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Programa de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia en el Estado de México
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Programa de Prevención
Social de la Violencia
y la Delincuencia
en el Estado de México

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Dr. Eruviel Ávila Villegas
Gobernador Constitucional del Estado de México
Mtro. Efrén Rojas Dávila
Secretaría General de Gobierno
Dra. Rocío Alonso Ríos
Secretaría de Seguridad Ciudadana
Mtro. Erasto Martínez Rojas
Secretaría de Finanzas
Mtro. Cesar Nomar Gómez Monje
Secretaría de Salud
Lic. Carlos Alberto Cadena de Montellano
Secretaría del Trabajo
Lic. Raymundo Edgar Martínez Carbajal
Secretaría de Educación
Lic. Elizabeth Vilchis Pérez
Secretaría de Desarrollo Social
Lic. José Alfredo Torres Martínez
Secretaría de Desarrollo Urbano
Ing. Manuel Ortiz García
Secretaría del Agua y Obra Pública
Directorio

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Dr. Eduardo Gasca Pliego
Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Lic. Félix Adrián Fuentes Villalobos
Secretaría de Desarrollo Económico
Mtra. Rosalinda Elizabeth Benítez González
Secretaría de Turismo
Mtro. Isidro Pastor Medrano
Secretaría de Desarrollo Metropolitano
Lic. Alejandro Hinojosa Velasco
Secretaría de la Contraloría
Mtro. Apolinar Mena Vargas
Secretaría de Comunicaciones
Ing. Ismael Ordóñez Mancilla
Secretaría de Transporte
Mtro. Cruz Juvenal Roa Sánchez
Secretaría del Medio Ambiente
Dr. Miguel Ángel Contreras Nieto
Procuraduría General de Justicia
Lic. Isis Ávila Muñoz
Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de México

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Programa de Prevención Social de la
Violencia y la Delincuencia en el
Estado de México

5
Introducción………………………………………………………………………………………………………. 7
I. Conceptualización………………………………………………………………….……………………… 9
I.1. Bases Conceptuales del Programa………….……………………………….………………. 9
I.2. Bases Conceptuales de la Prevención Social de la Violencia y la
Delincuencia……………………………………………………………………..…….……….……….………... 9
I.3. Tipos de Violencia……………………………………………………………….…..…………………. 10
I.4. Modelos de Prevención…………………………………………….………………..……….…….. 11
I.5. Principios……………………………………..…….……………………………….…………..……….…… 14
II. Antecedentes…………………………..………………………………………………………………….… 16
II.1. Ámbito Federal…………………………….………………………………………………................. 16
II.2. Ámbito Estatal………………………………………….………………………….……………..……... 18
III. Justificación……………………………………………….………………………………………….……… 19
III.1. Marco Normativo…………………………………………………………….…………………………. 20
III.1.1. Ámbito Federal…………………………….……..………………………..………..…… 20
III.1.2. Ámbito Estatal…………………………………..…………………………..…..……..... 21
III.2. Marco de Planeación…………………………………………………………….………….………. 23
III.2.1. Ámbito Federal……………………………………..……………………..…..………... 23
III.2.2. Ámbito Estatal………………………….……………………………………..…….…... 26
IV. Diagnóstico………………………………………………………………………………………………….. 30
IV.1. Cohesión Social……………………………………………………….…………………………....….. 33
IV. 2. Grupos con Oportunidades de Desarrollo..………………………..……….…….. 38
IV.2.1. Niños…………………………………………………………………………………..………... 38
IV.2.2. Jóvenes……………………………………………………………………..………..….…… 44
IV.2.3. Mujeres………………………………………………………………..………………..….…. 48
IV.2.4. Adultos Mayores……………………………….............................................. 49
IV.2.5. Personas con Capacidades Diferentes…………............................ 52
IV.2.6. Población Indígena………………………………………………………………..…. 55
IV.2.7. Personas con Diversa Preferencia Sexual e Identidad de
Género……………………………………………………………………………………………………... 56
IV.3. Urbanismo y Entorno Comunitario……………………….…………………….……….. 59
IV.4. Percepción de
Seguridad………………………………………………..……………..…..…..
64
IV.5. Participación Ciudadana en la Prevención……………………….….................. 68
Contenido

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IV.6. Cultura de la Paz y de la Legalidad………………..…………..…….……………….… 73
V. Análisis Estratégico……………………………………………………………………..………………. 76
V.1. Matriz FODA de los Instrumentos e Instancias para la Ejecución de
las Políticas de Prevención Social……………………………........................................... 76
V.2. Matriz FODA de los Instrumentos e Instancias para la Ejecución
de las Políticas de Cohesión Social…………….…………………………………………………. 77
de las Políticas de Grupos con Oportunidades de Desarrollo……………….... 78
de las Políticas de Urbanismo Social y Entorno Comunitario….………..…….. 79
de las Políticas de Percepción de la Seguridad………………………………………….. 80
de las Políticas de Participación Ciudadana en la Prevención………….…….. 81
de las Políticas de Cultura de la Paz y de la Legalidad…………………..………... 82
VI. Propuesta……………………………………………………………..……………………………….……… 83
VI.1. Visión al 2030…………………………………………………..…………………..…………………… 83
VI.2. Objetivos y Estrategias…………………………………………………………………..………. 85
V1.2.1. Objetivo General………………………….…………………………………..………... 85
V1.2.2. Objetivos Específicos y Estrategias para Alcanzarlos…....… 86
VII. Implementación…………………………………………………………………………………….….… 98
VII.1. Acciones del Gobierno del Estado de México a través de sus
Dependencias………………………………………………………………………………….…………………. 98
VII.2. Acciones de los Municipios del Estado de México……..……..…………….. 109
VIII. Mecanismo de Seguimiento y Evaluación……………………….……………..……. 114
VIII.1. Modelo de Evaluación y Control………………………….….………………..…………. 114
VIII.2. Elementos del Sistema para la Evaluación y Control…………….…….… 119
VIII.3. Sistema de Indicadores para Evaluar el Impacto sobre el
Desarrollo de la Región………………………………………………..………………………………….. 122
IX. Bibliografía……………………………………………………………………………………………………. 124
X. Anexos……………………………………………………………………………………………….…………… 129

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El nacimiento del Estado tiene su origen en la responsabilidad de la seguridad de su
población, la cual radica en el deber y cumplimiento de la función de la política de
otorgar seguridad a los particulares respecto a sus bienes y su persona. Por lo tanto,
la seguridad pública mantiene la paz y el orden público a través de mecanismos de
prevención, de la represión de ciertos delitos y faltas administrativas y del control
penal a través de los sistemas de procuración e impartición de justicia.
Los grados de inseguridad que vive nuestro país ha replanteado este concepto de
seguridad, la discusión en los últimos tiempos se ha centrado en que ésta no es sólo
cuestión de policías o armamento, sino de una mayor integración social que permita
atacar las causas fundamentales que generan la inseguridad, reconstruyendo el
tejido social que posibilita la convivencia ciudadana y el desarrollo de la comunidad.
Por lo tanto, mirar al fenómeno de la inseguridad desde todos sus ángulos, es
fundamental para entender que sus causas se encuentran principalmente en la
desigualdad social; la falta de oportunidades educativas, laborales y el ingreso
precario, han acrecentado los fenómenos delincuenciales y de violencia, lo cual
genera la fractura en las sociedades y el deterioro del tejido social.
Si bien es cierto que el concepto de seguridad ciudadana surge desde las nociones
vinculadas al orden público, la visión compartida del gobierno y la ciudadanía,
aunado a una política preventiva y no reactiva, hacen que este concepto responda
con mayor certeza a las problemáticas actuales en materia de seguridad.
Introducción

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En este sentido, la prevención social de la violencia son todas las acciones que
mejoran la calidad de vida de la población a través de la generación de
oportunidades y proyectos de vida. La política de prevención social puede dividirse
para propósitos de su aplicación en diversas vertientes, de las cuales se han
establecido las siguientes: la prevención situacional, que considera reducir los
espacios y oportunidades de cometer actos delictivos a través del mejoramiento del
ambiente urbano; la prevención comunitaria que busca la rehabilitación de las
comunidades a través de la participación vecinal y las autoridades; la prevención
psicosocial, que brinda herramientas para proteger a la población en condiciones
adversas como puede ser la violencia intrafamiliar, comunitaria, institucional o de
género: y la previsión policial, que muestra todas las medidas que el gobierno
implementará para deducir la incidencia delictiva.
Las estrategias de prevención no sólo influyen en los aspectos delictivos, también
promueven la seguridad de las comunidades a través de la mejora en la calidad de
vida de la ciudadanía, contribuyendo a la construcción de comunidades inclusivas y
cohesionadas. La prevención de la violencia es sólo un camino para combatir la
inseguridad; desde la perspectiva de la seguridad ciudadana, la participación activa
de la comunidad en los aspectos preventivos, facilita el trabajo reactivo de la policía.
Solo trabajando con organización se puede construir una sociedad sin violencia.

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I.1. BASES CONCEPTUALES DEL PROGRAMA
El Programa de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del Estado de
México es el instrumento rector que articula las políticas públicas, estrategias y
acciones de prevención de la violencia y la delincuencia para incidir desde una
perspectiva transversal, interinstitucional e intersectorial en el mejoramiento de la
seguridad y convivencia ciudadana así como en el fortalecimiento de la cohesión
comunitaria.
I.2. BASES CONCEPTUALES DE LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA
DELINCUENCIA
El paradigma de la Convivencia y Seguridad Ciudadana.
La perspectiva de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.
El Modelo de Seguridad Ciudadana.
Ciudades Seguras.
Perspectiva de Derechos Humanos.
Inclusión Social.
Cohesión Comunitaria.
El Programa Estatal considerará las tipologías preventivas de: prevención social,
situacional, comunitaria y policial, desde un enfoque que incorpora esquemas de
corresponsabilidad y participación ciudadana.
I. Conceptualización

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I.3. TIPOS DE VIOLENCIA
1. Violencia Familiar: Comprende la agresión física y psicológica, se desarrolla en
el núcleo familiar, ya sea que el agresor comparta o no el mismo domicilio.
Entre sus modalidades se distinguen la violencia contra las mujeres,
intergeneracional, física, psicológica y sexual. Se puede prevenir o erradicar a
través de acciones llevadas a cabo por instituciones comunitarias de atención a
la violencia, servicios y políticas de apoyo a las familias, políticas de igualdad
de género e inclusión.
2. Violencia Institucional: Comprende a las instituciones y asociaciones formales e
informales que llevan a cabo actividades que violan o perjudican el derecho de
una persona. Se puede prevenir con la participación ciudadana, la intervención
mediática, así como mecanismos de evaluación respecto al desempeño
institucional.
3. Violencia Social: Es la coacción física o moral que atenta contra la integridad
de uno mismo, otra persona, grupo o comunidad, a través de actos violentos
que producen daños o lesiones físicas y sociales, causando privaciones o
trastornos del desarrollo. Las formas de violencia social son de género, visual
urbana, en espacios públicos, armada, así como, homicidios dolosos,
impunidad, corrupción e intolerancia. Puede prevenirse a través del
fortalecimiento de la ciudadanía, la cohesión social y mediante la
implementación de programas integrales en materia de salud, educación,
vivienda y empleo.
4. Violencia de Género: Consiste en actos de violencia y desigualdad de poder
entre varones y mujeres que perpetúan la desvalorización del género y su
subordinación. Es posible erradicar dichas acciones a través de cambios
culturales y estructurales que conllevan el respeto del derecho de igualdad.

