Tp políticas de la comunicación

Universidad Nacional de Entre Ríos
Facultad de Ciencias de la Educación
Licenciatura en Comunicación Social
Políticas de la Comunicación
Trabajo Práctico Final
Docentes:
Alejandro Ramírez
Camila Fernández
Alumnos:
Luciano Crespo
Juan Pablo Scattini
Fecha de Entrega:
Miércoles 19 de junio de 2013

Introducción
Nos proponemos a partir de este trabajo desglosar y analizar el mapa de los
medios audiovisuales de comunicación de Entre Ríos. El propósito es estable-
cer qué grado de democratización y concentración presenta el escenario me-
diático y cuáles son las principales características de las políticas en materia de
comunicación de la provincia.
Asimismo es pretensión del grupo ilustrar cómo, de acuerdo a lo promovido por
la NLSCA 26.522/09 debería quedar configurada la realidad de los medios de
Entre Ríos.
La democratización de la comunicación es una lucha que se viene desarro-
llando en el mundo y particularmente en América Latina desde hace décadas.
Ya en los `70 comienzan a producirse documentos relacionados con el avance
de Políticas de la Comunicación y con el espíritu pluralista que deben presen-
tar, como la Declaración de San José de Costa Rica (1976) y el Informe
McBride (1980). Al respecto de esto, Josep Gifreu indica que en este momento
es cuando “los problemas de la información y de la comunicación rompen los
estrechos cercos del interés académico y profesional, y pasan a constituir el
nudo gordiano de la sociedad global que se vislumbra para fines del siglo. La
dimensión política e internacional de los fenómenos comunicativos pasa a pri-
mer plano.”1
Pero a la par del avance de estas políticas, países sudamericanos
sufrían golpes militares que imponían fuertes restricciones a la libertad de
prensa e información, frenando la contribución al logro de una comunicación
más democrática.
En Argentina, la vuelta a la democracia en 1983 no significó sin embargo un gi-
ro de las tendencias en materia de políticas de medios. Si bien no se registra la
censura de la dictadura, el gobierno de Alfonsín no supo, más allá de algunos
intentos, remodelar un sistema mediático más inclusivo. Si a esto le sumamos
las dos gestiones menemistas y la de Néstor Kirchner luego, el diagnóstico es
el de una profundización de un modelo neoliberal de concentración mediática y
de transnacionalización de las comunicaciones. La LSCA sancionada en 2009
viene a significar dentro del espectro mediático una nueva propuesta para la
1
GIFREU, Josep. El Debate Internacional de la Comunicación. Ariel Comunicación, Barcelona, 1986.
Pág. 63

descentralización y democratización de los medios, en la búsqueda de más plu-
ralidad y de una comunicación como verdadero derecho humano.
Es el Estado, a través de leyes, el que debe resguardar el ejercicio de la demo-
cracia en los medios de comunicación, a través del otorgamiento de licencias
para el uso de frecuencias radioeléctricas en forma plural y equitativa, para así
evitar la concentración. El espectro no puede ser una propiedad privada sino
que un bien de la sociedad en su conjunto, y por tanto no ha de estar sujeto a
fines monopólicos. Si unos pocos controlan la información no es posible la de-
mocracia. Deben adoptarse por eso políticas efectivas para evitar la concentra-
ción de la propiedad de los medios de comunicación, ya sea por parte del Es-
tado y por parte de la actividad privada.
Para desarrollar este trabajo práctico decidimos establecer una estructura que
nos permita caracterizar los puntos más importantes de lo estudiado en el
transcurso de la cátedra y anclarlos con la consigna. Es por eso que comen-
zamos exponiendo qué es para nosotros la comunicación y cómo nace y cuál
es la importancia de la LSCA; para luego continuar con los dos puntos tendien-
tes a evaluar la situación del espectro audiovisual en nuestra provincia.

¿Qué es la comunicación?
Es primordial para nosotros en primer lugar comprender que la comunicación
es un amplio campo que no solo abarca los medios masivos de difusión y las
relaciones interpersonales, sino que involucra diversos ámbitos de la vida so-
cial: económicos, culturales, políticos, científicos, etc. Como indica el Informe
McBride “la comunicación sostiene y anima la vida. Motor y expresión de la ac-
tividad social y de la civilización, ha llevado a los hombres (...) a través de una
serie de procesos y sistemas de información, de impulsos y de control. (...) La
comunicación, que ensambla el saber, la organización y el poder, vincula en el
hombre la memoria de sus orígenes a sus aspiraciones más nobles a una vida
mejor. (…) Apunta a liberar la humanidad de la necesidad y del miedo aunán-
dola en un sentimiento de común pertenencia y en un mismo impulso de solida-
ridad y de comprensión. Pero, sin unos cambios estructurales fundamentales la
mayoría de la humanidad no podrá aprovechar los progresos de la tecnología y
de la comunicación.”2
Hace ya más de 30 años esta obra adelantaba algunas proposiciones respec-
to del peligro que corría la comunicación si terminaba por ser un negocio en
manos de unos pocos, y no se democratizaba y hacía efectiva para toda la hu-
manidad: “la disparidad entre quienes están demasiado informados y los que lo
están demasiado poco aumenta constantemente, al mismo tiempo que se acu-
sa el desequilibrio entre las fuentes y los destinatarios de la información. Si
bien es justo reconocer que las corrientes internacionales de comunicación han
crecido enormemente y que las fuentes de comunicación han aumentado en
enorme proporciones su producción, procede destacar también que los profe-
sionales de la comunicación han reforzado sus posibilidades de control del im-
pacto de los mensajes transmitidos y de la selección que se hace entre la in-
formación disponible. (…) No es posible que se perpetúe la situación presente
sin que ello vaya en detrimento a la vez de la comprensión internacional y la
colaboración entre las naciones, repercuta en las condiciones sociopolíticas y
socioculturales de los diferentes países y coarte la satisfacción de las necesi-
2
McBRIDE, Sean. Un solo mundo, voces múltiples: comunicación e información en nuestro tiempo.
FCE, UNESCO, Comisión Internacional sobre p`roblemas de las Comunicación, México, 1980. Pág. 19

