
decisión del Tribunal Administrativo de Primera Instancia
y por ende de la Cámara de París (ICC), en la que ordenaba
a CEL/INE aceptar el programa de inversiones que quedó
establecido en el acuerdo de accionistas, entre otros
aspectos. En esta disputa que duró seis años, todas las
instancias legales dieron a ENEL la razón; la no aceptación
de las resoluciones de los arbitrajes y apelaciones fue un
mensaje muy contrario a lo necesario para obtener mayor
inversión extranjera directa.
En el ordenamiento jurídico salvadoreño, un laudo arbitral
extranjero, indistintamente de su contenido, tiene la
misma fuerza y validez que una sentencia judicial con
autoridad de cosa juzgada, e implica la posibilidad de exigir
su cumplimiento. El Estado, como garante del respeto al
Estado de derecho, es el primero llamado a cumplir con
todos los compromisos que adquiere de forma contractual
con cualquier inversionista, sea este nacional o extranjero,
ya que los acuerdos entre las partes son ley para ambos, y
de obligatorio cumplimiento.
El acatamiento de los laudos arbitrales es fundamental
para fortalecer la seguridad jurídica y dar certidumbre a
la inversión nacional y extranjera, por lo que la falta de
voluntad política por parte del Gobierno de El Salvador
de acatar las tres resoluciones antes mencionadas, fue
una señal negativa que generó desconfianza en el clima
de negocios ante la comunidad empresarial nacional
e internacional. Frente a la negativa de acatar dichas
resoluciones, ENEL interpuso arbitraje contra el Estado de
El Salvador por actos hostiles en su contra, en su calidad
3
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014200019991998
948.1
1,421.0
GWh
1,444.1

4. de inversionista, ante el Centro Internacional de Arreglo de
Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
Lo anterior ha implicado seis años de conflicto, en los que
primó un ambiente hostil en el clima de negocios, debido
a: la negativa del Gobierno de acatar los laudos arbitrales
internacionales; el incumplimiento a los compromisos
adquiridos por el Estado; y la falta de reglas claras para el
inversionista socio. Además, esta situación generó altos
costos para el Gobierno, debido a los arbitrajes que se
iniciaron contra el Estado y frenó la oportunidad de seguir
potenciando aún más la geotermia en el país.
III. ACCIONES DEL ESTADO
PARALELAS A LOS ARBITRAJES
El Estado de El Salvador llevó a cabo, de forma paralela a
los arbitrajes internacionales, una serie de acciones que
empeoraron la relación con ENEL, al ser medidas que fueron
usadas como pretexto para dilatar el proceso y no cumplir
con los laudos arbitrales. Estas medidas dejaron una huella
negativa en el clima de negocios y distaron de abonar a
un acuerdo que permitiera ponerle fin al conflicto. En los
siguientes párrafos hacemos una referencia narrativa a tres
casos que ejemplifican lo antes mencionado:
1. Primer caso: Criminalización de la política
energética de los años 90
La política energética fue criminalizada en 2013, al trasladar
el Estado la controversia con ENEL al campo judicial, bajo
acusaciones penales a los exfuncionarios involucrados en la
firma del acuerdo de accionistas entre CEL y ENEL2
.
Primero, el acuerdo de accionistas fue calificado por el
mandatario de turno como un“contrato amañado”y“estafa
2 Actuaciones que debilitan el Estado de derecho. Posición Institucional, FUSADES,
diciembre 2013.
disfrazada”, calificativos que preocuparon mucho, ya que no
existía sentencia condenatoria alguna que lo demostrara, e
incluso ni siquiera se había iniciado un proceso judicial para
determinar esta situación3
.
Luego, la FGR acusó a 21 personas, entre las que se
encontraban siete exfuncionarios de la Administración
Pública del expresidente Flores y exmiembros de la Junta
Directiva de LaGeo, por supuestas irregularidades en el
contrato en cuestión.