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I.4. MODELOS DE PREVENCIÓN
La Prevención Social implica la atención y disminución de los factores generadores de
conductas violentas y delictivas mediante:
Programas integrales de desarrollo social, económico y urbano, que
contribuyan a la calidad de vida de las personas.
Promoción de estrategias y actividades para disminuir y erradicar la
marginación y la exclusión.
Fomento a la cultura de la paz.
Estrategias de educación y sensibilización a la población, para promover una
cultura de la legalidad y tolerancia, respetando las diversas identidades
culturales. Integrando, además, programas generales y aquellos enfocados a
Zonas y Grupos de Atención Prioritaria.
Programas que modifiquen las condiciones sociales de la comunidad y generen
oportunidades de desarrollo, especialmente para Zonas y Grupos de Atención
Prioritaria.
La prevención social complementa sus acciones a través de cuatro ámbitos
principales: Comunitario, Situacional, Psicosocial y Policial.
1. El Ámbito Comunitario. Comprende la participación de la comunidad en
acciones tendientes a establecer las prioridades de la prevención social,
mediante diagnósticos participativos, el mejoramiento de las condiciones de
seguridad de su entorno y el desarrollo de prácticas que fomenten una cultura
de la prevención y autoprotección, es entendida como un proceso donde la
comunidad identifica, conoce e informa situaciones propias de su entorno que,
por ser un factor de riesgo a su integridad física, patrimonial, familiar o social,

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se deben evitar o, en su caso, procurar la denuncia ciudadana. Asimismo, el
ámbito comunitario incluye la utilización de los mecanismos alternativos de
prevención y solución de conflictos, a través de:
a. El mejoramiento del acceso de la comunidad a los servicios básicos.
b. El fomento del desarrollo comunitario, la convivencia, la cohesión social y
comunitaria, y el sentido de identidad entre las comunidades.
c. Garantizar la intervención ciudadana en el diseño e implementación de planes,
programas, su evaluación, seguimiento y sostenibilidad.
d. El fomento y apoyo de las actividades de las organizaciones de la sociedad
civil.
2. El Ámbito Situacional. Consiste en modificar el entorno para propiciar la
convivencia y la cohesión social y comunitaria, así como para disminuir los
factores que faciliten fenómenos de violencia e incidencia delictiva mediante:
a. El mejoramiento y regulación del desarrollo urbano, rural, ambiental e
industrial, incluidos los sistemas de transporte público y de vigilancia.
b. El rescate y mejoramiento de los espacios públicos.
c. El uso de tecnologías.
d. La vigilancia, respetando los derechos a la intimidad y a la privacidad.
e. Medidas administrativas encaminadas a disminuir la disponibilidad de medios
comisivos facilitadores de violencia y delincuencia.
f. La aplicación de estrategias para garantizar la no repetición de casos de
victimización.

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3. El Ámbito Psicosocial. Tiene como objetivo incidir en las motivaciones
individuales hacia la violencia o las condiciones criminógenas con referencia a
los individuos, la familia, la escuela y la comunidad, que incluye lo siguiente:
a. El impulso del diseño y aplicación de programas formativos de habilidades
para enfrentar la vida, dirigidos principalmente a las Zonas y Grupos de
Atención Prioritaria.
b. La inclusión de la prevención social con énfasis en las adicciones y en políticas
públicas en materia de educación y de salud.
c. El fortalecimiento de las capacidades institucionales que aseguren la
sostenibilidad de los programas preventivos.
Además, es importante subrayar la importancia de la actividad policial en el aspecto
preventivo. Desde la óptica del Gobierno del Estado de México, se deben adoptar
enfoques de seguridad inteligentes basados en el conocimiento comprensivo de las
amenazas, partiendo de los análisis descriptivos de los fenómenos para adentrarse
después en la explicación de sus causas. Por lo tanto es importante rescatar el
aspecto preventivo policial, que se interpreta de la siguiente forma:
4. Prevención Policial. Son las medidas en las que el gobierno interviene a través
de una instancia policial para que ésta contribuya a reducir la incidencia
delictiva y los escenarios de conflictividad social.

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I.5. PRINCIPIOS
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Con el objetivo de aminorar los índices de la violencia y la delincuencia en el Estado
de México, es necesario establecer a las políticas de prevención como eje articular
del actuar social, para ello, se establecen los principios a los que el diseño
institucional y las políticas públicas deben alinearse.
Con base en lo anterior, en este plan se establecen los siguientes principios:
I. Respeto a los Derechos Humanos. En estricto apego a la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, a los Tratados Internacionales ratificados por
México y a las leyes de la materia.
II. Integralidad. Desarrollo de políticas públicas, programas, estrategias y acciones
con participación ciudadana y comunitaria, reconociendo las causas y
multidimensionalidad de la violencia y la delincuencia.
III. Social y Comunitario. Se refiere a la inclusión de la comunidad en las diversas
etapas de las intervenciones que desarrolla el Programa.
IV. Intersectorialidad y Transversalidad. Articulación, homologación y
complementariedad de las políticas públicas, programas, estrategias y
acciones en materia de prevención social.
V. Trabajo Conjunto. Desarrollo de acciones vinculadas entre las autoridades del
Gobierno del Estado y de los municipios, así como de los diferentes sectores y
grupos de la sociedad civil, organizada o no organizada, para que contribuyan
a la prevención social y al mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad.
1
Elementos Generales del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia para la Intervención en
Estados y Municipios.

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VI. Corresponsabilidad. Reconocimiento del compromiso que la autoridad y las
personas, de manera individual o colectiva, tienen para contribuir en materia
de prevención social.
VII. Continuidad en las Políticas Públicas. Garantiza los cambios socioculturales a
mediano y largo plazo, a través del fortalecimiento de los mecanismos de
participación ciudadana y comunitaria, asignación de presupuesto, monitoreo y
evaluación.
VIII. Interdisciplinariedad. Diseño de las políticas públicas tomando en cuenta
conocimientos y herramientas de distintas disciplinas y experiencias exitosas
nacionales e internacionales.
IX. Diversidad. Considera las necesidades y circunstancias específicas de cada
grupo o sector de la población, promoviendo acciones positivas para su
atención integral diferenciada.
X. Proximidad. Contacto permanente con los actores sociales y comunitarios.
XI. Coordinación. Utiliza redes de comunicación y enlace perfectamente definidas
y diseñadas entre las diversas áreas del gobierno estatal y municipal, así como
de actores involucrados en la política integral de prevención social.
XII. Transparencia y Rendición de Cuentas. Agiliza y vigila el ejercicio de recursos
públicos. La información debe ser pública y accesible a todos los actores.
XIII. Cultura de la Paz. Genera posibilidades de solución de conflictos con
estrategias claras, coherentes, estables y con respeto a los Derechos Humanos,
tomando como base la promoción de la cohesión social comunitaria.

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II.1. ÁMBITO FEDERAL
El 11 de diciembre de 1995, se publicó la Ley General que establece las Bases de
Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en donde se dictan los
principios, instancias y fundamentos para conformarlo; en agosto de 1998 se publicó
el reglamento interior de la Secretaría de Gobernación, en el cual se estableció la
creación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que,
entre sus órganos integra al Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación
Ciudadana, cuyas funciones principales son: desarrollar programas, políticas y
lineamientos en materia de prevención social del delito y promover la participación
ciudadana en la prevención del delito.
En septiembre de 2012 la Secretaría de Seguridad Pública emitió el Modelo de
Prevención Social del Delito como una estrategia orientada a potenciar las
capacidades de los tres órdenes de gobierno y, en colaboración con las instancias y
dependencias normativas responsables, mejorar la formación de capital humano
capaz de transmitir la cultura de la prevención a la población objetivo, vertebrar los
esfuerzos de la sociedad organizada, movilizar la participación ciudadana en tareas
de prevención y sobre todo, a lograr que cada ciudadano tome conciencia de la
importancia y trascendencia de su comportamiento para mantener el orden, la
convivencia y la cultura de la legalidad.
El Licenciado Enrique Peña Nieto, al comienzo de su periodo el 1 de diciembre de
2012, manifestó estar convencido que “el delito no sólo se combate con la fuerza. Es
imprescindible que el Estado emprenda un esfuerzo integral para reconstruir el tejido
social”.
II. Antecedentes

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El Pacto por México del 2 de diciembre de 2012, en sus Acuerdos para la Seguridad y
la Justica contempla el “implantar un Plan Nacional de Prevención y Participación
Comunitaria que contribuya a focalizar esfuerzos, alinear y coordinar presupuestos
de las Secretarías de Estado, principalmente en aquellos municipios más violentos
del país, para hacer de la prevención social de la violencia y la delincuencia y la
cultura de la paz una verdadera prioridad nacional.”
El 12 febrero de 2013, en la ciudad de Aguascalientes, el Gobierno Federal, a través
de la Subsecretaría de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, presentó
las Bases del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la
Delincuencia, que atenderá con urgencia las 57 demarcaciones del país que requieren
mayor apoyo en el corto plazo a través de una visión de acupuntura urbana y
focalización; adicionalmente, se implementarán acciones preventivas en 251
municipios; y se señalan Estrategias Nacionales de corto, mediano y largo plazo,
todo ello apoyado con la participación decidida de Organizaciones de la Sociedad
Civil, el Sector Privado y Organismos Internacionales.
Para lograr los objetivos planteados se crea la Comisión Intersecretarial para la
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, conformada por nueve
Secretarías de Estado: Gobernación, Hacienda y Crédito Público, Desarrollo Social,
Economía, Comunicaciones y Transportes, Educación Pública, Salud, Trabajo y
Previsión Social y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que de manera conjunta
diseñarán e implementarán programas y acciones preventivas, articuladas y
transversales que colocan a la ciudadanía y a los jóvenes en el centro de las políticas
de seguridad y de desarrollo social desde un enfoque de derechos humanos.