dades fundamentales y la resolución de los problemas esenciales de la pobla-
ción de todo el mundo, así con la salvaguardia de la paz mundial.”3
Entender la importancia del informe McBride dentro del campo de la comuni-
cación es fundamental para comprender que muchas de las inequidades res-
pecto del acceso a la información y a la manipulación corporativa de la comuni-
cación se podrían haber evitado, si los estados nacionales hubiese implemen-
tados políticas protectoras de los derechos civiles antes que aquellas tendien-
tes a favorecer a los grandes grupos económicos transnacionales. Pero como
explica Max Tello: “la historia demuestra que ha sido mucho pedir que el ejerci-
cio de la libertad de expresión vaya más allá de los límites liberales del concep-
to.”4
Nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual: su importancia
La importancia de una Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual en Ar-
gentina nace de la necesidad de reconsiderar a la comunicación como un dere-
cho humano, y no como un objeto más del mercado de consumo.
Tal cual indica el artículo 2 de los 21 puntos presentados por la Iniciativa
Ciudadana por una Ley de Radiodifusión para la Democracia, “La radiodifusión
es una forma de ejercicio del derecho a la información y la cultura y no un sim-
ple negocio comercial. La radiodifusión es un ser-vicio de carácter esencial pa-
ra el desarrollo social, cultural y educativo de la población, por el que se ejerce
el derecho a la información”.5
Desde la vuelta a la democracia, en 1983, los distintos gobiernos amagaron
con la sanción de una nueva Ley que reemplazara la 22.285 sancionada duran-
te la última dictadura cívico-militar, pero nunca la pudieron concretar. En un pe-
ríodo que comienza con el gobierno de Raúl Alfonsín y que concluye durante el
mandato de Cristina Kirchner, que finalmente sancionó la LSCA 26.522, los
3
McBRIDE, Sean. Un solo mundo, voces múltiples: comunicación e información en nuestro tiempo.
FCE, UNESCO, Comisión Internacional sobre p`roblemas de las Comunicación, México, 1980.
Págs. 75-76
4
TELLO, Max. Políticas y planificación de la Comunicación en América Latina. En www.maxtello/24-
08MAXTELLO.PDF
5
Iniciativa por una Ley de Radiodifusión para la Democracia. En http://www.coalicion.org.ar

proyectos han sido muchos, pero las indecisiones y los desacuerdos termina-
ron siempre por primar, anteponiendo los intereses partidarios al problema de
la democratización de los medios en el país. Proponemos un pequeño recorrido
por los distintos proyectos, así como un análisis de la nueva normativa sancio-
nada.
Como indica Sergio Coim, en la obra de Guillermo Mastrini llamada Muchos
Ruidos, Pocas Leyes, el primer proyecto de sanción de una nueva ley se dio a
fines de 1987, y contaba con conceptos estudiados, debatidos y avalados por
diversos sectores de la sociedad: “la ley de radiodifusión dejaba de ser un texto
jurídico especializado, comprensible para unos pocos, para convertirse en una
propuesta abierta, adquirible por los ciudadanos comunes en cualquier libre-
ría.”6
Este proyecto tenía similitudes con los implementados en Europa, y pro-
ponía, entre otras cosas, la creación de un Instituto de Investigación y Promo-
ción Audiovisual y de un defensor público. Lamentablemente tuvo una vida muy
corta, dado que fue abandona por el PEN en 1988, en lo que marcó un poco la
tónica del gobierno radical de Alfonsín, poco propenso a avanzar con firmeza
en medidas de fondo, y cayendo ante la presión de los grandes grupos econó-
micos.
Los dos mandatos de Carlos Menem entre 1989 y 1999 marcaron la etapa
más fuerte de mercantilización de la comunicación. Diego Rossi, en el mismo
libro de Mastrini antes mencionado, describe esta época como la caracterizada
por los siguientes componentes: “la ´urgencia privatizadora`, la amplitud de sus
realizaciones, los elevados niveles de concentración de la propiedad de las
empresas privatizadas, las garantías normativas y/o regulatorias de obtener
beneficios extraordinarios, la transferencia de capacidades decisivas en cuanto
a la delimitación de la estructura de los precios y rentabilidades relativas, las
discontinuidades normativas y regulatorias, las fragilidades institucionales, fun-
cionales al exitoso intento de conformar y afianzar sólidas articulaciones de in-
tereses hegemónicos.”7
En este marco los proyectos presentados para obtener
una nueva ley de radiodifusión por algunos legisladores fracasaron ante la poca
iniciativa del Poder Ejecutivo, que igualmente en 1993 mandó al Congreso un
6
MASTRINI, Guillermo. Muchos ruidos, pocas leyes. La Crujía Ediciones. Buenos Aires, Marzo de 2005.
Págs. 202-203.
7
MASTRINI, Guillermo. Muchos ruidos, pocas leyes. La Crujía ediciones. Buenos Aires, Marzo de 2005.
Págs. 238-239

