Este documento compara el proceso civil y constitucional, resaltando 3 puntos clave: 1) Tradicionalmente, los procesos constitucionales seguían las reglas del proceso civil a pesar de tutelar derechos diferentes. 2) El Código Procesal Constitucional de 2004 introdujo reglas procesales únicas para los procesos constitucionales. 3) Estas nuevas reglas procesales constitucionales son distintas al proceso civil y deben ser entendidas para una adecuada defensa de los derechos fundamentales

1. ANÁLISIS COMPARATIVO DEL PROCESO CIVIL Y CONSTITUCIONAL
(Las “nuevas reglas procesales” sui generis del Código Procesal Constitucional)
(*) Por: Dr. Roberto Alfaro Pinillos
(*) Abogado litigante, catedrático universitario e investigador. Abogado egresado
de la U. de LIMA. Estudios de Maestría y Doctorado en Derecho - Escuela de
Postgrado Fac. de Derecho y CC.PP. de la UNMSM. Arbitro del Ilustre Colegio de
Abogados de Lima.Pasantía en investigación jurídica en la PUCRG de Rio Grande
do Sul y U. Luterana en Porto Alegre - BRASIL. Catedrático en la Fac. de Derecho
y CC.PP. de la UIGV y en la Escuela de Postgrado - USMP. Autor de más de 12
obras sobre derecho procesal y comercial publicadas con las mejores editoriales de
Lima y provincia. Conferencista en Lima y provincias.
E.mail: ralfaropinillos@yahoo.com.ar
“A aquellos valientes, sacrificados y muy respetados MAGISTRADOS que día a día
creanderecho y hacen una “justicia viva” contribuyendo a una paz con justicia social.”
SUMARIO:
Introducción. I) Constitución Política. II) Derecho procesal constitucional. III) El
Código Procesal Civil como “fuente supletoria principal” del CPConst. IV)
Justificación para elaborar el código procesal constitucional. V) Beneficios del
Código Procesal Constitucional. VI) Fines de los procesos constitucionales. VII)
Tipos de procesos constitucionales. VIII) Procesos constitucionales de la libertad y
orgánicos (aspectos procesales). IX) Sistemas de control de la constitucionalidad.
X) ¿Los procesos constitucionales son “procesos excepcionales o residuales”?. XI)
Características de los procesos constitucionales en CPConst. XII) Etapas del
proceso civil (u ordinario). XIII) Etapas del proceso constitucional. XIV) Principios
procesales de los procesos constitucionales. XV) Presupuestos de los procesos
constitucionales. XVI) Reglas de oro de los procesos constitucionales. XVII) La
interpretación constitucional. XVIII) Diferencias procesales entre los procesos
civiles y constitucionales.
INTRODUCCION.
Si bien el derecho procesal civil es la principal fuente doctrinaria en materia procesal para
el Derecho, el Código Procesal Civil (CPC) viene a ser la principal fuente normativa para
los demás ordenamientos procesales, siempre que sean compatibles con su naturaleza.

2. Desde el inicio y aparición en los 80´s de los procesos constitucionales con la
Constitución Política de 1979 (que contenía 4 procesos constitucionales: 1. De Hábeas
corpus, 2. De Amparo, 3. De Inconstitucionalidad y 4. De Acción popular) y con la Carta
magna de 1993 (que introdujo 3 procesos constitucionales más: 5. Hábeas data, 6. De
cumplimiento y 7. Conflicto de atribuciones y competencias), se contaba con siete
procesos o garantías constitucionales para la defensa de los derechos fundamentales y la
jerarquía constitucional. Pero. Estos 7 procesos constitucionales, tenían un rasgo común y
muy marcado, que consistía en que “el modo de preparar el caso, tramitarlo, resolverlo y
ejecutar la sentencia se hacía con los criterios conceptuales y reglas procesales (ratio
juris) de un proceso civil”. El proceso civil se creo y está pensando para tutelar
exclusivamente derechos civiles; es decir, de naturaleza privada o individual y
básicamente patrimonial. Y esto se ha seguido haciendo incluso hasta inicios del SXXI;
pero, todo esta “tradicional praxis procesal” ha finalizado con la entrada en vigencia del
Código Procesal Constitucional (CPConst.) mediante la Ley No. 28237 (publicada el
31-05-04) el 01 de diciembre del 2004 luego de una vacatio legis de 6 meses.
Nadie puede dudar o desconoce, el enorme cambio que introduce el nuevo Código
Procesal Penal en la praxis procesal penal, y de un proceso escrito se pasa a un proceso
netamente oral, y ello exige un gran cambio y adecuación a una nueva mentalidad (pues,
se introduce un nuevo ratio juris) para hacer las cosas de otro modo (ahora usando la
litigación oral) como se venían haciendo hasta ahora (antes por litigación escrita).
De modo similar, la vigencia del CPConst. introduce un “nuevo modo” de praxis de los
procesos constitucionales que abarca tanto la preparación del caso, su tramitación, su
resolución y hasta la ejecución de su sentencia con rasgos muy singulares y únicos,
conforme los nuevos y exclusivos criterios y reglas procesales (ahora sí) acordes al tipo
de derecho a proteger, que es de naturaleza constitucional. Es decir, actualmente el ratio
juris para litigar ahora en materia constitucional, es muy distinta que la del proceso civil.
Lo preocupante, es que el grueso o mayoría de abogados en el Perú, y sobretodo nos
referimos a los litigantes de los procesos civiles, hasta ahora lo desconocen este gran
cambio (vigente desde diciembre del 2,004). Y cuando, pretenden tramitar un proceso
constitucional conforme el CPConst. del modo tradicional como lo venían haciendo
(conforme al ratio juris del proceso civil); se estrellan contra la pared, y tienen muchas
adversidades procesales, incluso hasta para lograr admitir su demanda o realizar una
adecuada tramitación, o lo peor pierden el caso por desconocimiento de esta “nueva
praxis procesal constitucional” (pero no solo se perjudica a su cliente, sino a toda la
sociedad, porque al afectarse un derecho constitucional [derecho fundamental] se afecta a
toda la sociedad en su conjunto (p.e., en un amparo contra discriminación racial o
contaminación ambiental).
El objetivo de este pequeño y breve artículo es doble: a) Llamar la atención sobre este
grave desconocimiento de la “nueva praxis procesal constitucional” y b) Divulgar algunos
de los principales cambios en reglas procesales en materia constitucional. Todo ello,
como apoyo a nuestros distinguidos colegas para una más oportuna y efectiva defensa de
los derechos fundamentales y la jerarquía constitucional en beneficio del Perú. Por ello,
para poder entender –más fácilmente– las nuevas reglas procesales sui generis en el
Código Procesal Constitucional (presentadas de modo comparativo con el CPC, para ser

3. más didácticos); era necesario previamente desarrollar (aunque sea concisa, pero
esquemáticamente) la naturaleza jurídica y principales instituciones del proceso
constitucional a la luz del nuevo CPConst. …Esperamos haber logrado ambos objetivos.
I. CONSTITUCIÓN POLÍTICA.
También se le conoce como «ley madre, principal o básica» o «carta magna». Para
LOWESTEIN la Constitución, «es una acepción moderna. Es el documento destinado a
limitar el poder del Estado. De lo que se trata es evitar la concentración de poder; pero a
su vez, establecer mecanismos de coordinación entre los distintos poderes». K. WHEARE
sostiene, «la Constitución es el conjunto de normas legales y extralegales (costumbres),
que determinan el funcionamiento de un país». Ley fundamental de la organización de un
Estado. Forma o gobierno que tiene cada Estado. Se considera a la Carta Magna (1215)
como el antecedente más remoto de las actuales constituciones; por la cual, los nobles
ingleses limitaron el poder (antes absoluto) del rey Juan Sin Tierra.
La Constitución es la ley o conjunto de reglas fundamentales que rigen la
organización de un Estado y que tienen que ser establecidas por la nación misma, sea por
votación o por aplicación, indiscutida y respetada, de la costumbre.
La Constitución es el conjunto de reglas que limitan el poder del Estado en defensa
del ciudadano (es decir, dichas leyes o reglas tienen por finalidad fijar y limitar las
facultades que el pueblo impone a los gobernantes que elige). Este concepto de
Constitución es el que tiene su origen en las revoluciones norteamericana y francesa, y
que luego siguen todos los pueblos civilizados de Europa y de América, salvo aquellos
países donde se interrumpe la normalidad constitucional por gobiernos de facto o
regímenes totalitarios.
De forma didáctica, las normas constitucionales en los diversos modelos políticos,
pueden agruparse en cinco grupos:
1. P: Derechos y obligaciones de las Personas (naturales y jurídicas);
2. E: Derechos, obligaciones y organización del Estado;
3. G: Garantías Constitucionales (poco o nula en regímenes socialistas)
4. E: Régimen Económico del país, y
5. R: Normas sobre la Reforma de la Constitución.
Ejemplo: Según el Art. 51 y 138 de la Constitución Política que establece el Principio
de Jerarquía de las Normas, la Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley,
sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente.
II. DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL.