En noviembre de 2013, la FGR presentó un requerimiento
al Juzgado 7º de Paz, solicitando instrucción formal con
aplicación de medida cautelar de“detención provisional”
contra nueve personas, de las cuales seis fueron acusadas
en el grado de coautoría, dos en el grado de cómplices, y
una en el grado de instigador, todas en el delito calificado
provisionalmente como “peculado”. Si bien el juicio
apenas empezaba, mediáticamente los acusados fueron
condenados a priori por las declaraciones de los funcionarios
del Gobierno, sin haber sido vencidos en juicio.
Si bien las acusaciones mediáticamente eran fuertes, esto
fue desvirtuado en gran medida por las declaraciones
de la Jueza 7º de Paz, quien tuvo a su cargo la audiencia
inicial del proceso penal, y quien manifestó a la prensa que
“advierte que acusación de Fiscalía en CEL-ENEL“estaba
en crisis”y por ende decretó libertad condicional a los
procesados”4
.
Adicionalmente, la FGR ha calificado de ilegal la
transferencia de las acciones de CEL a INE en 2006; no
obstante, a la fecha no ha habido ninguna denuncia
por parte del Ministerio Público en este sentido. Este es
un punto medular que requiere aclararse, a efecto de
establecer si la transferencia de estas acciones en 2006
3 Fusades (2014). Quinto Año de gobierno del presidente Funes, Apreciación
general. Departamento de Estudios Políticos, FUSADES
4 Efren Lemus (25 de noviembre de 2013). Jueza advierte que acusación de Fiscalía
en CEL-Enel“está en crisis”y da libertad condicional a procesados. El Faro. Consultado
en: http://www.elfaro.net/es/201311/noticias/14041/
4

5. cabe dentro de los supuestos contemplados en la Ley
General de Electricidad.
Una contradicción importante de resaltar es que, debido a
que el Acuerdo Marco entre ENEL y el Gobierno de El Salvador
consiste en la venta de las acciones de ENEL, se asume que el
acuerdo de accionistas de 2002, que dio origen a la relación de
socio estratégico de ENEL en LaGeo, es legal y válido, ya que
de lo contrario, el Acuerdo Marco estaría viciado.
2. Segundo caso: Instrumentalización de las
instituciones del Estado para politizar el conflicto.
Durante el período del conflicto, se dieron ciertas acciones
por parte de las instituciones del Estado que minaron aún
más la relación con la empresa ENEL, entre estas cabe
mencionar:
»» La creación de la Comisión especial por la Asamblea
Legislativa5
, para investigar lo relacionado con el
contrato suscrito entre CEL y ENEL, en febrero de
2013, la cual fue el resultado de la presión que se
estaba generando desde el Órgano Ejecutivo, más
las presiones que se originaban del partido oficial y
sus aliados.
En agosto de 2013, la Comisión especial de la Asamblea
Legislativa entregó a la FGR el informe que elaboró, dándole
la razón al Gobierno de El Salvador y manifestando que el
contrato era lesivo para el país. En el mismo recomendó
investigar el posible enriquecimiento ilícito de varios de
los funcionarios públicos y de los miembros de la Junta
Directiva de LaGeo, de la época en la que se concesionó la
explotación de la geotermia.
El informe presentaba muestras de parcialidad, al hacer
valoraciones eminentemente políticas, y dejando de lado
5 Comisión Especial Para Investigar Todo lo Relacionado al Contrato Suscrito Entre
hoy CEL y la Empresa Italiana ENEL Green Power, en la Administración del Entonces
Presidente de la CEL, Guillermo Sol Bang, en el Mandato Presidencial de Francisco
Flores Pérez.
los aspectos técnicos y estrictamente legales. Una muestra
de ello es que no abordaba el traspaso que hizo CEL a INE
en el año 2006 de su totalidad de acciones en LaGeo. Este
es un punto medular que el informe debió contemplar para
que se aclare si dicho traspaso fue legal.