borrador de normativa, pero nunca dio el guiño para que se tratara en las legis-
laturas.
El gobierno de la Alianza, entre 1999 y 2001, y encabezado por el electo Pre-
sidente Fernando De la Rúa, propuso inmediatamente luego de su llegada al
poder una reforma del mapa de medios audiovisuales, poniendo coto, al menos
en lo discursivo, al descontrol de la expansión de los conglomerados en Argen-
tina. Si bien el COMFER dio a conocer un proyecto de Ley de de Radiodifusión
a los legisladores nacionales y diversos sectores involucrados para su debate,
como explican Daniela Blanco y Carlos Germano, en su texto 20 Años de Me-
dios & Democracia en Argentina, éste “se diluyó al ritmo del resquebrajamiento
político de la Alianza. Producto de la ingobernabilidad creciente y de la falta de
cohesión interna dentro de la misma coalición gobernante, el proyecto de Ley
terminó extiguiéndose”.8
Si bien hubo algunos proyectos presentados, en general durante las presiden-
cias de Duhalde (2001-2003) y Néstor Kirchner (2003-2007), el debate sobre
una nueva Ley quedó ausente, y ambos dirigentes sostuvieron políticas ten-
dientes a favorecer a los grandes oligopolios mediáticos, como la modificación
a la Ley de quiebras del 2002 (que favoreció a los grandes multimedios endeu-
dados durante los 90, principalmente Clarín), y la prórroga del usufructo de li-
cencias de multimedios de 2005. A partir de esto, Blanco y Germano sostenían
sobre la gestión del presidente santacruceño que “en lugar de poner fin a la
creciente concentración de la propiedad y de la información de los medios de
comunicación, dada la condición ideal de haberse cumplido los plazos vigentes
de las licencias y, en consecuencia, tener la posibilidad de producir una apertu-
ra a un verdadero pluralismo, este gobierno ha elegido profundizarla (…) de-
mostrar su falta de vocación para adoptar alguna de las tantas alternativas al
proceso de monopolización como, por ejemplo, enviar al Congreso un proyecto
de nueva ley de radiodifusión”.9
Finalmente, el 18 de marzo de 2009, el PEN, encabezado por la Presidente
Cristina Kirchner, presentó un anteproyecto de Ley de Servicios de Comunica-
8
BLANCO, Daniela & GERMANO, Carlos. 20 Años de Medios & Democracia en la Argentina. La Crujía
Ediciones. Buenos Aires. 2005. Pág. 173
9
BLANCO, Daniela & GERMANO, Carlos. 20 Años de Medios & Democracia en la Argentina. La Crujía
Ediciones. Buenos Aires. 2005

ción Audiovisual. Entre el momento en que se dio a conocer y el que se san-
cionó en el Congreso de la Nación (10 de octubre del mismo año), el proyecto
de normativa abrió el debate gracias a la participación de diversos protagonis-
tas interesados tanto en la sanción como en la no sanción de la normativa. Tal
cual indica Alejandro Ramírez en su texto Sectores, Actores e Intereses en
torno a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en la Argentina (2009-
2010), “gobierno, funcionarios, legisladores, empresarios, pero también organi-
zaciones sociales y comunitarias, asociaciones y sindicatos de periodistas,
pueblos originarios, las universidades nacionales, e incluso gente sin vincula-
ción directa con los medios de comunicación (más allá del rol de oyentes y te-
levidentes) (…) contribuyeron a a la configuración de un debate que no recono-
ce antecedentes en la historia de la radiodifusión en la Argentina”.10
La sanción de la LSCA 26.522 tiene una importancia fundamental, dada que
es la primera Ley de regulación de medios audiovisuales que contó con una
amplia inserción y participación de la ciudadanía en la discusión sobre políticas
nacionales de comunicación. Significó y significa aún hoy un avance importan-
tísimo en la búsqueda de desarticular los grandes grupos mediáticos, de con-
trolar el otorgamiento de frecuencias y democratizar y pluralizar el espectro
mediático. Sin embargo, y a pesar de que ya pasaron cuatro años, la LSCA no
se explicita todavía en políticas concretas de inclusión, sobre todo en lo que
hace a los sectores que pretenden desarrollarse sin fines de lucro.
10
RAMIREZ, Alejandro. Sectores, actores e intereses en torno a la ley de servicios de comunicación
audiovisal en la Argentina (2009-2010) CD de memorias del X Congreso de ALAIC, Septiembre de 2010,
Bogotá, Colombia. Pág. 1

Desarrollo de la consigna
Consigna
Teniendo en cuenta los conceptos vertidos a lo largo del cuatrimestre en rela-
ción con la DEMOCRATIZACIÓN, la CONCENTRACIÓN, las POLÍTICAS de
COMUNICACIÓN, y los cuestionamientos y reflexiones en torno a la
COMUNICACIÓN misma, cada grupo deberá:
1-De acuerdo al lugar de residencia (mayoritaria) del grupo, analizar la situa-
ción comunicacional de ENTRE RÍOS ó SANTA FE y, basándose en los con-
ceptos estudiados en esta cátedra:
a)Establecer qué grado de democratización/concentración observan; y
b)Cuáles son las principales características de las Políticas de Comunicación
de ambas provincias (investigar, analizar y explicar, de acuerdo a los paráme-
tros que explicita la cátedra).
2-Cómo debieran quedar los MAPAS DE MEDIOS de ambas provincias, de
acuerdo a lo estipulado por la LSCA 26.522. Nota al respecto: poner especial
atención no sólo en los aspectos vinculados a la ADECUACIÓN de los medios
que estén operando, sino que también a la EXTENSIÓN de los nuevos medios
que prevé la misma Ley.
1) A)
¿Qué es la concentración? ¿Cómo afecta la democracia comunicacional?
Asistimos hoy en nuestro país a un debate muy fuerte entre el poder político y
los grandes multimedios. Esta confrontación surgió concretamente a partir del
conflicto agrario del 2008 entre el gobierno y sectores del campo, donde el
Grupo Clarín, hasta allí alineado y beneficiado por las políticas en materia de
comunicación de los presidentes Néstor y Cristina Kirchner, tomó una postura a
favor de los ruralistas. De allí en más la oposición encarnizada entre los intere-
ses defendidos por unos y por otros, ha puesto de manifiesto ciertas cuestiones
relacionadas con el campo de la comunicación que, si bien habían sido estu-
diadas y discutidas en algunos ámbitos, tomaron carácter público a partir de
ese momento. El tema de la concentración de medios, la formación de mono-