4. La disciplina del Derecho Procesal Constitucional también se le denomina “justicia
constitucional”, “control constitucional” entre otros. Incluso algunos la confunden con la
“jurisdicción constitucional”.
El Derecho Procesal Constitucional, al decir del eximio profesor mejicano Héctor Fix
Zamudio, tiene por objeto el estudio del esquema de la defensa y control de la
Constitución y de los mecanismos de protección de los Derechos Fundamentales.
Samuel Abad Yupanqui señala que, el Derecho Procesal Constitucional es
una joven disciplina que estudia los procesos constitucionales y los órganos
jurisdiccionales encargados de resolverlos (en el caso peruano, únicamente
el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional).
Así, el Derecho Procesal Constitucional se ocupa del estudio de las procesos
constitucionales (también llamados «garantías constitucionales») como son el proceso de
hábeas corpus, de amparo, de hábeas data, de cumplimiento, de acción popular, de
inconstitucionalidad y proceso competencial previstos en la Constitución Política de 1993;
las cuales, consisten en instrumentos procesales que sirven para efectivizar el respeto de
la jerarquía normativa que señala la Carta Magna («control de la constitucionalidad») y el
respeto y cumplimiento de los derechos humanos, sociales y económicos que la Carta
Magna establece.
El Derecho Procesal Constitucional se funda en la Constitución Política del Estado;
pero, no nace de ésta, aunque en ésta existan normas de naturaleza procesal. Nace
únicamente cuando se dictan las normas procesales especiales que regulan los procesos
constitucionales («garantías constitucionales»), mediante los cuales deben resolverse
conflictos de violación de derechos constitucionales.
El Derecho Procesal Constitucional no debe confundirse con el Derecho
Constitucional Procesal, pues éste último solamente estudia las disposiciones referidas a
la administración de justicia en general (p.e., el Art. 139 «Principios y derechos de la
función jurisdiccional» o «garantías procesales» de la Constitución Política del Estado).
La primera persona que uso el término Derecho Constitucional Procesal en el mundo
iberoamericano fue Niceto Alcalá-Zamora y Castillo en su notable obra «Proceso,
Autocomposición y Autodefensa» (Imprenta Universitaria, México, 1947; pp. 206 y 207).
Se precisa que el pionero en América (y segundo en iberoamérica), en denominar a
esta nueva disciplina «Derecho Procesal Constitucional» fue el insigne jurista mejicano
Héctor Fix Zamudio (discípulo directo de Alcalá-Zamora y Castillo) en la década de los
60`s en su clásica obra «El Juicio de Amparo (Edit. Porrúa, México, 1964) (y sigue
siguiendo el máximo difusor e investigador en este campo), quien a su vez lo tomo de la
obra del notable Hans Kelsen «La Justicia Constitucional».
Y la primera persona que utilizó el nombre de «Derecho Procesal Constitucional» en
el Perú fue el profesor Domingo García Belaunde en su libro «El Hábeas Corpus
Interpretado» editado por la Pontificia Universidad Católica del Perú en 1971.
Base legal: (C. Arts. 200-205)
III. EL CÓDIGO PROCESAL CIVIL COMO “FUENTE SUPLETORIAPRINCIPAL” DEL
CPCONST.

5. Las normas de derecho procesal civil contenidas principal y básicamente en el Código
Procesal Civil (CPC) constituyen casi el 85% de las normas procesales que integran el
Código Procesal Constitucional (CPConst.) Y solo un 15% de las disposiciones del
(CPConst.) son normas o reglas procesales propias y especiales (sui géneris) del derecho
procesal constitucional; y de aquellas, la mayoría (aproximadamente un 60%)
corresponden a la parte general de los procesos constitucionales.
¿Cómo debe proceder el juez constitucional en caso de vacío o defecto procesal?
Frente a tal supuesto, el CPConst. propone la siguiente solución:
“ARTÍCULO IX.- Aplicación supletoria e integración.
En caso de vacío o defecto de la presente ley, serán de aplicación supletoria los
Códigos Procesales afines a la materia discutida, siempre que no contradigan los
fines de los procesos constitucionales y los ayuden a su mejor desarrollo. En defecto
de las normas supletorias citadas, el juez podrá recurrir a la jurisprudencia, a los
principios generales del derecho procesal y a la doctrina.”
Y el juez constitucional ante una situación de vacío o defecto normativo del
CPConst., debe aplicar (de modo imperativo) supletoriamente aquellos “Códigos
Procesales afines” a la materia discutida. Más del 50% de los casos o procesos
constitucionales tienen aplicación o contenido de índole civil-comercial; por ello, las reglas
procesales previstas en el CPC es la fuente normativa que debe aplicarse.
Ello, conforme la Primera Disposición Final (dentro de sus Disposiciones
Complementarias) del CPC que prescribe lo siguiente:
“PRIMERA.- Las disposiciones de este Código se aplican supletoriamente a los
demás ordenamientos procesales, siempre que sean compatibles con su naturaleza”.
Pero, es muy importante tener presente y recordar que la normativa supletoria (p.e.,
las normas procesal del CPC) se aplicará a un caso procesal constitucional; siempre y
cuando, dichas normas que no contradigan los “fines” propios de los procesos
constitucionales y los ayuden a su mejor desarrollo.
Señalamos que los fines de los procesos constitucionales” (previstos en el Art. II del
CPConst.), son los siguientes dos:
a) Garantizar la primacía de la Constitución (a través de los procesos
constitucionales “orgánicos o de legalidad”); y
b) Garantizar la vigencia efectiva o tutela de los derechos constitucionales (a través
de los procesos constitucionales “de la libertad”).

6. Y además se precisa, que justamente la “distinta y especial finalidad” que buscan
materializar y proteger los procesos constitucionales (a través de sus dos clases:
procesos constitucionales orgánicos y procesos constitucionales de la libertad) les otorga
una naturaleza jurídica propia, por lo que era necesario crear “reglas propias y
particulares de índole procesal” (distintas a la de otros procesos: civil, penal, laboral,
administrativo, etc.) de uso obligatorio para los siguientes actos o etapas procesales:
- La interposición de la demanda constitucional (p.e., Art. 42 último párrafo
CPConst.),
- La tramitación de la demanda constitucional (p.e., Arts. 9 y 13 CPConst.),
- Al momento de resolver la demanda constitucional (p.e., Art. 3 CPconst.),
- La ejecución de la resolución constitucional (p.e., Art. 22 CPconst.),
- La aplicación de las medidas cautelares (p.e., Art. 15 CPConst.), y
- Los criterios de interpretación (p.e., Arts. V y VI CPConst.).
Por ello, las normas supletorias (a aplicar ante vacío o defecto del CPConst.) no
pueden desconocer o chocar con principios o reglas propias de los procesos
constitucionales, p.e.: En el caso de los “procesos constitucionales de la libertad” el fondo
del asunto prevalece sobre la forma procedimental (en tanto y en cuanto, no se perjudique
a la parte actora o demandante); y tratándose de los “procesos constitucionales orgánicos
o de la legalidad”, el cumplimiento de la formalidad prima sobre el asunto de fondo.
La enunciación de estos dos “fines esenciales” (cuales son, garantizar la primacía de
la Constitución y garantizar la tutela de los derechos constitucionales), establece dos
criterios fundamentales que guiará –y condicionará– la debida interpretación y aplicación
de las normas referidas a los procesos constitucionales (incluyendo las normas
procesales supletorias a utilizar); precisando “su real espíritu pero sobretodo su verdadero
alcance práctico”. Con ello, se busca alcanzar la oportuna, adecuada y efectiva vigencia
de los derechos y efectos que emanan de las normas constitucionales. Los magistrados
tienen ahora una brújula o criterio importante que los guiará para materializar y acercarse
cada vez más a una “real justicia constitucional”.
IV. JUSTIFICACIÓN PARA ELABORAR EL CÓDIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL.
Era necesario hacer un replanteo total de las garantías o procesos constitucionales
que se reflejase en un nuevo texto normativo. Así, el Código Procesal Constitucional
(CPConst.) reúne en un solo texto las garantías constitucionales y aborda, además, los
procesos de competencia; es decir, cuando surgen organismos del Estado que discrepan
respecto de los alcances de sus competencias.
Así, la acción de hábeas corpus, la acción de amparo, la acción de hábeas data y la
acción de cumplimiento, la acción popular, la acción de inconstitucionalidad y el conflicto
de competencia, constituyen “siete acciones de garantía” que han sido recopiladas en un

7. texto único, orgánico y sistemático que viene a ser el presente Código, con el fin de que
tenga realmente un real y positivo efecto procesal en la administración de justicia que
tanto necesitamos mejorar. Precisando que, también –acorde con la moderna doctrina
procesal– ahora se les denomina “procesos” y ya no acciones.
En la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley Nº 09371 se sostiene que:
“Efecto de la Vigencia de la Norma sobre la Legislación Nacional: El presente
Proyecto de Ley Nº 09371 propone crear un Código Procesal Constitucional que
recoja todas las llamadas “acciones de garantía” previstas por la Constitución vigente,
como consecuencia de lo cual ellas ya no formarían parte de cuerpos normativos
generales tales como la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, la Ley Orgánica del
Poder Judicial y sus leyes especiales.
Análisis Costo Beneficio: El presente Proyecto no genera gasto al erario nacional,
mas bien genera un gran beneficio para la sociedad toda vez que unifica en un solo
instrumento legal las acciones de garantía; asimismo precisa, especifica y desarrolla
la peculiaridad constitucional de estas acciones de garantía”.
Este novísimo Código –introduce útiles y necesarias innovaciones que mejoran,
agilizan y facilitan la protección de los derechos constitucionales–, así por ejemplo,
establece que el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional son los dos órganos
competentes para conocer los procesos constitucionales (también denominados
“garantías constitucionales”), es una suerte de principio del juez natural; fija las fuentes
que deben ser consideradas para la interpretación de la vigencia de los derechos
fundamentales a la luz de las normas de derecho internacional en materia de derechos
humanos; consagra el principio de presunción de constitucionalidad de las leyes, así
como el de jerarquía de la Constitución y el de obligatoriedad de seguir la interpretación
del Tribunal Constitucional, máximo órgano de la constitucionalidad; precisa el carácter
vinculante de las sentencias de dicho Tribunal, en el sentido de que todos los órganos y
los poderes públicos están obligados a seguir el criterio que él adopte, en armonía con el
esquema de división de poderes y de control que prevé nuestra Constitución; establece
criterios para integrar sentencias cuando se producen vacíos o defectos; entre otros
avances.
Un gran beneficio inmediato del vigente Código Procesal Constitucional es que al
unificar absolutamente todas las acciones de garantía, eso nos permite dejar a un lado las
leyes orgánicas y diversas leyes que se encuentran en una frondosa legislación dispersa,
para que, con un solo código, la Constitución pueda tener cómo explicarse y cómo
procesarse.
Y desde un punto de vista didáctico y pedagógico, ello va a permitir que el ciudadano,
no solamente el entendido en derecho, no solamente el abogado, sino el ciudadano
común –o a pie–, tenga en un solo código la posibilidad de enterarse de “cómo activar su
acción de amparo, cómo hacer para plantear un hábeas corpus, un hábeas data, una
acción de cumplimiento y también la acción popular y la acción de inconstitucionalidad,
que están en el fuero del Poder Judicial y son de su exclusiva competencia”. Así vamos a
poder tener todas estas acciones de garantía en un solo cuerpo legal –un código–

