Este documento discute la necesidad de repensar el concepto de desarrollo más allá de lo económico, adoptando un enfoque social, personal y democrático. Argumenta que el desarrollo integral requiere políticas y decisiones públicas efectivas por parte de un estado eficaz, así como una ciudadanía activa. Solo a través de estas tres dimensiones - políticas públicas, estado eficaz y ciudadanía activa - es posible institucionalizar un desarrollo verdaderamente integral.