polios u oligopolios, y los fuertes intereses corporativos que allí se conjugan,
fue uno de los asuntos de mayor y más fuerte trascendencia.
El problema de la concentración, como dijimos antes, fue uno los grandes
adelantos del Informe McBride. La posibilidad de que la información y todo el
inmenso campo que la compone esté en manos de pocos grupos de poder, ha
sido una de las discusiones más fuertes en el campo de la comunicación en los
últimos años.
Guillermo Mastrini y Martín Becerra, en su obra Periodistas y Magnates, se
proponen desandar seria y concretamente el asunto de la concentración mediá-
tica, analizando todos sus aspectos. De este modo comienzan por preguntarse
si realmente la concentración es un mal en sí misma, si no es una alternativa
de independencia frente al poder del Estado, si es siempre sinónimo de mono-
polio u oligopolio, cuáles son las medidas que hay que aplicar como preven-
ción, y finalmente, si es lo mismo la concentración de medios escritos y la de
medios electrónicos, donde la TV tiene un papel predominante. Al respecto
manifiestan: “Es notorio que la presencia de la TV, sus alcances cuantitativos y
cualitativos potenciados por los avances continuos y casi sin límites de la cien-
cia y la tecnología, ha marcado un antes y un después en el tema de la concen-
tración. (…) No es lo mismo un grupo de medios escritos, de medios radiales, e
incluso de medios escritos y radiofónicos, con canales de TV, que sin ellos.”11
A propósito de las condiciones de cada uno de los tipos de medios los autores
remarcan que si bien la prensa escrita marca el menú informativo (y sobre todo
el político) y la radio sigue cumpliendo una función clave en la comunicación
gracias a sus características insustituibles, “ambos medios tienen una función
fundamental: la de ser vigilantes y críticos de la TV., casi en los mismos alcan-
ces en que deben serlo del poder político y de los funcionarios públicos. (…) si
parte de todo el grupo también lo es la TV, si los diarios y periódicos y las ra-
dios además cuentan con el respaldo de la TV y a la vez están al servicio de
ésta, todas aquellas características propias y funciones de control se pierden,
se transforman o se desvían en perjuicio de los intereses de la sociedad.”12
11
MASTRINI, Guillermo & BECERRA, Martín. Periodistas y Magnates. Estructura y concentración de las
industrias culturales en América Latina. Edic. Prometeo. Buenos Aires, Julio de 2006. Pág. 21
12
industrias culturales en América Latina. Edic. Prometeo. Buenos Aires, Julio de 2006. Pág. 22

Con todo esto es que los autores concluyen que el primer paso para evitar la
concentración monopólica es evitar el agrupamiento de medios. Asimismo des-
tacan que esto no significa que medios escritos no se puedan agrupar, pero sí
de que no lo hagan radios y canales, dado que allí estamos hablando de un
espectro limitado de frecuencias. Por último afirman: “ la concentración de me-
dios, con sus efectos y potencialidades oligopólicas y monopólicas, sólo es evi-
table y combatible con el establecimiento de reglas precisas, estrictas y equili-
bradas para la asignación de frecuencias y permisos de radios y muy en espe-
cial de canales de TV (…) En esa línea no parece aconsejable dejar únicamen-
te en manos del gobierno de turno la administración de estos instrumentos. de-
bería existir un organismo, extra gobierno, que administrara estos bienes de la
sociedad. (…) No puede ser un organismo manejado desde el poder político,
pero tampoco estar dominado por un sinnúmero de ´sellos` con autoproclama-
das representatividades”.13
De esta manera se evitaría el manejo discrecional
de los medios por parte de unos pocos, y se democratizaría notablemente el
espectro radiovisual.
Para poder establecer el grado de concentración/democratización de los me-
dios de comunicación audiovisuales de Entre Ríos no tuvimos parámetros
exactos, debido a la falta de información respecto de los licenciatarios de los
medios. Trabajamos entonces alrededor de tres fuentes: los mapas brindados
por la cátedra, el listado (incompleto) de la AFSCA, y los medios que aparecen
en los boletines oficiales del gobierno provincial como beneficiarios de pauta
oficial. Por tanto que se trata de conclusiones inferidas a partir de un juego bas-
tante exhaustivo de relaciones.
Siguiendo los conceptos más arriba desarrollados podríamos deducir, a partir
de los apellidos o razones sociales obtenidos del reparto de pautas detallado
en los boletines oficiales y de los cuadros de medios, determinar que hay con-
centración en variados casos, a saber:
-Alejandro David Usatinsky: recibe pautas por Canal 11 de Paraná y Canal 5 de
Colonia Avellaneda.
-Jorge Carlos Ballay: recibe pautas por FM Sonika de Chajarí y Radio 24 de
Concordia.
13
industrias culturales en América Latina. Edic. Prometeo. Buenos Aires Julio de 2006. Págs. 23-24