8. facilitando y reforzando enormemente el acceso a la tutela constitucional, de modo debido
y oportuno.
El Código Procesal Constitucional va a ser la primera fuente del derecho después de
la Constitución; va a permitirnos saber dónde sustanciamos los derechos, dónde acaba el
derecho del Estado, cuándo empieza el del ciudadano y cómo pueden no converger
necesariamente las dictaduras en la defensa del fuero constitucional.
Desde 1999 rige el Código Procesal Constitucional de la Provincia de Tucumán en la
Argentina; es un instrumento breve (solo regula 4 procesos constitucionales: hábeas
corpus, amparo, hábeas data y de inconstitucionalidad), bastante operativo y viable pero
su alcance es muy limitado solo tiene vigencia únicamente en la Provincia de Tucumán (y
no en todo el territorio argentino o a nivel nacional, como sí ocurre con el CPConst.
peruano).
V. BENEFICIOS DEL CÓDIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL.
Así, el presente Código Procesal Constitucional peruano (2004) es el primero en el
mundo iberoamericano de alcance nacional, es un cuerpo legal integral, moderno,
innovativo y didáctico, y cuyas principales virtudes son las siguientes:
1) Normativa unificada.- Unifica una legislación que ya para esa época estaba
dispersa, y lo siguió estando durante varios años. Consiguiendo un fin práctico y
pedagógico.
2) Incorpora modernas tendencias.- Actualiza la terminología, los conceptos y el
enfoque, no se limita o toma únicamente en cuenta los avances de la moderna
doctrina (no solo de derecho procesal constitucional, sino también de derecho
procesal civil).
3) Incorpora jurisprudencias sobre problemática peruana.- Se nutre sobre todo de la
experiencia jurisprudencial de los últimos veinte años dictada por el Tribunal
Constitucional (antes denominado Tribunal de Garantías constitucionales) y
específicamente en materia de reclamos laborales y pensiones de la ONP.
4) Regulación integral.- Este CPConst. es un cuerpo legal integral pues regula los
principales 7 procesos constitucionales: hábeas corpus, amparo, hábeas data, de
cumplimiento, de acción popular, de inconstitucionalidad y el proceso
competencial.
5) Adecuada sistematización.- Aplica una moderna técnica legislativa, porque
sistematiza adecuadamente los 7 procesos constitucionales regulados, establece
un título preliminar, disposiciones generales según el tipo de proceso y además
disposiciones generales ante el Tribunal Constitucional aplicables a todos los
procesos.
VI. FINES DE LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES.

9. Cabe destacar, que el Art. II del Título Preliminar del CPConst. regula “la finalidad de
los procesos constitucionales”, que es doble:
a) Garantizar la primacía de la Constitución (conforme la Jerarquía o Prelación
Constitucional, que establece que la Constitución es la ley principal del Estado de
Derecho y las demás normas legales se subordinan a esta). Realizada a través de
los procesos constitucionales Orgánicos o de Legalidad, que son 3: proceso de
acción popular, de inconstitucionalidad y competencial; y
b) Garantizar la vigencia efectiva o tutela de los derechos constitucionales. Realizada
a través de los procesos constitucionales de la Libertad, que son 4: proceso de
hábeas corpus, de amparo, de hábeas data y de cumplimiento.
Por ello, los procesos constitucionales tienen una finalidad trascendente que los
distingue de los demás procesos judiciales (civil, penal, administrativo, laboral, etc.).
De ahí que resulte gravísimo que la sentencia recaída en un proceso constitucional no
sea cumplida, pues ello además generaría responsabilidad internacional en el Estado
peruano, tal como se ha podido apreciar en diversas oportunidades con “sentencias
condenatorias” dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Y debido a esa trascendencia sobre la clase de derechos protegidos –derechos
constitucionales–, el CPConst. en su Art. 22º ha regulado de modo especial “la ejecución
de las sentencias”, a fin de garantizar el efectivo cumplimiento de los mandatos judiciales
que tutelan dichos derechos.
VII. TIPOS DE PROCESOS CONSTITUCIONALES.
Luis SAENZ DAVALOS señala que el «Código Procesal Constitucional» recoge la
tradicional distinción y clasificación (desarrollada por Capelleti y Fix-Zamudio) entre los
procesos constitucionales. De este modo los 7 procesos constitucionales contenidos en el
CPConst. se clasifican en las siguientes 2 clases:
a) procesos constitucionales de la libertad y
b) procesos constitucionales orgánicos (o de legalidad).
a) Procesos Constitucionales de la Libertad.
Algunos procesos constitucionales tienen por objeto inmediato defender los derechos
fundamentales de la persona frente a actos, omisiones o amenazas provenientes de

10. cualquier autoridad, funcionario o persona; como ocurre con: 1) el hábeas corpus, 2)
el amparo, 3) el hábeas data, o en cierta medida, con 4) el proceso de cumplimiento.
El proceso constitucional de la libertad (v.gr., el amparo) es un proceso en el que por
encima de cualquier cosa priman los objetivos de la parte reclamante. La finalidad o
fondo del proceso se sobrepone a la forma en la que éste se tramita; si hay conflicto
entre la forma y el fondo prevalece este último, porque lo principal es que los
derechos vulnerados o amenazados retornen a su estado original.
b) Procesos Constitucionales Orgánicos.
Mientras otros procesos constitucionales tienen por objeto preservar la regularidad
funcional o el ejercicio debido de las competencias reconocidas sobre los órganos de
poder, como ocurre con: 1) el proceso de inconstitucionalidad, 2) el proceso de acción
popular o 3) el proceso competencial.
En el proceso constitucional orgánico (v.gr., el de inconstitucionalidad), salvo que la
norma disponga lo contrario, son tan importantes la forma como el fondo.
Precisa SÁENZ DÁVALOS que en los procesos constitucionales orgánicos debe
respetarse, como regla general, la objetividad en la tramitación (en estos procesos, el
respeto de la formalidad es requisito sine qua non o indispensable). En cambio, en los
procesos constitucionales de la libertad, la forma procedimental se toma en cuenta sólo
en tanto y en cuanto no se perjudique a la parte reclamante (en estos procesos hay una
flexibilidad en la observancia de la formalidad, pues la materia reclamada o el fondo se
impone a la forma).
VIII.PROCESOS CONSTITUCIONALES DE LA LIBERTAD Y ORGÁNICOS (aspectos
procesales).
a) Procesos constitucionales de La Libertad:
i. La sentencia tiene efectos particulares «solo entre las partes» (inter partes).
ii. Proceso flexible: En los requisitos formales de la demanda, procesalmente
prevalece el aspecto de fondo sobre la forma.
b) Procesos constitucionales Orgánicos o de La Legalidad:
i. La sentencia tiene efectos generales «oponible a todos» (erga omnes).
ii. Proceso muy formal: En los requisitos formales de la demanda, procesalmente
prevalece el aspecto de forma sobre el fondo.

11. IX. SISTEMAS DE CONTROL DE LACONSTITUCIONALIDAD.
Víctor Ortecho Villena sostiene que, «constitucionalidad es la existencia plena,
vigencia y respeto a un orden constitucional; es decir, es un status quo al cual se
encuentran sometidas todas las leyes y demás normas jurídicas, no solamente desde el
punto de vista formal y normativo; sino y sobretodo, desde el punto de vista real, de
aplicación y práctica cotidiana. (…) La constitucionalidad como existencia jurídica, política
y social es la expresión de la supremacía de la Constitución; constituye soporte y sustento
del Estado Constitucional de Derecho».
La necesidad de reparar las infracciones a la constitucionalidad y la conveniencia de
organizar la función del control de constitucionalidad determinaron la Jurisdicción
Constitucional o Sistema de control de la constitucionalidad.
Así, mediante Sistema de control de la constitucionalidad se asegura el cumplimiento
del orden jurídico, en la medida que las normas y los actos de los detentadores del poder
se adecuan a los mandatos y los principios de la Constitución; en la medida que se
delimita el área de aplicación de las leyes y se garantiza la prevalencia de la Constitución
sobre la norma ordinaria.
Se precisa que tal sistema de control de la constitucionalidad, es una consecuencia
lógica de los principios que sustentan el Estado de Derecho: a) limitación del poder, b)
vigencia y protección de los derechos fundamentales y c) supremacía de la Constitución.
Podemos identificar en doctrina dos sistemas de control de la constitucionalidad: 1)
Control Concentrado y 2) Control Difuso.
1) Control Concentrado o Unitario
En este sistema se atribuye la función de control de la constitucionalidad a un órgano
específico, al que se suele denominar “Tribunal Constitucional” o “Corte Constitucional”, el
mismo que ejerce su función sin dependencia ni vinculación estructural con el clásico
Poder Judicial. Este sistema se creó en Suiza, en la actualidad es utilizado por muchos
países europeos y de allí se expandió a la mayoría de países latinoamericanos.
Las principales características del Control Concentrado son las siguientes:
a. Concentrado: Debido a que sólo un órgano ejerce a exclusividad la
función de control de la constitucionalidad.
b. Principal: Es un proceso principal, no es necesaria la existencia previa
de un juicio o cuestión prejudicial. La acción se platea directamente
ante el Tribunal, mediante acto procesal comúnmente llamado
“demanda de inconstitucionalidad”

12. c. Eficacia general o erga omnes: El control de la constitucionalidad opera
de manera abstracta y general. Las consecuencias de la declaratoria de
inconstitucionalidad alcanza a todos los integrantes del ordenamiento
jurídico. La norma jurídica declarada inconstitucional queda derogada,
ipso jure.
d. Efectos de sentencia: La sentencia del Tribunal Constitucional produce
los efectos jurídicos de “anular” los efectos jurídicos de la norma jurídica
inconstitucional (la norma queda derogada para todo el sistema
jurñidico).
2) Control Difuso o Disperso
Este modelo se inicia con la celebre sentencia pronunciada por el Juez Marshall de la
Corte Suprema de los Estados Unidos en el año 1803, recaído sobre el caso Marbury vs.
Madison. Se aplica en los EE.UU., en Gran Bretaña y en los países de la comunidad
británica (Canada. Australia, Sudáfrica, etc.).
Las principales características del Control Difuso son las siguientes:
a. Difuso.- En la medida que el control de la Constitucionalidad no se
concentra en un sólo órgano especializado y exclusivamente
competente, sino que cualquier magistrado, independientemente de su
grado o jerarquía, puede resolver sobre la adecuación (compatibilidad)
o no de una ley a la Constitución.
b. Incidental.- Debido a que el pronunciamiento constitucional sólo es
posible a partir de la existencia previa ante el órgano jurisdiccional de
una litis o cuestión prejudicial.
c. Especial especial o inter partes.- Es decir, que la inaplicación de la ley
no tiene efectos generales, sino que la determinación de
inconstitucionalidad de la norma inaplicada sólo alcanza a quienes han
sido parte en la cuestión prejudicial o litis (únicamente abarca al
demandante-demandado del proceso).
d. Efectos de sentencia.- La sentencia del Poder Judicial produce los
efectos jurídicos de “suspender” (inaplicar) los efectos jurídicos de la
norma jurídica inconstitucional (no la anula, solo la suspende y no se
aplica para ese caso concreto).
NOTA: En el control difuso, es conveniente distinguir entre “la
institución” y el “acto procesal” que lo materializa.

