La ley regula la responsabilidad penal de adolescentes y establece un sistema de justicia juvenil especializado. Incluye medidas no privativas de libertad como libertad asistida y prestación de servicios, así como medidas privativas como internación en régimen semicerrado o cerrado. El objetivo es la reinserción social a través de programas individualizados que consideren el interés superior del adolescente.