-Marcelo Manuel Pereyra: recibe pautas por Radio Mitre de Paraná 92.1, Radio
Mitre de Concordia 101.1, FM Mediterráneo de Concordia 98.3 y un canal de
TV (New Cable TV).
-Mariano José Carbone: recibe pautas por LT 38 Radio Gualeguay, LT 39 Ra-
dio Gualeguay y FM Radio Cero 104.1 de Gualeguay.
-Nueva Contacto S.A.: recibe pautas por FM La Metro 105.1, FM República de
Crespo 99.7 y Radio Nacional y Popular 93.9
-Radio RÍo S.A.: FM Los 40 principales 100.5 y FM Radio Río 107.3
-Karina Reynoso: recibe pautas por Canal 4 San Salvador y Canal 13 Villaguay
-Un caso paradójico se da en la ciudad de Crespo, donde FM Universo 105.5,
FM Latina 97.5 y FM Libertador 90.3, están a nombre de personas de apellido
Huck pero de diferente nombre, lo cual levanta fuertes sospechas.
Yendo desde lo particular a lo general, es notoria la escasa participación ciu-
dadana en los medios de comunicación, así como el casi nulo protagonismo de
organizaciones sin fines de lucro (una sola radio comunitaria y un solo medio
cooperativo) y la excesiva ocupación de frecuencias sin control alguno, lo cual
relega nuevamente a la comunicación al plano mercantilista que la caracterizó
las última décadas.
Un espectro sumamente radiofónico sobrecargado, falta de control de cum-
plimiento de la Ley en los canales de TV (Canal 11 no cuenta con soporte legal
alguno, en tanto que Canal 9 no cumple con las directivas respecto del conte-
nido propio), dibujan un panorama audiovisual complejo.
Todo esto nos lleva a concluir que la situación comunicacional de Entre Ríos
no está para nada democratizada. Hay hoy en día todavía vestigios de aquellas
políticas típicas de los `90, épocas del Estado permisivo que concibió la comu-
nicación como una mercancía más, a la vez que unos pocos empresarios vie-
ron en la radiodifusión el negocio perfecto.
Asimismo el AFSCA ha dado una señal positiva en las últimas horas, abriendo
una convocatoria a organizaciones comunitarias a participar de un concurso de
producciones audiovisuales. Con esto se Avanzaría de algún modo en el cum-
plimiento de lo que indica la 26.522, que reserva un 33% del espectro radio-
eléctrico para las organizaciones sociales sin fines de lucro.
Los siguientes gráficos ilustran algunos de los casos de concentración que infe-
rimos a partir de lo analizado:

Concordia
Marcelo Manuel Pereyra Guillermo Daniel Pereyra
Florencia Mornacco María Elba Itatí Olmos
Rodrigo Valentín Gutiérrez Horacio Ramón Osorio - Elida Ester Kessler
Radio Medio de Comunicación S.A Gustavo Gabriel Silvero
Jorge Carlos Ballay - Carlos H. R. Fulladoza Julián Andrés Rebot - Rubén E. Bonelli
Julio Cesar Gallo Osvaldo Andrés Bodean
Nelly Haydee Pellichero Ramón Silvano Gularte
Cotrapretel Ltda. El Heraldo S.R.L.
Crespo
Sonia Lorena Elsasser
Lucrecia Josefa Vecchio
Cabanay
Silvana Verónica Elsasser
Familia Huck
Libertad S.R.L.

B)
¿Qué son las políticas nacionales de comunicación?
Luis Ramiro Beltrán, en su escrito denominado Comunicación para el Desa-
rrollo, hace un recorrido histórico por ciertas experiencias latinoamericanas que
involucran al Estado y a principios rectores de políticas innovadoras y educati-
vas en materia de medios, a la vez que también desarrolla el progreso de las
políticas liberales y sus consecuencias en la región. A propósito de esto último,
el autor explica que “la década de 1970 fue trascendental en América Latina en
cuanto a procurar el cambio de la situación (…) un pléyade de bien documen-
tados analistas académicos comenzó a producir en varios países de la región
una importante literatura de protesta y de propuesta que ventiló debates en ella
(…) Denunció al mismo tiempo la dependencia de Latinoamérica de potencias
foráneas y la dominación interna de las mayorías empobrecidas por las mino-
rías enriquecidas, tanto en términos de la comunicación como en los del desa-
rrollo.”14
Fue allí que formuló una primera aproximación a lo que él determina
como Política Nacional de Comunicación, y expone que se trata de “un conjun-
to integrado, explícito y duradero de políticas parciales de comunicación armo-
nizadas en un cuerpo coherente de principios y normas dirigidos a guiar las
14
BELTRÁN, Luis Ramiro. La Comunicación para el desarrollo de Latinoamérica: un recuento de medio
siglo. Documento presentado en el III Congreso Panamericano de la Comunicación. Buenos Aires.
2005.
Gualeguay
Mariano Carbone
Jorge Barroetabeña
Juan Enrique Cosso