13. - “La institución” que es la prerrogativa o facultad por la cual se inviste, a
todos los magistrados para poder controlar la constitucionalidad se
denomina Control Difuso.
- “El acto o mecanismo procesal” por el cual se aplica o materializa el
control difuso se denomina inaplicabilidad de la ley inconstitucional.
B. Sistemas de control de la constitucionalidad en el Perú
En el Perú, tenemos ambos sistemas de control de la constitucionalidad:
1) Control concentrado (C, 201º y LOTC, 1º).- El Tribunal
Constitucional es el órgano supremo de interpretación,
integración y control de la constitucionalidad.
2) Control difuso (C, 138º párr.2 y 51º).- En todo proceso, de existir
incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma
legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente, prefieren la
norma legal sobre toda norma de rango inferior.
Por dicho motivo tradicionalmente se sostenía que en el Perú había un sistema mixto;
pero, lo más adecuado es afirmar que el Perú mantiene un “sistema dual” de control de la
constitucionalidad. Se precisa que no es sistema mixto, por cuanto cada sistema de
control (concentrado y difuso) mantiene su plena autonomía y naturaleza, no se interfieren
ni se mezclan en ningún momento; es sistema dual, porque ambos sistema funcionan de
modo independiente y paralelo en el sistema jurídico peruano, uno al lado del otro.
Sin embargo, otros especialistas (entre los que destaca el maestro Domingo García
Belaunde) afirma que en el Perú existe un “tercer sistema o tercer genus” porque en la
práctica, ambos sistemas (concentrado y difuso) se mantienen autónomos, no se
entrecruzan ni se mezclan sino cada uno mantiene su propia naturaleza jurídica, reglas
especiales y tramitación, y por ello se puede considerar una tercera opción o género.
X. ¿LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES SON “PROCESOS EXCEPCIONALES O
RESIDUALES”?
Debe precisarse que, el CPConst. diseña a los procesos constitucionales
(específicamente, nos referimos a los procesos de la libertad con excepción
del hábeas corpus) como procesos excepcionales o de ultima ratio. Es decir,
solo pueden ser utilizados cuando no existan otras vías judiciales ordinarias
(p.e., como el proceso civil, penal, administrativo, laboral, etc.) lo
suficientemente efectiva para reparar o tutelar la afectación (ya sea por
amenaza o violación efectiva) de los derechos constitucionales.

14. Así lo dispone el inciso 2) del Art. 5º del CPConst. (“cláusula del amparo residual”) al
precisar la improcedencia de los procesos constitucionales cuando “existan vías
procedimentales específicas, igualmente satisfactorias, para la protección del derecho
constitucional amenazado o vulnerado, salvo cuando se trate del proceso de hábeas
corpus”.
Así, por ejemplo: Si ante la violación o amenaza de violación de un derecho
fundamental, puede iniciarse un proceso contencioso-administrativo o un amparo, el juez
“por REGLA GENERAL” (exigencia del agotamiento de la vía previa, prevista en el Art. 45
CPConst.) deberá preferir el proceso contencioso-administrativo.
Sin embargo, existen EXCEPCIONES a esta “regla general” (previstos en el Art. 46
CPConst.); y en ciertos casos, para utilizar los procesos constitucionales no es necesario
cumplir con la exigencia del agotamiento de la vía previa. Así, tenemos por ejemplo:
1. Cuando por las “circunstancias” –la demora de un proceso ordinario puede volver
irreparable el daño del derecho constitucional– resulte necesario e indispensable;
y
2. Cuando “no existan otras vías procesales”, que sean adecuadas o realmente
efectivas para tutelar el derecho constitucional.
XI. CARACTERÍSTICAS DE LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES EN CPCONST.
A continuación señalamos las principales características procesales de los procesos
constitucionales:
1. Objeto de los procesos (CPConst., Art. 2).-
Tienen por objeto reponer las cosas a un estado anterior de la acción u omisión
que afecta un derecho constitucional por:
i) Violación efectiva (perjuicio presente) o
ii) Amenaza de violación (perjuicio a futuro).
Pero esta amenaza exige 2 condiciones, debe ser:
a) Cierta o real (física y jurídicamente posible) e
b) Inminente (que su realización ocurrirá en un breve plazo).
Se precisa que inminente, no significa inmediato.
2. Sustento constitucional directo.-
La violación o amenaza debe afectar directamente (debe tener relación directa) a
un derecho consagrado en la Constitución Política. Ejemplo: Es improcedente el
proceso constitucional sustentado en el derecho de posesión, pues éste tiene su
regulación en el Código Civil y es un derecho legal. La Constitución solo regula el
derecho de propiedad.

15. 3. Procuración oficiosa (CPConst., Arts. 26, 41).-
Pueden ser ejercidos indistintamente por el afectado o por tercera persona, aun sin
tener representación procesal del afectado.
4. Debido Proceso.-
Establece los derechos básicos de una persona en cualquier proceso. Está
protegida por el proceso de Hábeas Corpus (CPConst., art. 25 inc.17).
5. Tutela Procesal Efectiva.-
Alude a los derechos básicos o mínimos que tiene una persona en cualquier
proceso. Una lista enunciativa de casos de tutela procesal efectiva está prevista en
el art. 4. Está protegida por el proceso de Amparo (CPConst., arts. 4, 37 inc.16).
6. Tramitación preferente (CPConst., Art. 13).-
Los procesos constitucionales se tramitan con preferencia sobre los otros procesos
ordinarios, bajo responsabilidad de los jueces.
7. Medidas cautelares (CPConst., Art. 15).-
En el proceso de amparo se establece –de modo innovador– una triple
clasificación de vías procedimentales de medidas cautelares:
a) Procedimiento cautelar general de ejecución inmediata.-
Ante actos de un particular u órganos públicos (CPConst., Art. 15 párr.
1); órgano competente en 1º Instancia (Juez civil o “mixto”) y 2º
Instancia (Sala competente de la Corte Superior del Distrito Judicial
correspondiente). Reitera la regulación tradicional de las medidas
cautelares similar al proceso civil, donde la apelación de la medida
cautelar se concede “sin efecto suspensivo”;
b) Procedimiento cautelar especial contra normas legales autoaplicativas.-
Tratándose de medidas cautelares contra normas legales
autoaplicativas, el CPConst. establece un «trámite especial», pues la
apelación de resoluciones de medidas cautelares que declaren la
inaplicación de normas legales autoaplicativas siempre se conceden
“con efecto suspensivo”.
c) Procedimiento cautelar especial contra actos administrativos
municipales o regionales.-
Ante actos administrativos expedidos por autoridad municipal o regional
(CPConst., Art. 15 párr. 3); órgano competente en 1º Instancia (Juez
civil o “mixto”) y 2º Instancia (Sala competente de la Corte Superior del
Distrito Judicial correspondiente). Se exige la intervención del Ministerio
Público ¿en calidad de qué, cómo órgano dictaminador? (CPC, 113
inc.3). Esta vía procedimental especial de la medida cautelar es una

16. innovación del CPConst.; pero, para algunos especialistas esta
regulación discriminatoria lesiona la tutela judicial efectiva y el principio
de igualdad, pues desnaturaliza la esencia de la medida cautelar como
tutela de urgencia. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha resuelto
que esta vía es constitucional (STC Exp. 0023-2005-PI/TC) frente a la
demanda de inconstitucionalidad interpuesta por la Defensoría del
Pueblo.
8. Actuación de sentencias (CPConst., Art. 22).-
Regula la institución procesal de la “actuación de sentencia impugnada”.
Lamentablemente, excluye la figura procesal del derecho anglosajón llamada
prisión civil efectiva prevista en el proyecto de ley del CPConst.; pero, eliminada
lamentablemente durante el debate del Pleno del Congreso.
9. Cosa juzgada (CPConst., Art. 6).-
La Resolución a favor del demandante tiene el valor de cosa juzgada, siempre y
cuando resuelva “el fondo” del asunto; por tanto, no es cosa juzgada si solo
resuelve por la forma.
10. Excluye indemnización del daño.-
Los procesos constitucionales tienen solamente una finalidad restitutiva. Su objeto
es reponer (retrotraer) los hechos antes de la violación o amenaza de daño del
derecho constitucional; pero, nunca pueden incluir la indemnización o el
resarcimiento económico (ello se exigirá, p.e. vía un «proceso civil de daños y
perjuicios» usando como prueba la sentencia constitucional favorable).
XII. ETAPAS DEL PROCESO CIVIL (u ORDINARIO).
Desde una perspectiva teórica y, sobre todo, didáctica, el proceso civil u ordinario
transcurre a lo largo de “cinco” etapas: 1°) postulatoria, 2°) probatoria, 3°) decisoria, 4°)
impugnatoria y 5°) ejecutoria.
La tendencia procesal contemporánea, acogida por el Código Procesal Civil peruano,
es considerar las etapas como momentos estelares y necesarios por los que debe pasar
todo proceso, procurando que ocurran en éste, de tal manera que su actuación sea
conocida directamente por el juzgador (principio de inmediación), en el menor número
posible de actos procesales (principio de concentración) y con el mayor ahorro de
esfuerzo, gasto y actividad (principio de economía). Es decir, las «etapas» son momentos
por los que debe pasar todo proceso, procurando que ocurran en éste no de forma
concatenada (una detrás de otra), sino de modo simultáneo (como en la audiencia única
en aplicación del Principio de Concentración).
Etapas del Proceso: 1) Postulatoria;
2) Probatoria;
3) Decisoria;

