La Corte Constitucional falló a favor de una mujer que trabajaba como prostituta en un bar, otorgándole protección laboral y de seguridad social. El fallo estableció que a pesar del estigma social, el trabajo sexual es una ocupación legítima cuando se realiza de forma voluntaria y por cuenta propia o ajena. Por lo tanto, la mujer tenía derecho a la estabilidad laboral y prestaciones durante su embarazo, aunque fuera prostituta. La Corte condenó al dueño del bar a proteger la maternidad y pagar indemnizaciones.