conductas de las instituciones especializadas en el manejo del proceso general
de comunicación de un país.”15
Las políticas nacionales de comunicación son importantes, en tanto que sean
impulsadas por el Estado en pos de una mejoría de la situación comunicacional
de un país, y que acompañe y asegure una mayor pluralidad y apertura de vo-
ces. Si bien en nuestro país la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual significó un avance legislativo notable en materia de democratiza-
ción comunicacional, el estado actual de situación nos permite ver que, si bien
hay normativas e iniciativas muy positivas, éstas pocas veces cumplen su co-
metido, y en la mayoría de los casos, quedan relegadas frente a los intereses
gubernamentales. Daremos dos casos concretos que, si bien no son requisito
específico de la consigna, ejemplifican la situación actual: la pauta oficial y el
acceso a la información pública.
Pauta oficial: un ejemplo de manejo de discrecional
La pauta oficial es una herramienta destinada a promover la pluralidad de vo-
ces, informando sobre la gestión de los gobiernos y de los funcionarios públi-
cos, comunicando normativas y políticas sociales, y promoviendo la participa-
ción ciudadana. El Art. 76 de la LSCA 26.522 destaca, al respecto, lo siguiente:
“La pauta oficial puede ser paga o gratuita. Para la inversión publicitaria oficial
el Estado deberá contemplar criterios de equidad y razonabilidad en la distribu-
ción de la misma, atendiendo los objetivos comunicacionales del mensaje en
cuestión”.16
El análisis de los boletines oficiales deja entrever la enorme preferencia del
gobierno entrerriano por ciertos medios, lo cuales cuentan con una partida pre-
supuestaria altísima en relación con otros medios. Esto, que lejos está de cum-
plir con lo que indica la norma, explicita una política comunicacional muy clara:
la pauta oficial es utilizada como premio para aquellos que repliquen el discurso
oficial, en tanto que es un castigo para aquellos que no lo hacen. Se trata de
15
BELTRÁN, Luis Ramiro. La Comunicación para el desarrollo en Latinoamérica: un recuento de medio
siglo. Documento presentado en el III Congreso Panamericano de la Comunicación. Buenos Aires.
2005.
16
Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual. En:
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/155000-159999/158649/norma.htm

una forma de chantaje, del uso discrecional del poder y los recursos públicos
en la búsqueda de beneficios propios. Diversos han sido los pedidos de infor-
mes que se han elevado, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, sin que
ellos fueran debidamente contestados.
El uso indebido de la pauta oficial puede constituir un ejemplo de censura indi-
recta, dado que el otorgamiento en forma arbitraria y discriminatoria de las par-
tidas atentan contra la operatividad de los medios que menos dinero reciben, y
esto consecuentemente quebranta la libertad de expresión.
En conclusión, la utilización en forma arbitraria de la hacienda pública por par-
te del Estado puede premiar o castigar a diferentes medios de comunicación.
En lo que hace a lo legal, el mal manejo de la pauta oficial contradice al Artículo
13 del Pacto de San José de Costa Rica y a los Artículos 14 y 75 inc. 22 de
nuestra Constitución Nacional, todas estas normativas tendientes a proteger el
derecho a trabajar y a expresar las ideas sin ningún tipo de restricción.
Con respecto a los contenidos, la pauta oficial debe ser de uso exclusivo para
mensajes considerados de bien público, no para impulsar la imagen de un de-
terminado personaje político. El límite de la pauta oficial es cuando ésta pre-
tende restringir el pensamiento opositor o coartando la libertad de expresión.
Acceso a la información pública
Como explican Daniela Blanco y Carlos Germano en su obra 20 Años de Me-
dios y Democracia en la Argentina “la Ley de acceso a la Información Pública
se transformó en un tema cada vez más relevante en la agenda política, con el
desgaste que ha venido sufriendo el vínculo representativo desde la percepción
de la ciudadanía”.17
Hoy en día nuestro país no cuenta con una Ley de Acceso a la Información
Pública. Sin embargo hay dos Decretos, uno provincial del 2005 (el 1.169) y
uno presidencial del año 2003 (el 1.172) que reglamentan el acceso a la Infor-
mación Pública. Gracias a estas normativas los ciudadanos y ciudadanas te-
nemos derecho a solicitar, acceder y recibir información de la administración
pública. El Decreto provincial tiene un anexo que indica que “los ciudadanos
17
BLANCO, Daniela & GERMANO, Carlos. 20 años de Medios y Democracia en la Argentina. La Crujía

pueden requerir información al poder Ejecutivo y los organismos encargados
del manejo de los fondos públicos.”18
Por su parte, la norma nacional, como re-
calcan Blanco y Germano, fue ejecutada para “lograr el saneamiento de las ins-
tituciones, proceso en el cual debe darse un lugar primordial a los mecanismos
que incrementan la transparencia de los actos de gobierno.”19
Consideramos que el acceso a la información pública está intrínsecamente
asociado al recorrido que tuvimos que realizar para elaborar este trabajo, dado
que para poder hacernos de datos factibles de análisis nos acercamos a distin-
tas instituciones relacionadas con el ámbito de la comunicación. Tanto en los
ámbitos dependientes del Estado (Secretaría de Comunicación y Cultura de
Entre Ríos y AFSCA) como en los privados nos dieron información a medias, o
directamente nos la negaron. Una demostración más de que la normativa sola
no alcanza para poder verdaderos derechos, sino que se necesita fundamen-
talmente de autoridades públicas con voluntad de cambio y de progreso.
Por último nos gustaría agregar que el silencio y el ocultamiento de informa-
ción por parte de los funcionarios públicos y las instituciones del Estado son
también una política de comunicación, en tanto que demuestra el escaso inte-
rés del poder político por involucrar a la ciudadanía en la materia, a la vez que
expone a sobremanera una actitud repudiable en todo sentido, que no favorece
de ningún modo a la calidad de nuestra vida democrática.
2- Para poder desarrollar de qué modo debería quedar un nuevo mapa de me-
dios en la provincia y, de acuerdo siempre a lo inferido en función del material
con el que contamos, nos parece acertado empezar resaltando lo que la LSCA
indica en su articulado respecto de las licencias:
“A fin de garantizar los principios de diversidad, pluralidad y respeto por lo local
se establecen limitaciones a la concentración de licencias.
En tal sentido, una persona de existencia visible o ideal podrá ser titular o tener
participación en sociedades titulares de licencias de servicios de radiodifusión,
sujeto a los siguientes límites: (...)
18
BLANCO, Daniela & GERMANO, Carlos. 20 años de Medios y Democracia en la Argentina. La Crujía
19
BLANCO, Daniela & GERMANO, Carlos. 20 años de Medios y Democracia en la Argentina, La Crujía