Cabe destacar que si bien el informe de la Comisión no era
vinculante, sumó al impasse que estaba aconteciendo con
ENEL.
»» Interposición de demandas de nulidad del contrato
firmado entre CEL y ENEL, ante la Sala de lo
Contencioso Administrativo de la Corte Suprema
de Justicia, en mayo 2013, alegando que fue una
“privatización disfrazada”, que permitió enajenar
bienes del Estado sin autorización de la Asamblea
Legislativa. El 7 de diciembre de 2013, la Sala admitió
el recurso de nulidad del contrato suscrito entre CEL
y ENEL y ordenó suspender el acto reclamado. A la
fecha el proceso no ha concluido.
Al mismo tiempo, el Presidente de la República criticó
fuertemente el acuerdo de accionistas entre CEL y ENEL y
lo calificó como“una privatización encubierta”, que debió
contar “con una autorización legislativa”, pese a que la
Asamblea Legislativa había aprobado ya en 1996 la Ley
General de Electricidad, que fue el asidero legal en ese
entonces vigente, para efectuar la configuración accionaria
de GESAL y LaGeo y que fue CEL quien traspasó sus
acciones a INE en 20066
.
Además, se han presentado dos demandas más, una de
ellas ya fue admitida y la otra aún no. La presentación de
estas demandas de nulidad del contrato, fueron actos que
sumados a los anteriores, buscaban dilatar el cumplimiento
de los laudos arbitrales y utilizar mecanismos legales como
excusa para atrasar la responsabilidad de acatar lo ya
resuelto por la vía del arbitraje.
6 Fusades (2014). Quinto Año de gobierno del presidente Funes, Apreciación
general. Departamento de Estudios Políticos, FUSADES
5

6. Lo anterior lleva a la reflexión que si el contrato que había
firmado CEL con ENEL era considerado nulo o inclusive
lesivo, ¿por qué no se alegó antes? La Ley de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa, en su Art. 8. establece la
posibilidad de alegarlo, y dispone que:“La Administración
Pública podrá demandar la ilegalidad del acto administrativo
firme dictado por ella misma generador de algún derecho
siempre que el órgano superior de la jerarquía administrativa
que lo originó haya declarado previamente mediante acuerdo,
que es lesivo al interés público. Este acuerdo deberá ser
emitido dentro de los cuatro años siguientes a la fecha en que
se originó el acto impugnado. El acuerdo de lesividad será
publicado en el Diario Oficial.”
No obstante existir la vía legal para hacerlo, esto nunca se
alegó. El Gobierno tuvo cuatro años desde 2002, año de la
suscripción del acuerdo de accionistas entre CEL y ENEL, y
pasaron dos administraciones, la del expresidente Francisco
Flores y la del expresidente Antonio Saca, pero ninguna hizo
uso del derecho de declarar lesivo el contrato ni presentó
una demanda de nulidad al respecto. Tampoco se alegó
la inconstitucionalidad de la Ley General de Electricidad
que amparaba las actuaciones de los funcionarios ahora
acusados por la FGR, y fue hasta 2012, cuando la Sala de lo
Constitucional resolvió una demanda sobre el otorgamiento
de las concesiones y determinó que sus efectos serían para
vigentes y futuras concesiones.
3. Tercer caso. Campaña mediática del Gobierno en
la que se tergiversó el concepto de“soberanía
nacional”.
El Gobierno inició una campaña mediática en contra de
ENEL, alegando que este conflicto se daba en torno a la
defensa de la soberanía nacional, cuando la soberanía
nacional nunca estuvo en discusión porque siempre ha
estado en manos del Estado.
El primer punto medular para entender por qué la
“soberanía nacional”nunca estuvo en riesgo al tener a ENEL
como socio estratégico, parte de aclarar que la concesión
para la generación de energía a partir de la geotermia la
tenía y siempre la ha tenido LaGeo, y no ENEL directamente.