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II.2. ÁMBITO ESTATAL
El 19 de octubre de 2011, con la publicación de la Ley de Seguridad Pública del
Estado de México se crea el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad
Pública, el cual se auxilia de diversos órganos para el desempeño de sus funciones
entre los que se encuentra el Centro de Prevención del Delito cuyas atribuciones van
enfocadas hacia la perspectiva de prevención social del delito; con la premisa de
anticiparse a la aparición de la problemática de la violencia y la delincuencia, desde
una perspectiva de protección a las libertades individuales y de igualdad de
oportunidades educativas, de salud, empleo, recreación, entre otras, que son
esenciales para el desarrollo del potencial humano.
El Estado de México consiente de la necesidad de normal la prevención social para
que esta sea de aplicación general en la entidad publica el 17 de julio la Ley para la
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, con Participación Ciudadana del
Estado de México que tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre el
estado y los municipios en materia de prevención social de la violencia y la
delincuencia con la participación ciudadana en el marco de los Sistemas Nacional y
Estatal de Seguridad Pública.
Asimismo, y de acuerdo con las Bases del Programa Nacional para la Prevención
Social de la Violencia y la Delincuencia, 11 de marzo, se firmó en la ciudad de Toluca,
el convenio de adhesión al Programa, y la instalación de la Comisión Interinstitucional
para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, con lo cual, el Estado de
México se ha sumado a los esfuerzos nacionales por generar estrategias eficientes
para combatir la violencia y la delincuencia.

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La preocupación por la problemática delictiva y el temor ciudadano por el riesgo de
ser víctima de un delito, son las inquietudes principales de los gobiernos en México.
Nuestra entidad no es ajena a esta problemática, en los últimos años, el incremento
de delitos ha provocado que el Gobierno del Estado de México fije como una de sus
prioridades adoptar una nueva concepción de seguridad enfocada a la ciudadanía.
Seguridad y ciudadanía son dos valores que se justifican una a la otra. Si el
ciudadano se apropia de la seguridad como un valor democrático y se instala en la
cultura de la legalidad, crea espacios de convivencia que permiten el esparcimiento.
Bajo este principio, es necesario conocer de fondo las causas que originan la
violencia y la delincuencia, para así combatir la raíz de la problemática, ya que sin
duda, el único indicador válido para medir la eficacia de una política de seguridad, no
es ni el número de detenciones, ni el número de patrullas, ni el número de
investigaciones, es la disminución de la incidencia delictiva.
Una de las partes sustanciales de la prevención social de la violencia y la delincuencia
es la participación ciudadana que permite la construcción de ciudadanía. Trabajar en
ciudadanía es privilegiar los valores frente a los antivalores, es poder recuperar los
espacios públicos secuestrados por la informalidad y la ilegalidad, para convertirlos
en centros comunitarios para el beneficio social y sobre todo, es hacer que cada
ciudadano sea el centro de la política del rescate de la solidaridad.
El estado no puede contener la violencia y la delincuencia solo, debe haber
cooperación de parte de la sociedad. Por ello se presenta a continuación el Programa
Estatal para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.
III. Justificación

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III.1. MARCO NORMATIVO
III.1.1. Ámbito Federal
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el párrafo
noveno del artículo 21 que la seguridad pública “es una función a cargo de la
Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la
prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva, así
como la sanción de las infracciones administrativas”. De igual manera, se contempla
en el mismo artículo dentro de las Bases Mínimas del Sistema Nacional de Seguridad
específicamente en los incisos c) “la formulación de políticas públicas tendientes a
prevenir la comisión de delitos” y d) “se determinará la participación de la
comunidad que coadyuvará, entre otros, en los procesos de evaluación de las
políticas de prevención del delito así como de las instituciones de seguridad pública”.
La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública del 2 de enero de 2009
(última reforma DOF 28-12-2012) en su Título Primero Disposiciones Preliminares,
Artículo 2., segundo párrafo establece que “El Estado desarrollará políticas en
materia de prevención social del delito con carácter integral, sobre las causas que
generan la comisión de delitos y conductas antisociales, así como programas y
acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el
respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas.” De igual forma, sienta las
bases de coordinación, distribución y competencias entre la Federación, las
Entidades Federativas, el Distrito Federal y los Municipios.
La Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia de 2012, en
su artículo 2 define a la prevención social de la violencia y la delincuencia como el
“conjunto de políticas públicas, programas y acciones orientadas a reducir factores
de riesgo que favorezcan la generación de violencia y delincuencia, así como a
combatir las distintas causas y factores que la generan”. Aunado a ello, establece que
las autoridades de los gobiernos Federal, Estatal, del Distrito Federal y de los

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Municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones, deberán incluir a la
prevención social de la violencia y la delincuencia en sus planes y programas.
Por último, en el transitorio tercero del mismo ordenamiento jurídico se establece
que: “La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, las legislaturas de los
Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal expedirán las normas legales y
tomarán las medidas presupuestales correspondientes para garantizar el
cumplimiento de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la
Delincuencia, en el ejercicio fiscal siguiente a la entrada en vigor de este decreto”.
De tal manera que en el ámbito federal se establece la relevancia de la prevención
social del delito como elemento fundamental para el mejoramiento de las
condiciones de vida, a través de la disminución de las desigualdades sociales y
acceso a todos a los servicios básicos para el desarrollo del potencial humano.
III.1.2. Ámbito Estatal
La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, en concordancia con
lo que establece la Carta Magna, también contempla la prevención de los delitos
(Artículo 86 bis.), dentro de la función de seguridad pública, para lo cual el Estado y
municipios deberán regirse bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia,
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.
Por su parte, la Ley de Seguridad del Estado de México del 19 de octubre de 2011
indica en su Capítulo Primero de la Seguridad Pública y sus Fines, Artículo 2.
Establece que: “La seguridad pública es una función a cargo del Estado y los
Municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las
personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la
prevención especial y general de los delitos…”

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Por otra parte, el Artículo 7. Establece que “El Estado y los Municipios desarrollarán
políticas en materia de prevención social del delito con carácter integral, sobre las
causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, así como
programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que
induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas.”
Por último, la Ley para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, con
Participación Ciudadana del Estado de México de julio de 2013 indica en su Título
Primero de la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, Artículo 2.
Establece que “La prevención social de la violencia y la delincuencia, es el conjunto
de políticas públicas, programas, estrategias y acciones, orientadas a reducir factores
de riesgo que favorezcan la generación de violencia y delincuencia, así como a
combatir las distintas causas y factores que la generan, contribuyendo al objeto y
fines de la seguridad ciudadana. El estado y los municipios, a través de medidas de
cooperación permanente, estructuradas y concretas, desarrollarán políticas integrales
de prevención social de la violencia y la delincuencia, atendiendo las causas que las
generan.”
Asimismo, en su artículo 3. Establece que “La planeación, programación,
implementación y evaluación de las políticas públicas, programas, estrategias y
acciones, se realizará en los diversos ámbitos de competencia, por conducto de las
instituciones y autoridades que, en razón de sus atribuciones, deban contribuir
directa o indirectamente al cumplimiento de esta ley.”

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III.2. MARCO DE PLANEACIÓN
III.2.1. Ámbito Federal
En las Bases del Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la
Delincuencia se indica que para contribuir a proveer a las personas de protección en
las áreas de libertad, seguridad y justicia, se incorporará a la prevención como
elemento central de las prioridades en la calidad de vida de las personas;
considerando al ciudadano y a los jóvenes como centro de las políticas de seguridad
y de desarrollo social.
Este documento rector establece los siguientes objetivos específicos:
Fortalecer el capital comunitario y la capacidad institucional en los tres
órdenes de gobierno a través de procesos formativos, así como intervenciones
intersectoriales para la gestión de políticas públicas de prevención social de las
violencias y la delincuencia.
Promover y fortalecer el desarrollo y participación de las y los jóvenes como
agentes de transformación social.
Realizar intervenciones socio-urbanas para mejorar las pautas de convivencia,
la identidad y la cohesión comunitaria.
Promover una Cultura de Paz con perspectiva de derechos humanos que
contribuya a la prevención, mediación y resolución de conflictos.
Promover la implementación de estrategias para el desarrollo de proyectos
socio-productivos, que impulsen alternativas y oportunidades de desarrollo en
grupos en condiciones de vulnerabilidad social.
Ampliar los espacios, procesos y mecanismos para que la sociedad civil
organizada participe en las políticas públicas de prevención social de la
violencia y la delincuencia y, en las intervenciones comunitarias.

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Medir, detectar y anticipar procesos sociales, culturales, económicos, así como
factores de riesgo asociados a la violencia y la delincuencia para las
comunidades desde la perspectiva poblacional, territorial y simbólica.
Integrar estrategias de alcance nacional y campañas de información y difusión.
Dentro de las estrategias y acciones de alcance nacional se encuentran:
A. Prevención de violencia en el entorno escolar:
Ofrecer instrumentos de información y capacitación con espacios para padres
de familia, docentes y alumnos que aborden los factores de riesgo asociados a
las violencias, que expliquen cómo reducirlos y que guíen en las acciones que
pueden seguirse para resolver los conflictos.
Establecer procesos de capacitación a padres de familia, docentes y alumnos
para detectar, prevenir y atender el fenómeno de la violencia y acoso en el
entorno escolar.
Proponer manuales de acción y protocolos de atención a nivel nacional para
atender casos de violencia y acoso en el entorno escolar, y así estandarizar la
manera en que estos problemas se abordan a lo largo y ancho del territorio
nacional.
B. Prevención de adicciones:
Proveer información especializada, plural y precisa sobre el consumo y abuso
de drogas, particularmente dirigida a adolescentes, jóvenes, padres y madres
de familia y docentes para la orientación en los procesos de toma de
decisiones ante las adicciones.

25
Vigilar el cumplimiento de la Ley General del Control del Tabaco; fortalecer las
acciones inherentes a combatir la venta de cigarros sueltos y a menores de
edad, además de analizar otras medidas regulatorias.
Coordinar una cruzada de información y concientización social sobre los
efectos negativos y consecuencias del consumo de alcohol.
Promover la aplicación de medidas regulatorias en el consumo-abuso de
alcohol.
Impulsar modelos preventivos integrales que incorporen intervenciones en el
ámbito comunitario.
Diseñar estrategias creativas que integren en sus componentes: medios de vida
alternativos, el desarrollo de competencias y capacidades, programas de
atención integral, enfoques formativos y políticas de empleo, entre otras.
C. Prevención de la violencia familiar, de género y en el noviazgo:
Promover el desarrollo económico y de procesos de autonomía a mujeres
receptoras de violencia familiar y/o de género.
Promover estrategias informativas y pedagógicas para la convivencia y la
constitución de familias democráticas.
Profesionalizar y especializar al personal que atiende a personas receptoras de
violencia familiar y/o de género.
Diseñar modelos de atención integrales, con una visión interdisciplinaria,
dirigidos a personas receptoras de violencia en sus diversos ámbitos de
interacción (familiar, de género y en el noviazgo).
Promover unidades o centros de atención enfocados en la re-educación de
personas generadoras de violencia, con la finalidad de prevenir la reincidencia.
Analizar una serie de medidas para vigilar los espacios dónde las mujeres están
siendo violentadas, como el transporte público.