En el orden local:
a) Hasta una (1) licencia de radiodifusión sonora por modulación de amplitud
(AM);
b) Una (1) licencia de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia (FM) o
hasta dos (2) licencias cuando existan más de ocho (8) licencias en el área
primaria de servicio;
c) Hasta una (1) licencia de radiodifusión televisiva por suscripción, siempre
que el solicitante no fuera titular de una licencia de televisión abierta;
d) Hasta una (1) licencia de radiodifusión televisiva abierta siempre que el soli-
citante no fuera titular de una licencia de televisión por suscripción; En ningún
caso la suma del total de licencias otorgadas en la misma área primaria de ser-
vicio o conjunto de ellas que se superpongan de modo mayoritario, podrá ex-
ceder la cantidad de tres (3) licencias.”
A partir de esto podemos deducir que para una verdadera democratización de
los medios en Entre Ríos, que respete la adecuación propuesta por la nueva
Ley, y que de este modo acompañe un espíritu de pluralidad de voces, es ne-
cesaria la desarticulación de ciertos grupos que detentan hoy el poder de varias
frecuencias.
¿Cómo debería quedar el mapa de servicios de comunicación en
Entre Ríos?
De acuerdo a lo estipulado en la Ley 26.522/9 el mapa de medios de la provin-
cia de Entre Ríos debería garantizar la participación de las radios comunitarias
en el espectro radioeléctrico. En la realidad, pese a que la Ley fue sancionada
y promulgada en el 2009 no se respeta, dado que no se promueve la descon-
centración y por tanto no se le otorga a los medios comunitarios la posibilidad
de participar en el plan técnico.
“Los requisitos y modalidades de solicitud de la apertura de concursos e inclu-
sión de frecuencias en el Plan Técnico son establecidos por el AFSCA, quien
debe llamar a concurso público destinado a Micro y Pequeñas Empresas (…).”
En la evaluación se asigna mayor valor o puntaje a las propuestas vinculadas
con la producción local. Debe tenerse en cuenta favorablemente, entre otros
aspectos, la propuesta que tienda a la desconcentración de la propiedad de los
servicios de comunicación audiovisual; la transparencia en la identidad de los

propietarios reales del servicio; la separación formal y operativa entre los in-
tereses periodísticos de aquellos comerciales, financieros, particulares, guber-
namentales o de cualquier otra naturaleza, y el respeto y fomento a la plurali-
dad de voces.
Como establece la normativa, “La AFSCA reconocerá la naturaleza de Micro y
Pequeña Empresa. A tales fines deberá definir las características de las em-
presas que serán consideradas como tales contemplando las especificidades
propias. No serán consideradas Micro y Pequeñas Empresas aquellas que,
reuniendo los requisitos establecidos, se encuentren controladas por o vincula-
das a empresas o grupos económicos”.
La LSCA establece la ceración la Defensoría del Público de Servicios de Co-
municación Audiovisual, un organismo encargado de recibir y canalizar las
consultas, reclamos y denuncias del público de la radio y la televisión. Será de-
signado por resolución conjunta de los presidentes de ambas Cámaras. En el
caso de Entre Ríos, la Defensoría del Público no funciona acorde a lo estipula-
do por la ley.
La AFSCA es un órgano autárquico y descentralizado, que tiene como función
la aplicación, la interpretación y el cumplimiento de la ley. En el caso de Entre
Ríos no se garantizan ni siquiera los principios básicos que promueve la ley.
Niega la información y desconoce cómo esta diagramado el mapa de medios
en la provincia. No es real en la medida que se pudo comprobar que en ciuda-
des como Gualeguay funcionan mucha más radios de lo que figura en la grilla
oficial.
Sobre datos que despiertan múltiples sospechas, en la medida que no existe
una correspondencia entre la grilla de emisoras legales otorgada al grupo por el
AFSCA de Buenos Aires y la grilla de medios entrerrianos que reciben pauta
oficial, podemos concluir que para una verdadera democratización de la comu-
nicación entrerriana hace falta que la mayoría de los medios dejen de ser ma-
nejados por privados, reciban más y mejor ayuda del Estado, al tiempo que la
LSCA se comience a cumplir, permitiendo a los que menos pueden ser parte
del espectro.