17. 4) Impugnatoria; y
5) Ejecutoria.
1) Etapa Postulatoria.-
También llamada etapa de postulación, es aquella en la que los contendientes
presentan al órgano jurisdiccional, los temas que van a ser materia de argumentación,
prueba y persuasión durante el proceso, sea porque se pretende el amparo de la
pretensión o porque se busca el rechazo a través de la defensa.
2) Etapa Probatoria.-
Es aquella donde, como su nombre lo indica, transita la actividad probatoria de las
partes, destinada a acreditar que los hechos han ocurrido tal como los describieron en
la etapa postulatoria.
3) Etapa Decisoria.-
Consiste en el acto lógico-volitivo por el que el juzgador opta por una de las
proposiciones fundamentales y probadas en el desarrollo del proceso. Como resulta
obvio, este es el acto procesal más importante, casi toda la razón del proceso.
4) Etapa Impugnatoria.-
Es aquella que se sustenta en el hecho que la etapa decisoria o de juzgamiento,
siendo la etapa más importante del proceso es, finalmente, un acto humano, por ello,
susceptible de error. Siendo así, las partes tienen el derecho de exigir un «nuevo
examen» de la decisión obtenida, si consideran que ésta tiene un vicio o error (de
forma o fondo) y además les produce agravio o perjuicio (p.e., recurso de agravio
constitucional ante el Tribunal Constitucional).
5) Etapa Ejecutoria.-
Esta etapa está ligada al sentido finalístico del proceso. La búsqueda de una
declaración judicial es, en estricto, la necesidad de contar con un instrumento jurídico
(firme, compulsivo y eficaz) denominado sentencia, que produzca un cambio en la
realidad. Si la sentencia no pudiera cumplirse, el proceso carecería de sentido. La
etapa ejecutoria cumple esa función, convertir en eficaz la decisión definitiva obtenida
en el proceso. La sentencia es el acto procesal que pone fin a la instancia.
XIII. ETAPAS DEL PROCESO CONSTITUCIONAL.
El proceso constitucional se desarrolla a lo largo de “cuatro” etapas (a diferencia del
proceso civil u ordinario que transcurre por 5 etapas), que son las siguientes:
1) Etapa Postulatoria.
2) NO TIENE ETAPA PROBATORIA (Art. 9 CPConst.).

18. Excepcionalmente, el Juez puede solicitar «medios probatorios de oficio» sin afectar
la duración del proceso; porque, los procesos constitucionales son procesos
sumarísimos (rápidos) donde se busca una pronta tutela de los derechos
constitucionales ante una «evidente y clara afectación de los mismos» (por ello, solo
se admite los medios probatorios de actuación inmediata, y estos son únicamente “los
documentos”); sin embargo, si el caso es complejo y requiere mucha actuación
probatoria, deberá entonces acudirse a los procesos ordinarios (p.e., en los procesos
civiles), que son la vía idónea para presentar y analizar una mayor cantidad de medios
probatorios (estos tienen “etapa probatoria”), y por ende, estos son procesos largos en
el tiempo y complejos.
De modo innovativo, se precisa que tratándose de los procesos constitucionales la
actuación de «medios probatorios de oficio» (ordenados por el Juez) no requerirá
notificación previa. Esta es una regla opuesta al derecho procesal civil u ordinario;
porque, el Art. 143 párr. 3 del CPC establece que toda actuación procesal “para ser
válida” debe notificarse 3 días hábiles antes. La razón para esta diferencia radica que
los procesos civiles defienden derechos civiles o privados; en cambio, los procesos
constitucionales tutelan derechos públicos, y de los públicos el más importante como
son los “derechos constitucionales” y su tutela se impone sobre toda formalidad que
limite o restrinja su oportuna y efectiva tutela jurídica de los mismos.
Ejemplo: Ante una detención arbitraria de una persona en una Comisaría o
Cuartel Militar, el Juez (sin previo aviso) debe apersonarse e investigar in
situ los hechos denunciados en el hábeas corpus (lo que comúnmente se
conoce como “caerles de sorpresa”); y con ello, evitará que los agresores
puedan ocultar al detenido o desaparecer pruebas de la infracción
constitucional. Si el Juez del hábeas corpus estaría obligado a notificar
previamente al agresor la realización de su diligencia; el agresor prepararía
el terreno de modo artificial (ocultando y borrando huellas de su
arbitrariedad), y de este modo el proceso constitucional no tendría ninguna
efectividad o resultado positivo.
3) Etapa Decisoria (actuación de sentencia impugnada).
4) Etapa Impugnatoria (apelación, recurso de agravio constitucional y de queja).
5) Etapa Ejecutoria (Multa progresiva y destitución).
XIV. PRINCIPIOS PROCESALES DE LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES.
Los procesos constitucionales conforme el Art. III del Título Preliminar del
CPConst., se desarrollan con arreglo a los siguientes nueve (09) principios procesales:
a) Dirección judicial (CPConst. Art. lll p.1);
b) Gratuidad en la actuación del demandante (CPConst. Art. lll p.1);
c) Economía (CPConst. Art. lll p.1);

19. d) Inmediación (CPConst. Art. lll p.1);
e) Socialización (CPConst. Art. lll p.1);
f) De impulso de oficio (CPConst. Art. lll p.2);
g) De elasticidad (CPConst. Art. lll p.3);
h) DUDA RAZONABLE (Favor procesum o pro actione)
(CPConst. Art. lll p.4); y
i) De condena de costas y costos (CPConst. Art.III p.5).
Solo el principio de duda razonable es el único principio procesal exclusivo o sui
géneris del derecho procesal constitucional introducido por el novísimo CPConst.; los
otros 8 principios procesales han sido copiados del CPC (aunque algunos tienen una
aplicación diferenciada). Es muy importante precisar que, el principio de duda razonable
consiste en que cuando en un proceso constitucional se presente una duda razonable
respecto de si el demandante cumplió o no con una determinada formalidad para admitir
la demanda o continuar la tramitación del proceso, el juez y el Tribunal Constitucional
deberán preferir declarar la admisión o continuación del proceso. La duda favorece al
actor.
XV. PRESUPUESTOS DE LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES.
Podemos identificar hasta cuatro presupuestos o condiciones necesarias para la
procedencia de los procesos constitucionales. Dichos presupuestos procesales en materia
constitucional son los cuatro siguientes:
1º PRESUPUESTO:
«Rango constitucional del derecho afectado».
Pregunta: ¿El derecho afectado tiene el rango o es realmente un derecho
constitucional?
Precisando, que el Art. 38 del CPConst. establece que no procede el
amparo en defensa de un derecho: a) Que carece de sustento
constitucional directo o b) Que no está referido a los aspectos
constitucionalmente protegidos del mismo. Debe recordarse, que también
están protegidos los “derechos constitucionales no escritos” (también
denominados derechos conexos, derechos fundamentales análogos o
cláusula de los derechos no enumerados) previstos en el Art. 3 de la
Constitución.
Nota: Se precisa, que este presupuesto se aplica a los procesos
constitucionales de la libertad y de la legalidad.
2º PRESUPUESTO:
«Verificación de afectado del derecho constitucional».

20. Pregunta: ¿El derecho constitucional está realmente afectado por una
violación efectiva o amenaza?
La violación efectiva (perjuicio presente) o amenaza (perjuicio a futuro) de
un derecho constitucional puede darse por una acción u omisión.
Precisándose, que la amenaza exige 2 requisitos obligatorios, debe ser:
a. Cierta (real, física y jurídicamente posible) e
b. Inminente (que su realización ocurrirá en un breve plazo). Se precisa
que inminente, no significa inmediato.
Nota: Se precisa, que este presupuesto se aplica a los procesos
constitucionales de la libertad y de la legalidad.
3º PRESUPUESTO:
«Titularidad indubitable del derecho constitucional afectado».
Pregunta: ¿El demandante (en un proceso constitucional) es el titular
indubitable del derecho constitucional afectado?
Esta situación de ser el titular del derecho constitucional otorga la necesaria
y respectiva legitimidad (habilitación) a dicho afectado para interponer la
demanda constitucional. Porque, en un proceso constitucional no puede
discutirse: ¿si el actor es o no titular del derecho constitucional afectado o
si está autorizado para reclamar dicho derecho? Ello porque, los procesos
constitucionales no tienen etapa probatoria.
Esta legitimidad del actor constitucional debe ser indubitable, manifiesta y
objetiva. Pues, de haber duda en ello y requerirse actuación de medios
probatorios, entonces deberá utilizarse el proceso ordinario (p.e., el
proceso civil, que si tiene una etapa probatoria para la actuación de las
pruebas respectivas y necesarias).
Debe recordarse, que también están existen derechos constitucionales
cuya titularidad no pertenece a una persona individual o especifica; sino, la
titularidad de dichos derechos constitucionales es genérica o social y estos
son los llamados “derechos difusos” (cuya titularidad pertenece a toda la
sociedad, p.e.: defensa del consumidor, defensa del medio ambiente o
defensa del patrimonio histórico) o “derechos colectivos” (cuya titularidad
pertenece a un grupo específico o determinable de la sociedad, p.e.:
miembros de un sindicato, gremio, confederación laboral, etc.). Estas dos
clases de derechos están protegidas por el proceso de amparo.
Finalmente, en algunos casos la titularidad de derechos constitucionales
está restringido o solo puede ser ejercido por “sujetos especiales