26
D. Detección e intervención temprana de problemas de aprendizaje y conductuales:
Impulsar un esfuerzo de alcance nacional para otorgar lentes graduados
personalizados para los estudiantes de primaria que los requieran, a fin de
lograr la cobertura universal en este nivel al cabo de seis años. Se evaluará
realizar acciones equivalentes, para los niños y niñas con problemas auditivos y
problemas cognitivos leves.
E. Campañas masivas de prevención, comunicación y difusión del Programa Nacional
en los ámbitos nacional e internacional:
A través de campañas masivas de comunicación, se difundirán las políticas
públicas, estrategias y acciones de prevención de las violencias y la
delincuencia en los cuatro ámbitos de intervención del Programa Nacional.
III.2.2. Ámbito Estatal
El Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017 en el Pilar 3. Sociedad Protegida, contempla
las siguientes acciones específicas de prevención social del delito:
Objetivo 1. Fomentar la seguridad ciudadana y la procuración de justicia.
Estrategia 1.1. Adoptar una nueva concepción de la seguridad enfocada hacia la
ciudadanía.

27
Líneas de Acción:
Edificar alianzas entre la policía y la ciudadanía, integrando proyectos
comunitarios proactivos y actividades sobre prevención social del delito.
Cambiar el paradigma de un enfoque de seguridad pública a uno de seguridad
ciudadana, centrado en la construcción cooperativa de seguridad entre el
gobierno y la ciudadanía en un contexto de democracia donde el ser humano
constituya el objetivo central de las políticas públicas de seguridad y
prevención.
Estrategia 1.4. Consolidar el nuevo sistema de justicia.
Líneas de Acción:
Diseñar políticas sociales, urbanas y de control, orientadas a proteger al
ciudadano con énfasis en la prevención.
Objetivo 2. Utilizar la prevención como una herramienta para el combate a la
delincuencia.
Estrategia 2.1. Combatir las causas del delito con programas de prevención.
Líneas de Acción:
Fortalecer la prevención contra las adicciones desarrollando Centros de
Atención Primaria a las Adiciones (CAPAS).
Fortalecer la prevención contra las adicciones.
Fortalecer el Programa Escuela Segura, procurando hacer uso de tecnologías
modernas para la prevención y atención del bullying.

28
Fomentar la seguridad en torno a las escuelas, a centros de trabajo y a centros
comerciales.
Fortalecer el Programa Bienvenido Paisano Mexiquense y Hermanos Migrantes,
para brindar protección a los migrantes que visitan la entidad.
Atender como prioridad a los grupos en situación de vulnerabilidad.
Orientar programas sociales hacia grupos en situación de vulnerabilidad y
hacia la prevención del delito.
Integrar un catálogo de los centros de atención a las adicciones en
cooperación con la Secretaría de Salud del Estado de México (SSEM), para
regular sus procesos y apoyar técnicamente el tratamiento y reinserción social
de las personas.
Fortalecer los comités escolares conformados por autoridades, maestros y
padres de familia.
Analizar los procedimientos empleados en los operativos de seguridad escolar
en planteles educativos y las principales rutas que dirijan a los centros
escolares.
Instrumentar diversos operativos en puntos fijos orientados a atender zonas
bancarias, industriales, comerciales y habitacionales en toda la entidad, cuyo
objetivo es salvaguardar la integridad física y patrimonial de los trabajadores y
empleados que reciben prestaciones económicas.
Difundir en medios de comunicación masiva, trípticos, folletos, redes sociales,
páginas web y conferencias dirigidas a la sociedad en general, con las
recomendaciones sobre cómo prevenir el delito, así como los cambios
fundamentales en el manejo de la procuración de justicia.
Participar con la Secretaría de Educación Estatal (SEEM) y demás instituciones
formativas para que se implementen asignaturas que fomenten los valores y la
educación contra la violencia, desarrollando campañas de difusión para que se
pueda prever, actuar y denunciar un delito.

29
Ejercitar acciones con la participación de los tres órdenes de gobierno y
Organismos No Gubernamentales (ONG) para la difusión de los programas con
los que cuenta el Estado de México en la prevención de las adicciones, la
atención a víctimas del delito y los delitos de género, entre otros.
Transformar y revitalizar los espacios públicos y las relaciones sociales para
atender el desarrollo comunitario.
Asimismo, en el Programa Sectorial Sociedad Protegida 2012-2017 se menciona, entre
los instrumentos de acción prioritaria para garantizar una Política Integral de
Seguridad Ciudadana, el “fomentar la participación ciudadana” a través de mejorar la
calidad de los servicios y disminuyendo la corrupción de los servidores públicos en
aras de mejorar su percepción y confianza, así como transparentar su actuar y el
destino de los recursos disponibles.
En cuanto a los objetivos y estrategia relativos a la prevención del delito, éstos son
estipulados en el Plan Estatal de Desarrollo. Asimismo, las líneas de acción también
son las correspondientes a este documento rector; sin embargo, en el Programa
Sectorial se encuentran agrupados en cuatro grandes temas: prevención de
adicciones, prevención del delito en centros educativos, prevención del delito en
grupos vulnerables y prevención de conductas antisociales.
Con fundamento en lo anterior, se presenta el Programa de Prevención Social de la
Violencia y la Delincuencia del Estado de México, a fin de coordinar la política que en
la materia, se desarrolle en el Gobierno del Estado de México.

30
Prevenir la violencia y la delincuencia, es tal vez el mayor y más importante de los
retos que enfrentamos en materia de seguridad. Siempre será preferible anticiparse a
la comisión de un ilícito, a tener que reparar el daño una vez consumado. En este
sentido, la discusión en los últimos tiempos se ha centrado en que la seguridad no es
sólo cuestión de policías o armamento, sino de una mayor integración social que
permita atacar las causas fundamentales que generan la inseguridad, reconstruyendo
el tejido social, lo que posibilita la convivencia ciudadana y el desarrollo de la
comunidad.
El fenómeno de la violencia en el país se ha posicionado como un tema prioritario
tanto en la agenda pública como en la percepción de la ciudadanía. Durante el
periodo de 2000-2011, aumentó el número de delitos en un 28.43%, para disminuir
posteriormente a 909,046 casos, en el 2012 (-50.16%). En el Estado de México se
presenta un comportamiento similar con un incremento de 40.33% en el primer
periodo analizado, y una posterior disminución de -51.12%.
Gráfico I. Estado de México: Posibles Hechos Delictivos Denunciados, 2000-2012
Fuentes: INEGI. Censos Generales de Población y Vivienda 2000 y 2010, y II Conteo de
Población y Vivienda, 2005. CONAPO, Proyecciones de Población, 2010-2051 a nivel
nacional y 2010-2030 para el Estado de México. Anexo Estadístico del VI Informe de
Gobierno 3. Estado de Derecho y Seguridad Pública.
IV. Diagnóstico

31
Asimismo, la tasa de incidencia delictiva pasó de 1,456.9 en el año 2000, a 782.6
delitos por cada 100,000 habitantes en el país y en el Estado de México ésta pasó de
1,488.3 a 838.2 delitos por cada 100,000 habitantes en el mismo periodo de análisis,
valor superior al nacional.
Cabe mencionar que este indicador es superior en los delitos denunciados ante el
ministerio público del fuero común que los denunciados ante el fuero federal.
Cuadro I. Estado de México: Tasa de Incidencia Delictiva1 en los Fueros Federal y
Común, 2000-2012
Entidad Federativa y Años
Tasa de Incidencia Delictiva
Total Fuero Federal Fuero Común
Nacional
2000 1,456.9 83.89 1,373.03
2005 1,457.6 86.70 1,370.94
2010 1,634.7 117.71 1,516.96
2011 1,588.4 115.86 1,472.50
2012 782.6 59.00 723.63
Estado de México
2000 1,488.3 35.86 1,452.43
2005 1,710.3 37.77 1,672.49
2010 1,806.9 38.23 1,768.72
2011 1,742.7 38.96 1,703.71
2012 838.2 15.56 822.65
Notas: 1 Tasa de incidencia delictiva = (hechos delictivos/población total)*100,000.
Fuentes: INEGI. Censos Generales de Población y Vivienda 2000 y 2010, y II Conteo de Población y Vivienda,
2005. CONAPO, Proyecciones de Población, 2010-2051 a nivel nacional y 2010-2030 para el Estado de México.
Anexo Estadístico del VI Informe de Gobierno 3. Estado de Derecho y Seguridad Pública.

32
Ante el escenario anterior y considerando que las manifestaciones del fenómeno de
violencia han aumentado junto con los actos delictivos, y que las acciones reactivas y
de combate no han arrojado los resultados esperados, se ha implementado un
cambio de paradigma considerando a la prevención como la alternativa de solución
ya que ataca al delito desde su raíz, haciendo hincapié en el análisis y atención de los
factores precursores de las condiciones que favorecen que la violencia se detone, se
generalice y se profundice.
El fenómeno de la violencia lo constituyen acciones y hechos multifactoriales o
multicausales y surgen por comisión o por omisión de diversos actores sociales,
económicos o políticos. Estudiarlo implica establecer el vínculo entre las principales
transformaciones económicas, sociales, políticas y culturales y la violencia social de
manera focalizada, así como identificar y analizar los factores asociados a la
violencia, los procesos a través de los cuales se gesta y desarrolla en diferentes
ámbitos de la vida cotidiana como la familia, comunidad, escuela, el trabajo y el
entorno urbano en general, con particular énfasis en las distintas formas en que los
habitantes de la ciudad experimentan la violencia y su relación con los procesos de
desigualdad social.2
Estos procesos de desigualdad social traen consigo violencia estructural que
consiste en instituciones y sistemas que crean y mantienen disparidades entre
individuos y grupos y que puede provocar violencia directa como una respuesta a la
exclusión (real o percibida) de los sistemas social, político o económico.3
El Estado de México al ser la entidad con mayor población, ha sido receptor de la
problemática anterior, situación que empeora con los problemas de la entidad, tales
como: una industrialización creciente que incrementó el movimiento de población, la
2
SESNSP, Aplicación de la Nota Metodológica, para el diagnóstico territorial de las causas sociales de las violencias, 2011.
b3
Banco Mundial, Violence in the city, 2011.

