El documento habla sobre la protección jurídica de los programas de software. Explica que el software es un bien protegido por los derechos de propiedad intelectual debido a la inversión requerida para su creación. También describe que la legislación penal protege el software al tipificar delitos contra la propiedad intelectual. Por último, resume la regulación nacional mexicana sobre el software, indicando que se rige por la ley de derechos de autor y no de patentes.