21. legitimados”, como p.e. en el proceso de inconstitucionalidad y proceso
competencial.
Nota: Se precisa, que este presupuesto se aplica a los procesos
constitucionales de la libertad y de la legalidad.
4º PRESUPUESTO:
«Fin restitutivo de los procesos constitucionales».
Pregunta: ¿El demandante persigue un fin restitutivo con el proceso
constitucional?
Los procesos constitucionales tienen únicamente una “finalidad restitutiva”;
es decir, buscan retrotraer los hechos hasta antes de la afectación del
derecho constitucional por violación efectiva o por amenaza. Por tanto, los
procesos constitucionales no persiguen una “finalidad resarcitoria” (que son
aquellos procesos que buscan una indemnización o resarcimiento por
daños y perjuicios a través del mismo).
Los procesos constitucionales de la libertad (hábeas corpus, amparo,
hábeas data y de cumplimiento) tienen por objeto «reponer» –cumplen
única y exclusivamente una «función restitutoria»– las cosas a un estado
anterior a la violación o amenaza de los derechos constitucionales a través
de la acción u omisión de actos de cumplimiento obligatorio, por parte de
cualquier autoridad, funcionario o persona.
Estos procesos constitucionales de la libertad tienen naturaleza procesal
sui generis, su naturaleza consiste en «ser restitutiva» y no declarativa de
derechos, ni tampoco constitutiva de derechos. Por esto, en los procesos
constitucionales no existe etapa probatoria (porque en ellos, no debe
probarse ¿a quién pertenece el derecho constitucional afectado?); sino,
solo debe verificarse si hubo o no violación o amenaza del derecho
constitucional y por tanto, «reponer las cosas a su estado anterior».
Por ejemplo en un proceso de amparo no procede solicitar el pago de
indemnización por daños y perjuicios, porque esto requiere de una
sentencia constitutiva que origine esta obligación a cargo del deudor (y ello,
sólo se consigue a través de un proceso civil u ordinario, donde existe una
etapa probatoria).
Si el tema o asunto discutido sobre la afectación del derecho constitucional
es muy complejo, que requiriese para su resolución de la actuación de
diversos medios probatorios; entonces éste deberá tramitarse a través de
un proceso civil u ordinario (y no por un proceso constitucional, porque este

22. tipo de proceso carece de etapa probatoria, además de ser una vía
procedimental sumarísima y excepcional o «residual»).
Nota: Se precisa, que este presupuesto únicamente es aplicable a los
procesos constitucionales de la libertad (CPConst., Art. 1º).
Jurisprudencia(s) del TC:
«La acción de amparo es una garantía destinada a proteger los derechos
consagrados en la Constitución Política del Estado, cuyo objeto es reponer
las cosas al estado anterior a la amenaza o vulneración del derecho
constitucional, siendo de naturaleza restitutiva y no declarativa de
derechos». (Expediente 3760-2004-AA/TC).
XVI. REGLAS DE ORO DE LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES.
Se precisa que el amparo y, en general, los procesos constitucionales de la libertad
(hábeas corpus, amparo, hábeas data y de cumplimiento), son procesos excepcionales o
residuales, y para su procedencia debe observarse sobretodo las siguientes 4 Reglas de
Oro (creemos son las más importantes, pues son las causas más frecuentes del rechazo
de demandas constitucionales en la práctica; pero, NO son las únicas «causales de
improcedencia» previstas en el CPConst. específicamente en su Art. 5):
1º REGLAGENERAL: Exigencia de agotamiento de Vías Previas
(CPConst., Art. 5 inc.4)
El proceso constitucional es un proceso excepcional y extraordinario
(proceso residual) y debe ser la última ratio o «mecanismo procesal de
defensa» contra la arbitrariedad, por ello se exige en algunos casos el
agotamiento de las vías previas (la excepción es el Hábeas Corpus). Es
decir, el afectado debe primero utilizar las vías procedimentales específicas
(procesos ordinarios ya existentes); pero que sean «igualmente
satisfactorios» para la protección del derecho constitucional amenazado o
vulnerado.
Jurisprudencia(s) del TC:
El amparo que se interponga en este supuesto se le denomina «amparo
residual» porque cumplió con agotar las vías prevías (STC Exp. Nº 0206-
2005-PA/TC, Caso Baylón Flores).
2º REGLA: Excepción a exigencia de agotamiento de Vías Previas
(CPConst., Art. 46 sobretodo el inc. 2)
Cuando por diversas «circunstancias» se dispensa del agotamiento de la
vía previa –es decir, la demora de un proceso ordinario–; sobretodo en

23. cuando dicha demora o dilatación de un proceso ordinario pueda volver
irreparable «la agresión o el daño del derecho constitucional».
Artículo 46.- Excepciones al agotamiento de las vías previas
No será exigible el agotamiento de las vías previas si:
1) Una resolución, que no sea la última en la vía administrativa, es
ejecutada antes de vencerse el plazo para que quede consentida;
2) Por el agotamiento de la vía previa la agresión pudiera convertirse
en irreparable;
3) La vía previa no se encuentra regulada o ha sido iniciada
innecesariamente por el afectado; o
4) No se resuelve la vía previa en los plazos fijados para su
resolución.
Jurisprudencia(s) del TC:
El amparo que se interponga en este supuesto se le denomina «amparo
alternativo» porque no tuvo que agotar las vías previas (debido a diversas
circunstancias previstas en la ley que autorizaban su interposición sin
agotarlas) (STC Exp. Nº 0206-2005-PA/TC, Caso Baylón Flores).
3º REGLA: Carencia de Vías Ordinarias idóneas
(CPConst., Art. 5 inc.2)
Proceden los procesos constitucionales, cuando a pesar que «existen otras
vías procesales» estas no se utilizan; porque, no son adecuadas o
realmente efectivas para tutelar el derecho constitucional afectado.
4º REGLA: Vencimiento del Plazo
(CPConst., Art. 5 inc.10)
No proceden los procesos constitucionales si hubo vencimiento del plazo
(prescripción) para interponer la demanda, con excepción únicamente del
proceso de hábeas corpus. En este caso, el afectado tiene la vía procesal
ordinaria para la defensa de su derecho constitucional (es decir, producida
la prescripción, el afectado no se queda desamparado de tutela procesal;
sino, solamente pierde la posibilidad de la demanda constitucional, pero le
queda la opción de interponer la demanda ordinaria).
NOTA: Estas «4 Reglas de Oro» se aplican en su integridad para todos los
procesos constitucionales de la libertad; pero ello, no excluye la aplicación
supletoria de las mismas a los procesos constitucionales orgánicos o de legalidad
(procesos de inconstitucionalidad, de acción popular y competencial) en lo que
sean pertinente y no incompatible con su naturaleza jurídica.

24. XVII. LA INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL.
El Tribunal Constitucional en sus sentencias, nos muestra acerca del modo como debe
interpretarse el Derecho Constitucional. Sin embargo, dicha disciplina jurídica tiene
fronteras extensas con la teoría general del Derecho, pero al mismo tiempo recibe mucha
influencia de los contenidos y grandes principios constitucionales.
Precisa el maestro Marcial Rubio Correa, “(…) la teoría general es un
aporte indispensable, pero en sí misma insuficiente: el complemento de los
criterios y principios de interpretación propiamente constitucionales es
indispensable para hacer una buena interpretación constitucional”.
A continuación describimos señalamos los criterios de interpretación (algunos comunes al
sistema jurídico, otros de aplicación exclusiva o sui generis solo para los procesos
constitucionales) de las normas constitucionales, que debido a la naturaleza y jerarquía de
los derechos que contienen, deben tenerse presente obligatoriamente para una oportuna
y efectiva protección de los derechos fundamentales:
1. Principios de interpretación aplicados por el Tribunal Constitucional
peruano.
El Tribunal Constitucional peruano (a través de diversas jurisprudencias), según Marcial
Rubio Correa ha desarrollado seis principios o criterios de interpretación fundamental de
los derechos constitucionales, que son los que se citan a continuación:
a) Interpretación Sistemática (De uso común o general)
b) Interpretación Institucional (De uso exclusivo en materia constitucional)
c) Interpretación Social (De uso exclusivo en materia constitucional)
d) Interpretación Teleológica (De uso exclusivo en materia constitucional)
e) Teoría de los Derechos Innominados (De uso exclusivo en materia
constitucional)
f) Teoría de los derechos y de los principios Implícitos (De uso exclusivo en
materia constitucional)
2. Principios constitucionales PRO HOMINE y PRO ACTIONE.
Sin embargo, de los diversos principios constitucionales, sobresalen nítidamente dos, los
cuales en los últimos años han tomado un rol preponderante y sumamente protagónico y
decisivo en la interpretación de los derechos constitucionales en el Derecho Comparado,
determinando una debida y oportuna defensa de los derechos constitucionales, haciendo
más efectiva su tutela.
Estos dos novedosos “principios estelares” son el Pro Homine y el Pro Actione (de uso
exclusivo solamente en materia constitucional), que proceden ante incertidumbre o
dudas; pero no ante cualquier duda sino únicamente ante “dudas razonables”. A
continuación, describiremos brevemente los 2 principios constitucionales:

25. a) Principio PRO HOMINE (La duda a favor del hombre).
“(…) principio pro homine, según el cual, ante eventuales diferentes
interpretaciones de un dispositivo legal, se debe optar por la que conduzca a una
mejor protección de los derechos fundamentales, descartando así las que
restrinjan o limiten su ejercicio. Vale decir, que el principio pro homine impone que,
en lugar de asumir la interpretación restrictiva, en el presente caso, del artículo 26
de la Ley No. 23506, y así impedir el ejercicio del derecho a la tutela judicial, se
elija la tesis que posibilite que el particular pueda ejercer su derecho a la tutela
jurisdiccional, para impugnar el acto presuntamente lesivo.” (STC Exp. No. 0795-
2002-AA-TC emitida el 29-01-2003)
El principio pro homine conduce a interpretar restrictivamente las restricciones a
los derechos y a interpretar extensivamente los derechos constitucionales para
darles, por tanto, mayor protección. La regla general es que los derechos se
aplican cada vez que existe la posibilidad de hacerlo, aun en el caso de diversas
interpretaciones posibles, es necesario elegir la más favorable a ellos.
Este principio concuerda con el otro principio de que las restricciones a los
derechos se aplican restrictivamente, recogida en forma poco técnica en el inciso 9
del Art. 139 de la Constitución:
“Articulo 139.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional:
(…)
9. El principio de inaplicabilidad por analogía de la ley penal y de las normas que
restrinjan derechos.
(…).”
En el Art. IV del Título Preliminar del Código Civil existe una norma semejante, y
decimos que tiene forma poco técnica porque no se trata solamente de no aplicar
este tipo de mandatos por analogía, sino de aplicarlos estrictamente, esto es, sin
interpretaciones extensivas o analógicas.
Por ello, el sentido correcto de interpretación de las restricciones a derechos lo da
el principio pro homine, conforme la siguiente jurisprudencia del Tribunal
Constitucional:
“No resulta acorde con el principio pro homine y pro libertatis de la interpretación
constitucional, según los cuales, ante eventuales diferentes interpretaciones de un
dispositivo legal, se debe optar por la que conduzca a una mejor protección de los
derechos fundamentales, descartando así las que restrinjan o limiten su ejercicio.
Vale decir, que el principio pro homine impone que, en lugar de asumir la
interpretación restrictiva, en este caso, de ocasionar la caducidad y así impedir el
ejercicio del derecho a la tutela judicial, se tenga que, por el contrario, optar por la
tesis que, posibilite que el particular pueda ejercer su derecho a la tutela
jurisidiccional, para impugnar el acto administrativo presuntamente lesivo.” (STC
Exp. No. 1003-98-AA-TC emitida el 06-08-2002)
Marcial Rubio Correa categóricamente afirma, como el principio pro homine opera
eligiendo alternativas de aplicación del Derecho en materia de derechos
constitucionales, es un principio general de interpretación constitucional. Equivale

