El documento discute el concepto de "poder social" en la nueva constitución ecuatoriana y propone modificaciones a su estructura. Propone definir el poder social como la capacidad de la sociedad para participar en decisiones económicas, sociales y políticas a nivel comunitario. También sugiere modificar la Parte III para enfocarse en el poder social y la democracia directa, incluyendo capítulos sobre la organización ciudadana y formas de participación.