El documento discute la relación entre ciudadanía, medios de comunicación y políticas de seguridad en el contexto de la globalización. Explica que los medios deben servir como un derecho ciudadano para acceder a información confiable e independiente, y no estar sujetos a intereses económicos o políticos particulares. Finalmente, propone la necesidad de medios públicos independientes que sirvan a todos los ciudadanos.