26. a ampliar la exigibilidad de los derechos constitucionales mediante la aplicación del
Derecho en la forma más favorable a ellos.
b) Principio PRO ACTIONE (La duda a favor del proceso).
También se le denomina principio de duda razonable (o “favor processum”
y también “pro actione” en la doctrina y jurisprudencia argentina y española,
respectivamente). Este principio tiene un amplio reconocimiento doctrinal y
jurisprudencial, sin que conozcamos si un ordenamiento de algún otro país lo ha
recogido como lo hace ahora el presente CPConst.
Opera del modo siguiente: Consiste en la facultad que tiene el Juez de decidir a
favor de la admisión de la demanda o de la continuación del proceso, en aquellos
casos en los que tenga una “duda razonable” respecto de si está ante un caso de
improcedencia de la demanda o de conclusión del proceso.
Es decir, cuando en un proceso constitucional se presente una duda razonable
respecto de si el proceso debe declararse concluido, el juez y el Tribunal
Constitucional declararán su continuación.
Se precisa que el principio pro actione (o duda razonable) está regulado en el Art.
III párr.4 del Título Preliminar del CPConst. De los 9 principios procesales
contenidos en el citado Art. III, solamente el principio pro actione (o duda
razonable) es el único principio procesal exclusivo o sui géneris del derecho
procesal constitucional, los demás han sido tomados del CPC.
Ejemplo: Procede el principio pro actione ante duda en agotamiento de la vía
previa en el amparo (Art. 45º, CPConst.).
RESUMEN DE APLICACIÓN DE PRINCIPIOS ESTELARES:
I. Principio PRO HOMINE.
a) Finalidad: Procede ante la duda en una norma jurídica, sobre si
aquella tutela u otorga un ámbito de protección a un derecho
constitucional determinado. En este caso, se debe optar por brindar
tutela a dicho derecho.
b) Tipo de norma jurídica: Aplicable únicamente para “normas
materiales” (contenidas en la Constitución Política y normas
constitucionales materiales complementarias).
c) Sujeto(s) beneficiario(s): Generalmente el demandante o actor, y de
modo excepcional el demandado.
II. Principio PRO ACTIONE.

27. a) Finalidad: Procede ante la duda si se cumplió o no con determinado
requisito formal tanto para admisión de la demanda como para
proseguir tramitando el proceso. En este caso, el Juez está
facultado para decidir a favor de la admisión de la demanda o de la
continuación del proceso; en la medida que con esto, contribuya a
brindar una oportuna y adecuada tutela al derecho constitucional
afectado.
b) Tipo de norma jurídica: Aplicable únicamente para “normas
procesales” (contenidas en el Código Procesal Constitucional y
normas procesales complementarias).
c) Sujeto(s) beneficiario(s): De aplicación similar tanto al demandante
como al demandado.
XVIII. DIFERENCIAS PROCESALES ENTRE LOS PROCESOS CIVILES Y
CONSTITUCIONALES
El Código Procesal Constitucional está compuesto aproximadamente en un 85% de
reglas tomadas del Código Procesal Civil, y solamente un 15% son reglas procesales
propias (sui géneris) de aplicación exclusiva y novedosa en procesos constitucionales. Es
importante precisar, que de este 15% de reglas sui generis, la mayoría pertenece a la
“parte general” de los procesos constitucionales (y están contenidas en el Título
Preliminar y Arts. 1° al 24° del CPConst.).
De modo enunciativo, a continuación se enumeran algunas de las principales
diferencias entre un “proceso civil” y un “proceso constitucional” (precisando, que estas
reglas procesales sui generis se encuentran sobretodo en los procesos constitucionales
de la Libertad: hábeas corpus, amparo, hábeas data y de cumplimiento):
1. Principios Procesales.- Proceso civil: De los 9 principios procesales del
CPConst., 8 están previstos en el CPC. / Proceso constitucional: Solo el “principio
de duda razonable” es propio y sui géneris en materia constitucional (CPConst.,
Art. III párr. 4).
2. Organos jurisdiccionales competentes.- Proceso civil: Unicamente resuelve el
Poder Judicial. / Proceso constitucional: Tanto el Poder Judicial como el Tribunal
Constitucional resuelven los casos en materia constitucional (CPConst., Art. IV).
3. Jurisdicción internacional.- Proceso civil: La jurisdicción interna o nacional
resuelve el proceso civil de modo definitivo (en el Poder Judicial). / Proceso
constitucional: Tratándose de afectación de derechos constitucionales (y
específicamente tratándose de derechos humanos), agotada la jurisdicción interna
quien se considere lesionado en los derechos que la Constitución reconoce puede
recurrir a los tribunales u organismos internacionales constituidos según tratados o
convenidos de los que el Perú es parte (C, Art. 205 y CPConst. Art. 24).

28. 4. Juez competente y domicilio.- Proceso civil: En todos los casos, puede ser
competente el juez del domicilio del demandado. / Proceso constitucional: En el
proceso de amparo, se excluye la posibilidad que sea magistrado competente el
juez del domicilio del demandado (CPConst., Art. 51º párr. 1).
5. Control Difuso.- Proceso civil: Su uso es muy limitado, escaso o muy poco
frecuente. / Proceso constitucional: Los jueces civiles o mixtos pueden ejercer el
control difuso “inaplicando la norma jurídica inconstitucional”, y su uso se ha
incrementado enormemente en los últimos años, con el caso de los amparos y sus
medidas cautelares otorgados ilegalmente a favor empresas de “casinos y
tragamonedas” y de los “buses camión” (CPConst., Arts. VI y 3º).
6. Integración ante defecto de norma procesal.- Proceso civil: fuentes a recurrir 1º
Principios generales del derecho procesal, 2º Doctrina y 3º Jurisprudencia. /
Proceso constitucional (orden distinto): recurre a 1º Jurisprudencia, 2º Principios
generales del derecho procesal y 3º Doctrina (CPConst., Art. IX).
7. Procedencia ante amenaza.- Proceso civil: Como regla general no procede ante
amenaza de afectación de un derecho. / Proceso constitucional: Como regla
general, procede ante amenaza de afectación de un derecho constitucional; pero
siempre y cuando, dicha amenaza sea cierta e inminente (CPConst., Art. 2º).
8. Procedencia contra resoluciones judiciales firmes.- Proceso civil: Como regla
general “no procede contra resoluciones judiciales firmes o cosa juzgada”; salvo, el
caso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta (CPC, 178). / Proceso constitucional:
Si procede contra “resoluciones judiciales firmes” (a través del proceso de hábeas
corpus o amparo). Se exigen 2 requisitos: 1. Que la resolución sea firme (ya no
admite ningún medio impugnatorio contra ella) y 2. Que dicha resolución haya
afectado la tutela procesal efectiva (es decir, que haya violado el debido proceso)
(CPConst., Art. 4º).
9. Agotamiento de vías previas.- Proceso civil: No se exige este requisito, ante la
afectación de un derecho civil procede interponer directamente una demanda. /
Proceso constitucional: Como regla general se establece el “agotamiento de vías
previas” (que son las vías ordinarias o comunes) como requisito o filtro a cumplir
previamente antes de estar legitimado o habilitado para interponer una demanda
constitucional validamente. Esta regla general admite algunas excepciones
(CPConst., Arts. 45° y 46º).
10. Cosa juzgada.- Proceso civil: La decisión final que se pronuncie tanto por la forma
como por el fondo originan una resolución firme o cosa juzgada. / Proceso
constitucional: Solo habrá cosa juzgada cuando la decisión final se pronuncie
sobre “el fondo” (es decir, hasta cuando resuelva si hubo o no afectación de un
derecho constitucional, y de haberlo ordenar su inmediata reparación y tutela)
(CPConst., Arts. 6º, 24º y VII).