Este punto es vital, ya que ENEL fue invitado al país como
socio estratégico de LaGeo, en calidad de accionista, nunca
fue invitado como concesionario y nunca recibió una
concesión de parte del Gobierno de El Salvador. De acuerdo
a la Ley General de Electricidad que estaba vigente en el
momento de la concesión a LaGeo, en su Art.5 disponía
que “La generación de energía eléctrica a partir de recursos
hidráulicos y geotérmicos, requerirán de concesión otorgada
por la SIGET de conformidad con las disposiciones de la
presente Ley… “ y así fue, la SIGET fue quien otorgó la
concesión a LaGeo para que esta explotara el recurso natural
de la geotermia. Hasta el 2012 se establecen nuevas
reglas para el otorgamiento de concesiones en materia
de geotermia, vía la sentencia 28-2008 de la Sala de
lo Constitucional, disponiendo que en el caso de ser
concesiones de bienes nacionales, deberá ser la Asamblea
Legislativa quien las otorgue, por un plazo determinado.
Si bien ENEL podría convertirse en socio mayoritario de
LaGeo, porque así fueron las condiciones que se pactaron
en el acuerdo de accionistas, esto no quiere decir que
ENEL podría volverse dueño del vapor salvadoreño, ya
que un principio básico de las concesiones es que el
bien nacional que se concesiona a un particular nunca
sale de la propiedad del Estado. Este queda de garante y
fiscalizador de la concesión que ha otorgado. El subsuelo es
intransferible, y el caso en particular no es la excepción.
Otro punto fundamental a destacar es el hecho que el
acuerdo de accionistas firmado entre CEL y ENEL, en su
artículo 13 establece los derechos que iban a regir para
6

7. el socio minoritario, fuera este CEL o ENEL. Lo importante
de destacar es el hecho que si ENEL se convertía en socio
mayoritario, CEL no quedaba bajo ninguna perspectiva
desprotegida, ya que quedaría con una posición minoritaria
fuerte. Este artículo establecía que las decisiones que
tomara la Junta Directiva en temas medulares debían
contar con el voto favorable del Director o de los Directores
electos por quien era el socio minoritario. Ejemplos de estas
decisiones eran: nombrar o remover al Gerente General;
autorizar cualquier erogación u obligación de más de
750,000 dólares; gravar o enajenar bienes o derechos de la
sociedad, hacer cambio sustancial en el giro de la sociedad,
modificar la política de dividendos, entre otras. Es decir,
que el socio minoritario nunca quedaba desprotegido y el
mismo acuerdo le respaldaba su derecho de veto. Permitir
la mayoría a ENEL no era darle un cheque en blanco, todo lo
contrario, esta mayoría tendría límites importantes como lo
regulaba el mismo acuerdo de accionistas.
No obstante la aclaración anterior, el Gobierno mantuvo
una campaña en la que se alegaba que el acuerdo de
accionistas suscrito con ENEL vulneraba la soberanía
nacional y que esta estaba en riesgo al permitirse que ENEL
se convirtiera en socio mayoritario. Esto fue repetido y
retomado de forma periódica en el sitio de Transparencia
Activa, que es el medio estatal adscrito a la Subsecretaría
de Transparencia y Anticorrupción de la Secretaría para
Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la República. Esta
campaña mediática desinformaba sobre el caso en cuestión
y se dedicaba básicamente a replicar las acusaciones
del mandatario en turno. Asimismo, como parte de esta
ola mediática, el mandatario vertió declaraciones que
vulneraban el derecho de presunción de inocencia de los
exfuncionarios acusados por la FGR, sin haber sentencia
condenatoria aún, y esto llevó a que los acusados señalaran
que se trataba de una“persecución política”7
.