33
proliferación de grandes unidades habitacionales “dormitorio”, insuficientes servicios
de salud, educación y de infraestructura, y una marcada diversidad poblacional.
De manera general se presenta a continuación un panorama estatal de la situación de
algunos de los factores que generan comportamientos precursores del delito y que
vulneran el tejido social.
IV.1. COHESIÓN SOCIAL
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL, define este término
como “la dialéctica entre mecanismos instituidos de inclusión y exclusión sociales y
las respuestas, percepciones y disposiciones de la ciudadanía frente al modo en que
ellos operan.”4
La cohesión social implica la medida en que los integrantes de un grupo social
cuentan con sentimientos de pertenencia o identidad colectiva, y tiene su base en el
cumplimiento de las normas por parte de las autoridades e individuos, así como de la
existencia de un interés común. Apunta hacia la reducción de las desigualdades
sociales, a la generación de valores comunes y a la cultura cívica, al orden social y la
solidaridad; a generar capital social y redes sociales que incidan en el sentido de
pertenencia o de identidad colectiva.
En México, la medición de la cohesión social adoptada por el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política Social CONEVAL, incorpora indicadores que ayudan a
conocer el nivel de desigualdad económica y social de la población, así como
indicadores de redes de apoyo e intercambio social. Lo anterior permite aproximarse
al nivel de equidad y solidaridad que existe en una sociedad. Estos indicadores son:
4 Marie Garnier, Informe de investigación realizada durante una pasantía realizada en la División de Desarrollo Social de la CEPAL
en el verano del 2007.

34
1. El Coeficiente de Gini, que mide la desigualdad económica de una sociedad,
mediante la exploración del nivel de concentración que existe en la
distribución de los ingresos entre la población. Se estima a partir del ingreso
corriente total per cápita de los hogares y varía entre cero y uno: entre más
cercano a 1, mayor será la desigualdad.
2. En el Estado de México, este indicador ha presentado un incremento, lo cual
indica una tendencia hacia la concentración del ingreso y una distribución
menos equitativa del mismo; sin embargo, su valor es inferior al presentado a
nivel nacional y para el 2010 el Estado de México se encontraba dentro de los
10 estados con menor desigualdad.
Gráfico II. Estado de México: Coeficiente de Gini 2008-2010, Comparativo a
Nivel Nacional
Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social CONEVAL. Indicadores
de Cohesión Social según Entidad Federativa México, 2008-2010.
A nivel municipal destacan Coatepec Harinas, Tejupilco, y Temascaltepec con
mayor concentración del ingreso. Caso contrario presentan los municipios de
Chimalhuacán, Hueypoxtla, y Atenco en donde hay una distribución más
equitativa del mismo.

35
Gráfico III. Estado de México: Municipios con Mayor y Menor Valor del Coeficiente de
Gini, 2010
Fuente: CONEVAL. Indicadores de Cohesión Social según Municipio México, 2010.
3. En lo relativo a la Razón de Ingreso, ésta muestra la brecha que existe entre los
ingresos de las personas en pobreza extrema respecto al de las personas no
pobres y no vulnerables. En este sentido, se aprecia una ligera disminución de
este indicador durante el periodo 2008-2010.
Gráfico IV. Estado de México: Razón de Ingreso 2008-2010, Comparativo a
Nivel Nacional
Fuente: CONEVAL. Indicadores de Cohesión Social según Entidad
Federativa México, 2008-2010.

36
4. Por otra parte, el Grado de Polarización social mide las diferencias que existen
entre las condiciones de vida de la población que vive en un mismo municipio
o en una misma entidad, utilizando la información del índice de marginación
calculado por el Consejo Nacional de Población (CONAPO). Este índice es una
medida resumen que permite diferenciar entidades federativas y municipios,
según el impacto global de las carencias que padece la población, como el
acceso limitado a los servicios educativos, la residencia en viviendas
inadecuadas, la percepción de ingresos insuficientes y la residencia en
localidades pequeñas.
El Estado de México presenta un grado bajo de marginación en los tres años
analizados, y al año 2010 ocupaba el vigésimo segundo lugar a nivel nacional
por sus características de marginación.
Gráfico V. Estado de México: Índice y Grado de Marginación, 2000-2010
Fuentes: Consejo Nacional de Población (CONAPO). Indicadores, Índice y Grado de Marginación
2000, 2005 y 2010.
grado bajo
grado bajo
grado bajo

37
Para el año 2010, una decena de municipios mexiquenses presentaron un alto
grado de marginación y 2 muy alto grado (Sultepec y Zacualpan); cuando en el
año 2000 se tenían 32 municipios con alto grado de marginación y uno con
muy alto grado. Lo anterior indica que las condiciones generales de bienestar
de la población han mejorado y que el grado de cohesión social en la entidad
es alto teniendo un polo derecho de baja marginación.
De acuerdo con datos censales e indicadores del CONAPO para el periodo
2000-2010, los problemas que generan mayor impacto en los índices de
marginación, se relacionan con la combinación de los siguientes factores:
condiciones inadecuadas de ocupación de la vivienda (cerca de 38% de las
viviendas con algún nivel de hacinamiento), población ocupada con ingreso de
hasta dos salarios mínimos mensuales (35.34% de la pea ocupada), población
en localidades de menos de 5,000 habitantes (19.10% de la población), y
población de 15 años y más que no concluyó la primaria (14.29%).
5. Por último, el Índice de Percepción de Redes Sociales, mide la percepción que
la población tiene acerca de qué tan fácil o difícil es contar con el apoyo de sus
redes sociales, en caso de que requirieran ayuda para diversas situaciones: ser
cuidado en una enfermedad, obtener dinero, conseguir trabajo, ser
acompañada o acompañado al doctor, obtener cooperación para realizar
mejoras en la colonia o localidad o, cuidar a los niños y niñas del hogar. En este
caso el índice pasó de una percepción media en 2008, a una baja en el año
2010.

38
IV.2. GRUPOS CON OPORTUNIDADES DE DESARROLLO
La formulación de políticas eficaces e integrales con vocación a la prevención social
de la violencia y la delincuencia deben dirigirse especialmente hacia grupos que, por
encontrarse en alguna situación de vulnerabilidad, requieren de atención focalizada
para generar oportunidades de desarrollo; circunstancias de pobreza, origen étnico,
edad, género o discapacidad son condiciones que posicionan al individuo en un
mayor grado de indefensión para hacer frente a los problemas que plantea la vida.
Entre los grupos con oportunidades de desarrollo se encuentran: niños en situación
de calle o que padecen algún tipo de adicción, adultos mayores, personas con
capacidades diferentes, mujeres y personas con diversa orientación y preferencia
sexual, entre otros. Si bien, esta clasificación no abarca el espectro completo de la
población, son los principales grupos que requieren una atención focalizada de la
política social de prevención.
En este sentido, los grupos que serán base para el diseño de líneas de acción son los
siguientes:
IV.2.1. Niños
Tanto niños como adolescentes, pueden enfrentarse a escenarios de alto riesgo
como son: la violencia familiar, la situación de calle, el acoso escolar, y el consumo de
drogas, entre otros; por todo esto, la política de prevención social de la violencia y la
delincuencia ve en este grupo, una responsabilidad fundamental.
De acuerdo a datos proporcionados por INEGI la población infantil de 0 a 14 años de
edad en la entidad ha disminuido en los últimos años tanto en su participación

39
porcentual en la pirámide de edades como en su ritmo de crecimiento, pasando de
representar el 38.33% en el año 1990, al 28.69% en el 2010, y teniendo una tasa de
crecimiento 1.05 durante el periodo 90-00, para posteriormente disminuir a 0.42 en
los siguientes diez años. Sin embargo, el número de infantes sigue representando un
porcentaje importante de la población total en la entidad.
Gráfico VI. Estado de México: Población Infantil, 1990-2010
Fuentes: INEGI. XI, XII y XIII Censos Generales de Población y Vivienda, 1990, 2000 y 2010.
Maltrato y abuso infantil
Derivado de la realización de diagnósticos documentales sobre factores de riesgo e
incidencia delictiva se ha detectado como una constante que el maltrato y abuso
infantil impactan de manera determinante en la formación del individuo y su
desarrollo social. Tanto a nivel nacional como internacional existen cifras alarmantes
sobre el incremento de estos hechos, las cuales muestran dos aspectos; primero, que
es un delito cometido en el seno familiar, y segundo, que la cifra negra rebasa por
mucho las cifras oficiales.

40
En México el maltrato infantil carece de cifras oficiales que muestren la realidad del
fenómeno; los casos de los que se tiene conocimiento son aquellos que derivan de
una denuncia; sin embargo, se considera que por cada caso que las autoridades
conocen, existen 100 más que no se registran, lo que revela la magnitud del
problema. Además, de los casos que son denunciados muy pocos reciben atención o
seguimiento oportuno.5
Con base en información disponible, en el Estado de México el número de denuncias
recibidas en donde se comprobó el maltrato infantil disminuyó considerablemente de
2001 a 2005 (-42.75%), para posteriormente incrementarse hacia el año 2011 (63.11%).
Cuadro II. Estado de México: Datos Estadísticos de Maltrato Infantil, 2001-2011
Casos Comprobados de Maltrato Infantil por el DIF
2001 2005 2011
Total
Porcentaje
Presentado ante el
MP
Total
Porcentaje
Presentado ante el
MP
Total
Porcentaje
Presentado ante el
MP
393 14.2 225 12.0 367 4.9
Fuente: Red por los Derechos de la Infancia en México, La Infancia Cuenta en México 2012.
Una de las consecuencias del abuso infantil, es la maternidad en niñas de entre 10 y
14 años de edad la cual se incrementó en un 51.16% en 11 años, con una tasa de
crecimiento medio anual de 3.83. Cabe mencionar el caso particular de las niñas de
10 años que registraron al menos un hijo, en donde para el año 2010 se registraron 37
casos y al año 2011 éstos ascendieron a 92 (148.65% de incremento).
5
Secretaría de Seguridad Pública, Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana. Maltrato y Abuso Infantil en México:
factor de Riesgo en la Comisión de Delitos. Mayo de 2010.