29. 11. Ausencia de etapa probatoria.- Proceso civil: Se desarrolla a través de 5 etapas
(postulatoria, probatoria, decisoria, impugnatoria y ejecutoria). / Proceso
constitucional: Solo desarrolla 4 etapas (porque, carece de la etapa probatoria);
ello debido a que urge y se exige una pronta tutela de los derechos
constitucionales afectados (por su naturaleza, alcance y trascendencia social), lo
que determina que los procesos constitucionales sean procesos sumarísimos (y
deben tramitarse como una tutela de urgencia similar a los procesos cautelares)
(CPConst., Art. 9º).
12. Turno.- Proceso civil: Regla general absoluta, todos los procesos civiles deben
respetar de los turnos judiciales. / Proceso constitucional: Como regla general hay
respeto a los turnos judiciales; salvo, en el caso del hábeas corpus en donde es
competente cualquier juez penal de la localidad (CPConst., Art. 11º).
13. Tramitación preferente.- Proceso civil: Todos los procesos se tramitan por igual,
salvo los de alimentos. / Proceso constitucional: Tienen tramitación preferente
sobre los procesos civiles (ordinarios), bajo responsabilidad de los jueces por la
defectuosa o “tardía” (nuevo causal) tramitación (CPConst., Arts. 13º y 22°).
14. Medidas cautelares.- Proceso civil: Existe solo una vía “procedimental general”
en materia cautelar. / Proceso constitucional: En la actualidad, el CPConst.
establece únicamente para el proceso de Amparo una Triple Clasificación de
procedimientos en materia cautelar: a) Uno general, para todo tipo de actos lesivos
en general (que es similar al “procedimental general” regulado por el CPC), b) Uno
especial, para amparos contra normas autoaplicativas, y c) Otro especial, para
amparos contra actos administrativos dictados por gobiernos municipales y
regionales (CPConst., Art. 15º).
15. Actuación de sentencia impugnada.- Proceso civil: Al impugnarse la sentencia,
la regla general es que dicho acto procesal determina la suspensión de la eficacia
o actuación (este es el caso, de la “apelación concedida con efecto suspensivo”). /
Proceso constitucional: En los procesos constitucionales de la libertad, rige la
aplicación del “Principio de Actuación de Sentencia Impugnada” que establece,
que aún cuando se impugne la sentencia de 1° instancia que declara fundada la
demanda constitucional, dicha sentencia estimatoria debe cumplirse de modo
inmediato. Esto conforme lo establece el Art. 22° del CPConst. “La sentencia que
ordena la realización de una prestación de dar, hacer o no hacer es de actuación
inmediata”. No se impide la interposición del recurso de apelación, éste se admite
y se tramita; pero ello a pesar que se ejecuta la sentencia fundada dictada en 1°
instancia (es decir, tanto el recurso de apelación como la ejecución de la sentencia
fundada corren y se tramitan paralelamente) (CPConst., Art. 22º párr. 2).
16. Firma de abogado.- Proceso civil: Todo escrito requiere obligatoriamente firma de
abogado en todos los procesos (hay “defensa cautiva”). / Proceso constitucional:
Como “regla general” los escritos en los procesos constitucionales requieren firma
de abogado; salvo, en los casos de hábeas corpus y hábeas data (CPConst., Arts.
26º y 65º).

30. 17. Demanda.- Proceso civil: Requiere una demanda escrita en todos los casos, sin
excepción. / Proceso constitucional: Como regla general requiere demanda escrita;
salvo, en el caso de hábeas corpus (CPConst., Art. 27º).
18. Efectos retroactivos de la sentencia.- Proceso civil: En ningún caso, la
sentencia civil tendrá efecto retroactivo. / Proceso constitucional: Solo las
sentencias emitidas en los procesos constitucionales de legalidad u orgánicos
(proceso de inconstitucionalidad, de acción popular y competencial) pueden tener
o producir “efectos retroactivos” (CPConst., Arts. 81º, 83º y 113°).
19. Exoneración de tasas judiciales.- Proceso civil: La regla general establece que
“todos los procesos civiles pagan tasas judiciales”; salvo, los procesos de
alimentos y aquellos que gocen del Auxilio Judicial. / Proceso constitucional: Como
regla general y absoluta, rige la gratuidad para todos los actos procesales del
demandante (y asimismo también del demandado, por el principio de socialización
o igualdad procesal). Por tanto, los procesos constitucionales están exonerados de
cualquier pago para su admisión o tramitación, como son el pago de tasas
judiciales, cédulas de notificación, etc. (CPConst., DD.FF. V).
20. Conclusión del proceso por sentencia.- El proceso de inconstitucionalidad solo
termina “por sentencia” (CPConst. Art. 106º párr. 2), por tanto no cabe ninguna
“forma especial de conclusión anticipada del proceso” como la conciliación,
allanamiento y reconocimiento, transacción judicial, desistimiento y/o abandono,
que son figuras admitidas y aplicables a todos los procesos civiles para resolverlos
sin expedir sentencia (Arts. 323º-354º del CPC).
21. Integración de la norma procesal.- Proceso civil: En caso de vacío o defecto en
las disposiciones de este Código, se deberá recurrir, en atención a las
circunstancias del caso: a) A los principios generales del derecho procesal, b) a la
doctrina y c) jurisprudencia correspondiente (CPC T.P. Art. III párr.2) / Proceso
constitucional: En defecto de las normas supletorias citadas, el Juez podrá recurrir:
a) a la jurisprudencia, b) a los principios generales del derecho procesal y c) a la
doctrina (CPConst. T.P. Art. IX párr.2).
22. Facultad fedataria del abogado.- Proceso civil: En este tipo de proceso, el
abogado no está facultado para realizar ninguna función fedatoria. / Proceso
constitucional: Al escrito que contiene el recurso de queja y su fundamentación, se
anexa copia de la resolución recurrida y de la denegatoria, “certificadas”
(fedateadas) por el abogado (CPConst., Art. 19º).
23. Prohibición de rechazar demanda por defecto formal.- Proceso civil: Como
regla general, la demanda civil que no cumpla con los requisitos de formalidad
será rechazada y no será admitida a trámite por el personal auxiliar jurisdiccional. /
Proceso constitucional: En ningún caso la demanda constitucional podrá ser
rechazada por el personal administrativo del Juzgado o Sala correspondiente; ello
conforme el principio de elasticidad (que establece que el aspecto de fondo [es

31. decir, la tutela del derecho constitucional] prevalece sobre la forma o formalidades)
(CPConst., Art. 42º último párr.).
24. Aplicación del principio de duda razonable o pro actione.- Proceso civil: Este
principio no se aplica al proceso civil. / Proceso constitucional: El amparo sólo
procede cuando se hayan agotado las vías previas. En caso de duda sobre el
agotamiento de la vía previa se preferirá dar trámite (admitir) a la demanda de
amparo. (CPConst., Art. 45°).
25. Medios probatorios procedentes.- Proceso civil: Todos los procesos civiles
puede utilizar cualesquiera de los 5 medios probatorios regulados en el CPC
(declaración de parte, declaración de testigos, documentos, pericia e inspección
ocular). / Proceso constitucional: Las partes solo pueden utilizar los medios
probatorios que no requieren actuación (como son “los documentos”); es decir, se
establece una limitación para las partes en la procedencia de los medios
probatorios (CPConst., Art. 9°).
26. Notificación de medios probatorios de oficio.- Proceso civil: Como regla
general, se establece que el Juez está obligado a notificar para la realización de
una actuación procesal por lo menos con tres días hábiles de anticipación; aún
cuando se trate de de medios probatorios de oficio (CPC, Art. 147° párr.3). /
Proceso constitucional: Tratándose de medios probatorios de oficio, no se
requerirá de notificación previa. Es decir, el Juez no está obligado a notificar las
pruebas de oficio que considere importantes de actuar.
27. Elimina contracautela en medida cautelar.- Proceso civil: La solicitud de medida
cautelar exige entre otros requisitos, ofrecer contracautela (CPC, Art. 610° inc.4). /
Proceso constitucional: Se elimina la exigencia de contracautela en la solicitud de
medida cautelar porque no corresponde su empleo en materia constitucional; y
además, conforme la moderna doctrina procesal “la contracautela no es
presupuesto para la obtención de la medida, sino un requisito para su ejecución
(CPConst., Art. 15° párr. 1).
28. Condena en costas y costos del vencido.- Proceso civil: La regla general
establece, que el reembolso de las costas y costos del proceso no requiere ser
demandado y es de cargo de la parte vencida; salvo declaración judicial expresa y
motivada de exoneración (CPC, Art. 412°). / Proceso constitucional: La regla
general es la gratuidad en la actuación del demandante, por tanto no está obligado
al pago de costas y costos en caso de ser vencido; salvo, cuando la demanda
fuere desestimada y el Juez estime que el actor incurrió en manifiesta temeridad
(mala fe procesal) y lo condene a dicho pago en la sentencia (CPConst., Arts. III
párr. 5 y 56°).
29. Mutación de la sentencia cautelar.- Proceso civil: En este proceso esto no es
posible. / Proceso constitucional: Puede aplicarse en esta vía la “conversión de
sentencia estimatoria cautelar a medida ejecutiva”. Es decir, si la resolución final

32. constituye una sentencia estimatoria, se conservan los efectos de la medida
cautelar, produciéndose una conversión de pleno derecho de la misma en medida
ejecutiva (CPConst., Art. 16° párr. 2).
30. Reparación indemnizatoria por daños de medida cautelar.- Proceso civil: El
cobro de la reparación por los daños y perjuicios producidos por una medida
cautelar (al desestimarse definitivamente la demanda principal) deberá solicitarse
en un nuevo proceso judicial. / Proceso constitucional: Si la resolución última no
reconoce el derecho reclamado por el demandante, el sujeto afectado por la
medida cautelar puede promover “la declaración de responsabilidad” por los daños
generados por la misma, y solicitar directamente el pago de la reparación
indemnizatoria en el mismo proceso (CPConst., Art. 16° párr. 3).
31. Intervención del Ministerio Público.- Proceso civil: Como regla general el
Ministerio Público interviene en los procesos civiles. / Proceso constitucional: De
modo innovativo el CPConst. establece como regla general, que el Ministerio
Público está excluido de intervenir en los procesos constitucionales; y la única
excepción, es su participación en las medidas cautelares contra actos
administrativos emitidos por los gobiernos municipales y/o regionales
32. Clase de Justicia a alcanzar.- Proceso civil: Este proceso busca alcanzar una
“justicia de certeza”, por cuanto al tener una etapa probatoria el Juez puede
conocer más a fondo los hechos, problemática y medios de prueba de las partes
litigantes (p.e., en un “proceso de conocimiento” porque aquí el Juez llega a tener
un mayor y más amplio conocimiento del caso al estar en contacto con las
diversas clases de medios probatorios (puede usar los típicos y atípicos) ofrecidos
y actuados; y de ese modo está en condición de resolver con mayor precisión o
certeza (CPC, Arts. 192° y 193°). / Proceso constitucional: Esta vía por el
contrario, persigue una “justicia de probabilidades” al no haber etapa probatoria
(CPConst, Art. 9°), los medios probatorios de las partes está limitado solo a uno
(solo serán procedentes aquellos que sean de actuación inmediata), que son “los
documentos”. De este modo, el Juez no llega a tener un profundo conocimiento de
toda la problemática de la causa, el Juez solo toma contacto con una porción del
problema y con esta limitada visión, debe resolver de modo breve porque los
procesos constitucionales son sumarísimos (debido a la trascendencia del derecho
a proteger que de son de índole constitucional).
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