Conclusión
En la provincia de Entre Ríos no hay un mapa de medios bien definido, delimi-
tado, procesado y ordenado. Lamentablemente, casi cuatro años después de la
Sanción de la LSCA 26.522, y contando con los recursos necesarios para po-
der hacer un trabajo serio y sistemático, nos encontramos con que las puertas
de los funcionarios públicos y de las empresas de medios se cierran, y así las
preguntas y los cuestionamientos superan notablemente las certezas. La
AFSCA, quien debería velar no solo por su propio funcionamiento interno, sino
por el de toda la Ley, nos da información a medias, nos pide que no revelemos
algunos de los datos que nos da, no nos provee de los nombres de los licencia-
tarios, y pretende conformar a estudiantes avanzados de una carrera de Co-
municación Social con un listado incompleto. Su delegado en la provincia, Nés-
tor Rodríguez, se excusa diciendo que es una situación incómoda.
Por otro lado el Ministerio de Comunicación y Cultura del Gobierno de la Pro-
vincia no sabe cómo explicarnos la carencia de un esquema sistematizado de
los medios audiovisuales de Entre Ríos. Nos explican cómo se manejan, pero
la información es siempre a medias, y nos resulta poco útil.
La sola sanción de una normativa no es garantía de su cumplimiento y su fun-
cionamiento. La ley 26.522/09 viene a establecer pautas precisas y concretas
respecto de la ampliación del espectro audiovisual, de su democratización y de
su pluralidad. Al contrario de lo que la ley indica, la falta de voluntad política pa-
ra proponer un ordenamiento real y eficiente, así como la carencia de iniciativas
de parte del gobierno hace que, lejos de modificarse el escenario mediático, se
mantenga todo igual. El debate, en vez de pasar por las políticas reales y con-
cretas a efectuar para ampliar las posibilidades, termina circunscripto a los pro-
blemas legales entre un gobierno que prescinde de los medios por miedo a te-
ner que responder lo injustificable, y grandes multimedios que se han estable-
cido prácticamente como discurso opositor, que se victimizan ante la sociedad
y que se niegan a cumplir con lo que dictan las leyes. Todo esto obviamente
favorece a ambos bandos, en tanto el problema de fondo queda sin resolver:
cómo democratizamos la comunicación en Argentina.
Nosotros como estudiantes de Comunicación Social, y mucho más como acto-
res sociales de una comunidad en movimiento, en constante cambio, no pode-
mos ser ajenos a este problema. Es más, es nuestro deber como ciudadanos

exigir el cumplimiento de las leyes, profundizar el debate respecto del rol del
Estado y de los órganos de contralor, bregar por la democratización del espec-
tro audiovisual y luchar por la pluralidad. Como explica Cristina Mata en su obra
Ciudadanizar las políticas de la comunicación: los nuevos desafíos, está rela-
ciona con una “situación de reconocimiento y reivindicación débil de los dere-
chos de comunicación en relación con proceso económicos y culturales que,
unidos a un específico modo de organización técnica y empresarial de la co-
municación, naturalizaron a los actores del sistema de medios masivos como
genuinos poseedores de del derecho público a hablar y dar la palabra según
sus propias reglas e intereses.”20
Sólo así podremos lograr que todas las voces se hagan escuchar. Porque, co-
mo indica casi en su final el Informe McBride: “Una democratización de la co-
municación tiene múltiples connotaciones, mucho más de las que se suele
creer. Comprende evidentemente el suministro de medios más numerosos y
más variados a un mayor número de personas, pero no puede reducirse sim-
plemente a aspectos cuantitativos (…) significa también posibilidades mayores
para las naciones, las fuerzas políticas, las comunidades culturales, las entida-
des económicas y los grupos sociales de intercambiar informaciones en un ma-
yor plano de igualdad sin una dominación de los elementos más débiles y sin
discriminaciones contra nadie.”21
20
MATA, María Cristina. Ciudadanizar las políticas de comunicación: los nuevos desafíos. II Coloquio
Argentina Brasil de Ciencias de la Comunicación. Mendoza, Octubre de 2009
21
McBride Sean. Un solo mundo, voces múltiples: comunicación e información en nuestro tiempo.
FCE, UNESCO. Comisión Internacional sobre Problemas de la Comunicación. México, 1980.

BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA
-McBRIDE, Sean. Un solo mundo, voces múltiples: comunicación e información
en nuestro tiempo. FCE, UNESCO. Comisión Internacional sobre Problemas de
la Comunicación. México, 1980.
-GIFREU, Josep. El debate Internacional de la Comunicación. Ariel Comunica-
ción. Barcelona, 1986.
-BELTRÁN, Luis Ramiro. La Comunicación para el desarrollo en Latinoamérica:
un recuento de medio siglo. Documento presentado en el III Congreso Pan-
americano de la Comunicación. Buenos Aires, 2005.
-TELLO, Max. Políticas y Planificación de la Comunicación en América Latina.
En www.MAXTELLO.COM/2408MAXTELLO.PDF
-MASTRINI, Guillermo. Muchos ruidos, pocas leyes. La Crujía Ediciones. Bue-
nos Aires, Marzo de 2005.
-BLANCO, Daniela & GERMANO, Carlos. 20 años de Medios y Democracia en
la Argentina. La Crujía Ediciones. Buenos Aires, 2005.
-MASTRINI, Guillermo & BECERRA, Martín. Periodistas y Magnates. Estructu-
ra y concentración de las industrias culturales en América Latina. Edic. Prome-
teo. Buenos Aires, Julio de 2006
-RAMÍREZ, Alejandro & FERNÁNDEZ, Camila. Panorama de medios en la re-
gión Paraná-Santa Fe (2006-2009)
-RAMÍREZ, Alejandro. Sectores, actores e intereses en torno a la Ley de Servi-
cios de Comunicación Audiovisual en la Argentina (2009-2010)
- MATA, María Cristina. Ciudadanizar las políticas de comunicación: los nuevos
desafíos. II Coloquio Argentina Brasil de Ciencias de la Comunicación. Mendo-
za, Octubre de 2009.
-Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En:
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/155000-159999/158649/norma.htm
-Decreto 1172/03 del PEN de Acceso a la Información Pública. En:
http://infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/90000-94999/90763/norma.htm
-Decreto 1169/05 del GOB. De Acceso a la Información Pública. En
http://www.siksi.com.ar/adc/o_londero.pdf
-Boletín oficial del Gobierno de Entre Ríos. En:
http://www.entrerios.gov.ar/boletin/1024x768.html

-Iniciativa Ciudadana por una Ley de Radiodifusión para la Democracia. En:
http://www.coalicion.org.ar

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