41
Cuadro III. Estado de México: Maternidad Infantil y Adolescente, 2000-2010
Rango de
Edad
Tasa de Maternidad
2000 2005 2010 2011
Total Tasa Total Tasa Total Tasa Total Tasa
de 10 a 14
años
948 1.4 906 1.3 1,098 1.6 1,433 2.0
Nota: *por cada mil. Fuente: Red por los Derechos de la Infancia en México, La Infancia Cuenta en México 2012.
Situación de las niñas y niños de México en datos oficiales. Páginas. 118 a 121.
Situación de calle
Otro de los factores de riesgo es la situación de calle en la que se encuentran
algunos menores. En este sentido, y de acuerdo con datos del Diagnóstico de
Menores en Situación de Calle y Trabajadores, en los últimos años ha decrecido el
número de menores en situación de calle.
Para el año 2004, en el Estado de México, 15,154 niños y adolescentes se
encontraban en condición de calle, para el año 2006 el número disminuyó a 13,991 y,
en 2008 se detectaron a 13,752 menores en situación de calle, de los cuales
aproximadamente, el 40% eran niñas y el 60% niños concentrados en su mayoría, en
la Zona Metropolitana del Valle de México6
.
Cuadro IV. Estado de México: Menores en Situación de Calle y Trabajadores,
2004-2008
Municipios
Participantes
Año Total
De 0 a
5 Años
De 6 a
17
Años
Niños Niñas
En la
Calle
En
Riesgo
De la
Calle
100 2004 15,154 42.4 57.6
118 2006 13,991 18.3 81.7 41.2 58.8
11,318
(80.9%
)
2,378
(17%)
124
(0.9%)
118 2008 13,752 60 40
Fuente: DIF Estado de México. Diagnóstico de Menores en Situación de Calle y Trabajadores, 2004, 2006 y 2008.
6
DIF Estado de México. Diagnóstico de Menores en Situación de Calle y Trabajadores (DIMESIC) 2008

42
Acoso escolar
La población infantil que acude a instituciones educativas presenta problemas de
acoso escolar también conocido como bullying.
A nivel nacional la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) estima que tres
de cada diez niños de primaria en el país han sufrido alguna agresión física o de
acoso escolar. Por otro lado, cifras de la Secretaría de Educación Pública señalan
que 43 por ciento de directores de primarias y secundarias públicas aseguran que
han detectado casos de violencia en sus planteles7
. Asimismo, en el nivel medio
superior, la Primera Encuesta Nacional sobre Exclusión, Intolerancia y Violencia en las
Escuelas Públicas de Educación Media Superior desarrollada por la Secretaría de
Educación Pública en 2008, arroja los siguientes datos:
Cuadro V. Porcentaje de Alumnos de Educación Media Superior
que Sufre Abusos, 2008
Tipo de abuso Hombres (%) Mujeres (%)
Me insultan 44.3 23.0
Me llaman por apodos ofensivos 41.4 20.7
Me ignoran 42.3 41.4
Hablan mal de mí 39.3 43.2
Me esconden cosas 38.2 26.7
Me rechazan 22.8 19.4
Me roban cosas 17.4 15.5
Fuentes: Secretaría de Salud, Subsecretaría de Educación Media Superior. Primera Encuesta Nacional
sobre Exclusión, Intolerancia y Violencia en las Escuelas Públicas de Educación Media Superior, 2008.
7
http://diarioportal.com/2011/12/20/mexico-primer-lugar-en-acoso-escolar-en-educacion-basica-y-media/

43
En el Estado de México, durante el año 2012 se documentaron 207 agresiones8
. La
Comisión de Derechos Humanos Estatal inició en el 2011, campañas de prevención
del acoso escolar, violencia en planteles y bullying para tratar de minimizar la
problemática en la entidad.9
Este tipo de conductas violentas, además de atentar
contra los principios de convivencia, puede desencadenar la práctica de conductas
antisociales y/o ilegales.10
Consumo de drogas
El término de la infancia, puede representar el momento en que se detona el
consumo de drogas, atacarlo de manera temprana a través de la prevención es una
estrategia de vital importancia. Datos de la Encuesta de Juventud del Estado de
México 2009 elaborada por el Instituto Mexiquense de la Juventud y la Secretaría de
Desarrollo Social, indican que la edad en la que se inicia el consumo de drogas ha
disminuido, afectando a la población que se encuentra entre los 0 y 14 años.
Gráfico VII. Estado de México: Edad de Inicio del Consumo de Drogas, 2009
Fuente: Instituto Mexiquense de la Juventud, Econométrica. Encuesta de Juventud
del Estado de México, 2009.
8
http://www.informador.com.mx/mexico/2011/288550/6/cndh-estima-que-tres-de-diez-ninos-son-victima-de-bullying-en-
mexico.htm
9
IBIDEM
10
De acuerdo con el Secretario de Educación del Estado de México, Raymundo Martínez Carbajal, en 2012, únicamente fueron
presentadas 217 denuncias por violencia y acoso escolar, en escuelas de la entidad.

44
IV.2.2. Jóvenes
En general, todos los grupos poblacionales tienen oportunidades de desarrollar
habilidades que mejoren su calidad de vida, así mismo pueden ser víctimas o
victimarios; sin embargo en los jóvenes esta dualidad es exacerbada, ya sea como
generadores de violencia o como víctimas de la misma, por lo que un análisis más
detallado de la problemática que enfrentan, permitirá focalizar los factores que
influyen o generan conductas antisociales y victimización.
De acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo11
, las principales problemáticas
que afectan a la población joven, son: el consumo de drogas y sustancias adictivas,
maternidad y paternidad adolescente, deserción escolar, desempleo juvenil,
pandillerismo y grupos delincuenciales.
Consumo de drogas y sustancias adictivas.
De acuerdo a la Encuesta Estatal de Juventud de 2009, los jóvenes comienzan a
ingerir alcohol entre los 15 y los 17 años, siendo la edad promedio de inicio de
consumo los 16.6 años, a pesar de que en México es ilegal la venta de bebidas
alcohólicas a menores de edad. Por rango de edad, el 26% de los jóvenes de entre 12
y 19 años afirmaron consumir alcohol regularmente, cifra que aumenta en el rango de
edad de 20 y 29 años, llegando al 35.2%.
En cuanto a la cantidad ingerida, cerca del 56% reveló un consumo promedio de
hasta 2 bebidas por semana; y solo 20.9% tiene un consumo de 5 o más. Sin
embargo, de acuerdo al Instituto Mexiquense de la Juventud (IMEJ), la primera causa
de muerte entre los jóvenes, son los accidentes automovilísticos en donde el 23% de
estas defunciones se deben a conductores intoxicados y la mayoría son jóvenes de
entre 15 y 24 años de edad.
11
http://www.iadb.org/es/temas/proteccion-social/juventud-en-riesgo,1931.html

45
En lo relacionado con el consumo de narcóticos son los jóvenes en el rango entre los
20 y 29 años los consumidores con mayor porcentaje, valor que prácticamente
duplica al rango pasado. Lo anterior implica no solo una problemática en el ámbito
escolar -ya que la mayoría de los jóvenes a los 20 años se encuentran insertos en el
mercado laboral- sino en su desempeño en el trabajo y en su economía; además de
los riesgos a la salud.
La edad promedio en la que inicia el consumo de drogas es de 16.8 años de edad; por
género la estadística dice que la mayoría de los consumidores son hombres, los
cuales afirmaron que la droga más consumida es la marihuana con un 64.7%, seguida
por la cocaína con un 25%.
Cuadro VI. Estado de México: Consumo de Alcohol y Drogas en Jóvenes, 2009
Jóvenes que Reportaron Beber Alcohol
Jóvenes que Reportaron Haber Consumido Algún
Tipo de Droga
Rango de
Edad
Porcentaje Género Porcentaje
Rango de
Edad
Porcentaje Género Porcentaje
12-19 años 26.0 masculino 40.1 12-19 años 7.4 masculino 17.3
20-29 años 35.2 femenino 21.1 20-29 años 13.3 femenino 3.4
Fuente: Instituto Mexiquense de la Juventud, Econométrica. Encuesta de Juventud del Estado de México, 2009.
Maternidad adolescente
Las mujeres adolescentes de 15 a 19 años, representan 19.1% de las mujeres en edad
reproductiva. Según datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica Demográfica
en México 2009 (ENADID 2009), la edad promedio en que las mujeres de 15 a 49
años tienen su primer relación sexual es a los 18 años. 12
12
http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/tarjetas/Madres_adolescentes1.pdf

46
Asimismo, el 97% de las adolescentes tiene conocimiento sobre métodos
anticonceptivos; en el medio rural el porcentaje disminuye a 91.3% y entre las
adolescentes hablantes de lengua indígena a 77.5%. A pesar de contar con esta
información, solamente 38.2% de las adolescentes utilizaron algún método
anticonceptivo en su primera relación sexual.
De acuerdo al Censo General de Población y Vivienda de 1990, en el Estado de
México nacieron 606, 252 niños de madres de 15 a 19 años; y para el año 2000 esta
cifra aumentó a 662,931 y en 2010 se registraron 732,828 nacimientos, creciendo a
una tasa promedio anual de 0.95. El mayor incremento en la maternidad se da en el
periodo 2000-2010 con una tasa de 1.0.
En cuanto al promedio de hijos nacidos vivos de las mujeres en este rango de edad,
en el año 1990 fue de .15, para disminuir hacia el 2000 a .14, e incrementarse
posteriormente a .15 en el 2010.
Gráfico VIII. Estado de México: Número de Hijos Nacidos Vivos de
Madres de 15 a 19 Años, 1990-2010
Fuente: INEGI. Censos Generales de Población y Vivienda, 1990, 2000 y 2010.
Consulta interactiva de datos.
Estado de México

47
Deserción escolar y desempleo juvenil
El desempleo y la deserción escolar son factores que promueven el desarrollo de
conductas violentas. De acuerdo a la edición 2012 de Panorama de la Educación de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de los 29.7
millones de personas que en 2010 tenían entre 15 y 29 años de edad en México, 7.2
millones no estudian ni trabajan (ninis): uno de cada cuatro (24.4%). Por rangos de
edad, un 18.4 % de adolescentes entre 15-19 años y una cuarta parte de los jóvenes
entre 25-29 años en México no están recibiendo educación y están desempleados, o
no forman parte de la fuerza laboral.
El aumento de esta población trae consigo graves consecuencias ya que los ni-ni se
convierten en una población vulnerable para ser captada por la delincuencia
organizada que les ofrece cierto tipo de oportunidades que no podrían obtener a
corto plazo con la falta de educación en la que viven.
Por otro lado, el no tener una actividad o responsabilidad que cumplir, fomenta la
vagancia, haciendo mucho más probable el consumo de sustancias tóxicas, que tarde
o temprano termina en adicciones, a esto se deben anexar la depresión que causa
dicha situación en los jóvenes, que culmina en intentos de suicidio.
Al año 2010 la entidad mexiquense albergaba al 13.69% de la población nacional en
este rango de edad (4 millones 65 mil 382 jóvenes), por lo que proporcionalmente el
número de ninis en el Estado de México podría estar cercano a los 992 mil (24.4% de
esos 4 millones de jóvenes).

48
IV.2.3. Mujeres
Las mujeres son un grupo poblacional que debido a características propias y
culturales son propensas a sufrir vejaciones físicas, morales y/o económicas; la falta
de oportunidades laborales, discriminación, y violencia son algunas de las
problemáticas a las que se enfrentan.
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los
Hogares (ENDIREH, 2006 y 2011), la violencia hacia las mujeres por parte de sus
parejas ha disminuido de manera importante, teniendo al último año de referencia
del periodo analizado en México, 25 de cada 100 mujeres, han sufrido violencia de
cualquier tipo por parte de su pareja.
Cuadro VII. Estado de México: Mujeres de 15 Años y Más1
, según Condición de
Violencia Hacia Ella por Parte de su Pareja 2006-2011, Comparativo a Nivel Nacional
Entidad Federativa Total
Condición de Violencia
Sin
Incidentes
Con Incidentes
2
No
EspecificadoTotal
3
%
2006
Nacional 21,631,993 12,883,249 8,656,871 40.02 91,873
Estado de México 2,928,513 1,375,009 1,539,489 52.57 14,015
2011
Nacional 39,222,045 29,244,875 9,828,498 25.06 148,672
Estado de México 5,365,865 3,502,878 1,860,575 34.67 2,412
Notas: 1 Se excluyen a las mujeres solteras que nunca han tenido alguna relación de pareja.
2 Mujeres que declararon haber sufrido al menos un incidente de violencia por parte de su pareja en los últimos 12 meses.
3 La suma de los tipos de violencia no coincide con el total, pues cada mujer pudo haber padecido más de uno.
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares. ENDIREH 2006, Cuadro 23 y ENDIREH
2011, Cuadro 4.