7 Fusades (2014). Quinto Año de gobierno del presidente Funes, Apreciación
general. Departamento de Estudios Políticos, P. 63
Los tres casos antes mencionados, fueron un ejemplo
del mal manejo que se dio por parte del Gobierno al
conflicto entre CEL-ENEL, que lejos de abrir puertas para
solventarlo, solo contribuyó a deteriorar la relación entre
ambos, dejando consecuencias importantes en el clima de
negocios de El Salvador.
IV. PRINCIPALES CONSECUENCIAS
DELCONFLICTOCEL-ENEL
Seis años de conflicto entre CEL-ENEL dejaron en el país
secuelas importantes, que han tenido un efecto directo en
el clima de negocios y en la capacidad de presentarnos a
nivel internacional como un lugar atractivo y confiable
para invertir. A fin de evitar en el futuro el mal manejo de
controversias contractuales, a continuación se presentan
cinco reflexiones sobre las consecuencias que el conflicto
en mención dejó en el país. Los impactos más adversos son:
1. La falta de voluntad del Gobierno para“cumplir los
laudos arbitrales”, minó la confianza para invertir
en el país. El incumplimiento de un laudo arbitral
en un país va en contra de la política de promoción
de inversiones, ya que afecta y deteriora la confianza
de los inversionistas en el Estado. Siendo el caso
que el arbitraje internacional es el mecanismo que
usualmente eligen los inversionistas al establecer una
nueva inversión en un país extranjero, la negativa a
cumplir un laudo arbitral afecta el clima de inversión
y genera inseguridad jurídica en los mismos. Si un
Estado es incapaz de cumplir sus propios compromisos
contractuales y respetar las reglas del juego por medio
de las cuales pretende atraer capitales extranjeros,
menos tendrá capacidad para velar porque otros
lo hagan. Por ende, al haberse negado el Estado
salvadoreño a cumplir los laudos arbitrales y haber
7

8. recurrido a medidas dilatorias para no acatarlos, se
generó un ambiente de desconfianza y poca credibilidad
en el país como un destino seguro para invertir.
2. La politización del conflicto entre El Salvador y
el inversionista dejó una huella negativa en la
comunidad internacional. El país podrá progresar en
la medida en que tenga un Estado de derecho fuerte,
responsable de cumplir sus obligaciones contractuales.
La politización de un conflicto entre un inversionista
y el Estado, en donde este hace uso de su capacidad
política e influencia mediática, es una causal para
generar desconfianza en la comunidad internacional,
lo cual afecta negativamente y en forma perdurable la
reputación del país. El haber politizado un conflicto
contractual y haber criminalizado la política energética
de los años 90 para sancionar penalmente a los
funcionarios de turno y representantes del inversionista
que actuaron de acuerdo a las leyes vigentes del
momento, es contrario a una política de Estado, en la
que se tiene interés en abrir el mercado a la comunidad
internacional y hacer alianzas estratégicas con
inversionistas extranjeros.
3. Dificulta la posibilidad de invitar a un nuevo socio
estratégico de clase mundial. Solo cumpliendo y
honrando los compromisos adquiridos, se puede
garantizar la seguridad jurídica y dotar de fuerza el
sistema democrático y el Estado de derecho del país.
La reconstrucción de la confianza es un trabajo más
difícil que si solo se trata de mantenerla. Al haber el
Estado incumplido el acuerdo de accionistas y haberse
negado a acatar los laudos arbitrales, se ha cerrado las
puertas para poder invitar a un nuevo socio a ser parte
de un proyecto estratégico como es la generación de
energía eléctrica a partir de la geotermia. Lo actuado
podría conducir a que los socios que busquen al país
van a querer cobrar un“premium”(un precio más
elevado) por el mayor riesgo de país. La inversión y
tecnología extranjera que fluye al mundo emergente es
esencial para la generación de riqueza y desarrollo. No
obstante que El Salvador desee atraer tecnología e
inversión extranjera en función de una clara visión de
su futuro, debe reconocer que se compite con otras
naciones que desean lo mismo, y que por tanto,
situaciones como la que se dio entre CEL y ENEL
bloquean este objetivo. Asimismo, estas acciones
debilitan los esfuerzos para incrementar la inversión en
infraestructura por la vía de asocios público privados,
ya que deja en signo de interrogación la voluntad del
país para cumplir compromisos.
