El documento describe la supremacía de la Constitución en el ordenamiento jurídico, así como la jerarquía normativa. Explica que la Constitución se ubica en la cima de la pirámide normativa y prevalece sobre cualquier otra norma o acto del poder público. También establece que los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por un Estado se ubican por encima de las leyes nacionales cuando reconocen derechos más favorables.

1. SUPREMACÍA DE LA LEY
El ordenamiento jurídico está integrado solamente por normas jurídicas válidas; las normas
inválidas están fuera del Derecho. Para establecer si una norma pertenece o no al ordenamiento
jurídico hay que pasar de grado en grado, de poder en poder, hasta llegar a la norma fundamental.
De este modo todas las normas están vinculadas directa o indirectamente con la norma
fundamental que es la que da validez y unidad al complejo y enmarañado ordenamiento jurídico.
Por eso, la norma fundamental se coloca, al estilo kelseniano, en el vértice del sistema, porque
con ella se relacionan todas las otras normas. En este sentido es acertado el razonamiento de
Bobbio, cuando expresa: "La norma fundamental es el criterio supremo que permite establecer la
pertinencia de una norma a un ordenamiento, en otras palabras, es el fundamento de validez de
todas las normas del sistema. Por lo tanto, no sólo la exigencia de la unidad del ordenamiento
sino también la exigencia de fundar la validez del ordenamiento nos llevan a exigir la norma
fundamental, la cual es, asimismo, el fundamento de validez y el principio unificador de las
normas de un ordenamiento. Y como un ordenamiento presupone la existencia de un criterio para
establecer la pertinencia de las partes al todo y un principio que las unifique, no podrá existir
ordenamiento sin norma fundamental"
PirámidedeKelsen
Es la estructura jerárquica de las normas jurídicas dentro del ordenamiento jurídico de un
determinado país.
El jurista austriaco Hans Kelsen al igual que Merkl entre otros aportes establece la jerarquía
normativa, en la cual puede agruparse las normas jurídicas desde la Constitución hasta la que
tiene menos jerarquía:

2. Es una teoría expuesta por el jurista que se refiere a la jerarquía de las leyes en donde se
representa la supremacía de una sobre otra en un esquema de una pirámide.
Se inicia con la Constitución, seguida por los tratados internacionales y las leyes orgánicas y
después por leyes ordinarias, y más abajo sigue el resto de la legislación (reglamentos, códigos,
circulares, etc.)
La pirámide es de mucha utilidad para determinar que norma se aplica, cuando el criterio es
que la norma de mayor jerarquía prima sobre la norma de menor jerarquía.
Todos los actos reglas de las sociedades públicas (legislativos y administrativo) configuran
una pirámide en la que cuya cúspide está la Constitución, y hacia abajo las demás reglas de las
sociedades públicas, que en cada peldaño descendiente son menos generales y más específicos,
pero así mismo tienen menos importancia y mayor subordinación a los actos jurídicos que están
en una escala superior.
TÍTULO IX
SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN
Capítulo primero
Principios
Art. 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre
cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder
público deberán mantener conformidad con las disposiciones
constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica.
La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos
ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los
contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma
jurídica o acto del poder público.

3. Art. 425.- El orden jerárquico de aplicación de las normas será el
siguiente: La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las
leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las
ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los
acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes
públicos.
En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte
Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y
servidoras y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación de la
norma jerárquica superior.
La jerarquía normativa considerará, en lo que corresponda, el principio de
competencia, en especial la titularidad de las competencias exclusivas de
los gobiernos autónomos descentralizados.
Legalidad
Etimológicamente esta palabra proviene del latín, lex, legis; en términos sencillos, y evitando
toda una serie de controversias bizantinas, por legalidad se entiende aquello que es permitido bajo
el sustento de un marco de derecho,el llamado derecho positivo.
La legalidad está al servicio del pueblo y no viceversa.
"Los hombres se dignifican postrándose ante la ley porque así se libran de arrodillarse ante los
tiranos"
La legalidad es "la calidad de legal o el conjunto de las cosas prescritas por la ley."