49
Por tipo de violencia, a nivel nacional, la misma encuesta indica que 13.5% de las
mujeres de 15 años y más que han sufrido violencia, confesó haber sido objeto de
algún tipo de violencia física provocándoles daños permanentes o temporales. En el
Estado de México esta cifra asciende a 15.5%.
En casos más extremos, la violencia hacia las mujeres puede llegar a causar
homicidios. Respecto a este tema, el INEGI declara que en promedio, 14 mujeres
mueren al día por causas violentas y 1 de cada 5 de estas muertes ocurre en el hogar.
(INEGI, 2010)
IV.2.4. Adultos Mayores
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, el adulto mayor es todo
aquel individuo que tiene 60 años o más. El proceso de envejecimiento implica un
deterioro en el que se ven envueltos cambios y alteraciones funcionales en el
organismo; éstos se caracterizan por la pérdida de la capacidad de adaptación y
reserva del cuerpo, lo que produce mayor vulnerabilidad de individuos ante las
condiciones externas13
.
Los adultos mayores ven disminuidas sus capacidades de resistencia, agilidad y
reflejos, así como de sus funciones cognitivas, en las que se incluyen pérdida de la
memoria, capacidad de lenguaje y capacidad de solución de problemas. A esto se
deben aumentar problemas auditivos, visuales, y aquellos relacionados con la
disminución de las defensas contra enfermedades.
La vulnerabilidad de los adultos mayores se refleja, entre otros, en los siguientes
aspectos:
13
Pablos, Carlos. Las características psico-fisiológicas de las personas mayores y aspectos a considerar en su mejora de la
condición física, documento electrónico disponible en:
http://www.cult.gva.es/dgd/form_amb_deportivo/JORNADA_DXTE%20MAYORES_SEPT/Carlos_Pablos.pdf

50
Discriminación y distinción por su condición física, capacidades y experiencias.
Falta de protección por parte del núcleo familiar, de la sociedad, instituciones
públicas y privadas.
Trato indigno e inapropiado por parte de las autoridades estatales y
municipales.
Abandono.
Desempleo.
Violencia física, sexual, psicológica, patrimonial y por negligencia.
Explotación laboral.
El Estado de México cuenta con la Ley del Adulto Mayor, que tiene como objeto
garantizar el ejercicio de los derechos de los adultos mayores, así como establecer las
bases y disposiciones para su cumplimiento, a efecto de mejorar su calidad de vida y
promover su plena integración al desarrollo social, económico y cultural de la
entidad14
.
En 2010 se registraron en el Estado de México, 1,137,647 habitantes de 60 años o más
lo que equivale al 7.4% de la población y se espera que para 2030 esta cifra
incremente al 16% con aproximadamente 3 millones de adultos mayores (INEGI,
2010)15
.
Esta etapa de la vida se encuentra dividida en tercera edad y cuarta edad, la primera
comprende a todas aquellas personas que tienen entre 60 y 80 años, y la segunda a
los mayores de 80 años; los ámbitos a atender para este sector son principalmente la
salud y el empleo.
14
Ley del Adulto Mayor del Estado de México, disponible en el portal electrónico:
http://www.infosap.gob.mx/leyes_y_codigos.html
15
INEGI (2010) Censo de Población y Vivienda 2010. México.

51
Esta población es un sector vulnerable al presentarse una disminución de sus
características físicas colocándolos en una situación de rezago en la adquisición de
sus satisfactores básicos, impidiendo su integración económica y social para alcanzar
niveles de vida dignos16
; es decir su desarrollo individual.
En el Estado, la tasa de participación económica de la población de 60 a 84 años es
significativa y recae principalmente en el género masculino; la población de 60 a 64
años económicamente activa representa el 68.2%, de este porcentaje, el género
femenino abarca el 21.9%; de la población de 65 a 69 años, el 59.9% de los hombres y
el 14.9% de mujeres realizan alguna actividad económica; de 70 a 74 años hay 41.7%
hombres activos y 9.7% de mujeres; de 75 a 79 años, los hombres y mujeres activos
son el 32.8% y el 7%, respectivamente; y para el sector de 80 a 84 años de edad
22.8% son hombres y 4.3% mujeres.17
A nivel nacional existen acciones mediante las cuales se brinda oportunidades de
desarrollo a este sector poblacional; el INAPAM cuenta desde 2001 con una bolsa de
trabajo a través de la cual se difunden y buscan ofertas de empleo para mayores de
60 años. Se promueve al grupo de Anfitriones Adultos Mayores, que han sido
contratados en ferias, expos y convenciones, cuentan con preparación académica y
dominio de dos o tres idiomas. Se ofrecen talleres para el desarrollo de habilidades
laborales, como la capacitación en el uso de tecnologías de la información, que les
permita ser competitivos y les faciliten su permanencia e inserción en la vida
laboral18
.
La violencia ejercida contra este grupo poblacional en el Estado es captada por el
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México quién en el año
2012 canalizó a diversas áreas sociales, a cerca de 350 adultos mayores que sufrían
16
http://www.edomex.gob.mx/legistelfon/doc/pdf/ley/vig/leyvig138.pdf
17
Arzate, J. Mejía, A. Montes de Oca, H. y Vela, M. (2012), Andar despacio. Envejecimiento Demográfico en el Estado de México.
GEM/CEMyBS. México.
18
http://www.inapam.gob.mx/es/INAPAM/Comunicados/_rid/130/443/inapam-busca-garantizar-un-empleo-digno-y-sin-
discriminacion-para-los-adultos-mayores

52
de violencia física dentro de su hogar o bien padecían de abandono, pues muchos de
éstos fueron atendidos por tener una situación de calle o extravío.
El Estado carece de estadísticas que revelen la cantidad de adultos mayores en
condiciones de vulnerabilidad, sin embargo el DIF Estatal menciona que la violencia
física, verbal y económica son las principales causas de agresión hacia los adultos
mayores, ya sea dentro del mismo núcleo familiar, vía pública o transporte público.
Algunas de las acciones preventivas que lleva a cabo esta institución son: pláticas y
conferencias dirigidas a las familias para concientizarlos sobre la importancia de
tener un adulto mayor en casa, para así velar por su salud y sus necesidades, la
instalación de Casas de Día en donde el adulto mayor puede realizar actividades
ocupacionales y brindan asesoría jurídica y psicológica a los adultos mayores que
sufren de violencia o pasan por cuadros de vulnerabilidad19
.
IV.2.5. Personas con Capacidades Diferentes
La creación de oportunidades de desarrollo para este grupo poblacional debe tomar
en cuenta el grado de vulnerabilidad que poseen las personas con capacidades
diferentes, este puede reflejarse en aspectos como incapacidad para defenderse
físicamente, dificultades para expresar malos tratos, problemas para acceder a
puntos de información y atención, y dependencia de asistencia o cuidados de otra
persona.
Esta condición de indefensión en la que se encuentran las personas con algún tipo de
discapacidad afecta no solo al individuo que la padece, sino también a su núcleo
familiar y a la comunidad de la que forma parte. La discapacidad trae consigo el
19
http://www.asisucede.com.mx/2012/12/17/adultos-mayores-son-victimas-de-violencia-fisica-verbal-y-economica/

53
ejercicio de la violencia estructural que limita el desarrollo pleno del individuo y su
participación activa en la vida social.
Algunos ejemplos de violencia que sufren las personas con capacidades diferentes20
son:
Abuso físico: en el que se encuentran, la administración de medicinas sin
necesidad y la obligación para decir por dónde tiene que moverse, cuándo y
con quién, entre otras.
Abuso emocional: en este tipo de violencia se identifican insultos, críticas,
ridiculizaciones por la apariencia o capacidades, e incluso la sobreprotección.
Abuso sexual: violaciones o abusos.
Abuso económico: empleo de la discapacidad para la obtención de algún
beneficio económico y la utilización de sus bienes sin autorización.
Abandono físico: en este se reconocen los descuidos de alimentación, atención
personal, higiene, supervisión.
Abandono emocional: no se toman en cuenta sus necesidades, opiniones, y se
expresa vergüenza de su existencia.
En el caso del Estado de México, de acuerdo al INEGI, en 2010 se registraron más de
530 mil personas con alguna discapacidad. La limitación para caminar o moverse era
la más frecuente a nivel estatal, pues el 50.5% de las personas de este grupo la
padecía. Cabe hacer notar que la discapacidad se encuentra estrechamente
relacionada con la facultad de integración en los ámbitos social y laboral.
20
Caselles Mar y Gimeno Cèsar (2004) La violencia doméstica e institucional hacia personas con algún tipo de discapacidad,
documento elaborado en el marco del Seminario Internacional Contra la Violencia de Género: Amores que matan ¿Terrorismo
de Género o Violencia Doméstica? Perspectivas para el Nuevo Milenio, llevado a cabo en España. Documento electrónico
disponible en: http://www.forovidaindependiente.org/files/documentos/pdf/violencia_domestica_discapacidad.pdf

54
Gráfico IX. Estado de México: Población con Capacidades Diferentes, 2010
Fuente: INEGI. XIII Censo de Población y Vivienda 2010. Consulta interactiva de datos.
De acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis) 2010,
una de cada tres personas (34%) en el país considera que no se respetan los
derechos de las personas con discapacidad, ocupando el sexto lugar entre las
mujeres y los grupos poblacionales discriminados de quienes no se respetan sus
derechos, según la percepción nacional.
La encuesta señala que una de cada tres personas con discapacidad ha sentido que
sus derechos no se han respetado o se han respetado sólo en parte por tener alguna
discapacidad.
Más de 65 mil niños mexiquenses menores de 15 años presentan alguna
discapacidad, por tal motivo el Gobierno del Estado de México debe fomentar la
entrada y permanencia en el sistema educativo de este grupo poblacional, ya que, de
acuerdo al Banco Interamericano del Desarrollo el grado de escolaridad promedio de
estas personas en el mundo, es inferior a seis años.