4. Se perdieron seis años para invertir en geotermia.
Se tuvo que esperar seis años para que el país tomara
la decisión que el diálogo era una opción válida. Si bien
se firmó un acuerdo de adquisición de las acciones
en manos de ENEL, este acuerdo no es lo que al país
más le convenía. Un acuerdo en el que no hay un
verdadero “ganar-ganar”no puede llamarse el mejor
acuerdo. Si bien el Gobierno lo ve como el final de un
conflicto, para los salvadoreños puede significar la
pérdida de oportunidad de ampliar la matriz energética
con recursos externos sin endeudar al Estado, reducir
el costo de la energía eléctrica, y mejorar así la
competitividad del país.
5. Se perdieron US$415 millones en Inversión
Extranjera Directa (IED) en el sector eléctrico. Al
sumar los US$127.4 millones que ENEL deseaba invertir
a condición que se capitalizara en acciones -pero
que ya no se permitió que los invirtiera- y US$287.6
millones que LaGeo pagó a ENEL el 12 de diciembre
de 2014, el país perdió US$415 millones en IED, lo
cual es contrario a los esfuerzos para crear empleos
y mayor bienestar en el país. Esto en un contexto
en que El Salvador es el país que menos IED recibe
8

9. en Centroamérica desde 2010; y también, en un
momento en el que hasta septiembre de 2014, la
entrada de IED es la más baja del país desde 2011. En
el sector de energía eléctrica, la IED en El Salvador
se ha estancado desde 2011 (gráfica). Esto solo mide
el impacto directo de estas transacciones, pero no
alcanza a dimensionar potenciales inversiones que
no se realizarán por el mensaje que se está enviando.
Además, no incluye los costos en que incurrió el
Estado por arbitrajes y procesos legales. Por otra
parte, no puede dejar de manifestarse el grave
daño que causó a la competitividad de las industrias,
elevando el riesgo país, así como a los hogares de
las familias salvadoreñas, ante los altos precios de la
energía, por no haber ampliado la matriz energética
con otras fuentes de energía que se podrían haber
traducido en menores costos.
El Salvador: IED en Suministro de Energía
Eléctrica. 2005-2014
(Saldos en millones de US$)
Fuente:BCR.
V. CONCLUSIONES
El Salvador debe revertir el bajo crecimiento económico, baja inversión y empleo,
inseguridad ciudadana y un clima de negocios deteriorado; pero esto solo se logrará en
la medida que cuente con las condiciones de seguridad jurídica suficientes para inspirar
confianza a los inversionistas, sobre que en el país sí se pueden hacer negocios.
Luego de esta situación desgastante que vivió el país, el Gobierno enfrenta un reto
fundamental de mandar las señales y demostrar con acciones concretas que la forma
en la que se manejó este caso, no será la manera como se tratará a los inversionistas en
el país. El Gobierno debe dar la garantía que acciones pasadas, como las sucedidas en
el conflicto CEL-ENEL, no volverán a repetirse. Si bien se cierra un capítulo, hoy se abre
otro en el cual como salvadoreños tenemos la necesidad de que se den las condiciones
óptimas para generar la inversión necesaria en el país, a efecto de que en sectores
estratégicos como la energía se amplíe su oferta.
0
200
400
600
800
1,000
1,200
I-05 I-06 I-07 I-08 I-09 I-10 I-11 I-12 I-13 I-14
Electricidad (eje izquierdo)
9

10. En este sentido, se plantean diez conclusiones ante el reciente conflicto entre CEL-ENEL y
los temas medulares que deben atenderse, para evitar que este tipo de situaciones se
vuelvan a dar en el país:
1. La seguridad jurídica es esencial para todo inversionista, tanto local como internacional,
y un aspecto clave de seguridad jurídica es contar con reglas del juego sostenibles,
claras y perdurables.