4. La legalidad se norma con base al marco de la justicia. Esta última es quien establece los
criterios relativos a los derechos, obligaciones y pertinencia tanto de los individuos, como dentro
del ámbito de lo social.
Hay un proceso de distanciamiento en el fenómeno de la legalidad. "El Estado legislador
consagra la separación entre la ley y la aplicación de la ley, entre legislador y órgano ejecutivo.
Es dominado por normas impersonales y, por ello, generales, determinadas de antemano,
pretendiendo de este modo ser duraderas; el contenido de estas normas puede ser sopesado y
escogido a voluntad. No son más ni hombres, ni autoridades, ni magistrados los que mandan
soberanamente, sino leyes."
Legitimidad
La legitimidad se funda sobre una convicción íntima y, por eso, puede cambiar según las
personas. Se podría pensar que la existencia de un sistema de valores común a los ciudadanos de
una nación los induce a compartir la misma concepción del derecho natural, al menos en sus
grandes líneas. De manera general, las concepciones del derecho natural están mucho más
impregnadas de preocupaciones legítimas y del sentido de lo "justo" que el derecho positivo es
fundado sobre la ley y las diferentes fuentes del derecho.
La legitimidad exige, más allá de la legalidad, el consenso o la aceptación de los participantes
afectados. Para alcanzar un acuerdo válido es necesario que todos los afectados hayan podido
participar simétricamente, con razones y no con violencia, y hayan llegado a aprobar algo que
gane la aceptación de todos (o al menos de una mayoría determinante). Si la aplicación injusta de
la ley (por un juez injusto) o una institución que ha perdido aceptación (por ejemplo el poder del
virrey para Hidalgo) se impone a alguien que no ha sido convencido de que la interpretación de la
ley y su aplicación al caso concreto es justa, el tal acto puede denominarse superficialmente de
legal, pero no de legítimo. La legitimidad agrega al cumplimiento objetivo de la ley la convicción
subjetiva a las razones aducidas en su aplicación. Forzar coactivamente una interpretación o una

5. aplicación dudosa de la ley ante un pueblo no convencido, que no adhiere al consenso que
pretende el juez (y ese pueblo no acepta al juez por razones objetivas que le permiten suponer que
se trata de una aplicación injusta), podrá llenarse la boca de que es legal, que tiene "legalidad" y
que hay que "respetar a las instituciones", siendo que en verdad no puede alcanzar la plenitud de
la "legitimidad" por su inocultable injusticia.
La legalidad y legitimidad son algo muy diferente. Alguien puede cumplir la ley formalmente,
fríamente, no respetando su "espíritu" (y aun siendo objetivamente injusto, como en el caso de los
jueces de Sócrates), y por ello podría ser legal, pero, sin embargo, no alcanzaría la "legitimidad".
El puro cumplimiento de la ley, la legalidad, no tiene la fuerza de la legitimidad.
CarácternormativoysuperiordelaConstitución
Constitución es un término que procede del latín cum con y statuere establecer. Es la norma
fundamental, escrita o no, de un Estado soberano, establecida o aceptada para regirlo. La
constitución fija los límites y define las relaciones entre los poderes legislativo, ejecutivo,
judicial, electoral y de control social, estableciendo así las bases para
su gobierno y organización de las instituciones en que tales poderes se asientan. También
garantiza al pueblo determinados derechos. La mayoría de los países tienen una constitución
escrita. Cuando se habla de Constitución, sin embargo, se entiende el conjunto de normas
supremas que rigen la organización y el funcionamiento de un Estado. Son normas jurídicas, no
una situación de hecho, que generan derechos y obligaciones. Desde el punto de vista jurídico,
el concepto que más interesa es el segundo.
Todo Estado, sea de la forma que fuere, tiene una Constitución, y ya sabemos que ésta es la
ley fundamental; es el fundamento o basamento de todas las leyes existentes dentro de su
territorio, y si estamos hablando de una ley fundamental, es obvio que estamos, a la vez,
aceptando la existencia de otras leyes que le están sometidas, y tiene que ser así, si una es
fundamental las otras encuentran "la razón de ser de su existencia en la primera".

6. Lainconstitucionalidad
Inconstitucionalidad por omisión es la inobservancia total o parcial de mandatos concretos
contenidos en normas constitucionales de cumplimiento obligatorio, producto de la inacción de
los poderes constituidos o de los funcionarios públicos, dentro del plazo establecido en la
Constitución o considerado razonable, que ocasiona la pérdida de eficacia normativa de la
Constitución.
LosTratadosInternacionales
LOS TRATADOS:
El tratado en forma amplia en todo acuerdo celebrado entre miembros de
la comunidad internacional, sin importar la forma y la importancia de los compromisos que
contenga. Según nuestra jurisprudencia, son actos bilaterales o multilaterales que los estados
celebran en ejercicio de su soberanía.
Los tratados internacionales que hacen referencia a los Derechos humanos se ubican
jerárquicamente por encima de las leyes de cada País.
CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS
Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en
la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos.
Donde reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional
de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana,
razón por la cual justifican una protección internacional.