55
De igual manera, 223 mil discapacitados de entre 15 y 54 años necesitan ser
capacitados para realizar de mejor manera sus labores y ser competitivos en los
procesos de contratación.21
IV.2.6. Población Indígena
El Estado de México ha sido receptor de población indígena originaria de otros
estados de la República Mexicana, datos del INEGI reflejan que para el año 2005
existían 312,319 personas hablantes de alguna lengua indígena en el Estado, de los
cuales 161,578 eran mujeres (51.7 %) y 150,741 eran hombres22
, para el año 2010 esta
población aumentó a 376,830 personas.
En el año 2010 de cada 100 personas que declararon hablar alguna lengua indígena,
14 no hablaban español, situación que limita el acceso a servicios y oportunidades de
desarrollo; los pueblos originarios se ubican básicamente en el medio rural, en 48
municipios; de éstos, según COESPO, 18 poseen grado de marginación muy alto, 11
alto, 8 medio, 10 bajo y 1 muy bajo; los municipios con mayor cantidad de población
indígena son San José del Rincón, San Felipe del Progreso, Temoaya, Ixtlahuaca y
Toluca. La situación en la que vive gran parte de estos habitantes se caracteriza por
la carencia de servicios básicos como agua potable, servicio sanitario, caminos en
condiciones precarias, así como déficit en cuanto a vivienda, espacios educativos de
nivel medio superior y superior, entre otros23
.
Respecto al porcentaje de población hablante de lengua indígena económicamente
activa en el año 2000, el Estado de México se encontraba por encima de la media
nacional con un porcentaje de 74.6% hombres y 25.7% mujeres económicamente
21
Plan Estatal de Desarrollo, 2011-2017. Estado de México.
22
INEGI II Conteo de Población y Vivienda realizado en el 2005
23
INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010: Tabulados del Cuestionario Básico.

56
activas; de esta población el 13.5% se dedica a actividades primarias, el 30.6% a
actividades secundarias y el 53.2% a actividades terciarias.24
IV.2.7. Personas con Diversa Preferencia Sexual e Identidad de Género
Las personas con preferencia u orientación sexual distinta a la heterosexual suelen
ser objeto de discriminación y/o violencia lo que limita su desarrollo personal,
familiar y/o laboral. La desinformación y pérdida de valores sociales crean
sociedades estigmatizadoras e intolerantes, haciendo a este grupo vulnerable sufrir
violencia estructural.
Hablar de diversidad sexual implica reconocer y respetar la existencia de personas
con distinta identidad sexual; en este grupo se incluye la población homosexual,
bisexual, transgénero, travesti y transexual.
Por su parte, la ONU emitió en 2008 la Declaración sobre orientación sexual e
identidad de género, donde se reafirma el principio de no discriminación (los
derechos humanos serán aplicados por igual a todos los seres humanos) incluyendo
la orientación sexual e identidad de género. Este documento fue firmado por 66
países, entre ellos México. El documento reprueba la violencia, el acoso, la
discriminación, y la exclusión, basado en la orientación sexual y la identidad de
género. Además, condena los asesinatos y ejecuciones, las torturas, los arrestos
arbitrarios y la privación de derechos económicos, sociales y culturales o cualquier
trato inhumano y degradante.
La discriminación sufrida por este grupo se manifiesta en despidos, exclusión
educativa, rechazo religioso, negación de servicios, humillación, rupturas familiares,
abandono, invisibilidad, violencia y, en casos extremos, muerte. Cifras del
24
INEGI Censo General de Población y Vivienda 2000

57
CONAPRED (2010)25
señalan que en México una de cada dos personas lesbianas,
homosexuales o bisexuales considera que el principal problema que enfrentan es la
discriminación (52%), seguida de falta de aceptación (26.2%), y las críticas y burlas
(6.2%).
En cuanto al grado de aceptación social de los grupos con distinta orientación sexual
la opinión se encuentra dividida; a nivel nacional en el año 2005 el 48.8% de la
población no permitiría que en su casa vivieran personas homosexuales, a nivel
estatal esta cifra al año 2010 disminuye a 43.9%. Los siguientes datos reflejan el
grado de aceptación y las principales problemáticas que enfrenta esta minoría.
Cuadro VIII. Estado de México: Indicadores de discriminación
sobre diversidad sexual, 2010
Percepciones y actitudes sobre la igualdad y la tolerancia
Pregunta Opinión de los adultos en la ZM de Toluca
¿Qué tanto cree usted que las preferencias
sexuales provoquen divisiones entre la gente?
50.5% mucho
33.7% poco
14.1 % nada
¿A las parejas homosexuales se les debería de
permitir adoptar niños?
71.4% en desacuerdo y muy en desacuerdo
21% depende
15% muy de acuerdo y de acuerdo
¿A las parejas de mujeres lesbianas se les
debería permitir adoptar un niño?
15.8% muy de acuerdo y de acuerdo
13.1% depende
68.9% en desacuerdo y muy en desacuerdo
¿Estaría dispuesto o no estaría dispuesto a
permitir que en su casa vivieran personas
homosexuales?
43.9% no (región D.F. y Edoméx.)
53.8% si (región D.F. y Edoméx.)
¿Con qué está usted más de acuerdo: respetar
sus preferencias, que oculten sus preferencias
en público, que cambien sus preferencias?
6.9% cambien preferencias (región D.F. y
Edoméx.)
14% oculten preferencia (región D.F. y Edoméx.)
14.5% respetar preferencia (región D.F. y
Edoméx.)
Fuente: Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Encuesta Nacional sobre Discriminación en México Enadis 2010.
Resultados sobre diversidad sexual. México, 2011.
25
CONAPRED (2010) Encuesta Nacional sobre Discriminación en México. CONAPRED. México

58
En las zonas metropolitanas de Puebla, Tlaxcala y Toluca cinco de cada diez
personas opinan que la preferencia sexual genera mucha división entre la gente.
Comparten esa opinión cuatro de cada diez personas en las zonas metropolitanas de
León y Torreón.
En la zona metropolitana de Ciudad Juárez se encuentra el menor porcentaje de
personas que opinan en el mismo sentido: sólo dos de cada diez personas aﬁrman
que las preferencias sexuales dividen mucho a la gente.
En la observación por zona metropolitana, se advierte que en la de León, Puebla-
Tlaxcala, Querétaro, Toluca, Torreón y Guadalajara siete de cada diez personas están
en desacuerdo y muy en desacuerdo con el hecho de que a las parejas de hombres
homosexuales se permita adoptar niños y niñas. En Tijuana, Monterrey y la Ciudad de
México seis de cada diez personas opinan lo mismo.
En las zonas metropolitanas de León, Torreón, Guadalajara y Toluca siete de cada
diez personas están en desacuerdo y muy en desacuerdo con permitir la adopción a
parejas de mujeres lesbianas. Les siguen con seis de cada diez las zonas
metropolitanas de Puebla-Tlaxcala, Querétaro, Tijuana, Monterrey y la Ciudad de
México.
Una de cada diez personas está de acuerdo con que las personas homosexuales
cambien sus preferencias, esto en siete de las zonas metropolitanas: Ciudad Juárez,
Puebla-Tlaxcala, Tijuana, Torreón, Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México. Por
otra parte, una de cada diez piensa que las personas deben ocultar sus preferencias
en las zonas metropolitanas de Puebla-Tlaxcala, Querétaro, Toluca, Torreón y
Monterrey.

59
La violencia estructural que se refleja en los datos antes mencionados justifica la
atención particular a este grupo vulnerable.
IV.3. URBANISMO Y ENTORNO COMUNITARIO
En las grandes ciudades, donde la industrialización y el movimiento diario de
personas han generado escenarios de violencia e inseguridad, la organización del
espacio urbano se ha modificado; la urbanización ha traído consigo nuevos retos
para las ciudades en cuanto a conflictos, pobreza y desigualdades.
La urbanización conlleva factores de riesgo, como la distribución desigual de los
recursos de desarrollo, la adopción de tecnologías inadecuadas y la falta de acceso a
la tierra y consecuencias alarmantes que pueden observarse en un ritmo acelerado
de crecimiento, al que los gobiernos se ven disminuidos en su capacidad para
responder.
El crecimiento desordenado, expansivo y disperso de las ciudades, ha provocado
tensiones y conflictos en los diferentes sectores de la población; asimismo, la
concentración de la población en condiciones de desigualdad (en ingreso y riqueza)
en los denominados “cinturones de miseria” es otra de las causas de comisión de
delitos, relacionada con los procesos de urbanización.
De acuerdo con un comunicado de prensa del Consejo Nacional de Población
(2008), en los próximos 30 años, el proceso de urbanización se profundizará y con
ello la dimensión de los retos de las zonas metropolitanas, debido a que en ellas se
concentrará el 90 por ciento del crecimiento demográfico de México.

60
El crecimiento desordenado en el Estado de México se refleja, entre otros factores,
en el incremento de población en condiciones de marginación urbana como se
aprecia en el siguiente cuadro en donde los porcentajes de población con altos y
muy altos grados de marginación se incrementa, mientras que el porcentaje que
representa la población con grados bajo y muy bajo de marginación urbana
disminuye.
Cuadro IX. Estado de México: Población según Grado de Marginación Urbana,
2005-2010
Año Población
Grado de Marginación Urbana
Muy
Alto
% Alto % Medio % Bajo %
Muy
Bajo
%
2005 12,093,555 801,225 6.63 2,814,841 23.28 3,906,493 32.30 2,669,814 22.08 1,901,182 15.72
2010 12,929,412 864,466 6.69 4,372,598 33.82 4,446,949 34.39 1,522,901 11.78 1,722,498 13.32
Fuentes: Consejo Nacional de Población, CONAPO. Índices de Marginación Urbana, 2005 y 2010.
Por otra parte, la infraestructura y los espacios públicos en el entorno comunitario
son un elemento determinante en la creación del sentido de pertenencia y cohesión
social, es en estos espacios donde se desarrollan las relaciones de la convivencia
comunitaria. Éstos se crean con base en los valores culturales e históricos otorgados
por la sociedad como parte de su identidad, se caracterizan por ser el punto de
encuentro y expresión comunitaria, así como el lugar de interacción, esparcimiento
familiar y cohesión social.
Las sociedades fragmentadas o con un proceso de desintegración avanzado suelen
permitir el deterioro de los espacios públicos. La convivencia se debilita al
modificarse la interacción social, cultural o recreativa, por la hostilidad del entorno,
pero sobre todo, el miedo afecta los lazos de integración e identidad comunitaria, lo
que facilita a los delincuentes actuar en una comunidad amedrentada. En el año 2011,
se rescataron 90 espacios en la entidad, en su mayoría fueron espacios recreativos
como parques, plazas, centros de barrio, unidades deportivas, riberas, parques
lineales y ciclopistas.

61
Gráfico X. Estado de México: Espacios Recuperados en Municipios, 2011
Fuente: Elaborado con datos de www.eluniversaledomex.mx/tlalnepantla/nota23704.html
El 17 de febrero 26 municipios del Estado de México firmaron a través de la
Secretaría de Desarrollo Social de Gobierno Federal un acuerdo con ONU Hábitat
para mejorar el entorno urbano de zonas marginadas, contribuir a la superación de la
pobreza y al mejoramiento de la calidad de vida; dicho acuerdo fue publicado el 4 de
enero de 2013 en la Gaceta del Gobierno.

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