2. La institucionalidad del país es fundamental para dirimir conflictos que surjan a raíz
de la falta de acuerdos o incumplimientos contractuales, su rol imparcial, técnico y
transparente es fundamental para generar confianza y certeza a los inversionistas.
3. El Estado puede ejercer sus responsabilidades como rector de los sectores claves de
la economía del país, y no por ello necesita ser dueño de los elementos productivos que
constituyen el sector para ejercer su rol fundamental de regulador.
4. Por mandato constitucional, si bien el Estado es propietario de los recursos naturales
del país, también está habilitado para concesionar o delegar la explotación de los mismos,
respetando el interés público y los fines del Estado.
5. Para el desarrollo sostenible del sector energético en el país se requiere de una
planificación estratégica de mediano y largo plazo, una política energética definida, de
una institucionalidad fuerte y transparente, y una regulación que invite y promueva la
inversión de socios con experiencia internacional relevante, para una eficaz explotación de
los recursos naturales del país. En este sentido, es importante que la Asamblea Legislativa
regule cuanto antes, cómo deben otorgarse las concesiones en materia de generación de
energía geotérmica, en cumplimiento a la sentencia de inconstitucionalidad 28-2008.
6. La estrategia nacional en el sector eléctrico debe fomentar y producir energía por
medio de un balance entre fuentes renovables y no renovables, con el fin de proveer
electricidad a la sociedad al costo más bajo posible, compatible con la mejora continua
y eficacia del sistema.
7. De acuerdo a las mejores prácticas internacionales en la regulación de los ingresos
provenientes de recursos naturales y recomendaciones de organismos internacionales,
se requiere un mecanismo transparente y de rendición de cuentas de la entidad
responsable de la generación de geotermia en el país. En este sentido, es necesario
10

11. Edificio FUSADES, Bulevar y Urb. Santa Elena, Antiguo Cuscatlán,
La Libertad, El Salvador • Tel.: (503) 2248-5600, www.fusades.org
que INE S.A. de C.V., en su calidad de subsidiaria de CEL, y accionaria importante de
LaGeo, sea fiscalizada por la Corte de Cuentas de la República, ya que maneja fondos
provenientes de la explotación de un recurso natural que le pertenece al Estado
salvadoreño.
8. Debe impedirse categóricamente el uso indebido del poder que otorgue el ejercicio
de un cargo público para amedrentar a los inversionistas a través de acciones abusivas.
Debe evitarse que se use indebidamente dicho poder, criminalizando una política pública.
La estabilidad política que requiere toda inversión pasa por reglas claras y estables y,
principalmente, por la garantía que las únicas reglas aplicables serán las establecidas en el
contrato que hayan suscrito el Estado y los privados.
9. La verdad acerca de si este acuerdo que pone fin al conflicto, fue positivo o negativo
para el país, la veremos dentro de unos años. Si resulta que en ausencia de un socio
estratégico de gran capacidad y experiencia técnica, y en ausencia de capital para invertir,
el efecto es que el sector energético se vea estancado y los márgenes de ganancias siguen
sin ser auditados por la Corte de Cuentas y demás instituciones de control del Estado, el
resultado habrá sido negativo.
10. Finalmente, es importante reiterar que para los salvadoreños es vital contar con un
compromiso firme de parte del Estado de transparentar el Acuerdo Marco firmado con
la empresa ENEL, a fin de dar a conocer su contenido y alcance. Asimismo, constituiría un
precedente importante de apertura, claridad, transparencia y rendición de cuentas, que es
fundamental en sectores estratégicos como la generación de energía geotérmica, donde el
recurso natural concesionado pertenece a todos los salvadoreños.